Categoría: Opinión

  • La cultura del envase y la política colombiana

    La cultura del envase y la política colombiana

    Hace algunas décadas, el escritor uruguayo Eduardo Galeano había advertido sobre lo que denominó la “cultura del envase”, aquella en la que “el contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto, la ropa más que el cuerpo, el físico más que el intelecto y la misa más que Dios”.

    La cultura del envase ha consolidado una sociedad en la que la apariencia termina siendo más importante que el contenido. En ella, el espectáculo desplaza a las ideas, la imagen sustituye a los argumentos y la emoción instantánea vale más que la reflexión. Hoy, en plena campaña presidencial colombiana, esa descripción parece más vigente que nunca.

    La segunda vuelta enfrenta dos formas radicalmente distintas de entender la política. De un lado, Iván Cepeda presenta un programa de gobierno extenso, detallado y construido alrededor de propuestas concretas sobre corrupción, reforma agraria, participación democrática, derechos sociales y transformación territorial. Su plan dedica páginas enteras a explicar diagnósticos, objetivos y mecanismos institucionales para materializar sus propuestas. La lucha contra la macrocorrupción, por ejemplo, se desarrolla mediante la creación de un sistema nacional con componentes de prevención, investigación, juzgamiento, reparación y participación ciudadana.

    Del otro lado aparece Abelardo De la Espriella, quien ha construido una campaña basada en consignas llamativas, símbolos patrióticos y frases de alto impacto emocional. Su documento programático se presenta como las “Primeras 13 propuestas para reconstruir la Patria Milagro” y gira alrededor de expresiones como “salvar la patria”, “los nunca”, “patriotismo constitucional” o “Patria Milagro”. El problema no es el uso de símbolos o emociones en política, algo perfectamente legítimo. El problema surge cuando el símbolo termina reemplazando la discusión seria sobre los problemas reales del país.

    La diferencia se hace especialmente evidente en materia agraria. Mientras Cepeda desarrolla una propuesta de “Revolución Agraria” basada en redistribución de tierras, fortalecimiento de la institucionalidad rural, justicia agraria, infraestructura, crédito, comercialización y reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, el programa de De la Espriella apenas menciona al campo colombiano y lo hace, principalmente, desde una lógica de crecimiento económico, desregulación y aceleración de licencias. Entre sus propuestas se encuentra la de “acabar la falsa reforma agraria y volver propietario al campesino”. La afirmación puede sonar atractiva en un discurso de campaña, pero el documento guarda silencio sobre una cuestión fundamental: ¿de qué manera se convertiría en propietario a quien hoy no tiene tierra? 

    Resulta difícil no preguntarse si quien redactó estas propuestas comprende realmente la complejidad de la cuestión agraria colombiana. En un país donde la tierra ha sido históricamente una de las principales causas de desigualdad, conflicto y desplazamiento, la ausencia de una política rural robusta es una señal preocupante de desconocimiento sobre la realidad nacional.

    Sin embargo, la fuerza electoral de De la Espriella no radica en la profundidad de sus propuestas. Su principal activo político parece ser otro: haber entendido perfectamente cómo funciona la cultura del envase. En una época dominada por videos cortos, consignas simples y emociones instantáneas, el espectáculo suele generar más atención que los documentos de cientos de páginas. La camiseta de la selección, los discursos encendidos, los eslóganes patrióticos y la puesta en escena producen más impacto que una discusión detallada sobre la reforma agraria o la lucha contra la corrupción.

    Por eso la elección que enfrenta Colombia es más profunda que la simple escogencia entre dos candidatos. Es también una decisión entre dos formas de relacionarnos con la política. Una que exige leer, comparar y evaluar propuestas; y otra que se conforma con las apariencias. La cultura del envase siempre ha sido cómoda porque evita el esfuerzo de pensar. Pero cuando una sociedad elige presidentes guiándose únicamente por el envase, corre el riesgo de descubrir demasiado tarde que dentro de él había muy poco contenido.

    *Publicado originalmente en Revista Raya

  • El futuro del campo en las propuestas presidenciales

    El futuro del campo en las propuestas presidenciales

    El próximo 31 de mayo, Colombia acudirá a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Aunque hay catorce candidaturas inscritas, diversos medios han señalado que la disputa real podría concentrarse entre tres: Iván Cepeda, Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia. En medio de esta competencia política, resulta inevitable preguntarse qué lugar ocupa el campo colombiano dentro de las propuestas presidenciales.

    La respuesta, tras revisar los programas consignados hasta la fecha en las páginas oficiales de los candidatos, es preocupante. A pesar de que el campo colombiano ha sido uno de los escenarios más afectados por las desigualdades históricas, la pobreza rural y el conflicto armado, dos de los tres aspirantes con mayores posibilidades electorales apenas desarrollan propuestas sobre el sector agrario. Esta escasa atención no solo sorprende, sino que revela una inquietante falta de prioridad política frente a uno de los problemas estructurales del país.

    El caso de Abelardo De la Espriella es ilustrativo. Sus propuestas agrarias se reducen, en la práctica, a la introducción de inteligencia artificial en la producción agrícola. Si bien la tecnología puede aportar herramientas útiles para mejorar la eficiencia, presentar este elemento como el eje de una política agraria resulta desconectado de la complejidad de los desafíos rurales. A ello se suma su apoyo al fracking, una postura que puede interpretarse como un retroceso en materia de justicia ambiental, especialmente en territorios donde la tensión entre desarrollo económico y sostenibilidad sigue siendo crítica.

    La situación no es muy distinta en el caso de Paloma Valencia. Sus planteamientos para el campo se concentran en un “gran plan vial campesino”, enfocado en la pavimentación de vías terciarias. La infraestructura es, sin duda, una necesidad urgente para muchas comunidades rurales, particularmente para facilitar la comercialización de sus productos. Sin embargo, reducir la política agraria a la construcción de carreteras implica ignorar problemas estructurales más profundos, como la distribución de la tierra, el fortalecimiento institucional y las condiciones de producción campesina.

    Frente a este panorama, Iván Cepeda es el único de los tres candidatos que dedica una parte significativa de su programa al sector rural, a través de lo que denomina una “revolución agraria para Colombia”. Entre sus propuestas se incluyen el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la redistribución, restitución y recuperación de tierras, el fortalecimiento de la institucionalidad agraria, la creación de circuitos de comercio justo, la reactivación de cadenas productivas estratégicas y el desarrollo de un programa nacional de pesca y piscicultura.

    Más allá de la cantidad de propuestas, lo que distingue esta agenda es su carácter estructural. A diferencia de los otros candidatos, que plantean soluciones puntuales o sectoriales, el enfoque de Cepeda aborda problemas históricos del desarrollo rural colombiano: la concentración de la tierra, la debilidad institucional y la precariedad de las condiciones productivas del campesinado.

    La diferencia en la profundidad programática es evidente. Mientras un candidato presenta una agenda estructurada para el campo, los otros ofrecen iniciativas fragmentarias que difícilmente pueden considerarse el núcleo de una política agraria integral. Más que propuestas robustas, lo que se observa son ideas aisladas que parecen desatender la dimensión histórica del problema rural en Colombia.

    En este contexto, la falta de propuestas sólidas para el campo no es simplemente una debilidad programática, sino el síntoma de una vieja tendencia de la política colombiana: relegar lo rural a un segundo plano. Ignorar el problema agrario no lo hace desaparecer; por el contrario, contribuye a perpetuar las desigualdades que han alimentado el conflicto y la exclusión durante décadas.

    El debate electoral debería ser una oportunidad para discutir seriamente el futuro del campo colombiano. Si el agro continúa ocupando un lugar marginal en algunas agendas políticas, el país corre el riesgo de reproducir las mismas desigualdades que han marcado su historia rural.

    *Publicado originalmente en Revista Raya

  • El Capital y la formación jurídica

    El Capital y la formación jurídica

    Una colega me comentó que quería leer, después de su grado, los tres tomos de El Capital: crítica de la economía política de Carlos Marx. En Brasil, los integrantes de InSUR. Centro de investigaciones en Derecho Insurgente, Economía Política y Movimientos Populares en América Latina del Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad Federal del Paraná (PPGD/UFPD) dedican su ciclo de estudios de 2026, titulado O direito achado em O Capital, al tomo I del monumental trabajo de Marx en el que se propuso, “investigar el régimen capitalista de producción y las relaciones de producción y circulación que a él corresponden”. Estas referencias ejemplifican el interés actual de abogadas y abogados por profundizar en la preocupación de Marx por lo jurídico y la continua reflexión y crítica que elevó, junto a Engels, sobre el derecho moderno, como parte de la crítica de la totalidad capitalista. Análisis que no deberían ser ajenos a la formación jurídica.

    El Capital inicia con la mercancía como la forma elemental del régimen capitalista, señalando Marx que el trabajo humano es la fuente de todo valor, develando cómo éste queda oculto por el carácter misterioso de la mercancía, que es reflejo de la opacidad propia del sistema capitalista, que oculta también el trabajo excedente. En este sistema, la relación entre objetos se asume como una relación social entre estos, al margen de sus productores, lo que se acompaña de un equivalente general, la mercancía dinero, que encubre “las relaciones sociales entre los productores privados” (capítulos I y II). Frente a la forma dinero los juristas tuvieron un rol importante en su estipulación como signo, su valor y la exclusividad de la autoridad para la fabricación y circulación de la moneda. Se afirma entonces, que en “una sociedad como la actual, en que la forma-mercancía es la forma general que revisten los productos del trabajo, [es en la que], por tanto, la relación social preponderante es la relación de unos hombres con otros como poseedores de mercancías”. Esa relación es una relación jurídica entre propietarios privados materializada en el contrato, contando con una estructura legal e institucional históricamente específica, socialmente necesaria para que el capitalismo funcione. Marx plantea entonces la especificidad histórica de la concepción burguesa de las relaciones legales, de los derechos y los deberes, criticando el proponer un ideal de justicia, una justicia eterna, enfatizando en que el obrero no es un agente libre, pues se ve obligado a vender su fuerza de trabajo.

    Al abordar la jornada de trabajo (capítulo VIII), se señala cómo, para el capital, ésta tiende a abarcar las 24 horas del día: todo tiempo disponible aparece como tiempo de trabajo, “por obra de la naturaleza y del derecho”. La salud y la vida misma del obrero valen muy poco frente a la necesidad de valorización, ejemplificando, con gran detalle, esto con industrias como la panadería, la alfarería y la herrería, donde el agotamiento y reemplazo de trabajadores (incluidos niños y mujeres) se vuelve parte ordinaria del proceso productivo, en tanto se cuenta con “generaciones humanas empobrecidas, prematuramente caducas, que se desplazan rápidamente las unas a las otras”. Marx presenta la jornada laboral como una “lucha multisecular entre capitalistas y obreros”, repasando los diferentes estatutos fabriles, sus disposiciones sobre el trabajo de mujeres y niños, los relevos, así como los límites horarios, marcos legales cuya aplicación encontraba permanentes obstáculos debido a las maniobras de los fabricantes y a la complacencia de magistrados, cuyo accionar llevaba a que, en la práctica, los fabricantes administraran justicia a sí mismos. Las reducciones de la jornada laboral no surgieron, afirma Marx, de “las cavilaciones parlamentarias”, sino de “largas y trabajosas luchas de clases”. Acá se presenta la lucha de clases, nos recuerda David Harvey, como socialmente necesaria, como un “estabilizador de la dinámica capitalista”, pues el imperativo de la competencia puede terminar en la autodestrucción.

    Finalmente, es necesario referirse al papel jugado por el derecho en el punto de partida del régimen capitalista de producción, la llamada acumulación originaria, consistente en el proceso histórico y geográfico de disociación entre el productor y los medios de producción, proceso asociado a la colonización de nuestra América. Marx da cuenta (capítulo XXIV) del importante rol de la expedición/derogación de leyes y decretos, de la agencia estatal, y de la violencia, para la acumulación originaria y el naciente capitalismo inglés.

    Los apartados remitidos dejan ver que Carlos Marx en El Capital despliega temas asociados a las normas y a los sistemas normativos, desvirtuándose que sus reflexiones sobre la justicia y lo legal sólo estén presentes en sus trabajos de juventud, de allí la importancia de su estudio por grupos de investigación y juristas, por quienes tienen la responsabilidad histórica de ejercer el derecho.

    Las citas de El Capital son de la 3era edición, octava reimpresión. México: FCE, 2012.

  • En defensa de la Jurisdicción Agraria y Rural (y del Derecho Agrario)

    En defensa de la Jurisdicción Agraria y Rural (y del Derecho Agrario)

    La Jurisdicción Agraria y Rural (JAR) es una de las reformas institucionales más importantes que ha intentado implementar Colombia en los últimos años. Su origen está directamente relacionado con el Acuerdo de Paz de 2016, donde se reconoció la necesidad de fortalecer una justicia rural para responder a los conflictos sobre la tierra y garantizar los derechos de las poblaciones históricamente marginadas del campo colombiano.

    La incorporación de la JAR a la Constitución, mediante el Acto Legislativo 03 de 2023, representó un paso decisivo. Posteriormente, el Gobierno presentó dos proyectos de ley: uno estatutario, ya aprobado por el Congreso , revisado por la Corte Constitucional y que desde el 27 de marzo es ley, orientado a definir la estructura de la nueva jurisdicción (Ley 2570 de 2026); y otro ordinario, radicado desde agosto de 2024, cuyo propósito es regular el funcionamiento, las competencias y el procedimiento especial agrario y rural. Sin embargo, el trámite de esta última iniciativa ha estado rodeado de retrasos y resistencias que revelan que el debate sobre la JAR en Colombia está lejos de ser únicamente jurídico.

    Las dilaciones han sido evidentes. A pesar de los mensajes de urgencia presentados por el Gobierno, el proyecto apenas logró ser aprobado en junio de 2025 por las comisiones conjuntas de Senado y Cámara de Representantes. Desde entonces, no había avanzado en las plenarias, razón por la cual el Ejecutivo acudió recientemente al mensaje de insistencia para priorizar su discusión. Gracias a ello, la Cámara de Representantes retomó el debate el pasado 13 de mayo e invitó a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, para que presentaran observaciones sobre el proyecto.

    Fue precisamente en ese escenario donde apareció uno de los debates más importantes –y preocupantes– sobre el futuro de la JAR: la propuesta de eliminar los principios del derecho agrario contenidos en el artículo 5 del proyecto de ley. Según los magistrados, dichos principios “resultan extraños al objeto y finalidad de la iniciativa legislativa, puesto que se trata de una ley que reglamenta las competencias y el procedimiento especial agrario y rural”. De ahí que se solicite su eliminación.

    Aunque el argumento de los magistrados se presenta como una observación técnica, en realidad refleja una visión profundamente política sobre el derecho y sobre el campo colombiano. Detrás de esta postura subyace una concepción jurídica tradicional que entiende el derecho únicamente como un conjunto de normas estatales neutrales, aisladas de las realidades sociales que pretenden regular. Bajo esa lógica, la JAR podría terminar reducida a un simple mecanismo procesal, incapaz de reconocer las dinámicas, conflictos y desigualdades que caracterizan las relaciones rurales en Colombia.

    La discusión, además, no es nueva. Desde hace décadas, el derecho agrario ha debatido su propia autonomía. El llamado “dilema de la codificación del derecho agrario”, 1 ha enfrentado dos posiciones: quienes sostienen que el derecho agrario solo existe plenamente si cuenta con un código propio, y quienes defienden que puede existir aun cuando sus normas se encuentren dispersas en diferentes cuerpos normativos. En Colombia, el desarrollo reciente de la JAR parece reconocer esta segunda postura.

    Sin embargo, precisamente porque el derecho agrario colombiano no se encuentra codificado, la inclusión de principios propios adquiere una importancia fundamental. Los principios cumplen una función orientadora e interpretativa; permiten dotar de coherencia a la disciplina y proteger su autonomía frente a otras ramas del derecho. Eliminarlos implicaría abrir la puerta para que las controversias agrarias terminen siendo resueltas exclusivamente desde las lógicas del derecho civil, comercial o administrativo, desconociendo las particularidades sociales y económicas del mundo rural.

    Y ese es el fondo real de la discusión. Hay sectores que prefieren un derecho agrario subordinado a las lógicas tradicionales de la propiedad privada y del mercado, lo que encubren bajo argumentos de apariencia técnica. Pero ese no fue el espíritu del Acuerdo de Paz ni el propósito de la creación de la JAR. Esta propuesta de justicia surgió como una herramienta para transformar las condiciones históricas de exclusión, desigualdad y conflictividad que han afectado al campo colombiano.

    Por eso, defender los principios del derecho agrario es defender la posibilidad de construir una justicia que realmente entienda las necesidades del campesinado y contribuya a la consolidación de la paz y la justicia social. El riesgo de eliminar estos principios es que el derecho agrario termine absorbido por un pensamiento jurídico que reconcilia a las personas con el statu quo,2 haciendo parecer naturales y justas relaciones profundamente desiguales.

    La JAR no puede limitarse a reproducir las mismas lógicas jurídicas que históricamente han ignorado las particularidades del campo. Su verdadero potencial radica en la posibilidad de consolidar un derecho agrario autónomo, sensible a las dinámicas rurales y comprometido con la transformación democrática del país. Debilitar sus principios sería debilitar, desde el comienzo, una de las reformas más importantes para el futuro de Colombia.

    1 Kennedy, D. (2025). La enseñanza del derecho como forma de acción política. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.

    2 Zeledón, R. (2005). Sistemática del Derecho Agrario. Bogotá, Colombia: Universidad Cooperativa de Colombia.

  • La prórroga de los PDET: avances y retos de la implementación de la Reforma Rural Integral

    La prórroga de los PDET: avances y retos de la implementación de la Reforma Rural Integral

    El Acuerdo Final para la superación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera cumple, este 2026, una década de haber sido suscrito. El balance sobre su implementación, dificultades, ajustes y desafíos será parte del debate político y la reflexión académica este año en el país y en Nuestra América toda, especialmente cuando el conflicto y la construcción de paz en la región son parte de lo que caracteriza esta época.

    El punto 1 del Acuerdo Final, denominado Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral, incluyó los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como un componente integral de dicha reforma que tienen por finalidad la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad en las zonas priorizadas —a través del Decreto 893 de 2017— de los 16 PDET, correspondientes a 170 municipios, en los que viven aproximadamente 6,6 millones de personas. Se presentaron en el Acuerdo de La Habana cuatro criterios para la selección de estos territorios: (i) Los niveles de pobreza, en particular de pobreza extrema y de necesidades insatisfechas; (ii) El grado de afectación derivado del conflicto; (iii) La debilidad de la institucionalidad administrativa y de la capacidad de gestión; y (iv) La presencia de cultivos de uso ilícito y de otras economías ilegítimas. 

    Cada PDET, según lo establecido en el Acuerdo, tendrán un Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) el cual, de acuerdo con el artículo 4 del Decreto 893 de 2017, se revisará y actualizará cada cinco años. Actualmente, bajo el liderazgo de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se adelanta de manera participativa y situada, la revisión y actualización de los PATR.

    Frente a esta herramienta de priorización de la Reforma Rural Integral, la Corte Constitucional en la sentencia C-730 de 2017, indicó que los PDET “desarrollan distintos derechos fundamentales” establecidos en la Carta Política. Así, se tiene que la implementación de los PDET tiene como marco lo establecido hoy en la Constitución. En el citado fallo, el alto tribunal señala la obligación de incorporar en los PATR el enfoque diferencial étnico, teniendo en cuenta los derechos colectivos territoriales, y el enfoque diferencial de género, para atender las necesidades particulares de las mujeres rurales. También, la sentencia analiza de forma específica el enfoque reparador, como contenido mínimo de los PATR, en correspondencia con el grado de victimización como un criterio de focalización de los PDET. En la misma providencia, la Corte Constitucional, al estudiar el artículo 2° del citado Decreto 893, resalta que éste le asigna a los PDET finalidades que son acordes con los artículos 64 y 65 superiores. Esto implica que la modificación del artículo 64 de la Constitución que se dio con ocasión del Acto Legislativo 01 de 2023, debe necesariamente ser considerada en el señalado proceso de revisión y actualización de los PATR, independientemente de que su formulación se haya dado de manera previa al cambio constitucional del artículo 64 en año 2023. Incluso, sostenemos que, en línea con lo expresado por la Corte, no puede desconocerse la modificación del artículo 65 superior del año 2025.

    Con relación a la materialización de los PDET, los datos del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre el Plan Marco de Implementación (PMI) arrojan —con fecha de corte al 28 de febrero de 2026— un cumplimiento del 56,51% de los 67 indicadores correspondientes a los PDET; y un 54,29% de los 18 indicadores de los PATR.

    Por su parte, el informe más reciente de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia señala, frente a la implementación de los PDET, una inversión de 8.300 millones de dólares desde la firma del Acuerdo para los ocho pilares de los PATR, siendo los pilares que han recibido más fondos “infraestructura, educación y reactivación económica, y los que menos salud rural y seguridad alimentaria”. Estas inversiones “se financiaron en su mayoría con recursos del presupuesto nacional y de regalías procedentes de la explotación de hidrocarburos, si bien las alianzas público-privadas siguieron siendo importantes”. Así mismo, el informe expone la estipulación de cuatro pactos territoriales (Catatumbo, Cauca, Chocó y Nariño), que buscan acelerar las inversiones en las regiones PDET.  

    La Agencia de Renovación del Territorio, entidad encargada de la coordinación de los PDET, presenta con corte a diciembre de 2025, más de 33 mil iniciativas, de las cuales cerca de 21 mil cuentan con ruta de implementación activa; 6.391 están incluidas en planes de desarrollo territoriales (2024-2027). Dentro de las iniciativas, 8.580 tienen clasificación propia étnica y 4.606 presentan “etiqueta de género y mujer rural”.

    Si bien se presentan avances importantes en la implementación de los PDET, las cifras de cumplimiento evidenciaban la necesidad de ampliar la fecha de vigencia inicialmente establecida de 10 años. Así, con la Ley 2565 del pasado 12 de febrero, se amplió ésta hasta el 28 de mayo de 2037, y se incluyeron otros aspectos centrales para los PDET, como son, el introducir el enfoque campesino en los programas que se creen; la armonización de los PDET con instrumentos de ordenamiento y manejo territorial de comunidades campesinas; y la creación de un programa de fortalecimiento de capacidades de los actores territoriales en los municipios PDET, como mecanismo para garantizar la participación y la gestión.

    La modificación del tiempo inicialmente establecido de implementación de los PDET se suma a la ampliación de la vigencia de la Ley de víctimas y restitución de tierras, así como a la definición en el CONPES 4184, del año 2036 como nueva fecha para garantizar la meta de incorporación de tres millones de hectáreas al fondo de tierras. Lamentablemente esta ampliación temporal no estuvo acompañada de un aumento de la meta de hectáreas fijada en el 2016 en el Acuerdo Final de Paz.

    Sin duda, la prórroga de los PDET se presenta como la posibilidad de superar en estos las condiciones de pobreza extrema, de afectación del conflicto, de debilidad institucional y la presencia de cultivos de uso ilícito; pero también como la oportunidad de aprender y profundizar en ejercicios de participación social y comunitaria que desbordan las lógicas estrictamente municipales, a partir del impulso a configuraciones territoriales que superan las divisiones político-administrativas, como ocurre con los PDET. La prórroga y los diez años del Acuerdo Final son también una ocasión para pensar la representación política permanente de los territorios y poblaciones golpeadas por el conflicto, al igual que para debatir sobre la necesidad de nuevos territorios PDET o de la adición de municipios a los ya definidos. Así mismo, para la superación de la estigmatización que hay sobre los habitantes de las zonas del país donde se ha librado la guerra y donde han tenido control los grupos armados organizados, señalamientos evidenciados en candidaturas de ultraderecha a la presidencia que prometen —como lo hicieron en campañas anteriores— hacer trizas el Acuerdo de Paz. 

  • Deacapitación y el fin de la política

    Deacapitación y el fin de la política

    Combinación única del horror de la eliminación y la orgía del triunfo, de la victoria o de la venganza

    Israel, sobre todo, pero también Estados Unidos, ha vuelto a poner de actualidad el concepto de la decapitación como arma de violencia política. Huelga decir que esta arma viola todas las convenciones internacionales contemporáneas sobre la guerra.

    La normatividad internacional que rigió el mundo con relativa eficacia tras la Segunda Guerra Mundial quedó enterrada tras el 11 de septiembre de 2001, cuando los altares jurídicos de Harvard proclamaron la fatwa según la cual era legítimo torturar a los supuestos enemigos más allá de los límites hasta entonces establecidos por la doctrina dominante de los derechos humanos. A partir de entonces, una vez que el enemigo es declarado terrorista, la destrucción de su vida deja de ser una cuestión de legitimidad y pasa a ser una cuestión de oportunidad y eficacia. El terrorismo es toda amenaza a la seguridad nacional que no puede combatirse diplomáticamente, es decir, por medios pacíficos. Tener el privilegio de nombrar quién es terrorista o quién amenaza la seguridad de quién pasó a ser el principio de la política. Trágicamente, este principio de la política es también el fin de la política.

    La decapitación, tanto literal (cortar la cabeza) como figurada (eliminación radical de un individuo que simboliza una lucha, una organización o una idea colectiva) tiene una larga tradición. Combina de manera única el horror de la eliminación y la orgía del triunfo, de la victoria o de la venganza.

    Freud escribió en 1922 que decapitar significa castrar; es la forma en que el inconsciente se presenta transformado en la conciencia del individuo. Su análisis se centra en la mitología de la cabeza de la gorgona Medusa, decapitada por el semidiós Perseo. Los líderes políticos u otros que recurren a la decapitación manipulan ese impulso inconsciente para transmitir la idea de un poder sin límites (reducción del enemigo a la máxima impotencia) y de una eficacia igualmente sin límites (exterminio individual, que es también colectivo).

    La tradición cultural de la decapitación tiene sus máximas expresiones en el arte y la literatura. La cabeza de Juan el Bautista es decapitada a petición de la madre de Salomé, Herodías, por haberse opuesto a la relación incestuosa entre Herodías y Herodes. Judit, la viuda judía, salva su ciudad de Betulia de la invasión asiria al seducir y decapitar a Holofernes, el general asirio de Nabucodonosor. Goliat, el gigante filisteo fuertemente armado, fue derrotado por la piedra lanzada con la honda de David. Este, al ver a Goliat en el suelo, le cortó la cabeza con la propia espada del gigante. En una variante de esta tradición, Sansón, el todopoderoso juez israelita, perdió todo su poder y fue capturado por los filisteos cuando Dalila, una infiltrada filistea, lo sedujo y le cortó el cabello, tras descubrir que el poder de Sansón residía en el cabello que él nunca se había cortado.

    La fascinación por la decapitación fue irresistible para los pintores del Renacimiento. Con su gusto por la violencia realista, Caravaggio inmortalizó muchas de estas decapitaciones en su pintura: Medusa en 1597, Holofernes en 1599, Juan el Bautista en 1608 y Goliat en 1609-10. Otros pintores del Renacimiento plasmaron en cuadros de gran belleza el simbolismo político-cultural de la decapitación. Por ejemplo, Donatello, en 1408-9, y Miguel Ángel, en 1508-12, inmortalizaron la victoria de David sobre Goliat; Artemisia Gentileschi, la decapitación de Holofernes en 1612-21; Francesco Cairo, en 1625-30, la decapitación de Juan el Bautista. No es objetivo de este texto analizar las dimensiones eróticas o las lecturas psicoanalíticas de las decapitaciones o de los pintores que las inmortalizaron (la acción de las mujeres en los casos de Salomé, Judit y Dalila; la homosexualidad de Caravaggio o de Donatello)1. Mi intención es más bien analizar el papel que desempeña la decapitación en las luchas y guerras contemporáneas.

    La decapitación como instrumento de la violencia contemporánea

    Como he señalado, la decapitación consiste en la eliminación/neutralización de un individuo como forma, a la vez espectacular y económica, de eliminar/neutralizar las luchas, las organizaciones o las ideas que ese individuo representa. Etimológicamente, decapitación deriva de la palabra latina caput, que significa cabeza. Figurativamente, se ha utilizado con el significado de jefe, líder o liderazgo, naciente, fuente. Es en este sentido en el que se utiliza hoy en día en las guerras irregulares e ilegales llevadas a cabo por Israel y EE.UU. Decapitar significa eliminar a un individuo considerado enemigo que representa de manera especial una amenaza enemiga colectiva.

    En la medida en que sea posible y eficaz, la decapitación es un atajo valioso porque permite alcanzar de un solo golpe un objetivo que, si se atacara colectivamente, requeriría muchos golpes y muchos medios. El fantasma que acecha a la decapitación es la Hidra de Lerna. En la mitología griega, la Hidra de Lerna era un monstruo con cuerpo de dragón y varias cabezas de serpiente. Según algunas versiones de este mito, cada vez que se le cortaba una cabeza, le crecían dos en su lugar.

    La decapitación siempre está relacionada con una lucha violenta. Es la guerra y la metonimia de la guerra. El ámbito de la decapitación se ha ido ampliando en la misma medida en que el concepto de guerra ha ido abarcando más tipos de luchas violentas: guerra entre países, guerra civil, guerra cultural, guerra religiosa, guerra familiar, guerra comercial. Hoy podemos distinguir tres tipos de decapitación: el asesinato (muerte física), el encarcelamiento (muerte política), la cancelación (muerte cívica). Los tres tipos implican muerte, pero muertes de tipos diferentes.

    La muerte física es la desaparición pública y privada irreversible, con la excepción, en el mundo católico, de quienes son beatificados o santificados post mortem. La muerte política es la desaparición pública ilegal, irreversible o no, y el mantenimiento de la vida privada en condiciones más o menos precarias e indignas. El caso de Lula da Silva, presidente de Brasil, es el ejemplo más reciente y significativo de desaparición pública reversible. La muerte cívica no implica ni asesinato ni prisión; al igual que en la muerte política, implica el mantenimiento de la vida privada en condiciones más o menos precarias e indignas, pero, a diferencia de la muerte política, la desaparición pública tiende a ser irreversible.

    En todos estos tipos, la muerte individual tiene como objetivo provocar la muerte colectiva de una lucha, una organización o una idea. En los últimos tiempos, hemos asistido a varios casos de estos tres tipos de decapitación. Los más recientes y conocidos son: el asesinato de Ali Jamenei y otros líderes religiosos en Irán; la captura y el encarcelamiento de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; las cancelaciones de intelectuales de izquierda provocadas por la llamada “cancel culture” o, más propiamente, “cancel barbarism”.

    La ampliación de las formas de decapitación supone el aumento y la diversificación de la violencia en las sociedades contemporáneas, lo que, a su vez, está asociado al crecimiento de las fuerzas políticas de extrema derecha, ya sean laicas o religiosas.

    La decapitación como fenómeno político

    Como cualquier otro fenómeno político, la decapitación genera un discurso dominante que debe analizarse según el procedimiento que denomino “sociología de las ausencias”. Tanto como discurso como práctica, la decapitación crea un campo analítico que promueve ciertos debates y omite otros. El discurso dominante se afirma en la medida en que el concepto de debate omitido es, a su vez, omitido, y, en consecuencia, se lleva a la opinión pública a creer que no hay nada más que debatir más allá de lo que ya se ha debatido. Este discurso, además de dominante, es también hegemónico cuando la idea de que no hay nada más que debatir es suscrita por las clases que más se beneficiarían del debate de los temas que no se debaten. Veamos cómo funciona una sociología de las ausencias en este campo.

    Legitimidad o eficacia

    Lo que se ha publicado en el mundo académico sobre la decapitación como instrumento político se centra casi exclusivamente en la eficacia de la decapitación. Por ejemplo, se debate sobre cuál fue la eficacia del asesinato de Osama bin Laden en la actividad de Al-Qaeda, de los líderes de Hamás y Hezbolá en la actividad de sus organizaciones, o de la detención de Abimael Guzmán en la actuación de Sendero Luminoso, o de la detención de Abdullah Öcalan en la lucha de los kurdos organizada por el Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK).

    La cuestión de la eficacia pasó a dominar los estudios sobre la decapitación a partir del momento en que los documentos oficiales fueron elaborados en EE.UU. tras el 11 de septiembre (en particular, la NationalStrategy for Combating Terrorism, de 2003) afirmaban que la decapitación era un instrumento eficaz porque el líder terrorista solía ser el catalizador de la acción terrorista. El asesinato del líder conduciría, tarde o temprano, al colapso de la organización. Inmediatamente después del asesinato de Abu Musab al-Zarqawi, George W. Bush anunció que Al Qaeda había sufrido un golpe fatal.

    Con el tiempo, la cuestión de la eficacia de la decapitación se extendió a regímenes y organizaciones considerados particularmente hostiles. Por ejemplo, el crimen organizado del narcotráfico. ¿Cuál fue la eficacia del asesinato de Pablo Escobar? Por otra parte, a lo largo de las últimas décadas, decenas de regímenes y organizaciones han sido considerados terroristas por EE.UU. El más reciente es, como sabemos, Irán, donde la decapitación de líderes políticos, militares y científicos ha sido una práctica habitual. La inteligencia artificial de ciertas empresas (por ejemplo, Palantir) y las nuevas tecnologías letales están hoy al servicio de la decapitación.

    La idea de la decapitación es antigua, sobre todo en lo que respecta a los líderes carismáticos. En el período más reciente, tras la Segunda Guerra Mundial, la decapitación ha sido un instrumento de violencia política ampliamente utilizado contra líderes políticos o religiosos. Desde Patrice Lumumba hasta Aldo Moro, desde Indira Gandhi hasta Olof Palme, desde Yitzhak Rabin hasta Benazir Bhutto, desde Óscar Romero hasta Martin Luther King, desde Mahatma Gandhi hasta John Kennedy. Se calcula que, entre 1959 y 2000, Fidel Castro fue objeto de más de 600 intentos de asesinato organizados por la CIA y por exiliados cubanos, algunos de ellos bastante extraños, como puros o bolígrafos envenenados.


    El uso masivo de la decapitación y la frustración de los decapitadores por no haber logrado, en la mayoría de los casos, sus objetivos han llevado a la necesidad de realizar análisis más rigurosos, de lo que se han ocupado sobre todo los especialistas en seguridad y antiterrorismo. Por ejemplo, Jenna Jordan analizó 298 casos de decapitación de líderes entre 1945 y 2004 y utilizó varias variables para llegar a una conclusión relativamente pesimista sobre la eficacia de la decapitación2. En resumen, el fantasma de la Hidra de Lerna acecha a la decapitación y a sus impulsores.

    La sociología de las ausencias

    ¿Cómo es posible que en las sociedades democráticas el debate sobre la decapitación se reduzca a su eficacia? Una sociología de las ausencias revela que casi nada se ha escrito sobre la legitimidad ética y política de la decapitación, sobre todo cuando la practican agentes de Estados que se dicen democráticos. Esta ausencia es inquietante porque, para quien se encuentra fuera del mundo cerrado de la seguridad y la lucha antiterrorista, la cuestión ético-política es la que debe merecer mayor atención. Sobre todo si tenemos en cuenta que la decapitación es un instrumento violento cada vez más normalizado y que la capacidad de decapitar con éxito es cada vez mayor debido a los avances de la inteligencia artificial y las tecnologías letales.

    A esto se suma que el ámbito de los objetivos de la decapitación se está ampliando cada vez más para alcanzar a todos aquellos que se distinguen por su oposición a la violencia política, religiosa o ideológica establecida, aunque se disfrace de democracia, ya sean líderes políticos, militares, científicos de áreas estratégicas o líderes de opinión. Por último, hay que tener en cuenta que la decapitación es multiforme y es capaz de matar física, política y cívicamente. La distribución social de estos tres tipos de muerte dentro de los países y en las relaciones entre países debe ser una preocupación creciente de la política democrática. Y lo más grave es que cualquiera de estas muertes contiene fragmentos de las demás.

    Lucha de clases, democracia y decapitación

    La decapitación es el tipo de lucha de clases que mejor disfraza la existencia de la lucha de clases. Al apuntar a individuos específicos, la decapitación desplaza el campo político de los conflictos sociales entre clases o grupos sociales hacia el emprendimiento político individual de líderes concebidos como metonimias de enemigos colectivos. Tiene, pues, el efecto de desarmar a quienes creen en las luchas colectivas contra la desigualdad, la discriminación y la injusticia, con la convicción de que los líderes solo lideran en la medida en que obedecen a quienes participan en las luchas. El mandato de los líderes indígenas latinoamericanos es, en este contexto, de crucial importancia: mandar obedeciendo.

    Pero el desarme alcanza aún un nivel más profundo: es el desarme de la lucha pacífica y democrática, basada en la lucha regulada entre adversarios y no en la lucha salvaje entre enemigos o en la lucha extremista entre el Bien y el Mal.

    La normalización del uso de la decapitación presupone que quien la utiliza tiene el privilegio de designar como terrorista o enemigo a cualquier país, régimen u organización que se oponga a sus intereses. En una perversión de la famosa frase de Carl von Clausewitz (“la guerra es la continuación de la política por otros medios”), la decapitación es hoy, según el pensamiento dominante (¿y hegemónico?), la guerra continuada por otros medios. Es el fin de la política y de la diplomacia, en definitiva, de las relaciones, normas e instituciones internacionales. Al contrario de lo que proponía Clausewitz, la guerra ha dejado de ser el último recurso tras el fracaso de la diplomacia. Ahora, el fracaso de la diplomacia es provocado intencionadamente por la decapitación para que la guerra sea el único medio de imponerse. Las relaciones de Israel y EE.UU. con el mundo árabe en Oriente Medio es una demostración flagrante de ello. El fin de la democracia se deriva del fin de la política, al igual que el fin de la política se deriva del fin de la democracia.

    1. Entre muchos otros, Laurie Schneider “Donatello and Caravaggio: The Iconography of Decapitation”. American Imago, 1976, vol. 33, 76-91; Bronwen Wilson “The Appeal of Horror: Francesco Cairo’s ‘Herodias and the Head of John the Baptist’”. Oxford Art Journal, 2011, vol. 34, n.º 3, 355-372; Allie Terry, “Donatello’s decapitations and the rhetoric of beheading in Medicean Florence”. Renaissance Studies, 2009, vol. 23, n.º 5, 609-638. ↩︎
    2. Jenna Jordan, “When Heads Roll: Assessing the Effectiveness of Leadership Decapitation”, Security
      Studies, 18:4, 2009, 719-755. Otros estudios reflejan la misma cautela en lo que respecta a la decapitación de líderes del narcotráfico, por ejemplo, en México. Brian J. Phillips, “How Does Leadership Decapitation Affect Violence? The Case of Drug Trafficking Organizations in Mexico”. The Journal of Politics, vol. 77, n.º 2, 2015, 324-336. ↩︎

  • El fascismo del siglo XXI y el Anticristo

    El fascismo del siglo XXI y el Anticristo

    La creencia fascista trasciende el apego natural a la vida en la tierra

    Una de las interpretaciones más influyentes del fascismo del siglo XX es la de que fue una rebelión contra el secularismo de la época moderna, que proponía una sociedad trascendente tanto en el plano práctico (el progreso) como en el teórico (la posibilidad de superar todos los límites). Esta rebelión hizo que la religión política (la religión como forma de poder temporal) regresara, bajo diferentes formas como factor político. Esta interpretación ha sido objeto de un intenso debate y no es mi propósito analizarlo.

    Solo me interesa abordar la cuestión de las relaciones entre fascismo y religión. Hablar del fascismo del pasado y del fascismo del futuro puede entrañar el riesgo de pensar que no hay fascismo en el presente.

    También puede llevar a pensar que el fascismo es una entidad monolítica y que, por lo tanto, solo hay un tipo de fascismo. Por lo general, todas las definiciones de fascismo se refieren al fascismo como régimen político. Yo, por el contrario, distingo entre fascismo político y fascismo social: el primero se da en las relaciones propiamente políticas y el segundo, en las relaciones sociales.

    El fascismo y la religión en el siglo XX

    La relación del fascismo político de la primera mitad del siglo XX con la religión es compleja. El secularismo de la sociedad moderna (la separación entre la Iglesia y el Estado) nunca fue completo y solo funcionó en las metrópolis, no en las colonias. Como tanto la religión como el Estado laico continuaron disputándose su lugar en la sociedad, las contradicciones y disputas entre ambos coexistieron con convergencias, complicidades y utilizaciones recíprocas. En el caso del fascismo italiano podemos decir que la sacralización de la política (la veneración del Estado fascista, los rituales y los símbolos fascistas) supuso el surgimiento de una religión política, secular y laica, que pasó a existir en paralelo a la religión tradicional (el reconocimiento privilegiado del catolicismo). En 1932, Mussolini afirmaba que, a diferencia de Robespierre, el Estado fascista no tenía una teología propia, sino una moralidad propia.

    La religión tradicional se utilizó de manera pragmática para reforzar la sumisión de las masas a los designios políticos del fascismo. Los conflictos entre la religión laica y el catolicismo, en el ámbito de la educación, fueron fuertes, ya que el fascismo no quería renunciar al monopolio en la formación de las nuevas generaciones. Pero el objetivo fue, siempre, abolir las fronteras entre la esfera política y la esfera religiosa. Nada de esto era completamente nuevo.

    Desde el siglo XV habían surgido movimientos para la creación de religiones cívicas; desde las sociedades secretas (masonería, Illuminati, Opus Dei) hasta el jacobinismo y el positivismo. La fe en la nación y en el nacionalismo era una forma de combatir el socialismo y contener el catolicismo. El socialismo revolucionario del primer Mussolini pretendía ser más una creencia que una ciencia. Como él repetía: «La humanidad necesita una creencia». Se trataba de apelar a una experiencia de fe en la religión de la Nación. La religión patriótica. Giovanni Gentile defendía que el fascismo tenía un carácter religioso, «en la medida en que se toma la vida en serio», y «como movimiento surgió de toda el alma de la nación». Su objetivo era crear un Estado ético.

    La sacralización de la política siempre ha implicado la sacralización de la guerra, la violencia purificadora: el sacrificio máximo del cuerpo y del alma por una causa sublime. La muerte y la resurrección aparecen transfiguradas en el culto a los mártires y a los héroes. La relación entre la guerra y el despertar del sentimiento religioso es tan evidente en D’Annunzio como en Marinetti.

    Somos los depositarios de una generación que, hace mucho tiempo, superó los límites de su propia realidad histórica y avanza imparable hacia el futuro… Somos lo más alto de lo alto… La Santa Comunión de la guerra nos ha moldeado a todos con el mismo espíritu de generoso sacrificio.

    (Il Fascio de 1921)

    La creencia fascista trascendía el apego natural a la vida en la tierra.

    En 1932, el periódico de la juventud fascista afirmaba que «un buen fascista es religioso». Y los jóvenes universitarios de Milán crearon, en 1930, una escuela de misticismo fascista en torno al Duce como mito viviente. Era evidente un cierto sincretismo con el catolicismo y los posibles conflictos de interpretación se resolvían mediante la devoción al partido. La leva fascista era un ritual de iniciación de los jóvenes similar a la «confirmación» en la Iglesia católica, mediante el cual los jóvenes eran «consagrados fascistas». Las ceremonias se celebraban en público en todas las ciudades e incluían, además de las ceremonias de consagración, ceremonias de juramento y de veneración de las banderas y el culto a los mártires caídos. La celebración del nacimiento de Roma, el día de Roma, la romanità, el «espíritu latino» devinieron en modelos arquetípicos de la grandeza de la patria y de la «civilización de Italia».

    Los diferentes componentes religiosos convergían en la lucha contra «la bestia triunfante del bolchevismo». La bendición del gagliardetto, la bandera de las «Escuadras» fascistas, se utilizó inicialmente como ceremonia de redención de una comunidad que antes había sido gobernada por los socialistas. Si el fascismo era una religión, los disidentes eran «traidores a la fe». Las voluntades de Dios y del Estado se fundían. Los traidores eran excomulgados, desterrados de la vida pública. Augusto Turati, secretario del partido de 1926 a 1930, predicaba a la juventud «la necesidad de creer ciegamente; de creer en el fascismo, en el Duce, en la Revolución, tal como se cree en Dios… aceptamos la Revolución con orgullo, tal y como aceptamos estos principios —aunque nos demos cuenta de que están equivocados, y los aceptamos sin discusión». En resumen, el mandamiento supremo: «cree, obedece y lucha».

    La fe se había convertido en la virtud suprema y las sedes del Partido Nacional Fascista se consideraban los «altares de la religión de la Patria». El rechazo del racionalismo y la adopción del pensamiento mítico quedan bien patentes en este pasaje de un libro fascista: «Las masas no logran distinguir matices; necesitan espiritualidad, piedad, principios religiosos y rituales». El programa político era mucho menos importante que el sistema de creencias, los rituales y los símbolos. Solo así se garantizaba un apoyo masivo, intenso y duradero. La sacralización de la violencia estaba relacionada con la estetización de la política, como bien señaló Walter Benjamin: la política como ruptura de las restricciones civilizatorias. Fue esa ruptura la que llevó a Ezra Pound a sentirse atraído por el fascismo. La irracionalidad fascista se reconfigura estéticamente como espontaneidad, intensidad y autenticidad. El anticonformismo extremo respecto al mundo es la otra cara de la obediencia ciega al líder fascista. De ahí, también, en última instancia, la miseria de la estetización de la violencia, sobre todo cuando los cuerpos comenzaron a ser arrojados a los crematorios.

    El fascismo se filtra gota a gota en las entrañas de la democracia

    En el período posterior a 1945 proliferaron los análisis e interpretaciones del fenómeno fascista. Una corriente importante consideraba que el fascismo había sido una ruptura en la continuidad histórica de la cultura europea y algunos lo concebían como una patología social o como una imposición por parte de minorías manipuladoras sin una doctrina o un pensamiento coherente. Es decir, el fascismo, al ser fruto de la manipulación política, no habría tenido una base social genuina. Los intereses egoístas o las prácticas de intimidación habían creado el cuerpo de seguidores del fascismo. La corriente opuesta veía en el fascismo una continuidad con la belle époque francesa y consideraba que tenía un sistema de pensamiento muy coherente.

    Estas interpretaciones tenían dos características en común. Por un lado, concebían el fascismo como un fenómeno del pasado y, de un pasado, irreversiblemente superado. Por otro lado, constituían una visión externa del fascismo. No analizaban la experiencia interna del fascismo, la forma en que fue vivido por las poblaciones donde vigoró como sistema político, cómo fue pasivamente aceptado o entusiásticamente celebrado por las poblaciones. Mucho menos se interesaron por las facetas de la personalidad o los impulsos psíquicos que hicieron de la vida fascista una forma «natural» o «normal» de vivir para las grandes mayorías que vivieron activa o pasivamente bajo el fascismo. ¿Cómo fue posible que Nietzsche o Heidegger fueran protonazis, y que la combinación entre la teoría de la evolución, los ciclos civilizacionales y la biología racista condujera a fusiones entre Charles Darwin y Oswald Spengler?

    Más recientemente, el campo analítico se ha diversificado. Han surgido interpretaciones internas sobre el modo de vida fascista basadas en la idea de que, si el fascismo pretendía ser religioso y apelaba a lo irracional o mítico, las razones pragmáticas del interés propio o de la intimidación no bastaban para explicar la adhesión al fascismo. Por otro lado, se ha dado un nuevo relieve a las lecturas psicoanalíticas anteriormente difundidas por la Escuela de Frankfurt que conciben el fascismo como una potencialidad permanente de la vida en común, por lo que no tiene sentido hablar del fascismo como algo históricamente superado. No se trata de teorizar sobre el retorno del fascismo, sino más bien de teorizar sobre la presencia continuada del fascismo bajo diferentes formas y potencialidades. En un libro reciente, Vladimir Safatle defiende con elocuencia esta teoría, en una obra titulada: La amenaza interna: psicoanálisis de los nuevos fascismos globales.

    Este giro analítico tiene una razón sociopolítica muy evidente: el crecimiento global de las fuerzas políticas de extrema derecha que abogan por el fascismo político y que, cuando están en el poder, tratan efectivamente de implantarlo.

    Quizás lo que mejor caracteriza el tiempo presente es el hecho de que la democracia liberal se está utilizando cada vez con mayor frecuencia para que los fascistas antidemocráticos lleguen al poder. Se trata de políticos que han sido elegidos democráticamente, pero que, una vez elegidos, no ejercen el poder democráticamente. Es el fascismo gota a gota en las entrañas de la democracia. El hecho no es nuevo. Ocurrió con Hitler tras las elecciones de 1932. Pero la intensidad, con la que ocurre, hace que la cantidad se transforme en una nueva cualidad. La mayor intensidad del fascismo político gota a gota se alimenta del crecimiento intersticial de otro tipo de fascismo, el fascismo social.

    El fascismo social es todo aquel sistema de relaciones sociales de extrema desigualdad de poder en el que la parte más fuerte tiene derecho de veto sobre las oportunidades de vida y de supervivencia de la parte más débil. Consiste en situaciones en las que personas o grupos están a merced de poderes unilaterales sin derechos ni defensa legal, aunque vivan formalmente en democracia. Es la exclusión social extrema, la exclusión abismal, en la que la vida humana se devalúa por la lógica del mercado y del poder. A diferencia del fascismo político, el fascismo social es pluralista. Distingo cinco formas de fascismo social:

    1. “fascismo contractual”, en el que la parte más débil no puede sino aceptar las condiciones impuestas por la parte más fuerte, por injustas que sean, so pena de no sobrevivir;
    2. “fascismo del apartheid social”, en el que las poblaciones excluidas viven en guetos, zonas urbanas pero no urbanizadas y a merced de todo tipo de violencia;
    3. “fascismo paraestatal”, en el que la violencia del Estado se subcontrata a grupos paramilitares, al crimen organizado y a milicias que ejercen con impunidad la mayor violencia sobre las poblaciones;
    4. “fascismo financiero”, en el que sectores poderosos del capital financiero manipulan al Estado para, mediante intereses usurarios, extraer una parte significativa de los salarios de los trabajadores, y para engendrar crisis permanentes que justifiquen el robo de los ahorros de las clases medias o la expropiación de bienes dados en garantía de deudas;
    5. #fascismo de la inseguridad”, que consiste en la ocurrencia de situaciones de extrema inseguridad —accidentes, fenómenos meteorológicos extremos, etc.— para las que no existen o no son accesibles pólizas de seguro y en las que la intervención protectora del Estado brilla por su ausencia.

    La intensificación de las diferentes formas de fascismo social se debe, en gran medida, al neoliberalismo como forma dominante del capitalismo global. La intensificación del fascismo gota a gota tiene como objetivo crear las condiciones para una nueva fase de fascismo político. No hay ningún determinismo en esto. Solo hay un objetivo, y corresponde a los demócratas no permitir que se materialice.

    El fascismo del siglo XXI y el Anticristo

    El fascismo emergente es más extremista en su identidad religiosa que el fascismo del pasado. Al igual que este, se basa en la sacralización de la violencia y en la santificación de las élites, pero se alimenta de una visión distópica del futuro que se condensa en el concepto del Anticristo. Está presente, sobre todo en EE.UU., pero su capacidad de propagación es enorme. A través de la idea del Anticristo, el neofascismo (o neonazismo) exacerba su identidad cristiana y concibe la sociedad actual como una lucha a muerte entre el Bien y el Mal, en la que no caben ni negociaciones ni treguas, sino solo la rendición y el exterminio de quien pierda. La sociedad se encuentra en una guerra civil permanente y su futuro es el apocalipsis si no es salvada por Estados racial y religiosamente supremacistas, dotados de tecnologías de vanguardia para el control de las poblaciones.

    En el plano religioso existen diferencias significativas entre el fascismo del siglo XX y el del siglo XXI. El fascismo del siglo XX creó una religión laica, pero mantuvo con la religión tradicional una relación de cooperación-tensión que suponía la relativa autonomía de esta última. El fascismo del siglo XXI lleva su identitarismo cristiano al extremo de intentar absorber la religión tradicional que más se le acerca, las corrientes evangélicas pentecostales. La fusión entre las esferas, política y religiosa, es ahora mucho más intensa, si no total.

    El fascismo del siglo XX se basaba en la idea de una sociedad futura mejor, hasta tal punto que en un principio, el socialismo estaba presente tanto en las convicciones de Mussolini como en las de Hitler. Por el contrario, el fascismo del siglo XXI es distópico, apocalíptico y, por eso, el Anticristo no es solo el comunismo y el socialismo; es también la propia democracia y el tipo de convivencia que esta promueve, al conducir al estancamiento del progreso tecnológico, que es la única vía de redención. La política del odio que sustenta la guerra civil no conoce adversarios políticos, solo conoce enemigos a los que abatir.

    Debido a su carácter apocalíptico, no es de extrañar que el fascismo del siglo XXI, a diferencia del fascismo del siglo XX, sea promovido por sectores de las élites, en general, los más ricos, los multimillonarios, de los que Peter Thiel es un ejemplo paradigmático. Mientras que para el fascismo del siglo XX la democracia no era más que un régimen decadente, para el fascismo del siglo XXI la democracia, al igual que los derechos humanos, es la encarnación del “Mal”. Al igual que lo es la lucha ecológica o cualquier reivindicación que ponga trabas a la acumulación infinita de riqueza y la tecnología de la que depende.

    La relación entre el fascismo del siglo XXI y el sionismo merece una reflexión especial. El fascismo del siglo XX fue antisemita, entendiéndose por tal una política racista radical contra el pueblo judío, cuyo exterminio proclamaba y buscaba activamente. El sionismo, entendido como la pretensión de crear un Estado judío, era en aquella época una corriente muy minoritaria entre los judíos. Su aceptación era mayor entre los judíos rusos y de Europa del Este (países bálticos, Bielorrusia, Ucrania, Polonia). Las organizaciones sionistas de la época buscaron y alcanzaron acuerdos con el nazismo, en particular, respecto al traslado de judíos a Palestina y a la constitución del Estado de Israel (acuerdos que, por cierto, tuvieron poco éxito entre el pueblo judío).

    Poco después de la Segunda Guerra Mundial, muchos intelectuales judíos llamaron la atención sobre el peligro del sionismo y sobre las afinidades de los métodos sionistas con los del fascismo y el nazismo. En 1948, Albert Einstein y Hannah Arendt firmaron la famosa carta al New York Times, señalando tales afinidades en el caso del partido de Menachem Begin, hoy Likud.

    Los sionistas extremistas, actualmente dominantes en el Gobierno de Israel, comparten con los cristianos evangélicos fundamentalistas la idea del apocalipsis basada en las mismas lecturas bíblicas, sobre todo del Libro de Daniel (Dan 7-12) y del Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento. De ahí surge el sionismo cristiano, que ha fortalecido enormemente el movimiento fascista global de este siglo.

    El Anticristo es, como afirma Robert Fuller, una obsesión estadounidense. La lucha contra el Anticristo se personifica hoy en la figura del multimillonario Peter Thiel, fundador de PayPal y de Palantir, cuya inteligencia artificial fue aparentemente responsable de la muerte de los ayatolás iraníes y de las 208 niñas, alumnas de primaria de la Escuela Shadjareh Tayyebeh, en la ciudad de Minab, en Irán.

    Peter Thiel, sin ninguna preparación teológica, recorre el mundo exorcizando como manifestaciones del Anticristo que conducen al apocalipsis final todos aquellos logros políticos por los que hemos luchado en los últimos doscientos años para devolver un poco de dignidad a las clases y grupos sociales excluidos por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado: un Estado mínimamente redistributivo, a través de políticas sociales (sanidad, vivienda y educación públicas); la democracia como sistema de convivencia pacífica y forma de contener los «excesos» del capitalismo; los derechos humanos como lucha por la dignidad humana en sociedades donde la prosperidad de unos se obtiene a costa de la deshumanización de muchos; las luchas ecológicas para construir un nuevo metabolismo con la naturaleza que permita reconstruir los ciclos naturales de regeneración vital. Todo esto es un anatema que impide la salvación que solo la tecnología inteligente de la IA puede producir. Las amenazas existenciales no son el cambio climático, la amenaza atómica, la amenaza nuclear o la amenaza de la IA. Las amenazas existenciales provienen de las resistencias al pleno desarrollo de esos «progresos». Todo ello es manifestación de un antimesías, la bestia triunfal del fin de los tiempos.

    La nueva tierra prometida es Silicon Valley, teorizada recurriendo a Carl Schmitt y, de forma distorsionada y perversa, a René Girard (la teoría del chivo expiatorio y la imitación como la otra cara de la rivalidad). El nuevo Anticristo es toda la acumulación histórica de conocimiento, organización y lucha que ha venido a alertar sobre los riesgos existenciales que corren la humanidad y el planeta Tierra si no se hace nada para frenar la injusticia social, histórica, ambiental, racial y sexual, si la democracia no sabe defenderse de los antidemócratas, si la voluntad imperial sustituye al derecho internacional, si la guerra, el genocidio y el saqueo de recursos son los únicos medios para «resolver» los conflictos. Para los fascistas del Anticristo, toda esta acumulación histórica de los últimos doscientos años es un campo de maniobras de estancamiento que impide la única redención posible, la redención tecnológica.

  • Doce puntos sobre el proceso electoral del 8 de marzo

    Doce puntos sobre el proceso electoral del 8 de marzo

    Freddy Ordóñez Gómez
    Santiago Ariza Martínez
    ILSA

    1. La democracia representativa directa para la elección del legislativo logra movilizar a la mitad del censo electoral, establecido en 41.287.084 personas: de las elecciones al Congreso participaron 20.899.194 votantes (50,62 % del censo electoral). Lo anterior, no lo lograron las consultas interpartidistas para la elección de ca ndidatos presidenciales, que sólo alcanzaron una votación total de 8.307.924.
    1. Si bien la personificación de la política sigue orientando el ejercicio y debate electoral (petrismo, uribismo), el escenario plantea una tendencia hacia proyectos político-ideológicos medianamente claros (izquierdas y derechas), lo que se ve reflejado también en lo ocurrido a opciones que se mostraban como “de centro” ante el electorado: el senador más votado del Partido Alianza Verde fue JP Hernández, un congresista de derecha. Los resultados de los partidos políticos tradicionales (Liberal, Conservador) expresan el mantenimiento de maquinarias asociadas a candidatos específicos.
    1. Aunque el Pacto Histórico logra una importante votación a Senado como proyecto político partidario aglutinador de las izquierdas y aumenta su electorado en comparación con los resultados de hace cuatro años. Se advierte que los partidos políticos de derecha (Centro Democrático, Partido Conservador, Salvación Nacional, Cambio Radical, parte del Partido Alianza Verde) agrupan una mayoría que dificultará en esa cámara el escenario legislativo para las reformas y propuestas normativas del Pacto Histórico. El partido que aglutina las izquierdas para el periodo 2026-2030 llega al Senado con la única bancada mayoritariamente conformada por mujeres.
    1. Al interior de la Alianza Verde, como se indicó, gana fuerza el ala de derecha en cabeza de JP Hernández, y se mantiene el poder del exgobernador de Boyacá Carlos Amaya. Por su parte el sector afín a la candidata Claudia López queda mal parado al no llegar a senado Katherine Miranda y perder su escaño Angélica Lozano. Se destaca que paradójicamente mientras Claudia López en la consulta de las soluciones sacó 574.670, su esposa Angélica Lozano solo obtuvo 37.265 votos.  
    1. Los votos del Partido Centro Democrático en Senado (3.035.715), en Cámara (2.566.981) y en Consulta interpartidista (3.236.286) permiten ver que hay más correspondencia entre Senado y Consulta, que entre Senado y Cámara, donde la diferencia se aproxima en 500 mil votos menos en Cámara. Algo que no ocurre con el Pacto Histórico donde hay más cercanía en los resultados obtenidos en Senado (4.413.636) y Cámara (4.242.412), lo que permite proyectar una votación base de, al menos, 4 millones de votos para Presidencia. 
    1. Aunque el apoyo de Abelardo de la Espriella permitió a Movimiento Salvación Nacional conservar su personería jurídica y obtener 3 senadores, es claramente un candidato presidencial sin bancada en el Congreso, que —más allá de lo que señalen las encuestas— si se le trasladan los resultados de su principal estructura partidaria de soporte, Salvación Nacional, cuenta únicamente con 705.924 votos.
    1. El resultado de Paloma Valencia en la llamada Gran Consulta por Colombia, demuestra que —contrario a lo que se pensaba inicialmente— la ultraderecha todavía sigue articulándose alrededor del Centro Democrático y el outsider Abelardo de la Espriella no es quien claramente represente esta tendencia política. Valencia, a diferencia de lo que se difunde en la opinión pública, es claramente una representante de la derecha radical, del uribismo “purasangre” y lo que éste aglutina. La presencia de Juan Daniel Oviedo, tanto en la consulta con su elevada votación como en la campaña de Valencia, no hará sino darle opacidad al proyecto de ultraderecha liderado por el Centro Democrático y facilitar las negociaciones con proyectos políticos como la Alianza Verde. 
    1. A diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, el partido político surgido del tránsito a la política electoral de la antigua guerrilla, Comunes, se queda sin personería política y, después de contar con diez congresistas como parte del Acuerdo, no logra la representación en el Congreso, ni siquiera en alianza. La votación de Sandra Ramírez (10.505) no reflejó la totalidad de la población firmante de paz. Estos resultados pueden ser una muestra clara de las dificultades en la implementación del punto 2 del Acuerdo de La Habana y la imposibilidad de una real apertura democrática que incluya a quienes dejan las armas y hacen tránsito a la democracia representativa. Sin duda el Acuerdo (con las limitaciones que existen en la implementación) contribuyó al triunfo electoral en el 2022, pero el devenir de Comunes se presenta como una advertencia para otras organizaciones y futuros procesos de negociación, al igual que la necesidad de revisar las fórmulas para la construcción de paz y la implementación de justicia transicional. En el caso concreto de las antiguas FARC-EP era claro que la élite política podía “sentarse a esperar” que pasaran los dos periodos de los exguerrilleros en el Congreso y superar lo que leían como una anormalidad en la democracia representativa burguesa. No iban a perdonar los más de 50 años de lucha armada de la guerrilla de Marulanda.
    1. Algunos sectores de centro que no participaron de la consulta Sergio Fajardo y Juan Fernando Cristo, así como Claudia López, no son una opción real que logre pasar a segunda vuelta, por lo que deberán iniciar negociaciones y acercamientos desde ya, con otros candidatos, sin que tengan mayor margen de negociación por su poco capital electoral, pero siendo simbólicamente importantes para las candidaturas que lideran la carrera a la presidencia.
    1. La participación de influencers en la jornada electoral requiere un análisis tanto de forma como de fondo. La “influencia” que estas figuras públicas tienen políticamente puede ahora medirse en términos electorales y el resultado es precario, tanto como el discurso que estos mismos llevan. Dentro del grupo de influenciadores que resultaron electos llama la atención que un amplio número pertenece al Pacto Histórico. Todos, candidatas y candidatos con un discurso anticorrupción en general que, pocas veces se podrían enmarcar desde una perspectiva de clase y terminan por encajar en propuestas que se ajustan a las buenas costumbres de la democracia liberal. Por otro lado, hubo un grupo de influenciadores de otros partidos y movimientos políticos (Cambio Radical, partido Conservador, movimiento Ahora Colombia, partido de La U y Frente Amplio), que si bien tienen un acervo digital destacable no lograron materializar esas vistas en apoyo electoral concreto.  Como único influenciador fuera del Pacto que quedaría electo destaca Luis Carlos Rúa Sánchez (Elefante blanco) de la Alianza Verde. Si bien la participación de influenciadores en política es un fenómeno creciente que no puede dejarse de lado, puede observarse que por el momento los “liderazgos” surgidos de las redes sociales no son capaces de generar un voto de opinión a largo plazo y habrá que revisar si el escaño alcanzado por aquellos influenciadores que llegan al Congreso corresponde al puesto ocupado en las listas del Pacto, o a una base electoral consciente y una militancia política definida. 
    1. El triunfo de Oscar Benavídez en la circunscripción especial afro vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la representatividad en el marco de las reivindicaciones raciales y de clase. No basta con ocupar cargos de poder con personas provenientes de sectores marginados si estas no corresponden a la misma base social, política e histórica que dicen representar. Como señalaba Fred Hampton, líder del Black Panther Party: “No se lucha contra el capitalismo con capitalismo negro, sino con socialismo”. Si bien la disputa electoral entre Polo Polo y Benavídez no se planteó explícitamente como una discusión de clase, algunas declaraciones iniciales de Benavídez dan cuenta de propuestas orientadas a atacar el racismo y el clasismo padecido por habitantes del Pacífico colombiano.  La elección como formula vicepresidencial de Iván Cepeda de la lideresa y senadora indígena del pueblo Nasa, Aida Quilcué, anuncia que la izquierda se decanta por un proyecto que encara el dominio y las exclusiones del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.  
    1. Finalmente, es imperativo tener claro que la ultraderecha buscará posicionar el debate presidencial en los temas de seguridad, autoridad, violencia, el miedo, el estatismo, la “reducción del Estado”, el “neocomunismo”, el “odio de clases”, la corrupción, Cuba, Venezuela, siguiendo la tendencia de las campañas de las derechas en la región. La izquierda debe sacar la disputa electoral de estos temas para centrar el debate alrededor de los derechos, la justicia social y la democracia.
  • Sobre la criminalización y judicialización del derecho a la protesta

    Sobre la criminalización y judicialización del derecho a la protesta

    El jurista Óscar Correas en el libro La criminalización de la protesta social en México plantea que no es novedad que el Estado reprima a toda clase de movimientos sociales, lo que sí es algo que ha tomado hoy un rol central en la violencia ejercida por el Estado es la judicialización de las resistencias e inconformidades, a partir de la criminalización de estas.

    Dentro del constitucionalismo del Estado social, expresión del pacto para tramitar la contradicción capital-trabajo, se incluye el derecho del pueblo a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, como ocurre con la Constitución de 1991 (artículo 37). Ahora bien, la naturaleza del sistema económico y social dominante encamina a que necesariamente las manifestaciones permanezcan, se profundicen y se multipliquen, en tanto los impactos de este permanecen, se profundizan, expanden y multiplican. Así, solo son cubiertas bajo la idea de derecho subjetivo, las manifestaciones que buscan cambios marginales, es decir, transformaciones que puedan ser toleradas por el orden social establecido porque no busca su superación.

    Con la masificación y continuidad de las protestas se despliega la función represora del aparato estatal, para lo cual, indica Óscar Correas, se han venido adelantando dos movimientos, la criminalización y la judicialización de la protesta: en primer lugar, se tipifican como graves delitos las formas de lucha social y de protesta popular, asociándolas, en el caso colombiano, con grupos criminales y organizaciones armadas; y, en segundo lugar, los manifestantes son perseguidos como grandes delincuentes y llevados ante la administración de justicia, para que sean implacable y ejemplarmente condenados. Paralelo a esto, se construyen, en palabras de la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, “narrativas hostiles que estigmatizan a asociaciones y reuniones”. Desde nuestra mirada, con la criminalización se elabora un discurso en el cual se despoja del derecho subjetivo a la protesta al manifestante, para facilitar su trato de delincuente, pero también y principalmente, para aislar la manifestación y a quienes protestan del resto de las clases sociales explotadas, y busca justificar y conseguir la aceptación de la criminalización y la represión. Un ejemplo de esto último es la forma en que se ha construido desde los grandes medios de comunicación y la Alcaldía distrital un aislamiento de la sociedad bogotana de las protestas en la Universidad Nacional. De igual forma, proyectos de normatividad orientados a organizaciones al margen de la ley, han terminado incluyendo a personas vinculadas a disturbios públicos y a quienes cometieron conductas en el marco del “ejercicio del derecho a la protesta social” (PL 002-2025 SC).

    La criminalización conlleva a que las limitaciones y restricciones de los derechos a la reunión y manifestación sean tomadas como la regla, cuando en el derecho internacional de los derechos humanos son una excepción. En nuestro país, como constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2021, han persistido “lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social”, lo cual ha tenido como base abiertamente leyes y reglamentaciones o la interpretación de estas, llegando a presentarse la expedición de marcos normativos de excepcionalidad y militarización bajo formas simuladas de normas de convivencia ciudadana.

    A partir de los hechos ocurridos en el llamado Estallido social y de las órdenes de algunas autoridades locales para disuadir las manifestaciones se necesitan espacios pedagógicos que permitan la reflexión y conocimiento de mecanismos de protección a quienes protestan. Tal fue el caso de la Escuela Popular de Protesta realizada el año pasado por el Colectivo José Alvear Restrepo, la Fundación Lazos de Dignidad y el ILSA. En la misma línea, es fundamental abordar las graves violaciones a los derechos humanos y patrones de violencia estatal cometidos contra quienes ejercen el derecho a la protesta; de allí la importancia de la creación de un Comité de Expertos Ad hoc para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales ocurridas entre los años 2019 y 2021 en el país.

    En el marco del Estado social debe garantizarse el ejercicio del derecho a la protesta como derecho pleno, esto es, generando incomodidades, dificultades para el funcionamiento de lo cotidiano, ejerciendo coerción y alterando el ‘orden público’. Ahora bien, la aplicación del derecho penal frente a conductas de participantes en las manifestaciones, como señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es “una restricción grave y con serias consecuencias para la libertad de expresión, y los derechos de reunión, asociación y participación política, que (…) solo pueden utilizarse de modo muy excepcional y está sujeto a un mayor nivel de escrutinio”, de allí que, la criminalización y la judicialización de la protesta social sea el impedimento y la negación del derecho, ocultando la conflictividad social, el inconformismo y las resistencias, bajo la opacidad de la ley.

  • Agricultura y migración en la era del capital global

    Agricultura y migración en la era del capital global

    La globalización neoliberal no solo transformó los mercados financieros y las ciudades latinoamericanas, entre otras cosas, también redibujó el mapa rural de la región. Para entender por qué hoy miles de trabajadores y trabajadoras recorren cada año largas distancias para cortar caña, cosechar frutas, recoger hortalizas o alistar flores, es necesario mirar más allá de la temporada agrícola y situar el fenómeno en el marco de las políticas económicas adoptadas desde la década de 1980.

    La migración vinculada a la agricultura no es nueva. Como recuerda Akeju, históricamente ha respondido a la búsqueda de tierras más fértiles, a los desplazamientos provocados por la mecanización y a la demanda estacional de mano de obra1. Sin embargo, en América Latina estas dinámicas adquirieron otra dimensión cuando los programas de ajuste estructural –impulsados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional– promovieron la liberalización comercial, la privatización y la reducción del papel del Estado.

    Con el despliegue de las políticas neoliberales se inició una reestructuración agraria orientada a integrar plenamente el campo latinoamericano al mercado mundial. Se liberalizó el comercio de alimentos, se desregularon los mercados nacionales, se privatizaron empresas públicas rurales y se estimularon cultivos capaces de insertarse en cadenas globales de valor. Así se consolidó lo que Friedmann2 y McMichael3 denominan el “tercer régimen alimentario”, una estructura global dominada por grandes corporaciones que organiza la producción según la demanda internacional. El auge de la soya, la palma africana o la caña de azúcar –muchas veces destinadas también a la producción de biocombustibles– es expresión de este régimen.

    Sin embargo, el giro hacia los mercados globales ha traído consecuencias para América Latina. Mientras se expanden los monocultivos y crecen las exportaciones agrícolas, varios países dependen cada vez más de importaciones para alimentar a su propia población. Al mismo tiempo, el impulso a la biotecnología y a los organismos genéticamente modificados –presentados como la “segunda revolución verde”– ha beneficiado a las agroempresas transnacionales y no ha constituido una solución estructural al hambre. Más aún, actualmente se estima que cerca de un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial no se consumen4, lo que sugiere que el hambre persiste no por escasez, sino por desigualdad en el acceso.

    De esta manera, este modelo que prioriza la producción para los mercados globales ha fracturado el campo en, al menos, dos grandes subsectores. Por un lado, un sector capitalista exportador, altamente tecnificado y articulado al capital transnacional. Por otro, un sector campesino heterogéneo, que produce para mercados locales o para el autoconsumo, con limitadas posibilidades de acumulación. En medio de ambos subsectores emerge una población rural que no puede competir ni con importaciones baratas ni con grandes productores. Para muchos de ellos, la única alternativa es vender su fuerza de trabajo. Son, en términos de Bernstein5, trabajadores plenamente proletarizados o semiproletarios.

    Es aquí donde la migración de mano de obra agrícola deja de ser un fenómeno coyuntural y se revela como pieza estructural del engranaje de la producción agrícola mundial. Los enclaves agroindustriales que abastecen mercados globales requieren grandes contingentes de trabajadores en períodos específicos. Así, cuando la oferta local no alcanza, se recurre a mano de obra regional, interregional o internacional. La migración puede adoptar formas pendulares, circulares o errantes, según los circuitos productivos y la dispersión geográfica de las empresas. A nivel internacional, se observan flujos tanto Sur-Norte como Sur-Sur, estos últimos menos visibilizados, pero igualmente relevantes en economías orientadas a la exportación.

    En la mayoría de los casos, las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes son precarias. La Organización Internacional del Trabajo ha advertido que la mayoría de las personas vinculadas de forma temporal o estacional en la agricultura carece de seguridad social y prestaciones básicas. Además, cuando la migración es irregular, la vulnerabilidad se profundiza y la capacidad de negociación disminuye, facilitando mayores niveles de explotación. De esta forma, también la segmentación del mercado laboral por clase, género o ciudadanía no ha sido consolidada de manera accidental, es funcional a la competitividad en mercados agroalimentarios globalizados.

    Por eso conviene preguntarse qué tipo de desarrollo rural hemos construido. La migración agrícola no es simplemente una estrategia individual para “buscar mejores oportunidades”; es la consecuencia lógica de un modelo que concentra tierra y capital, orienta la producción hacia el exterior y expulsa a quienes no logran integrarse en condiciones ventajosas. Para amplios sectores rurales empobrecidos, migrar no representa una vía de salida de la pobreza, sino una estrategia de supervivencia que a menudo reproduce nuevas formas de precariedad.

    1.  Akeju, D. (2013). “Agriculture and migration”, En I. Ness (Ed.), The Encyclopedia of Global Human Migration. ↩︎
    2. Friedmann, H. (2005). “From colonialism to green capitalism: social movements and the emergence of food regimes”. En Frederick Buttel y Philip McMichael (Eds.), New directions in the sociology of global development. Research in rural sociology and development, Vol. 11 (pp. 229-267). Oxford, England: Elsevier. ↩︎
    3. McMichael, P. (2005). “Global development and the corporate food regime”. En Frederick Buttel y Philip McMichael (Eds.), New directions in the sociology of global development, Vol. 11 (pp. 265-299) Oxford, England: Elsevier Press. ↩︎
    4. Montagut, X., y Gascón, J. (2014). Alimentos desperdiciados. Un análisis del derroche alimentario desde la soberanía alimentaria. Barcelona, España: Icaria. ↩︎
    5. Bernstein, H. (2012). Dinámicas de clase y transformación agraria. Ciudad de México, México: Universidad Autónoma de Zacatecas y Miguel Ángel Porrúa. ↩︎