Después de 1945 se proscribiría, mediante la Carta de la ONU, el derecho a la guerra que tenían los Estados desde tiempos antiguos. Dicho texto enuncia que está prohibido amenazar y usar la fuerza entre Estados que se reconocen, además, mutua soberanía. El objetivo de esta restricción es mantener la paz y la seguridad internacional, tarea esta a cargo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La enunciación de este principio es por demás compleja, al menos por dos razones. Los guardianes del mismo son las potencias militares asociadas al triunfo en la Segunda Guerra Mundial, es decir que los defensores en última instancia de la paz internacional son Estados altamente armados y con tradición expansionista.
Adicionalmente, y a diferencia del espacio interno, la prohibición del uso de la fuerza se refiere al conjunto de Estados, organizaciones estas por definición armadas. A diferencia del poder político estatal que desarmó a los individuos, el Derecho Internacional prohíbe la fuerza, sin desarmar a sus principales actores. Esta doble situación ha marcado, hasta cierto punto, el desarrollo y parcial ineficacia de este principio.
También pueden identificarse tres dinámicas que están ajustando el alcance y, al final, el contenido del mismo ante realidades cambiantes y propias de las globalizaciones:
El creciente uso de la fuerza por otros Estados. Desde la caída del muro de Berlín, ya no solo Rusia y EE UU han usado la fuerza de manera irregular. Varios Estados se han incorporado a esta deshonrosa lista, entre los cuales se encuentran Francia contra Mali, Colombia contra Ecuador, Arabia Saudita contra Yemen, etc. Existe la sensación de que progresivamente se rompe con el principio, sin mayor condena y cuestionamiento, ya sea por las Naciones Unidas o por los medios de comunicación que recogen este tipo de hechos como algo normal. El argumento de que en algunos casos se cuenta con la anuencia del Estado sujeto a la fuerza de otro matiza, pero no invalida al final su resquebrajamiento.
El ajuste al contenido de seguridad internacional. El uso de la fuerza a nivel coordinado, sea con la anuencia o no del Consejo de Seguridad, ha sido sustentado en una aproximación cada vez más abierta de la seguridad internacional. En efecto, la intervención humanitaria, es decir, la acción armada por razones relacionadas a situaciones críticas en derechos humanos, se fundó en una interpretación “creativa” del Consejo de Seguridad, a fin de justificar acciones armadas en la ex-Yugoeslavia, Ruanda, Libia y Haití. Lo que queda claro es que la seguridad internacional ya no pasa solo por los casos de guerra internacional, sino por situaciones que se consideran violatorias de los derechos humanos y generadoras de inseguridad internacional.
El alcance de este cambio es tal, que la actriz Mia Farrow entró en contacto en el 2008 con la empresa de mercenarios Blackwater, a fin de contratar una “intervención humanitaria” en Darfur (Sudán), tema este que finalmente, como era previsible, nunca se realizó.
La nueva acción armada contra la inmigración ilegal. Las autoridades de la Unión Europea han anunciado la realización de un plan coordinado de 12 millones de euros contra la migración ilegal de personas que pretenden llegar a su territorio. Ante el creciente número de inmigrantes procedentes del África Subsahariana, y que hoy embarcan desde Libia, parte de la respuesta europea que está tratando de ser arropada por la aprobación del Consejo de Seguridad incluye acciones armadas contra la infraestructura de las mafias de inmigración, lo cual incluye accionar militar en aguas y territorio de Libia. Lo que estamos testificando es la oficialización de la acción armada “legítima” de unos Estados contra otros por asuntos de inmigración ilegal que, hoy por hoy, se consideran de seguridad internacional.
De manera similar, aunque claramente unilateral, el presidente de EE UU anunció que este país se reserva una respuesta armada frente a ataques cibernéticos procedentes de fuera del país. En otros términos, busca introducir una especie de “legítima defensa” frente a ataques no armados, intervengan o no Estados.
En suma, el principio de no amenaza en el uso de la fuerza puede considerarse un avance jurídico de suma importancia para permitir un orden internacional no basado en la agresión mutua entre Estados, como fue usual durante muchos siglos. Con todo, luego de la Guerra Fría, el mismo está siendo afectado por ajustes que lo ponen en serio peligro, tales como la ampliación del concepto de seguridad internacional a temas de derechos humanos, inmigración y ataques cibernéticos. A nombre de estas justificaciones, la fuerza internacional, coordinada o no, tiende a legitimarse sustancial, mas no jurídicamente de forma creciente.
Ph.D. Investigador ILSA. Profesor universitario.
Como parte de sus críticas al llamado proyecto de reforma constitucional para el equilibrio de poderes, el Consejo de Estado, mediante comunicado leído por su presidenta encargada, exhortó a invitar “al relator especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas a acompañar las fases que siguen del proyecto de reforma en el debate parlamentario y en los demás escenarios de participación”.
Este llamado, sustantivamente pertinente, puede verse inicialmente como parte de un proceso más amplio de internacionalización de las altas cortes de justicia, hoy muy en boga en el concierto de Estados. En efecto, actualmente es normal que las jerarquías judiciales se reúnan en congresos internacionales con sus pares; emitan declaraciones sobre diversos temas; intercambien experiencias; tengan oficinas de relaciones internacionales y, en otros planos, intercambien jurisprudencia. Este tipo de fenómenos han sido identificados como formas específicas y nuevas de globalización del derecho y/o de diplomacia alterna o paradiplomacia, es decir, ya no centrada en el accionar del Ejecutivo.
La exhortación directa por parte del Consejo de Estado a la relatoría de la ONU sería expresión parcial de dicha diplomacia alterna, pues si bien se reconoce que la presencia de la relatora pasa por la invitación del poder Ejecutivo, el comunicado emitido es un llamado directo a las Naciones Unidas para que tenga en cuenta la situación colombiana. En otros términos, de cierta forma es un objetivo del Consejo de Estado internacionalizar la discusión sobre una reforma constitucional que afecta al poder Judicial, al margen de que el Gobierno invite o no a la relatora.
En un contexto donde la separación entre lo interno y lo externo se desdibuja cada vez más, la petición de la alta corte contencioso-administrativa, no deja de tener algunos inconvenientes o dificultades. Como ya se anotó, cualquier intervención de la ONU está supeditada a lo que diga el Gobierno al respecto. De otra parte, no se ve claro cómo se puede producir un acompañamiento frente a un proyecto que ya está muy avanzado en cuanto a sus debates y está a punto de cerrarse de manera lapidaria en pocas semanas.
Ahora bien, en el hipotético caso de que lo anterior pudiera solventarse, la pregunta que surge es si dentro de las funciones de la relatoría para la independencia judicial cabría una tarea de acompañamiento. De acuerdo con la Resolución 17/2 del Consejo de Derechos Humanos, por la cual se extiende el mandato de la actual relatora, la señora Gabriela Knaul, se recuerdan las funciones de esta instancia. Las mismas incluyen recibir denuncias por atentados puntuales a la independencia y, además, “con el objeto de formular propuestas, las cuestiones de principio y de actualidad con miras a proteger y fortalecer la independencia de la judicatura, de los abogados y de los funcionarios judiciales”. Parece claro que dentro de esta función cabría el accionar esperado por el Consejo de Estado.
Con todo, por las razones antes invocadas, considero que el llamado aquí comentado es más un canto a la bandera cuya viabilidad práctica es muy difícil, pero cuyo simbolismo político internacional puede ser importante. Hoy por hoy, el derecho internacional es un campo de lucha, donde se juegan estrategias de legitimación-deslegitimación entre diversos actores. Para nuestro caso de análisis, el Consejo de Estado, seguramente con algunas buenas razones, busca deslegitimar internacionalmente el proyecto de reforma constitucional que afecta al Judicial aduciendo que cuestiona normas que buscan ser defendidas por la relatora especial. En este caso, el Gobierno no se funda en una legitimidad internacional, como cuando sustenta ajustes legales en estudios del Banco Mundial o la OCDE, sino en la legitimidad de sus mayorías en el Congreso. En últimas, el derecho internacional, en este caso blando vía la relatoría especial, busca convertirse en árbitro de los poderes del Estado en pugna, el Judicial en contra de la reforma y el Ejecutivo y el Legislativo a su favor. Como puede verse, el Estado está más que fragmentado a su interior.
Los procesos de globalización pueden entenderse como multidimensionales e incluyen lo económico, político, cultural y jurídico. Con todo, identificar algo como global conlleva admitir que estamos en presencia de aquellas situaciones que operan espacialmente más allá del territorio nacional y que progresivamente lo hacen en tiempos más cortos, hasta el punto de que, vía la internet y otras plataformas de comunicación, hoy es posible actuar transnacionalmente en tiempo real.
En el ámbito económico es donde lo anterior parece más que claro, al menos parcialmente, pues hoy se transfiere capital, se cotiza en bolsa, se compra, se vende, se especula etc., a lo largo y ancho del globo, durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Con todo, ¿cómo se ha regulado jurídicamente este campo creciente de la globalización económica?
La regulación a este nivel es la suma no pacífica de normas de derecho nacional, internacional y propiamente global, generado pública y privadamente. Por tanto, para entender este entramado no podemos restringir lo jurídico al marco de lo producido por los Estados interna o externamente y, adicionalmente, debemos romper con la idea de la coherencia interna de un determinado ordenamiento jurídico.
Para la globalización económica, las normas nacionales en áreas como los derechos de propiedad, el medio ambiente y los asuntos tributarios y laborales son centrales. Lo que se puede visualizar, de una parte, es cómo se ha presionado la armonización de las regulaciones nacionales sobre dinámicas a veces contrapuestas. Así, se buscan menos y más flexibles normas laborales, ambientales y tributarias, pero, del otro lado, se presionan mayores garantías para los derechos de propiedad. Obviamente, dichas pretensiones se ven afectas por resistencias de diverso tipo.
Por su parte, el derecho internacional ha pretendido regular aspectos de esta globalización, especialmente por la vía de los acuerdos de libre comercio y de inversión, los cuales hoy tienen un cariz más bilateral que multilateral. Según Alberto Carrasquilla, en el mundo se han firmado más de 550 tratados de libre comercio. De igual forma, el FMI y el Banco Mundial, como parte del derecho internacional de la posguerra, se han reconvertido en apalancadores de reformas a la legislación interna de los países, haciendo un tándem legislador con la OCDE y la OMC.
En este contexto del derecho internacional regulador de la globalización económica, no es sin embargo clara la forma de regular el excesivo endeudamiento de los Estados y sus efectos múltiples. Este es un tema que, vía un derecho blando, se le ha dejado al FMI y al Banco Mundial, pero que al final de cuentas está sujeto más a negociaciones políticas y económicas nacionales e internacionales, como ocurrió con los recientes default de Argentina y Grecia respecto de sus acreedores.
Algo similar pasa con la regulación del accionar de las multinacionales, las cuales siguen teniendo un marco de regulación nacional, a pesar de su accionar global. Los grandes conglomerados siguen sujetos al cada vez más armonizado y débil derecho nacional de algunos Estados y no se les reconoce subjetividad internacional para estar sujetos al Derecho Internacional Público, salvo cuando se les admite la posibilidad de demandar a los Estados ante el CIADI u otros órganos arbitrales. En últimas, el Derecho Internacional regula algunas dimensiones de la globalización para promoverla, pero deja otras desreguladas, lo que en el fondo significa dar el poder de autorregulación a los mismos actores de aquella.
En efecto, es en este último terreno que surge lo que algunos han denominado el derecho global de la economía. Se trata de las diversas formas en que ciertos actores generan su propio derecho, para generar cierta responsabilidad, prever situaciones críticas de algunos flujos económicos, establecer responsabilidades, plantear límites o referentes. Las mismas estarían representadas, entre otros, en los contratos modelos generados por las firmas de abogados transnacionales para sus clientes, en los códigos de conducta con que se busca regir las cadenas productivas transnacionales, en los precedentes sentados por los órganos arbitrales privados globales y en ciertas prácticas no escritas aceptadas por los actores y basadas en la confianza y la reciprocidad.
En suma, la regulación jurídica de la globalización económica, al menos en su dimensión potenciadora, es la suma del derecho interno, del derecho internacional y del derecho global, en buena parte privado. Entre estos niveles se dan múltiples relaciones, las cuales, en algunos casos, son de complementariedad y, en muchos, de tensión. Por tanto, la globalización económica ha estado acompañada de un pluralismo jurídico cada vez más contundente.
El Estado venezolano, a través de distintas instancias, ha expresado su rechazo a las medidas tomadas por EE UU contra algunos miembros de su gobierno y fuerzas armadas, y ha declarado que violan el Derecho Internacional, en particular el principio de no intervención reconocido en varias resoluciones de las Naciones Unidas y considerado costumbre internacional. En el inevitable marco político en que ocurre lo anterior, surge la pregunta de hasta qué punto existe una violación al Derecho Internacional Público (DIP) y en qué términos.
De un lado, el gobierno de EE UU, con base en la Ley 1701 (Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia, expresión esta que denota un sentido de extraterritorialidad legal controvertible) ha declarado a Venezuela una amenaza para aquel país y, por tanto, ha reforzado cierto tipo de medidas especialmente dirigidas a dignatarios de Estado y sus bienes.
Una primera lectura desde ciertas normas del DIP nos diría que este tipo de normativa aparecería como contraria a la Carta de la ONU y, en particular, a su invocación a la solución pacífica de las controversias, antes que al uso de sanciones unilaterales. La violación al principio de no intervención aparece como algo más compleja, si tenemos en cuenta que doctrinalmente se considera que una intervención inaceptable es aquella dirigida por un Estado con el fin de variar determinado tipo de políticas, teniendo la idoneidad para ello. Con todo, parece claro que la idea de EE UU es afectar ciertas políticas, especialmente respecto de situaciones de derecho humanos.
Pero, en efecto, es en este último aspecto que la acción del gobierno estadounidense adquiere otro cariz. Dado que los derechos humanos se consideran un tema parcialmente de jus cogens y adicionalmente su alcance es del tipo erga omnes, es decir exigible a cualquier Estado, cualquiera de estos está habilitado, consuetudinariamente, para exigir y presionar a otros Estados a cumplir sus compromisos en la materia.
En otros términos, entre una de las excepciones al principio de no intervención está el monitoreo, seguimiento y presión unilateral para promover la defensa de los derechos humanos. Esto, con distintas presentaciones, se ha hecho respecto de Siria, Libia, Colombia, Venezuela y, en el pasado, Sur África. Lamentablemente el contexto en que el anterior marco institucional ocurre es el de la desigualdad entre los Estados, de forma tal que las presiones unilaterales tienden a provenir de Estados europeos occidentales y Norteamérica, lo cual, al final, facilita una repolitización del tema.
Finalmente, la respuesta venezolana a la acción estadounidense considerada como intervencionista termina siendo afectada por el mismo mal que dice denunciar. Exigir a través de millones de firmas que un decreto presidencial estadounidense sea derogado claramente tiene la intención de intervenir en lo que, al menos formalmente, son asuntos internos de este país, además de ser inane, aunque políticamente muy rentable.
Lo que procedería en estos casos es que, sea por la vía diplomática o por la búsqueda de un mecanismo de solución de controversias, se ventile la forma de afrontar las violaciones cruzadas al Derecho Internacional. Con todo, políticamente esto no aparece como conveniente a sectores dentro de los dos Estados en conflicto. Por tanto, estamos, al final, en presencia de una especie de juego político de acción y reacción que utiliza retórica y, estratégicamente, el Derecho Internacional como ámbito de legitimación o deslegitimación de ciertos comportamientos. Nuevamente el DIP es subordinado a cierta racionalidad política.
Causa cierta perplejidad que ninguno de los 200 o más Estados hoy existentes en el globo terráqueo haya cuestionado la autodenominación del llamado Estado Islámico. Dada la forma como este tema se ha ubicado en la opinión pública, parece que salvo por sus métodos, este último puede considerarse como un Estado más en el concierto internacional y, por ende, comparable a ellos. Por tanto, ¿es posible hoy hablar del Estado Islámico de Irak y el Levante (EEIL)?
Es claro que el nombre en cuestión es fundamentalmente una autoatribución de los insurgentes sunníes comandados por Abú Bakr al Baghdadi, que luchan armadamente por el control de territorios y población en zonas de Siria e Irak. A pesar de que su intención es reconstruir un califato, estructura política previa al Estado moderno, por razones claramente de estatus e interlocución, se vienen presentando como un Estado y así lo han terminado llamando la mayoría de los medios de comunicación.
Aunque parcialmente la conformación de un Estado pasa por las dinámicas políticas internas de control de territorio y obtención de obediencia por una población, parece claro que al menos a la luz del derecho internacional vigente, no es posible hablar del surgimiento de un Estado por al menos tres razones.
En primer lugar, los insurgentes sunníes están afectando de forma violenta la integridad territorial de dos Estados debidamente reconocidos por buena parte de los Estados existentes e incorporados a un cúmulo de organizaciones internacionales. Por esta vía, se está afectando la soberanía de aquellos, la cual incluye su estructura territorial, que está debidamente reconocida en el art 2,1 de la Carta de la ONU.
Adicionalmente, dada la superioridad jerárquica de las llamadas normas de jus cogens, no es posible aceptar el surgimiento de un Estado que se funde en su afectación sistemática. En concreto, como parte de las normas imperativas están la protección frente a violaciones graves en materia de derechos humanos, expresadas en crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio. Al menos por la forma como la insurgencia en mención ha publicitado las decapitaciones colectivas, el trato a las mujeres, el secuestro masivo de personas, etc., parece claro que su accionar no pretende siquiera regirse por este tipo de normas. Hoy por hoy, y como parte del derecho consuetudinario internacional, no es posible para un Estado reconocer a otro que se ha construido a partir de violaciones organizadas a los derechos de determinadas poblaciones.
Finalmente, a partir de la teoría constitutiva en torno al reconocimiento, un Estado lo es si sus pares debidamente lo confirman de manera tácita o expresa. En otros términos, podríamos hablar de un EEIL, si algún otro Estado lo hubiera ratificado a través de alguna declaración expresa en tal sentido, o solicita el establecimiento de relaciones diplomáticas u otras acciones que permitan deducir el reconocimiento. Según se entiende, esto no ha ocurrido hasta ahora.
En suma y aunque suene técnico, no es posible aceptar tan fácilmente que una organización armada que obtiene el control de personas y territorio a través de violaciones flagrantes al derecho internacional pueda llamarse Estado. Lo anterior a pesar de que en el pasado históricamente muchos de los Estados hoy emblemáticos surgieron de esta manera. Así, desde el derecho internacional debemos diferenciar un Estado de cualquier otra cosa, salvo que al final queramos aceptar que de una u otra forma todos los Estados existentes son finalmente organizaciones fundadas en la violencia y da lo mismo ser un EEIL que un EE UU.
O pensador e político chileno Manuel Jacques Parraguez afirmou, em um seminário recente na PUCPR, que um dos principais temas a serem discutidos na nova Constituição chilena será o da água. Explicava que a feroz ditadura de Pinochet havia aplicado integralmente o ideário neoliberal de privatizar a água, a tal ponto e tão profundamente que deixou de existir água pública, comum ou de todos. Cada gota d’água passou a ter seu dono que certamente não teria apenas uma gota mas toda a água de uma região, local ou rio. Como a água boa é a que não fica parada, o beneficiário recebeu a propriedade da água que estava ali, da que estava indo embora e da que viria. Pinochet não apenas privatizou a água, também deixaram de ser públicos o ensino, a saúde, a seguridade social e tudo o que pudesse dar algum tipo de lucro para um capital difuso e impessoal, ainda que fosse rua, caminho, remédio ou comida. Tudo segundo leis bem amarradas, culminando com um nó apertado dado pela Constituição de 1980. Com os nós atados no texto constitucional Pinochet não só privatizou a nação, mas estabeleceu regras em nome da liberdade para que o povo do Chile não pudesse dispor livremente de seu destino. Os nós foram apertados em princípios e regras que impedem interpretação diversa, em uma técnica de fazer leis que torna o sistema jurídico incapaz de desatá-los, mesmo hoje, quarenta anos depois. Exatamente o que o liberalismo, o velho, fez quando criou o direito de propriedade individual da terra, ainda antes do século XIX. Mas o povo chileno tentará.
Os donos da água, como qualquer dono de mercadoria, a tem em estoque e vendem quando e para quem melhor lhe convier, pelo preço que desejar. Mas estes donos não são seres humanos com corações, mentes e fígados, capazes de amar, sorrir e sonhar, são números em bolsa de valores, cujos humanos, muito distantes, pouco ou nada sabem das mazelas, maldades ou benefícios de venda, compra ou doação, só sabem ler gráficos de lucros. São capitais ou grupos de capitais na maior parte com nomes de fantasia que invariavelmente revelam apenas uma verdade sobre sua identidade: são sociedades anônimas. Os chamados investidores sabem apenas dos dividendos e lucros. Olham e analisam o balanço, e tem que gostar. Com isso, os camponeses das regiões secas do norte do Chile, sem acesso às águas, não conseguiram mais plantar sequer o alimento da família. Mas não só isso, viram suas terras valiosas, porque produziam, perderem completamente o valor. Então os donos das águas, que as ganharam da complacente Ditatura Pinochet, complacente ao conceder as riquezas do povo, feroz na repressão às reclamações que o mesmo povo fazia, compraram por preço nenhum as terras que, irrigadas, passaram a produzir e valer muito. Ganharam a água e ganharam a terra e ganharam os acionistas. Mas atenção, alertam os novos proprietários em coro com juristas bem pagos: tudo dentro da lei e legitimado pelo contrato livre, de partes iguais e consensuais. Será? Triste teorema de injustiça. Antes o camponês e os indígenas tinham a terra e usavam a água com parcimônia para sobrar aos outros. Por força do Direito e do Estado coloniais corriam o risco de perder a terra para a velha propriedade individual e as perdiam constantemente, mas a luta os movia e as recuperavam aqui ou ali, era uma luta permanente e duríssima, histórica, heroica, com avanços e retrocessos, as vezes chamando de terras ancestrais, as vezes de Reforma Agrária. O Chile já foi exemplo de reforma Agrária, mas isso foi no começo dos anos ‘70. Com a terra e um pouco de água generosamente fornecida para cordilheira e por poços profundos, as gentes viam nascer alimentos, remédios e enfeites. Enquanto há luta há esperança e vida, bastava recuperar um pedaço de terra, porque quem tinha terra, tinha água. Mas os juristas, num passe de mágica, com o poder do processo legislativo e a força das armas, criaram uma lei inovadora, separando em duas propriedades distintas e privadas, a terra e a água. Os que tinham a terra, mas não as queriam vender, dar ou trocar se viram de uma hora para outra sem água, sendo obrigados a pagar por seu uso a novos proprietários distantes e desconhecidos, anônimos, a Companhia. Pagar pela água significava uma sangria em sua renda, passaram a ter que vender parte da própria comida muitas vezes. Conseguir o suado dinheiro era só o começo do problema, os cobradores eram distantes e ávidos e deixaram de ter interesse em vender. No começo relutavam e vendiam cada vez mais caro, depois, deixaram de vender, simplesmente não vendiam, alegando que teriam outro uso, certamente cumprindo a regulamentação estabelecida. O proprietário sabia como não vender e cumprir a lei, afinal ele mesmo a havia concebido e por isso culpava o camponês pela própria sede, alegando a vistosa e enganosa aura de legitimidade que a lei lhe proporcionava. Mas nem eram os proprietários, anônimos, que alegava a culpa do camponês, eram os políticos, economistas, juristas,jornalistas assalariados de Companhias Anônimas irmãs. Passou a sangrar não a comida, mas a vida dos camponeses e indígenas. À luta pela terra se somou a luta pela água, à fome se somou a sede. Ainda há luta, mas agora duplicada, porque já não adianta a terra sem a água, nem a água sem a terra. Mas o povo chileno tentará!
A história, ainda que real, é absurda, mais absurda ainda é a dificuldade de revertê-la, os donos da água, das terras, dos negócios, das minas, da produção, das fábricas são sócios dos governos, dos parlamentares, dos juízes, dos juristas. Todos são sócios no anonimato das empresas e os que não são sócios são funcionários.
A história, ainda que real, é absurda, mais absurda ainda é a dificuldade de revertê-la, os donos da água, das terras, dos negócios, das minas, da produção, das fábricas são sócios dos governos, dos parlamentares, dos juízes, dos juristas. Todos são sócios no anonimato das empresas e os que não são sócios são funcionários. Só não são sócios das multidões que estão nas ruas reclamando de fome e sede. Além disso, basta reverter a propriedade privada da água? Melhora, mas continua a propriedade das sementes, das terras férteis, das escolas, dos hospitais, da previdência. É muita coisa para ser reformada e os donos da vida e seus sócios não estão dispostos a ceder. Afinal, como explicariam a perda desses direitos aos circunspectos acionistas da Bolsa de Nova Iorque? Os economistas farão contas e afirmarão que a perda no valor das ações será de milhões de milhões de dólares. Nenhum deles acrescentará que será perda contábil, escritural, fictícia e repetirão com o senho franzido e a voz grave: “não podemos deixar o Chile perder tanta riqueza e ficar mais pobre”. Completarão dizendo que para acabar com a fome e a sede é preciso ainda mais cifras, privatizações e garantias de dividendos na Bolsa. Não dirão que não havia nem fome nem sede antes, porque isto seria pensar no passado e esses homens e seus anônimos olham para o futuro. Curioso conceito de riqueza, mas vale a cifra contábil, que nada mais compra do que um pedaço de pão e um copo d’água na mesa.
No Brasil, em 1988, a Constituição conseguiu impedir que as águas fossem privadas. Mas não a terra, nem as sementes, nem o conhecimento. Então, o esforço dos amigos da Bolsa tem sido para flexibilizar esse domínio comum das águas. Sempre há uma palavra certa para dizer sem dizer, flexibilizar, no léxico da devastação significa anular os direitos, tão simplesmente. O berço das águas no Brasil, o Cerrado, assolado pela monocultura nos Grandes Sertões e Veredas, queimado até dentro da toca do tatu, começa a sentir sede e, para que a produção não pare e a Bolsa não caia, o caminho encontrado pelos anônimos tem sido destruir mais, afastando as gentes, os bichos e as plantas que vivem por que sim, sem se importar com a dança das Bolsas. Não por acaso o governo genocida admira a obra destruidora de Pinochet e tenta imitá-lo, na água, nas universidades, na previdência, na saúde, na repressão.
A água, necessária, tem que ser comum a todos. Mas, atenção, que fique claro: todos não significa homem branco, viril e proprietário, não é o “macho de pelo em pecho”. É o gênero humano de todos os gêneros.
O esforço do povo chileno em mudar os rumos do país ou para ter um país de volta é enorme neste momento, mas encontra barreiras de intransponível aparência. Algo mudará, mas o que mais intensamente será mudado é a possibilidade de mudar mais. Se a mudança antes era impossível, hoje é improvável, amanhã será só difícil. Dará tempo?
A água, necessária, tem que ser comum a todos. Mas, atenção, que fique claro: todos não significa homem branco, viril e proprietário, não é o “macho de pelo em pecho”. É o gênero humano de todos os gêneros. E não só, é bicho, planta, seres, todos os seres. Nem precisa dizer por quê, a vida dos seres é necessária à vida dos outros seres, inclusive dos humanos, então, todos os seres. Mas que fique claro também que a absurda privatização da água não é diferente da absurda privatização da terra, das sementes, dos alimentos, do conhecimento, da vacina, da vida.
Dizer hoje que a humanidade está enferma é afirmação acaciana. Mas a enfermidade não é só causada pela COVID-19. A doença da humanidade já deu mostras anteriores. Quem já esqueceu a crise humanitária escondida nos remédios contra AIDS? Alguns países levaram dez anos para ter acesso a eles, enquanto isso as pessoas iam morrendo silenciosamente sem conseguir quebrar patentes. É o conhecimento privatizado. Já há remédios para a COVID-19 mas ainda não acessíveis e há vacinas. Não é escandaloso que os EEUU tenham mais de três bilhões de doses e outros países nada? Qual é diferença entre esta situação e os donos das águas que condenaram à fome e sede camponeses que antes plantavam e comiam? Onde termina a ética começa o direito? É possível pensar em Direito com Ética, desde que se pense em direito com justiça e não com fórmulas proprietárias.
A Lei que a modernidade tornou pura, foi destituída de ética, amor, sentimentos, natureza, honra. Curiosa Lei que afasta e derroga as Leis da natureza. A ciência e o conhecimento que não são mais do que a observação consciente, direta e profunda da natureza e seus fenômenos, não podem servir à violação das leis da natureza, da harmonia, da vida, ao contrário, devem ser instrumentos da humanidade a favor da vida. Este é o princípio que alguns chamam de “Earth Jurisprudence” ou “Wild Law”. Se uma lei, como a propriedade das águas, impede a vida, não pode ser lei, é opressão, não pode ser respeitada, tem que ser combatida. A humanidade já ultrapassou a última encruzilhada, dividida e enganada, está próxima ao abismo. Toda ciência, saber, conhecimento acumulados nos laboratórios, nas florestas, nos rios e pradarias devem se juntar, ver o abismo e se negar a dar o passo final. Quem sabe ainda haja tempo de voltar à última encruzilhada e escolher outro caminho.
No final dos anos ‘70 a FUNAI, então dirigida por coronéis, propôs a criação de dois institutos jurídicos capazes de desestruturar não só os movimentos indígenas, mas os próprios povos. O sentido da proposta era culminar uma perseguição atroz, ilegal e genocida que compreendia prisões, deslocamentos, desterritorializações de povos inteiros como os Krenak, Pataxó hã hã hãe, Panará, Nambiquara, Guarani e o assassinato de mais de oito mil indígenas, conforme contabilidade da Comissão da Verdade. Era para concluir a ação de extermínio. Os dois institutos tinham nomes solenes e se articulavam entre si: a emancipação e os critérios de indianidade. Em 2021, a Funai, agora dirigida por um delegado de polícia em governo saudoso da ditadura, tenta retomar o trabalho inacabado dos ‘70.
A generosa palavra emancipação, no dicionário da necropolítica passava a significar o fim da tutela ou do apoio do Estado aos indígenas, a sua negação. É que na época esse apoio, proteção ou reconhecimento atendia pelo nome de tutela. Então, a ideia dos coronéis era emancipar, retirar a tutela, de toda aquele que vestisse calça e camisa. Mas, para completar essa emancipação deveriam ser estabelecidos critérios de indianidade, fenótipos lombrosianos, encontrados também nos adereços e vestimentas. Falar bom português ou usar relógio seria demonstração evidente da não indianidade.
É claro que não só os indígenas se rebelaram contra essa abominável tentativa. Foram publicados vários artigos e inúmeras manifestações públicas de intelectuais e indígenas consagrando que a única forma de reconhecimento identitário é o autorreconhecimento, a consciência de ser coletivo diferente do conjunto restante. Qualquer critério estabelecido pelo Estado é autoritário, limitador e cientificamente ultrapassado e equivocado. E, claro que a identidade individual se faz, também, por autorreconhecimento, mas associada ao reconhecimento do grupo a que se diz pertencer.
Portanto, não importa a aparência do indivíduo nem o estágio de contato que o grupo se encontre com a sociedade hegemônica e envolvente, os povos continuam sendo povos e as pessoas integrantes devem ser reconhecidas pelos seus povos. Estas ideias ficaram muito patentes nos textos dos antropólogos, juristas e outros cientistas que escreveram sobre o tema na época, e que continuam escrevendo hoje.
Para o Direito, o autorreconhecimento já estava consagrado em 1973 na Lei 6.001, chamada de Estatuto do Índio. Embora a velha lei de 1973 estivesse voltada ao indivíduo, como revela seu nome, não concebia existência de índio, indivíduo, sem existência de comunidade indígena, isto é, o que determina a existência e os direitos dos indivíduos indígenas é a comunidade a que pertencem. Este conceito, claro na Lei e na teoria antropológica, histórica, jurídica, sociológica, etc. foi reforçado mais tarde na Constituição de 1988, na Convenção 169 da OIT, 1989, e nas Declarações de Direitos Indígenas da ONU, 2007, e da OEA, 2016.
Quando se poderia achar que estavam superados os nefastos critérios de indianidade, a presidência da Funai emite uma resolução definindo “novos critérios específicos de heteroidentificação” (Resolução FUNAI Nº 4, de 22 de janeiro de 2021). Sempre há uma palavra pseudocientífica para dar uma aparência de seriedade: emancipação, indianidade, heteroidentificação. O maior problema não está exatamente nos critérios estabelecidos, que não são fenótipos pelo menos, mas na sua generalidade e na própria ideia, superada, de identificação pelo Estado. Se a Funai estabelece seus próprios critérios gerais para identificação poderá negar direitos a quem se autoidentificou.
Ao Estado não complete identificar administrativamente quem são os povos e que direito têm. Os povos e seus os direitos estão estabelecidos na Lei, na Constituição, na Convenção, nas Declarações Internacionais. Portanto, para saber a que povos e integrantes de povos correspondem direitos, há que buscá-los na lei, é lá que estão os critérios. E o critério é autoidentificação.
Por isso há indígenas, quilombolas e muitos outros povos e comunidades tradicionais, com direitos semelhantes, mas aplicados por órgãos estatais diferentes. Quando um povo se identifica como tal excluiu todos os outros de seu pertencimento e, portanto, está reconhecendo que os outros não são. Mas não pode o Estado arvorar-se administrativamente no poder de decidir abstratamente quem é e quem não é povo. Por duas razões óbvias. Primeiro, o povo existe, independentemente do reconhecimento de direitos do Estado, de qualquer Estado. Segundo, no Direito Moderno, o estabelecimento de direitos se dá por lei, especialmente se são coletivos. O Estado pode ou não reconhecer direitos coletivos, mas o fará por lei. No caso do Brasil está reconhecido. O resto é aplicação concreta da Lei. A Funai pode negar um pedido de alguém ou de algum grupo sob fundamento de que aquele grupo ou indivíduo não é indígena? Certamente que sim, mas no caso concreto e fundamentando a negação, não com base em uma resolução com critérios de indianidade genérico. Portanto, compete à Funai agir no caso concreto.
Assim como nos anos ‘70, a Funai está pensando no indivíduo, não no coletivo. Se alguém se apresenta como indígena, a forma mais fácil de saber se é verdade será perguntando ao povo a que diz pertencer, porque não existem índios, existem povos formados por indivíduos. Por isso o autorreconhecimento é do grupo, do coletivo, e o indivíduo se reconhece e é reconhecido como tal pelo seu povo, e não por outros. Não pode haver heteroidentificação de um indivíduo indígena que não seja autoidentificado e reconhecido por seu grupo, portanto, a Funai só pode heteroidentificar um indígena depois de perguntar para seu povo se o reconhece, isto é, com base na autoidentificação.
Se o Estado brasileiro não deseja reconhecer um povo ou parte de um povo como povo, comunidade ou grupo, tem que dizê-lo concretamente porque aquele grupo não é reconhecido e seus indivíduos não podem receber as políticas públicas destinadas aos indígenas e aplicadas pela Funai. Mas tem que haver o caso concreto e não uma norma abstrata. Porque terá que fundamentar as razões legais para negar, as razões existentes na Lei e que implicam no não enquadramento concreto daquele grupo que se diz indígena, não na simples afirmação de que não se enquadram na Resolução nº 4.
Por que será tão difícil perguntar ao povo? É difícil ouvir, é muito mais fácil impor! Mas, o mais curioso é que a Convenção 169 da OIT estabelece a necessidade de ouvir, consultar, ter o consentimento dos povos, indígenas ou não, para os atos administrativos e legislativos que os afete. A Resolução se autoproclama destinada a “aprimorar a proteção dos povos e indivíduos indígenas, (e) para execução de políticas públicas”. Realmente a Funai precisa aprimorar, e muito, mas isso não será feito sem ouvir os povos, mesmo porque é uma obrigação legal. A própria resolução deveria ter passado por uma consulta prévia, livre, informada e de boa fé, como exige a Convenção.
A Funai de 2021 deve estar preocupada com não índios que querem se passar por índios para receber políticas públicas de educação, saúde, atendimentos gerais e vacinação contra o COVID-19, cuja política, aliás, vem sendo desastrosa. Mas a forma de evitar fraudes é fazer exercer o controle social, perguntar à comunidade, ao povo. É próprio dos autoritários imaginar que os problemas se resolvem por ato de força. A resolução é um ato de força. O Estado não pode flexibilizar a autoidentificação porque isto seria a abertura para a negação de identidades, que, exasperada, chega nos critérios fenótipos de indianidade, ao extermínio.
A Funai deveria cumprir as leis referentes aos povos indígenas. Se o fizesse não baixaria esta resolução sem uma consulta prévia aos povos. Aliás, em 2006 foi criado uma Comissão Nacional de Política Indigenista, em 2015 transformada em Conselho Nacional de Política Indigenista, juridicamente em vigor, que não se reúne desde agosto de 2016. É momento do Presidente da Funai convocar o Conselho e ouvir os povos e conhecê-los de perto. Então, quem sabe? aprenderá que povos podem se identificar e identificar aos outros. E aprenderá que o Estado quando estabelece critérios de indianidade o faz para excluir, nunca para aprimorar, nem para aplicar políticas públicas com nomes pseudocientíficos como heteroidentificação.
Para encerrar, o Estado, a Funai, os órgãos aplicadores de políticas públicas devem ouvir os povos e as pessoas identificadas pelos povos, exatamente para afastar falsos representantes, renegados, traidores ou oportunistas. Mas conversar com os destinatários das politicas públicas só faz quem realmente está preocupado com o aprimoramento e com bem-estar dos povos. Critérios de indianidade, quais que sejam, se parecem com fórmulas de extermínio.
“Em nós, até a cor é um defeito, um vício imperdoável de origem, o estigma de um crime“. Esta frase não foi pronunciada no Carrefour de Porto Alegre pelo pai de Beto Freitas, entre lágrimas, nem foi traduzida dos protestos de Minneapolis em maio de 2020. Foi escrita há 140 anos, em 1º de dezembro de 1880, por Luiz Gama (Ferreira, Ligia Fonseca. Lições da Resistência. São Paulo: Sesc, 2020, p. 256). Porém, a expressão ‘defeito de cor’ tem origem cem anos antes e expressava a proibição, racista, de afrodescendentes ingressarem nos quadros da Igreja como eclesiásticos, como nos ensina a Profa. Ligia em seus comentários ao escrito de Luiz Gama.
A invenção do ‘defeito de cor’ é, portanto, recente, localizada. E muito oportuna. Afinal, o que são duzentos e cinquenta anos na história da humanidade? Mas é também localizada e só nasceu para justificar a infâmia da escravização de gentes para produzir riqueza para outras gentes. Por isso foi, e ainda é, muito oportuna, como dizia Luiz Gama no mesmo texto, “esta cor é a origem da riqueza dos salteadores que nos insultam“. Portanto, não surpreende que os salteadores do trabalho humano inventassem o termo e o usassem com a convicção dos ignorantes e o cinismo dos aproveitadores. A expressão e o racismo que revela foram inventados exatamente para justificar a injustificável superexploração de gentes e terras que sempre marcou o colonialismo. O racismo é filho do colonialismo moderno, da modernidade, então. As irmãs gêmeas do racismo, que lhe dão suporte e organicidade, atendem pelo nome de destruição da natureza e misoginia. A modernidade inventou o racismo e atacou todos os coletivos humanos, apartou a natureza do convívio social e empurrou as mulheres para um papel subalterno na sociedade. Sobre os três estabeleceu o império da violência. Por isso, apesar do sistema não precisar mais da escravidão, precisa do racismo intimamente ligado à destruição da natureza e da misoginia. Mas é possível mudar, e muda porque a discriminação gera resistência. Por ser oportuno e vantajoso, os racistas não mudaram, nem mudarão por vontade própria, mas pela resistência da sociedade. A resistência é tão antiga quanto o fenômeno, mas agora está gerando efeito.
O que surpreende é que no século XXI, ainda, a cor continue sendo defeito, vício e estigma e suas irmãs gêmeas mantidas. Mas a manutenção será cinismo ou ignorância? Ignorância? Mas o que os racistas ignoram? Ignoram que gente é gente? É verdade que os ignorantes são ignorantes, olham e não veem, não conseguem ver a curvatura da terra, nem as mudanças de clima, nem a fome alheia, nem a humanidade das mulheres. Mas será que ignoram mesmo ou só fingem? Será que não conseguem ver mesmo ou entrecerram os olhos e, entre si, riem por negar a verdade? Mas, se fingem, porque fingem? O que ganha o vice-presidente General Mourão fingindo que ignora que o morto seja preto ou que morreu por sê-lo? Bem, ele também ignora a irmã gêmea do racismo e não admite que a Amazônia está sendo destruída. É muito difícil acreditar que seja ignorância. Deve haver intenção ao ignorar, é oportuno.
Mas, qual é a intenção? Em relação à raça é segregar, de tanto escutar que é um defeito, um vício e um estigma, a ação mais fácil é segregar, por se não fizer, tem que se justificar aos pares e fazer a crítica. O Carrefour aceitou (ou determinou?) que seus agentes de segurança dessem um recado, já havia dado antes: ‘melhor os pretos não entrarem para compras!’. Aliás, esse é o mesmo recado que pretenderam dar os supremacistas de Joinville à vereadora eleita Ana Lúcia Martins. Ameaçá-la de morte é intimidar suas ações e avisar aos demais que não tentem tomar lugares de poder! Uns ameaçam, outros matam. Marielle foi morta, Beto Freitas foi morto.
O racismo, o desprezo pela natureza, a misoginia já não conseguem mais se esconder. O discurso mudou, não podendo mais defender que pretos, índios, mulheres e natureza sejam seres inferiores, negam que alguém pense que são. Essa não é uma negação de ignorância, mas conhecimento do fenômeno e a vontade de abrandá-lo. E essa mudança de discurso se dá porque a sociedade reagiu e vem reagindo. Quando o General Mourão, comentando o assassinato de Beto Freitas, disse ‘não existe racismo’, todos notaram que está apenas revelando o seu racismo. Foi rasgado o véu. Ignorância, cinismo, soberba.
A ferida da sociedade brasileira escravagista, machista, destruidora da natureza está sendo purgada. Dói! dói muito! Ainda expelirá pus como as palavras do General e as ameaças contra a vereadora. Ainda haverá mortes, queimadas, violências. Pus. Medo!
Mas não há outra maneira senão gritar a dor, revelar o mal. O remédio é amargo, arde, parece causar mais dor que a dor que estava escondida, envergonhada, porque aquela não era sentida por todos, só pela vítima, por quem a sofria. Ir purgando as feridas fez aumentar a dor da sociedade, mas também aumenta a esperança de cura. O Carrefour não pode mais terceirizar seus crimes, como fizera antes, e resolveu criar uma comissão para lhe ensinar como agir, encontrou uma forma arrogante de dizer que não sabia como tratar pretos em seus estabelecimentos, revelando a amplitude do racismo de seu negócio. Alegou ignorância. Aprenderá? Quem sabe?
A sociedade brasileira tem ainda um longo caminho a percorrer, nem ensaiou os primeiros passos em direção à justiça, o corpo ainda está coberto de feridas, purgando, latejando, cheirando mal. E até por isso mesmo fica difícil esconder. Mas está purgando, já se pode escutar a voz da resistência e a denúncia dos crimes que, se ainda impunes, envergonha o criminoso que precisa se esconder, negar e até alegar fingida ignorância.
É incomparável a dor da violência diretamente sofrida e da socialmente assumida, mas é fundamental que e a sociedade assuma a cada pessoa agredida, a cada natureza destruída haja uma multidão indignada, solidária e disposta a resistir.
Resistência é a palavra, indignação é o sentimento!
Está acontecendo de juízes, advogados e promotores serem flagrados em situação pouco ortodoxa em suas vestimentas, mas é tempo de pandemia em que audiências se fazem de casa. É um desembargador que aparece sem camisa, advogado sustentando da rede ou dirigindo, promotor dormindo ou soltando flatulências, e até um ministro do STJ que apareceu sem calças, solene e soberbo expondo suas pernas nuas e brancas. O que faz um profissional, ainda que de casa, participar com tanto relaxo de uma reunião formal, aberta, em geral com a possibilidade de ser muito mais observado do que nas realizadas no Fórum? Provavelmente para eles só a aparência interessa. Deve ser isso. Mas na verdade quando se está em vídeo os detalhes são mais perceptíveis, ao vivo é mais fácil dar uma cochilada, soltar um pum, estar com a calça rasgada, cutucar o nariz, sem ser notado. No filme tem que se comportar, mesmo porque pereniza. Há quem ainda não se deu conta disso.
Mas a história que segue não é de agora, já lá se vão quarenta anos, a ditadura ainda estava tendo sua casca quebrada e alguns avanços eram conquistados, como a anistia e a volta dos exilados. Naquele tempo tudo era ao vivo, de comunicação rápida havia só telégrafo e telex.
Pois bem, foi nesse tempo que um retornado das peripécias do exílio iniciou sua carreira como advogado público e foi incumbido de defender uma terra estadual que estava sendo grilada no litoral do Paraná, em Antonina. A questão era simples, mas de grande dificuldade. É que a maior parte das terras do Município eram griladas com documentos falsos, imprecisos, rudimentares, mas com a anuência ou inoperância do Estado iam ganhando legitimidade, com uma decisão administrativa ali, uma sentença acolá, uma escritura não sei onde. A causa estava na fase do recurso contra a sentença acolá que tinha reconhecido o direito de propriedade de uma grande extensão da Serra do Mar. Estava tudo preparado para o grilo ser perpetrado. Bastava o desembargador confirmar a sentença do juiz. Simples! A advocacia pública, porém, estava empenhada. Junto com engenheiros e agrimensores já tinham demonstrado a inconsistência dos documentos e argumentos dos grileiros, mas a esperança era pouca, bastava ver a terra, argumentava a petição do Estado, mas, afinal, quem se disporia a ir lá ver no meio do mato que os documentos e alegações não poderiam ser verdadeiros? O desembargador se dispôs.
Tinha fama de sério, juiz de carreira lenta e bom cristão. Leu as alegações do Estado e, como não havia drones, nem helicópteros à disposição, resolveu fazer a inspeção judicial requerida, in loco. Decidido a fazer visita à gleba, marcou audiência para o Fórum de Antonina, uma quarta feira às nove horas da manhã. Apesar das alegações, recursos, choros e quem sabe mais que providências pouco recomendáveis dos grileiros, a visita foi mantida. Na manhã daquela quarta feira, muito cedo, quatro funcionários públicos embarcaram num desconfortável Toyota 4×4, um engenheiro, funcionário antigo que conhecia bem a região e talvez fosse o único a saber onde era a gleba a ser vistoriada, um jovem agrimensor, acostumado a essas andanças no mato, o advogado público chegante e um motorista bom, escolhido por sua experiência off road.
Um pouco antes das nove horas os quatro homens e sua viatura estacionaram na porta do Fórum. Como se podia esperar, o desembargador sentou-se na cabeceira da mesa pontualmente, em posição mais elevada, com um quase imperceptível aceno de cabeça e um mudo mover de lábios deu todos por cumprimentados, o juiz da Comarca em pé ao seu lado, o escrivão para as notas, o advogado dos grileiros, sisudo, cara fechada, provavelmente incomodado com aquele percalço, não estava acostumado com juízes assim, o procurador de justiça que chegou um pouco atrasado desculpando-se porque o motorista era inexperiente, o pessoal do Estado.
Antonina é uma cidade abafada em qualquer estação do ano, mas aquele era um dia ensolarado de verão, não tinha brisa. O ventilador fazia um ruído mais desagradável que o vento quente que soprava. Na sala só tinha homens, todos de terno e gravata, até o engenheiro, o agrimensor era a única exceção. Da janela se podia ver o motorista refastelado na sombra de um grande flamboyant florido, mais adiante a baía refletindo o sol. Muito solenemente o desembargador deu por aberta a inspeção judicial, todos esperaram que um mapa de um dos volumes de processo que o escrivão carregava fosse aberto, mas não. Para surpresa geral suspendeu a audiência e anunciou que a reiniciaria na gleba em causa, para onde todos estavam intimados a seguir. Dispensou o juiz da Comarca, pediu licença por 5 minutos enquanto trocava de roupa e sumiu por uma porta da sala de audiências.
Ninguém sabia o que fazer. “E agora?” perguntaram. “E agora vamos para a gleba”, respondeu o advogado público, animado com a decisão. “De terno?” perguntou o advogado do grileiro com os olhos tão arregalados que parecia sair da órbita. Completou a pergunta de forma inusitada, mas reveladora: “alguém sabe onde fica isso?” Não houve tempo para as respostas porque o desembargador entrou na sala com uma impecável calça jeans azul e uma camisa xadrez de mangas compridas que não combinaria com nenhuma gravata. De boné. Quem teria escolhido aquela fantasia para inspeções judiciais?
O barulhento Toyota do Estado tomou a dianteira, não poderia ter sido diferente, era o único que sabia o caminho. Em seguida o luxuoso carro preto do Tribunal, com o motorista e o escrivão de paletó e gravata, o desembargador tinha esquecido de avisá-los para levar uma muda de roupa. Mais dois carros de luxo compunham a estranha caravana, o carro dos grileiros e o do Ministério Público.
Os pouco mais de trinta quilômetros de planície correram tranquilos, mas lentos, os carros de luxo, bem vedados e com ar condicionado não sofriam muito com a poeira levantada, mas não estavam feitos para aquela estrada. Quando começou a subida da serra os carros diminuíram ainda mais a marcha desviando de pedras e buracos. O sol já estava alto e a exuberância da floresta atlântica se apresentava em todo seu verde esplendor. Mais outros trinta quilômetros e a estrada que já vinha piorando praticamente terminou. Uma precária ponte atravessava um pequeno rio de águas cristalinas que formava duas pequenas cachoeiras e um remanso entre elas. À esquerda montanhas, à direita abismo. A vegetação beijava a água e, atravessada a ponte, a estrada se tornava uma picada. A caravana parou e todos desceram para confabular. O experiente motorista do Estado garantiu que o Toyota atravessaria a ponte e andaria pela trilha sem problemas, “é 4×4”, disse orgulhoso. Era o único veículo que poderia continuar, nele iriam quatro passageiros aterrorizados, suados e apertados e um motorista feliz.
Ficou decidido, iriam o desembargador, o advogado dos grileiros, o representante do MP e, por parte do Estado, o engenheiro que, afinal, era o único que conhecia o lugar. O desembargador garantiu que não encerraria a inspeção sem a palavra do advogado público, pediu que todos esperassem. Pedido inútil, porque não havia alternativa. O advogado dos grileiros apertou um pouco mais o nó da gravata, a expressão de seu rosto era de derrota e cansaço, se pudesse desistir da causa teria desistido ali mesmo. O desembargador, seguramente arrependido da aventura, perguntou em quanto tempo chegariam à gleba, “pelas condições do caminho, meia hora, quarenta e cinco minutos” foi a resposta que ouviu do engenheiro que, na realidade, tampouco sabia muito bem onde era a gleba.
Dirigindo-se ao advogado público e ao escrivão, o desembargador alertou que em uma hora, hora e meia, mais ou menos, retomariam a audiência de inspeção naquele lugar. O gr upo esperaria, claro que esperaria. Ninguém tinha trazido sequer um lanche, uma banana que fosse. Água tinha abundante, pura, fresca, cristalina. O advogado tinha um livro, mas não se animou a ler, foi o primeiro a tirar a roupa e testar a profundidade do remanso. A água, fria, descia diretamente da serra, borbulhante, era agradável e contrastava com o calor do sol. Um a um, como crianças, foram perdendo o medo e mergulhando, saltando, rindo, espantando o calor, o sufoco da gravata, o inusitado de uma quarta-feira de audiências judiciais. Era o paraíso. Flores, pássaros, água límpida, seixos rolados, vegetação, cheiro de floresta, de vida. Rindo alto e fazendo piadas os homens foram esquecendo o calor, a tarefa, a gleba. Ali estavam, na face leste da Serra do Mar, sob o sol e a floresta. E o mar, a distância, podia ser visto por entre árvores.
O representante do MP, sempre de gravata, olhava de lado como para conferir se realmente o advogado estava de cueca.
Todos tão absortos na água que não notaram que o Toyota voltou em menos tempo do que o aprazado. Ainda não tinham saído totalmente da água quando o desembargador, solene, reiniciou a audiência de inspeção, não olhava para o advogado público que, às pressas, subira para o seu lado, em cuecas, inteiramente molhado. Cada movimento que o advogado fazia respingava água no grande mapa, folhas 725 do grosso processo, aberto sobre o capô do carro oficial. O engenheiro várias vezes teve que se esconder para rir. O representante do MP, sempre de gravata, olhava de lado como para conferir se realmente o advogado estava de cueca. O advogado dos grileiros estava com uma cara mais alegre, pensava que afinal deveria ter algum artigo no regulamento que proibisse a participação de um advogado de cueca em audiência tão importante, era a chance de anular tudo isso e, quem sabe, ter uma sorte melhor com um novo desembargador. Alegaria a nudez do advogado público.
O desembargador foi rápido. Em cinco minutos, antes que o mapa se descompusesse pelos grossos pingos d’água, decidiu que a inspeção estava realizada e que cada parte ficava intimada a apresentar suas razões em quinze dias. Os motoristas dos três carros de luxo foram rápidos e, mesmo molhados, se enfiaram dentro das calças, camisas e paletós e deixaram o local com seus importantes passageiros. O Toyota do Estado demorou a sair não porque os funcionários quisessem esperar estar bem secos para se vestir, mas porque resolveram dar mais um mergulho. O engenheiro os acompanhou.
O estado ganhou a causa, a terra era pública. Tratava-se de uma evidente tentativa de grilo. O que prova que não é a vestimenta que faz o direito, mas o conteúdo e a retidão. Não importa que o Ministro julgue sem calças, desde que julgue bem!
Carlos Frederico MarésPara gosto ou desgosto de Macunaíma mataram as saúvas, não o excesso, todas, com elas as plantas, os outros bichos, os rios. Mataram com fogo e mentem dizendo que era para melhorar a saúde. E a saúde piorou, mas a mentira cresceu. Macunaíma deve estar confuso. Já faz muito tempo que a saúva foi substituída por biocidas tóxicos que matam formigas, tatus, lobos, gentes e até plantas. E agora o fogo. Muito fogo. O pantanal em chamas não é um oximoro poético, é realidade dolorida. A gente pantaneira está assustada, com a plantação queimada, com a casa ameaçada, a fome rondando. Já é mais que susto, é medo!
Com fogo de um lado e o vírus de outro, a fome espreita sorrateira. E a mentira aparece, cresce, clara, límpida, banal. Como nunca se mentiu antes. Será? A mentira foi constante desde que os europeus chegaram nas Américas e foram tomando conta de tudo. Desde que se auto intitularam modernos. Mas é que antes parecia verdade, se mentia fingindo que era verdade. E a mentira era descoberta depois, quando já era tarde. Hernán Cortés mentiu para Montezuma e Francisco Pizarro para Ataualpa, mas eles só descobriram a mentira depois, quando já não podiam mais reagir. Aimberê também, só descobriu que Anchieta não estava falando a verdade em Iperoig tempos depois, quando os tamoios foram atacados, destruídos e mortos, justo quando achavam que poderiam viver em paz com as novas tribos que chegavam de além mar.
As mentiras continuaram, D. Pedro apostou a própria vida, e a dos outros, pela independência, mas depois se viu que não era bem assim, não perderia a vida, nem a fortuna, nem o título, nada estava em disputa, nem a independência. A Constituição de 1824 declarou solenemente a liberdade como direito de todos, e demorou pouco para se descobrir que todos não queria dizer todos nem todas e se mantinham gentes escravizadas e mulheres sem direitos. É bem verdade que tinha que olhar de perto, analisar, pesquisar, pensar, para pegar na mentira. Dá a impressão, hoje, que D. Pedro só declarou a independência para poder continuar escravizando gente, mas na época talvez parece verdade. A mentira tinha, de fato, ares de verdade, de solenidade e quem olhava rápido jurava que era pura e cristalina, embora não fosse.
O século XX é recheado de mentiras. A Lei foi usada para mentir. E quem iria duvidar da lei? Disse, com ar solene e declaração formal, que se faria a reforma agrária e não se fez, que as florestas seriam protegidas, e não se protegeu. Mas se olharmos bem, eram mentiras em que se podia acreditar e até imaginar que faltava pouco para ser verdade, bastava o gesto jamais praticado.
As mentiras de agora, não! O Pantanal pega fogo e se diz que não há fogo, mas todos vêm o fogo e a fumaça. Morrem 130 mil e dizem que só morreram os que já iam morrer, o que é uma piada, mas é também uma mentira. As declarações continuam solenes e mentirosas: “Vamos salvar os territórios indígenas instituindo turismo étnico”. É mentira. Como dizia Canclini, a cultura indígena vai sobreviver no cemitério, o resto vira folclore para branco ver. Quem mente sabe que é mentira, mas diferente das antigas, quem ouve também sabe.
Mas, por quê? Por que se mente e por que se finge acreditar na mentira? No fundo, no fundo, não há diferença na mentira de agora com a velha mentira colonial e capitalista. Não é possível que gente inteligente, ilustrada, lida, pudesse acreditar, então, que os belos reinos de África e os suntuosos impérios da América tivessem sido construídos por gente inferior. A inferioridade era militar. Era oportuno demais acreditar nisso. E, pior, vantajoso demais afirmar isso. Destruir povos como se destrói formigueiros não é uma mentira aceitável de olhos abertos. E isso foi feito na África e nas Américas. Escravizar gente para enriquecer-se com seu trabalho não é razoável nem para o mais contumaz adorador de mentiras. Foi um esforço muito grande da teoria para justificar tamanha mentira. Mas agora a teoria não dá mais conta, a verdade escrachante teima em se revelar inteira e é ciência. Enquanto se matava saúvas era possível haver quem acreditasse que o pestilento tóxico fosse só formicida. Mas não é possível acreditar que o fogo e a moto serra sejam para matar saúva, matam tudo. E é visível a olho nu.
E agir segundo uma verdade, no modo de mentira do mundo capitalista, não só não torna ninguém rico, como é perigoso.
Há duas explicações para a mentira deslavada. A realidade destrutiva do capitalismo é tão grande e onipresente que já não há justificavas plausíveis, não há peneiras para esconder o sol. No século XX argumentavam que a riqueza tinha que crescer para ser distribuída. Era uma mentira, porque acumulavam ouro e anunciavam que seria distribuído arroz e feijão, como não havia arroz nem feijão, não adiantava distribuir ouro. Mas enquanto isso, alimentavam a esperança de um dia haver o que distribuir. Nunca houve senão produção de ouro e a esperança se esgarçou. Então, sem esperança, até alguns capitalistas se desencantaram com o capitalismo e não conseguem convencer os colegas ricos de que é preciso mudar para continuar a acumular. Mas quem lucra com a destruição e com o fogo não se deixa convencer e apela para a mentira. E os mentirosos têm sucesso negando o fogo e o vírus.
A segunda explicação, não menos verdadeira, é a de que é mais fácil aceitar uma mentira do que entender a verdade. A verdade é multifacética e faz pensar. E, se faz pensar, aponta um agir. E agir segundo uma verdade, no modo de mentira do mundo capitalista, não só não torna ninguém rico, como é perigoso. Sempre tem alguém com o dedo no gatilho para fazer valer a mentira, uma autoridade para confirmá-la e um sistema para executá-la, por isso os que querem juntar ouro e os oportunistas de todos os tempos, acreditam. Nisto, pensando bem, não há nenhuma diferença na mentira de hoje, límpida, deslavada, visível a olho nu e aquela de outros momento em que homens, sempre homens, com séria aparência deixavam que se escrevessem algumas verdades em constituições, sabendo, do fundo de seus ternos escuros e seus copos de whisky, que jamais as cumpririam, não poderiam admitir que os outros e as mulheres resolvessem acreditar nas promessas e ensaiassem seu cumprimento. Tinham que evitar este disparate, mesmo que para isso tivessem que usar um celerado mentiroso. Para os mentirosos elegantes e fingidos nada é mais oportuno do que um mentiroso deslavado de quem se possa rir nas salas elegantes enquanto as ações sobem na bolsa.
Enquanto isso o pantanal incendeia, a amazônia arde, o cerrado é destruído, os povos vão morrendo. É urgente que Macunaíma chame os ancestrais e os espíritos da floresta, que os seres femininos, aqueles que fazem brotar as sementes, deem o exemplo, que todos os humanos, mulheres, crianças e homens percam o medo e digam, com a simplicidade da verdade: o rei e o capitalismo estão nus.
