Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)
El pasado 21 de abril, el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas y jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, presentó ante el Consejo de Seguridad de ese organismo el más reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, que abarca el periodo del 27 de diciembre de 2025 al 26 de marzo de 2026. En ILSA presentamos, en diez puntos, los elementos centrales del documento:
Se presentan avances desiguales y retos persistentes en la implementación del Acuerdo Final. El informe reconoce progresos en varios componentes, especialmente en reforma rural integral y reincorporación de firmantes de paz, pero insiste en que la implementación sigue siendo desigual, que en los territorios donde esta ha sido priorizada los resultados tardan más de lo inicialmente proyectado y que la violencia relacionada con el conflicto plantea peligros considerables que socavan la implementación.
La Reforma Rural Integral continúa siendo el eje estructural de la paz. Se reafirma que el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad y la presencia estatal en el mundo rural son fundamentales para enfrentar causas históricas del conflicto. Se destacan avances en adjudicación y formalización de tierras; aunque los resultados están todavía lejos de las metas previstas en el Acuerdo, por lo que se debió ampliar la fecha para garantizar la meta de incorporación de tres millones de hectáreas al fondo de tierras.
La Jurisdicción Agraria y Rural sigue enfrentando retrasos para su puesta en marcha efectiva.Aunque se reconoce su potencial para tramitar conflictos sobre tierra y fortalecer acceso a justicia rural, el informe subraya que la ausencia de la ley de competencias y procedimientos ha retrasado su operatividad. Este es presentado como un cuello de botella relevante para la implementación1.
Los PDET siguen siendo el principal instrumento de transformación territorial, pero con ejecución limitada.Se destaca la extensión de los PDET hasta 20372 y las importantes inversiones realizadas, pero también se advierte que los proyectos de alto impacto presentan avances insuficientes. El promedio de ejecución señalado (46 %) muestra rezagos que afectan la transformación material esperada. A pesar de esto, se presenta una reducción importante de la pobreza multidimensional al pasar de 39,8 % al 23,7 % entre 2018 y 2023.
Los planes nacionales para la reforma rural presentan avances muy desiguales. Algunos sectores, como conectividad, electrificación y economía solidaria, muestran progreso, mientras otros estratégicos, como formalización de la propiedad, riego y comercialización, presentan rezagos importantes. Esto revela importantes asimetrías en la implementación de este componente del Punto 1 del Acuerdo Final de Paz.
La reincorporación de excombatientes sigue avanzando, pero enfrenta retos estructurales. Se reconoce que más de 11.000 excombatientes continúan vinculados al proceso, con avances en planes individuales, acceso a tierras y vivienda. Sin embargo, persisten dificultades en sostenibilidad económica, acceso a empleo, cobertura para quienes están fuera de los antiguos ETCR y garantías integrales de reincorporación.
La seguridad sigue siendo uno de los principales factores que socavan la implementación. El informe insiste en que amenazas y asesinatos contra líderes sociales, excombatientes y beneficiarios de tierras siguen afectando gravemente la implementación. Aunque se han activado mecanismos de protección, persiste un deterioro de seguridad en varias regiones. Las economías ilícitas, como el tráfico de drogas y la minería ilegal, siguen siendo los principales factores de la violencia en las regiones afectadas por el conflicto. 491 reincorporados han sido asesinados desde la firma del Acuerdo Final de Paz, 179 fueron víctimas de intento de homicidio. En el periodo informado se desplazaron masivamente 8.404 personas y se registró el confinamiento de 23.039 en 26 municipios de 8 departamentos.
Se registran avances institucionales en enfoque de género, pero con obstáculos persistentes. Se destacan progresos en participación de mujeres rurales y mujeres excombatientes, así como iniciativas productivas específicas. Pero también se identifican limitaciones de financiación y riesgos para lideresas; así como, debilidades, indeterminaciones y retrocesos en mecanismos institucionales de seguimiento y entidades relacionadas con la implementación del enfoque de género.
Se mantiene activa la dimensión de justicia transicional y verdad como componente de implementación. El reconocimiento de responsabilidad de antiguos mandos de las FARC-EP en el Caso 07, así como los avances en desminado y apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), muestran que el componente de verdad, justicia, reparación y no repetición sigue produciendo desarrollos relevantes.
El informe insiste en que la implementación plena del Acuerdo sigue siendo una estrategia de seguridad y estabilización. Más allá de sus componentes programáticos, la Misión reitera que el Acuerdo sigue siendo el marco más integral para enfrentar violencia, desigualdad, economías ilícitas y débil presencia estatal. La implementación aparece no solo como obligación normativa, sino como condición para la no repetición.
El informe cierra advirtiendo que “a medida que se acercan las elecciones presidenciales y la dinámica política se vuelve cada vez más compleja, será fundamental que los colombianos mantengan el compromiso de lograr la paz, la seguridad y la prosperidad para todas y todos”.
La Ley estatutaria que establece la integración y estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural, Ley 2570 de 2026, se expidió un día después del periodo abarcado por el informe, el 27 de marzo de 2026. ↩︎
Ley 2565 del 12 de febrero de 2026. “Mediante la cual se prorroga el Decreto Ley 893 de 2017, se promueve el fortalecimiento institucional de los municipios pertenecientes a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y se dictan otras disposiciones” ↩︎
Bajo un modelo de desarrollo y consumo que ignora los bienes comunes.
Ismael Díaz
Vicepresidente de ILSA
Hace más de 50 años que se hizo un primer llamado a la acción en defensa de la tierra, la cual estaba y sigue estando frente a una constante contaminación del aire, la tierra y el agua; a la deforestación; a un desarrollo restringido a lo económico, basado en la explotación minero-energética; la amenaza de una guerra nuclear, entre otros.
Después de tanto tiempo, no queremos aprender de la historia y se siguen los mismos patrones que atentan contra el planeta tierra, ignorando que lo que el ser humano haga a este, afecta directamente a todos los seres vivos. Si no reaccionamos ya, los efectos e impactos del presente, se incrementaran a mediano y largo plazo, llegando a un punto de no retorno.
Es así, como desde la mitad del siglo pasado Rafael Elizalde Mac-Clure; decía que la crisis de hoy no es una crisis nueva sino una crisis vieja y que somos varias las generaciones cómplices de no haber cambiado nuestra conciencia en relación con el planeta. Nos dice que desde el año 1958, existían muchos pronunciamientos sobre la condición humana y la situación del planeta tierra, dejándonos una observación que nos sirve en el presente: “El hombre tiene casi deshecho su propio nicho en la biosfera, ha roto la cadena de la supervivencia; no está consciente de su infinita pequeñez dentro del universo y procede en nuestro micro planeta como si su especie fuera la única que existe”1. Hoy se puede observar que la crisis persiste, es por esto que el día de la Tierra no es cualquier día, sino que debe ser un momento de reconocer que hay una crisis producida por nuestras propias manos, por patrones ligados al sistema económico hegemónico, capaz de desarrollar alteraciones y cambios planetarios, un modelo de desarrollo depredador y consumista que privilegia el acaparamiento, el sometimiento y una forma de interactuar con el planeta y la vida en él. Se requiere tomar una conciencia socioecológica, porque, de lo contrario, nuestra lucha contra el cambio climático no será efectiva, no habrá justicia socioambiental y una eliminación de la pobreza extrema sin una conciencia socioambiental y ecológica y de entender que hay que defender y cuidar nuestra casa común, como lo recomendaba el Papa Francisco.
Adquirir una conciencia socioecológica requiere superar esa postura cómoda de ser un simpatizante y pasar a un activista y militante que proponga tesis disruptivas como el rechazo a ver la naturaleza como algo inagotable y subordinada al modelo hegemónico de desarrollo, y reconociendo de paso la indivisibilidad e interdependencia del ser humano como sociedad y como parte de la naturaleza. Por lo tanto, es con la superación del modelo subyugante de crecimiento económico basado en un consumo de desenfrenado y de una acumulación inequitativa centrada en unos pocos y en un “sálvese quien pueda”, para dar paso a una conciencia y acción donde se reconozca las tradiciones milenarias donde entendamos que somos tierra, de la tierra y retornaremos a la tierra y por lo tanto dejar de arriesgar la supervivencia del planeta, nuestra casa común, tarea que solo le compete al ser humano, pensando más allá de los humanos.
Dicho lo anterior, debemos cuidar nuestro planeta con medidas concretas, como eligiendo gobiernos capaces de reconocer y recoger las voces y propuestas de ambientalistas, ecologistas, así como de aquellas voces disruptivas, pero propositivas, provenientes de sus propios gobiernos, del sector privado, de los movimientos socioambientales, y de una creciente proclama de ciudadanos y ciudadanas que trabajan en pro de la justicia ambiental, de la conservación de la vida en la tierra, del cuidado de ecosistemas, de los animales y de la tierra misma.
PROBLEMAS QUE AFECTAN LA VIDA DE LA TIERRA Y EN LA TIERRA
El ser humano, ha dejado de verse como un todo con los demás seres vivos y como parte de la tierra misma y se ha dado a la tarea de asignar un reconocimiento simbólico para cada uno de los elemento de ella: día del aire, del agua, del medio ambiente, de la tierra etc, y si bien eso es importante y un avance aun minúsculo, la protección de estos es un esfuerzo que debe ser un propósito de todos los días de nuestra existencia, pues de lo contrario tendremos que acogernos a las voces fatalistas que profetizan el fin de nuestra madre tierra como la definen los pueblos y comunidades ancestrales.
Seguramente es muy difícil priorizar los problemas que afectan la tierra, pero si es de reconocer que el principal causante de estos problemas es el ser humano, concretamente el modelo económico hegemónico que no concibe la tierra como bien común, sino como medio de producción, susceptible de apropiación privada y particular, pasando a la sobreexplotación y el acaparamiento a escala planetaria. El caso de América Latina es muy disiente de lo expuesto: el 1% de los propietarios controla más del 50 % de la tierra agrícola, lo que deja a la mayoría de la población sin un sustento que le permita su autonomía para disfrutar de una vida digna, desconociendo a los más vulnerables el derecho a la tierra, y los necesarios límites a la expansión de la frontera agrícola, promoviéndose la tala de bosques; y, por supuesto, los daños causados por la visión desarrollista basada en la extracción de materiales mineroenergéticos, atentando contra otros seres vivos, afectando el agua, los bosques, la fauna, la flora y microorganismos, todos fundamentales para la vida en la tierra.
El proceso de industrialización y desarrollo productivo en los países del norte Global, al basarse den hidrocarburos y minerales fósiles, ha vertido a la atmósfera gases que han aumentado la temperatura de la tierra en 1.1 grados celsius en los últimos 100 años, generando lo que hoy conocemos como calentamiento global. Este fenómeno del calentamiento global desde hace ya algún tiempo ha venido provocando fenómenos climáticos extremos y de contrastes, como sequias prolongadas, después de periodos de fuertes inviernos, aparición de plagas y enfermedades, entre otros.
El poblamiento de la tierra ha ido de la mano de una constante y desenfrenada urbanización, la concentración humana e industrial urbana generan más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, yendo de la mano de la reducción de tierras agrícolas fértiles, hábitats y ecosistemas naturales, selvas, páramos, humedales y fuentes de agua, indispensables para la estabilidad del planeta.
Finalmente habría que decir que al conmemorar un nuevo día de la tierra en este 2026, planteamos algunas razones y posturas frente a esta efeméride como aporte al reconocimiento e importancia del cuidado del planeta.
Para nuestra institución la principal preocupación la encontramos en el modelo económico, que está centrado en una mirada de cosificación, apropiación y explotación del planeta como si sus recursos fueran inagotables, generando cambios de orden planetario, el capitaloceno, ya que la crisis global corresponde y es resultado de una forma histórica específica de organizar poder, trabajo, naturaleza y acumulación: el capitalismo. Expresiones de este sistema son las prácticas extractivistas depredadoras y criminales con el ambiente y el apropiamiento de ecosistemas estratégicos indispensables para la vida del planeta. El capital, además tiene como premisa privatizar, mercantilizar, monetizar y comercializar todos aquellos aspectos de la naturaleza a los que tiene acceso, es la colonización de nuestro mundo de vida.
Recogemos las lecturas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), cuando afirma que Colombia es uno de los países más megadiversos del mundo; que en su territorio cuenta con el 10% de la biodiversidad del planeta, sus múltiples ecosistemas suman aproximadamente 2.070.408 km2, de igual forma es de reconocer que en la actualidad Colombia cuenta con 61 áreas protegidas, siendo la ultima la Serranía Manacacías que alberga en su interior 12 ecosistemas en un área de 68.030 hectáreas2. Habría que decir que el Sistema de información sobre Biodiversidad en Colombia da cuenta de la existencia de 79.831 especies, de las cuales 32.055 pertenecen a la fauna y alrededor de 37.718 a la flora; por lo anterior, las resistencias al sistema económico hegemónico, las demandas de justicia social, la construcción de Otras economías, deben ir de la mano de las banderas ecológicas, ambientales y bioculturales, en la defensa de la Tierra como ser superior y un todo sistémico que junto a otros seres vivos hacen posible la existencia de la vida misma.
Jonathan Barton, instituto para el desarrollo sustentable UC & instituto de Geografía e investigador CEDEUS. 2021 ↩︎
Cesar Paz-y Miño. Investigador en Genetica. Universidad UTE. Para Notimercio, 20 ABRIL 2025 ↩︎
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA
La madrugada de hoy, 19 de abril, nos abandonó el jurista, profesor, compañero y amigo Víctor Manuel Moncayo Cruz (1942–2026). Sin duda, uno de los últimos abogados críticos marxistas de una generación comprometida con la transformación diametralmente radical de las sociedades de Nuestra América toda; un abanderado de la educación superior pública, la solución del conflicto armado y la construcción de paz. El maestro Víctor formó parte de ILSA desde la segunda mitad de la década de 1980 hasta 2016, siendo parte del equipo de trabajo y, posteriormente, integrante de su junta directiva.
El compañero Víctor Moncayo fue pionero en nuestro país en la crítica del orden social capitalista, de su Estado y su derecho, desde un pensamiento jurídico crítico y una investigación sociojurídica de raíz marxista. De igual manera, fue un defensor del uso alternativo del derecho; estas apuestas se condensan en sus propias palabras: “no se trata solo de conocer o utilizar el derecho, sino de confrontarlo, criticarlo, con la esperanza de superarlo”. Ese abordaje marxista del derecho se dio inicialmente en Colombia en organizaciones y centros de estudio e investigación que brindaban asesoría jurídica popular, como el CINEP e ILSA, a los que Moncayo estuvo vinculado, y donde se dieron las primeras reflexiones críticas sobre la especificidad de la forma jurídica de la sociedad capitalista, las cuales pasarían, de la mano del profesor, a las aulas de la Universidad Nacional.
Víctor también será recordado como un inmenso defensor de la educación superior pública, por su rol como docente y profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, casa de estudios de la que fue decano de su Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; rector (1997–2003) y, hoy en día, representante del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) ante el Consejo Superior Universitario (CSU).
Su compromiso con la superación de la realidad colombiana lo llevó también a ser parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), creada en el marco de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, desde donde abordó la complejidad y causalidad sistémica del conflicto armado colombiano, así como las responsabilidades de cara a la construcción de una paz estable y duradera.
La ausencia del profesor Moncayo se sentirá en espacios como CLACSO, donde fue expositor, profesor de diferentes seminarios e integrante de diversos grupos de trabajo orientados a abordar el derecho y el Estado; uno de ellos fue Crítica Jurídica Latinoamericana. Movimientos sociales y procesos emancipatorios, grupo de trabajo que inició una línea de acción que hoy, más de 12 años después, continúa en CLACSO a través del GT Luchas antisistémicas y pensamiento jurídico crítico.
Precisamente, cuando al maestro Moncayo se le encargó, por parte de CLACSO, hacer la Antología del pensamiento crítico colombiano contemporáneo, en los criterios de selección usó unas palabras que bien le describen, pues Víctor, durante su periplo vital, perseveró en la perspectiva crítica, democrática y emancipadora; esto es, en aquella que rechaza o contribuye a confrontar el orden social capitalista y colonial en nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas y, específicamente, en la colombiana. Desde ILSA, su pensamiento y su compromiso seguirán siendo guía y tarea: en la crítica del derecho, en la defensa de lo público y en la lucha por una nueva sociedad.
A su esposa, Ruthy, a sus hijas Viviana y Patricia, nuestro más sentido pésame y nuestro cálido abrazo.
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA)
Hoy, 9 de abril de 2026, en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) convoca a recordar no solo la magnitud del conflicto armado colombiano, sino también las responsabilidades históricas, políticas y jurídicas que se derivan de sus consecuencias. A diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, y en medio de un contexto electoral marcado por discursos contra mecanismos orientados a garantizar los derechos de las víctimas y candidaturas presidenciales que hacen uso de diversas formas de violencia simbólica, verbal y física, esta conmemoración exige reafirmar el compromiso colectivo con la construcción de una sociedad orientada a detener la guerra, profundizar la reconciliación democrática y consolidar condiciones reales de convivencia, no estigmatización y garantía efectiva de derechos.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, un total de 10.230.330 personas han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado. El desplazamiento forzado constituye el hecho victimizante de mayor impacto, con 9.115.103 personas obligadas a abandonar sus vidas y territorios, lo que evidencia las dimensiones situadas de la guerra y sus profundas implicaciones sociales, económicas y culturales.
El campesinado ha sido la principal víctima de la guerra: más de cuatro millones de hechos victimizantes, equivalentes al 45,5 % del total registrado, afectaron directamente a campesinas y campesinos, confirmando que el conflicto armado ha estado profundamente ligado a la apropiación de tierras, la imposición de modelos de desarrollo y configuraciones territoriales del campo colombiano.
Más del 90 % de las personas afectadas por el conflicto armado pertenecen a la población civil y, según la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), en el 42 % de los casos las víctimas sufrieron múltiples hechos victimizantes en distintos momentos y a manos de diferentes actores armados, lo que evidencia la continuidad y complejidad sistémica de la violencia.
El periodo comprendido entre 2001 y 2005 concentró la mayor intensidad del conflicto, con 3.678.887 hechos victimizantes y 3.357.611 víctimas registradas. En el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha acreditado, dentro de sus once macrocasos, a 14.659 víctimas individuales y 423 sujetos colectivos.
De las imputaciones realizadas, los exintegrantes de las FARC-EP han reconocido el 98,36 %, mientras que los comparecientes de la fuerza pública han reconocido el 86,90 %, avances que reflejan la centralidad del reconocimiento de responsabilidades como condición para la justicia restaurativa.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad ha señalado que esta guerra no puede entenderse únicamente como un enfrentamiento entre actores armados, sino como el resultado de entramados políticos, económicos y sociales en los que participaron también actores civiles y estructuras de poder vinculadas a disputas territoriales y económicas. En esa perspectiva, el conflicto armado constituye un fenómeno histórico estructural que ha atravesado generaciones enteras: según la CEV, no ha existido en Colombia una generación que haya vivido plenamente en paz, y al menos el 20 % de la población ha sufrido una afectación directa derivada de la guerra.
Si el país guardara un minuto de silencio por cada víctima reconocida, Colombia permanecería en silencio durante diecisiete años. Esta imagen, más que una metáfora, expresa la dimensión ética del desafío que enfrenta la sociedad colombiana.
Las cifras aquí expuestas no pueden reducirse a un ejercicio estadístico ni a una conmemoración ritual. Exigen, por el contrario, comprensiones complejas y sistémicas que permitan reconocer las múltiples dimensiones de la guerra y avanzar hacia transformaciones estructurales orientadas al cese definitivo de las violencias. La garantía integral de los derechos de las víctimas, el reconocimiento jurídico, político y social de lo ocurrido y la construcción territorializada de la paz constituyen condiciones indispensables para evitar la repetición de ciclos de negociación fragmentados, promesas incumplidas y procesos de paz pospuestos. Recordar, en este sentido, no es un acto pasivo de memoria, sino una decisión política y ética orientada a hacer posible una paz total, estable y duradera, este es también, nuestro compromiso como institución.
Cada 8 de marzo, en Colombia y el mundo, las mujeres volvemos a las calles no por tradición, sino por necesidad. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora nace de las luchas obreras y feministas de inicios del siglo XX, impulsadas por lideresas como Clara Zetkin y se consolida tras las huelgas de obreras rusas en 1917. Desde 1975, cuando la Organización de las Naciones Unidas institucionalizó la fecha, el 8M es una jornada de memoria y exigencia: recordamos que nuestros derechos no son concesiones simbólicas, sino obligaciones del Estado y de la sociedad.
En Colombia, las razones persisten. Las brechas laborales continúan siendo estructurales: las mujeres enfrentamos mayores tasas de desempleo y menor participación en el mercado laboral. En 2025, la tasa de desocupación femenina se ubicó alrededor del 11,1 %, frente al 7,1 % de los hombres, una brecha cercana a 4 puntos porcentuales. Además, la participación laboral femenina sigue siendo significativamente menor: mientras 76,6 % de los hombres participan en el mercado laboral, solo el 53,7 % de las mujeres lo hacen.
La precariedad también está marcada por la informalidad. En Colombia, más del 55 % de las personas ocupadas trabajan en condiciones de informalidad, lo que implica ausencia de estabilidad laboral, seguridad social y protección efectiva de derechos. Esta realidad afecta especialmente a las mujeres, que se concentran en sectores de baja remuneración y alta inestabilidad laboral.
A estas desigualdades se suma la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que limita la autonomía económica de las mujeres. Las mujeres en Colombia dedican en promedio 7 horas y 44 minutos diarios al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los hombres dedican 3 horas y 6 minutos, más del doble de tiempo. Esta carga desigual reduce las oportunidades de empleo, ingresos y desarrollo profesional.
La desigualdad económica también se refleja en los ingresos. En promedio, las mujeres en Colombia ganan entre un 10 % y un 20 % menos que los hombres, dependiendo del sector y el nivel educativo. Además, la pobreza tiene un rostro femenino: los hogares con jefatura femenina presentan mayores tasas de pobreza monetaria y mayor vulnerabilidad económica.
A la precariedad económica se suma la violencia machista. Los feminicidios, las desapariciones de mujeres y las agresiones en el espacio público continúan arrebatando vidas y restringiendo libertades. Solo entre enero y octubre de 2024 se registraron 745 feminicidios en el país, según reportes de la Defensoría del Pueblo.
Las violencias también se expresan en el ámbito familiar y sexual. Cada año miles de mujeres denuncian agresiones. En 2024 se registraron más de 17.000 denuncias por delitos sexuales contra mujeres, y la mayoría de las víctimas fueron niñas y adolescentes.
Persisten además las violencias en el hogar, en el trabajo, en la academia, en la política y en contextos de conflicto armado. Muchas mujeres siguen denunciando con miedo a la revictimización y enfrentando barreras para acceder a la justicia.
El 8M es, por tanto, una jornada de movilización y exigencia democrática. Marchamos por trabajo digno, por autonomía económica, por el reconocimiento del cuidado, por el derecho a habitar el espacio público sin miedo y por una vida libre de violencias.
Porque mientras exista una mujer sin ingresos propios, una contratista sin garantías, una víctima de feminicidio, una desaparecida o una niña violentada, el 8 de marzo seguirá siendo un llamado colectivo a la acción.
Hoy 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, las firmantes organizaciones miembro de la FIDH en las Américas, exigimos a la Organización de Estados Americanos (OEA) que se pronuncie rechazando de manera contundente la recién declarada política de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos y los recientes actos de hostilidad diplomática, económica y militar en el mar Caribe que atentan contra la soberanía de las naciones latinoamericanas.
La escalada de hostilidad contra los gobiernos de los países de Latinoamérica y el Caribe por parte de Estados Unidos ha superado los límites de la diplomacia y el derecho internacional. Desde agosto de 2025 la Armada de los Estados Unidos ha establecido una presencia militar significativa en el sur del mar Caribe, mediante el despliegue de unidades navales y aéreas, que incluye el portaaviones Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense.
Dicha movilización constituye la mayor demostración de poderío militar de ese país en Latinoamérica en décadas, la cual se lleva a cabo bajo la justificación de una presunta operación antidrogas. Relatores expertos de la ONU han denunciado que en 21 de los ataques reivindicados por el gobierno estadounidense en este marco se ha asesinado a más de 80 civiles, constituyendo graves violaciones del derecho a la vida y del derecho internacional del mar y por ello, afirmaron: “los responsables de ordenar y llevar a cabo estos asesinatos extrajudiciales deben ser investigados y procesados por homicidio”.
Los ataques indiscriminados contra embarcaciones constituyen un uso ilegítimo e ilegal de la fuerza, así como una violación flagrante a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución. Estas acciones quebrantan las normas fundamentales del derecho internacional como la obligación de garantizar la vida, la integridad personal, el debido proceso y las garantías judiciales, lo que las configura como ejecuciones extrajudiciales.
La instrumentalización de la “lucha contra las drogas” por parte del gobierno de Estados Unidos para justificar acciones unilaterales de evidente intencionalidad política, la intromisión en los procesos electorales internos y el uso desproporcionado de la fuerza supone un peligroso precedente que requiere una respuesta contundente de la comunidad internacional. La erosión del sistema democrático y las violaciones de derechos humanos que han sido documentadas en Venezuela por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos humanos en múltiples informes, y, que desde la FIDH se han señalado, no autorizan a ningún Estado a intervenir como lo está haciendo Estados Unidos, de manera contraria al derecho internacional. Al hacerlo vulnera el derecho central en que se sustenta la arquitectura del orden mundial, el cual es la libre determinación de los pueblos.
Ante esta escalada de violencia y de tensión en la región, la OEA tiene el deber político y legal de dar una respuesta conjunta y acorde al derecho internacional frente a la latente amenaza a la soberanía que suponen estos actos del gobierno de Donald Trump, de forma que garantice “la defensa de la soberanía, integridad territorial y la independencia”, tal y como señala el artículo 1 de la Carta de la OEA.
Igualmente, el gobierno estadounidense debe cesar de inmediato todo acto de amenaza, coacción económica o política, e injerencia que restrinjan la autonomía de los pueblos latinoamericanos. Estados Unidos debe replantear de manera urgente su estrategia global frente al problema de las drogas, reconociendo el fracaso de los enfoques militaristas y de seguridad. Dichas políticas no solo han generado graves violaciones a los derechos humanos de la población civil, sino que han profundizado la pobreza, la desigualdad y la criminalización sistemática de los pueblos latinoamericanos.
Firman:
Liga Argentina por los Derechos Humanos – LADH, Argentina
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH Brasil
Justiça nos Trilhos – JnT Brasil
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU-Chile
Observatorio Ciudadano – Chile
Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR – Colombia
Organización Femenina Popular – OFP, Colombia
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) – Colombia
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – Ecuador.
INREDH – Ecuador
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos-CIPRODEH, Honduras
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos – México
Asociación Pro derechos Humanos-Aprodeh, Perú.
Center for Constitutional Rights (United States)
Programa venezolano de Educación en derechos humanos – PROVEA – Venezuela
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)
El Centro de Acción Jurídica – CAJ, Argentina
Urnas Abiertas – Nicaragua
Presentación del dosier Investigación en abogacía popular en América Latina. InSURgência: revista de derechos y movimientos sociales. v. 11 n. 2 (jul. – dic. 2025) [1]*
Luiz Otávio Ribas, Flávia Carlet y Freddy Ordóñez Gómez
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Con inmensa satisfacción y alegría presentamos el dosier temático “Investigación en abogacía popular en América Latina” de la revista InSURgência, en colaboración con la revista El Otro Derecho del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA). El objetivo de este dosier es afirmar que la abogacía popular es una categoría de investigación que se manifiesta en diferentes contextos latinoamericanos, así como ahondar en el debate teórico y empírico, destacando su relevancia y singularidad en el campo de las experiencias de asesoría jurídica a movimientos populares en la región. No menos importante, el dosier tiene como propósito celebrar los 30 años de existencia de la Red Nacional de Abogadas y Abogados Populares (RENAP), cuya trayectoria será homenajeada en noviembre de 2025, en la ciudad de Salvador (Brasil). La RENAP es una de las más antiguas redes de abogacía orientada hacia los movimientos sociales y populares en América Latina, cuya fuerza política y compromiso reside justamente en su carácter de articulación en red.
Con esos objetivos, reunimos autoras y autores de América Latina que, fundamentalmente en la última década, vienen produciendo nuevas investigaciones y reflexiones sobre la abogacía popular o en diálogo con ella. En ese sentido, algunos textos inciden directamente sobre esta categoría; otros exploran su conexión con otras prácticas jurídicas críticas, como la asesoría jurídica universitaria popular, la abogacía callejera, el empoderamiento jurídico, el activismo jurídico transnacional y la abogacía militante. Consideramos que ese diálogo contribuye para problematizar y profundizar el propio concepto de abogacía popular en Brasil y en la región.
Las experiencias analizadas se concentran en Brasil, Colombia y México. Reconocemos, sin embargo, que las prácticas de asesoría jurídica popular y abogacía popular están presentes en muchos otros contextos de América Latina. Aun así, entendemos que las reflexiones presentadas a partir de estos tres países se proyectan y dialogan con la pluralidad de experiencias latinoamericanas. En este aspecto, destacamos que la colaboración con el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) fue decisiva, dado su papel histórico como referente en el estudio de los servicios legales alternativos en la región.
La propuesta de este dosier resultó de varias iniciativas. En primer lugar, de las discusiones del Grupo Temático “Asesoría jurídica popular, educación jurídica y educación popular” del Instituto de Investigación, Derechos y Movimientos Sociales (IPDMS), con la colaboración de Clarissa Machado, José Jaime Freitas Macedo y Luiz Otávio Ribas. Luego, fue madurando en el círculo de conversaciones “Balance de la Asesoría Popular: repercusiones de la dictadura en la asesoría popular”, realizada en 2024 con la profesora Leonilde Medeiros del CPDA/UFRRJ, y el minicurso “Derecho para quien: teorías críticas del derecho y asesoría jurídica popular”, organizado conjuntamente a la Escuela de Formación Alessandro Baratta (EFAB).
La propuesta se fortaleció con la articulación establecida con Freddy Ordóñez Gómez, abogado e investigador colombiano de ILSA y coordinador de la revista El Otro Derecho. Ese diálogo permitió, por ejemplo, la traducción de algunos artículos del dosier “Abogacía popular, servicios legales alternativos y empoderamiento jurídico”, publicado originalmente en mayo de 2024. Por su parte, la invitación a Flávia Carlet para coorganizar este dosier se debió a su extensa trayectoria de investigación sobre la abogacía popular. Cabe también mencionar dos publicaciones que antecedieron e inspiraron la producción de este dosier: el número dedicado a la “Asesoría Jurídica Popular”, publicado en 2016 por la revista InSURgência (v. 2, n. 2); y la ya mencionada edición temática “Abogacía popular, servicios legales alternativos y empoderamiento jurídico”, publicada en 2024 (n. 61) por El Otro Derecho.
Una nota sobre la imagen de la portada que ilustra esta edición. En octubre de 2024, mientras este dosier tomaba forma, fue redescubierto —después de más de 70 años— un mural del artista Alipio Jaramillo, oculto sobre diversas capas de pintura en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. La obra, titulada Homenaje al campesino colombiano, había sido oculta durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que consideraba sus representaciones del campesinado como “corrosivas”. Es un honor presentar, en la portada de esta edición, el arte de Jaramillo —un artista de posiciones políticas fuertes en defensa de la clase trabajadora—, cuya obra articula justicia social y expresión estética en medio de las luchas democráticas. Una reflexión más profunda sobre ese redescubrimiento y sobre el perfil del artista puede ser encontrado en la sección “Poéticas Políticas”, redactada por Freddy Ordóñez Gómez.
El conjunto de artículos y textos aquí reunidos demuestra que la investigación en abogacía popular está viva y en constante movimiento. Hoy, no se trata apenas de afirmar su diferencia con relación a la abogacía tradicional, sino de explorar las múltiples formas de su actuación y la relación con otras prácticas jurídicas críticas. El dosier también apunta caminos para una agenda de investigación futura: reflexionar la abogacía popular como expresión del derecho insurgente; ampliar los estudios sobre su interacción con los estudios de género; y avanzar en investigaciones sistemáticas y comparativas en América Latina (tal como la realizada por Fernando Rojas Hurtado en 1988 y 1989, ahora a ser retomada en clave contemporánea).
Reafirmamos entonces que la vitalidad de la abogacía a movimientos sociales se expresa tanto en la larga trayectoria de la RENAP al igual que en el surgimiento de iniciativas más recientes en la región, como la Red Colombiana de Abogacía Popular, constituida en el año 2023; el Colectivo Emancipaciones; la Red Argentina de Abogacía Comunitaria, creada en 2022; y la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico. El dosier que ahora presentamos es, por tanto, una invitación a reconocer, celebrar y profundizar la abogacía popular como práctica y como categoría de investigación fundamental para la crítica jurídica y la transformación social en América Latina.
El dosier está organizado en siete secciones.
Abrimos la sección “Artículos Científicos” con el texto “La imaginación jurídica subalterna, el derecho austral y la abogacía militante: nuevos instrumentos analíticos para prácticas jurídicas insurgentes y descolonizantes”, de Orlando Aragón Andrade, que propone tres categorías analíticas para pensar la práctica de abogacías comprometidas con movimientos sociales, especialmente a partir de la experiencia de México. En seguida, Freddy Ordóñez Gómez examina críticamente la abogacía popular en América Latina, a partir de elementos de la tradición jurídica marxista en su artículo “Servicios jurídicos alternativos y abogacía popular en América Latina: la práctica legal crítica y el constitucionalismo en la región. Caso Colombia”. En “Por una justicia epistémica: delimitaciones conceptuales de la abogacía popular y del activismo jurídico transnacional”, Cecília MacDowell Santos y Flávia Carlet examinan la frecuente confusión entre esas dos categorías y otras formas de movilización del derecho, argumentando ser necesaria una profundización de los contornos conceptuales de la abogacía popular y del activismo jurídico transnacional. Ya el artículo “Género y diálogo de saberes entre abogadas militantes y actores en la lucha de comunidades indígenas: la experiencia desde el Colectivo Emancipaciones”, de Erika Bárcena Arévalo, Alejandra González Hernández y Lucero Ibarra Rojas, traza una perspectiva autorreflexiva, elaborada a partir de la experiencia de las autoras como abogadas militantes en diálogo con las comunidades indígenas en México, sobre una lente feminista y de género. Por su parte, el artículo “Memorias de la abogacía en las manifestaciones de junio de 2013 en Río de Janeiro”, de Luiz Otávio Ribas, analiza las prácticas jurídicas plurales y emergentes presentes en el calor de las calles durante aquel ciclo de protestas. Para finalizar, en “Bala, cárcel y lucha: la asesoría del Núcleo de Extensión Popular Flor de Mandacaru al Sector de Derechos Humanos del MST”, Ana Lia Almeida, Camila Freitas Farias, Eric Renner Arthur de Lima, Eva Vilma Bezerra Alves y Jéssica Thaís de Almeida Claudino, analizan la actuación del NEP en articulación con la abogacía popular, enfatizando la combinación de esa movilización en defensa de los movimientos de lucha en el campo.
En la sección “Diálogos Insurgentes”, el comité editorial entrevistó a Annette Pearson, primera directora de ILSA, en Colombia. La conversación abordó los orígenes del Instituto y de los servicios jurídicos, así como la trayectoria de investigación de ILSA sobre los servicios jurídicos alternativos en la región latinoamericana. También realizamos una entrevista con Lara Estevão, Lethicia Reis y Cleuton Ripol, integrantes de la Red Nacional de Abogadas y Abogados Populares (RENAP), en Brasil. Para finalizar la sección, publicamos la entrevista concedida por José Batista Júnior, abogado popular de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), conducida por Carla Benitez y Carol Brasileiro.
La sección “Temas Generadores”, la abrimos con el texto “Red Nacional de Abogadas y Abogados Populares – RENAP: 30 años de construcción insurgente de la asesoría jurídica popular”, de Maria Solara, Maria do Rosário Carneiro y Emiliano Maldonado. El artículo recupera la trayectoria de la RENAP desde la década de 1990 hasta su actual estructura organizativa, contextualizando la movilización como red de colectivos de apoyo jurídico insurgente y de uso subversivo del derecho. Las autoras y el autor presentan las principales estrategias de la red en la defensa de los derechos humanos, como la abogacía militante y la elaboración de tesis técnico-jurídicas innovadoras, ilustradas con casos concretos. Ya la entrada sobre la “Red Nacional de Asesoría Jurídica Universitaria (RENAJU)”, elaborada por Anna Carolina Lucca Sandri, muestra cómo los grupos de asesoría jurídica universitaria, articulados sobre la identidad de red desde los años de 1990, impulsaron el intercambio de experiencias y la creación de nuevos proyectos académicos. El texto recupera también los principales debates de ese periodo y analiza las razones de su desmovilización después del golpe de 2016 y, posteriormente, con la pandemia de COVID-19 en 2020. La misma autora contribuye, junto con Joelma Franklin y Larissa Assunção, con el trabajo “Derecho a la Asesoría Técnica Independiente”, ofreciendo una definición clara y rigurosa de la noción de ATI, situando su alcance, objetivos e importancia para la materialización de los derechos de las comunidades afectadas por proyectos a gran escala. Para cerrar la sección, el texto “En primera persona: trayectorias de vida de las personas que usan el derecho para acompañar las luchas comunitarias” de Daniela Zamora Alcaraz, presenta la trayectoria de la experiencia de dos defensores de derechos humanos frente a los desafíos y posibilidades de uso del derecho estatal como instrumento para el acceso a la justicia.
En la sección “Praxis de Liberación”, tenemos la transcripción de la exposición sobre “Derecho Insurgente” de Miguel Pressburger en el IAB. Ya el “Mapeo bibliográfico para la Investigación en Abogacía Popular”, organizado por Flávia Carlet y Luiz Otávio Ribas, sistematiza un conjunto de referencias bibliográficas destinado a apoyar una agenda de investigación en abogacía popular. El mapeo aborda diferentes enfoques teóricos y tendencias de prácticas jurídicas críticas, incluyendo los servicios jurídicos alternativos en Colombia, Chile, Ecuador y Perú; la abogacía popular y la asesoría jurídica popular en Brasil; la abogacía militante en México; y la influencia de los abogados de causa en los Estados Unidos. La “Nota técnica sobre el respeto a la autonomía del ordenamiento jurídico del pueblo Laklãnõ”, de Jefferson Virgilio examina la fricción entre el sistema judicial nacional y los sistemas jurídicos propios, destacando la necesidad de que el derecho estatal sea interpelado para reconocer la legitimidad de las prácticas jurídicas indígenas.
En la sección “Poéticas Políticas”, Rodrigo de Medeiros contribuye con “De la rueda del fondo del patio”, para animar la resistencia con nuestra cultura popular. El poema “Esperanzar”, de Esloane Gonçalves, compone la carta política de la RENAP en su 18° Encuentro, en diciembre de 2024 en la Escuela Nacional Florestan Fernandes. Además, Freddy Ordóñez Gómez escribe sobre “Alipio Jaramillo Giraldo y su homenaje al campesino colombiano”.
En la sección “Palabras Andantes”, Ricardo Prestes Pazello presenta el texto “Andares de la crítica insurgente al derecho: comentario al texto pionero de Celso Soares sobre el derecho insurgente”. Seguidamente, Luiz Otávio Ribas contribuye con el artículo “Derecho insurgente como derecho de las clases emergentes”. Cierra la sección Ana Lia Almeida con su escrito “Celso Soares. Los caminos de un derecho insurgente”.
En la sección “Cuadernos de Retorno”, presentamos dos reseñas de gran relevancia. Gonzalo Galindo Delgado reseña el libro “Los abogados y la democracia en América Latina”, publicado por ILSA en 1986, obra que marcó un cambio paradigmático en el pensamiento y la praxis jurídica latinoamericana. Siguiendo al autor, el libro demuestra cómo el derecho puede ser apropiado por los movimientos emancipatorios y por las clases subalternas, explorando sus contradicciones e incorporando nuevas compresiones de justicia en su léxico y gramática. Esa perspectiva continúa inspirando, incluso hoy, reflexiones sobre cuestiones centrales contemporáneas, como la resistencia al lawfare y otras estrategias de influencia de la derecha en América Latina. Seguidamente, Flávia Carlet reseña el libro “Otro derecho es posible. Diálogo de saberes y nuevos estudios militantes del derecho en América Latina” publicado en 2022, organizado por Orlando Aragón Andrade y Erika Bárcena Arévalo, obra que ofrece un panorama amplio y actualizado de las prácticas jurídicas militantes de América Latina, al mismo tiempo en que presenta nuevos aportes teóricos y metodológicos para los campos de la antropología jurídica y de la sociología jurídica crítica. Políticamente situada, la obra destaca la construcción de un trabajo jurídico enraizado en un nuevo ethos militante, en el cual el diálogo de saberes se afirma como condición de la justicia social y epistémica.
Incluye también este volumen de la revista la traducción del texto de Luigi Ferrajoli titulado “Magistratura democrática y el ejercicio alternativo de la función judicial”, realizada por Moisés Alves Soares y Matheus Daltoé. Se trata de una contribución enorme para nuestros debates respecto a la magistratura alternativa italiana, para que sus posiciones sean mejor comprendidas y estudiadas en el contexto de los calientes debates realizados en la década de 1970.
Para finalizar, expresamos nuestra profunda gratitud a todas las personas que hicieron este dosier posible. Agradecemos a Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, por sembrar la reflexión sobre una agenda de investigación alrededor de un informe poco divulgado, como aún lo es “Justicia en San Bernardo del Campo: perfil sociojurídico de clientes y profesionales de la asistencia jurídica”, del Centro de Estudios Derecho y Sociedad (CEDISO), de la USP. Agradecemos también a Ricardo Pazello, por la sugerencia del tema de derecho insurgente para la sección “Palabras Andantes”; y a Salo de Carvalho, por disponer en su canal el video de la intervención de Miguel Pressburger. Nuestra gratitud también para Daniel Castro y Lavínia Borges Faria, por la transcripción automática de la entrevista con integrantes de la Red Nacional de Abogadas y Abogados Populares. Extendemos nuestro agradecimiento a Johan Camilo Caicedo, de ILSA, por la foto del mural de Alipio Jaramillo utilizada en la portada de este dosier. Para finalizar, un reconocimiento muy especial al equipo de InSURgência, especialmente a Mariana Rocha Malheiros, Leonardo Evaristo Teixeira y Guilherme Uchimura, por el apoyo y orientación desde la preparación hasta el cierre de este dosier.
¡Deseamos a todas y todos una muy buena lectura!
REFERENCIAS
ALMEIDA, Ana Lia; GOÉS JUNIOR, José Humberto de; SANDRI, Anna Carolina Lucca; FIORI DA SILVA, Valéria (Org.). Dossiê “Assessoria Jurídica Popular”. InSURgência. Revista de direitos e movimentos sociais. v. 2, n. 2., 2019. DOI: https://doi.org/10.26512/insurgncia.v2i2.
ROJAS HURTADO, Fernando (2017). Comparações entre as tendências dos serviços legais na América do Norte, Europa e América Latina – Primeira Parte. ROJAS HURTADO, Fernando. Comparación entre las tendencias de los servicios legales en Norteamérica, Europa y América Latina. El Otro Derecho, n. 1, ago. 1988, p. 7-17. (Nota do Tradutor). Direito e Práxis, n. 8, v. 1, p. 761-776. Tradução para o português realizada por: Rafael Braga Vieira.
ROJAS HURTADO, Fernando (2016). Comparação entre as tendências de Serviços Legais na América do Norte, Europa e América Latina (segunda parte). ROJAS HURTADO, Fernando. Comparación entre las tendencias de los Servicios Legales en Norteamérica, Europa y América Latina – segunda parte. El Otro Derecho, n. 2, ILSA, Bogotá, jan. 1989, p. 5-57 (Nota do Tradutor). Caderno Eletrônico de Ciências Sociais, Vitória, v. 4, n. 2, pp. 118-170, 2016. Tradução para o português realizada por: José Humberto de Góes Junior.
SCHRITZMEYER, Ana Lúcia Pastore; MARGARIDO, Antônio Benedito; FARIA, José Eduardo; CAMPILONGO, Celso Fernandes. Justiça em São Bernardo do Campo: perfil sócio-jurídico de clientes e profissionais da assistência jurídica. São Paulo: CEDISO, 1991 (mimeo).
Sobre la comisión organizadora del dosier
Luiz Otávio Ribas. Doctor en Derecho por la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ). Investigador del Instituto de Investigación, Derechos y Movimientos Sociales (IPDMS).
Flávia Carlet. Doctora en Sociología del Derecho por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Investigadora del proyecto “Impunidad de crímenes de asesinato en masacres en el campo, 1985 – 2023” (UnB/MJSP). Actualmente es investigadora visitante en York University (Canadá). Adelanta también investigaciones sobre abogacía popular y luchas por el territorio de comunidades negras en América Latina. Es colaboradora de la Red Nacional de Abogadas y Abogados Populares (RENAP) y del Instituto de Investigación, Derechos y Movimientos Sociales (IPDMS).
Freddy Ordóñez Gómez. Abogado, Especialista en Epistemologías del Sur, Maestro en Derecho con profundización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es estudiante del Doctorado en Derecho de la Universidad Libre (Colombia). Integrante del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA). Miembro de Historia, Ambiente y Política, grupo de investigación Categoría A1 de Minciencias y del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM). Profesor universitario de pregrado y posgrado en Colombia.
* Traducción al castellano: Freddy Ordóñez Gómez.
[1] El enlace original en el texto ha sido sustituido visualmente por el botón superior para mayor claridad.
En este #25N expresamos desde Colombia nuestra solidaridad con las mujeres palestinas, quienes resisten la ocupación y la guerra, y en sus poetas —como Hanan Awwad, Rafeef Ziadah, Nathalie Handal o Suheir Hammad— florece una voz que denuncia, sostiene y afirma vida. Que su palabra nos acompañe hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en la lucha por un mundo libre de violencias.
#25N DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
La Asamblea General de las Naciones Unidas, define la violencia contra las mujeres como: “todo acto basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”
Aunque el 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fue declarado por la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre del año 1999, 26 años después las cifras y los relatos de las mujeres reflejan que las brechas de desigualdad y los casos de violencias contra las mujeres siguen siendo parte de la realidad global y se encuentran instaladas en la sociedad colombiana.
La situación de vulnerabilidad es particularmente grave para las mujeres habitantes de los territorios que se ubican en las periferias de las ciudades y del país, al igual que para las que viven en las zonas rurales, puesto que allí, hay mayores limitantes económicos, sociales y culturales para el acceso a la justicia, a la educación, al sistema de salud, se despliega el conflicto armado interno y las falencias estructurales de la configuración institucional no contribuyen a la garantía plena de los derechos humanos de las mujeres.
En Colombia habitan 27.19 millones de mujeres, es decir el 51.2% de la población, sin embargo, y de acuerdo con las cifras del Observatorio Nacional de Violencias de Género, entre el año 2019 y el 2022 el número de casos de violencias contra las mujeres notificados ascendió de 93.423 a 110.738 y, a pesar de que las cifras entre el año 2023 y 2025 evidencian un descenso, al pasar de 122.846 a 83.084, los casos siguen siendo extremadamente alarmantes e inaceptables, reflejando la gravísima situación de violencias basadas en género, que mantiene a las mujeres en riesgo.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, han identificado cómo en el marco del conflicto armado, las armas y el poder magnifican y exacerban la violencia contra las mujeres, ratificándose los estereotipos y jerarquías de género, de los roles sociales y culturales que subordinan y discriminan a las mujeres, una ratificación del patriarcado y de la persistencia de la violencia basada en género contra las mujeres. Y, aunque esto tiene raíces en las relaciones de género dominantes y en el continuum de violencia contra las mujeres presente en la sociedad colombiana, estas relaciones también se transforman en tanto los ejércitos reproducen e imponen relaciones de género. La JEP ha logrado identificar que, de 35,178 víctimas de violencia sexual, entre los años 1957 y 2016, el 89,2 % (31.366) son mujeres, existiendo una afectación desproporcionada para mujeres indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras.
Teniendo en cuenta estos patrones de violencia que siguen vigentes y con ello la necesidad de asumir colectivamente las estrategias para avanzar en una vida libre de violencias, desde ILSA nos sumamos a la conmemoración del 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ratificamos nuestro compromiso con apoyar, acompañar y facilitar procesos de autonomía política y económica para las mujeres campesinas, afrocolombianas, indígenas y populares, así como su reconocimiento como constructoras de paz y del territorio, dentro de estos procesos buscamos fortalecer a las mujeres y sus organizaciones en estrategias para la incidencia en políticas públicas, el empoderamiento jurídico, la apropiación de rutas de atención de VBG, la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres y la construcción de una vida libre de violencias.
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA
25 de noviembre de 2025
Movilizaciones y actividades en el marco del #25N2025 en Bogotá:
3:00 PM. Evento cultural con reivindicaciones: 25N Antipatriarcal y anticarcelario.
Cárcel El Buen Pastor en el sector de Entre Ríos en la Calle 80 con Carrera 58.
3:30 PM. Marcha rumbo al Plantón en el Centro de Atención de la Fiscalia-CAF.
Encuentro: Cinemateca Distrital de Bogotá, Carrera 3 #19-10.
4:00 PM. Plantón. #25N ¡Tómate la calle, que ningún falte
Centro de Atención de la Fiscalía – CAF en la calle 19 con carrera 27, sector de Paloquemao.
Convoca: Somos un rostro colectivo ADE.
4:30 PM. Cine foro. Las sufragistas.
Lugar: La Hoguera, Centro Cultural, Calle 45 #22-55
