Mes: noviembre 2025

  • Presentación del dosier Investigación en abogacía popular en América Latina. InSURgência: revista de derechos y movimientos sociales. v. 11 n. 2 (jul. – dic. 2025)

    Presentación del dosier Investigación en abogacía popular en América Latina. InSURgência: revista de derechos y movimientos sociales. v. 11 n. 2 (jul. – dic. 2025)

    Portada Revista InSURgência

    Presentación del dosier Investigación en abogacía popular en América Latina. InSURgência: revista de derechos y movimientos sociales. v. 11 n. 2 (jul. – dic. 2025) [1]*

    Luiz Otávio Ribas, Flávia Carlet y Freddy Ordóñez Gómez

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    Con inmensa satisfacción y alegría presentamos el dosier temático “Investigación en abogacía popular en América Latina” de la revista InSURgência, en colaboración con la revista El Otro Derecho del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA). El objetivo de este dosier es afirmar que la abogacía popular es una categoría de investigación que se manifiesta en diferentes contextos latinoamericanos, así como ahondar en el debate teórico y empírico, destacando su relevancia y singularidad en el campo de las experiencias de asesoría jurídica a movimientos populares en la región. No menos importante, el dosier tiene como propósito celebrar los 30 años de existencia de la Red Nacional de Abogadas y Abogados Populares (RENAP), cuya trayectoria será homenajeada en noviembre de 2025, en la ciudad de Salvador (Brasil). La RENAP es una de las más antiguas redes de abogacía orientada hacia los movimientos sociales y populares en América Latina, cuya fuerza política y compromiso reside justamente en su carácter de articulación en red.

    Con esos objetivos, reunimos autoras y autores de América Latina que, fundamentalmente en la última década, vienen produciendo nuevas investigaciones y reflexiones sobre la abogacía popular o en diálogo con ella. En ese sentido, algunos textos inciden directamente sobre esta categoría; otros exploran su conexión con otras prácticas jurídicas críticas, como la asesoría jurídica universitaria popular, la abogacía callejera, el empoderamiento jurídico, el activismo jurídico transnacional y la abogacía militante. Consideramos que ese diálogo contribuye para problematizar y profundizar el propio concepto de abogacía popular en Brasil y en la región.

    Las experiencias analizadas se concentran en Brasil, Colombia y México. Reconocemos, sin embargo, que las prácticas de asesoría jurídica popular y abogacía popular están presentes en muchos otros contextos de América Latina. Aun así, entendemos que las reflexiones presentadas a partir de estos tres países se proyectan y dialogan con la pluralidad de experiencias latinoamericanas. En este aspecto, destacamos que la colaboración con el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) fue decisiva, dado su papel histórico como referente en el estudio de los servicios legales alternativos en la región.

    La propuesta de este dosier resultó de varias iniciativas. En primer lugar, de las discusiones del Grupo Temático “Asesoría jurídica popular, educación jurídica y educación popular” del Instituto de Investigación, Derechos y Movimientos Sociales (IPDMS), con la colaboración de Clarissa Machado, José Jaime Freitas Macedo y Luiz Otávio Ribas. Luego, fue madurando en el círculo de conversaciones “Balance de la Asesoría Popular: repercusiones de la dictadura en la asesoría popular”, realizada en 2024 con la profesora Leonilde Medeiros del CPDA/UFRRJ, y el minicurso “Derecho para quien: teorías críticas del derecho y asesoría jurídica popular”, organizado conjuntamente a la Escuela de Formación Alessandro Baratta (EFAB).

    La propuesta se fortaleció con la articulación establecida con Freddy Ordóñez Gómez, abogado e investigador colombiano de ILSA y coordinador de la revista El Otro Derecho. Ese diálogo permitió, por ejemplo, la traducción de algunos artículos del dosier “Abogacía popular, servicios legales alternativos y empoderamiento jurídico”, publicado originalmente en mayo de 2024. Por su parte, la invitación a Flávia Carlet para coorganizar este dosier se debió a su extensa trayectoria de investigación sobre la abogacía popular. Cabe también mencionar dos publicaciones que antecedieron e inspiraron la producción de este dosier: el número dedicado a la “Asesoría Jurídica Popular”, publicado en 2016 por la revista InSURgência (v. 2, n. 2); y la ya mencionada edición temática “Abogacía popular, servicios legales alternativos y empoderamiento jurídico”, publicada en 2024 (n. 61) por El Otro Derecho.

    Una nota sobre la imagen de la portada que ilustra esta edición. En octubre de 2024, mientras este dosier tomaba forma, fue redescubierto —después de más de 70 años— un mural del artista Alipio Jaramillo, oculto sobre diversas capas de pintura en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. La obra, titulada Homenaje al campesino colombiano, había sido oculta durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que consideraba sus representaciones del campesinado como “corrosivas”. Es un honor presentar, en la portada de esta edición, el arte de Jaramillo —un artista de posiciones políticas fuertes en defensa de la clase trabajadora—, cuya obra articula justicia social y expresión estética en medio de las luchas democráticas. Una reflexión más profunda sobre ese redescubrimiento y sobre el perfil del artista puede ser encontrado en la sección “Poéticas Políticas”, redactada por Freddy Ordóñez Gómez.

    El conjunto de artículos y textos aquí reunidos demuestra que la investigación en abogacía popular está viva y en constante movimiento. Hoy, no se trata apenas de afirmar su diferencia con relación a la abogacía tradicional, sino de explorar las múltiples formas de su actuación y la relación con otras prácticas jurídicas críticas. El dosier también apunta caminos para una agenda de investigación futura: reflexionar la abogacía popular como expresión del derecho insurgente; ampliar los estudios sobre su interacción con los estudios de género; y avanzar en investigaciones sistemáticas y comparativas en América Latina (tal como la realizada por Fernando Rojas Hurtado en 1988 y 1989, ahora a ser retomada en clave contemporánea).

    Reafirmamos entonces que la vitalidad de la abogacía a movimientos sociales se expresa tanto en la larga trayectoria de la RENAP al igual que en el surgimiento de iniciativas más recientes en la región, como la Red Colombiana de Abogacía Popular, constituida en el año 2023; el Colectivo Emancipaciones; la Red Argentina de Abogacía Comunitaria, creada en 2022; y la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico. El dosier que ahora presentamos es, por tanto, una invitación a reconocer, celebrar y profundizar la abogacía popular como práctica y como categoría de investigación fundamental para la crítica jurídica y la transformación social en América Latina.

    El dosier está organizado en siete secciones.

    Abrimos la sección “Artículos Científicos” con el texto “La imaginación jurídica subalterna, el derecho austral y la abogacía militante: nuevos instrumentos analíticos para prácticas jurídicas insurgentes y descolonizantes”, de Orlando Aragón Andrade, que propone tres categorías analíticas para pensar la práctica de abogacías comprometidas con movimientos sociales, especialmente a partir de la experiencia de México. En seguida, Freddy Ordóñez Gómez examina críticamente la abogacía popular en América Latina, a partir de elementos de la tradición jurídica marxista en su artículo “Servicios jurídicos alternativos y abogacía popular en América Latina: la práctica legal crítica y el constitucionalismo en la región. Caso Colombia”. En “Por una justicia epistémica: delimitaciones conceptuales de la abogacía popular y del activismo jurídico transnacional”, Cecília MacDowell Santos y Flávia Carlet examinan la frecuente confusión entre esas dos categorías y otras formas de movilización del derecho, argumentando ser necesaria una profundización de los contornos conceptuales de la abogacía popular y del activismo jurídico transnacional. Ya el artículo “Género y diálogo de saberes entre abogadas militantes y actores en la lucha de comunidades indígenas: la experiencia desde el Colectivo Emancipaciones”, de Erika Bárcena Arévalo, Alejandra González Hernández y Lucero Ibarra Rojas, traza una perspectiva autorreflexiva, elaborada a partir de la experiencia de las autoras como abogadas militantes en diálogo con las comunidades indígenas en México, sobre una lente feminista y de género. Por su parte, el artículo “Memorias de la abogacía en las manifestaciones de junio de 2013 en Río de Janeiro”, de Luiz Otávio Ribas, analiza las prácticas jurídicas plurales y emergentes presentes en el calor de las calles durante aquel ciclo de protestas. Para finalizar, en “Bala, cárcel y lucha: la asesoría del Núcleo de Extensión Popular Flor de Mandacaru al Sector de Derechos Humanos del MST”, Ana Lia Almeida, Camila Freitas Farias, Eric Renner Arthur de Lima, Eva Vilma Bezerra Alves y Jéssica Thaís de Almeida Claudino, analizan la actuación del NEP en articulación con la abogacía popular, enfatizando la combinación de esa movilización en defensa de los movimientos de lucha en el campo.

    En la sección “Diálogos Insurgentes”, el comité editorial entrevistó a Annette Pearson, primera directora de ILSA, en Colombia. La conversación abordó los orígenes del Instituto y de los servicios jurídicos, así como la trayectoria de investigación de ILSA sobre los servicios jurídicos alternativos en la región latinoamericana. También realizamos una entrevista con Lara Estevão, Lethicia Reis y Cleuton Ripol, integrantes de la Red Nacional de Abogadas y Abogados Populares (RENAP), en Brasil. Para finalizar la sección, publicamos la entrevista concedida por José Batista Júnior, abogado popular de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), conducida por Carla Benitez y Carol Brasileiro.

    La sección “Temas Generadores”, la abrimos con el texto “Red Nacional de Abogadas y Abogados Populares – RENAP: 30 años de construcción insurgente de la asesoría jurídica popular”, de Maria Solara, Maria do Rosário Carneiro y Emiliano Maldonado. El artículo recupera la trayectoria de la RENAP desde la década de 1990 hasta su actual estructura organizativa, contextualizando la movilización como red de colectivos de apoyo jurídico insurgente y de uso subversivo del derecho. Las autoras y el autor presentan las principales estrategias de la red en la defensa de los derechos humanos, como la abogacía militante y la elaboración de tesis técnico-jurídicas innovadoras, ilustradas con casos concretos. Ya la entrada sobre la “Red Nacional de Asesoría Jurídica Universitaria (RENAJU)”, elaborada por Anna Carolina Lucca Sandri, muestra cómo los grupos de asesoría jurídica universitaria, articulados sobre la identidad de red desde los años de 1990, impulsaron el intercambio de experiencias y la creación de nuevos proyectos académicos. El texto recupera también los principales debates de ese periodo y analiza las razones de su desmovilización después del golpe de 2016 y, posteriormente, con la pandemia de COVID-19 en 2020. La misma autora contribuye, junto con Joelma Franklin y Larissa Assunção, con el trabajo “Derecho a la Asesoría Técnica Independiente”, ofreciendo una definición clara y rigurosa de la noción de ATI, situando su alcance, objetivos e importancia para la materialización de los derechos de las comunidades afectadas por proyectos a gran escala. Para cerrar la sección, el texto “En primera persona: trayectorias de vida de las personas que usan el derecho para acompañar las luchas comunitarias” de Daniela Zamora Alcaraz, presenta la trayectoria de la experiencia de dos defensores de derechos humanos frente a los desafíos y posibilidades de uso del derecho estatal como instrumento para el acceso a la justicia.

    En la sección “Praxis de Liberación”, tenemos la transcripción de la exposición sobre “Derecho Insurgente” de Miguel Pressburger en el IAB. Ya el “Mapeo bibliográfico para la Investigación en Abogacía Popular”, organizado por Flávia Carlet y Luiz Otávio Ribas, sistematiza un conjunto de referencias bibliográficas destinado a apoyar una agenda de investigación en abogacía popular. El mapeo aborda diferentes enfoques teóricos y tendencias de prácticas jurídicas críticas, incluyendo los servicios jurídicos alternativos en Colombia, Chile, Ecuador y Perú; la abogacía popular y la asesoría jurídica popular en Brasil; la abogacía militante en México; y la influencia de los abogados de causa en los Estados Unidos. La “Nota técnica sobre el respeto a la autonomía del ordenamiento jurídico del pueblo Laklãnõ”, de Jefferson Virgilio examina la fricción entre el sistema judicial nacional y los sistemas jurídicos propios, destacando la necesidad de que el derecho estatal sea interpelado para reconocer la legitimidad de las prácticas jurídicas indígenas.

    En la sección “Poéticas Políticas”, Rodrigo de Medeiros contribuye con “De la rueda del fondo del patio”, para animar la resistencia con nuestra cultura popular. El poema “Esperanzar”, de Esloane Gonçalves, compone la carta política de la RENAP en su 18° Encuentro, en diciembre de 2024 en la Escuela Nacional Florestan Fernandes. Además, Freddy Ordóñez Gómez escribe sobre “Alipio Jaramillo Giraldo y su homenaje al campesino colombiano”.

    En la sección “Palabras Andantes”, Ricardo Prestes Pazello presenta el texto “Andares de la crítica insurgente al derecho: comentario al texto pionero de Celso Soares sobre el derecho insurgente”. Seguidamente, Luiz Otávio Ribas contribuye con el artículo “Derecho insurgente como derecho de las clases emergentes”. Cierra la sección Ana Lia Almeida con su escrito “Celso Soares. Los caminos de un derecho insurgente”.

    En la sección “Cuadernos de Retorno”, presentamos dos reseñas de gran relevancia. Gonzalo Galindo Delgado reseña el libro “Los abogados y la democracia en América Latina”, publicado por ILSA en 1986, obra que marcó un cambio paradigmático en el pensamiento y la praxis jurídica latinoamericana. Siguiendo al autor, el libro demuestra cómo el derecho puede ser apropiado por los movimientos emancipatorios y por las clases subalternas, explorando sus contradicciones e incorporando nuevas compresiones de justicia en su léxico y gramática. Esa perspectiva continúa inspirando, incluso hoy, reflexiones sobre cuestiones centrales contemporáneas, como la resistencia al lawfare y otras estrategias de influencia de la derecha en América Latina. Seguidamente, Flávia Carlet reseña el libro “Otro derecho es posible. Diálogo de saberes y nuevos estudios militantes del derecho en América Latina” publicado en 2022, organizado por Orlando Aragón Andrade y Erika Bárcena Arévalo, obra que ofrece un panorama amplio y actualizado de las prácticas jurídicas militantes de América Latina, al mismo tiempo en que presenta nuevos aportes teóricos y metodológicos para los campos de la antropología jurídica y de la sociología jurídica crítica. Políticamente situada, la obra destaca la construcción de un trabajo jurídico enraizado en un nuevo ethos militante, en el cual el diálogo de saberes se afirma como condición de la justicia social y epistémica.

    Incluye también este volumen de la revista la traducción del texto de Luigi Ferrajoli titulado “Magistratura democrática y el ejercicio alternativo de la función judicial”, realizada por Moisés Alves Soares y Matheus Daltoé. Se trata de una contribución enorme para nuestros debates respecto a la magistratura alternativa italiana, para que sus posiciones sean mejor comprendidas y estudiadas en el contexto de los calientes debates realizados en la década de 1970.

    Para finalizar, expresamos nuestra profunda gratitud a todas las personas que hicieron este dosier posible. Agradecemos a Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, por sembrar la reflexión sobre una agenda de investigación alrededor de un informe poco divulgado, como aún lo es “Justicia en San Bernardo del Campo: perfil sociojurídico de clientes y profesionales de la asistencia jurídica”, del Centro de Estudios Derecho y Sociedad (CEDISO), de la USP. Agradecemos también a Ricardo Pazello, por la sugerencia del tema de derecho insurgente para la sección “Palabras Andantes”; y a Salo de Carvalho, por disponer en su canal el video de la intervención de Miguel Pressburger. Nuestra gratitud también para Daniel Castro y Lavínia Borges Faria, por la transcripción automática de la entrevista con integrantes de la Red Nacional de Abogadas y Abogados Populares. Extendemos nuestro agradecimiento a Johan Camilo Caicedo, de ILSA, por la foto del mural de Alipio Jaramillo utilizada en la portada de este dosier. Para finalizar, un reconocimiento muy especial al equipo de InSURgência, especialmente a Mariana Rocha Malheiros, Leonardo Evaristo Teixeira y Guilherme Uchimura, por el apoyo y orientación desde la preparación hasta el cierre de este dosier.

    ¡Deseamos a todas y todos una muy buena lectura!

    REFERENCIAS

    ALMEIDA, Ana Lia; GOÉS JUNIOR, José Humberto de; SANDRI, Anna Carolina Lucca; FIORI DA SILVA, Valéria (Org.). Dossiê “Assessoria Jurídica Popular”. InSURgência. Revista de direitos e movimentos sociais. v. 2, n. 2., 2019. DOI: https://doi.org/10.26512/insurgncia.v2i2.

    ROJAS HURTADO, Fernando (2017). Comparações entre as tendências dos serviços legais na América do Norte, Europa e América Latina – Primeira Parte. ROJAS HURTADO, Fernando. Comparación entre las tendencias de los servicios legales en Norteamérica, Europa y América Latina. El Otro Derecho, n. 1, ago. 1988, p. 7-17. (Nota do Tradutor). Direito e Práxis, n. 8, v. 1, p. 761-776. Tradução para o português realizada por: Rafael Braga Vieira.

    ROJAS HURTADO, Fernando (2016). Comparação entre as tendências de Serviços Legais na América do Norte, Europa e América Latina (segunda parte). ROJAS HURTADO, Fernando. Comparación entre las tendencias de los Servicios Legales en Norteamérica, Europa y América Latina – segunda parte. El Otro Derecho, n. 2, ILSA, Bogotá, jan. 1989, p. 5-57 (Nota do Tradutor). Caderno Eletrônico de Ciências Sociais, Vitória, v. 4, n. 2, pp. 118-170, 2016. Tradução para o português realizada por: José Humberto de Góes Junior.

    SCHRITZMEYER, Ana Lúcia Pastore; MARGARIDO, Antônio Benedito; FARIA, José Eduardo; CAMPILONGO, Celso Fernandes. Justiça em São Bernardo do Campo: perfil sócio-jurídico de clientes e profissionais da assistência jurídica. São Paulo: CEDISO, 1991 (mimeo).

    Sobre la comisión organizadora del dosier

    Luiz Otávio Ribas. Doctor en Derecho por la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ). Investigador del Instituto de Investigación, Derechos y Movimientos Sociales (IPDMS).

    Flávia Carlet. Doctora en Sociología del Derecho por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Investigadora del proyecto “Impunidad de crímenes de asesinato en masacres en el campo, 1985 – 2023” (UnB/MJSP). Actualmente es investigadora visitante en York University (Canadá). Adelanta también investigaciones sobre abogacía popular y luchas por el territorio de comunidades negras en América Latina. Es colaboradora de la Red Nacional de Abogadas y Abogados Populares (RENAP) y del Instituto de Investigación, Derechos y Movimientos Sociales (IPDMS).

    Freddy Ordóñez Gómez. Abogado, Especialista en Epistemologías del Sur, Maestro en Derecho con profundización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es estudiante del Doctorado en Derecho de la Universidad Libre (Colombia). Integrante del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA). Miembro de Historia, Ambiente y Política, grupo de investigación Categoría A1 de Minciencias y del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM). Profesor universitario de pregrado y posgrado en Colombia.

    * Traducción al castellano: Freddy Ordóñez Gómez.

    [1] El enlace original en el texto ha sido sustituido visualmente por el botón superior para mayor claridad.

  • #25N DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

    #25N DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

    En este #25N expresamos desde Colombia nuestra solidaridad con las mujeres palestinas, quienes resisten la ocupación y la guerra, y en sus poetas —como Hanan Awwad, Rafeef Ziadah, Nathalie Handal o Suheir Hammad— florece una voz que denuncia, sostiene y afirma vida. Que su palabra nos acompañe hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en la lucha por un mundo libre de violencias.


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    #25N DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

    La Asamblea General de las Naciones Unidas, define la violencia contra las mujeres como: “todo acto basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”

    Aunque el 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fue declarado por la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre del año 1999, 26 años después las cifras y los relatos de las mujeres reflejan que las brechas de desigualdad y los casos de violencias contra las mujeres siguen siendo parte de la realidad global y se encuentran instaladas en la sociedad colombiana.

    La situación de vulnerabilidad es particularmente grave para las mujeres habitantes de los territorios que se ubican en las periferias de las ciudades y del país, al igual que para las que viven en las zonas rurales, puesto que allí, hay mayores limitantes económicos, sociales y culturales para el acceso a la justicia, a la educación, al sistema de salud, se despliega el conflicto armado interno y las falencias estructurales de la configuración institucional no contribuyen a la garantía plena de los derechos humanos de las mujeres.

    En Colombia habitan 27.19 millones de mujeres, es decir el 51.2% de la población, sin embargo, y de acuerdo con las cifras del Observatorio Nacional de Violencias de Género, entre el año 2019 y el 2022 el número de casos de violencias contra las mujeres notificados ascendió de 93.423 a 110.738 y, a pesar de que las cifras entre el año 2023 y 2025 evidencian un descenso, al pasar de 122.846 a 83.084, los casos siguen siendo extremadamente alarmantes e inaceptables, reflejando la gravísima situación de violencias basadas en género, que mantiene a las mujeres en riesgo.

    La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, han identificado cómo en el marco del conflicto armado, las armas y el poder magnifican y exacerban la violencia contra las mujeres, ratificándose los estereotipos y jerarquías de género, de los roles sociales y culturales que subordinan y discriminan a las mujeres, una ratificación del patriarcado y de la persistencia de la violencia basada en género contra las mujeres. Y, aunque esto tiene raíces en las relaciones de género dominantes y en el continuum de violencia contra las mujeres presente en la sociedad colombiana, estas relaciones también se transforman en tanto los ejércitos reproducen e imponen relaciones de género. La JEP ha logrado identificar que, de 35,178 víctimas de violencia sexual, entre los años 1957 y 2016, el 89,2 % (31.366) son mujeres, existiendo una afectación desproporcionada para mujeres indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras.

    Teniendo en cuenta estos patrones de violencia que siguen vigentes y con ello la necesidad de asumir colectivamente las estrategias para avanzar en una vida libre de violencias, desde ILSA nos sumamos a la conmemoración del 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ratificamos nuestro compromiso con apoyar, acompañar y facilitar procesos de autonomía política y económica para las mujeres campesinas, afrocolombianas, indígenas y populares, así como su reconocimiento como constructoras de paz y del territorio, dentro de estos procesos buscamos fortalecer a las mujeres y sus organizaciones en estrategias para la incidencia en políticas públicas, el empoderamiento jurídico, la apropiación de rutas de atención de VBG, la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres y la construcción de una vida libre de violencias.

    Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA
    25 de noviembre de 2025

    Les invitamos a ver:

    Movilizaciones y actividades en el marco del #25N2025 en Bogotá:

    • 3:00 PM.
      Evento cultural con reivindicaciones: 25N Antipatriarcal y anticarcelario.
      Cárcel El Buen Pastor en el sector de Entre Ríos en la Calle 80 con Carrera 58.
    • 3:30 PM.
      Marcha rumbo al Plantón en el Centro de Atención de la Fiscalia-CAF.
      Encuentro: Cinemateca Distrital de Bogotá, Carrera 3 #19-10.
    • 4:00 PM.
      Plantón. #25N ¡Tómate la calle, que ningún falte
      Centro de Atención de la Fiscalía – CAF en la calle 19 con carrera 27, sector de Paloquemao.
      Convoca: Somos un rostro colectivo ADE.
    • 4:30 PM.
      Cine foro. Las sufragistas.
      Lugar: La Hoguera, Centro Cultural, Calle 45 #22-55
  • La ultraderecha y el fascismo en la campaña presidencial colombiana

    La ultraderecha y el fascismo en la campaña presidencial colombiana

    En 1925, José Carlos Mariátegui, el primer marxista de América, publicó su obra La escena contemporánea, en la cual compiló más de 40 textos, agrupados bajo siete temáticas. El primer apartado del centenario libro se tituló Biología del fascismo, y encontramos en éste los principales planteamientos mariateguianos sobre este fenómeno y movimiento emocional y político italiano de la primera posguerra, eso que ha sido denominado como el fascismo histórico o el fascismo del siglo XX, y de cuyo análisis por parte del Amauta ya nos hemos referido.

    Un siglo después, el avance político y social de la ultraderecha a nivel global tiene su referente colombiano, hoy más claramente apreciable en la campaña presidencial del 2026, surgiendo entonces las preguntas: ¿Qué tanto de fascismo hay en esa ultraderecha colombiana? ¿Está en marcha un proyecto fascista en el país de la mano de las “nuevas derechas”? Intentaremos en este corto texto brindar algunos elementos que permitan dar respuesta a estos dos interrogantes, aportes que se suman a análisis elaborados desde el país sobre la caracterización de la actual derecha nacional y regional[1].

    Acá es importante recuperar la lectura de Mariátegui del fascismo como un movimiento que congregó una diversidad de categorías sociales, y cuya dirigencia provenía de un amplio espectro político (disidentes del socialismo, excombatientes, literatos futuristas, exanarquistas, sindicalistas, republicanos, fiumanistas, monarquistas ortodoxos, etc), lo que evidenciaba, un confusionismo ideológico que se cubrió bajo la bandera de la patria, monopolizando un estado de ánimo, el patriotismo del escenario posguerra, como discurso nacionalista principalmente de la clase media y de sectores resentidos por las conquistas sociales del proletariado, elaborado más pasional que teóricamente, concentrando a todos los elementos reaccionarios y conservadores, siendo la burguesía la que “armó, abasteció y estimuló solícitamente al fascismo” como “una ofensiva de las clases burguesas contra la ascensión de las clases proletarias”, llegando a constituirse como “una milicia civil antirevolucionaria”[2].

    Del abordaje de Mariátegui podemos extraer elementos estructurales —sin por ello generalizar o hablar de una continuidad— que permitan hoy pensar el fascismo como una presencia constante y situada, más allá de lo que fue el fascismo histórico de entreguerras, teniendo: (i) un conglomerado social amplio bajo una idea opaca patriótica y nacionalista; (ii) un lenguaje pasional y no racional del quehacer político; (iii) una clara orientación a favor de la burguesía y el capitalismo; (iv) un discurso y una práctica contra sectores sociales, clases subalternas y la izquierda, repudiadas y definidas como “enemigas” a eliminar; (v) el estímulo al accionar violento militar y paramilitar, incluso contra la democracia; y (vi) el repudio a la democracia participativa, pluralista y al Estado Social de Derecho.

    Ahora bien, consideramos la configuración social y política en Colombia de una ultraderecha que es hostil a la democracia ampliada, constituyendo una derecha radical, en términos de la exposición presentada por Daniel Trilling, que se ha apropiado del escenario político nacional que estaba reservado al tradicional Partido Conservador Colombiano. De esta forma, la ultraderecha es la muerte del conservatismo como proyecto político ideológico.

    Entremos ahora a presentar elementos que permitan abordar las preguntas inicialmente formuladas. La derecha radical colombiana en el debate presidencial tiene tres figuras destacadas: la exdirectora de la revista Semana Vicky Dávila, el abogado Abelardo De La Espriella; y la precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quienes se han orientado a exponer cada vez más rasgos fascistas en sus campañas. Así, el abogado apela a una poco clara y pasional “defensa de la patria” como eslogan de su campaña; la precandidata Dávila refiere a la valentía como característica de su proyecto político-electoral; los tres abordan los temas económicos y sociales con una clara orientación a beneficiar a gremios empresariales, inversionistas (nacionales y extranjeros) y sectores productivos; han atacado discursivamente a la izquierda y a los sectores políticos quedesde un horizonte más amplio están hoy en el Gobierno nacional; en la campaña también ha sido un factor común la agresión al pluralismo, representado en el trato colonial y racista a pueblos indígenas; los tres promueven el autoritarismo, el disciplinamiento, la seguridad y la militarización, afirmando el precandidato De La Espriella que a la izquierda toca “acabarla”, “erradicarla”, “destriparla como corresponde” y que el actual presidente “no vale ni una bala” una expresión que recuerda el lenguaje del paramilitarismo de las AUC y de los grupos inmersos en prácticas de exterminio social de décadas anteriores; por su parte, la precandidata Dávila afirma que acabará “la paz total”, y llamó a los militares y policías a “desobedecer al presidente”.

    Desnudar el horizonte fascista de los candidatos de la ultraderecha es necesario en el debate electoral a la presidencia. Acá es importante volver a Mariátegui, no solo para la urgente caracterización, sino también para no olvidar que el fascismo, una vez en el poder, tiende a ser más beligerante, más combativo, más intransigente y se sostiene como proyecto en la guerra. La alternativa a la ultraderecha desde las izquierdas es la paz como apuesta política, socioeconómica, ambiental y cultural. Es la paz donde, nos recuerda el Amauta, el fascismo no tiene capacidad de actuación.

    El pasado 5 de agosto, en el Gran Foro Urabá, la nueva potencia organizado por el diario El Colombiano en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, se anunció que la región había “pasado la página”; que atrás quedaban décadas de guerra y de dolor, escribiéndose “una nueva historia”, todo gracias a Puerto Antioquia, a los gremios y al sector empresarial. Las referencias en el foro al actor privado como agente de construcción territorial y de ordenamiento político-administrativo fueron múltiples: desde la mirada de Augura y Uniban, “Urabá nace hace más de 110 años con un consorcio empresarial”, también indicaron que “primero que Apartadó estaba Uniban” y que en la región se ha dado “construcción de nación por parte del sector privado”. Para el asesor de la alcaldía de Turbo, en la región “somos más empresa que Estado”. La idea de frontera, de tierra a civilizar, como hace 100 años, sigue vigente: para el Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, “Urabá es la tierra prometida”. También la idea de Otredad y de raza antioqueña estuvo presente: “la forma antioqueña de hacer las cosas”, la “raza negra se integró con el indígena y con el paisa”, dijo un entrenador y gerente deportivo de la región. Todo esto, alrededor de la fiesta que genera para empresarios y actores políticos, el inicio de actividades de Puerto Antioquia.

    En la región, no se ha pasado la página de la violencia. Como ejemplo, en el año 2023 la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana AT 014-23, en la que se aborda el riesgo que genera la incidencia en los procesos migratorios del conflicto armado y el crimen organizado en la zona (Necoclí, Turbo, Acandí, Juradó y Unguía); por su parte, el informe de seguimiento IS N° 018-2022 a la AT 008-2020, indica que el riesgo inicialmente identificado persiste. También, el empresariado sigue desconociendo a El Otro, representado en las comunidades afrocolombianas que habitan el Golfo de Urabá. En efecto, al día siguiente del Gran foro, La Chiva de Urabá anunciaba que el Tribunal Administrativo de Antioquia ratificó el fallo de tutela que ordenó al proyecto Puerto Bahía de Colombia de Urabá (Puerto Antioquia) realizar consulta previa, libre e informada con las comunidades afrodescendientes que habitan en la zona.

    A pesar de la estipulación del derecho a la consulta previa en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, en 1989, de su aprobación a través de la Ley 21 de 1991 y del reconocimiento como sujetos de los derechos que consagra el citado instrumento a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras según la jurisprudencia constitucional (C-169 de 2001), se les sigue vulnerando el derecho a la consulta previa y su garantía debe ser demandada ante el juez constitucional, como ocurre en el caso de Puerto Antioquia. De este proyecto portuario ya hemos escrito anteriormente, describiéndolo y presentando cómo se vulneran los derechos territoriales y a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afrodescendientes habitantes del área de influencia e impactadas directamente por la iniciativa.

    El fallo de tutela emitido el pasado 10 de julio por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Turbo protegió el derecho a ser consultados de cuatro comunidades negras: el Consejo Comunitario Martin Luther King Esperanza 2000, el C.C. Los Mangos, el Consejo Comunitario Los Manatíes, y el C.C. Bocas de Atrato y Leoncito, habitantes del sector de los ríos León y Suriquí y la costa de la Bahía del Golfo de Urabá. Los accionantes describrieron en la solicitud de amparo algunas de las irregularidades que en el trámite del licenciamiento ambiental de Puerto Antioquia —adelantado por Puerto Bahía Colombia de Urabá, S.A.—, se dieron, primero con relación a la Resolución 0032 del 25 de enero de 2012 y posteriormente en la expedición de la Resolución 0078 del 28 de enero de 2016 (con la cual se modificó el proyecto), en cuanto a la certificación del Ministerio del Interior de la no presencia de comunidades negras en el área de influencia del proyecto y el accionar de la desarrolladora del puerto. Un proyecto frente al que actualmente la ANLA ha hecho un riguroso seguimiento, lo que contrasta con el accionar de la agencia y de otras entidades que, durante las presidencias de Iván Duque y Juan Manuel Santos, se orientaron a favorecer a los promotores del puerto.

    La accionada Puerto Bahía Colombia de Urabá, S.A., en una clara ofensa a las comunidades accionantes, respondió a las pretensiones señalando que “no existe afectación directa a los derechos fundamentales pues las operaciones portuarias en el golfo de Urabá se vienen realizando hace aproximadamente 60 años”. Seguidamente reconoció la existencia de comunidades negras en la zona de influencia del proyecto, con quienes ha adelantado, afirma, “un relacionamiento directo, permanente, transparente y respetuoso de los grupos étnicos”, a través, por ejemplo de reuniones —como la sostenida el 2 de mayo con representantes y miembros de los consejos comunitarios accionantes—, pero ese relacionamiento expuesto por la empresa se lee como incumplimiento del deber de debida diligencia en tanto tras conocer la existencia en el territorio de las comunidades no informó a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, para que esta determinara si procedía la consulta previa con ellas. Esta negación de los derechos de El Otro y por tanto el reconocimiento de su otredad, es una ofensa que se lee en más de una ocasión en el expediente de licenciamiento del puerto, LAM5060 de la ANLA.

    Alejandro Costa Posada, director ejecutivo de Puerto Antioquia, en el Gran Foro Urabá, la nueva potencia, afirmó: “socialmente necesitamos entender quiénes son nuestros vecinos y qué quieren y para dónde van y cómo se ven”. Es importante que estas afirmaciones no sean sólo para generar aplausos entre antioqueños que, como si estuvieran en 1925, ven en Urabá la tierra prometida y que dicen hacer un capitalismo consciente, sino que se traduzcan en el reconocimiento de los derechos de las comunidades étnicas que tienen por territorio y hábitat la Bahía Colombia, los ríos León y Suriquí, que se traduzcan en el reconocimiento de los Otros, de los ofendidos.


    [1] A manera de ejemplo, véase: MARTÍNEZ, José Honorio. La crisis del progresismo y la resurrección del fascismo en América Latina. Izquierda, 119, 2024; DE ZUBIRÍA, Sergio. Derechas, fascistización y perspectivas continentales. Izquierda, 117, 2024.

    [2] Sobre los ensayos compilados en La biología del fascismo, puede consultarse: BERRÍOS, Claudio. El fascismo en La escena contemporánea de Mariátegui: acercamiento a su biología. En: Sara, Guardia (ed.). El pensamiento de Mariátegui en La Escena Contemporánea del siglo XXI. Lima: Universidad Nacional de Moquegua, 2021, pp. 311-325; BERGEL, Martín. En busca del libro olvidado de Mariátegui (Estudio preliminar). En: José Carlos Mariátegui. La escena contemporánea. Lima: FCE, 2025.