Organizaciones, Redes y Plataformas de Mujeres y Derechos Humanos, entre ellas ILSA, vienen haciendo un trabajo de incidencia en el Congreso de la República para que se incluyen proposiciones con enfoque de género y derechos de las mujeres en el Plan de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida” 2022 – 2026.
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Las Organizaciones Campesinas y Sociales abajo firmantes, manifestamos nuestro apoyo irrestricto a la reforma estructural y participativa al Sistema Integral de Salud que adelanta el Gobierno del Presidente Gustavo Petro Urrego, liderada por la Ministra de Salud, Doctora Carolina Corcho.
Las poblaciones campesinas y rurales, especialmente de las zonas dispersas de la geografía nacional, somos quienes más nos hemos visto afectadas por problemas de acceso, disponibilidad, calidad y adecuación socio-cultural de los servicios de salud, en estas tres décadas de vigencia del modelo de salud instaurado por la Ley 100 de 1994. Este modelo ha hecho primar el carácter privatizador de la salud, convirtiéndola en una mercancía y debilitando su naturaleza como derecho fundamental y obligación política y jurídica a cargo del Estado.
Las organizaciones campesinas hemos denunciado a lo largo de este tiempo de vigencia del modelo de la Ley 100 de 1994, la crisis de financiación de la red pública hospitalaria en todas las regiones, y el deficiente funcionamiento de los centros y puestos de salud de la mayoría de los municipios del país, a causa de la falta de irrigación de recursos públicos y de la falta de pagos oportunos por parte de las Empresas Prestadoras de Salud, que no obstante se quedan con el 30% de los recursos estatales destinados al sistema de salud, en el proceso de intermediación financiera que hacen.
Manifestación clara de esta profunda crisis de la red pública de salud, es la intervención y reestructuración de alrededor de 15 hospitales en varias regiones del país[1], y la intervención administrativa para liquidación de 11 EPS[2] por problemas de solvencia financiera, corrupción y de pésimo funcionamiento, mientras que las poblaciones pobres y rurales siguen padeciendo los obstáculos de acceso a la asistencia en salud adecuada, oportuna y de calidad, sometidas además a los llamados itinerarios de la muerte de los pacientes.
El Informe de la Misión Rural (DNP: 2014), ya indicó las grandes brechas de satisfacción frente al derecho a la salud que afectan a las poblaciones de la ruralidad. Señaló que mientras que el 12.4% de los hogares de los municipios clasificados como “rural disperso” no tiene acceso a servicios de salud, menos del 5% de los hogares en las ciudades y aglomeraciones urbanas presentan esta privación[3] (DNP, 2014, p. 16). El informe evidenció que los departamentos con mayor nivel de población rural, cuentan con una heterogeneidad de sedes de servicios de salud, que no corresponden con la proporción de población en dichas zonas; así por ejemplo, mientras la proporción de población rural del país en 2014 era del 23%, los puntos de atención o sedes de prestadores de servicios de salud en estas zonas alcanzaron únicamente el 10% del total de la población rural (DNP, 2014, p. 23).
En el Plan Nacional de Salud Rural (2018), el Ministerio de Salud y Protección de Salud también visibilizó algunas brechas. En materia de salud sexual y reproductiva, las diferencias entre el campo y la ciudad son palpables, por ejemplo, el porcentaje de mujeres entre los 13 y 49 años con pareja que está usando algún método anticonceptivo moderno es menor en la zona rural que la urbana (73,6% vs 76,7%), y el porcentaje de mujeres que se han realizado citología alguna vez en la vida, indica que el 67,1% y 63,9% de las mujeres de la zona urbana y de la zona rural respectivamente se la realizan cada año.
Gran parte de las barreras de acceso a la salud que enfrentan los habitantes de la ruralidad están fuertemente asociadas al déficit de talento humano en salud en estas zonas. Para 2016 se observó una mayor densidad de profesionales de la salud en las zonas urbanas (102 por cada 10 mil habitantes), respecto a las zonas rurales (40,8 en área rural y 28,1 en área rural dispersa). En el caso de los médicos, por ejemplo, mientras la densidad estimada en la ciudad es de 31,9 por cada 10.000 habitantes, en el área rural y rural dispersa la densidad se estima en 13,2 y 8,8, respectivamente (Ibid., pg. 16).
Estas brechas y discriminaciones contra las poblaciones campesinas en relación con la salud se mantienen y son abiertamente inconstitucionales, por lo cual la reforma estructural al sistema de salud es un imperativo para el Estado colombiano, y una tarea inaplazable para el Gobierno del Presidente Petro, que respaldaremos en las calles y en el debate público.
Suscribimos las propuestas incluidas en el mandato ciudadano en salud, que el Movimiento Nacional por el Derecho a la Salud y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo han construido desde hace varios años. Especialmente pedimos que la discusión de la reforma al sistema de salud, se acompañe de una amplia movilización y participación ciudadana. Pedimos que la reforma tenga en cuenta la exigencia de eliminar toda forma de intermediación financiera de agentes privados que atenta contra la salud y la vida, y que fragmenta el sistema de salud al darle prioridad al aseguramiento individual y al negocio privado con la enfermedad, debilitando el sistema de salud pública y un sistema basado en la prevención.
Finalmente, rechazamos la propaganda mediática contra la reforma desatada por las empresas y agremiaciones que negocian con la salud, por desinformar a la opinión pública e impedir un debate democrático auténtico.
Firmamos,
ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS (ANUC)
ASOCIACION DE USUARIOS CAMPESINOS DE CUNDINAMARCA (ANUC CUNDINAMARCA)
INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA UNA SOCIEDAD Y DERECHO ALTERNATIVOS (ILSA)
ILSA
[1] La Superintendente de Salud, reveló que luego del período de la Pandemia fueron intervenidos los siguientes hospitales: el San José de Maicao, en La Guajira; el San Rafael, en Leticia, Amazonas; el Emiro Quintero Cañizares, en Ocaña, Norte de Santander; el San Andrés, en Tumaco, Nariño; el Julio Méndez Barreneche y Alejandro Próspero Reverend, en Magdalena; el Universitario del Caribe, Hospital Local de Cartagena y Río Grande de la Magdalena, en Bolívar; el Hospital Universitario de Sincelejo y el Hospital San Marcos, en Sucre; el San Jerónimo de Montería y el San Diego de Cereté, en Córdoba; el Regional San Andrés de Chiriguaná, en Cesar y el Hospital San Francisco de Asis, en Chocó (La República, agosto 21 de 2021).
[2] En los últimos seis años, han sido liquidadas 13 EPS. A septiembre de 2022, 11 EPS fueron intervenidas forzosamente para liquidación administrativa: Saludcoop EPS con 4,6 millones de afiliados; Saludvida con 1,1 millones; Emdisalud (445.868); Confacundi (172.618); Confamiliar Cartagena (135.295); Ambuq (768.420); Comparta (1,5 millones); Coomeva EPS (1,1 millones); Medimás EPS (1,5 millones); Confamiliar Huila (539.759); y Convida EPS con 477.063 afiliados. Cuatro EPS se encontraban con liquidaciones terminadas (Manexca, Cafesalud, Comfacor y Cruz Blanca), y una con liquidación voluntaria (Confamiliar Nariño). (La República, 7 de octubre de 2022)
[3] Departamento Nacional de Planeación. (2014). Diagnóstico de las condiciones sociales del campo colombiano. Bogotá: Dirección de Desarrollo Rural Sostenible-DDRS Dirección de Desarrollo Social-DDS Equipo de la Misión para la Transformación del Campo.
En el periodo más reciente se ha identificado la necesidad de articular a las organizaciones y personas que trabajan poniendo el derecho al servicio de las comunidades, en el acceso a la justicia de los pobres y en la apropiación comunitaria de lo legal, en escenarios y propuestas de encuentro que permitan el intercambio y el aprendizaje colectivo acerca de las prácticas de las organizaciones de servicios legales, y de quienes ejercen la abogacía popular. En este orden han surgido iniciativas como la Red Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico, creada en junio del año 2017 por un grupo inicial de 24 organizaciones provenientes de 13 países de la región, con la finalidad de compartir experiencias y articular acciones para contribuir a hacer realidad el acceso a la justicia en la región para todas y todos, propuesta de la cual ILSA hace parte.
Desde el Instituto consideramos fundamental el lograr generar un espacio nacional de encuentro y diálogo entre organizaciones no gubernamentales y profesionales que trabajan de la mano de comunidades y grupos poblacionales en su asesoría legal, defensa y representación jurídica, en la educación jurídica popular, y en investigación jurídica y sociojurídica. Esto con el fin de poder intercambiar sobre los objetivos, alcances, metodologías y desafíos del trabajo que adelantamos; los límites y las posibilidades transformadoras y emancipatorias del derecho en la Colombia actual; el orden social, su Estado y su Derecho; el acceso a la justicia por los sectores excluidos, negados y oprimidos; propuestas de coordinación, articulación, apoyo y difusión de agendas e iniciativas propias; entre otros aspectos, que podrían contribuir a nuestro quehacer y a la organización y movilización de los sectores sociales y poblaciones con las que trabajamos.
Este espacio se propone como red o sistema, para lo cual queremos invitar a quienes estén interesados a responder las siguientes preguntas que nos permitirán avanzar en la configuración de la propuesta articuladora.
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Recientemente estuvimos adelantando actividades en diferentes regiones. Acá les contamos: 
El viernes 21 de octubre participamos en un encuentro preparatorio en Villavicencio (Meta) para la formulación de propuestas para la participación en los Diálogos ➡️
Regionales Vinculantes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. 
Apoyamos, ayer lunes 24 de octubre, a las y los campesinos de las organizaciones ANUC, ADUC, ACC, APMECAFE y la San Isidro, participantes del proceso Mercados Campesinos de la región central.↙️
en la formulación de un documento de análisis y propuestas a presentar en los Diálogos Regionales Vinculantes del Plan Nacional de Desarrollo. También contribuyeron al espacio la Unión Europea, la @PlataformaDesc y @CPodion. 
En San José (Apartadó) adelantamos dos actividades: ⬇️
Estas jornadas las desarrollamos el pasado 21 de octubre con integrantes de la Cooperativa Multiactiva Cacao Vive y de la mano de nuestro aliado la Fundación Lazos de Dignidad.
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El sábado 22 de octubre fuimos a Barro Colorado, en El Tres (Turbo, Antioquia). Acompañando una jornada desarrollada por la Cooperativa Multiactiva #CacaoVive. Allí abordamos el tema de los segundos ocupantes de predios objeto de restitución en condiciones de vulnerabilidad.
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Tema que genera muchas inquietudes entre las comunidades locales de esta zona del Urabá y que tratamos a partir de la jurisprudencia de la @CConstitucional. 
Finalmente en #Necoclí estuvimos visitando los círculos de mujeres de #VocesEnMovimiento de El Caballo y Marimonda. Fin
Foto: Freddy Ordóñez Gómez
Compartimos la intervención del presidente y la directora ejecutiva de ILSA en la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6 y 151 de la Ley 2200 de 2022 presentada ante la Corte Constitucional. (Expediente No. D0014817). También dejamos a nuestros lectores un artículo elaborado por nuestro investigador Freddy Ordóñez sobre el fallo.
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Pronunciamiento del Fondo de Fortalecimiento y Protección en rechazo a las amenazas de muerte en contra de María Eugenia Ramírez Brisneda, Directora ejecutiva de ILSA.
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El colectivo La Comadre, de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) entregó el pasado martes 27 de julio un informe a la Sala de de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que se documentan 109 casos de violencia sexual ocurridos entre 1991 y 2021, cuyas víctimas en su mayoría tenían entre 12 y 18 años. La directora ejecutiva de ILSA, María Eugenia Ramírez Brisneda, acompañó la actividad por invitación del colectivo.
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A continuación compartimos el comunicado emitido por la Jurisdicción Especial de Paz a propósito de la recepción del informe.
7 de julio de 2021 Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta las observaciones y recomendaciones de su visita de trabajo a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, las cuales tienen por objetivo contribuir con la consolidación del diálogo como mecanismo para la superación de la conflictividad social.
Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó una visita de trabajo a Colombia para observar en terreno la situación de los derechos humanos en el entorno de las protestas sociales que dieron inicio el 28 de abril. Al tiempo en que confía en el compromiso de salvaguarda de los más altos estándares de derechos humanos por parte del Estado, espera la respuesta de esta solicitud a la mayor brevedad posible.
En el marco de su mandato de monitoreo permanente a la situación de derechos humanos en el país, la CIDH ha recibido diversas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales. La información recibida señala, entre otras, la existencia de personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas. De igual manera, recibió información sobre agresiones y actos vandálicos contra agentes de policía y propiedades del Estado.
En las últimas semanas, la Comisión Interamericana ha recibido miles de solicitudes para llevar a cabo una visita de observación a fin de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en Colombia por parte de distintos representantes de la sociedad civil, movimientos sociales, estudiantiles, académicos, juristas, representantes políticos, entre otros. En ese sentido, la CIDH se propone, durante su visita, a mantener reuniones con autoridades del Estado, los más amplios sectores de la sociedad civil, víctimas de violaciones a los derechos y otros actores relevantes.
Finalmente, la Comisión Interamericana reitera al Estado de Colombia su disposición para apoyar en la superación de la crisis, y reafirma que mantiene su compromiso indeclinable con las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el país.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
