Cartografías para la resistencia en tiempos de crisis. Ultraderechas, crisis climática y resistencias feministas en Abya Yala
Por: Karen Bernal1
Vivimos un momento histórico atravesado por múltiples crisis que se profundizan mutuamente. La erosión de las democracias, el avance de proyectos políticos autoritarios y conservadores, el recrudecimiento de las desigualdades sociales y económicas, así como la crisis planetaria derivada del deterioro ambiental, configuran un escenario de alta complejidad para las sociedades contemporáneas. En medio de este panorama, los movimientos sociales enfrentan una ofensiva cada vez más aguda, marcada por retrocesos significativos en materia de derechos humanos, restricciones a la participación política y nuevas formas de violencia, control y exclusión.
En este sentido, resulta imperativo abrir espacios de conversación, análisis y construcción colectiva que permitan comprender las transformaciones del presente y, al mismo tiempo, imaginar nuevas apuestas políticas, organizativas y éticas desde los movimientos sociales. Comprender el momento actual no solo implica identificar las formas que adopta la crisis, sino también reconocer las disputas, resistencias y posibilidades que emergen en medio de ella. En este marco, el presente artículo busca ofrecer una aproximación crítica a la configuración de este fenómeno, este texto se construye a partir de las reflexiones surgidas en un espacio de diálogo y juntanza entre organizaciones sociales, en el que cuatro mujeres, provenientes de distintos procesos y trayectorias organizativas, se reunieron para conversar, problematizar y compartir lecturas sobre los desafíos del tiempo presente.
1. La mutación de las derechas
Entender lo que ocurre hoy exige reconocer que la derecha que conocíamos, representada en partidos conservadores surgidos en el siglo XIX, ya no existe. Lo que se observa en Argentina, El Salvador, Brasil, Colombia o Chile no es la derecha tradicional que aceptaba la Constitución, los jueces, los arreglos de la democracia, y los acuerdos internacionales como reglas del juego. La derecha tradicional competía dentro de las instituciones democráticas y negociaba con sus adversarios. La nueva ultraderecha, en cambio, sostiene que esas mismas instituciones están capturadas por “élites corruptas” y se siente legitimada para saltárselas cuando le conviene. Más revelador aún: donde la derecha clásica mantenía un cordón sanitario —una distancia estratégica respecto a los grupos radicales, para no manchar su reputación—, la nueva ultraderecha los abraza, los legitima y los convierte en aliados políticos. Con esto, se abre también una forma de ver a la Otredad en la política: “Hay una transformación de cómo se ve a las demás personas en el ejercicio político institucional: como alguien que debe ser eliminado, y no como un interlocutor con quien es posible el diálogo”.
Esta mutación opera en cuatro dimensiones simultáneas: Políticamente, usa la polarización para dividir a la sociedad y ganar espacio en las instituciones democráticas que dice despreciar. Económicamente, promueve modelos basados en la explotación intensiva de recursos y favorece la privatización de datos. Filosóficamente, aprovecha el descontento social real —las desigualdades históricas que el Estado no ha resuelto— para invertir el sentido de la crítica social. Y éticamente, recurre al discurso del miedo para justificar el regreso a estructuras jerárquicas y tradicionales de poder.
En adición, se debe comprender que la instrumentalización y cooptación desde diferentes lugares ha fortalecido la estrategia de la ultraderecha, un ejemplo de ello la interseccionalidad una herramienta crítica y emancipatoria creada por el movimiento social y desarrollada por el feminismo para entender las múltiples formas de opresión: clase, género, raza para analizar las causas estructurales: pobreza, racismo, patriarcado de las desigualdades. Este marco analítico ha sido vaciado de su contenido transformador para rellenarlo con miedo, resentimiento y conservadurismo. Usan la lógica de la intersección, pero invierten su dirección: en lugar de señalar como enemigos a los sistemas históricos de opresión, señalan al feminismo, a la migración y a los movimientos sociales. En lugar de explicar la crisis desde sus causas estructurales, la explican culpando a quienes luchan contra esas mismas causas. Con la interseccionalidad invertida, “lo que hace la ultraderecha es tomar este elemento crítico, analítico y emancipatorio —construido por las luchas sociales— para defender y perpetuar exactamente las formas en que se configura el poder que ese mismo análisis denunciaba”.
La bandera de la ideología de género es el caso más visible de esta inversión. Su fuerza está en que es un concepto ambiguo, es decir, no tiene una definición clara y puede significar muchas cosas según quien lo use. Esto le permite agrupar a sectores muy distintos —como iglesias católicas, movimientos neopentecostales, sectores conservadores, economistas de extrema derecha e incluso actores digitales— alrededor de una misma agenda política.
A través de este discurso, se construye un enemigo común: el feminismo, las diversidades sexuales y de género, y en general los sectores progresistas o de izquierda. Así, debates complejos sobre desigualdad, pobreza, explotación económica o crisis ambiental son desplazados por discusiones cargadas de miedo y pánico moral alrededor de temas como la sexualidad, la educación y la infancia. De esta manera, la ultraderecha logra movilizar emociones como el miedo, la indignación y la sensación de amenaza. Estos discursos fortalecen posturas reaccionarias que buscan defender estructuras tradicionales de poder, como la familia patriarcal, el orden social conservador y las jerarquías de género. Bajo esta lógica, cualquier avance en derechos sexuales, reproductivos o de género es presentado como una amenaza contra la sociedad, la familia y la libertad, justificando así discursos y acciones orientadas a frenar o revertir estos avances. El efecto inmediato: cuando estalla una crisis política, los primeros derechos en ser recortados son los de las mujeres y las disidencias.
A su vez, el debilitamiento de los regímenes democráticos, las disputas por los recursos y el cierre del financiamiento a la sociedad civil son expresiones de una misma disputa política sobre quién tiene el derecho de decidir sobre los cuerpos, los territorios y el futuro. En este orden, un diagnóstico desde los fondos feministas de base debe identificar que “No estamos en crisis separadas. El debilitamiento de los regímenes democráticos, las disputas por los recursos y la financiación de los procesos de sociedad civil son expresiones de una misma disputa política sobre quién tiene el derecho de decidir sobre los cuerpos, los territorios y el presente-futuro.”
La trayectoria es identificable: desde la crisis del neoliberalismo tras la caída del Muro de Berlín, pasando por el vaciamiento del Estado en la garantía de derechos, hasta el caldo de cultivo que esa fractura generó para los fundamentalismos políticos y religiosos. En América Latina, ese proceso se aceleró desde antes de 2010 y hoy se materializa en formas concretas de ataque institucional. Los ejemplos son reconocibles en distintos países de la región. La asfixia financiera reduce los presupuestos destinados a la atención de víctimas de violencia. La censura académica prohíbe usar términos como “género”, “feminismo” o “cambio climático” en textos educativos. La colonización religiosa de las decisiones de Estado incide directamente sobre las políticas de educación sexual integral y de interrupción voluntaria del embarazo. Y el hostigamiento digital organizado obliga a mujeres activistas a salir de los espacios públicos, cuando no del territorio mismo.
A esto se suma una dimensión que con frecuencia pasa desapercibida: la crisis de la cooperación internacional para el desarrollo. El multilateralismo está deslegitimado. Países que sostenían políticas exteriores feministas claras están poniendo esas políticas en pausa para priorizar intereses internos. Los fondos que antes llegaban a organizaciones de base se redirigen hacia otras regiones, bajo el argumento de que América Latina, como zona de renta media, “ya no lo necesita tanto”. Y cuando los recursos llegan, vienen con condiciones que excluyen a quien más los necesita: informes trimestrales, auditorías, requisitos técnicos y administrativos que solo las organizaciones más robustas pueden cumplir. Las colectivas de base —las que están más cerca de la crisis— quedan fuera del circuito. Así, con relación a la modulación del discurso en la cooperación internacional: “Hay una tendencia a suavizar el lenguaje: no hablar en términos de racismo, sino de igualdad. Esa modulación del discurso tiene implicaciones políticas directas sobre las apuestas transformadoras de los movimientos sociales”.
Esta domesticación del lenguaje —no digas racismo, di diversidad; no digas patriarcado, di equidad de género— llega incluso desde actores que se presentan como aliados. Aceptarla tiene un costo político real: vacía de contenido transformador las apuestas de los movimientos que dependen de esos recursos para sostenerse. En suma, es una estrategia central para neutralizar la potencia transformadora de los movimientos sociales. Cuando se deja de hablar de racismo para hablar de diversidad, de patriarcado para hablar de equidad de género, o de explotación para hablar de inclusión, lo que ocurre es una despolitización del conflicto. Se suavizan las palabras para hacer más aceptables las demandas, pero en ese proceso también se diluyen las estructuras de poder que producen la desigualdad. Nombrar es un acto político: las palabras permiten identificar las raíces de la opresión y, por tanto, imaginar formas de transformarla. Aceptar esta domesticación tiene un costo político real, especialmente para movimientos sociales que dependen de recursos externos para sostener sus procesos organizativos. La necesidad de traducir sus luchas a lenguajes institucionalmente aceptables puede vaciar de contenido radical sus apuestas y limitar su capacidad de confrontación.
2. La crisis climática es una crisis de justicia
Hay una corrección que parece obvia, pero que el debate técnico suele dejar fuera: la crisis climática no es solamente un problema ambiental. Es una crisis de derechos humanos, de justicia territorial y de desigualdad: “La crisis climática no es solamente un problema ambiental. Es una crisis de derechos humanos, una crisis de justicia territorial y, por supuesto, de desigualdad”.
Los marcos técnicos —el Acuerdo de París, el límite de 1,5 grados, las metas de biodiversidad— son necesarios, pero insuficientes si no se articulan con las realidades comunitarias. América Latina genera una fracción menor de las emisiones históricas globales, pero recibe impactos desproporcionados: pérdida acelerada de biodiversidad, eventos climáticos extremos, desplazamiento climático de comunidades enteras. Esa asimetría es la que convierte la crisis climática en una cuestión de justicia, no solo de ciencia. Comprendiendo que quienes tienen más responsabilidad de generación de la crisis son quienes imponen las formas en las que se debe o no enfrentar en los territorios o “zonas de sacrificio” que representamos las comunidades del sur global.
En este sentido, el extractivismo se configura como una continuidad, por ejemplo: en el bajo Putumayo amazónico, una empresa petrolera con bloques adjudicados en la región contaminó las fuentes hídricas de una comunidad indígena y campesina. Los estudios realizados en el territorio confirmaron que ninguna de las fuentes producía ya agua apta para el consumo humano, animal o de cualquier otra especie. El desenlace: la misma empresa que causó el daño se convirtió en la única proveedora de agua potable para la comunidad, entregada por camión cada tres días. Cuando la empresa se retire —si llega a hacerlo—, la restauración del territorio no está garantizada. Mientras tanto, las únicas opciones de sustento local quedan reducidas a trabajar para la misma empresa que contaminó el territorio, o sembrar coca, con todo lo que esa segunda opción implica en términos de estigmatización y reconfiguración del conflicto armado. Se genera así una dependencia en esta región amazónica a las empresas, configurándose “un escenario de dependencia extractiva que se explica precisamente por el mal manejo y gestión de estos proyectos, y por la falta de escucha real a las comunidades”.
Las llamadas falsas soluciones climáticas replican esta misma lógica bajo otro nombre. El capitalismo verde, el extractivismo con etiqueta sostenible, el hidrógeno azul que requiere agua para su producción y que se pretende extraer de ecosistemas estratégicos habitados por pueblos étnicos: todo apunta en la misma dirección. No existe transición energética justa que no empiece por preguntar qué pasa con los territorios y con quienes los habitan.
Colombia es, según organizaciones internacionales que monitorean la violencia contra personas defensoras del ambiente, el país más peligroso del mundo para ejercer esa labor en la última década. De las 193 personas asesinadas en el mundo por defender sus territorios en el último informe disponible, cerca de 90 eran colombianas. Pero el riesgo no es solo físico. Existe también un cierre sistemático del espacio cívico: procesos judiciales contra organizaciones, bloqueo de cuentas bancarias que paraliza la capacidad operativa de los colectivos, reducción de fondos de cooperación, ataques directos contra quien se opone al modelo extractivo. Un patrón coordinado para silenciar la defensa territorial.
Pese a esto, existen herramientas reales. Ejemplo de estas son, el Acuerdo de Escazú, ratificado tras un proceso de cuatro audiencias públicas en el Congreso colombiano —más que cualquier otro tratado en la historia reciente del país, y del que congresistas afines al presidente electo piden su denuncia, pues señalan es una “herramienta de la extrema izquierda para entregar nuestra soberanía a terceros fuera de Colombia”—, instrumento que reconoce el derecho a la información, a la participación ciudadana, a la justicia ambiental y a la protección de personas defensoras. También se cuenta con la Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció explícitamente la emergencia climática como transversal a todos los marcos normativos, y la cual ya ha sido incorporado por la Corte Constitucional en sus fallos.
El problema no es la ausencia de instrumentos jurídicos. Es que esos instrumentos deben aterrizarse a las realidades comunitarias y eso requiere precisamente el tejido social que el extractivismo y las ultraderechas intentan deshacer.
3. Lo que hacen las mujeres en los territorios: feminismos comunitarios para el buen vivir
En distintos territorios de Colombia se construyen, desde hace años, lo que se han denominado prácticas para el buen vivir: formas alternativas de habitar el territorio que no dependen del modelo extractivo ni de la economía de mercado para satisfacer necesidades básicas. La agroecología, el guardianaje de semillas, las ecotecnologías implementadas en páramos y zonas de condiciones climáticas extremas, la gestión menstrual alternativa, los baños secos o la producción doméstica de biogás son algunas de esas apuestas. Sin embargo, estas prácticas no son solo respuestas técnicas a problemas materiales: son también apuestas profundamente políticas. Cada una cuestiona, desde la práctica cotidiana, la idea de que el desarrollo solo es posible bajo lógicas de dependencia, consumo y extracción. Su potencia también está en su capacidad de provocar preguntas, despertar curiosidad y movilizar transformaciones colectivas. Como se ha señalado desde los procesos comunitarios: “Cuando la gente ve estas prácticas, pregunta: ¿qué es lo que están haciendo?”. Allí aparece una forma de incidencia distinta: no solo aquella que se disputa en escenarios institucionales, sino la que emerge cuando otras personas ven, reconocen y empiezan a imaginar que otras formas de habitar también son posibles.
Este horizonte de transformación está profundamente nutrido por feminismos comunitarios y territoriales que sostienen gran parte de este trabajo, los cuales no provienen exclusivamente de marcos académicos occidentales, sino de experiencias campesinas, populares, indígenas y antirracistas construidas desde las realidades concretas de cada territorio. Reconocer esto implica entender que no existen respuestas universales frente a las crisis actuales: las soluciones que pueden funcionar en un territorio andino no necesariamente serán las mismas para la Amazonia o el Pacífico. También implica reconocer que los saberes comunitarios no ocupan un lugar secundario frente al conocimiento técnico o académico, sino que constituyen una fuente fundamental de pensamiento político y de construcción de alternativas. Ante las dificultades que se presentan en la construcción territorial de alternativas, es importante no olvidar que “trabajar por la defensa del territorio es como remar contra la corriente. Y esa fue una decisión de vida. Pero ahora la corriente está más fuerte, y eso exige más: no solo remos, sino más fuerza para remar y llegar al otro lado”.
Todo esto conduce a una conclusión central: el poder de los afectos construidos colectivamente es real. Cuando las personas que defienden derechos se aíslan, cuando los proyectos autoritarios logran fragmentar los movimientos y romper las redes, se pierde mucho más que coordinación: se pierden los espacios de sostenimiento emocional y político que permiten seguir. Construir vínculos no es, entonces, un lujo que los movimientos se dan cuando tienen tiempo. Es una necesidad política urgente. Así, “la juntanza, los afectos, cuando se acuerpan, tienen mucho poder. Es una invitación a no subestimar la fuerza de seguir construyendo redes, de seguir encontrándonos y de seguir apañándonos”.
Hay también una reflexión necesaria sobre el miedo. El temor al hostigamiento, a los procesos judiciales, a la violencia digital y física que enfrentan quienes defienden derechos es comprensible. Pero si el miedo gobierna las decisiones, paraliza. La solidaridad —un valor cada vez más escaso— es lo que permite que el miedo no tenga la última palabra. Y queda, como síntesis, una frase que se ha vuelto bandera dentro de los procesos comunitarios de la región: “Sin comadres no hay lucha. Y cuando las mujeres se juntan, cosas maravillosas suceden”.
La articulación regional entre mujeres, comunidades y organizaciones —el tejido entre lo feminista, lo ambiental y lo territorial— no es solo una respuesta defensiva frente a las ultraderechas. Es, en sí misma, una forma de construir futuro: una demostración de que el encuentro, la escucha y el análisis compartido son ya una forma de resistir.
La bala muere al detonarse. La palabra vive al replicarse. Lo dijo Berta Cáceres, la lideresa ambiental lenca de Honduras, asesinada en 2016 por defender su río. Esa frase sigue circulando hoy en los espacios donde las mujeres de Abya Yala construyen, territorio a territorio, otras formas posibles de habitar el mundo.
FUENTES CONSULTADAS
Burchardt, Hans-Jürgen. (2025). Nuevas perspectivas frente a la extrema derecha: Las fallas y opciones del progresismo. Nueva Sociedad, 320.
Canal Instituto de Investigaciones Sociales. (2021, 9 de noviembre). Conferencia: Ecologías políticas feministas latinoamericanas: Aportes conceptuales y metodológicos [Archivo de Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=uHia9YkVi1Q
Pérez, S. (2021, 17 de septiembre). Ecología Política Feminista, más allá de los nexos conocidos entre cambio climático y género. Resonancias IIS, UNAM.
Pinheiro, Ester (2026, 26 de mayo). El manual de la ultraderecha para atacar a las feministas en América Latina. LatFem.
Ravecca, Paulo; Schenck, Marcela; Fonseca, Bruno; & Forteza, Diego (2022). Interseccionalidad de derecha e ideología de género en América Latina. Analecta Política, 12(22), 1-29.
Rosales Amador, Oscar (2022). Extractivismo en América Latina, impacto en la vida de las mujeres. Ibero Ciencias: Revista Científica y Académica Multidisciplinar, 1(1), 112-125.
Rovira Kaltwasser, Cristobal (2024). La ultraderecha en América Latina: Particularidades locales y conexiones globales. Nueva Sociedad, 312.
Svampa, Maristella. (2019). Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. Editorial Universitaria – Universidad de Guadalajara.
Ulloa, Astrid (2016). Justicia climática y mujeres indígenas en América Latina. LASA Forum, 47(4), 2-8.
Ulloa, Astrid (2020). Ecología política feminista latinoamericana. En A. De Luca Zuria, E. Fosado Centeno & M. Velázquez Gutiérrez (Coords.), Feminismo socioambiental: Revitalizando el debate desde América Latina (pp. 75-104). Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), UNAM.
- Licenciada en filosofía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Defensora territorial, fundadora de la organización
Resistencia Aquitania
. Investigadora del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derechos Alternativos (ILSA) y miembro de la fundación
Barranquilla +20
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