El desarrollo rural constituye un tema de análisis y reflexión sobre la importancia estratégica del campo para la transformación estructural de la realidad rural en lo económico, social y ambiental. Con ocasión del Día Mundial del Desarrollo Rural, continuamos leyendo el desarrollo rural y revisando la necesidad de promover políticas públicas orientadas al fortalecimiento de las capacidades locales, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social y de esta manera, contribuir a la construcción de un nuevo campo colombiano.
En nuestro país, el desarrollo rural ha estado históricamente condicionado por una estructura agraria caracterizada por una alta concentración de la propiedad rural, profundas desigualdades sociales y una limitada presencia institucional en amplias zonas del territorio nacional. Estas condiciones han contribuido a la persistencia de fenómenos de pobreza rural; a la exclusión de la vida económica, política y social de amplios territorios del país; a la inequidad e insuficiencia del acceso a la tierra por parte de la población campesina; a la existencia de conflictos socioambientales; y a la continuidad de las afectaciones y violaciones a los derechos asociadas al conflicto armado.
Tradicionalmente, las políticas rurales en el país estuvieron orientadas al fortalecimiento de la productividad agropecuaria y al crecimiento económico del sector agrícola. Sin embargo, este enfoque favoreció principalmente a los grandes productores y a las actividades agroindustriales, mientras que amplios sectores del campesinado continuaron enfrentando dificultades para acceder a tierras, crédito, asistencia técnica, infraestructura y mercados (Fajardo, 2014).
La marginalidad del campesinado colombiano constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo rural. A pesar de su importante contribución a la producción de alimentos y al abastecimiento de los mercados internos, las familias campesinas han experimentado históricamente condiciones de exclusión y de vulnerabilidad económica y social. Esta situación se expresa en menores niveles de ingreso, limitaciones en el acceso a servicios públicos, educación, salud y oportunidades de desarrollo productivo, en comparación con la población urbana (PNUD, 2011).
La larga historia del conflicto armado interno ha tenido un impacto significativo sobre las comunidades rurales, pero de igual forma, las condiciones del campo han sido causa del conflicto, tal como quedó expresado en el Acuerdo Final de Paz firmado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Así, por ejemplo, Colombia tiene uno de los mayores índices Gini de concentración de la tierra (0,87) en el mundo, de acuerdo con el informe de desarrollo humano rural (PNUD, 2011); durante décadas, millones de campesinos fueron víctimas del conflicto armado: de los 10.606.125 millones de hechos victimizantes reconocidos en el Registro Único de Víctimas, 4.827.550 millones afectaron a campesinos o campesinas. Es decir, al menos el 45,5 % de las violaciones de derechos humanos que se han registrado en esta base de datos victimizaron al campesinado (CEV, 2002, p. 40); el desplazamiento forzado, despojo de tierras y diversas formas de violencia, profundizó las brechas territoriales y limitó las posibilidades de desarrollo de numerosas regiones del país (CNMH, 2013), generando lo que para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad fue una verdadera “contrarreforma agraria violenta” (CEV, 2022, p. 147) o lo que en algunos territorios fue, de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, una “reforma agraria paramilitar” (JEP, 2025, p. 91). En este contexto, insistimos, la cuestión agraria ha sido uno de los factores estructurales asociados a la persistencia del conflicto y que no ha encontrado una solución adecuada en diferentes momentos históricos donde se han intentado reformas agrarias frustradas, como aquellas dadas bajo la ley de ejidos, la Ley 200 de 1936, la ley 165 de 1961 o la Ley 160 de 1994.
Hay que decir que el último hito fundamental para resolver la cuestión agraria en Colombia, fue la inclusión de la Reforma Rural Integral en el Acuerdo de Paz de 2016, la cual plantea la necesidad de transformar las condiciones estructurales del campo colombiano mediante el acceso equitativo a la tierra (3 millones de hectáreas son la meta) y a su formalización (7 millones de hectáreas) para campesinos y campesinas pobres; adicionalmente este esfuerzo incluyó los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como una manera de integrar a los niveles mínimos de bienestar social, a los 16 territorios (conformados por 170 municipios) más afectados por la guerra, mediante la construcción de vías terciarias, escuelas, asistencia técnica, centros de salud, electrificación rural, conectividad, facilidades crediticias, y el apoyo a la sustitución de cultivos de uso ilícito y a la comercialización de la producción campesina. Ahora bien, aunque se prioriza la ejecución de la RRI en unos territorios, ésta es de aplicación universal, por lo que se proponen Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, que garanticen derechos económicos y sociales en el campo colombiano y garantías para una reforma agraria efectiva. Cada uno de estos componentes se concibieron para superar las brechas de desarrollo existente entre pobladores del campo y la ciudad, pero pasada una década de la implementación del Acuerdo de Paz, los resultados de la Reforma Rural Integral, en su conjunto, escasamente llegan al 55,35% según el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto, SIIPO.
Finalmente, con el Acto Legislativo 01 de 2023 promulgado en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, se debe transformar radicalmente el concepto de desarrollo rural en Colombia, al modificarse el artículo 64 de la Constitución Política, para reconocerse al campesinado como sujeto de derechos de especial protección constitucional. Desde esta perspectiva, el desarrollo rural no se limita al incremento de la productividad, sino que implica la construcción de condiciones necesarias que garanticen la dignidad, los derechos, la participación y el bienestar de las comunidades campesinas. Es así como el campesinado es y debe ser entendido, no solo como un actor económico, sino también como un sujeto social, ambiental y cultural que desempeña un papel fundamental en la soberanía alimentaria del país, y en el cuidado de los páramos, las ciénagas, los manglares, las fuentes hídricas, las selvas y los bosques bajo una perspectiva de sustentabilidad.
En consecuencia, la consolidación de un modelo de desarrollo rural inclusivo en Colombia requiere avanzar en la reducción de las desigualdades históricas que han afectado al campesinado, fortalecer la institucionalidad rural y promover políticas públicas con enfoque afirmativo, orientadas a la garantía de sus derechos, a la justicia social, a la sostenibilidad ambiental y al reconocimiento de la diversidad territorial y cultural del país. Sin embargo el desarrollo en el campo no es posible si no se reconocen e implementan las propuestas de ordenamiento endógeno del territorio, planteadas por los y las comunidades y las organizaciones campesinas, como las Zonas de Reserva Campesina ( ZRC), los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM), las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), los Territorios Acuáticos Agroalimentarios y las Reservas de la Sociedad Civil, entre otras figuras nacidas de la resistencia campesina, que requieren ser escuchadas. La construcción del buen vivir hoy en Colombia, requiere que los planes de vida de las diferentes territorialidades campesinas sean financiados con políticas públicas afirmativas.
Fuentes consultadas
Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Bogotá: CNMH.
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). (2022). Hay futuro si hay verdad. Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerra. Bogotá: CEV.
Fajardo, D. (2014). Las guerras de la agricultura colombiana 1980-2010. Bogotá: Editorial ILSA.
Jurisdicción Especial para la Paz, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (JEP-SRVR). (2025). Auto No. 09 de 2025 (noviembre 28). Caso 04. Situación territorial de la región de Urabá. Asunto: Auto de determinación de los hechos y las conductas (ADHC) atribuibles a 21 miembros retirados de la fuerza pública, a ocho exmiembros de la extinta guerrilla de las FARC-EP y a cinco terceros civiles, con ocasión de lo ocurrido en los territorios priorizados de la región del Urabá antioqueño y Cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano, durante los años 1986 a 2002.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2011). Colombia rural: Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá: PNUD.
El desarrollo rural constituye un tema de reflexión sobre la importancia estratégica de los territorios rurales para el desarrollo económico, social y ambiental de las naciones. Mediante la Resolución A/RES/78/326 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 6 de septiembre de 2024, se proclamó el 6 de julio como el Día Mundial del Desarrollo Rural. Esta conmemoración permite reconocer el aporte de las comunidades rurales a la seguridad y soberanía alimentarias, al cuidado de la naturaleza y a la preservación del patrimonio cultural, al tiempo que pone de relieve los desafíos asociados a la pobreza, la desigualdad y la exclusión social que aún persisten en amplias zonas rurales del mundo (FAO, 2018).
El concepto de desarrollo rural ha experimentado una evolución significativa durante las últimas décadas. Inicialmente, podemos decir que en las décadas de 1950 y 1960 se buscó el aumento de la producción agrícola acudiendo a la mecanización, el uso de fertilizantes sintéticos, semillas mejoradas y sistemas de riego, a lo que se llamó enfoque productivista centrada en el incremento de la productividad agrícola como principal motor del desarrollo.
Luego en las décadas de 1960 y 1970 se promovió la llamada revolución verde que privilegió la modernización tecnológica, la mecanización, el control sobre las semillas y la integración de los grandes productores agropecuarios a los mercados, como instrumentos principales para mejorar las condiciones de vida de la población rural, en una propuesta que terminó beneficiando principalmente a grandes empresarios del agro (Ellis & Biggs, 2001) y configurando el capitalismo agrario actual. A pesar del aumento de la producción, este enfoque generó una serie de desigualdades sociales y ambientales como el acaparamiento de tierras y la creación de latifundios, la tala indiscriminada de bosques, el uso intensivo de nuevas tecnologías y agro insumos, y la exclusión del campesinado. El enfoque de la revolución verde redujo el problema del desarrollo rural a la productividad de las tierras, mediante el uso intensivo de tecnologías y agroinsumos para monocultivos orientados al mercado mundial, sin mayores consideraciones a los límites ambientales, al bienestar de las poblaciones rurales, a sus derechos específicos, y guardando un silencio absoluto frente al tema de la reforma agraria.
No obstante, las limitaciones de esta perspectiva dieron lugar a nuevos enfoques más integrales que reconocen la complejidad de los territorios rurales. Desde esta visión, el desarrollo rural es entendido como un proceso multidimensional que involucra aspectos económicos, sociales, culturales, institucionales y ambientales. En consecuencia, el bienestar de las comunidades rurales depende no solo del crecimiento económico, sino también del acceso a educación, salud, infraestructura, participación social y fortalecimiento institucional (FAO, 2018). Estas perspectivas se acercan más a la idea de la seguridad humana de las poblaciones rurales, trabajada por el PNUD desde 1990, y que se fundamenta en que el desarrollo es el resultado de la satisfacción integral de los derechos individuales y sociales por parte de los Estados, tal como lo dispuso la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986.
En este marco surge el enfoque territorial del desarrollo rural, ampliamente difundido en América Latina. Este paradigma concibe el territorio como una construcción social donde interactúan diversos actores, recursos y actividades económicas. Según Schejtman y Berdegué (2004), el desarrollo territorial rural busca transformar los sistemas productivos y las relaciones sociales presentes en los territorios con el fin de reducir la pobreza y promover procesos de inclusión económica, social, ambiental y cultural.
Desde esta perspectiva, el desarrollo rural no depende exclusivamente de la agricultura, sino también de la articulación entre sectores productivos, instituciones, políticas públicas y las decisiones de las organizaciones comunitarias, para lograr niveles de bienestar en las poblaciones campesinas, a sabiendas que de su trabajo depende en buena parte el bienestar del resto de la sociedad.
De manera complementaria, la noción de desarrollo sostenible ha adquirido una relevancia creciente en los estudios rurales contemporáneos. Este planteamiento aborda la necesidad de armonizar el crecimiento económico con la equidad social y la protección ambiental, garantizando la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1987). En consecuencia, el desarrollo rural sostenible promueve la gestión responsable y cuidado de la naturaleza y la resiliencia frente al cambio climático.
Lo anterior puede también precisarse exponiendo que la cuestión agraria hoy, reformulada, debe invocar la cuestión ecológica, la cual, como plantea McMichael (2016, pp. 97 y ss.), “no se refiere simplemente a la degradación y/o restauración de los ecosistemas”, sino también a temas de ecología humana y de biología de las poblaciones. Estos temas, señala el profesor de la Universidad de Cornell, enfatizan en las consecuencias de la agroindustria y el despojo, reivindican las apuestas de los movimientos por la soberanía alimentaria y la lucha por la tierra y las conectan con las cuestiones ecológicas sobre la reparación de la brecha metabólica (McMichael, 2016, p. 98)
Por otra parte, algunas corrientes enfatizan la importancia de la inclusión social y la participación de actores históricamente marginados, como mujeres rurales, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Estas perspectivas destacan que la equidad de género, la gobernanza participativa y el fortalecimiento del “capital social” son condiciones fundamentales para alcanzar procesos de desarrollo más democráticos y sostenibles (Berdegué & Favareto, 2019).
Ahora bien, el desarrollo rural en el siglo XXI enfrenta una serie de retos relacionados con lograr mejores condiciones de vida sostenibles en el largo plazo y restaurar la producción de alimentos como un accionar socioecológico, para lo cual se requiere políticas públicas con un enfoque de medidas afirmativas para los pobladores del campo. Entre los desafíos más importantes que atañen tanto a políticas de Estado, así como a la corresponsabilidad de los ciudadanos/as, se encuentran entre otras las siguientes estrategias:
Estrategias para reversar los efectos negativos del cambio climático y la variabilidad climática como: las sequías, inundaciones y fenómenos extremos que afectan la producción agrícola y la garantía del derecho a la alimentación para una población que se encuentra en un constante aumento; y garantizar ingresos justos a las familias rurales, que impidan la degradación ambiental.
Exigencia y garantía de políticas públicas con enfoque de derechos: salud oportuna y accesible; pensiones y seguridad social; educación gratuita y de calidad incluyendo maestrías y doctorados, recreación, infraestructura vial, compras públicas, entrega de tierras productivas; acceso a tecnologías, internet, servicios públicos y crédito barato; todo ello para evitar la migración de la juventud rural a los centros urbanos, y el envejecimiento de la población rural y la escasez de la mano de obra agrícola.
Apoyo estatal a la gobernanza del territorio propuesto por las comunidades rurales: promoviendo una participación incidente y vinculante de las comunidades rurales, a la hora de la formulación y presupuestación de las políticas agrarias, y una distribución equitativa de los recursos y oportunidades al acceso a técnicas innovadoras, de riego y semillas mejoradas desde el enfoque agro regenerativos
Promover campañas de conservación ambiental: para proteger los suelos, los bosques, el agua y la biodiversidad, mediante prácticas agrícolas sostenibles y el cuidado de la naturaleza.
A estas compresiones, hay que agregar el paradigma del buen-vivir construido, con diferentes matices, desde las visiones ancestrales indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe. El paradigma del buen vivir (o sumak kawsay en quechua) que ha sido introducido como principio constitucional en Bolivia y Ecuador, cuestiona la idea de progreso infinito y riqueza material como bases de construcción del bienestar social. En su lugar, propone vivir en armonía con la naturaleza (la Madre Tierra) y en sinergia con la idea de comunidad, lo que conlleva nociones de igualdad social, cuidado y sustentabilidad de los bienes comunes (Torres-Solis & Ramírez-Valverde, 2019).
Por lo mismo, la perspectiva del buen vivir plantea un cambio en las visiones tradicionales sobre el desarrollo y bienestar rural construidas por la modernidad occidental capitalista. Por un lado, parte de un giro biocéntrico, en la concepción de la economía y de la construcción de lo social, que toma consciencia de que la naturaleza no es un recurso para explotar por el ser humano, sino que los seres humanos somos parte de ésta, y lo que le pase a la naturaleza determina el destino de la humanidad, de ahí que no se pueda abusar del planeta y que es necesario reconocer que los ecosistemas nos imponen límites. Una segunda enseñanza del buen vivir es concebir a la naturaleza y a los ecosistemas desde su complejidad, como sistemas vivos y con derechos. Un tercer elemento conceptual de este paradigma es que el bienestar social se relaciona con la armonía comunitaria, que a su vez supone la igualdad en el acceso a bienes, servicios y oportunidades, y al respeto mutuo que debe existir entre los seres humanos partiendo de su diversidad. Y, finalmente, el buen vivir ha permitido avanzar en el concepto de una economía de la reciprocidad, que fomenta además del cuidado y del acceso equitativo a los bienes comunes y productivos, el intercambio justo, trabajo colaborativo (como la minga, los tequios, la mano vuelta, el convite, etc.), por encima del lucro individual y de la acumulación privada de la riqueza.
En síntesis, el desarrollo rural debe entenderse y proyectarse como un proceso integral y multidimensional que trasciende la producción agropecuaria. La conmemoración del Día del Desarrollo Rural debe constituir una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de promover políticas públicas orientadas al fortalecimiento de las capacidades locales, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social y de esta manera, contribuir a la construcción de territorios más resilientes, equitativos y capaces de enfrentar los desafíos del desarrollo rural contemporáneo.
Fuentes consultadas
Berdegué, J. A., & Favareto, A. (2019). Desarrollo territorial rural en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. (1987). Nuestro futuro común (Informe Brundtland). Nueva York: Naciones Unidas.
Ellis, F., & Biggs, S. (2001). Evolving themes in rural development 1950s–2000s. Development Policy Review, 19(4), 437–448.
FAO. (2018). Panorama de la pobreza rural en América Latina y el Caribe. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Kay, C. (2009). Development strategies and rural development: Exploring synergies, eradicating poverty. Journal of Peasant Studies, 36(1), 103-137.
McMichael, P. (2016). Regímenes alimentarios y cuestiones agrarias. Barcelona: Icaria.
Torres-Solis M. & Ramírez-Valverde B. (2019). Buen vivir y vivir bien: alternativas al desarrollo en Latinoamérica. En: Revista Latinoamericana de Estudios Sociales No. 69. CIALC. México.
Vivimos un momento histórico atravesado por múltiples crisis que se profundizan mutuamente. La erosión de las democracias, el avance de proyectos políticos autoritarios y conservadores, el recrudecimiento de las desigualdades sociales y económicas, así como la crisis planetaria derivada del deterioro ambiental, configuran un escenario de alta complejidad para las sociedades contemporáneas. En medio de este panorama, los movimientos sociales enfrentan una ofensiva cada vez más aguda, marcada por retrocesos significativos en materia de derechos humanos, restricciones a la participación política y nuevas formas de violencia, control y exclusión.
En este sentido, resulta imperativo abrir espacios de conversación, análisis y construcción colectiva que permitan comprender las transformaciones del presente y, al mismo tiempo, imaginar nuevas apuestas políticas, organizativas y éticas desde los movimientos sociales. Comprender el momento actual no solo implica identificar las formas que adopta la crisis, sino también reconocer las disputas, resistencias y posibilidades que emergen en medio de ella. En este marco, el presente artículo busca ofrecer una aproximación crítica a la configuración de este fenómeno, este texto se construye a partir de las reflexiones surgidas en un espacio de diálogo y juntanza entre organizaciones sociales, en el que cuatro mujeres, provenientes de distintos procesos y trayectorias organizativas, se reunieron para conversar, problematizar y compartir lecturas sobre los desafíos del tiempo presente.
1. La mutación de las derechas
Entender lo que ocurre hoy exige reconocer que la derecha que conocíamos, representada en partidos conservadores surgidos en el siglo XIX, ya no existe. Lo que se observa en Argentina, El Salvador, Brasil, Colombia o Chile no es la derecha tradicional que aceptaba la Constitución, los jueces, los arreglos de la democracia, y los acuerdos internacionales como reglas del juego. La derecha tradicional competía dentro de las instituciones democráticas y negociaba con sus adversarios. La nueva ultraderecha, en cambio, sostiene que esas mismas instituciones están capturadas por “élites corruptas” y se siente legitimada para saltárselas cuando le conviene. Más revelador aún: donde la derecha clásica mantenía un cordón sanitario —una distancia estratégica respecto a los grupos radicales, para no manchar su reputación—, la nueva ultraderecha los abraza, los legitima y los convierte en aliados políticos. Con esto, se abre también una forma de ver a la Otredad en la política: “Hay una transformación de cómo se ve a las demás personas en el ejercicio político institucional: como alguien que debe ser eliminado, y no como un interlocutor con quien es posible el diálogo”.
Esta mutación opera en cuatro dimensiones simultáneas: Políticamente, usa la polarización para dividir a la sociedad y ganar espacio en las instituciones democráticas que dice despreciar. Económicamente, promueve modelos basados en la explotación intensiva de recursos y favorece la privatización de datos. Filosóficamente, aprovecha el descontento social real —las desigualdades históricas que el Estado no ha resuelto— para invertir el sentido de la crítica social. Y éticamente, recurre al discurso del miedo para justificar el regreso a estructuras jerárquicas y tradicionales de poder.
En adición, se debe comprender que la instrumentalización y cooptación desde diferentes lugares ha fortalecido la estrategia de la ultraderecha, un ejemplo de ello la interseccionalidad una herramienta crítica y emancipatoria creada por el movimiento social y desarrollada por el feminismo para entender las múltiples formas de opresión: clase, género, raza para analizar las causas estructurales: pobreza, racismo, patriarcado de las desigualdades. Este marco analítico ha sido vaciado de su contenido transformador para rellenarlo con miedo, resentimiento y conservadurismo. Usan la lógica de la intersección, pero invierten su dirección: en lugar de señalar como enemigos a los sistemas históricos de opresión, señalan al feminismo, a la migración y a los movimientos sociales. En lugar de explicar la crisis desde sus causas estructurales, la explican culpando a quienes luchan contra esas mismas causas. Con la interseccionalidad invertida, “lo que hace la ultraderecha es tomar este elemento crítico, analítico y emancipatorio —construido por las luchas sociales— para defender y perpetuar exactamente las formas en que se configura el poder que ese mismo análisis denunciaba”.
La bandera de la ideología de género es el caso más visible de esta inversión. Su fuerza está en que es un concepto ambiguo, es decir, no tiene una definición clara y puede significar muchas cosas según quien lo use. Esto le permite agrupar a sectores muy distintos —como iglesias católicas, movimientos neopentecostales, sectores conservadores, economistas de extrema derecha e incluso actores digitales— alrededor de una misma agenda política.
A través de este discurso, se construye un enemigo común: el feminismo, las diversidades sexuales y de género, y en general los sectores progresistas o de izquierda. Así, debates complejos sobre desigualdad, pobreza, explotación económica o crisis ambiental son desplazados por discusiones cargadas de miedo y pánico moral alrededor de temas como la sexualidad, la educación y la infancia. De esta manera, la ultraderecha logra movilizar emociones como el miedo, la indignación y la sensación de amenaza. Estos discursos fortalecen posturas reaccionarias que buscan defender estructuras tradicionales de poder, como la familia patriarcal, el orden social conservador y las jerarquías de género. Bajo esta lógica, cualquier avance en derechos sexuales, reproductivos o de género es presentado como una amenaza contra la sociedad, la familia y la libertad, justificando así discursos y acciones orientadas a frenar o revertir estos avances. El efecto inmediato: cuando estalla una crisis política, los primeros derechos en ser recortados son los de las mujeres y las disidencias.
A su vez, el debilitamiento de los regímenes democráticos, las disputas por los recursos y el cierre del financiamiento a la sociedad civil son expresiones de una misma disputa política sobre quién tiene el derecho de decidir sobre los cuerpos, los territorios y el futuro. En este orden, un diagnóstico desde los fondos feministas de base debe identificar que “No estamos en crisis separadas. El debilitamiento de los regímenes democráticos, las disputas por los recursos y la financiación de los procesos de sociedad civil son expresiones de una misma disputa política sobre quién tiene el derecho de decidir sobre los cuerpos, los territorios y el presente-futuro.”
La trayectoria es identificable: desde la crisis del neoliberalismo tras la caída del Muro de Berlín, pasando por el vaciamiento del Estado en la garantía de derechos, hasta el caldo de cultivo que esa fractura generó para los fundamentalismos políticos y religiosos. En América Latina, ese proceso se aceleró desde antes de 2010 y hoy se materializa en formas concretas de ataque institucional. Los ejemplos son reconocibles en distintos países de la región. La asfixia financiera reduce los presupuestos destinados a la atención de víctimas de violencia. La censura académica prohíbe usar términos como “género”, “feminismo” o “cambio climático” en textos educativos. La colonización religiosa de las decisiones de Estado incide directamente sobre las políticas de educación sexual integral y de interrupción voluntaria del embarazo. Y el hostigamiento digital organizado obliga a mujeres activistas a salir de los espacios públicos, cuando no del territorio mismo.
A esto se suma una dimensión que con frecuencia pasa desapercibida: la crisis de la cooperación internacional para el desarrollo. El multilateralismo está deslegitimado. Países que sostenían políticas exteriores feministas claras están poniendo esas políticas en pausa para priorizar intereses internos. Los fondos que antes llegaban a organizaciones de base se redirigen hacia otras regiones, bajo el argumento de que América Latina, como zona de renta media, “ya no lo necesita tanto”. Y cuando los recursos llegan, vienen con condiciones que excluyen a quien más los necesita: informes trimestrales, auditorías, requisitos técnicos y administrativos que solo las organizaciones más robustas pueden cumplir. Las colectivas de base —las que están más cerca de la crisis— quedan fuera del circuito. Así, con relación a la modulación del discurso en la cooperación internacional: “Hay una tendencia a suavizar el lenguaje: no hablar en términos de racismo, sino de igualdad. Esa modulación del discurso tiene implicaciones políticas directas sobre las apuestas transformadoras de los movimientos sociales”.
Esta domesticación del lenguaje —no digas racismo, di diversidad; no digas patriarcado, di equidad de género— llega incluso desde actores que se presentan como aliados. Aceptarla tiene un costo político real: vacía de contenido transformador las apuestas de los movimientos que dependen de esos recursos para sostenerse. En suma, es una estrategia central para neutralizar la potencia transformadora de los movimientos sociales. Cuando se deja de hablar de racismo para hablar de diversidad, de patriarcado para hablar de equidad de género, o de explotación para hablar de inclusión, lo que ocurre es una despolitización del conflicto. Se suavizan las palabras para hacer más aceptables las demandas, pero en ese proceso también se diluyen las estructuras de poder que producen la desigualdad. Nombrar es un acto político: las palabras permiten identificar las raíces de la opresión y, por tanto, imaginar formas de transformarla. Aceptar esta domesticación tiene un costo político real, especialmente para movimientos sociales que dependen de recursos externos para sostener sus procesos organizativos. La necesidad de traducir sus luchas a lenguajes institucionalmente aceptables puede vaciar de contenido radical sus apuestas y limitar su capacidad de confrontación.
2. La crisis climática es una crisis de justicia
Hay una corrección que parece obvia, pero que el debate técnico suele dejar fuera: la crisis climática no es solamente un problema ambiental. Es una crisis de derechos humanos, de justicia territorial y de desigualdad: “La crisis climática no es solamente un problema ambiental. Es una crisis de derechos humanos, una crisis de justicia territorial y, por supuesto, de desigualdad”.
Los marcos técnicos —el Acuerdo de París, el límite de 1,5 grados, las metas de biodiversidad— son necesarios, pero insuficientes si no se articulan con las realidades comunitarias. América Latina genera una fracción menor de las emisiones históricas globales, pero recibe impactos desproporcionados: pérdida acelerada de biodiversidad, eventos climáticos extremos, desplazamiento climático de comunidades enteras. Esa asimetría es la que convierte la crisis climática en una cuestión de justicia, no solo de ciencia. Comprendiendo que quienes tienen más responsabilidad de generación de la crisis son quienes imponen las formas en las que se debe o no enfrentar en los territorios o “zonas de sacrificio” que representamos las comunidades del sur global.
En este sentido, el extractivismo se configura como una continuidad, por ejemplo: en el bajo Putumayo amazónico, una empresa petrolera con bloques adjudicados en la región contaminó las fuentes hídricas de una comunidad indígena y campesina. Los estudios realizados en el territorio confirmaron que ninguna de las fuentes producía ya agua apta para el consumo humano, animal o de cualquier otra especie. El desenlace: la misma empresa que causó el daño se convirtió en la única proveedora de agua potable para la comunidad, entregada por camión cada tres días. Cuando la empresa se retire —si llega a hacerlo—, la restauración del territorio no está garantizada. Mientras tanto, las únicas opciones de sustento local quedan reducidas a trabajar para la misma empresa que contaminó el territorio, o sembrar coca, con todo lo que esa segunda opción implica en términos de estigmatización y reconfiguración del conflicto armado. Se genera así una dependencia en esta región amazónica a las empresas, configurándose “un escenario de dependencia extractiva que se explica precisamente por el mal manejo y gestión de estos proyectos, y por la falta de escucha real a las comunidades”.
Las llamadas falsas soluciones climáticas replican esta misma lógica bajo otro nombre. El capitalismo verde, el extractivismo con etiqueta sostenible, el hidrógeno azul que requiere agua para su producción y que se pretende extraer de ecosistemas estratégicos habitados por pueblos étnicos: todo apunta en la misma dirección. No existe transición energética justa que no empiece por preguntar qué pasa con los territorios y con quienes los habitan.
Colombia es, según organizaciones internacionales que monitorean la violencia contra personas defensoras del ambiente, el país más peligroso del mundo para ejercer esa labor en la última década. De las 193 personas asesinadas en el mundo por defender sus territorios en el último informe disponible, cerca de 90 eran colombianas. Pero el riesgo no es solo físico. Existe también un cierre sistemático del espacio cívico: procesos judiciales contra organizaciones, bloqueo de cuentas bancarias que paraliza la capacidad operativa de los colectivos, reducción de fondos de cooperación, ataques directos contra quien se opone al modelo extractivo. Un patrón coordinado para silenciar la defensa territorial.
Pese a esto, existen herramientas reales. Ejemplo de estas son, el Acuerdo de Escazú, ratificado tras un proceso de cuatro audiencias públicas en el Congreso colombiano —más que cualquier otro tratado en la historia reciente del país, y del que congresistas afines al presidente electo piden su denuncia, pues señalan es una “herramienta de la extrema izquierda para entregar nuestra soberanía a terceros fuera de Colombia”—, instrumento que reconoce el derecho a la información, a la participación ciudadana, a la justicia ambiental y a la protección de personas defensoras. También se cuenta con la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció explícitamente la emergencia climática como transversal a todos los marcos normativos, y la cual ya ha sido incorporado por la Corte Constitucional en sus fallos.
El problema no es la ausencia de instrumentos jurídicos. Es que esos instrumentos deben aterrizarse a las realidades comunitarias y eso requiere precisamente el tejido social que el extractivismo y las ultraderechas intentan deshacer.
3. Lo que hacen las mujeres en los territorios: feminismos comunitarios para el buen vivir
En distintos territorios de Colombia se construyen, desde hace años, lo que se han denominado prácticas para el buen vivir: formas alternativas de habitar el territorio que no dependen del modelo extractivo ni de la economía de mercado para satisfacer necesidades básicas. La agroecología, el guardianaje de semillas, las ecotecnologías implementadas en páramos y zonas de condiciones climáticas extremas, la gestión menstrual alternativa, los baños secos o la producción doméstica de biogás son algunas de esas apuestas. Sin embargo, estas prácticas no son solo respuestas técnicas a problemas materiales: son también apuestas profundamente políticas. Cada una cuestiona, desde la práctica cotidiana, la idea de que el desarrollo solo es posible bajo lógicas de dependencia, consumo y extracción. Su potencia también está en su capacidad de provocar preguntas, despertar curiosidad y movilizar transformaciones colectivas. Como se ha señalado desde los procesos comunitarios: “Cuando la gente ve estas prácticas, pregunta: ¿qué es lo que están haciendo?”. Allí aparece una forma de incidencia distinta: no solo aquella que se disputa en escenarios institucionales, sino la que emerge cuando otras personas ven, reconocen y empiezan a imaginar que otras formas de habitar también son posibles.
Este horizonte de transformación está profundamente nutrido por feminismos comunitarios y territoriales que sostienen gran parte de este trabajo, los cuales no provienen exclusivamente de marcos académicos occidentales, sino de experiencias campesinas, populares, indígenas y antirracistas construidas desde las realidades concretas de cada territorio. Reconocer esto implica entender que no existen respuestas universales frente a las crisis actuales: las soluciones que pueden funcionar en un territorio andino no necesariamente serán las mismas para la Amazonia o el Pacífico. También implica reconocer que los saberes comunitarios no ocupan un lugar secundario frente al conocimiento técnico o académico, sino que constituyen una fuente fundamental de pensamiento político y de construcción de alternativas. Ante las dificultades que se presentan en la construcción territorial de alternativas, es importante no olvidar que “trabajar por la defensa del territorio es como remar contra la corriente. Y esa fue una decisión de vida. Pero ahora la corriente está más fuerte, y eso exige más: no solo remos, sino más fuerza para remar y llegar al otro lado”.
Todo esto conduce a una conclusión central: el poder de los afectos construidos colectivamente es real. Cuando las personas que defienden derechos se aíslan, cuando los proyectos autoritarios logran fragmentar los movimientos y romper las redes, se pierde mucho más que coordinación: se pierden los espacios de sostenimiento emocional y político que permiten seguir. Construir vínculos no es, entonces, un lujo que los movimientos se dan cuando tienen tiempo. Es una necesidad política urgente. Así, “la juntanza, los afectos, cuando se acuerpan, tienen mucho poder. Es una invitación a no subestimar la fuerza de seguir construyendo redes, de seguir encontrándonos y de seguir apañándonos”.
Hay también una reflexión necesaria sobre el miedo. El temor al hostigamiento, a los procesos judiciales, a la violencia digital y física que enfrentan quienes defienden derechos es comprensible. Pero si el miedo gobierna las decisiones, paraliza. La solidaridad —un valor cada vez más escaso— es lo que permite que el miedo no tenga la última palabra. Y queda, como síntesis, una frase que se ha vuelto bandera dentro de los procesos comunitarios de la región: “Sin comadres no hay lucha. Y cuando las mujeres se juntan, cosas maravillosas suceden”.
La articulación regional entre mujeres, comunidades y organizaciones —el tejido entre lo feminista, lo ambiental y lo territorial— no es solo una respuesta defensiva frente a las ultraderechas. Es, en sí misma, una forma de construir futuro: una demostración de que el encuentro, la escucha y el análisis compartido son ya una forma de resistir.
La bala muere al detonarse. La palabra vive al replicarse. Lo dijo Berta Cáceres, la lideresa ambiental lenca de Honduras, asesinada en 2016 por defender su río. Esa frase sigue circulando hoy en los espacios donde las mujeres de Abya Yala construyen, territorio a territorio, otras formas posibles de habitar el mundo.
FUENTES CONSULTADAS
Burchardt, Hans-Jürgen. (2025). Nuevas perspectivas frente a la extrema derecha: Las fallas y opciones del progresismo. Nueva Sociedad, 320.
Canal Instituto de Investigaciones Sociales. (2021, 9 de noviembre). Conferencia: Ecologías políticas feministas latinoamericanas: Aportes conceptuales y metodológicos [Archivo de Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=uHia9YkVi1Q
Pérez, S. (2021, 17 de septiembre). Ecología Política Feminista, más allá de los nexos conocidos entre cambio climático y género. Resonancias IIS, UNAM.
Pinheiro, Ester (2026, 26 de mayo). El manual de la ultraderecha para atacar a las feministas en América Latina. LatFem.
Ravecca, Paulo; Schenck, Marcela; Fonseca, Bruno; & Forteza, Diego (2022). Interseccionalidad de derecha e ideología de género en América Latina. Analecta Política, 12(22), 1-29.
Rosales Amador, Oscar (2022). Extractivismo en América Latina, impacto en la vida de las mujeres. Ibero Ciencias: Revista Científica y Académica Multidisciplinar, 1(1), 112-125.
Rovira Kaltwasser, Cristobal (2024). La ultraderecha en América Latina: Particularidades locales y conexiones globales. Nueva Sociedad, 312.
Svampa, Maristella. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. Editorial Universitaria – Universidad de Guadalajara.
Ulloa, Astrid (2016). Justicia climática y mujeres indígenas en América Latina. LASA Forum, 47(4), 2-8.
Ulloa, Astrid (2020). Ecología política feminista latinoamericana. En A. De Luca Zuria, E. Fosado Centeno & M. Velázquez Gutiérrez (Coords.), Feminismo socioambiental: Revitalizando el debate desde América Latina (pp. 75-104). Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), UNAM.
Licenciada en filosofía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Defensora territorial, fundadora de la organización Resistencia Aquitania . Investigadora del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derechos Alternativos (ILSA) y miembro de la fundación Barranquilla +20 . ↩︎
Bogotá, 17 de junio de 2026. A pocos días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio en Colombia, la FIDH manifiesta su preocupación por varias propuestas y antecedentes del candidato Abelardo De La Espriella que, de llegar a la Presidencia de la República, podrían debilitar el Estado social de derecho y las garantías democráticas en Colombia.
Seguridad El plan del candidato propone replicar el “modelo Bukele”: creación de megacárceles y normas para encarcelar personas de forma acelerada. La FIDH ha documentado que ese modelo se traduce en detenciones arbitrarias de hombres jóvenes y pobres, en lugar de perseguir a los altos mandos responsables de la violencia. Esta selectividad no combate el crimen. Por el contrario, criminaliza la pobreza y vulnera el debido proceso al recaer sobre quienes son el último eslabón de las cadenas criminales.
Adicionalmente, recuperar el control territorial por la fuerza y reactivar los bombardeos aéreos sin importar la población civl, como propone el candidato, tendrá graves consecuencias humanitarias. El Derecho internacional humanitario prohíbe operaciones que no garanticen proporcionalidad ni protección efectiva de la población civil.
Desmantelar la institucionalidad de paz y de protección El candidato contempla eliminar o fusionar entidades esenciales para los derechos humanos: la Unidad Nacional de Protección (UNP); la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que propone recortar el presupuesto en un 90 % y cerrar hacia 2030; la Unidad de Víctimas; la Unidad de Restitución de Tierras; la Agencia para la Reincorporación; y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Desmontar esta arquitectura implica abandonar el Acuerdo de Paz, desproteger a quienes ya están en riesgo y favorecer el crimen organizado.
Derecho internacional y derechos humanos El candidato ha planteado retirar a Colombia de la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eliminar las embajadas colombianas en el exterior. Abandonar los sistemas de derechos humanos dejaría a millones de víctimas sin protección cuando la justicia interna falla. Así mismo, el diálogo entre países requiere funcionarios dedicados a ese fin. Suprimirlos aislará a Colombia y la privará de capacidad negociadora internacional.
Discriminación y presión sobre la prensa Un juzgado ordenó al candidato retractarse y disculparse por comentarios de carácter sexual contra una periodista, al concluir que constituyeron violencia basada en género y vulneraron derechos fundamentales. El mismo patrón aparece frente a quienes lo cuestionan: el candidato ha recurrido a acciones judiciales para presionar a periodistas que investigan su entorno. En 2018, cuando el periodista Daniel Coronell cuestionó públicamente el crecimiento de su fortuna, el candidato lo demandó por difamación. En 2020 retiró la demanda en el momento en que la representación judicial del periodista le solicitó los contratos suscritos con clientes como Saab y otros personajes hoy investigados. Atacar a alguien por su género o demandar por ejercer su oficio son dos formas de silenciar la prensa libre.
Señalamientos sobre el origen de recursos y corrupción La Revista Cambio documentó que entre 2014 y 2015 de La Espriella recibió más de 370.0000 dólares desde empresas de Alex Saab (hoy procesado en EE.UU. por lavado de activos). Estos dineros provendrían de desviaciones de recursos públicos venezolanos mediante contratos fraudulentos de alimentos y vivienda. Es decir, el dinero que ingresó a las cuentas del candidato procedería de sociedades vinculadas a esquemas de corrupción en Venezuela y, según la investigación, su destino serían operaciones inmobiliarias en EE.UU. y no el pago de honorarios.
Por su parte, una investigación de Vorágine reveló que De la Espriella compró en 2013 un predio en Becerril (Cesar) que perteneció a la hermana del narcoparamilitar condenado Hugues Rodríguez Fuentes, alias “Comandante Barbie”. El terreno colinda con la finca El Carmen, base de entrenamiento paramilitar donde se cometieron asesinatos y desplazamientos. Sus vínculos con esa familia van más allá: De la Espriella también la ha representado legalmente y es socio comercial de algunos de sus miembros.
Aunque rige la presunción de inocencia y, conforme a los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de Naciones Unidas, ningún abogado puede ser identificado con sus clientes ni con sus causas pero más allá de cualquier relación estrictamente profesional, la acumulación de estos señalamientos, debidamente documentados por investigaciones periodísticas, exige explicaciones claras y públicas de quien aspira a la Presidencia de la República.
Adicionalmente, en los últimos días, se anunció una denuncia penal por presuntas irregularidades en un contrato de 2018 entre Saludvida EPS (entonces bajo vigilancia especial) y la firma jurídica De la Espriella Lawyers, que habría incluido la transferencia de inmuebles por más de 146.000 millones de pesos a un tercero. La denuncia señala que De La Espriella obtuvo pagos irregulares para sus honorarios con recursos públicos administrados por la EPS y tuvo injerencia en el ocultamiento del patrimonio de la entidad cuando estaba en proceso de reorganización.
Estas preocupaciones se inscriben en una ola global de proyectos con un claro propósito antiderechos. La FIDH llama a la sociedad civil colombiana a estar alerta frente a agendas que utilizan el discurso de la seguridad para socavar sus libertades, y a no avalar retrocesos en los derechos conquistados a lo largo de décadas.
En el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) nos sumamos al luto que embarga al movimiento feminista y a los procesos de defensa de los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+ por el fallecimiento de la compañera Sandra Montealegre, pionera, lideresa, activista lesbiana, feminista y defensora de los derechos humanos.
Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Sandra contaba con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de la población LGBTIQ+. Trabajó con víctimas del conflicto armado y en procesos de construcción de paz y fortalecimiento organizativo, además de participar en la formulación, coordinación y ejecución de proyectos con organismos internacionales, entidades públicas y organizaciones sociales. Integró espacios como Planeta Paz, el Movimiento de Mujeres por la Paz, la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz y la Coalición Latinoamericana LGBT ante la OEA, y colaboró con la Fundación Sergio Urrego. Asimismo, desarrolló una destacada labor en la formulación e implementación de políticas públicas de mujeres y género, la gestión interinstitucional, la administración pública, la formación en derechos humanos y el acompañamiento a organizaciones sociales y de mujeres campesinas. Estuvo al frente de la planeación de género del Ministerio del Trabajo y fue conferencista y consultora en diversos escenarios nacionales e internacionales.
Sandra estuvo vinculada a nuestra entidad en diferentes proyectos, acompañando el trabajo con las mujeres rurales como contratista del Instituto, contribuyendo a delinear el trabajo de educación popular e incidencia de los procesos organizativos de las mujeres que ILSA apoya.
Su voz, su pensamiento y su vida constituyeron un compromiso permanente con la defensa de las mujeres diversas y con la lucha por la igualdad, la participación y la dignidad. Su legado marca, sin duda, un horizonte de acción para el movimiento social y popular de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ en Bogotá y en distintas regiones de Colombia.
Sandra vivió su militancia feminista con alegría, generosidad y profunda convicción, dejando una huella imborrable en quienes compartieron sus luchas y esperanzas. Su memoria seguirá acompañando el ritmo de la batucada y guiando los pasos hacia una sociedad más libre, justa e incluyente, donde las utopías feministas continúen abriendo caminos para las mujeres y las diversidades.
Expresamos nuestro más sentido pésame a nuestra compañera y exdirectora ejecutiva María Eugenia Ramírez, así como a los familiares, amigas y compañeras de Sandra. Las acompañamos con afecto y solidaridad en estos difíciles momentos.
Hoy 3 de junio de 2026, desde el municipio de Aquitania- Boyacá, ILSA en alianza con el Proceso Resistencia Aquitania y la Institución Educativa de Toquilla se da inicio a un proceso pedagógico que tiene como base fundamental la soberania alimentaria, las económicas del cuidado y solidarias. Haciendo hincapié en el fortalecimiento de liderazgos de mujeres y jóvenes rurales con perspectiva de género y ambiental. En aras de fortalecer la permanencia en el territorio campesino y la defensa del mismo en el páramo Tota-Bijagual-Mamapacha.
Cinco puntos sobre el informe “El populismo de ultraderecha y el futuro de la protección social” del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA.
El Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter1, presentó en el 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada el año pasado, el informe El populismo de ultraderecha y el futuro de la protección social. En este, identifica múltiples riesgos asociados al auge del populismo de ultraderecha, especialmente en relación con la democracia, la protección social y los derechos humanos. A continuación, presentamos cinco de los peligros más relevantes desarrollados en el informe sobre la amenaza que representa la ultraderecha:
1. Erosión de la democracia y concentración autoritaria del poder.
El Relator advierte que uno de los principales peligros del populismo de ultraderecha es el deterioro progresivo de las instituciones democráticas. Señala que, una vez en el poder, estos movimientos tienden a atacar la independencia judicial y los medios de comunicación, restringir el espacio cívico y desacreditar a sus opositores políticos calificándolos de traidores o antipatriotas, al tiempo que buscan eludir al legislativo para concentrar el poder ejecutivo. El informe muestra que este fenómeno no consiste únicamente en una disputa ideológica, sino en una transformación institucional que debilita los controles democráticos y facilita formas de autoritarismo contemporáneo sustentadas en la polarización social y el nacionalismo excluyente.
2. Desmantelamiento de la protección social y del Estado de bienestar.
Otro riesgo central identificado en el Informe es el debilitamiento deliberado de los sistemas de protección social. El populismo de ultraderecha suele presentar los derechos sociales como gastos excesivos, despilfarro o privilegios otorgados a sectores considerados improductivos, promoviendo recortes en salud, asistencia social y programas alimentarios y “reforzando una creencia cultural e institucional del en el productivismo: la idea de que solo quienes contribuyen económicamente merecen protección”. De Schutter, ejemplifica esta tendencia con políticas impulsadas en países donde la reducción de programas sociales profundizó desigualdades y aumentó la inseguridad alimentaria. Para el Relator, esta lógica sustituye la idea de la protección social como derecho humano y erosionan el tejido social.
3. Exclusión de migrantes y “pobres no merecedores”.
El Relator identifica como especialmente peligroso el llamado chovinismo del bienestar, es decir, la idea de que la protección social debe reservarse únicamente para el endogrupo nacional, excluyendo migrantes, minorías y sectores considerados no merecedores. De acuerdo con el Informe, esta lógica erosiona el principio universal de los derechos humanos y alimenta dinámicas de discriminación institucional. La ultraderecha construye así divisiones entre nosotros y ellos, promoviendo la percepción de que ciertos grupos sociales reciben beneficios ilegítimos a costa de la población nacional. Ello termina fortaleciendo políticas xenófobas y racistas que socavan la cohesión social y legitiman formas de exclusión estructural.
4. Producción política del resentimiento y del miedo social.
El informe explica que el populismo de ultraderecha se alimenta del miedo de las personas a perder su estatus y de la inseguridad económica y cultural. Los líderes ultraderechistas cultivan deliberadamente el resentimiento social mediante discursos que exaltan el nacionalismo, fomentan el miedo al extranjero y responsabilizan a minorías, migrantes o élites políticas de las crisis sociales y económicas. En este último caso, el Relator expone: «los populistas de ultraderecha afirman representar a la “gente corriente” frente a las “élites”. Sin embargo, en muchos casos, ellos mismos forman parte de la élite y deben su ascenso en la política a la riqueza de su familia o a sus conexiones sociales. Una vez en el poder, suelen tratar de mantener los privilegios de la misma élite económica a la que critican en sus discursos». También, señala que la manipulación emocional produce ciudadanos ansiosos. Además, la ultraderecha aprovecha contextos de desigualdad y abandono territorial para transformar frustraciones sociales legítimas en hostilidad identitaria, debilitando la solidaridad democrática y favoreciendo respuestas autoritarias.
5. Fragmentación social y debilitamiento de la solidaridad colectiva.
Finalmente, De Schutter advierte que el auge del populismo de ultraderecha profundiza la fragmentación social y destruye vínculos comunitarios amplios. El informe explica que, en contextos de aislamiento social y pérdida de confianza institucional, las personas pueden ser fácilmente movilizadas hacia proyectos políticos extremistas. Además, señala que ciertos procesos de reconstrucción identitaria pueden reforzar formas cerradas de capital social cohesivo que intensifican los enfrentamientos entre grupos étnicos, religiosos o nacionales. Frente a ello, el Relator propone fortalecer formas de solidaridad conectora entre comunidades distintas, pues considera que la defensa de sistemas universales de protección social constituye una barrera democrática frente a la expansión de la ultraderecha y la política del odio.
A pocas horas de las elecciones presidenciales en Colombia, se hace necesario retomar los planteamientos del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, con relación a como la ultraderecha significa un retroceso para la democracia, para la lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad, y para la garantía de la protección social como un derecho individual y como un bien público que beneficia a toda la sociedad.
Olivier De Schutter fue Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, entre abril del 2020 y abril de 2026. ↩︎
Nos pronunciamos este 28 de mayo, Día Internacional de la Salud de las Mujeres, ante una realidad que los datos confirman y los poderes fundamentalistas, conservadores y retrógrados prefieren silenciar: en América Latina y el Caribe, 7.200 mujeres mueren cada año por complicaciones en el embarazo, el parto y el puerperio, según estimaciones a 2025 de la OMS, el UNFPA y UNICEF. Nuestra región es la que menos ha reducido este indicador en dos décadas, con una caída de apenas el 17 % frente al 40 % global. El cáncer de mama y el de cuello uterino, primeras y terceras causas de mortalidad oncológica en mujeres en América Latina, con una incidencia de 15,1 casos por cada 100 mil solo para el cervicouterino (según GLOBOCAN 2022), esto evidencia que se siguen cobrando vidas que podrían salvarse con tamizaje oportuno y sistemas de salud que vean a las mujeres más allá de su capacidad reproductiva. El futuro no parece alentador, pues para el año 2050 se proyecta un aumento del 40 % en los casos de cáncer de mama y del 30 % en los de cuello uterino en la región.
A lo expuesto, se suman los 3.828 feminicidios registrados en el año 2024, 11 muertes violentas de mujeres por razones de género cada día en 26 países y territorios (de acuerdo con la CEPAL), con una cifra acumulada de 19.254 en los últimos cinco años y la carga creciente de enfermedades crónicas, respiratorias, vectoriales y de salud mental que el cambio climático deposita de manera diferenciada en la vida y los cuerpos de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes. Según el Lancet Countdown, en toda la región las muertes relacionadas con el calor aumentaron un 140 % entre los años 2013 y 2022 en comparación con la década anterior, y las enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya se expanden hacia nuevos territorios destruyendo a su paso las fuentes de agua, los ecosistemas y la medicina propia de las comunidades.
Ya en Colombia el panorama no es distinto: cada semana mueren cuatro mujeres gestantes por causas evitables como la hemorragia, la hipertensión y la sepsis en lugares como Chocó, La Guajira, Nariño, Vichada y Caquetá, territorios racializados donde el sistema de salud no llega o llega tarde; el pueblo Wayúu acumula 75 casos de mortalidad materna en los últimos cinco años, en el año 2023, el país registró una razón de mortalidad materna de 44,5 por cada 100 mil nacidos vivos, mientras Costa Rica reportó 8,0 y Uruguay 19,1; en cáncer de cuello uterino se reportaron 27.385 casos prevalentes entre los años 2023 y 2024, presentándose un aumento de casi 5.000 respecto al período anterior, y la mortalidad por ese cáncer y por cáncer de mama golpea con mayor fuerza a las mujeres mayores de 60 años, las mismas que el sistema de tamizaje abandona cuando dejan de ser “población reproductiva”, las mismas que viven la menopausia y la vejez sin ninguna política pública que las reconozca como sujetas de derechos más allá del útero.
Estas cifras además de ser un asunto de salud pública, es el retrato más exacto del fallido alcance de las democracias en la región y del incumplimiento efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Una democracia que no garantiza que las mujeres nazcan, crezcan, envejezcan y mueran con dignidad y autonomía no es una democracia plena, es solo un pacto entre hombres que administran los cuerpos femeninos según su conveniencia. Los sistemas de salud de la región fueron diseñados desde la lógica patriarcal que reconocen a las mujeres en el embarazo, las vigilan en el parto, las contabilizan cuando paren y las vuelven invisibles el resto de sus vidas. No tienen políticas para la menopausia, no tienen rutas para la vejez femenina, no tienen protocolos para el daño que el extractivismo acumula en los cuerpos de quienes defienden el agua y la tierra. Y esa invisibilidad es funcional a un modelo de desarrollo que necesita cuerpos disponibles para la reproducción y el cuidado, y que prescinde de todo lo demás.
Ese modelo encuentra su expresión más agresiva en la articulación global entre las guerras, los fundamentalismos y el conservadurismo político. De acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el año 2024, más de 123 millones de personas fueron desplazadas forzadamente en el mundo y las mujeres y niñas son cada vez más afectadas por la utilización de la violencia sexual como arma de guerra; en el año 2023, cuatro de cada diez civiles asesinados en conflictos armados fueron mujeres, duplicando la proporción del año anterior, y los casos de violencia sexual relacionada con conflictos aumentaron un 50 %,. Mientras tanto, el gasto militar mundial alcanzó los 2,7 billones de dólares en el 2024, el mayor aumento desde el fin de la Guerra Fría, en tanto que el financiamiento para la salud sexual y la salud reproductiva en contextos humanitarios se desploma. Las guerras destruyen clínicas de maternidad, bloquean el acceso a anticonceptivos y a la atención obstétrica, y convierten el cuerpo de las mujeres en territorio de conquista. En paralelo, el neoconservadurismo religioso avanza como proyecto político transnacional con financiamiento propio, organizaciones como la Alliance Defending Freedom invirtieron 146 millones de dólares solo en el 2014 en América Latina, Europa y Asia para formar abogados y activistas antiderechos, con presencia sostenida en los parlamentos, las cortes y los foros internacionales de la región, desde la OEA hasta los congresos nacionales de Guatemala, El Salvador, Perú, Argentina, Ecuador y un bloque de países en el Caribe, articulando un discurso que usa el lenguaje de los derechos para negarlos y que convierte la salud de las mujeres en campo de disputa ideológica antes que en obligación del Estado.
En Colombia, donde la Sentencia C-055 de 2022 despenalizó el aborto hasta la semana 24, siendo uno de los fallos más avanzados de América Latina y un hito en el reconocimiento de la autonomía reproductiva como derecho fundamental, los grupos antiderechos organizaron en mayo del año 2024 la Marcha Nacional por la Vida para exigir su anulación, y hoy litigan por vía administrativa lo que no lograron impedir por vía judicial, mientras la violencia obstétrica en los servicios de interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo denunciada por las organizaciones y los movimientos feministas. Este accionar local es parte de la misma estrategia transnacional que desmonta las instituciones de igualdad de género, recorta los presupuestos de salud sexual y reproductiva, criminaliza a las defensoras de DSDR y convierte el retroceso en política de Estado. Cuando los espacios democráticos se cierran sobre los cuerpos de las mujeres, toda la democracia se estrecha.
Desde ILSA, con muchos años de acompañamiento a movimientos de mujeres, sociales y comunidades desde una visión crítica y alternativa del derecho, lo nombramos con la precisión que la situación exige y es que todo lo anterior es una forma de violencia estructural contra todas las mujeres y con una responsabilidad política identificable en el silencio cómplice de los Estados. La resistencia que necesitamos no es la de los pronunciamientos sin consecuencia sino la que litiga, documenta, cualifica jurídicamente a las mujeres en sus derechos, nombra a los actores del fundamentalismo con sus financiadores y sus estrategias, amplía la agenda de salud más allá del útero, exige tamizaje universal con enfoque diferencial étnico y territorial, y convierte el daño que el extractivismo y el cambio climático hacen en los cuerpos de las mujeres en responsabilidad jurídica del Estado.
Las mujeres que mueren en los territorios más empobrecidos de esta región no son un daño colateral, sino el fracaso documentado de un sistema que eligió no cuidarlas. Honrarlas exige transformación, no conmemoración.
Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto Armado en Colombia
María Eugenia Ramírez Brisneda ILSA
Desde el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) honramos este 25 de mayo —Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto Armado en Colombia— la vida y el trabajo de las mujeres víctimas que siguen demandando verdad, justicia y reparación, , una deuda histórica que el país todavía no ha saldado. Esta fecha nació de un terrible acontecimiento: el 25 de mayo del año 2000, la periodista Jineth Bedoya Lima fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual por paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, cuando realizaba un reportaje en la cárcel La Modelo de Bogotá. Catorce años después, el Decreto 1480 convirtió esa fecha en una medida de reparación simbólica, reforzada más tarde como orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a que lo que le ocurrió a Jineth Bedoya no fue un hecho aislado, sino la expresión más documentada de crímenes sistemáticos, ejercidos por todos los actores del conflicto colombiano durante más de cinco décadas contra el cuerpo y la vida de las mujeres como botines de guerra.
Los datos construidos con enorme dificultad en un país donde el subregistro es parte del crimen hablan por sí solos. El Registro Único de Víctimas presenta 37.820 víctimas de violencia sexual desde el año 1985 hasta el 2023, de las cuales el 91% son mujeres y el 2% son personas LGBTIQA+. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad documentó en su informe final, Mi cuerpo es la Verdad, 32.446 actos contra la libertad e integridad sexual, contra mujeres y niñas que representan el 92% del total, y estableció que los paramilitares, las guerrillas y los agentes de la fuerza pública, todos los actores armados sin excepción, utilizaron la violencia sexual como instrumento y estrategia deliberada de dominación territorial y de sometimiento de las comunidades y de los cuerpos de las mujeres. Las afrodescendientes representan el 87% de las víctimas, las indígenas el 12,45%. Mientras tanto, en el año 2024, fuera del marco del conflicto armado, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró 16.797 exámenes medico legales por presunto delito sexual, el 88% de las víctimas son mujeres; el SIVIGILA reportó 28.944 casos de violencia sexual solo hasta octubre de ese año; y el grupo más afectado, con el 41,86% de los casos, fueron las adolescentes entre los 12 y 17 años, seguidas de las niñas entre los 6 y los 11 años con el 21,37%.
Frente a esa magnitud, la respuesta del Estado ha sido históricamente la del subregistro cómplice, la revictimización institucional y la impunidad normalizada. Por más de cincuenta años, los crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado enfrentaron barreras sistemáticas para la denuncia y la investigación por la desconfianza en las instituciones que eran parte del aparato agresor, el miedo a la estigmatización y la ausencia de garantías de protección para las sobrevivientes. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), abrió en septiembre del año 2023 el Macrocaso 11, que investiga la violencia sexual, reproductiva y por prejuicio cometida en el conflicto, y a septiembre del año 2025 había acreditado a 635 víctimas e identificado 62 comparecientes entre exintegrantes de las FARC-EP y los agentes de la fuerza pública. Es un avance que reconocemos, pero es también un espejo indignificante; el RUV tiene 37.820 víctimas registradas y el Caso 11 va en 635 acreditadas, y eso con décadas de subregistro por encima. La distancia entre ambas cifras nos demuestra el tamaño de la impunidad.
Esa impunidad no es el pasado: Colombia no ha salido del conflicto armado ya que los diferentes grupos armados organizados siguen operando en los territorios, siguen usando la violencia sexual como arma de control y despojo, siguen eligiendo los cuerpos de las mujeres negras, indígenas, campesinas, defensoras de derechos humanos y de las lideresas comunitarias como territorio de disputa. Y el Estado colombiano, que firmó un Acuerdo de Paz en el año 2016 con un enfoque de género reconocido internacionalmente, sigue sin garantizar la implementación plena de las medidas de protección, reparación y no repetición para las mujeres víctimas.
Colombia le debe a sus sobrevivientes algo más que una fecha. Le debe la verdad completa sobre los responsables que aún no han comparecido, incluidos los agentes del Estado que el Caso 11 ya está llamando a rendir cuentas. Le debe justicia sin prescripción, porque los crímenes de lesa humanidad no caducan, aunque el Estado haya tardado décadas en investigarlos. Le debe la reparación que no se mida en resoluciones administrativas sino en transformación real de los territorios y las vidas que el conflicto destruyó. Le debe garantías de no repetición en un país donde el conflicto mutó, pero no terminó, donde los grupos armados siguen eligiendo los mismos cuerpos, los mismos territorios, las mismas mujeres negras, indígenas, campesinas y defensoras como objetivo. Y le debe, sobre todo, que el Acuerdo Final de Paz del 2016, deje de ser un documento y se convierta en realidad para las mujeres que esperan.
Es por esto por lo que hoy, ILSA exige al Estado colombiano que cumpla, le pide a la sociedad que no normalice la impunidad y que todas las organizaciones y colectivos de derechos humanos, nos sumamos, sin vacilación, a las voces que resisten, a quienes llevan años sosteniendo que no es hora de callar, para que sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación sea una realidad sin más dilación ni impunidad.
Porque ellas siguen esperando que la justicia llegue antes de que la vida se acabe
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)
Fue el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional que en 1889 en Paris, definió que el 1 de mayo se debía conmemorar en el mundo la lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago: cinco sindicalistas anarco-comunistas que fueron ejecutados (uno de ellos se suicidó) en Estados Unidos, tras un juicio dudoso y malintencionado de haber cometido actos de agresión contra la policía, durante una huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, que luchaba por la jornada laboral de 8 horas.
Tras 140 años de este hecho histórico, el Instituto Latinoamericano por un Derecho y Sociedad Alternativos (ILSA), saluda las dignas luchas de la clase trabajadora (formal e informal), y de todas las organizaciones sociales que siguen exigiendo los derechos laborales y sociales que son la base de la justicia social.
Estamos a las puertas de una nueva elección presidencial en Colombia, y es necesario reconocer en qué situación se encuentran hoy los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, haciendo consciencia dónde hubo avances para exigir la progresividad de las políticas públicas favorables, y también reconocer dónde existieron desmejoras o regresiones en los derechos, para fortalecer los procesos de movilización social y defensa de los mismos.
Sin duda el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) ha procurado avances en materia laboral. Entre ellos se destacan, por citar sólo 3 iniciativas, el impulso de la reforma pensional aprobada mediante la Ley 2381 de 2024, la presentación sucesiva de la reforma laboral sistemáticamente negada en el Congreso de la República, y el aumento por decreto del salario mínimo vital y móvil en un 23,7%.
Sin embargo, cada una de estas iniciativas y otras de igual interés social, han sido directamente controvertidas y neutralizadas por el poder judicial o directamente bloqueadas en el legislativo.
Por ejemplo, la Corte Constitucional mantiene suspendida la entrada en vigencia de la reforma pensional, inicialmente prevista para julio de 2025, debido a vicios de procedimiento en el Congreso, deficiencias que la Cámara de Representantes corrigió de manera inmediata, pero que en el alto tribunal no ha surtido ningún pronunciamiento. Mientras la Corte revisa las demandas que existen contra la reforma, sigue rigiendo la Ley 100 de 1993, generando incertidumbre y frenando el traslado de fondos.
Un hecho conexo a este conflicto es que, por efectos de la reforma pensional, cerca de 125 mil personas se han trasladado en los últimos meses de los fondos privados a Colpensiones, para mejorar sus condiciones de pensión. Para facilitar la implementación de la reforma, el Gobierno emitió, entre otros, el Decreto 415 de 2026, buscando el traslado de recursos de los fondos privados a Colpensiones. Hace dos días, con una diligencia inusitada, la Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió mediante medida cautelar provisionalmente el traslado de cerca de $25 billones de los fondos privados a Colpensiones, con el fin de, se argumentó, proteger el ahorro pensional, evitando que esos recursos se usen para gasto inmediato, tras advertencias de la Contraloría y el Banco de la República.
Antes, la Corte Constitucional había declarado inexequibles varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo, como la llamada “expropiación exprés”; tumbó buena parte de los decretos de emergencia económica y social de la Guajira, y también una parte importante de la reforma tributaria que prohibía a las empresas deducir del impuesto de renta lo que habían pagado por regalías en la explotación de recursos naturales no renovables, con lo cual, impidió que el Gobierno recaudara cerca de 7 billones para la política social. A nuestro juicio, con este último fallo, la Corporación contradice el principio de equidad tributaria, fundamento básico del Estado Social de Derecho. Por otra parte, también ha sido problemática la sentencia que declaró inexequible el Ministerio de la Igualdad y la Equidad con lo cual, independiente de los problemas de gestión que han tenido quienes lideraron la cartera, reduce los márgenes de acción de las políticas públicas para los sectores sociales excluidos del país y para buena parte de la clase trabajadora.
Otro escenario de disputa entre el Ejecutivo y el poder judicial se ha creado alrededor del decreto del aumento del salario mínimo, vital y móvil que adoptó el Gobierno el pasado mes de diciembre. El Consejo de Estado ratificó la suspensión provisional del aumento del 23,7% al salario mínimo para 2026, argumentando falta de justificación técnica en el decreto, pues, señaló, el aumento salarial incumple con los criterios legales vigentes, entre ellos el de mantener la meta de inflación del Banco de la República. A pesar de esto, el Gobierno mantuvo el aumento del salario vital mediante un decreto transitorio, con lo cual se ha creado una incertidumbre legal sin precedentes en el país.
Cada una de estas situaciones de rechazo u omisión de las reformas sociales pretendidas, han sido cuestionadas abiertamente por el Gobierno, con lo cual diferentes actores políticos pro-establecimiento, han afirmado que el Ejecutivo con sus “ataques” rompe el principio constitucional de separación de los poderes y, en consecuencia, el sistema de pesos y contrapesos entre las ramas del poder público.
Aunque en ILSA creemos que el Estado de Derecho tiene sus reglas para el juego democrático, queremos insistir en esta conmemoración del 1° de Mayo, que la cláusula del Estado Social de Derecho también impone unas obligaciones ineludibles a los poderes públicos, en pro de la concreción de la justicia social.
Deseamos recordar hoy la emblemática Sentencia T-406 de 1994 del Magistrado Ciro Angarita, que señaló que el juez constitucional es un actor activo en el Estado Social de Derecho. El juez no es un simple aplicador mecánico de la ley, sino un intérprete que garantiza derechos fundamentales mediante la discrecionalidad interpretativa y la protección del interés general. El juez debe armonizar la Constitución con la ley y los hechos, limitando el sentido político de los textos legales y haciendo efectiva la garantía jurisdiccional de los derechos consagrados por el constituyente de 1991. La decisión judicial es un proceso de creación de derecho y no solo de aplicación mecánica del mismo, determinada por la camisa de fuerza de una rígida separación de poderes; por lo mismo, los jueces deben hacer respetar el principio de la justicia material y no sólo de la justicia formal (propia ésta del simple Estado de Derecho).
El juez en función constitucional es portador de la visión institucional del interés general y del principio pro homine o de la dignidad humana. Nos cuestiona profundamente que algunas de las decisiones judiciales comentadas, han olvidado desafortunadamente las enseñanzas y orientaciones del Maestro Ciro Angarita Barón.
