Categoría: Opinión

Deacapitación y el fin de la política
Combinación única del horror de la eliminación y la orgía del triunfo, de la victoria o de la venganza
Israel, sobre todo, pero también Estados Unidos, ha vuelto a poner de actualidad el concepto de la decapitación como arma de violencia política. Huelga decir que esta arma viola todas las convenciones internacionales contemporáneas sobre la guerra.
La normatividad internacional que rigió el mundo con relativa eficacia tras la Segunda Guerra Mundial quedó enterrada tras el 11 de septiembre de 2001, cuando los altares jurídicos de Harvard proclamaron la fatwa según la cual era legítimo torturar a los supuestos enemigos más allá de los límites hasta entonces establecidos por la doctrina dominante de los derechos humanos. A partir de entonces, una vez que el enemigo es declarado terrorista, la destrucción de su vida deja de ser una cuestión de legitimidad y pasa a ser una cuestión de oportunidad y eficacia. El terrorismo es toda amenaza a la seguridad nacional que no puede combatirse diplomáticamente, es decir, por medios pacíficos. Tener el privilegio de nombrar quién es terrorista o quién amenaza la seguridad de quién pasó a ser el principio de la política. Trágicamente, este principio de la política es también el fin de la política.
La decapitación, tanto literal (cortar la cabeza) como figurada (eliminación radical de un individuo que simboliza una lucha, una organización o una idea colectiva) tiene una larga tradición. Combina de manera única el horror de la eliminación y la orgía del triunfo, de la victoria o de la venganza.
Freud escribió en 1922 que decapitar significa castrar; es la forma en que el inconsciente se presenta transformado en la conciencia del individuo. Su análisis se centra en la mitología de la cabeza de la gorgona Medusa, decapitada por el semidiós Perseo. Los líderes políticos u otros que recurren a la decapitación manipulan ese impulso inconsciente para transmitir la idea de un poder sin límites (reducción del enemigo a la máxima impotencia) y de una eficacia igualmente sin límites (exterminio individual, que es también colectivo).
La tradición cultural de la decapitación tiene sus máximas expresiones en el arte y la literatura. La cabeza de Juan el Bautista es decapitada a petición de la madre de Salomé, Herodías, por haberse opuesto a la relación incestuosa entre Herodías y Herodes. Judit, la viuda judía, salva su ciudad de Betulia de la invasión asiria al seducir y decapitar a Holofernes, el general asirio de Nabucodonosor. Goliat, el gigante filisteo fuertemente armado, fue derrotado por la piedra lanzada con la honda de David. Este, al ver a Goliat en el suelo, le cortó la cabeza con la propia espada del gigante. En una variante de esta tradición, Sansón, el todopoderoso juez israelita, perdió todo su poder y fue capturado por los filisteos cuando Dalila, una infiltrada filistea, lo sedujo y le cortó el cabello, tras descubrir que el poder de Sansón residía en el cabello que él nunca se había cortado.
La fascinación por la decapitación fue irresistible para los pintores del Renacimiento. Con su gusto por la violencia realista, Caravaggio inmortalizó muchas de estas decapitaciones en su pintura: Medusa en 1597, Holofernes en 1599, Juan el Bautista en 1608 y Goliat en 1609-10. Otros pintores del Renacimiento plasmaron en cuadros de gran belleza el simbolismo político-cultural de la decapitación. Por ejemplo, Donatello, en 1408-9, y Miguel Ángel, en 1508-12, inmortalizaron la victoria de David sobre Goliat; Artemisia Gentileschi, la decapitación de Holofernes en 1612-21; Francesco Cairo, en 1625-30, la decapitación de Juan el Bautista. No es objetivo de este texto analizar las dimensiones eróticas o las lecturas psicoanalíticas de las decapitaciones o de los pintores que las inmortalizaron (la acción de las mujeres en los casos de Salomé, Judit y Dalila; la homosexualidad de Caravaggio o de Donatello)¹. Mi intención es más bien analizar el papel que desempeña la decapitación en las luchas y guerras contemporáneas.
La decapitación como instrumento de la violencia contemporánea
Como he señalado, la decapitación consiste en la eliminación/neutralización de un individuo como forma, a la vez espectacular y económica, de eliminar/neutralizar las luchas, las organizaciones o las ideas que ese individuo representa. Etimológicamente, decapitación deriva de la palabra latina caput, que significa cabeza. Figurativamente, se ha utilizado con el significado de jefe, líder o liderazgo, naciente, fuente. Es en este sentido en el que se utiliza hoy en día en las guerras irregulares e ilegales llevadas a cabo por Israel y EE.UU. Decapitar significa eliminar a un individuo considerado enemigo que representa de manera especial una amenaza enemiga colectiva.
En la medida en que sea posible y eficaz, la decapitación es un atajo valioso porque permite alcanzar de un solo golpe un objetivo que, si se atacara colectivamente, requeriría muchos golpes y muchos medios. El fantasma que acecha a la decapitación es la Hidra de Lerna. En la mitología griega, la Hidra de Lerna era un monstruo con cuerpo de dragón y varias cabezas de serpiente. Según algunas versiones de este mito, cada vez que se le cortaba una cabeza, le crecían dos en su lugar.
La decapitación siempre está relacionada con una lucha violenta. Es la guerra y la metonimia de la guerra. El ámbito de la decapitación se ha ido ampliando en la misma medida en que el concepto de guerra ha ido abarcando más tipos de luchas violentas: guerra entre países, guerra civil, guerra cultural, guerra religiosa, guerra familiar, guerra comercial. Hoy podemos distinguir tres tipos de decapitación: el asesinato (muerte física), el encarcelamiento (muerte política), la cancelación (muerte cívica). Los tres tipos implican muerte, pero muertes de tipos diferentes.
La muerte física es la desaparición pública y privada irreversible, con la excepción, en el mundo católico, de quienes son beatificados o santificados post mortem. La muerte política es la desaparición pública ilegal, irreversible o no, y el mantenimiento de la vida privada en condiciones más o menos precarias e indignas. El caso de Lula da Silva, presidente de Brasil, es el ejemplo más reciente y significativo de desaparición pública reversible. La muerte cívica no implica ni asesinato ni prisión; al igual que en la muerte política, implica el mantenimiento de la vida privada en condiciones más o menos precarias e indignas, pero, a diferencia de la muerte política, la desaparición pública tiende a ser irreversible.
En todos estos tipos, la muerte individual tiene como objetivo provocar la muerte colectiva de una lucha, una organización o una idea. En los últimos tiempos, hemos asistido a varios casos de estos tres tipos de decapitación. Los más recientes y conocidos son: el asesinato de Ali Jamenei y otros líderes religiosos en Irán; la captura y el encarcelamiento de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; las cancelaciones de intelectuales de izquierda provocadas por la llamada “cancel culture” o, más propiamente, “cancel barbarism”.
La ampliación de las formas de decapitación supone el aumento y la diversificación de la violencia en las sociedades contemporáneas, lo que, a su vez, está asociado al crecimiento de las fuerzas políticas de extrema derecha, ya sean laicas o religiosas.
La decapitación como fenómeno político
Como cualquier otro fenómeno político, la decapitación genera un discurso dominante que debe analizarse según el procedimiento que denomino “sociología de las ausencias”. Tanto como discurso como práctica, la decapitación crea un campo analítico que promueve ciertos debates y omite otros. El discurso dominante se afirma en la medida en que el concepto de debate omitido es, a su vez, omitido, y, en consecuencia, se lleva a la opinión pública a creer que no hay nada más que debatir más allá de lo que ya se ha debatido. Este discurso, además de dominante, es también hegemónico cuando la idea de que no hay nada más que debatir es suscrita por las clases que más se beneficiarían del debate de los temas que no se debaten. Veamos cómo funciona una sociología de las ausencias en este campo.
Legitimidad o eficacia
Lo que se ha publicado en el mundo académico sobre la decapitación como instrumento político se centra casi exclusivamente en la eficacia de la decapitación. Por ejemplo, se debate sobre cuál fue la eficacia del asesinato de Osama bin Laden en la actividad de Al-Qaeda, de los líderes de Hamás y Hezbolá en la actividad de sus organizaciones, o de la detención de Abimael Guzmán en la actuación de Sendero Luminoso, o de la detención de Abdullah Öcalan en la lucha de los kurdos organizada por el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK).
La cuestión de la eficacia pasó a dominar los estudios sobre la decapitación a partir del momento en que los documentos oficiales fueron elaborados en EE.UU. tras el 11 de septiembre (en particular, la NationalStrategy for Combating Terrorism, de 2003) afirmaban que la decapitación era un instrumento eficaz porque el líder terrorista solía ser el catalizador de la acción terrorista. El asesinato del líder conduciría, tarde o temprano, al colapso de la organización. Inmediatamente después del asesinato de Abu Musab al-Zarqawi, George W. Bush anunció que Al Qaeda había sufrido un golpe fatal.
Con el tiempo, la cuestión de la eficacia de la decapitación se extendió a regímenes y organizaciones considerados particularmente hostiles. Por ejemplo, el crimen organizado del narcotráfico. ¿Cuál fue la eficacia del asesinato de Pablo Escobar? Por otra parte, a lo largo de las últimas décadas, decenas de regímenes y organizaciones han sido considerados terroristas por EE.UU. El más reciente es, como sabemos, Irán, donde la decapitación de líderes políticos, militares y científicos ha sido una práctica habitual. La inteligencia artificial de ciertas empresas (por ejemplo, Palantir) y las nuevas tecnologías letales están hoy al servicio de la decapitación.
La idea de la decapitación es antigua, sobre todo en lo que respecta a los líderes carismáticos. En el período más reciente, tras la Segunda Guerra Mundial, la decapitación ha sido un instrumento de violencia política ampliamente utilizado contra líderes políticos o religiosos. Desde Patrice Lumumba hasta Aldo Moro, desde Indira Gandhi hasta Olof Palme, desde Yitzhak Rabin hasta Benazir Bhutto, desde Óscar Romero hasta Martin Luther King, desde Mahatma Gandhi hasta John Kennedy. Se calcula que, entre 1959 y 2000, Fidel Castro fue objeto de más de 600 intentos de asesinato organizados por la CIA y por exiliados cubanos, algunos de ellos bastante extraños, como puros o bolígrafos envenenados.

El uso masivo de la decapitación y la frustración de los decapitadores por no haber logrado, en la mayoría de los casos, sus objetivos han llevado a la necesidad de realizar análisis más rigurosos, de lo que se han ocupado sobre todo los especialistas en seguridad y antiterrorismo. Por ejemplo, Jenna Jordan analizó 298 casos de decapitación de líderes entre 1945 y 2004 y utilizó varias variables para llegar a una conclusión relativamente pesimista sobre la eficacia de la decapitación². En resumen, el fantasma de la Hidra de Lerna acecha a la decapitación y a sus impulsores.
La sociología de las ausencias
¿Cómo es posible que en las sociedades democráticas el debate sobre la decapitación se reduzca a su eficacia? Una sociología de las ausencias revela que casi nada se ha escrito sobre la legitimidad ética y política de la decapitación, sobre todo cuando la practican agentes de Estados que se dicen democráticos. Esta ausencia es inquietante porque, para quien se encuentra fuera del mundo cerrado de la seguridad y la lucha antiterrorista, la cuestión ético-política es la que debe merecer mayor atención. Sobre todo si tenemos en cuenta que la decapitación es un instrumento violento cada vez más normalizado y que la capacidad de decapitar con éxito es cada vez mayor debido a los avances de la inteligencia artificial y las tecnologías letales.
A esto se suma que el ámbito de los objetivos de la decapitación se está ampliando cada vez más para alcanzar a todos aquellos que se distinguen por su oposición a la violencia política, religiosa o ideológica establecida, aunque se disfrace de democracia, ya sean líderes políticos, militares, científicos de áreas estratégicas o líderes de opinión. Por último, hay que tener en cuenta que la decapitación es multiforme y es capaz de matar física, política y cívicamente. La distribución social de estos tres tipos de muerte dentro de los países y en las relaciones entre países debe ser una preocupación creciente de la política democrática. Y lo más grave es que cualquiera de estas muertes contiene fragmentos de las demás.
Lucha de clases, democracia y decapitación
La decapitación es el tipo de lucha de clases que mejor disfraza la existencia de la lucha de clases. Al apuntar a individuos específicos, la decapitación desplaza el campo político de los conflictos sociales entre clases o grupos sociales hacia el emprendimiento político individual de líderes concebidos como metonimias de enemigos colectivos. Tiene, pues, el efecto de desarmar a quienes creen en las luchas colectivas contra la desigualdad, la discriminación y la injusticia, con la convicción de que los líderes solo lideran en la medida en que obedecen a quienes participan en las luchas. El mandato de los líderes indígenas latinoamericanos es, en este contexto, de crucial importancia: mandar obedeciendo.
Pero el desarme alcanza aún un nivel más profundo: es el desarme de la lucha pacífica y democrática, basada en la lucha regulada entre adversarios y no en la lucha salvaje entre enemigos o en la lucha extremista entre el Bien y el Mal.
La normalización del uso de la decapitación presupone que quien la utiliza tiene el privilegio de designar como terrorista o enemigo a cualquier país, régimen u organización que se oponga a sus intereses. En una perversión de la famosa frase de Carl von Clausewitz (“la guerra es la continuación de la política por otros medios”), la decapitación es hoy, según el pensamiento dominante (¿y hegemónico?), la guerra continuada por otros medios. Es el fin de la política y de la diplomacia, en definitiva, de las relaciones, normas e instituciones internacionales. Al contrario de lo que proponía Clausewitz, la guerra ha dejado de ser el último recurso tras el fracaso de la diplomacia. Ahora, el fracaso de la diplomacia es provocado intencionadamente por la decapitación para que la guerra sea el único medio de imponerse. Las relaciones de Israel y EE.UU. con el mundo árabe en Oriente Medio es una demostración flagrante de ello. El fin de la democracia se deriva del fin de la política, al igual que el fin de la política se deriva del fin de la democracia.
1. Entre muchos otros, Laurie Schneider “Donatello and Caravaggio: The Iconography of Decapitation”. American Imago, 1976, vol. 33, 76-91; Bronwen Wilson “The Appeal of Horror: Francesco Cairo’s ‘Herodias and the Head of John the Baptist’”. Oxford Art Journal, 2011, vol. 34, n.º 3, 355-372; Allie Terry, “Donatello’s decapitations and the rhetoric of beheading in Medicean Florence”. Renaissance Studies, 2009, vol. 23, n.º 5, 609-638. ↩︎
2. Jenna Jordan, “When Heads Roll: Assessing the Effectiveness of Leadership Decapitation”, Security
  Studies, 18:4, 2009, 719-755. Otros estudios reflejan la misma cautela en lo que respecta a la decapitación de líderes del narcotráfico, por ejemplo, en México. Brian J. Phillips, “How Does Leadership Decapitation Affect Violence? The Case of Drug Trafficking Organizations in Mexico”. The Journal of Politics, vol. 77, n.º 2, 2015, 324-336. ↩︎
abril 13, 2026
El fascismo del siglo XXI y el Anticristo
La creencia fascista trasciende el apego natural a la vida en la tierra
Una de las interpretaciones más influyentes del fascismo del siglo XX es la de que fue una rebelión contra el secularismo de la época moderna, que proponía una sociedad trascendente tanto en el plano práctico (el progreso) como en el teórico (la posibilidad de superar todos los límites). Esta rebelión hizo que la religión política (la religión como forma de poder temporal) regresara, bajo diferentes formas como factor político. Esta interpretación ha sido objeto de un intenso debate y no es mi propósito analizarlo.
Solo me interesa abordar la cuestión de las relaciones entre fascismo y religión. Hablar del fascismo del pasado y del fascismo del futuro puede entrañar el riesgo de pensar que no hay fascismo en el presente.
También puede llevar a pensar que el fascismo es una entidad monolítica y que, por lo tanto, solo hay un tipo de fascismo. Por lo general, todas las definiciones de fascismo se refieren al fascismo como régimen político. Yo, por el contrario, distingo entre fascismo político y fascismo social: el primero se da en las relaciones propiamente políticas y el segundo, en las relaciones sociales.
El fascismo y la religión en el siglo XX
La relación del fascismo político de la primera mitad del siglo XX con la religión es compleja. El secularismo de la sociedad moderna (la separación entre la Iglesia y el Estado) nunca fue completo y solo funcionó en las metrópolis, no en las colonias. Como tanto la religión como el Estado laico continuaron disputándose su lugar en la sociedad, las contradicciones y disputas entre ambos coexistieron con convergencias, complicidades y utilizaciones recíprocas. En el caso del fascismo italiano podemos decir que la sacralización de la política (la veneración del Estado fascista, los rituales y los símbolos fascistas) supuso el surgimiento de una religión política, secular y laica, que pasó a existir en paralelo a la religión tradicional (el reconocimiento privilegiado del catolicismo). En 1932, Mussolini afirmaba que, a diferencia de Robespierre, el Estado fascista no tenía una teología propia, sino una moralidad propia.
La religión tradicional se utilizó de manera pragmática para reforzar la sumisión de las masas a los designios políticos del fascismo. Los conflictos entre la religión laica y el catolicismo, en el ámbito de la educación, fueron fuertes, ya que el fascismo no quería renunciar al monopolio en la formación de las nuevas generaciones. Pero el objetivo fue, siempre, abolir las fronteras entre la esfera política y la esfera religiosa. Nada de esto era completamente nuevo.
Desde el siglo XV habían surgido movimientos para la creación de religiones cívicas; desde las sociedades secretas (masonería, Illuminati, Opus Dei) hasta el jacobinismo y el positivismo. La fe en la nación y en el nacionalismo era una forma de combatir el socialismo y contener el catolicismo. El socialismo revolucionario del primer Mussolini pretendía ser más una creencia que una ciencia. Como él repetía: «La humanidad necesita una creencia». Se trataba de apelar a una experiencia de fe en la religión de la Nación. La religión patriótica. Giovanni Gentile defendía que el fascismo tenía un carácter religioso, «en la medida en que se toma la vida en serio», y «como movimiento surgió de toda el alma de la nación». Su objetivo era crear un Estado ético.
La sacralización de la política siempre ha implicado la sacralización de la guerra, la violencia purificadora: el sacrificio máximo del cuerpo y del alma por una causa sublime. La muerte y la resurrección aparecen transfiguradas en el culto a los mártires y a los héroes. La relación entre la guerra y el despertar del sentimiento religioso es tan evidente en D’Annunzio como en Marinetti.
Somos los depositarios de una generación que, hace mucho tiempo, superó los límites de su propia realidad histórica y avanza imparable hacia el futuro… Somos lo más alto de lo alto… La Santa Comunión de la guerra nos ha moldeado a todos con el mismo espíritu de generoso sacrificio.
(Il Fascio de 1921)
La creencia fascista trascendía el apego natural a la vida en la tierra.
En 1932, el periódico de la juventud fascista afirmaba que «un buen fascista es religioso». Y los jóvenes universitarios de Milán crearon, en 1930, una escuela de misticismo fascista en torno al Duce como mito viviente. Era evidente un cierto sincretismo con el catolicismo y los posibles conflictos de interpretación se resolvían mediante la devoción al partido. La leva fascista era un ritual de iniciación de los jóvenes similar a la «confirmación» en la Iglesia católica, mediante el cual los jóvenes eran «consagrados fascistas». Las ceremonias se celebraban en público en todas las ciudades e incluían, además de las ceremonias de consagración, ceremonias de juramento y de veneración de las banderas y el culto a los mártires caídos. La celebración del nacimiento de Roma, el día de Roma, la romanità, el «espíritu latino» devinieron en modelos arquetípicos de la grandeza de la patria y de la «civilización de Italia».
Los diferentes componentes religiosos convergían en la lucha contra «la bestia triunfante del bolchevismo». La bendición del gagliardetto, la bandera de las «Escuadras» fascistas, se utilizó inicialmente como ceremonia de redención de una comunidad que antes había sido gobernada por los socialistas. Si el fascismo era una religión, los disidentes eran «traidores a la fe». Las voluntades de Dios y del Estado se fundían. Los traidores eran excomulgados, desterrados de la vida pública. Augusto Turati, secretario del partido de 1926 a 1930, predicaba a la juventud «la necesidad de creer ciegamente; de creer en el fascismo, en el Duce, en la Revolución, tal como se cree en Dios… aceptamos la Revolución con orgullo, tal y como aceptamos estos principios —aunque nos demos cuenta de que están equivocados, y los aceptamos sin discusión». En resumen, el mandamiento supremo: «cree, obedece y lucha».
La fe se había convertido en la virtud suprema y las sedes del Partido Nacional Fascista se consideraban los «altares de la religión de la Patria». El rechazo del racionalismo y la adopción del pensamiento mítico quedan bien patentes en este pasaje de un libro fascista: «Las masas no logran distinguir matices; necesitan espiritualidad, piedad, principios religiosos y rituales». El programa político era mucho menos importante que el sistema de creencias, los rituales y los símbolos. Solo así se garantizaba un apoyo masivo, intenso y duradero. La sacralización de la violencia estaba relacionada con la estetización de la política, como bien señaló Walter Benjamin: la política como ruptura de las restricciones civilizatorias. Fue esa ruptura la que llevó a Ezra Pound a sentirse atraído por el fascismo. La irracionalidad fascista se reconfigura estéticamente como espontaneidad, intensidad y autenticidad. El anticonformismo extremo respecto al mundo es la otra cara de la obediencia ciega al líder fascista. De ahí, también, en última instancia, la miseria de la estetización de la violencia, sobre todo cuando los cuerpos comenzaron a ser arrojados a los crematorios.
El fascismo se filtra gota a gota en las entrañas de la democracia
En el período posterior a 1945 proliferaron los análisis e interpretaciones del fenómeno fascista. Una corriente importante consideraba que el fascismo había sido una ruptura en la continuidad histórica de la cultura europea y algunos lo concebían como una patología social o como una imposición por parte de minorías manipuladoras sin una doctrina o un pensamiento coherente. Es decir, el fascismo, al ser fruto de la manipulación política, no habría tenido una base social genuina. Los intereses egoístas o las prácticas de intimidación habían creado el cuerpo de seguidores del fascismo. La corriente opuesta veía en el fascismo una continuidad con la belle époque francesa y consideraba que tenía un sistema de pensamiento muy coherente.
Estas interpretaciones tenían dos características en común. Por un lado, concebían el fascismo como un fenómeno del pasado y, de un pasado, irreversiblemente superado. Por otro lado, constituían una visión externa del fascismo. No analizaban la experiencia interna del fascismo, la forma en que fue vivido por las poblaciones donde vigoró como sistema político, cómo fue pasivamente aceptado o entusiásticamente celebrado por las poblaciones. Mucho menos se interesaron por las facetas de la personalidad o los impulsos psíquicos que hicieron de la vida fascista una forma «natural» o «normal» de vivir para las grandes mayorías que vivieron activa o pasivamente bajo el fascismo. ¿Cómo fue posible que Nietzsche o Heidegger fueran protonazis, y que la combinación entre la teoría de la evolución, los ciclos civilizacionales y la biología racista condujera a fusiones entre Charles Darwin y Oswald Spengler?
Más recientemente, el campo analítico se ha diversificado. Han surgido interpretaciones internas sobre el modo de vida fascista basadas en la idea de que, si el fascismo pretendía ser religioso y apelaba a lo irracional o mítico, las razones pragmáticas del interés propio o de la intimidación no bastaban para explicar la adhesión al fascismo. Por otro lado, se ha dado un nuevo relieve a las lecturas psicoanalíticas anteriormente difundidas por la Escuela de Frankfurt que conciben el fascismo como una potencialidad permanente de la vida en común, por lo que no tiene sentido hablar del fascismo como algo históricamente superado. No se trata de teorizar sobre el retorno del fascismo, sino más bien de teorizar sobre la presencia continuada del fascismo bajo diferentes formas y potencialidades. En un libro reciente, Vladimir Safatle defiende con elocuencia esta teoría, en una obra titulada: La amenaza interna: psicoanálisis de los nuevos fascismos globales.
Este giro analítico tiene una razón sociopolítica muy evidente: el crecimiento global de las fuerzas políticas de extrema derecha que abogan por el fascismo político y que, cuando están en el poder, tratan efectivamente de implantarlo.
Quizás lo que mejor caracteriza el tiempo presente es el hecho de que la democracia liberal se está utilizando cada vez con mayor frecuencia para que los fascistas antidemocráticos lleguen al poder. Se trata de políticos que han sido elegidos democráticamente, pero que, una vez elegidos, no ejercen el poder democráticamente. Es el fascismo gota a gota en las entrañas de la democracia. El hecho no es nuevo. Ocurrió con Hitler tras las elecciones de 1932. Pero la intensidad, con la que ocurre, hace que la cantidad se transforme en una nueva cualidad. La mayor intensidad del fascismo político gota a gota se alimenta del crecimiento intersticial de otro tipo de fascismo, el fascismo social.
El fascismo social es todo aquel sistema de relaciones sociales de extrema desigualdad de poder en el que la parte más fuerte tiene derecho de veto sobre las oportunidades de vida y de supervivencia de la parte más débil. Consiste en situaciones en las que personas o grupos están a merced de poderes unilaterales sin derechos ni defensa legal, aunque vivan formalmente en democracia. Es la exclusión social extrema, la exclusión abismal, en la que la vida humana se devalúa por la lógica del mercado y del poder. A diferencia del fascismo político, el fascismo social es pluralista. Distingo cinco formas de fascismo social:
1. “fascismo contractual”, en el que la parte más débil no puede sino aceptar las condiciones impuestas por la parte más fuerte, por injustas que sean, so pena de no sobrevivir;
2. “fascismo del apartheid social”, en el que las poblaciones excluidas viven en guetos, zonas urbanas pero no urbanizadas y a merced de todo tipo de violencia;
3. “fascismo paraestatal”, en el que la violencia del Estado se subcontrata a grupos paramilitares, al crimen organizado y a milicias que ejercen con impunidad la mayor violencia sobre las poblaciones;
4. “fascismo financiero”, en el que sectores poderosos del capital financiero manipulan al Estado para, mediante intereses usurarios, extraer una parte significativa de los salarios de los trabajadores, y para engendrar crisis permanentes que justifiquen el robo de los ahorros de las clases medias o la expropiación de bienes dados en garantía de deudas;
5. #fascismo de la inseguridad”, que consiste en la ocurrencia de situaciones de extrema inseguridad —accidentes, fenómenos meteorológicos extremos, etc.— para las que no existen o no son accesibles pólizas de seguro y en las que la intervención protectora del Estado brilla por su ausencia.
La intensificación de las diferentes formas de fascismo social se debe, en gran medida, al neoliberalismo como forma dominante del capitalismo global. La intensificación del fascismo gota a gota tiene como objetivo crear las condiciones para una nueva fase de fascismo político. No hay ningún determinismo en esto. Solo hay un objetivo, y corresponde a los demócratas no permitir que se materialice.
El fascismo del siglo XXI y el Anticristo
El fascismo emergente es más extremista en su identidad religiosa que el fascismo del pasado. Al igual que este, se basa en la sacralización de la violencia y en la santificación de las élites, pero se alimenta de una visión distópica del futuro que se condensa en el concepto del Anticristo. Está presente, sobre todo en EE.UU., pero su capacidad de propagación es enorme. A través de la idea del Anticristo, el neofascismo (o neonazismo) exacerba su identidad cristiana y concibe la sociedad actual como una lucha a muerte entre el Bien y el Mal, en la que no caben ni negociaciones ni treguas, sino solo la rendición y el exterminio de quien pierda. La sociedad se encuentra en una guerra civil permanente y su futuro es el apocalipsis si no es salvada por Estados racial y religiosamente supremacistas, dotados de tecnologías de vanguardia para el control de las poblaciones.
En el plano religioso existen diferencias significativas entre el fascismo del siglo XX y el del siglo XXI. El fascismo del siglo XX creó una religión laica, pero mantuvo con la religión tradicional una relación de cooperación-tensión que suponía la relativa autonomía de esta última. El fascismo del siglo XXI lleva su identitarismo cristiano al extremo de intentar absorber la religión tradicional que más se le acerca, las corrientes evangélicas pentecostales. La fusión entre las esferas, política y religiosa, es ahora mucho más intensa, si no total.
El fascismo del siglo XX se basaba en la idea de una sociedad futura mejor, hasta tal punto que en un principio, el socialismo estaba presente tanto en las convicciones de Mussolini como en las de Hitler. Por el contrario, el fascismo del siglo XXI es distópico, apocalíptico y, por eso, el Anticristo no es solo el comunismo y el socialismo; es también la propia democracia y el tipo de convivencia que esta promueve, al conducir al estancamiento del progreso tecnológico, que es la única vía de redención. La política del odio que sustenta la guerra civil no conoce adversarios políticos, solo conoce enemigos a los que abatir.
Debido a su carácter apocalíptico, no es de extrañar que el fascismo del siglo XXI, a diferencia del fascismo del siglo XX, sea promovido por sectores de las élites, en general, los más ricos, los multimillonarios, de los que Peter Thiel es un ejemplo paradigmático. Mientras que para el fascismo del siglo XX la democracia no era más que un régimen decadente, para el fascismo del siglo XXI la democracia, al igual que los derechos humanos, es la encarnación del “Mal”. Al igual que lo es la lucha ecológica o cualquier reivindicación que ponga trabas a la acumulación infinita de riqueza y la tecnología de la que depende.
La relación entre el fascismo del siglo XXI y el sionismo merece una reflexión especial. El fascismo del siglo XX fue antisemita, entendiéndose por tal una política racista radical contra el pueblo judío, cuyo exterminio proclamaba y buscaba activamente. El sionismo, entendido como la pretensión de crear un Estado judío, era en aquella época una corriente muy minoritaria entre los judíos. Su aceptación era mayor entre los judíos rusos y de Europa del Este (países bálticos, Bielorrusia, Ucrania, Polonia). Las organizaciones sionistas de la época buscaron y alcanzaron acuerdos con el nazismo, en particular, respecto al traslado de judíos a Palestina y a la constitución del Estado de Israel (acuerdos que, por cierto, tuvieron poco éxito entre el pueblo judío).
Poco después de la Segunda Guerra Mundial, muchos intelectuales judíos llamaron la atención sobre el peligro del sionismo y sobre las afinidades de los métodos sionistas con los del fascismo y el nazismo. En 1948, Albert Einstein y Hannah Arendt firmaron la famosa carta al New York Times, señalando tales afinidades en el caso del partido de Menachem Begin, hoy Likud.
Los sionistas extremistas, actualmente dominantes en el Gobierno de Israel, comparten con los cristianos evangélicos fundamentalistas la idea del apocalipsis basada en las mismas lecturas bíblicas, sobre todo del Libro de Daniel (Dan 7-12) y del Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento. De ahí surge el sionismo cristiano, que ha fortalecido enormemente el movimiento fascista global de este siglo.
El Anticristo es, como afirma Robert Fuller, una obsesión estadounidense. La lucha contra el Anticristo se personifica hoy en la figura del multimillonario Peter Thiel, fundador de PayPal y de Palantir, cuya inteligencia artificial fue aparentemente responsable de la muerte de los ayatolás iraníes y de las 208 niñas, alumnas de primaria de la Escuela Shadjareh Tayyebeh, en la ciudad de Minab, en Irán.
Peter Thiel, sin ninguna preparación teológica, recorre el mundo exorcizando como manifestaciones del Anticristo que conducen al apocalipsis final todos aquellos logros políticos por los que hemos luchado en los últimos doscientos años para devolver un poco de dignidad a las clases y grupos sociales excluidos por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado: un Estado mínimamente redistributivo, a través de políticas sociales (sanidad, vivienda y educación públicas); la democracia como sistema de convivencia pacífica y forma de contener los «excesos» del capitalismo; los derechos humanos como lucha por la dignidad humana en sociedades donde la prosperidad de unos se obtiene a costa de la deshumanización de muchos; las luchas ecológicas para construir un nuevo metabolismo con la naturaleza que permita reconstruir los ciclos naturales de regeneración vital. Todo esto es un anatema que impide la salvación que solo la tecnología inteligente de la IA puede producir. Las amenazas existenciales no son el cambio climático, la amenaza atómica, la amenaza nuclear o la amenaza de la IA. Las amenazas existenciales provienen de las resistencias al pleno desarrollo de esos «progresos». Todo ello es manifestación de un antimesías, la bestia triunfal del fin de los tiempos.
La nueva tierra prometida es Silicon Valley, teorizada recurriendo a Carl Schmitt y, de forma distorsionada y perversa, a René Girard (la teoría del chivo expiatorio y la imitación como la otra cara de la rivalidad). El nuevo Anticristo es toda la acumulación histórica de conocimiento, organización y lucha que ha venido a alertar sobre los riesgos existenciales que corren la humanidad y el planeta Tierra si no se hace nada para frenar la injusticia social, histórica, ambiental, racial y sexual, si la democracia no sabe defenderse de los antidemócratas, si la voluntad imperial sustituye al derecho internacional, si la guerra, el genocidio y el saqueo de recursos son los únicos medios para «resolver» los conflictos. Para los fascistas del Anticristo, toda esta acumulación histórica de los últimos doscientos años es un campo de maniobras de estancamiento que impide la única redención posible, la redención tecnológica.
abril 13, 2026
Doce puntos sobre el proceso electoral del 8 de marzo
Freddy Ordóñez Gómez
Santiago Ariza Martínez
ILSA
1. La democracia representativa directa para la elección del legislativo logra movilizar a la mitad del censo electoral, establecido en 41.287.084 personas: de las elecciones al Congreso participaron 20.899.194 votantes (50,62 % del censo electoral). Lo anterior, no lo lograron las consultas interpartidistas para la elección de ca ndidatos presidenciales, que sólo alcanzaron una votación total de 8.307.924.
1. Si bien la personificación de la política sigue orientando el ejercicio y debate electoral (petrismo, uribismo), el escenario plantea una tendencia hacia proyectos político-ideológicos medianamente claros (izquierdas y derechas), lo que se ve reflejado también en lo ocurrido a opciones que se mostraban como “de centro” ante el electorado: el senador más votado del Partido Alianza Verde fue JP Hernández, un congresista de derecha. Los resultados de los partidos políticos tradicionales (Liberal, Conservador) expresan el mantenimiento de maquinarias asociadas a candidatos específicos.
1. Aunque el Pacto Histórico logra una importante votación a Senado como proyecto político partidario aglutinador de las izquierdas y aumenta su electorado en comparación con los resultados de hace cuatro años. Se advierte que los partidos políticos de derecha (Centro Democrático, Partido Conservador, Salvación Nacional, Cambio Radical, parte del Partido Alianza Verde) agrupan una mayoría que dificultará en esa cámara el escenario legislativo para las reformas y propuestas normativas del Pacto Histórico. El partido que aglutina las izquierdas para el periodo 2026-2030 llega al Senado con la única bancada mayoritariamente conformada por mujeres.
1. Al interior de la Alianza Verde, como se indicó, gana fuerza el ala de derecha en cabeza de JP Hernández, y se mantiene el poder del exgobernador de Boyacá Carlos Amaya. Por su parte el sector afín a la candidata Claudia López queda mal parado al no llegar a senado Katherine Miranda y perder su escaño Angélica Lozano. Se destaca que paradójicamente mientras Claudia López en la consulta de las soluciones sacó 574.670, su esposa Angélica Lozano solo obtuvo 37.265 votos.
1. Los votos del Partido Centro Democrático en Senado (3.035.715), en Cámara (2.566.981) y en Consulta interpartidista (3.236.286) permiten ver que hay más correspondencia entre Senado y Consulta, que entre Senado y Cámara, donde la diferencia se aproxima en 500 mil votos menos en Cámara. Algo que no ocurre con el Pacto Histórico donde hay más cercanía en los resultados obtenidos en Senado (4.413.636) y Cámara (4.242.412), lo que permite proyectar una votación base de, al menos, 4 millones de votos para Presidencia.
1. Aunque el apoyo de Abelardo de la Espriella permitió a Movimiento Salvación Nacional conservar su personería jurídica y obtener 3 senadores, es claramente un candidato presidencial sin bancada en el Congreso, que —más allá de lo que señalen las encuestas— si se le trasladan los resultados de su principal estructura partidaria de soporte, Salvación Nacional, cuenta únicamente con 705.924 votos.
1. El resultado de Paloma Valencia en la llamada Gran Consulta por Colombia, demuestra que —contrario a lo que se pensaba inicialmente— la ultraderecha todavía sigue articulándose alrededor del Centro Democrático y el outsider Abelardo de la Espriella no es quien claramente represente esta tendencia política. Valencia, a diferencia de lo que se difunde en la opinión pública, es claramente una representante de la derecha radical, del uribismo “purasangre” y lo que éste aglutina. La presencia de Juan Daniel Oviedo, tanto en la consulta con su elevada votación como en la campaña de Valencia, no hará sino darle opacidad al proyecto de ultraderecha liderado por el Centro Democrático y facilitar las negociaciones con proyectos políticos como la Alianza Verde.
1. A diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, el partido político surgido del tránsito a la política electoral de la antigua guerrilla, Comunes, se queda sin personería política y, después de contar con diez congresistas como parte del Acuerdo, no logra la representación en el Congreso, ni siquiera en alianza. La votación de Sandra Ramírez (10.505) no reflejó la totalidad de la población firmante de paz. Estos resultados pueden ser una muestra clara de las dificultades en la implementación del punto 2 del Acuerdo de La Habana y la imposibilidad de una real apertura democrática que incluya a quienes dejan las armas y hacen tránsito a la democracia representativa. Sin duda el Acuerdo (con las limitaciones que existen en la implementación) contribuyó al triunfo electoral en el 2022, pero el devenir de Comunes se presenta como una advertencia para otras organizaciones y futuros procesos de negociación, al igual que la necesidad de revisar las fórmulas para la construcción de paz y la implementación de justicia transicional. En el caso concreto de las antiguas FARC-EP era claro que la élite política podía “sentarse a esperar” que pasaran los dos periodos de los exguerrilleros en el Congreso y superar lo que leían como una anormalidad en la democracia representativa burguesa. No iban a perdonar los más de 50 años de lucha armada de la guerrilla de Marulanda.
1. Algunos sectores de centro que no participaron de la consulta Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo, así como Claudia López, no son una opción real que logre pasar a segunda vuelta, por lo que deberán iniciar negociaciones y acercamientos desde ya, con otros candidatos, sin que tengan mayor margen de negociación por su poco capital electoral, pero siendo simbólicamente importantes para las candidaturas que lideran la carrera a la presidencia.
1. La participación de influencers en la jornada electoral requiere un análisis tanto de forma como de fondo. La “influencia” que estas figuras públicas tienen políticamente puede ahora medirse en términos electorales y el resultado es precario, tanto como el discurso que estos mismos llevan. Dentro del grupo de influenciadores que resultaron electos llama la atención que un amplio número pertenece al Pacto Histórico. Todos, candidatas y candidatos con un discurso anticorrupción en general que, pocas veces se podrían enmarcar desde una perspectiva de clase y terminan por encajar en propuestas que se ajustan a las buenas costumbres de la democracia liberal. Por otro lado, hubo un grupo de influenciadores de otros partidos y movimientos políticos (Cambio Radical, partido Conservador, movimiento Ahora Colombia, partido de La U y Frente Amplio), que si bien tienen un acervo digital destacable no lograron materializar esas vistas en apoyo electoral concreto. Como único influenciador fuera del Pacto que quedaría electo destaca Luis Carlos Rúa Sánchez (Elefante blanco) de la Alianza Verde. Si bien la participación de influenciadores en política es un fenómeno creciente que no puede dejarse de lado, puede observarse que por el momento los “liderazgos” surgidos de las redes sociales no son capaces de generar un voto de opinión a largo plazo y habrá que revisar si el escaño alcanzado por aquellos influenciadores que llegan al Congreso corresponde al puesto ocupado en las listas del Pacto, o a una base electoral consciente y una militancia política definida.
1. El triunfo de Oscar Benavídez en la circunscripción especial afro vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la representatividad en el marco de las reivindicaciones raciales y de clase. No basta con ocupar cargos de poder con personas provenientes de sectores marginados si estas no corresponden a la misma base social, política e histórica que dicen representar. Como señalaba Fred Hampton, líder del Black Panther Party: “No se lucha contra el capitalismo con capitalismo negro, sino con socialismo”. Si bien la disputa electoral entre Polo Polo y Benavídez no se planteó explícitamente como una discusión de clase, algunas declaraciones iniciales de Benavídez dan cuenta de propuestas orientadas a atacar el racismo y el clasismo padecido por habitantes del Pacífico colombiano. La elección como formula vicepresidencial de Iván Cepeda de la lideresa y senadora indígena del pueblo Nasa, Aida Quilcué, anuncia que la izquierda se decanta por un proyecto que encara el dominio y las exclusiones del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.
1. Finalmente, es imperativo tener claro que la ultraderecha buscará posicionar el debate presidencial en los temas de seguridad, autoridad, violencia, el miedo, el estatismo, la “reducción del Estado”, el “neocomunismo”, el “odio de clases”, la corrupción, Cuba, Venezuela, siguiendo la tendencia de las campañas de las derechas en la región. La izquierda debe sacar la disputa electoral de estos temas para centrar el debate alrededor de los derechos, la justicia social y la democracia.
marzo 10, 2026
Sobre la criminalización y judicialización del derecho a la protesta
El jurista Óscar Correas en el libro La criminalización de la protesta social en México plantea que no es novedad que el Estado reprima a toda clase de movimientos sociales, lo que sí es algo que ha tomado hoy un rol central en la violencia ejercida por el Estado es la judicialización de las resistencias e inconformidades, a partir de la criminalización de estas.
Dentro del constitucionalismo del Estado social, expresión del pacto para tramitar la contradicción capital-trabajo, se incluye el derecho del pueblo a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, como ocurre con la Constitución de 1991 (artículo 37). Ahora bien, la naturaleza del sistema económico y social dominante encamina a que necesariamente las manifestaciones permanezcan, se profundicen y se multipliquen, en tanto los impactos de este permanecen, se profundizan, expanden y multiplican. Así, solo son cubiertas bajo la idea de derecho subjetivo, las manifestaciones que buscan cambios marginales, es decir, transformaciones que puedan ser toleradas por el orden social establecido porque no busca su superación.
Con la masificación y continuidad de las protestas se despliega la función represora del aparato estatal, para lo cual, indica Óscar Correas, se han venido adelantando dos movimientos, la criminalización y la judicialización de la protesta: en primer lugar, se tipifican como graves delitos las formas de lucha social y de protesta popular, asociándolas, en el caso colombiano, con grupos criminales y organizaciones armadas; y, en segundo lugar, los manifestantes son perseguidos como grandes delincuentes y llevados ante la administración de justicia, para que sean implacable y ejemplarmente condenados. Paralelo a esto, se construyen, en palabras de la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, “narrativas hostiles que estigmatizan a asociaciones y reuniones”. Desde nuestra mirada, con la criminalización se elabora un discurso en el cual se despoja del derecho subjetivo a la protesta al manifestante, para facilitar su trato de delincuente, pero también y principalmente, para aislar la manifestación y a quienes protestan del resto de las clases sociales explotadas, y busca justificar y conseguir la aceptación de la criminalización y la represión. Un ejemplo de esto último es la forma en que se ha construido desde los grandes medios de comunicación y la Alcaldía distrital un aislamiento de la sociedad bogotana de las protestas en la Universidad Nacional. De igual forma, proyectos de normatividad orientados a organizaciones al margen de la ley, han terminado incluyendo a personas vinculadas a disturbios públicos y a quienes cometieron conductas en el marco del “ejercicio del derecho a la protesta social” (PL 002-2025 SC).
La criminalización conlleva a que las limitaciones y restricciones de los derechos a la reunión y manifestación sean tomadas como la regla, cuando en el derecho internacional de los derechos humanos son una excepción. En nuestro país, como constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2021, han persistido “lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social”, lo cual ha tenido como base abiertamente leyes y reglamentaciones o la interpretación de estas, llegando a presentarse la expedición de marcos normativos de excepcionalidad y militarización bajo formas simuladas de normas de convivencia ciudadana.
A partir de los hechos ocurridos en el llamado Estallido social y de las órdenes de algunas autoridades locales para disuadir las manifestaciones se necesitan espacios pedagógicos que permitan la reflexión y conocimiento de mecanismos de protección a quienes protestan. Tal fue el caso de la Escuela Popular de Protesta realizada el año pasado por el Colectivo José Alvear Restrepo, la Fundación Lazos de Dignidad y el ILSA. En la misma línea, es fundamental abordar las graves violaciones a los derechos humanos y patrones de violencia estatal cometidos contra quienes ejercen el derecho a la protesta; de allí la importancia de la creación de un Comité de Expertos Ad hoc para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales ocurridas entre los años 2019 y 2021 en el país.
En el marco del Estado social debe garantizarse el ejercicio del derecho a la protesta como derecho pleno, esto es, generando incomodidades, dificultades para el funcionamiento de lo cotidiano, ejerciendo coerción y alterando el ‘orden público’. Ahora bien, la aplicación del derecho penal frente a conductas de participantes en las manifestaciones, como señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es “una restricción grave y con serias consecuencias para la libertad de expresión, y los derechos de reunión, asociación y participación política, que (…) solo pueden utilizarse de modo muy excepcional y está sujeto a un mayor nivel de escrutinio”, de allí que, la criminalización y la judicialización de la protesta social sea el impedimento y la negación del derecho, ocultando la conflictividad social, el inconformismo y las resistencias, bajo la opacidad de la ley.
febrero 11, 2026
Agricultura y migración en la era del capital global
La globalización neoliberal no solo transformó los mercados financieros y las ciudades latinoamericanas, entre otras cosas, también redibujó el mapa rural de la región. Para entender por qué hoy miles de trabajadores y trabajadoras recorren cada año largas distancias para cortar caña, cosechar frutas, recoger hortalizas o alistar flores, es necesario mirar más allá de la temporada agrícola y situar el fenómeno en el marco de las políticas económicas adoptadas desde la década de 1980.
La migración vinculada a la agricultura no es nueva. Como recuerda Akeju, históricamente ha respondido a la búsqueda de tierras más fértiles, a los desplazamientos provocados por la mecanización y a la demanda estacional de mano de obra¹. Sin embargo, en América Latina estas dinámicas adquirieron otra dimensión cuando los programas de ajuste estructural –impulsados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional– promovieron la liberalización comercial, la privatización y la reducción del papel del Estado.
Con el despliegue de las políticas neoliberales se inició una reestructuración agraria orientada a integrar plenamente el campo latinoamericano al mercado mundial. Se liberalizó el comercio de alimentos, se desregularon los mercados nacionales, se privatizaron empresas públicas rurales y se estimularon cultivos capaces de insertarse en cadenas globales de valor. Así se consolidó lo que Friedmann² y McMichael³ denominan el “tercer régimen alimentario”, una estructura global dominada por grandes corporaciones que organiza la producción según la demanda internacional. El auge de la soya, la palma africana o la caña de azúcar –muchas veces destinadas también a la producción de biocombustibles– es expresión de este régimen.
Sin embargo, el giro hacia los mercados globales ha traído consecuencias para América Latina. Mientras se expanden los monocultivos y crecen las exportaciones agrícolas, varios países dependen cada vez más de importaciones para alimentar a su propia población. Al mismo tiempo, el impulso a la biotecnología y a los organismos genéticamente modificados –presentados como la “segunda revolución verde”– ha beneficiado a las agroempresas transnacionales y no ha constituido una solución estructural al hambre. Más aún, actualmente se estima que cerca de un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial no se consumen⁴, lo que sugiere que el hambre persiste no por escasez, sino por desigualdad en el acceso.
De esta manera, este modelo que prioriza la producción para los mercados globales ha fracturado el campo en, al menos, dos grandes subsectores. Por un lado, un sector capitalista exportador, altamente tecnificado y articulado al capital transnacional. Por otro, un sector campesino heterogéneo, que produce para mercados locales o para el autoconsumo, con limitadas posibilidades de acumulación. En medio de ambos subsectores emerge una población rural que no puede competir ni con importaciones baratas ni con grandes productores. Para muchos de ellos, la única alternativa es vender su fuerza de trabajo. Son, en términos de Bernstein⁵, trabajadores plenamente proletarizados o semiproletarios.
Es aquí donde la migración de mano de obra agrícola deja de ser un fenómeno coyuntural y se revela como pieza estructural del engranaje de la producción agrícola mundial. Los enclaves agroindustriales que abastecen mercados globales requieren grandes contingentes de trabajadores en períodos específicos. Así, cuando la oferta local no alcanza, se recurre a mano de obra regional, interregional o internacional. La migración puede adoptar formas pendulares, circulares o errantes, según los circuitos productivos y la dispersión geográfica de las empresas. A nivel internacional, se observan flujos tanto Sur-Norte como Sur-Sur, estos últimos menos visibilizados, pero igualmente relevantes en economías orientadas a la exportación.
En la mayoría de los casos, las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes son precarias. La Organización Internacional del Trabajo ha advertido que la mayoría de las personas vinculadas de forma temporal o estacional en la agricultura carece de seguridad social y prestaciones básicas. Además, cuando la migración es irregular, la vulnerabilidad se profundiza y la capacidad de negociación disminuye, facilitando mayores niveles de explotación. De esta forma, también la segmentación del mercado laboral por clase, género o ciudadanía no ha sido consolidada de manera accidental, es funcional a la competitividad en mercados agroalimentarios globalizados.
Por eso conviene preguntarse qué tipo de desarrollo rural hemos construido. La migración agrícola no es simplemente una estrategia individual para “buscar mejores oportunidades”; es la consecuencia lógica de un modelo que concentra tierra y capital, orienta la producción hacia el exterior y expulsa a quienes no logran integrarse en condiciones ventajosas. Para amplios sectores rurales empobrecidos, migrar no representa una vía de salida de la pobreza, sino una estrategia de supervivencia que a menudo reproduce nuevas formas de precariedad.
1. Akeju, D. (2013). “Agriculture and migration”, En I. Ness (Ed.), The Encyclopedia of Global Human Migration. ↩︎
2. Friedmann, H. (2005). “From colonialism to green capitalism: social movements and the emergence of food regimes”. En Frederick Buttel y Philip McMichael (Eds.), New directions in the sociology of global development. Research in rural sociology and development, Vol. 11 (pp. 229-267). Oxford, England: Elsevier. ↩︎
3. McMichael, P. (2005). “Global development and the corporate food regime”. En Frederick Buttel y Philip McMichael (Eds.), New directions in the sociology of global development, Vol. 11 (pp. 265-299) Oxford, England: Elsevier Press. ↩︎
4. Montagut, X., y Gascón, J. (2014). Alimentos desperdiciados. Un análisis del derroche alimentario desde la soberanía alimentaria. Barcelona, España: Icaria. ↩︎
5. Bernstein, H. (2012). Dinámicas de clase y transformación agraria. Ciudad de México, México: Universidad Autónoma de Zacatecas y Miguel Ángel Porrúa. ↩︎
febrero 1, 2026
Ataque militar imperialista a Venezuela. Dominación estadounidense y derecho internacional
Presentación
El ataque estadounidense y la pretensión de dominación colonial de Venezuela, así como la amenaza imperial en el Caribe a toda la región, especialmente a Colombia, Cuba y México, demandan un abordaje desde una perspectiva analítica crítica interdisciplinaria que problematice el derecho internacional y el accionar de la potencia imperial en esta época. Con este panorama, sostenemos que los hechos configuran una manifestación explícita de dominación imperial que desborda el lenguaje de la legalidad internacional y pone en evidencia los límites estructurales del pacifismo jurídico frente al ejercicio efectivo del poder hegemónico en Nuestra América en el marco del capitalismo global. Así, este texto, en primer lugar, hace un recuento del crimen de agresión y la retención del presidente venezolano Nicolás Maduro; seguidamente, desde la teoría jurídica marxista, se aborda el derecho y la justicia internacional; y, finalmente, en un tercer momento se exponen algunos elementos sobre la amenaza imperialista que se advierte sobre Colombia.
El 3 de enero y la guerra de agresión contra Venezuela
Como es de manejo público, el pasado 3 de enero se llevó un ataque militar a gran escala, denominado Operation Absolute Resolve, contra la República Bolivariana de Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos, cuya finalidad fue la retención del mandatario del vecino país, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados posteriormente a los Estados Unidos para enfrentar cargos penales federales, principalmente relacionados con narcoterrorismo y narcotráfico. El hecho, oculto bajo la idea de intervención humanitaria (guerra humanitaria)¹, se configura como un acto y crimen de agresión, en tanto se hizo uso de la fuerza armada de los EUA contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política del Estado venezolano.
Este ataque estuvo seguido de las declaraciones del mandatario Donald Trump en las cuales indicó que el hermano país iba a ser dirigido por el gobierno estadounidense, “hasta el momento en que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata”, agregando que ya están, se quedarán y tomará tiempo su presencia allí. De igual manera, Trump hizo referencia a la industria petrolera venezolana y a como las compañías norteamericanas van a entrar a administrar el petróleo, argumentando que la infraestructura de la industria petrolera de Venezuela es propiedad de Estados Unidos y que no iban a permitir que fuera saqueada por potencias extranjeras, para luego, reseñar la colonial Doctrina Monroe² y afirmar que “el predominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado”. El discurso incluyó amenazas a los dirigentes del gobierno y mandos militares bolivarianos. Asimismo, el presidente de EUA señaló que María Corina Machado, y con ella, Edmundo González, “no tiene el apoyo y el respeto dentro del país”, lo que claramente pone en duda el triunfo electoral reclamado por la oposición desde el 2024.
En sentido similar han girado declaraciones posteriores de Trump y del Secretario de Estado Marco Rubio, esto es, dejando de lado el tema del supuesto restablecimiento de la democracia venezolana y concentrando sus intervenciones en el petróleo y en el dominio estadounidense en la región, esto último, amenazando, además, con adelantar acciones militares en Colombia y contra el presidente Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense acusó de tener fábricas y elaborar cocaína.
El derecho internacional y la dominación
Una revisión rápida de instrumentos del derecho internacional deja ver que el gobierno de EUA con las acciones adelantadas en suelo venezolano violó, infringió u actúo de forma contraria a la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Artículo 2 común y el Protocolo I adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra, y el Artículo 8 bis del Estatuto de Roma, así como desconoció normas del derecho internacional consuetudinario.
Ahora bien, Evgeni Pashukanis, señala en su célebre obra Teoría general del derecho y marxismo que las relaciones no se forman en absoluto en la definición kantiana del derecho como restricción a la libertad dentro de los límites mínimos necesarios para la convivencia, recordando que esa clase de derecho no ha existido jamás, porque el grado de libertad de los unos no depende más que del grado de dominación de los otros³. En ese orden, la norma de la coexistencia no está determinada por la posibilidad de la coexistencia, sino por la posibilidad de dominación. Esta reflexión del jurista soviético que se centraba en el análisis al interior del Estado de derecho puede extrapolarse a las relaciones internacionales y la coexistencia entre Estados. Así lo hizo cuando afirmó que “el derecho internacional moderno es la forma jurídica de la lucha de los Estados capitalistas entre sí por la dominación del resto del mundo”⁴.
En su lectura del derecho internacional burgués, Pashukanis señala que la única garantía real de las relaciones entre los Estados burgueses, y de estos con Estados de otro tipo de clase, se mantienen sobre el reconocimiento mutuo de estos como sujetos del derecho internacional en un intercambio de equivalentes y el equilibrio real de fuerzas, existiendo la salvedad de que los gobiernos apelen a la ley cuando les convenga, y evitar su cumplimiento o violándola abiertamente cuando el resultado sea rentable⁵; aunque, en la opacidad propia del sistema capitalista, los imperialistas actuarán siempre “bajo la apariencia del pacifismo y como defensores del derecho internacional”⁶.
Si bien Estados Unidos posee un poder imperial⁷, lejos se está hoy de un orden mundial unipolar o de ser un imperio global⁸, y, por el contrario, parece irse consolidando un marco de poder multipolar que supera a la pretendida multipolaridad occidental⁹, que, aunque no puede hablarse de la transición pashukaniana, si evidencia la necesidad que tiene el gobierno Trump de dejar claro que “el ejército de Estados Unidos es la fuerza militar más fuerte y temible del planeta” y que puede salirse de los principios y las reglas del derecho internacional —o interpretarlos a beneficio propio como ocurre con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas que consagra el derecho a la legítima defensa—, e informar a países como China y Rusia su dominio en el resto del mundo, principalmente y como lo ha querido dejar claro con el ataque militar en Venezuela, en el hemisferio occidental y en nuestra América toda.
Teniendo presente lo anterior, lo que no se puede, por parte de los juristas críticos y mandatarios alternativos de nuestra América es creer ingenuamente que EE.UU. cumplirá el derecho internacional y que éste será un marco que condicione el accionar de los Estados, principalmente de aquellos que detentan un poder imperial. Se debe recordar lo expresado por Evgeni Pashukanis: “Con el derecho internacional en una condición tan lamentable, los juristas burgueses sólo pueden consolarse con la esperanza de que, por muy profundamente que se haya roto el equilibrio este se reestablecerá: la más violenta de las guerras debe terminar alguna vez con la paz, las pasiones políticas levantadas por ella deben reconciliarse gradualmente, los gobiernos volverán a la objetividad y al compromiso, y las normas del derecho internacional encontrarán de nuevo su fuerza”¹⁰. El accionar del gobierno Trump contra Venezuela y sus amenazas a la región nuestramericana, dejan claro el fracaso del pacifismo jurídico de raíz kantiana¹¹.
También, debe advertirse que la justicia a la que será sometido el presidente Nicolás Maduro seguirá el modelo de la justicia de los vencedores, esto es, de acuerdo con Danilo Zolo, una justicia que “se aplica a los derrotados, a los débiles y a los pueblos oprimidos, con la connivencia de las instituciones internacionales, el silencio encubridor de gran parte de los juristas académicos, la complicidad de los medios masivos de comunicación […]”¹². Aun cuando el primer escrito de Superseding Indictment, presenta serias debilidades jurídicas, iniciando por la no imputación de conductas cometidas en territorio estadounidense de manera directa por el mandatario venezolano; siguiendo por la confusión entre posibles responsabilidades estatales y la responsabilidad penal individual; así como el uso instrumental y problemático del narcotráfico y del terrorismo en la acusación, bajo la forma narcoterrorismo —de esto último, es imperativo señalar que ya el mismo gobierno norteamericano indicó la no existencia del supuesto cartel de los soles de cuya dirección se acusaba en estrados al presidente venezolano—, se cree que se buscará la aplicación de una justicia política vengativa, ejemplarizante por parte de la potencia imperial. Acá es importante recordar que no se está ante la justicia internacional, sino ante un tribunal doméstico estadounidense, y que mientras se juzga al presidente de Venezuela, el país será sometido a la administración colonial estadounidense de sus recursos petroleros.
Colombia: narcotráfico, amenaza imperialista y ultraderecha
El presidente estadounidense ha acusado al mandatario colombiano, en más de una ocasión, de tener fábricas de cocaína e incentivar la producción masiva de drogas. Trump también le ha advertido a Petro que podría “ser el siguiente”, llegando a afirmar que “una operación en Colombia suena bien para mí”. Se estipula que el despliegue imperial en el Caribe está conformado por al menos 8 buques de guerra, aproximadamente 150 aeronaves, un gran número de helicópteros, drones y otras aeronaves, así como unos 12 mil hombres.
Estas amenazas han ido acompañadas de decisiones como la revocatoria de visas a altos funcionarios y la inclusión del presidente Petro, su esposa, hijo mayor y al ministro Benedetti, en la lista Clinton; la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico; también las fuerzas marítimas estadounidenses en el Caribe han atacado embarcaciones en las que han muerto colombianos y se han realizado operaciones en aguas colombianas.
Frente a la situación, candidatos presidenciales y líderes de la derecha radical colombiana han llegado a proponer la extradición del presidente colombiano si triunfan en las urnas, acusándolo de ser parte del inexistente Cartel de los soles y de llevar al país a una situación similar a la de Venezuela; congresistas de ultraderecha han celebrado la posibilidad de un ataque militar en Colombia y la retención del presidente colombiano. Las y los candidatos, tanto a la presidencia como al Congreso, buscan generar temor entre la población y con eso inclinar la balanza electoral a la derecha. En sus valoraciones, dejan de lado el derecho internacional y evitan afirmar que en Colombia podría pasar lo que actualmente ocurre en Venezuela, que el país está bajo la administración imperial estadounidense y sometida a una amenaza permanente de otra acción bélica.
En su defensa, de manera categórica el presidente Petro ha señalado que en su mandato se han incautado 3.500 toneladas de coca, el equivalente a “32.000 millones de dosis a las que se les impide llegar al consumidor estadounidense”, teniéndose entonces un nivel de incautación mayor al nivel de crecimiento de los cultivos de uso ilícito. Acá es necesario recordar que “estudios demuestran que son más efectivas para reducir la oferta mundial de cocaína los esfuerzos en incautaciones y destrucción de infraestructura que los esfuerzos en erradicación. [A partir de lo cual, se sostiene que] el indicador de éxito o fracaso no debe ser el área cultivada sino la cocaína que efectivamente llega al mercado”¹³. El gobernante colombiano, por otra parte, de forma contundente ha rechazado el sometimiento al dominio estadounidense del país y de este gobierno: “en Colombia no hay reyes, ni virreyes, ni somos colonia de nadie, ni aceptamos reyes que nos manden a callar”. También ha expresado que las acusaciones contra el presidente Nicolás Maduro son un montaje producto del afán de recursos del gobierno Trump. Así, sostuvo en su cuenta de X (Twitter): “no hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un “cartel de los soles”, lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela, siguiendo su doctrina Monroe”.
En ese punto es importante volver sobre la necesaria diferenciación del comercio transnacional de cocaína (un mecanismo de acumulación capitalista, ilegal e internacionalizado), del narcotráfico, ya que este último es un dispositivo político “utilizado por los gobiernos y particularmente el gobierno de los Estados Unidos (aunque no solamente) para realizar operaciones de represión, disciplinamiento y control social”¹⁴; teniéndose que al acuñar la idea de narcoterrorismo, “una empresa capitalista se transforma poco a poco en un mecanismo de apoyo a un control político internacional en cabeza del gobierno de los Estados Unidos y una herramienta destinada a contrarrestar las luchas sociales”¹⁵, posibilitando el despliegue así de la guerra contra el narcoterrorismo y la imputación de narcoterroristas a aquellos líderes de gobiernos que no se someten al poder imperial, como es el caso del presidente venezolano Nicolás Maduro¹⁶ y del mandatario colombiano, Gustavo Petro.
Conclusiones
Los hechos descritos permiten afirmar que la actuación de los Estados Unidos frente a Venezuela constituye una violación grave y múltiple del orden jurídico internacional vigente. El uso de la fuerza armada contra un Estado soberano, la detención de su jefe de Estado sin mandato internacional alguno, la amenaza explícita de ocupación prolongada y la apropiación de facto de recursos naturales estratégicos vulneran de manera directa la Carta de las Naciones Unidas, normas consuetudinarias fundamentales y disposiciones del Estatuto de Roma relativas al crimen de agresión. La apelación discursiva a categorías como intervención humanitaria o transición democrática no logra ocultar que se trata de una operación de fuerza orientada a la subordinación política y económica de un Estado, al margen de cualquier marco multilateral pactado en el escenario internacional.
El crimen contra Venezuela confirma, además, los límites estructurales del derecho internacional como dispositivo efectivo de contención del poder imperial, tal como lo advirtió tempranamente la teoría jurídica marxista. La judicialización del presidente Nicolás Maduro ante tribunales domésticos estadounidenses, en un contexto de ocupación militar y administración externa del territorio y de los recursos del país, responde al modelo de la justicia de los vencedores, en el que la legalidad se instrumentaliza para legitimar relaciones coloniales y de dominación previamente impuestas por la fuerza. Este escenario no solo compromete la vigencia del derecho internacional, sino que proyecta una amenaza directa sobre otros países de la región, como Colombia, donde las declaraciones, sanciones y operaciones unilaterales evidencian una estrategia de disciplinamiento político regional soportada en la opacidad del discurso de la guerra al narcoterrorismo, que cuenta además con el respaldo y promoción de sectores de la ultraderecha local, profundizando la erosión de la soberanía y del principio de autodeterminación de los pueblos en Nuestra América. Es necesario señalar que el gobierno Petro tuvo un respaldo masivo en las calles y plazas de Colombia en las jornadas populares convocadas el 7 de enero, día en que los mandatarios colombiano y estadounidense sostuvieron una llamada telefónica, producto de la cual se proyectó una próxima visita a la Casa Blanca por parte del presidente colombiano.
El reafirmar que detrás del derecho internacional que regula las relaciones de los Estados burgueses se tiene la lucha por la dominación global permitirá proyectar formas de relacionamiento entre los Estados que se constituyen como alternativas a la estatalidad burguesa y actuar como bloque frente a las pretensiones coloniales y de dominación al poder imperial estadounidense y de las potencias occidentales.
1. ZOLO, Danilo. La justicia de los vencedores. De Nuremberg a Bagdad. Madrid: Trotta, 2007, pp. 87 y ss. ↩︎
2. La Doctrina Monroe es, en palabras del historiador venezolano Otoniel Morales, “fundamento doctrinario, espíritu y esencia de la política exterior estadounidense del siglo XIX y XX”. MORALES, Otoniel. América Latina y El Caribe en la agenda de la política exterior estadounidense entre 1920 – 2004: diversificación, coincidencia y conflicto. Caracas: Fundación Centro Nacional de Historia, 2009. ↩︎
3. PASHUKANIS, Evgeni. Teoría general del derecho y marxismo. Buenos Aires: Olejnik, 2021, p. 116. ↩︎
4. PASHUKANIS, Evgeni. Derecho Internacional. En: Teoría general del derecho y marxismo (y otros escritos). Madrid: Irrecuperables y Extáticas, 2022, p. 209. ↩︎
5. Ibid., p. 221. ↩︎
6. Ibid., p. 223. ↩︎
7. ZOLO, Danilo. Op. cit. ↩︎
8. Recordamos acá el texto de Roberto Montoya, El imperio Global. George W. Bush, de presidente dudosamente electo a frustrado candidato a César del siglo XXI. Caracas: Monte Ávila, 2009. ↩︎
9. En ese sentido: RIVERA-LUGO, Carlos. Pashukanis y el derecho internacional en un periodo de transición geoestratégica. El Otro Derecho, 62, 119-145. ↩︎
10. PASHUKANIS, Evgeni. Derecho Internacional. Op. Cit., p. 222. ↩︎
11. ZOLO, Danilo, Op. cit., p. 85. ↩︎
12. Ibid., p. 14. ↩︎
13. ORDÓÑEZ, Freddy. Presentación. En: E. De los Ríos. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito: balance, rediseño y desafíos. Bogotá: ILSA, 2020. p. 17. ↩︎
14. Ibid., p. 12. ↩︎
15. Ibid. ↩︎
16. En su momento, el presidente Hugo Chávez también fue acusado de sostener nexos y alianzas con las FARC-EP y el ELN, organizaciones que fueron declaradas terroristas por el gobierno de EUA. Véase: GOLINGER, Eva. El Código Chávez. Descifrando la intervención de los Estados Unidos en Venezuela. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2005. ↩︎
enero 8, 2026
La ultraderecha y el fascismo en la campaña presidencial colombiana
En 1925, José Carlos Mariátegui, el primer marxista de América, publicó su obra La escena contemporánea, en la cual compiló más de 40 textos, agrupados bajo siete temáticas. El primer apartado del centenario libro se tituló Biología del fascismo, y encontramos en éste los principales planteamientos mariateguianos sobre este fenómeno y movimiento emocional y político italiano de la primera posguerra, eso que ha sido denominado como el fascismo histórico o el fascismo del siglo XX, y de cuyo análisis por parte del Amauta ya nos hemos referido.
Un siglo después, el avance político y social de la ultraderecha a nivel global tiene su referente colombiano, hoy más claramente apreciable en la campaña presidencial del 2026, surgiendo entonces las preguntas: ¿Qué tanto de fascismo hay en esa ultraderecha colombiana? ¿Está en marcha un proyecto fascista en el país de la mano de las “nuevas derechas”? Intentaremos en este corto texto brindar algunos elementos que permitan dar respuesta a estos dos interrogantes, aportes que se suman a análisis elaborados desde el país sobre la caracterización de la actual derecha nacional y regional[1].
Acá es importante recuperar la lectura de Mariátegui del fascismo como un movimiento que congregó una diversidad de categorías sociales, y cuya dirigencia provenía de un amplio espectro político (disidentes del socialismo, excombatientes, literatos futuristas, exanarquistas, sindicalistas, republicanos, fiumanistas, monarquistas ortodoxos, etc), lo que evidenciaba, un confusionismo ideológico que se cubrió bajo la bandera de la patria, monopolizando un estado de ánimo, el patriotismo del escenario posguerra, como discurso nacionalista principalmente de la clase media y de sectores resentidos por las conquistas sociales del proletariado, elaborado más pasional que teóricamente, concentrando a todos los elementos reaccionarios y conservadores, siendo la burguesía la que “armó, abasteció y estimuló solícitamente al fascismo” como “una ofensiva de las clases burguesas contra la ascensión de las clases proletarias”, llegando a constituirse como “una milicia civil antirevolucionaria”[2].
Del abordaje de Mariátegui podemos extraer elementos estructurales —sin por ello generalizar o hablar de una continuidad— que permitan hoy pensar el fascismo como una presencia constante y situada, más allá de lo que fue el fascismo histórico de entreguerras, teniendo: (i) un conglomerado social amplio bajo una idea opaca patriótica y nacionalista; (ii) un lenguaje pasional y no racional del quehacer político; (iii) una clara orientación a favor de la burguesía y el capitalismo; (iv) un discurso y una práctica contra sectores sociales, clases subalternas y la izquierda, repudiadas y definidas como “enemigas” a eliminar; (v) el estímulo al accionar violento militar y paramilitar, incluso contra la democracia; y (vi) el repudio a la democracia participativa, pluralista y al Estado Social de Derecho.
Ahora bien, consideramos la configuración social y política en Colombia de una ultraderecha que es hostil a la democracia ampliada, constituyendo una derecha radical, en términos de la exposición presentada por Daniel Trilling, que se ha apropiado del escenario político nacional que estaba reservado al tradicional Partido Conservador Colombiano. De esta forma, la ultraderecha es la muerte del conservatismo como proyecto político ideológico.
Entremos ahora a presentar elementos que permitan abordar las preguntas inicialmente formuladas. La derecha radical colombiana en el debate presidencial tiene tres figuras destacadas: la exdirectora de la revista Semana Vicky Dávila, el abogado Abelardo De La Espriella; y la precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quienes se han orientado a exponer cada vez más rasgos fascistas en sus campañas. Así, el abogado apela a una poco clara y pasional “defensa de la patria” como eslogan de su campaña; la precandidata Dávila refiere a la valentía como característica de su proyecto político-electoral; los tres abordan los temas económicos y sociales con una clara orientación a beneficiar a gremios empresariales, inversionistas (nacionales y extranjeros) y sectores productivos; han atacado discursivamente a la izquierda y a los sectores políticos quedesde un horizonte más amplio están hoy en el Gobierno nacional; en la campaña también ha sido un factor común la agresión al pluralismo, representado en el trato colonial y racista a pueblos indígenas; los tres promueven el autoritarismo, el disciplinamiento, la seguridad y la militarización, afirmando el precandidato De La Espriella que a la izquierda toca “acabarla”, “erradicarla”, “destriparla como corresponde” y que el actual presidente “no vale ni una bala” una expresión que recuerda el lenguaje del paramilitarismo de las AUC y de los grupos inmersos en prácticas de exterminio social de décadas anteriores; por su parte, la precandidata Dávila afirma que acabará “la paz total”, y llamó a los militares y policías a “desobedecer al presidente”.
Desnudar el horizonte fascista de los candidatos de la ultraderecha es necesario en el debate electoral a la presidencia. Acá es importante volver a Mariátegui, no solo para la urgente caracterización, sino también para no olvidar que el fascismo, una vez en el poder, tiende a ser más beligerante, más combativo, más intransigente y se sostiene como proyecto en la guerra. La alternativa a la ultraderecha desde las izquierdas es la paz como apuesta política, socioeconómica, ambiental y cultural. Es la paz donde, nos recuerda el Amauta, el fascismo no tiene capacidad de actuación.
El pasado 5 de agosto, en el Gran Foro Urabá, la nueva potencia organizado por el diario El Colombiano en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, se anunció que la región había “pasado la página”; que atrás quedaban décadas de guerra y de dolor, escribiéndose “una nueva historia”, todo gracias a Puerto Antioquia, a los gremios y al sector empresarial. Las referencias en el foro al actor privado como agente de construcción territorial y de ordenamiento político-administrativo fueron múltiples: desde la mirada de Augura y Uniban, “Urabá nace hace más de 110 años con un consorcio empresarial”, también indicaron que “primero que Apartadó estaba Uniban” y que en la región se ha dado “construcción de nación por parte del sector privado”. Para el asesor de la alcaldía de Turbo, en la región “somos más empresa que Estado”. La idea de frontera, de tierra a civilizar, como hace 100 años, sigue vigente: para el Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, “Urabá es la tierra prometida”. También la idea de Otredad y de raza antioqueña estuvo presente: “la forma antioqueña de hacer las cosas”, la “raza negra se integró con el indígena y con el paisa”, dijo un entrenador y gerente deportivo de la región. Todo esto, alrededor de la fiesta que genera para empresarios y actores políticos, el inicio de actividades de Puerto Antioquia.
En la región, no se ha pasado la página de la violencia. Como ejemplo, en el año 2023 la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana AT 014-23, en la que se aborda el riesgo que genera la incidencia en los procesos migratorios del conflicto armado y el crimen organizado en la zona (Necoclí, Turbo, Acandí, Juradó y Unguía); por su parte, el informe de seguimiento IS N° 018-2022 a la AT 008-2020, indica que el riesgo inicialmente identificado persiste. También, el empresariado sigue desconociendo a El Otro, representado en las comunidades afrocolombianas que habitan el Golfo de Urabá. En efecto, al día siguiente del Gran foro, La Chiva de Urabá anunciaba que el Tribunal Administrativo de Antioquia ratificó el fallo de tutela que ordenó al proyecto Puerto Bahía de Colombia de Urabá (Puerto Antioquia) realizar consulta previa, libre e informada con las comunidades afrodescendientes que habitan en la zona.
A pesar de la estipulación del derecho a la consulta previa en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, en 1989, de su aprobación a través de la Ley 21 de 1991 y del reconocimiento como sujetos de los derechos que consagra el citado instrumento a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras según la jurisprudencia constitucional (C-169 de 2001), se les sigue vulnerando el derecho a la consulta previa y su garantía debe ser demandada ante el juez constitucional, como ocurre en el caso de Puerto Antioquia. De este proyecto portuario ya hemos escrito anteriormente, describiéndolo y presentando cómo se vulneran los derechos territoriales y a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afrodescendientes habitantes del área de influencia e impactadas directamente por la iniciativa.
El fallo de tutela emitido el pasado 10 de julio por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Turbo protegió el derecho a ser consultados de cuatro comunidades negras: el Consejo Comunitario Martin Luther King Esperanza 2000, el C.C. Los Mangos, el Consejo Comunitario Los Manatíes, y el C.C. Bocas de Atrato y Leoncito, habitantes del sector de los ríos León y Suriquí y la costa de la Bahía del Golfo de Urabá. Los accionantes describrieron en la solicitud de amparo algunas de las irregularidades que en el trámite del licenciamiento ambiental de Puerto Antioquia —adelantado por Puerto Bahía Colombia de Urabá, S.A.—, se dieron, primero con relación a la Resolución 0032 del 25 de enero de 2012 y posteriormente en la expedición de la Resolución 0078 del 28 de enero de 2016 (con la cual se modificó el proyecto), en cuanto a la certificación del Ministerio del Interior de la no presencia de comunidades negras en el área de influencia del proyecto y el accionar de la desarrolladora del puerto. Un proyecto frente al que actualmente la ANLA ha hecho un riguroso seguimiento, lo que contrasta con el accionar de la agencia y de otras entidades que, durante las presidencias de Iván Duque y Juan Manuel Santos, se orientaron a favorecer a los promotores del puerto.
La accionada Puerto Bahía Colombia de Urabá, S.A., en una clara ofensa a las comunidades accionantes, respondió a las pretensiones señalando que “no existe afectación directa a los derechos fundamentales pues las operaciones portuarias en el golfo de Urabá se vienen realizando hace aproximadamente 60 años”. Seguidamente reconoció la existencia de comunidades negras en la zona de influencia del proyecto, con quienes ha adelantado, afirma, “un relacionamiento directo, permanente, transparente y respetuoso de los grupos étnicos”, a través, por ejemplo de reuniones —como la sostenida el 2 de mayo con representantes y miembros de los consejos comunitarios accionantes—, pero ese relacionamiento expuesto por la empresa se lee como incumplimiento del deber de debida diligencia en tanto tras conocer la existencia en el territorio de las comunidades no informó a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, para que esta determinara si procedía la consulta previa con ellas. Esta negación de los derechos de El Otro y por tanto el reconocimiento de su otredad, es una ofensa que se lee en más de una ocasión en el expediente de licenciamiento del puerto, LAM5060 de la ANLA.
Alejandro Costa Posada, director ejecutivo de Puerto Antioquia, en el Gran Foro Urabá, la nueva potencia, afirmó: “socialmente necesitamos entender quiénes son nuestros vecinos y qué quieren y para dónde van y cómo se ven”. Es importante que estas afirmaciones no sean sólo para generar aplausos entre antioqueños que, como si estuvieran en 1925, ven en Urabá la tierra prometida y que dicen hacer un capitalismo consciente, sino que se traduzcan en el reconocimiento de los derechos de las comunidades étnicas que tienen por territorio y hábitat la Bahía Colombia, los ríos León y Suriquí, que se traduzcan en el reconocimiento de los Otros, de los ofendidos.
[1] A manera de ejemplo, véase: MARTÍNEZ, José Honorio. La crisis del progresismo y la resurrección del fascismo en América Latina. Izquierda, 119, 2024; DE ZUBIRÍA, Sergio. Derechas, fascistización y perspectivas continentales. Izquierda, 117, 2024.
[2] Sobre los ensayos compilados en La biología del fascismo, puede consultarse: BERRÍOS, Claudio. El fascismo en La escena contemporánea de Mariátegui: acercamiento a su biología. En: Sara, Guardia (ed.). El pensamiento de Mariátegui en La Escena Contemporánea del siglo XXI. Lima: Universidad Nacional de Moquegua, 2021, pp. 311-325; BERGEL, Martín. En busca del libro olvidado de Mariátegui (Estudio preliminar). En: José Carlos Mariátegui. La escena contemporánea. Lima: FCE, 2025.

noviembre 6, 2025
El poder constituyente: ¿un llamado autoritario o una necesidad para las reformas?
Durante las últimas semanas, el presidente Gustavo Petro ha insistido en la necesidad de un proceso constituyente que haga posibles las reformas sociales que el país requiere. Esta convocatoria al poder constituyente no es una novedad dentro de su gobierno. En un contexto en el que el Congreso de la República ha actuado como uno de los principales obstáculos para impulsar dichas transformaciones, el llamado a la ciudadanía se presenta como una alternativa democrática para que sea el pueblo quien decida directamente sobre el rumbo político y social del país. Sin embargo, este planteamiento ha generado una fuerte oposición entre sectores que lo interpretan como una expresión de autoritarismo por parte del presidente.
Ante esta tensión, el debate público debería enfocarse en resolver dos interrogantes fundamentales que permitirían ampliar y profundizar la discusión. El primero, quizás el más básico, es: ¿qué entendemos por poder constituyente? A partir de esta definición surge un segundo interrogante igualmente relevante: ¿es autoritario hacer un llamado al poder constituyente? Solo comprendiendo la esencia del poder constituyente es posible determinar si este representa una amenaza para la democracia o, por el contrario, una de sus más auténticas expresiones.
Desde la perspectiva jurídica clásica –aquella que se ha consolidado como la posición dominante dentro de un modelo estatal, formalista y positivista– el poder constituyente se define como la facultad del pueblo para crear normas constitucionales y organizar los poderes constituidos, es decir, las instituciones y autoridades que derivan su legitimidad de la Constitución. En otras palabras, el poder constituyente es la capacidad originaria del pueblo para instaurar un nuevo orden jurídico. Sin embargo, en la práctica, el debate entre el poder constituyente y los poderes constituidos se encuentra atravesado por una paradoja: una vez creados los poderes constituidos, el poder constituyente parece reducirse a una mera norma de producción del derecho. Es decir, el poder que debería representar la soberanía popular termina absorbido por la maquinaria institucional de la representación política y jurídica.
Toni Negri, uno de los intelectuales que más ha profundizado en este debate, ha mostrado cómo la ciencia jurídica ha intentado, de diversas maneras, justificar la neutralización del poder constituyente. Según Negri, esta disciplina ha elaborado tres grandes perspectivas para explicar y, a la vez, contener su potencial disruptivo. La primera sostiene que el poder constituyente es un hecho que precede al orden jurídico y que, una vez creado este, queda relegado al exterior, siendo cualificado únicamente por los poderes constituidos. La segunda plantea que el poder constituyente es absorbido gradualmente por el poder constituido, de modo que ambos terminan entrelazados de forma inseparable. La tercera, por su parte, afirma que, al integrarse ambos poderes, el poder constituido puede interpretar, modificar o incluso redefinir al constituyente. En cualquiera de estas tres perspectivas, el resultado es el mismo: la ciencia jurídica busca subordinar la fuerza viva del poder constituyente al marco normativo del poder constituido.
Bajo esta lógica, no sorprende que muchos juristas y académicos califiquen de autoritario el llamado de Gustavo Petro al poder constituyente. Sin embargo, tal acusación parte de una concepción teórica y política particular, la cual considera que el derecho debe anteponerse a la democracia, al cambio social y a la justicia. En esta visión, el derecho no es un instrumento al servicio de la transformación, sino un mecanismo para preservar el orden existente, garantizando la estabilidad institucional por encima de las demandas populares. De ahí que los argumentos de quienes se oponen al poder constituyente no sean neutrales ni puramente técnicos, como suelen presentarse, sino que responden a una postura ideológica que defiende el statu quo y desconfía del protagonismo político del pueblo.
Por el contrario, si se asume, como plantea Toni Negri, que el poder constituyente está íntimamente vinculado a la democracia como poder absoluto, su ejercicio no puede interpretarse como una amenaza autoritaria. El poder constituyente, en su sentido más profundo, es la expresión directa de la soberanía popular, la posibilidad de que la comunidad política redefina sus reglas de convivencia, su estructura institucional y sus principios de justicia. Si este poder está ligado a la “preconstitución social de la totalidad democrática”, entonces se trata de una fuerza que puede manifestarse, formarse y reformarse continuamente en todos los ámbitos de la vida social. No se limita a un momento histórico puntual –como la redacción de una Constitución–, sino que constituye un proceso permanente de renovación democrática.
En este sentido, el llamado al poder constituyente no debe entenderse como un intento de concentración del poder, sino como un gesto que busca reactivar la participación popular frente a una institucionalidad que, con frecuencia, se muestra incapaz de responder a las urgencias sociales. Negar esa posibilidad bajo el argumento del “autoritarismo” equivale a clausurar el debate democrático y a desconocer el carácter dinámico del poder político. La verdadera amenaza no radica en el ejercicio del poder constituyente, sino en su neutralización por parte de quienes, desde los privilegios del poder constituido, temen a la fuerza transformadora de la ciudadanía.
En última instancia, el debate sobre el poder constituyente no es un debate meramente jurídico, sino profundamente político. Se trata de decidir si la democracia debe permanecer subordinada a las formas rígidas del derecho o si, por el contrario, el derecho debe ser el instrumento de la democracia para reinventarse y adaptarse a las nuevas demandas sociales. Recuperar el sentido emancipador del poder constituyente es, por tanto, un acto de afirmación democrática. En lugar de interpretarlo como un riesgo autoritario, deberíamos entenderlo como la posibilidad de reabrir los cauces de participación y justicia que la institucionalidad no puede ofrecer.
octubre 16, 2025
Puerto Antioquia y la consulta previa a los Consejos Comunitarios del Golfo de Urabá
Claudia Steiner en su célebre trabajo Imaginación y poder. El encuentro del interior con la costa en Urabá, 1900-1960 relata cómo la mirada que desde el interior de Antioquia se presentaba sobre la región del Urabá se construía sobre una noción doble de frontera: por una parte, el límite nacional a defender después de la secesión de Panamá, la región en la cual ejercer soberanía; y, por otra, la de una región de selva inhóspita a civilizar, una tierra salvaje a modernizar, con salida al mar y “riquezas naturales listas para ser explotadas por el elemento antioqueño”. Lo anterior no era solo el imaginario de pobladores o la idea de algunos individuos del interior del departamento de Antioquia, sino que fue el referente desde el que se tomaron decisiones políticas, económicas y sociales. Esta última forma de entender la frontera está claramente marcada por una idea de colonización del Urabá, asociada a la conquista del Otro, al cual había que incorporar en lo mismo o cambiarlo, lo que llevaba su negación y superación, desde una idea de raza antioqueña, que, nos recuerda Steiner, estaba fundamentada “en una serie de valores compartidos; entre estos, ser fervientes católicos, defensores de la vida familiar, muy trabajadores y, especialmente, blancos” (Steiner, 2019, p. xx). El discurso antioqueño sobre la región enfatizaba en ésta como “futura despensa de Antioquia”, una historia de Urabá que en el siglo XX “comienza con la penetración del capital y la entrada masiva de inmigrantes antioqueños”, señala la profesora Steiner (2019, p. xxx).
El pasado 5 de agosto, en el Gran Foro Urabá, la nueva potencia organizado por el diario El Colombiano en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, se anunció que la región había “pasado la página”; que atrás quedaban décadas de guerra y de dolor, escribiéndose “una nueva historia”, todo gracias a Puerto Antioquia, a los gremios y al sector empresarial. Las referencias en el foro al actor privado como agente de construcción territorial y de ordenamiento político-administrativo fueron múltiples: desde la mirada de Augura y Uniban, “Urabá nace hace más de 110 años con un consorcio empresarial”, también indicaron que “primero que Apartadó estaba Uniban” y que en la región se ha dado “construcción de nación por parte del sector privado”. Para el asesor de la alcaldía de Turbo, en la región “somos más empresa que Estado”. La idea de frontera, de tierra a civilizar, como hace 100 años, sigue vigente: para el Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, “Urabá es la tierra prometida”. También la idea de Otredad y de raza antioqueña estuvo presente: “la forma antioqueña de hacer las cosas”, la “raza negra se integró con el indígena y con el paisa”, dijo un entrenador y gerente deportivo de la región. Todo esto, alrededor de la fiesta que genera para empresarios y actores políticos, el inicio de actividades de Puerto Antioquia.
En la región, no se ha pasado la página de la violencia. Como ejemplo, en el año 2023 la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana AT 014-23, en la que se aborda el riesgo que genera la incidencia en los procesos migratorios del conflicto armado y el crimen organizado en la zona (Necoclí, Turbo, Acandí, Juradó y Unguía); por su parte, el informe de seguimiento IS N° 018-2022 a la AT 008-2020, indica que el riesgo inicialmente identificado persiste. También, el empresariado sigue desconociendo a El Otro, representado en las comunidades afrocolombianas que habitan el Golfo de Urabá. En efecto, al día siguiente del Gran foro, La Chiva de Urabá anunciaba que el Tribunal Administrativo de Antioquia ratificó el fallo de tutela que ordenó al proyecto Puerto Bahía de Colombia de Urabá (Puerto Antioquia) realizar consulta previa, libre e informada con las comunidades afrodescendientes que habitan en la zona.
A pesar de la estipulación del derecho a la consulta previa en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, en 1989, de su aprobación a través de la Ley 21 de 1991 y del reconocimiento como sujetos de los derechos que consagra el citado instrumento a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras según la jurisprudencia constitucional (C-169 de 2001), se les sigue vulnerando el derecho a la consulta previa y su garantía debe ser demandada ante el juez constitucional, como ocurre en el caso de Puerto Antioquia. De este proyecto portuario ya hemos escrito anteriormente, describiéndolo y presentando cómo se vulneran los derechos territoriales y a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afrodescendientes habitantes del área de influencia e impactadas directamente por la iniciativa.
El fallo de tutela emitido el pasado 10 de julio por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Turbo protegió el derecho a ser consultados de cuatro comunidades negras: el Consejo Comunitario Martin Luther King Esperanza 2000, el C.C. Los Mangos, el Consejo Comunitario Los Manatíes, y el C.C. Bocas de Atrato y Leoncito, habitantes del sector de los ríos León y Suriquí y la costa de la Bahía del Golfo de Urabá. Los accionantes describieron en la solicitud de amparo algunas de las irregularidades que en el trámite del licenciamiento ambiental de Puerto Antioquia —adelantado por Puerto Bahía Colombia de Urabá, S.A.—, se dieron, primero con relación a la Resolución 0032 del 25 de enero de 2012 y posteriormente en la expedición de la Resolución 0078 del 28 de enero de 2016 (con la cual se modificó el proyecto), en cuanto a la certificación del Ministerio del Interior de la no presencia de comunidades negras en el área de influencia del proyecto y el accionar de la desarrolladora del puerto. Un proyecto frente al que actualmente la ANLA ha hecho un riguroso seguimiento, lo que contrasta con el accionar de la agencia y de otras entidades que, durante las presidencias de Iván Duque y Juan Manuel Santos, se orientaron a favorecer a los promotores del puerto.
La accionada Puerto Bahía Colombia de Urabá, S.A., en una clara ofensa a las comunidades accionantes, respondió a las pretensiones señalando que “no existe afectación directa a los derechos fundamentales pues las operaciones portuarias en el golfo de Urabá se vienen realizando hace aproximadamente 60 años”. Seguidamente reconoció la existencia de comunidades negras en la zona de influencia del proyecto, con quienes ha adelantado, afirma, “un relacionamiento directo, permanente, transparente y respetuoso de los grupos étnicos”, a través, por ejemplo de reuniones —como la sostenida el 2 de mayo con representantes y miembros de los consejos comunitarios accionantes—, pero ese relacionamiento expuesto por la empresa se lee como incumplimiento del deber de debida diligencia en tanto tras conocer la existencia en el territorio de las comunidades no informó a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, para que esta determinara si procedía la consulta previa con ellas. Esta negación de los derechos de El Otro y por tanto el reconocimiento de su otredad, es una ofensa que se lee en más de una ocasión en el expediente de licenciamiento del puerto, LAM5060 de la ANLA.
septiembre 30, 2025
Darío Botero Uribe y la crítica del positivismo jurídico
Este año se cumplen quince años del fallecimiento del profesor Darío Botero Uribe (21 de junio de 2010), una figura fundamental en el pensamiento jurídico y filosófico de Colombia. Este académico, que estudió derecho, ciencias políticas y filosofía, se destacó como docente y decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Su trayectoria académica estuvo marcada por un esfuerzo constante de innovación intelectual, plasmado en la construcción de un proyecto filosófico original: el Vitalismo Cósmico, una visión que coloca la vida como el concepto central de la reflexión filosófica.
A partir de su Vitalismo Cósmico, en 1993 el profesor Botero Uribe desarrolló su teoría social del derecho, distanciándose de la perspectiva tradicional que concibe el derecho como un simple conjunto de normas estatales. Para él, el derecho es ante todo una conciencia ciudadana de respeto al otro, y sólo se legitima en la medida en que logra crear un orden social justo y pacífico.[1] De allí la necesidad de un orden jurídico-social que no se reduzca a las normas jurídicas, sino que reconozca la vida y la justicia como sus fundamentos.
Este planteamiento derivó en una de sus más importantes contribuciones: una crítica del positivismo jurídico, elaborada desde la perspectiva del vitalismo. Para el profesor Botero Uribe, sostener –como lo hace el positivismo– que el derecho está contenido en las normas creadas por el Estado es una postura reduccionista, pues traslada el verdadero origen de las normas a un plano aparentemente “extrajurídico”. De esta manera, el positivismo pierde la capacidad de entender la función social del derecho. En otras palabras, reducir el derecho a la norma significa convertir las preguntas esenciales –¿por qué existen las normas jurídicas? o ¿a qué responde un ordenamiento jurídico?– en asuntos ajenos al propio derecho.
Así pues, para el profesor Botero Uribe, el positivismo jurídico representa una etapa tardía de la historia del derecho y la pérdida de la memoria del papel del derecho en la vida social.[2] La creencia de que cualquier sistema normativo, sin importar su contenido, es válido, indiscutible y obligatorio, hace que el positivismo jurídico recaiga en un fetichismo jurídico que ocultan las relaciones humanas vitales.
Frente a este tema, lo preocupante, advertía el profesor Botero Uribe, es que el positivismo jurídico continúa dominando la enseñanza del derecho en Colombia. A su juicio, las facultades de derecho se han limitado a instruir en la manipulación de normas, formando técnicos de la ley más que juristas con verdadera conciencia ética. En ese contexto, sostenía que lo que se enseña en realidad “no es derecho, pues la ley no es derecho, sino apenas uno de sus instrumentos”.[3]
El resultado de esta formación reducida se traduce en abogados que ven en la norma una herramienta para el éxito litigioso, pero no en una vía para transformar la vida social. Por ello, advertía que el positivismo jurídico sigue siendo el recurso predilecto de muchos abogados y académicos, justamente porque “ayuda mucho a la simulación intelectual”.[4] Se trata de una teoría que ofrece un aparente rigor, pero que evita responder a las preguntas fundamentales sobre justicia, vida y convivencia.
Hoy, la crítica del profesor Darío Botero Uribe mantiene toda su vigencia. En un escenario en el que abundan normas jurídicas, pero escasea la justicia, su invitación resulta más urgente que nunca: no confundir el derecho con las normas jurídicas, ni creer que la mera existencia de un sistema normativo garantiza la vida digna de las personas. La enseñanza y la práctica del derecho deben recuperar el horizonte vital que él defendió. En últimas, el derecho tiene sentido solo si está al servicio de la vida.
[1] Botero Uribe, D. (2005). Teoría Social del Derecho. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
[2] Botero Uribe, D. (2001). El poder de la filosofía y la filosofía del poder. Tomo 1. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia., p. 129.
[3] Botero Uribe, D. (2005). op. cit., p. 16.
[4] Ibíd., p. 97
agosto 29, 2025