Categoría: Mauricio Chamorro Rosero

  • Las trabajadoras del agro: feminización del sector y condiciones laborales

    Las trabajadoras del agro: feminización del sector y condiciones laborales

    En las últimas décadas, la feminización del trabajo agrícola en el Sur Global ha sido un fenómeno cada vez más evidente. Investigaciones han demostrado que la demanda de mano de obra en la agricultura comercial ha ido en aumento, y con ello la incorporación de mujeres al mercado laboral agrícola. Sin embargo, esta participación no ha significado mejores condiciones de trabajo, ni una equiparación en derechos y oportunidades respecto a sus compañeros. Según información reportada por ONU Mujeres, en el sector agrícola las mujeres están sobrerrepresentadas en trabajos precarios, los cuales ofrecen un acceso limitado a la protección social, recibiendo, además, salarios inferiores a los de los hombres.[1]

    Es importante mencionar que, en la actualidad, las mujeres no solo han sido empleadas como obreras asalariadas en grandes agroempresas, sino también como jornaleras en pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. Respecto de la vinculación de las mujeres en las agroempresas, uno de los aspectos más preocupantes es que los empleadores han diseñado un perfil ideal de trabajadora, lo que ha permitido ampliar las prácticas de explotación laboral. Se asume que, por sus condiciones particulares, ciertas trabajadoras son más responsables y menos conflictivas que los hombres, lo que facilita su explotación bajo condiciones precarias.

    Por su parte, el trabajo que las mujeres asumen como jornaleras en pequeñas y medianas explotaciones agrícolas se encuentra claramente diferenciado por las distintas formas de clasificación social, como el género, la raza, la etnicidad, la clase, la generación y su condición migratoria. Estas formas de clasificación social han organizado un mercado laboral agrícola diferenciado o segmentado, consolidado una jerarquización del trabajo en la que las mujeres ocupan los peldaños más bajos. A menudo, su labor es considerada una “ayuda” más que un empleo, lo que implica una desvalorización de sus habilidades y conocimientos.

    La preferencia por la mano de obra femenina se ha relacionado con las políticas neoliberales, las cuales han transformado la economía rural y han forzado a muchas familias a aumentar sus ingresos ante el encarecimiento de la vida en el campo. Colombia no ha sido ajena a este proceso de feminización del trabajo agrícola y, al igual que en el resto de los países del Sur Global, este fenómeno se ha intensificado con la necesidad de las mujeres rurales de insertarse en el mercado laboral para sostener a sus familias. Sin embargo, la mayoría de los trabajos agrícolas que desempeñan son informales, sin acceso a prestaciones sociales ni salarios justos. Incluso, cuando logran empleos formales en agroindustrias como la floricultura, los salarios son bajos, las jornadas extenuantes y su salud podría estar en riesgo.[2]

    Con todo, además de sus trabajos remunerados en la agricultura, muchas mujeres continúan siendo las principales responsables del hogar, lo que genera una sobrecarga de trabajo no remunerado. Pese a este panorama, en Colombia no se han desarrollado políticas efectivas de conciliación entre la vida laboral y familiar para las mujeres rurales. Aunque existen algunas medidas aisladas, no hay una estrategia sistemática para compatibilizar estos escenarios (familia y trabajo) que comparten cotidianamente las mujeres rurales en Colombia, lo cual permitiría mejorar su calidad de vida y garantizar su acceso a empleos dignos.

    En este sentido, más allá de los discursos de empoderamiento, en Colombia la feminización del trabajo agrícola es un reflejo de las profundas desigualdades de género que persisten en el mundo rural. Las mujeres han demostrado ser una pieza clave en el engranaje productivo del agro, pero su aporte sigue siendo subvalorado y precarizado. Es urgente que las políticas públicas reconozcan y atiendan esta realidad, promoviendo condiciones de trabajo justas y equitativas para todas las trabajadoras del campo.

    [1] Ver: https://www.unwomen.org/es/que-hacemos/empoderamiento-economico/hechos-y-cifras

    [2] Ver: https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/RGPS/21%20(2022)/54570443017/index.html

  • El trabajo agrícola asalariado en el proyecto de ley de la reforma laboral: una deuda histórica pendiente por saldar

    El trabajo agrícola asalariado en el proyecto de ley de la reforma laboral: una deuda histórica pendiente por saldar

    En agosto de 2023, el gobierno de Gustavo Petro, liderado por la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de reforma laboral con el objetivo de evitar la precarización y, así, mejorar las condiciones laborales en Colombia. La aprobación de esta reforma ha enfrentado numerosos obstáculos, especialmente por parte de una élite empresarial que considera que la reforma va en contra de sus intereses. No obstante, los acuerdos logrados por el gobierno en el Congreso permitieron que, el pasado 8 de octubre, se aprobaran 53 artículos del proyecto. Entre estos, se destaca la formalización del trabajo doméstico remunerado y el trabajo de las madres comunitarias y sustitutas. Es relevante señalar que, actualmente, estos trabajos están profundamente marcados por la precariedad laboral y carecen de una protección jurídica adecuada que resguarde sus derechos.

    Aunque la formalización del trabajo doméstico remunerado y el trabajo de las madres comunitarias y sustitutas representa una deuda histórica que finalmente se está saldando, el proyecto de reforma laboral también contemplaba la inclusión de otro grupo de trabajadores que aún carecen de la garantía de sus derechos: los trabajadores y trabajadoras agrícolas asalariadas. La reforma laboral originalmente contenía tres artículos específicos para mejorar las condiciones de estos trabajadores; sin embargo, estos artículos fueron eliminados durante el proceso legislativo en el Congreso.

    Los artículos eliminados, que buscaban proteger los derechos de los asalariados agrícolas, proponían la regulación del contrato laboral agropecuario (artículo 31), la formalización del trabajo a jornal (artículo 32) y la garantía de vivienda digna (artículo 33). En cuanto al contrato agropecuario, la reforma pretendía integrar al marco legal nacional los contratos de trabajo en sectores como la ganadería, agricultura, silvicultura, horticultura, acuicultura, apicultura, entre otros. Por otro lado, la formalización del trabajo a jornal tenía como objetivo asegurar un salario justo que cubriera las prestaciones sociales y beneficios legales, además de prohibir los salarios inferiores al mínimo legal vigente. Finalmente, la reforma también buscaba que el empleador garantizara una vivienda adecuada para los trabajadores agrícolas que residieran en el lugar de trabajo.

    Un análisis detallado de los artículos eliminados revela que los argumentos de los opositores, que votaron a favor de su eliminación, son infundados. Algunos congresistas argumentaron que la aprobación de estos artículos desincentivaría la oferta laboral agrícola y aumentaría el desempleo rural, además de perjudicar la producción agrícola del país. No obstante, estos argumentos ocultan una defensa del modelo agrícola tradicional que ha basado el aumento de sus beneficios en la explotación de la clase trabajadora.

    En Colombia, la explotación de la fuerza de trabajo ha sido uno de los factores que han permitido que el país se inserte y pueda competir en los mercados agroalimentarios globalizados. Debido a su desprotección jurídica, en muchos casos la remuneración del trabajo agrícola es inferior al salario mínimo legal y, además, este tipo de trabajo no cuenta con la protección social que gozan otros trabajos en el país; de ahí que gran parte del trabajo agrícola asalariado representa un empleo de estancamiento que reproduce la pobreza rural. Estas condiciones han ocasionado que algunos asalariados y asalariadas agrícolas busquen incorporarse constantemente a otros mercados de trabajo que les permitan obtener mayores ingresos económicos y un mejor nivel de vida. Así, desde hace varios años, un importante número de estos trabajadores y trabajadoras han preferido incorporarse a los mercados de trabajo no agrícola, migrando hacia los centros urbanos.

    Más allá de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz y en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, superar las complicadas condiciones que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras agrícolas asalariadas sigue siendo un desafío para un Gobierno que aboga por la justicia social. No obstante, en un contexto político como el colombiano, marcado por la presencia y la protección de los intereses económicos de la clase dominante, esta tarea es muy difícil. Por ahora, muchas empresas agrícolas podrán seguir acumulando capital a costa de la explotación laboral porque sus piezas en el Congreso de la República hicieron lo suyo: han favorecido los intereses de los grandes capitales. Por su parte, los asalariados y las asalariadas agrícolas tendrán que seguir padeciendo la invisibilización y continuar buscando otras formas de ganarse la vida.

    * Una versión más amplia sobre este tema fue publicado en: https://revistabordes.unpaz.edu.ar/pobres-entre-los-pobres-del-campo-el-trabajo-agricola-asalariado-en-colombia/