El Estado venezolano, a través de distintas instancias, ha expresado su rechazo a las medidas tomadas por EE UU contra algunos miembros de su gobierno y fuerzas armadas, y ha declarado que violan el Derecho Internacional, en particular el principio de no intervención reconocido en varias resoluciones de las Naciones Unidas y considerado costumbre internacional. En el inevitable marco político en que ocurre lo anterior, surge la pregunta de hasta qué punto existe una violación al Derecho Internacional Público (DIP) y en qué términos.
De un lado, el gobierno de EE UU, con base en la Ley 1701 (Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia, expresión esta que denota un sentido de extraterritorialidad legal controvertible) ha declarado a Venezuela una amenaza para aquel país y, por tanto, ha reforzado cierto tipo de medidas especialmente dirigidas a dignatarios de Estado y sus bienes.
Una primera lectura desde ciertas normas del DIP nos diría que este tipo de normativa aparecería como contraria a la Carta de la ONU y, en particular, a su invocación a la solución pacífica de las controversias, antes que al uso de sanciones unilaterales. La violación al principio de no intervención aparece como algo más compleja, si tenemos en cuenta que doctrinalmente se considera que una intervención inaceptable es aquella dirigida por un Estado con el fin de variar determinado tipo de políticas, teniendo la idoneidad para ello. Con todo, parece claro que la idea de EE UU es afectar ciertas políticas, especialmente respecto de situaciones de derecho humanos.
Pero, en efecto, es en este último aspecto que la acción del gobierno estadounidense adquiere otro cariz. Dado que los derechos humanos se consideran un tema parcialmente de jus cogens y adicionalmente su alcance es del tipo erga omnes, es decir exigible a cualquier Estado, cualquiera de estos está habilitado, consuetudinariamente, para exigir y presionar a otros Estados a cumplir sus compromisos en la materia.
En otros términos, entre una de las excepciones al principio de no intervención está el monitoreo, seguimiento y presión unilateral para promover la defensa de los derechos humanos. Esto, con distintas presentaciones, se ha hecho respecto de Siria, Libia, Colombia, Venezuela y, en el pasado, Sur África. Lamentablemente el contexto en que el anterior marco institucional ocurre es el de la desigualdad entre los Estados, de forma tal que las presiones unilaterales tienden a provenir de Estados europeos occidentales y Norteamérica, lo cual, al final, facilita una repolitización del tema.
Finalmente, la respuesta venezolana a la acción estadounidense considerada como intervencionista termina siendo afectada por el mismo mal que dice denunciar. Exigir a través de millones de firmas que un decreto presidencial estadounidense sea derogado claramente tiene la intención de intervenir en lo que, al menos formalmente, son asuntos internos de este país, además de ser inane, aunque políticamente muy rentable.
Lo que procedería en estos casos es que, sea por la vía diplomática o por la búsqueda de un mecanismo de solución de controversias, se ventile la forma de afrontar las violaciones cruzadas al Derecho Internacional. Con todo, políticamente esto no aparece como conveniente a sectores dentro de los dos Estados en conflicto. Por tanto, estamos, al final, en presencia de una especie de juego político de acción y reacción que utiliza retórica y, estratégicamente, el Derecho Internacional como ámbito de legitimación o deslegitimación de ciertos comportamientos. Nuevamente el DIP es subordinado a cierta racionalidad política.
Causa cierta perplejidad que ninguno de los 200 o más Estados hoy existentes en el globo terráqueo haya cuestionado la autodenominación del llamado Estado Islámico. Dada la forma como este tema se ha ubicado en la opinión pública, parece que salvo por sus métodos, este último puede considerarse como un Estado más en el concierto internacional y, por ende, comparable a ellos. Por tanto, ¿es posible hoy hablar del Estado Islámico de Irak y el Levante (EEIL)?
Es claro que el nombre en cuestión es fundamentalmente una autoatribución de los insurgentes sunníes comandados por Abú Bakr al Baghdadi, que luchan armadamente por el control de territorios y población en zonas de Siria e Irak. A pesar de que su intención es reconstruir un califato, estructura política previa al Estado moderno, por razones claramente de estatus e interlocución, se vienen presentando como un Estado y así lo han terminado llamando la mayoría de los medios de comunicación.
Aunque parcialmente la conformación de un Estado pasa por las dinámicas políticas internas de control de territorio y obtención de obediencia por una población, parece claro que al menos a la luz del derecho internacional vigente, no es posible hablar del surgimiento de un Estado por al menos tres razones.
En primer lugar, los insurgentes sunníes están afectando de forma violenta la integridad territorial de dos Estados debidamente reconocidos por buena parte de los Estados existentes e incorporados a un cúmulo de organizaciones internacionales. Por esta vía, se está afectando la soberanía de aquellos, la cual incluye su estructura territorial, que está debidamente reconocida en el art 2,1 de la Carta de la ONU.
Adicionalmente, dada la superioridad jerárquica de las llamadas normas de jus cogens, no es posible aceptar el surgimiento de un Estado que se funde en su afectación sistemática. En concreto, como parte de las normas imperativas están la protección frente a violaciones graves en materia de derechos humanos, expresadas en crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio. Al menos por la forma como la insurgencia en mención ha publicitado las decapitaciones colectivas, el trato a las mujeres, el secuestro masivo de personas, etc., parece claro que su accionar no pretende siquiera regirse por este tipo de normas. Hoy por hoy, y como parte del derecho consuetudinario internacional, no es posible para un Estado reconocer a otro que se ha construido a partir de violaciones organizadas a los derechos de determinadas poblaciones.
Finalmente, a partir de la teoría constitutiva en torno al reconocimiento, un Estado lo es si sus pares debidamente lo confirman de manera tácita o expresa. En otros términos, podríamos hablar de un EEIL, si algún otro Estado lo hubiera ratificado a través de alguna declaración expresa en tal sentido, o solicita el establecimiento de relaciones diplomáticas u otras acciones que permitan deducir el reconocimiento. Según se entiende, esto no ha ocurrido hasta ahora.
En suma y aunque suene técnico, no es posible aceptar tan fácilmente que una organización armada que obtiene el control de personas y territorio a través de violaciones flagrantes al derecho internacional pueda llamarse Estado. Lo anterior a pesar de que en el pasado históricamente muchos de los Estados hoy emblemáticos surgieron de esta manera. Así, desde el derecho internacional debemos diferenciar un Estado de cualquier otra cosa, salvo que al final queramos aceptar que de una u otra forma todos los Estados existentes son finalmente organizaciones fundadas en la violencia y da lo mismo ser un EEIL que un EE UU.
Desde sus inicios, la administración del presidente Iván Duque manifestó su clara intención de promover la erradicación manual forzada y el método de aspersión aérea en zonas con presencia de cultivos de uso ilícito como estrategia central en la definición de la política antidrogas en el país.
Con lo anterior, se distanciaba de lo establecido en los Acuerdos de La Habana, en los que se avanzó en una nueva concepción del tratamiento del problema de las drogas, reconociéndose en lo pactado que las condiciones históricas de pobreza, marginalidad y débil presencia institucional en los territorios han sido condicionantes para que un sector importante de familias y comunidades rurales del país recurriesen al cultivo de los denominados ilícitos como estrategia de subsistencia. La administración actual ha insistido desde entonces en los métodos de erradicación forzada, antes que en el de sustitución voluntaria (PNIS), y reeditado con ello el retorno a la eufemística y fracasada estrategia de guerra contra las drogas que hasta antes del Acuerdo de Paz caracterizó a los sucesivos gobiernos en la definición de la política de lucha contra las drogas en el país.
Como señalamos en nuestra más reciente publicación*, en la que hacemos un balance de los primeros tres años de implementación del PNIS, el Gobierno de Iván Duque, con la expedición en el año 2018 del documento Ruta futuro: Política integral para enfrentar el problema de las drogas, dio por centro a la política antidrogas no la priorización de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito como fue pactado en el Acuerdo, sino la estrategia de erradicación forzada que desde entonces se ha implementado por vía manual mediante los Grupos Móviles de Erradicación (GME), en la que la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que también contempla, no ha sido más que un programa marginal y subordinado a la estrategia de erradicación forzada, en la que la reactivación del método de aspersión aérea en Colombia es pilar fundamental.
La expedición del Decreto 308 del pasado 12 de abril, es un paso más con el que el actual Gobierno busca avanzar en su desmarque de la concepción y del tratamiento al problema de las drogas que fue establecido en el Acuerdo Final, para darle centralidad y predominancia a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, en el marco de la fracasada y muy cuestionada estrategia de guerra contra las drogas en la que con gran insensatez aún insiste.
En reacción al proyecto del Decreto que fue puesto a consideración por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) y el Centro de Pensamiento Amazonía (CEPAM), el pasado mes de marzo y mediante solicitud escrita, conminamos al Gobierno nacional para que en línea con la Constitución Política y el Acto Legislativo 02 de 2017 cumpla de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera**.
En esta oportunidad, y atendiendo a la expedición del Decreto, quisiéramos advertir otro de los aspectos relacionados con la adopción del método de la aspersión aérea como estrategia de erradicación de cultivos de uso ilícito en el país: el de las implicaciones que el eventual inicio del programa de aspersión tendría para las comunidades rurales que en diferentes regiones del país y en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, firmaron acuerdos colectivos de sustitución voluntaria con la entonces Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI), en representación del Gobierno y del Estado colombiano durante la segunda administración de Juan Manuel Santos.
Como bien es sabido, al PNIS están vinculadas actualmente 99.097 familias de 56 municipios y 14 departamento del país en los que existe una significativa presencia de cultivos de uso ilícito, las que manifestaron su voluntad de adelantar procesos de sustitución con el acompañamiento y el compromiso del Estado colombiano. No obstante, es importante señalar que en el programa no están incluidas y reconocidas todas las familias que, por su voluntad, y después de adelantar importantes procesos asamblearios en cada una de sus veredas, firmaron acuerdos colectivos de sustitución voluntaria con el entonces Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, como representante del Estado colombiano.
Para la elaboración del primer informe que fue realizado por la Procuraduría General de la Nación, titulado Sobre el estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación reportó que cerca de 130 mil familias habían firmado acuerdos colectivos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito con el Gobierno nacional durante el periodo 2016 – 2019, de las cuales solo 99.907 familias de 56 municipios del país habían sido vinculadas al PNIS mediante la firma final de acuerdos individuales de sustitución.
Sin embargo, meses después, la misma Consejería, en su Informe de Gestión PNIS del 31 de diciembre del año 2020, corrigió la cifra inicial, y señaló que fueron 215.244 familias, ya no de 56 sino de 99 municipios de 14 departamentos del país, las que firmaron acuerdos colectivos duranta ese mismo periodo. Lo que indica que en el marco de la implementación del PNIS, del total de esas 215.244 familias que firmaron acuerdos colectivos de sustitución voluntaria, el 54 %, ubicadas en 43 municipios adicionales, no lograron ser vinculadas formalmente al programa mediante la firma de acuerdos individuales de sustitución. (ver informe, pp. 9-13).
Pero adicional a ello, en el mismo documento, en el que se advierte una deficiente gestión documental, la Alta Consejería reconoce que solo posee archivos de un número de 188.036 familias que firmaron acuerdos colectivos, de las cuales se estima un compromiso de erradicación de 166.774 hectáreas de cultivo; cifra que es muy superior a las 43.711 hectáreas que la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) reporta en su más reciente informe como erradicadas por las 99.907 familias que actualmente hacen parte del programa. Lo que indica que, por vía de la sustitución voluntaria, existían para ese entonces (o existen aún) expectativas de erradicación de cerca de 123.063 hectáreas de cultivos de uso ilícito, adicionales a las 43.711 hectáreas que por vía del PNIS han logrado ser erradicadas durante sus primeros cuatro años de implementación.
Cifras como las anteriormente expuestas, que son claramente conocidas por la Consejería para la Estabilización, permiten argumentar, el despropósito de reanudación de la aspersión aérea como método de erradicación forzada, ya no solo por las afectaciones ambientales y a la salud que han sido ampliamente documentadas y que llevaron a que la Corte Constitucional emitiese mediante la Sentencia T-236 de 2017 la orden de suspensión del programa de fumigación, sino que además evidencian al menos dos aspectos que consideramos como fundamentales:
El claro incumplimiento por parte del Estado colombiano a las 116.147 familias cultivadoras que manifestando su voluntad de hacer parte del PNIS, firmaron acuerdos colectivos de sustitución voluntaria y que actualmente no hacen parte del programa, a pesar de que la Procuraduría General de la Nación, recomendara en el año 2019, en su primer informe sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz la necesaria formulación de “un plan de choque inmediato que permita atender las demandas de la población que manifestó voluntariedad en la sustitución de cultivos y que se está viendo afectada por las fallas de planeación del Programa”. (ver informe, p. 207).
Los graves efectos de la reanudación del programa de aspersión aérea en la ya de por sí deteriorada legitimidad de las instituciones de Gobierno y Estado en aquellos territorios con presencia de cultivos de uso ilícito, en los que estos han constituido parte de la economía local y de subsistencia de la población rural, agravados por el hecho de que las familias con cultivos de uso ilícito que cumplen con las condiciones para hacer parte del PNIS, que firmaron acuerdos colectivos de sustitución, que están ubicadas en 43 municipios diferentes a los que ya hacen parte del programa y que no hacen parte de su focalización, podrán ser objetivo del programa de aspersión aérea, en tanto lo que permite su vinculación al PNIS, es justamente que ellas no sean objeto de penalización ni sometidas a la implementación de erradicación forzada alguna.
El despropósito del Gobierno nacional actual, por promover la reactivación del método de aspersión aérea como parte de su estrategia de erradicación forzada, corre el alto riesgo de deteriorar aún más la legitimidad de las instituciones de Estado no solamente en aquellos territorios en los que las comunidades rurales, con el acompañamiento de sus liderazgos locales decidieron firmar acuerdos colectivos de sustitución voluntaria y hacer parte de la estrategia de transformación estructural y de construcción de paz en sus propios territorios; sino que además envía un mensaje hostil a las familias cultivadoras que no hicieron parte de la firma de este tipo de acuerdos pero que aún pueden tener expectativas en hacer parte del PNIS, en zonas en las que la presencia del Estado es mirada con recelo y que históricamente se ha mantenido entre la desconfianza, la sospecha y el entredicho. Y alimentar las ya complejas conflictividades que son características de los territorios con presencia de este tipo de cultivos, que además constituyen la economía de un sector importante de las comunidades rurales que los conforman, corre el riesgo de declaración de guerra contra ellas, que saben bien que el eufemismo con el que durante décadas ha sido promovida la guerra contra las drogas en el país, y en la que el método de aspersión aérea es solo una de sus expresiones, pretende esconder que son el objetivo.
* De los ríos, Edwin (2020). Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito: balance, rediseño y desafíos. Bogotá: ILSA.
El pronunciamiento completo puede ser consultado
Um país, que destitui uma presidente por um simples crime fiscal e não é capaz de destituir um presidente responsável por boa parte de milhares de mortos por falta de assistência ou protecção perante a pandemia, não é uma democracia. Um país, que incorre no mais escandaloso erro judiciário desde o caso Dreyfus (1894-1906) e que, apesar de o reconhecer, não é capaz de tirar todas as consequências, tanto na absolvição da vítima do erro como na condenação dos seus autores, não é uma democracia. Um país, cujo presidente eleito democraticamente celebra a ditadura e elogia a tortura e se mantém no poder apesar de pôr à venda a Amazónia e de se acumularem queixas contra ele nos tribunais internacionais por crimes contra a humanidade, não é uma democracia. Um país, com uma notável capacidade científica e técnico-sanitária instalada que está impedido de a usar por simples obstrução por parte de quem tem o poder e a obsessão de matar e deixar morrer, não é uma democracia. Um país de desenvolvimento intermédio, que deixou capturar os processos eleitorais por uma das classes políticas mais retrógradas e ignorantes do mundo e por média corporativos consabidamente armadores de golpes antidemocráticos ao serviço das elites económicas e financeiras, não é uma democracia. Um país, onde uma mistura tóxica de milícias criminosas e magistrados desvairados perseguem jornalistas livres e independentes e os impedem de exercer a sua missão democrática de informar confiavelmente, não é uma democracia. A ruína da democracia contém sempre a semente da democracia
As dificuldades
Um país com um regime supostamente democrático que não é uma democracia nunca está irremediavelmente condenado a tal contradição. As dificuldades e as possibilidades da reversão quase sempre se equivalem. No actual
contexto brasileiro as dificuldades para que a semente da democracia volte a germinar são três. Primeiro, o país não foi capaz de condenar os golpistas de 1964 e muito menos o terrorismo de Estado de que foram autores. Enquanto não o fizer, quem beneficiou com os golpistas viverá sempre na esperança de que eles voltem para resolver os seus “problemas”. De algum modo, os militares já voltaram, mas, por agora, a realidade do seu regresso ainda não está à medida do fantasma do seu regresso. Segundo, por sua origem colonial o país vive minado por um racismo e por um sexismo classistas que degradam a humanidade dos que vivem excluídos e discriminados e os transforma em seres mais destinados a morrer do que a viver. Daí o fatalismo corrosivo que impede o oprimido de identificar facilmente o opressor. Finalmente, as forças políticas verdadeiramente democráticas – as que servem a democracia em vez de se servirem da democracia – são minoritárias e estão confinadas à esquerda e ao centro esquerda. Confiam demasiado nas instituições, dividem-se em lutas por poder mais ilusório que real e deixaram a mobilização popular nas ruas e nas praças à mercê dos fanáticos religiosos e dos empresários do ódio.
As possibilidades
As possibilidades são sempre mais difíceis de definir porque cada possibilidade, uma vez concretizada, gera outras novas. Vejo três possibilidades que são condições sine-qua-non da reversão. Primeira, a destituição ou renúncia forçada do presidente. Sem ela, a alma do país morrerá mais massivamente que a vida dos brasileiros condenados a morrer injusta e desnecessariamente. Segunda, o STF absolve definitivamente o ex-presidente Lula da Silva e o sistema judicial abandona a deriva autoritária de o neutralizar politicamente a todo o custo. Neste momento, é menos importante que Lula da Silva seja candidato ou seja eleito presidente do que tenha a possibilidade plena de o ser. Terceira, as forças verdadeiramente democráticas convencem-se de que os fascistas estão no patamar da porta e que, se eles entrarem, não distinguirão entre os diferentes partidos que compõem uma possível frente de esquerda. Todos serão proibidos e os seus dirigentes, muito provavelmente presos. É melhor unirem-se agora na defesa da democracia pois amanhã será demasiado tarde.
O pensador e político chileno Manuel Jacques Parraguez afirmou, em um seminário recente na PUCPR, que um dos principais temas a serem discutidos na nova Constituição chilena será o da água. Explicava que a feroz ditadura de Pinochet havia aplicado integralmente o ideário neoliberal de privatizar a água, a tal ponto e tão profundamente que deixou de existir água pública, comum ou de todos. Cada gota d’água passou a ter seu dono que certamente não teria apenas uma gota mas toda a água de uma região, local ou rio. Como a água boa é a que não fica parada, o beneficiário recebeu a propriedade da água que estava ali, da que estava indo embora e da que viria. Pinochet não apenas privatizou a água, também deixaram de ser públicos o ensino, a saúde, a seguridade social e tudo o que pudesse dar algum tipo de lucro para um capital difuso e impessoal, ainda que fosse rua, caminho, remédio ou comida. Tudo segundo leis bem amarradas, culminando com um nó apertado dado pela Constituição de 1980. Com os nós atados no texto constitucional Pinochet não só privatizou a nação, mas estabeleceu regras em nome da liberdade para que o povo do Chile não pudesse dispor livremente de seu destino. Os nós foram apertados em princípios e regras que impedem interpretação diversa, em uma técnica de fazer leis que torna o sistema jurídico incapaz de desatá-los, mesmo hoje, quarenta anos depois. Exatamente o que o liberalismo, o velho, fez quando criou o direito de propriedade individual da terra, ainda antes do século XIX. Mas o povo chileno tentará.
Os donos da água, como qualquer dono de mercadoria, a tem em estoque e vendem quando e para quem melhor lhe convier, pelo preço que desejar. Mas estes donos não são seres humanos com corações, mentes e fígados, capazes de amar, sorrir e sonhar, são números em bolsa de valores, cujos humanos, muito distantes, pouco ou nada sabem das mazelas, maldades ou benefícios de venda, compra ou doação, só sabem ler gráficos de lucros. São capitais ou grupos de capitais na maior parte com nomes de fantasia que invariavelmente revelam apenas uma verdade sobre sua identidade: são sociedades anônimas. Os chamados investidores sabem apenas dos dividendos e lucros. Olham e analisam o balanço, e tem que gostar. Com isso, os camponeses das regiões secas do norte do Chile, sem acesso às águas, não conseguiram mais plantar sequer o alimento da família. Mas não só isso, viram suas terras valiosas, porque produziam, perderem completamente o valor. Então os donos das águas, que as ganharam da complacente Ditatura Pinochet, complacente ao conceder as riquezas do povo, feroz na repressão às reclamações que o mesmo povo fazia, compraram por preço nenhum as terras que, irrigadas, passaram a produzir e valer muito. Ganharam a água e ganharam a terra e ganharam os acionistas. Mas atenção, alertam os novos proprietários em coro com juristas bem pagos: tudo dentro da lei e legitimado pelo contrato livre, de partes iguais e consensuais. Será? Triste teorema de injustiça. Antes o camponês e os indígenas tinham a terra e usavam a água com parcimônia para sobrar aos outros. Por força do Direito e do Estado coloniais corriam o risco de perder a terra para a velha propriedade individual e as perdiam constantemente, mas a luta os movia e as recuperavam aqui ou ali, era uma luta permanente e duríssima, histórica, heroica, com avanços e retrocessos, as vezes chamando de terras ancestrais, as vezes de Reforma Agrária. O Chile já foi exemplo de reforma Agrária, mas isso foi no começo dos anos ‘70. Com a terra e um pouco de água generosamente fornecida para cordilheira e por poços profundos, as gentes viam nascer alimentos, remédios e enfeites. Enquanto há luta há esperança e vida, bastava recuperar um pedaço de terra, porque quem tinha terra, tinha água. Mas os juristas, num passe de mágica, com o poder do processo legislativo e a força das armas, criaram uma lei inovadora, separando em duas propriedades distintas e privadas, a terra e a água. Os que tinham a terra, mas não as queriam vender, dar ou trocar se viram de uma hora para outra sem água, sendo obrigados a pagar por seu uso a novos proprietários distantes e desconhecidos, anônimos, a Companhia. Pagar pela água significava uma sangria em sua renda, passaram a ter que vender parte da própria comida muitas vezes. Conseguir o suado dinheiro era só o começo do problema, os cobradores eram distantes e ávidos e deixaram de ter interesse em vender. No começo relutavam e vendiam cada vez mais caro, depois, deixaram de vender, simplesmente não vendiam, alegando que teriam outro uso, certamente cumprindo a regulamentação estabelecida. O proprietário sabia como não vender e cumprir a lei, afinal ele mesmo a havia concebido e por isso culpava o camponês pela própria sede, alegando a vistosa e enganosa aura de legitimidade que a lei lhe proporcionava. Mas nem eram os proprietários, anônimos, que alegava a culpa do camponês, eram os políticos, economistas, juristas,jornalistas assalariados de Companhias Anônimas irmãs. Passou a sangrar não a comida, mas a vida dos camponeses e indígenas. À luta pela terra se somou a luta pela água, à fome se somou a sede. Ainda há luta, mas agora duplicada, porque já não adianta a terra sem a água, nem a água sem a terra. Mas o povo chileno tentará!
A história, ainda que real, é absurda, mais absurda ainda é a dificuldade de revertê-la, os donos da água, das terras, dos negócios, das minas, da produção, das fábricas são sócios dos governos, dos parlamentares, dos juízes, dos juristas. Todos são sócios no anonimato das empresas e os que não são sócios são funcionários.
A história, ainda que real, é absurda, mais absurda ainda é a dificuldade de revertê-la, os donos da água, das terras, dos negócios, das minas, da produção, das fábricas são sócios dos governos, dos parlamentares, dos juízes, dos juristas. Todos são sócios no anonimato das empresas e os que não são sócios são funcionários. Só não são sócios das multidões que estão nas ruas reclamando de fome e sede. Além disso, basta reverter a propriedade privada da água? Melhora, mas continua a propriedade das sementes, das terras férteis, das escolas, dos hospitais, da previdência. É muita coisa para ser reformada e os donos da vida e seus sócios não estão dispostos a ceder. Afinal, como explicariam a perda desses direitos aos circunspectos acionistas da Bolsa de Nova Iorque? Os economistas farão contas e afirmarão que a perda no valor das ações será de milhões de milhões de dólares. Nenhum deles acrescentará que será perda contábil, escritural, fictícia e repetirão com o senho franzido e a voz grave: “não podemos deixar o Chile perder tanta riqueza e ficar mais pobre”. Completarão dizendo que para acabar com a fome e a sede é preciso ainda mais cifras, privatizações e garantias de dividendos na Bolsa. Não dirão que não havia nem fome nem sede antes, porque isto seria pensar no passado e esses homens e seus anônimos olham para o futuro. Curioso conceito de riqueza, mas vale a cifra contábil, que nada mais compra do que um pedaço de pão e um copo d’água na mesa.
No Brasil, em 1988, a Constituição conseguiu impedir que as águas fossem privadas. Mas não a terra, nem as sementes, nem o conhecimento. Então, o esforço dos amigos da Bolsa tem sido para flexibilizar esse domínio comum das águas. Sempre há uma palavra certa para dizer sem dizer, flexibilizar, no léxico da devastação significa anular os direitos, tão simplesmente. O berço das águas no Brasil, o Cerrado, assolado pela monocultura nos Grandes Sertões e Veredas, queimado até dentro da toca do tatu, começa a sentir sede e, para que a produção não pare e a Bolsa não caia, o caminho encontrado pelos anônimos tem sido destruir mais, afastando as gentes, os bichos e as plantas que vivem por que sim, sem se importar com a dança das Bolsas. Não por acaso o governo genocida admira a obra destruidora de Pinochet e tenta imitá-lo, na água, nas universidades, na previdência, na saúde, na repressão.
A água, necessária, tem que ser comum a todos. Mas, atenção, que fique claro: todos não significa homem branco, viril e proprietário, não é o “macho de pelo em pecho”. É o gênero humano de todos os gêneros.
O esforço do povo chileno em mudar os rumos do país ou para ter um país de volta é enorme neste momento, mas encontra barreiras de intransponível aparência. Algo mudará, mas o que mais intensamente será mudado é a possibilidade de mudar mais. Se a mudança antes era impossível, hoje é improvável, amanhã será só difícil. Dará tempo?
A água, necessária, tem que ser comum a todos. Mas, atenção, que fique claro: todos não significa homem branco, viril e proprietário, não é o “macho de pelo em pecho”. É o gênero humano de todos os gêneros. E não só, é bicho, planta, seres, todos os seres. Nem precisa dizer por quê, a vida dos seres é necessária à vida dos outros seres, inclusive dos humanos, então, todos os seres. Mas que fique claro também que a absurda privatização da água não é diferente da absurda privatização da terra, das sementes, dos alimentos, do conhecimento, da vacina, da vida.
Dizer hoje que a humanidade está enferma é afirmação acaciana. Mas a enfermidade não é só causada pela COVID-19. A doença da humanidade já deu mostras anteriores. Quem já esqueceu a crise humanitária escondida nos remédios contra AIDS? Alguns países levaram dez anos para ter acesso a eles, enquanto isso as pessoas iam morrendo silenciosamente sem conseguir quebrar patentes. É o conhecimento privatizado. Já há remédios para a COVID-19 mas ainda não acessíveis e há vacinas. Não é escandaloso que os EEUU tenham mais de três bilhões de doses e outros países nada? Qual é diferença entre esta situação e os donos das águas que condenaram à fome e sede camponeses que antes plantavam e comiam? Onde termina a ética começa o direito? É possível pensar em Direito com Ética, desde que se pense em direito com justiça e não com fórmulas proprietárias.
A Lei que a modernidade tornou pura, foi destituída de ética, amor, sentimentos, natureza, honra. Curiosa Lei que afasta e derroga as Leis da natureza. A ciência e o conhecimento que não são mais do que a observação consciente, direta e profunda da natureza e seus fenômenos, não podem servir à violação das leis da natureza, da harmonia, da vida, ao contrário, devem ser instrumentos da humanidade a favor da vida. Este é o princípio que alguns chamam de “Earth Jurisprudence” ou “Wild Law”. Se uma lei, como a propriedade das águas, impede a vida, não pode ser lei, é opressão, não pode ser respeitada, tem que ser combatida. A humanidade já ultrapassou a última encruzilhada, dividida e enganada, está próxima ao abismo. Toda ciência, saber, conhecimento acumulados nos laboratórios, nas florestas, nos rios e pradarias devem se juntar, ver o abismo e se negar a dar o passo final. Quem sabe ainda haja tempo de voltar à última encruzilhada e escolher outro caminho.
Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez
Hay un cierto consenso en torno a que la pandemia actual permanecerá con nosotros durante mucho tiempo. Vamos a entrar en un periodo de pandemia intermitente cuyas características precisas todavía están por definirse. El juego entre nuestro sistema inmunitario y las mutaciones del virus no tiene reglas muy claras. Tendremos que vivir con la inseguridad, por dramáticos que sean los avances de las ciencias biomédicas contemporáneas. Sabemos pocas cosas con seguridad.
Sabemos que la recurrencia de pandemias está relacionada con el modelo de desarrollo y de consumo dominante, con los cambios climáticos asociados a este, con la contaminación de los mares y los ríos y con la deforestación de los bosques. Sabemos que la fase aguda de esta pandemia (posibilidad de contaminación grave) solo terminará cuando entre el 60% y el 70% de la población mundial esté inmunizada. Sabemos que esta tarea se ve obstaculizada por el agravamiento de las desigualdades sociales dentro de cada país y entre los distintos países, combinado con el hecho de que la gran industria farmacéutica (Big Pharma) no quiere renunciar a los derechos de patente sobre las vacunas. Las vacunas ya se consideran el nuevo oro líquido, sucediendo al oro líquido del siglo XX, el petróleo.
Sabemos que las políticas de Estado, la cohesión política en torno a la pandemia y el comportamiento de la ciudadanía son decisivos. El mayor o menor éxito depende de la combinación entre vigilancia epidemiológica, reducción del contagio a través de confinamientos, eficacia de la retaguardia hospitalaria, mejor conocimiento público sobre la pandemia y atención a vulnerabilidades especiales. Los errores, las negligencias e incluso los propósitos necrófilos por parte de algunos líderes políticos han dado lugar a formas de políticas de muerte por vía sanitaria que llamamos darwinismo social: la eliminación de grupos sociales desechables porque son viejos, porque son pobres o porque son discriminados por razones étnico-raciales o religiosas.
Por último, sabemos que el mundo europeo (y norteamericano) mostró en esta pandemia la misma arrogancia con la que ha tratado al mundo no europeo durante los últimos cinco siglos. Como cree que el mejor conocimiento técnico-científico proviene del mundo occidental, no ha querido aprender de la forma en que otros países del Sur Global han lidiado con epidemias y, específicamente, con este virus. Mucho antes de que los europeos se dieran cuenta de la importancia de la mascarilla, los chinos ya la consideraban de uso obligatorio. Por otro lado, debido a una mezcla tóxica de prejuicios y presiones de los lobbies al servicio de las grandes compañías farmacéuticas occidentales, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Canadá han recurrido exclusivamente a las vacunas producidas por estas empresas, con consecuencias por ahora impredecibles.
Además de todo esto, sabemos que existe una guerra geoestratégica vacunal muy mal disfrazada por llamamientos vacíos al bienestar y a la salud de la población mundial. Según la revista Nature del pasado 30 de marzo, el mundo necesita once mil millones de dosis de vacunas (sobre la base de dos dosis por persona) para lograr la inmunidad de grupo a escala mundial. Hasta finales de febrero, se confirmaron pedidos de unos 8.600 millones de dosis, de los cuales 6.000 millones estaban destinadas a los países ricos del Norte Global. Esto significa que los países empobrecidos, que representan el 80% de la población mundial, tendrán acceso a menos de una tercera parte de las vacunas disponibles. Esta injusticia vacunal es particularmente perversa porque, dada la comunicación global que caracteriza nuestro tiempo, nadie estará verdaderamente protegido hasta que el mundo entero esté protegido. Además, cuanto más se tarde en lograr la inmunidad de grupo a escala global, mayor será la probabilidad de que las mutaciones del virus se vuelvan más peligrosas para la salud y más resistentes a las vacunas disponibles.
Un estudio reciente, que reunió a 77 científicos de varios países del mundo, concluyó que dentro de un año o menos, las mutaciones del virus harán que la primera generación de vacunas sea ineficaz. Esto será tanto más probable cuanto más tiempo se tarde en vacunar a la población mundial. Ahora, según los cálculos de la People’s Vaccine Alliance, al ritmo actual, solo el 10% de la población de los países más pobres se vacunará a finales del próximo año. Más retrasos se traducirán en una mayor proliferación de noticias falsas, la infodemia, como la llama la OMS, que ha sido particularmente destructiva en África.
Existe consenso hoy en que una de las medidas más eficaces será la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las patentes de vacunas para la Covid por parte de las grandes empresas farmacéuticas. Esta suspensión haría que la producción de vacunas fuera más global, más rápida y más barata. Y así, más rápidamente, se lograría la inmunidad de grupo global. Además de la justicia sanitaria que permitiría esta suspensión, existen otras buenas razones para defenderla. Por un lado, los derechos de patente se crearon para estimular la competencia en tiempos normales. Los tiempos de pandemia son tiempos excepcionales que, en lugar de competencia y rivalidad, requieren convergencia y solidaridad. Por otro lado, las empresas farmacéuticas ya se han embolsado miles de millones de euros de dinero público a título de financiamiento para fomentar la investigación y el desarrollo más rápido de vacunas. Además, existen precedentes de suspensión de patentes, no solo en el caso de retrovirales para el control del VIH / sida, sino también en el caso de la penicilina durante la Segunda Guerra Mundial. Si estuviéramos en una guerra convencional, la producción y distribución de armas ciertamente no quedarían bajo el control de las empresas privadas que las producen. El Estado ciertamente intervendría. No estamos en una guerra convencional, pero los daños que la pandemia hace a la vida y al bienestar de las poblaciones pueden resultar similares (casi tres millones de muertos hasta la fecha).
No es de extrañar, por tanto, que ahora exista una vasta coalición mundial de organizaciones no gubernamentales, Estados y agencias de la ONU a favor del reconocimiento de la vacuna (y de la salud en general) como un bien público y no como un negocio, y la consecuente suspensión temporal de los derechos de patente. Mucho más allá de las vacunas, este movimiento global incide en la lucha por el acceso de todos a la salud y por la transparencia y el control público de los fondos públicos involucrados en la producción de medicamentos y de vacunas. A su vez, unos cien países, encabezados por India y Sudáfrica, ya han solicitado a la Organización Mundial del Comercio que suspenda los derechos de patente relacionados con las vacunas. Entre estos países no se encuentran los países del Norte Global. Por ello, la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud de garantizar el acceso global a la vacuna (COVAX) está destinada al fracaso.
No olvidemos que, según datos del Corporate Europe Observatory, la Big Pharma gasta entre 15 y 17 millones de euros al año para presionar las decisiones de la Unión Europea, y que la industria farmacéutica en su conjunto cuenta con 175 cabilderos en Bruselas trabajando para el mismo propósito. La escandalosa falta de transparencia en los contratos de vacunas es el resultado de esta presión. Si Portugal quisiera dar distinción y verdadera solidaridad cosmopolita a la actual presidencia del Consejo de la Unión Europea, tendría aquí un buen tema de protagonismo. Tanto más si otro portugués, el secretario gener
al de la ONU, acaba de hacer un llamamiento para considerar la salud como un bien público mundial.
Todo apunta a que, en este ámbito como en otros, la UE seguirá renunciando a cualquier responsabilidad global. Con la intención de permanecer pegada a las políticas globales de Estados Unidos, en este caso puede ser superada por el propio EE. UU. La administración Biden está considerando suspender la patente de una tecnología relevante para las vacunas desarrollada en 2016 por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
Boaventura de Sousa Santos es Director Emérito del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra.
Hasta el pasado 13 de marzo, el Ministerio de Justicia y del Derecho permitió en su sitio web realizar observaciones y comentarios al proyecto de decreto “Por el cual se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, y se dictan otras disposiciones”, espacio que entiende restringidamente el derecho a la participación en materia ambiental, que contradice el Acuerdo de Escazú y que se presenta como simple formalidad, en tanto el Ministro de Defensa aseguró en febrero que el Gobierno Nacional reanudaría en abril la aspersión aérea de glifosato de los cultivos de coca.
A continuación, reseño algunos de los elementos expuestos por Ilsa y Cepam rechazando la vuelta de las aspersiones.
Lo primero que debe advertirse es que diferentes estudios ponen en duda la eficacia de la erradicación forzosa como medida de control de la producción de cocaína y comprueban que la destrucción de laboratorios y las incautaciones han sido más efectivas que la eliminación de cultivos. De hecho, los decomisos de base de coca reducen el área cultivada. Además, también se ha expuesto cómo el efecto de fumigar una hectárea adicional reduce el área de cultivo en solo 2 %. Como reseñé en otro texto, el Gobierno Nacional debe redoblar los esfuerzos en las incautaciones y en la destrucción de infraestructura para el procesamiento de cocaína, pues las cifras oficiales evidencian debilidad en un componente que tiene mayor efectividad.
En segundo lugar, el punto 4 del Acuerdo Final (Solución al problema de las drogas ilícitas), en el subpunto 4.1 (Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito) despliega contenidos relacionados con derechos fundamentales definidos en la Constitución Política, por lo que se presenta la obligación de ser tenido como parámetro de interpretación y referente de desarrollo no solo de las normas de implementación del subpunto 4.1, sino de aquellas normas, políticas o programas que podrían contrariar o dificultar la implementación del mismo, como ocurre con el programa de la erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato. Además, priorizar las fumigaciones por encima del PNIS es una falta a la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final.
En tercer lugar, también debe señalarse que el proyecto de decreto no excluye los resguardos, tierras y territorios indígenas del ámbito territorial donde se ejecutará la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea. Acá es importante recordar que la jurisprudencia transicional con enfoque étnico, al abordar este factor común y conexo o factor subyacente asociado al conflicto armado interno, ha identificado las aspersiones aéreas con glifosato, como un daño ambiental que impacta negativamente al ambiente y a los cultivos para el alimento comunitario. Por ejemplo, la Sentencia 00018, expedida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del Distrito Judicial de Mocoa a favor de la comunidad indígena Inga Selvas del Putumayo, señala que esta comunidad “no ha sido ajena a su impacto negativo, pues la implementación de esa forma de erradicación de cultivos ilícitos por parte del Estado, además de ocasionar graves deterioros al ecosistema, provocó daños en los sembrios de pancoger destinados a su propio consumo”.
Debe tomarse en cuenta que las aspersiones por fuera de las áreas de resguardo también afectan a los pueblos indígenas cuando estas se dan en zonas colindantes o en territorios ancestrales, llegando, por ejemplo, a contaminar las fuentes hídricas de uso comunitario, como quedó consignado en la Sentencia 017 de restitución de derechos territoriales del Resguardo Indígena de Arquía–Comunidad de Tule, expedida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó en abril del 2018.
En el caso de la comunidad indígena Siona Tëntëyá de Orito, la sentencia que reconoce a esta y su territorio como víctima del conflicto y que declara, reconoce y protege el derecho fundamental a la restitución de los derechos territoriales a la comunidad identifica como uno de los hechos victimizantes que provocaron afectación a los derechos territoriales de los indígenas Siona Tëntëya las fumigaciones con glifosato, siendo estas reconocidas como parte de las afectaciones ambientales irreversibles y degenerativas en su territorio, cuyos efectos no han sido mitigados hoy por las autoridades correspondientes.
Recapitulando, las aspersiones como un factor subyacente asociado al conflicto armado identificado por la justicia transicional étnica, la poca efectividad de la erradicación forzada y de las fumigaciones, y la obligación gubernamental de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final, son entre muchos otros, algunos elementos para decir #NoQueremosGlifosato.
Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez
Querida amiga, querido amigo:
Os agradezco todo el tiempo que habéis dedicado a conversar conmigo durante las últimas semanas sobre el proceso electoral en curso en vuestro país. Como os dije, quedé perplejo por toda la controversia internacional suscitada entre varias familias de izquierda sobre vuestro actual proceso electoral. Recapitulando: parece ser una astucia de la razón que el proceso político de Ecuador, un país situado en el centro del mundo, como su propio nombre indica, se haya convertido en las últimas semanas en el campo de una feroz disputa entre intelectuales y activistas de izquierda, oriundos no solo de Ecuador, sino también de otros países de América Latina, así como de Europa, de Estados Unidos, de Sudáfrica y de la India. El motivo de la disputa es el proceso de las elecciones presidenciales que se está llevando a cabo. En la primera vuelta ganó, sin mayoría absoluta, Andrés Arauz, que representa un cierto regreso al correísmo (designación dada al gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017); en segunda posición (tras algún recuento de votos) quedó Guillermo Lasso, representante de la derecha oligárquica. En tercer lugar, quedó Yaku Pérez, indígena, candidato del movimiento Pachakutik. El conflicto se centró inicialmente en un posible intento de fraude electoral que habría arrebatado a Pérez el segundo lugar. Este conflicto jurídico-electoral era, de hecho, una metamorfosis del conflicto que se había librado antes para evitar que Andrés Arauz fuera candidato debido a sus vínculos con Rafael
Correa. Además, es bueno recordar que las estrategias típicas de la lawfare (guerra jurídica) habían impedido a Correa postularse como vicepresidente de Arauz.
Resuelto (aparentemente) este conflicto, la disputa se orientó a decidir a qué candidato apoyar en la segunda vuelta. La controversia cruzó repentinamente las fronteras del país y derivó en un extremismo de insultos y contrainsultos, peticiones de censura y contracensura, que me sorprendió y dejó perplejo. Fue por eso que me puse en contacto con vosotros en el transcurso de estas semanas. Después de todo, una vez más y como siempre en Ecuador, los pueblos indígenas eran protagonistas de los cambios políticos, pero las voces del debate, tanto en Ecuador como en el extranjero, no eran indígenas en su abrumadora mayoría. Del movimiento indígena solo se sabía que estaba dividido, ya que inicialmente Yaku Pérez no había sido el candidato elegido por los pueblos y las nacionalidades indígenas, sino por el movimiento Pachakutik. Pachakutik nació como brazo político de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), pero su posterior trayectoria política, especialmente su alineamiento en los últimos años con el gobierno de derecha neoliberal de Lenín Moreno, creó algunas tensiones entre el movimiento indígena. El silencio fue particularmente intrigante en el caso de los jóvenes líderes indígenas que, además, en el pasado tuvieron algunas divergencias con los líderes indígenas y también con el Gobierno, situación que seguí de cerca, como sabéis. Cuando el 15 de agosto de 2014 presidí la Sala Especial para el Yasuní del Tribunal Ético de los Derechos de la Naturaleza, presidido por mi amiga Vandana Shiva, los mejores aliados del tribunal, además de los pueblos indígenas, fuisteis vosotros.
Por todas estas razones decidí consultaros. Hoy me dirijo a vosotros para deciros que he llegado a la conclusión de que no estoy en condiciones
para aconsejaros sobre las mejores decisiones concretas en el conflicto en curso. Sé que os decepciono; con toda legitimidad podéis decir que os he hecho perder vuestro precioso tiempo. Por eso, quiero explicaros las razones de mi decisión. Expresaré mis razones en forma de perplejidades.
¿La democracia está primero? Uno de los aprendizajes de las izquierdas en las últimas décadas, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo, es que son las fuerzas de izquierda las que defienden firmemente la democracia liberal, incluso reconociendo todos sus límites y apostando siempre, a partir de ella, por radicalizar la democracia, es decir, transformar relaciones de poder en relaciones de autoridad compartida. La experiencia nos dice que la derecha no sirve a la democracia, sino que se sirve de ella cuando le conviene y la descarta cuando no le conviene. Recuerdo bien que, cuando el 30 de septiembre de 2010 las fuerzas policiales intentaron un golpe de Estado contra Rafael Correa, mi amigo Alberto Acosta pasó por mi hotel y corrimos a la sede de la CONAIE, donde pasamos todo el día. En ese momento, ya había quejas justas del movimiento indígena contra Correa, pero entonces el objetivo no era defender a Correa, sino la democracia que De ser así, una vez comprobado que no hubo fraude electoral en estas elecciones de 2021, la disputa política debería centrarse en los programas políticos de cada candidato. ¿Por qué el debate sigue centrándose en la integridad de los candidatos y no en sus programas? Hay que tener en cuenta que, en varios países del continente, la derecha neoliberal, al no tener otro programa político más allá de las recetas neoliberales, viene jugando el argumento de la moralidad contra los candidatos de izquierda, acusándolos de corrupción. Además, cabe recordar dos hechos perturbadores. El primero es que ha estado en marcha en Ecuador una auténtica lawfare contra Rafael Correa por presuntos delitos cometidos, lo que parece no tener otro propósito que neutralizarlo políticamente. Esta guerra procuraba alcanzar al candidato que reivindicaba la herencia de Correa, Andrés Arauz. Semejante neutralización política ocurrió antes contra Manuel Zelaya (Honduras), Cristina Kirchner (Argentina), Fernando Lugo (Paraguay), Lula da Silva y Dilma Rousseff (Brasil) y Evo Morales (Bolivia). En todos estos casos, la injerencia de Estados Unidos fue evidente. Me deja atónito el hecho de que muchos de los que han firmado declaraciones contra el candidato Arauz también firmaron declaraciones contra Evo Morales, del mismo modo que negaron la existencia de un golpe de Estado en Bolivia, lo que también ocurrió con el propio Yaku Pérez.
El segundo hecho inquietante es que, en el momento de redactar esta carta, no se descarta un último intento de anular las elecciones o apartar al candidato más votado. Fue esta sospecha la que llevó al Secretario General de la ONU a hacer recientemente una declaración en el sentido de hacer todo lo posible a fin de mantener la segunda vuelta de las elecciones en la fecha programada. Hace unas semanas, el Fiscal General de Colombia viajó expresamente a Quito para entregar “las pruebas” de que Arauz había recibido dinero de la organización guerrillera colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) para financiar su campaña. Los desmentidos inmediatos de Arauz y del propio ELN, así como la notoria inverosimilitud de este hecho, no impidieron que “las investigaciones” comenzaran. Sabemos que Colombia es hoy un país satélite de Estados Unidos y que el secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, un personaje siniestro que urdió el golpe de Estado en Bolivia, se reunió en Washington con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien ha dejado claro que su candidato favorito es Lasso y, en segundo lugar, Pérez. Me parece que podríamos estar ante una típica maniobra de gestación de un golpe. La ley ecuatoriana es clara: los candidatos gozan de inmunidad y las leyes electorales no pueden cambiarse durante el periodo electoral. Sin embargo, como hemos visto en Brasil, no sabemos hasta dónde puede llegar la furia persecutoria de la lawfare.
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em>¿La izquierda está primero? El debate ecuatoriano está protagonizado por intelectuales y activistas de izquierda, entre los cuales destacan las corrientes feministas y ecologistas. En él han intervenido colegas, amigos y amigas a los que admiro mucho y con quienes he trabajado a lo largo de los años. Si Arauz es de izquierda, al menos en comparación con Lasso, sería de esperar que las energías se canalizaran para derrotar al candidato de la derecha y que el movimiento indígena se involucrara a fondo en eso. No es esto lo que está ocurriendo. En el momento en que os escribo, la asamblea de una de las organizaciones de la CONAIE decidió recomendar el voto nulo en la segunda vuelta de las elecciones. Hay que analizar las razones de la neutralidad entre un candidato de izquierda (quizás equivocada, pero izquierda de todas maneras) y un candidato de derecha banquero y miembro del Opus Dei. Debéis analizar las razones, y sobre todo, estar atentos a los posibles planes para impedir que el proceso electoral siga su curso. ¿Se estará preparando el próximo capítulo de la lawfare? ¿Acaso están en juego en Ecuador los dolores de parto del nacimiento de una nueva izquierda, una izquierda verdaderamente propia del siglo XXI? Hasta donde yo sé, los partos siempre son dolorosos. De ahí las dos siguientes
¿Qué es la izquierda? Durante mucho tiempo, la izquierda fue concebida como el conjunto de teorías y prácticas políticas transformadoras que, durante los últimos ciento cincuenta años, resistieron a la expansión del capitalismo y al tipo de relaciones económicas, sociales, políticas y culturales que este genera, y que así han procedido en la creencia de la posibilidad de un futuro poscapitalista, de una sociedad alternativa, más justa, porque está orientada a satisfacer las necesidades reales de las poblaciones, y más libre, porque está centrada en la realización de las condiciones para el ejercicio efectivo de la libertad. Por muchas razones que no puedo detallar en esta carta, esta concepción ha sido objeto de mucha discusión. Las principales características de esta discusión fueron las siguientes. Un mayor conocimiento entre los movimientos populares en el mundo permitió ver que las divisiones políticas en muchos países no se expresan a través de la dicotomía izquierda/derecha. Incluso en aquellos países donde la dicotomía está en vigor, se ha generado un gran debate sobre el significado de cada uno de los términos. Por ejemplo, las luchas sociales y políticas contra la injusticia han ampliado enormemente las dimensiones de la injusticia y, por tanto, de la dominación. A la injusticia económica y social se han añadido la injusticia étnico-racial, la injusticia sexual, la injusticia histórica, la injusticia lingüística, la injusticia epistémica y otras injusticias basadas en la discapacidad, la casta, la religión, etc. Esta expansión planteó nuevas cuestiones, por ejemplo, la de la jerarquía entre las injusticias y, en consecuencia, de las luchas contra ellas. Se prestó nueva atención a los diferentes contextos específicos en los que se llevan a cabo las luchas y se hizo necesario distinguir entre luchas importantes y luchas urgentes. Fue posible, por ejemplo, defender que las tres principales formas de dominación producidas por la modernidad eurocéntrica son el capitalismo, el colonialismo (que apenas cambió de forma a pesar de los procesos de independencia política de las colonias) y el patriarcado.
No obstante, en el continente latinoamericano los debates también adquirieron otras dimensiones particularmente importantes. Distingo tres principales. La primera fue el cuestionamiento de la dicotomía izquierda/derecha en vista de los modelos de desarrollo económico y social adoptados por gobiernos de izquierda durante la primera década del siglo. La polarización pasó a ser entre los partidarios y los opositores del neoextractivismo (redistribución social basada en la explotación sin precedentes de los recursos naturales, con la consiguiente expulsión de los pueblos indígenas y campesinos, la degradación ecológica y el abandono de la discriminación étnico-cultural, étnico-racial y sexual/heterosexual). Incluso se inventó un nuevo término, “progresismo”, para caracterizar a los gobiernos que, aunque se decían de izquierda, no lo eran en opinión de los opositores al neoextractivismo.
La segunda dimensión fue la polarización entre estatismo y movimientismo. La tradición de las fuerzas políticas de izquierda en el subcontinente (como en gran parte del mundo) defendió casi siempre la necesidad de controlar el Estado para, a partir de él, llevar a cabo la deseada transformación social. Las frustraciones con la experiencia histórica (de las que el estalinismo es el ejemplo extremo) empeoraron a principios del siglo XXI con los proyectos de desarrollismo neoextractivista en el continente latinoamericano. Estos proyectos fueron protagonizados por el Estado, casi siempre en articulación con el capitalismo neoliberal global, un aspecto que los opositores al neoextractivismo vieron como la continuidad de la explotación colonial. De ahí que hayan ganado peso concepciones como las de “transformar el mundo sin tomar el poder” (una expresión mal entendida de John Holloway), que comenzaron a centrar las propuestas de izquierda en la lucha por una nueva hegemonía (la de los derechos de la naturaleza) y en la valoración de los proyectos comunitarios basados en las ideas de autodeterminación y de plurinacionalidad. Si la concepción estatista exageró el poder transformador del Estado cuya matriz es, al fin y al cabo, capitalista colonialista, patriarcal y monocultural, la concepción movimientista corrió el riesgo de conducir a la despolitización de los movimientos sociales, un riesgo tanto mayor cuanto más evidente era el apoyo recibido de organizaciones no gubernamentales, financiadas por el Norte Global, en su mayoría destinadas a evitar que los movimientos sociales se conviertan en movimientos políticos.
La tercera dimensión característica del subcontinente, aunque no exclusiva de él, es la transformación muy repentina de los parámetros de la polarización política. Frente al revanchismo agresivo, a veces golpista, de los gobiernos de derecha que sucedieron a los gobiernos progresistas, la principal polarización pasó a ser entre democracia y dictadura. Y ante la coyuntura particularmente dramática y dolorosa derivada de la forma incompetente e incluso criminal con la que los gobiernos de derecha han enfrentado la crisis de salud, la principal polarización pasó a ser entre política de vida y política de muerte. Esta última mutación está particularmente presente en Brasil y en Ecuador.
Los debates dentro de las fuerzas de izquierda están abiertos. Por un lado, dieron visibilidad y potencia política a luchas sociales muy diversas. Por otro lado, crearon nuevas divergencias que han resultado difíciles de conciliar. Mientras no se supere esta dificultad, las luchas de izquierda, en lugar de articularse, se fragmentan aún más; en lugar de fortalecerse, se debilitan aún más. Dos dificultades resultan particularmente paralizantes: las divergencias sobre el papel del Estado y de las luchas institucionales; y las divergencias sobre la jerarquía entre los motores de las luchas (¿clases sociales o identidades étnico-raciales o sexuales?) y entre objetivos sociales de las luchas (¿redistribución social o reconocimiento de la diversidad?). Detrás de estas dificultades está la mega-dificultad creada por la divergencia entre desarrollismo/extractivismo y buen vivir/derechos de la naturaleza.
De todos estos debates, quizás la única conclusión segura, por ahora, es que las fuerzas de izquierda saben mejor lo que no quieren que lo que quieren. Durante mucho tiempo sufrieron la pandemia política (que precedió a la del coronavirus) y que se instaló en el mundo después de la década de los 80, d
e que no hay alternativa al capitalismo y de que, por eso, llegamos al fin de la historia. Curiosamente, las señales de que las fuerzas de izquierda pueden sentirse inmunizadas contra el virus del neoliberalismo surgieron inicialmente con especial fuerza en Ecuador. Veamos. El debate ecuatoriano es muy dependiente de la erosión del imaginario de izquierda provocada por el centralismo y el tecnocratismo de Rafael Correa. Más que cualquier otro líder político de izquierda de la primera década del 2000, Correa concibió a la izquierda como un proyecto soberanista, impuesto desde arriba, centralista, monocultural, antiimperialista, centrado en la redistribución social pero conservador en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres y hostil al diálogo constructivo con la sociedad civil organizada. Este período coincidió con la época en que surgió una nueva creatividad de las fuerzas de izquierda. Esta circunstancia se debió a varios factores, entre los que distingo el fin del bloque soviético y el surgimiento de nuevos sujetos políticos, principalmente mujeres, pueblos indígenas, campesinos, movimientos ecologistas, el Foro Social Mundial. Esta transformación animó nuevamente la idea de las alternativas. Esta idea salió fuertemente reforzada de las Constituciones Políticas de Ecuador (2008) y de Bolivia (2009), Constituciones que apuntaban a la refundación plurinacional del Estado y a alternativas al desarrollo capitalista basadas en las filosofías y prácticas de los pueblos indígenas. Sin saber muy bien cuál sería el fin último de sus luchas, las nuevas izquierdas parecían, sin embargo, dar por sentado que tendrían que basarse en amplios procesos de participación democrática, en el reconocimiento de la diversidad étnico-cultural y de los derechos de la naturaleza, en la refundación plurinacional del Estado, en la lucha anticolonialista y antipatriarcal. La lucha anticapitalista que exigía, como mínimo, una mejor redistribución social se articulaba ahora con la lucha contra el colonialismo (contra el racismo, la discriminación étnico- racial, la concentración de tierras, la expulsión de pueblos indígenas y campesinos, la xenofobia, la monocultura del saber científico) y contra el patriarcado (contra la dominación heterosexual, la violencia doméstica y el feminicidio).
Ante la discrepancia entre el gobierno de Correa y las transformaciones de las fuerzas de izquierda y del movimiento indígena, las frustraciones se acumularon. Y, como podemos ver, todavía están muy vivas. De ahí la siguiente perplejidad.
¿Quién es finalmente Rafael Correa? Si Correa hubiese sido solamente y para todos los ecuatorianos lo que describí anteriormente, ¿sería imaginable que el candidato que reclama su herencia hubiera sido el más votado? Obviamente no. Es que el Gobierno de Correa tuvo muchas otras dimensiones que, si bien pueden ser desvalorizadas por ciertos sectores de la población, fueron muy importantes para otros. Correa garantizó la estabilidad política durante diez años, lo que no es poca cosa en un país donde en los diez años anteriores hubo siete presidentes. Fue el creador de renombre internacional de la auditoría de la deuda externa de Ecuador, lo que permitió una reducción significativa de la deuda. Privilegió la redistribución social y los beneficios sociales llegaron a muchos que nunca habían tenido condiciones mínimas para vivir con dignidad. La pobreza bajó del 36,7% en 2006 al 22,5% en 2016 y las desigualdades medidas por el coeficiente de Gini disminuyeron y hubo un aumento de las clases medias. Estableció la gratuidad de la educación pública en todos los niveles y mejoró los salarios del personal docente. Construyó muchas infraestructuras básicas de las que carecía el país. Se afirmó como un líder nacionalista, defensor de la soberanía ecuatoriana contra el imperialismo estadounidense (recuerdo el impacto del cierre de la base de Manta en 2009), aunque, con el correr de los años, tuvo que caer bajo otra influencia extranjera, la de China.
Y lo cierto es que, a pesar de toda la contestación social, Correa logró elegir a su sucesor, su vicepresidente, Lenín Moreno, quien poco después se rendiría ante la más mediocre servidumbre al FMI y a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en la región, volviéndose cómplice de la política persecución contra Rafael Correa. Esto significa que lo menos que puede decirse es que el país que dejó Correa al finalizar sus mandatos era una sociedad más justa, al menos en algunos aspectos, que el país gobernado por sucesivas oleadas de derecha controladas por las élites oligárquicas. ¿Por qué ahora, que la derecha oligárquica vuelve a tener a su candidato en la segunda vuelta de las elecciones, algunas fuerzas de izquierda y sectores del movimiento indígena defienden el voto nulo en la segunda vuelta de las elecciones? Para analizar esta coyuntura os propongo la siguiente hipótesis de trabajo: Ecuador es hoy quizás el país del subcontinente donde la divergencia entre la redistribución económico- social y el reconocimiento étnico-social es más pronunciada y donde dispone de menos puentes para superarlo. De ahí mis dos siguientes perplejidades.
¿Qué es la transición? Uno de los principales problemas que enfrentarán hoy las izquierdas en trabajo de parto es la cuestión de la transición. Empezamos a saber que queremos una sociedad anticapitalista,
anticolonialista, antipatriarcal, ecologista, feminista, plurinacional, radicalmente democrática, autodeterminada. Sabemos que se trata de un cambio de paradigma de civilización. ¿Cómo luchamos por él? En primer lugar, debemos saber que la lucha es inminentemente política. Las banderas aparentemente apolíticas de las ONG no tienen otra finalidad que desarmar el movimiento popular. Es por eso que están fuertemente financiadas por los países del Norte Global. Entiendo que muchos de ustedes, frustrados con la política formal, prefieren canalizar su activismo fuera del sistema político de partidos. Pero en la medida en que lo consideren importante, es bueno saber lo que está en juego. Incluso siendo la lucha concebida como política, no es fácil organizarla. Sabemos que no podemos confiar en las instituciones, pero tampoco podemos vivir sin ellas. Tendremos que luchar con un pie en las instituciones y el otro fuera. Tendremos que luchar dentro del Estado, contra el Estado y fuera del Estado con diferentes formas de organizar las luchas, algunas de las cuales ni siquiera se han intentado todavía.
¿Y con que aliados? No es creíble que podamos encontrarlos entre las fuerzas de derecha. La derecha, cuando vuelve al poder, lo hace con más revanchismo que nunca. Véanse los casos de Bolsonaro en Brasil, de Macri en Argentina o de la golpista Áñez en Bolivia. ¿Es prudente arriesgar lo mismo con Lasso en Ecuador? Por supuesto, todo será más fácil si Arauz se manifiesta claramente en sintonía con la transición y no con el regreso al pasado. Como jóvenes que sois, tenéis en vuestras manos el futuro del país. Hay tres áreas en las que debéis prestar especial atención: la transición para salir del extractivismo, la educación intercultural y el cogobierno con la CONAIE para dar seguimiento concreto a la plurinacionalidad consagrada en la Constitución de 2008. Las dos primeras áreas constan en el programa de Arauz, pero tanto ellas como la tercera dependen de vuestra presión política organizada, que debe continuar (y no terminar) con las elecciones. Lo más importante es aprender de los errores del pasado.
¿Se acabó el imperialismo? En el reciente debate ecuatoriano, una de las ausencias más ruidosas ha sido el factor de la intervención extranjera. Algunos de los participantes en el debate están tan dominados por el odio y el resentimiento hacia Correa que ven su fantasma por todas partes y consideran que su injerencia es siempre avasalladora. ¿Será que así no ven o esconden otro fantasma mucho m
ás presente? Sabemos que el imperio ha cambiado muchas tácticas (por ejemplo, de las dictaduras militares a la lawfare), pero no alteró su estrategia. Sabemos que la Guerra Fría entre Estados Unidos y China está adquiriendo proporciones muy preocupantes. Estados Unidos es un imperio en declive y, como otros en el pasado, se vuelve aún más agresivo en la búsqueda de zonas de seguridad extraterritoriales. Para Estados Unidos, sin gran influencia en África y sin confiar mucho en Europa y todavía menos en Asia, América Latina es la única región del mundo que consideran que les pertenece incondicionalmente. El precio que pagan los países por desobedecer es enorme, aunque sean muy problemáticos desde el punto de vista de las nuevas izquierdas, como, por ejemplo, Cuba, Venezuela o Nicaragua. Arauz ofrece muchas menos garantías de alineamiento antichino que Lasso o Pérez. ¿Estará ahí la benevolencia con la que Estados Unidos y la OEA miran a los candidatos anticorreístas? A la luz de la experiencia reciente (por no mencionar la menos reciente), ¿pueden los ecuatorianos arriesgarse a un nuevo alineamiento incondicional con Estados Unidos? Estoy seguro de que conocéis bien lo que está pasando en Brasil y lo que iba aconteciendo en
Querida amiga, querido amigo:
Mis perplejidades no terminan aquí, pero son suficientes para intentar justificar por qué no intervengo más asertivamente en el debate que estáis teniendo en Ecuador. Mi deseo es que seáis vosotros, los ecuatorianos y sobre todo los más jóvenes, quienes decidáis las cuestiones que están abiertas, para las cuales, además, no hay soluciones inequívocas a la vista. Lo importante es que lo hagáis con una reflexión profunda sobre los conflictos que atraviesan vuestro país y sin injerencia externa, ya sea de intelectuales-activistas internacionalistas bien intencionados, como yo, pero que, como yo, están siempre sujetos a cometer errores; y también sin la injerencia de países extranjeros, ya sean Estados Unidos, países europeos, países de América Latina o China. Una cosa es cierta: lo que decidáis tendrá consecuencias importantes, positivas o negativas, para el futuro del resto del mundo, que se ve afectado por estas polarizaciones. No se está impunemente en el centro del mundo.
No final dos anos ‘70 a FUNAI, então dirigida por coronéis, propôs a criação de dois institutos jurídicos capazes de desestruturar não só os movimentos indígenas, mas os próprios povos. O sentido da proposta era culminar uma perseguição atroz, ilegal e genocida que compreendia prisões, deslocamentos, desterritorializações de povos inteiros como os Krenak, Pataxó hã hã hãe, Panará, Nambiquara, Guarani e o assassinato de mais de oito mil indígenas, conforme contabilidade da Comissão da Verdade. Era para concluir a ação de extermínio. Os dois institutos tinham nomes solenes e se articulavam entre si: a emancipação e os critérios de indianidade. Em 2021, a Funai, agora dirigida por um delegado de polícia em governo saudoso da ditadura, tenta retomar o trabalho inacabado dos ‘70.
A generosa palavra emancipação, no dicionário da necropolítica passava a significar o fim da tutela ou do apoio do Estado aos indígenas, a sua negação. É que na época esse apoio, proteção ou reconhecimento atendia pelo nome de tutela. Então, a ideia dos coronéis era emancipar, retirar a tutela, de toda aquele que vestisse calça e camisa. Mas, para completar essa emancipação deveriam ser estabelecidos critérios de indianidade, fenótipos lombrosianos, encontrados também nos adereços e vestimentas. Falar bom português ou usar relógio seria demonstração evidente da não indianidade.
É claro que não só os indígenas se rebelaram contra essa abominável tentativa. Foram publicados vários artigos e inúmeras manifestações públicas de intelectuais e indígenas consagrando que a única forma de reconhecimento identitário é o autorreconhecimento, a consciência de ser coletivo diferente do conjunto restante. Qualquer critério estabelecido pelo Estado é autoritário, limitador e cientificamente ultrapassado e equivocado. E, claro que a identidade individual se faz, também, por autorreconhecimento, mas associada ao reconhecimento do grupo a que se diz pertencer.
Portanto, não importa a aparência do indivíduo nem o estágio de contato que o grupo se encontre com a sociedade hegemônica e envolvente, os povos continuam sendo povos e as pessoas integrantes devem ser reconhecidas pelos seus povos. Estas ideias ficaram muito patentes nos textos dos antropólogos, juristas e outros cientistas que escreveram sobre o tema na época, e que continuam escrevendo hoje.
Para o Direito, o autorreconhecimento já estava consagrado em 1973 na Lei 6.001, chamada de Estatuto do Índio. Embora a velha lei de 1973 estivesse voltada ao indivíduo, como revela seu nome, não concebia existência de índio, indivíduo, sem existência de comunidade indígena, isto é, o que determina a existência e os direitos dos indivíduos indígenas é a comunidade a que pertencem. Este conceito, claro na Lei e na teoria antropológica, histórica, jurídica, sociológica, etc. foi reforçado mais tarde na Constituição de 1988, na Convenção 169 da OIT, 1989, e nas Declarações de Direitos Indígenas da ONU, 2007, e da OEA, 2016.
Quando se poderia achar que estavam superados os nefastos critérios de indianidade, a presidência da Funai emite uma resolução definindo “novos critérios específicos de heteroidentificação” (Resolução FUNAI Nº 4, de 22 de janeiro de 2021). Sempre há uma palavra pseudocientífica para dar uma aparência de seriedade: emancipação, indianidade, heteroidentificação. O maior problema não está exatamente nos critérios estabelecidos, que não são fenótipos pelo menos, mas na sua generalidade e na própria ideia, superada, de identificação pelo Estado. Se a Funai estabelece seus próprios critérios gerais para identificação poderá negar direitos a quem se autoidentificou.
Ao Estado não complete identificar administrativamente quem são os povos e que direito têm. Os povos e seus os direitos estão estabelecidos na Lei, na Constituição, na Convenção, nas Declarações Internacionais. Portanto, para saber a que povos e integrantes de povos correspondem direitos, há que buscá-los na lei, é lá que estão os critérios. E o critério é autoidentificação.
Por isso há indígenas, quilombolas e muitos outros povos e comunidades tradicionais, com direitos semelhantes, mas aplicados por órgãos estatais diferentes. Quando um povo se identifica como tal excluiu todos os outros de seu pertencimento e, portanto, está reconhecendo que os outros não são. Mas não pode o Estado arvorar-se administrativamente no poder de decidir abstratamente quem é e quem não é povo. Por duas razões óbvias. Primeiro, o povo existe, independentemente do reconhecimento de direitos do Estado, de qualquer Estado. Segundo, no Direito Moderno, o estabelecimento de direitos se dá por lei, especialmente se são coletivos. O Estado pode ou não reconhecer direitos coletivos, mas o fará por lei. No caso do Brasil está reconhecido. O resto é aplicação concreta da Lei. A Funai pode negar um pedido de alguém ou de algum grupo sob fundamento de que aquele grupo ou indivíduo não é indígena? Certamente que sim, mas no caso concreto e fundamentando a negação, não com base em uma resolução com critérios de indianidade genérico. Portanto, compete à Funai agir no caso concreto.
Assim como nos anos ‘70, a Funai está pensando no indivíduo, não no coletivo. Se alguém se apresenta como indígena, a forma mais fácil de saber se é verdade será perguntando ao povo a que diz pertencer, porque não existem índios, existem povos formados por indivíduos. Por isso o autorreconhecimento é do grupo, do coletivo, e o indivíduo se reconhece e é reconhecido como tal pelo seu povo, e não por outros. Não pode haver heteroidentificação de um indivíduo indígena que não seja autoidentificado e reconhecido por seu grupo, portanto, a Funai só pode heteroidentificar um indígena depois de perguntar para seu povo se o reconhece, isto é, com base na autoidentificação.
Se o Estado brasileiro não deseja reconhecer um povo ou parte de um povo como povo, comunidade ou grupo, tem que dizê-lo concretamente porque aquele grupo não é reconhecido e seus indivíduos não podem receber as políticas públicas destinadas aos indígenas e aplicadas pela Funai. Mas tem que haver o caso concreto e não uma norma abstrata. Porque terá que fundamentar as razões legais para negar, as razões existentes na Lei e que implicam no não enquadramento concreto daquele grupo que se diz indígena, não na simples afirmação de que não se enquadram na Resolução nº 4.
Por que será tão difícil perguntar ao povo? É difícil ouvir, é muito mais fácil impor! Mas, o mais curioso é que a Convenção 169 da OIT estabelece a necessidade de ouvir, consultar, ter o consentimento dos povos, indígenas ou não, para os atos administrativos e legislativos que os afete. A Resolução se autoproclama destinada a “aprimorar a proteção dos povos e indivíduos indígenas, (e) para execução de políticas públicas”. Realmente a Funai precisa aprimorar, e muito, mas isso não será feito sem ouvir os povos, mesmo porque é uma obrigação legal. A própria resolução deveria ter passado por uma consulta prévia, livre, informada e de boa fé, como exige a Convenção.
A Funai de 2021 deve estar preocupada com não índios que querem se passar por índios para receber políticas públicas de educação, saúde, atendimentos gerais e vacinação contra o COVID-19, cuja política, aliás, vem sendo desastrosa. Mas a forma de evitar fraudes é fazer exercer o controle social, perguntar à comunidade, ao povo. É próprio dos autoritários imaginar que os problemas se resolvem por ato de força. A resolução é um ato de força. O Estado não pode flexibilizar a autoidentificação porque isto seria a abertura para a negação de identidades, que, exasperada, chega nos critérios fenótipos de indianidade, ao extermínio.
A Funai deveria cumprir as leis referentes aos povos indígenas. Se o fizesse não baixaria esta resolução sem uma consulta prévia aos povos. Aliás, em 2006 foi criado uma Comissão Nacional de Política Indigenista, em 2015 transformada em Conselho Nacional de Política Indigenista, juridicamente em vigor, que não se reúne desde agosto de 2016. É momento do Presidente da Funai convocar o Conselho e ouvir os povos e conhecê-los de perto. Então, quem sabe? aprenderá que povos podem se identificar e identificar aos outros. E aprenderá que o Estado quando estabelece critérios de indianidade o faz para excluir, nunca para aprimorar, nem para aplicar políticas públicas com nomes pseudocientíficos como heteroidentificação.
Para encerrar, o Estado, a Funai, os órgãos aplicadores de políticas públicas devem ouvir os povos e as pessoas identificadas pelos povos, exatamente para afastar falsos representantes, renegados, traidores ou oportunistas. Mas conversar com os destinatários das politicas públicas só faz quem realmente está preocupado com o aprimoramento e com bem-estar dos povos. Critérios de indianidade, quais que sejam, se parecem com fórmulas de extermínio.
“Em nós, até a cor é um defeito, um vício imperdoável de origem, o estigma de um crime“. Esta frase não foi pronunciada no Carrefour de Porto Alegre pelo pai de Beto Freitas, entre lágrimas, nem foi traduzida dos protestos de Minneapolis em maio de 2020. Foi escrita há 140 anos, em 1º de dezembro de 1880, por Luiz Gama (Ferreira, Ligia Fonseca. Lições da Resistência. São Paulo: Sesc, 2020, p. 256). Porém, a expressão ‘defeito de cor’ tem origem cem anos antes e expressava a proibição, racista, de afrodescendentes ingressarem nos quadros da Igreja como eclesiásticos, como nos ensina a Profa. Ligia em seus comentários ao escrito de Luiz Gama.
A invenção do ‘defeito de cor’ é, portanto, recente, localizada. E muito oportuna. Afinal, o que são duzentos e cinquenta anos na história da humanidade? Mas é também localizada e só nasceu para justificar a infâmia da escravização de gentes para produzir riqueza para outras gentes. Por isso foi, e ainda é, muito oportuna, como dizia Luiz Gama no mesmo texto, “esta cor é a origem da riqueza dos salteadores que nos insultam“. Portanto, não surpreende que os salteadores do trabalho humano inventassem o termo e o usassem com a convicção dos ignorantes e o cinismo dos aproveitadores. A expressão e o racismo que revela foram inventados exatamente para justificar a injustificável superexploração de gentes e terras que sempre marcou o colonialismo. O racismo é filho do colonialismo moderno, da modernidade, então. As irmãs gêmeas do racismo, que lhe dão suporte e organicidade, atendem pelo nome de destruição da natureza e misoginia. A modernidade inventou o racismo e atacou todos os coletivos humanos, apartou a natureza do convívio social e empurrou as mulheres para um papel subalterno na sociedade. Sobre os três estabeleceu o império da violência. Por isso, apesar do sistema não precisar mais da escravidão, precisa do racismo intimamente ligado à destruição da natureza e da misoginia. Mas é possível mudar, e muda porque a discriminação gera resistência. Por ser oportuno e vantajoso, os racistas não mudaram, nem mudarão por vontade própria, mas pela resistência da sociedade. A resistência é tão antiga quanto o fenômeno, mas agora está gerando efeito.
O que surpreende é que no século XXI, ainda, a cor continue sendo defeito, vício e estigma e suas irmãs gêmeas mantidas. Mas a manutenção será cinismo ou ignorância? Ignorância? Mas o que os racistas ignoram? Ignoram que gente é gente? É verdade que os ignorantes são ignorantes, olham e não veem, não conseguem ver a curvatura da terra, nem as mudanças de clima, nem a fome alheia, nem a humanidade das mulheres. Mas será que ignoram mesmo ou só fingem? Será que não conseguem ver mesmo ou entrecerram os olhos e, entre si, riem por negar a verdade? Mas, se fingem, porque fingem? O que ganha o vice-presidente General Mourão fingindo que ignora que o morto seja preto ou que morreu por sê-lo? Bem, ele também ignora a irmã gêmea do racismo e não admite que a Amazônia está sendo destruída. É muito difícil acreditar que seja ignorância. Deve haver intenção ao ignorar, é oportuno.
Mas, qual é a intenção? Em relação à raça é segregar, de tanto escutar que é um defeito, um vício e um estigma, a ação mais fácil é segregar, por se não fizer, tem que se justificar aos pares e fazer a crítica. O Carrefour aceitou (ou determinou?) que seus agentes de segurança dessem um recado, já havia dado antes: ‘melhor os pretos não entrarem para compras!’. Aliás, esse é o mesmo recado que pretenderam dar os supremacistas de Joinville à vereadora eleita Ana Lúcia Martins. Ameaçá-la de morte é intimidar suas ações e avisar aos demais que não tentem tomar lugares de poder! Uns ameaçam, outros matam. Marielle foi morta, Beto Freitas foi morto.
O racismo, o desprezo pela natureza, a misoginia já não conseguem mais se esconder. O discurso mudou, não podendo mais defender que pretos, índios, mulheres e natureza sejam seres inferiores, negam que alguém pense que são. Essa não é uma negação de ignorância, mas conhecimento do fenômeno e a vontade de abrandá-lo. E essa mudança de discurso se dá porque a sociedade reagiu e vem reagindo. Quando o General Mourão, comentando o assassinato de Beto Freitas, disse ‘não existe racismo’, todos notaram que está apenas revelando o seu racismo. Foi rasgado o véu. Ignorância, cinismo, soberba.
A ferida da sociedade brasileira escravagista, machista, destruidora da natureza está sendo purgada. Dói! dói muito! Ainda expelirá pus como as palavras do General e as ameaças contra a vereadora. Ainda haverá mortes, queimadas, violências. Pus. Medo!
Mas não há outra maneira senão gritar a dor, revelar o mal. O remédio é amargo, arde, parece causar mais dor que a dor que estava escondida, envergonhada, porque aquela não era sentida por todos, só pela vítima, por quem a sofria. Ir purgando as feridas fez aumentar a dor da sociedade, mas também aumenta a esperança de cura. O Carrefour não pode mais terceirizar seus crimes, como fizera antes, e resolveu criar uma comissão para lhe ensinar como agir, encontrou uma forma arrogante de dizer que não sabia como tratar pretos em seus estabelecimentos, revelando a amplitude do racismo de seu negócio. Alegou ignorância. Aprenderá? Quem sabe?
A sociedade brasileira tem ainda um longo caminho a percorrer, nem ensaiou os primeiros passos em direção à justiça, o corpo ainda está coberto de feridas, purgando, latejando, cheirando mal. E até por isso mesmo fica difícil esconder. Mas está purgando, já se pode escutar a voz da resistência e a denúncia dos crimes que, se ainda impunes, envergonha o criminoso que precisa se esconder, negar e até alegar fingida ignorância.
É incomparável a dor da violência diretamente sofrida e da socialmente assumida, mas é fundamental que e a sociedade assuma a cada pessoa agredida, a cada natureza destruída haja uma multidão indignada, solidária e disposta a resistir.
Resistência é a palavra, indignação é o sentimento!
