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  • Violencia y Derecho: tres lecturas

    Violencia y Derecho: tres lecturas

    Germán Burgos

    Ph.D. Investigador ILSA. Profesor universitario.

    25 de septiembre de 2023

    De manera dominante, aunque muchas veces implícita, el Derecho se ha concebido como un antídoto contra la violencia. Esta idea estaría, entre otros, ligada a plantear que el Derecho moderno se concibe como una forma civilizada no violenta de tramitar diversos tipos de conflictos. Es decir, regular jurídicamente los conflictos y establecer formas institucionalizadas para su tramitación se entiende como una manera de pacificar las relaciones humanas. Adicionalmente que el poder político del Estado ligado al uso de la violencia se sujete a diverso tipo de límites busca evitar su abuso y, por ende, dar paso a un Estado de derecho. No obstante, la relación entre violencia y Derecho es mucho más compleja, como se desarrollará a continuación.

    En primer lugar, es claro que una de las particularidades del Derecho moderno es que su eficacia se funda en la posibilidad de apelar al uso de la violencia con el fin de obligar bajo su amenaza o ejercicio real al acatamiento de ciertos comportamientos considerados como legales. Si bien ideas como el debido proceso, los derechos fundamentales, la proporcionalidad en el uso de la violencia parecen legitimar la misma y en apariencia prescindir de ella, es claro que esto no se logra. En efecto, dadas las disputas permanentes sobre la fuerza legítima desde distintos criterios (sujeta a procedimientos, contra el enemigo, ejemplarizante, eficaz, etc.), es claro que, para algunas personas, la violencia del Estado nunca se convierte en fuerza y, por tanto, sigue siendo un factor generador de miedo. Es claro, por ejemplo, que, para el marxismo y el anarquismo, la violencia del Estado nunca será legitimable y, por ende, el miedo siempre es el sustento final del orden social. Es decir, la violencia no desaparece, sino que es el fundamento final.

    En este mismo plano, es claro que frente a la violencia irracional propia de lo que hoy denominamos justicia privada o la de aquellos actores que siguen apelando a las peores formas de la tortura y violencia criminal, la violencia del Estado está racionalizada. Esto se expresa, entre otros asuntos, en que está altamente organizada, es permanente, utiliza armas tecnológicamente estructuradas, como las que se usan en la represión de disturbios o se materializan en las bombas atómicas de distinto tipo. Esta situación es tal que la violencia de las cárceles del Estado moderno es pensada milimétricamente para afectar al individuo objeto de la misma, sea a través del aislamiento o la imposibilidad de ver la luz del sol. En otros términos, la violencia que soporta al Derecho del Estado no solo no deja de ser violencia, sino que es altamente racionalizada y, por tanto, especialmente dirigida a hacer un daño de alto impacto en algunos casos.

    Una segunda forma en la que el Derecho se relaciona con la violencia tiene que ver son su origen. Es claro constatar, como lo planteó Walter Benjamin, que históricamente el Derecho ha sido producto de la violencia. Los procesos revolucionarios de distinto tipo han generado nuevas normas jurídicas, de forma tal que se puede hablar de una violencia creadora del Derecho.  Las armas os han dado la independencia, el Derecho os dará la libertad, planteaba Santander. Esto, que se puede visualizar como un mero proceso inicialmente fáctico, también se traslada al plano conceptual de soberanía. Varias corrientes sostienen que el soberano es la causa causada y que, por tanto, en su accionar, así sea en momentos extremos, puede apelar a la acción directa al margen de ordenamiento jurídico. Ninguna norma creada por el soberano lo puede limitar, pues contraría la idea misma de soberanía. El soberano puede actuar ilegalmente y, de manera violenta, se admite dentro de ciertas reflexiones jurídicas.

    Una última relación entre Derecho y violencia es la que nos dice que aquel forma parte de las estrategias de la violencia simbólica. Fundados en Bourdieu, es claro que esta última hace referencia a las maneras como buscamos darle un sentido dominante a nuestras acciones de manera tal que terminamos naturalizando cierto tipo de relaciones de obediencia, es decir, asumiéndolas como inevitables. Así, por ejemplo, el dispositivo legal o ilegal termina estableciendo el tipo de acciones que son permitidas o no, al margen de contextos culturales diversos y cambiantes. Al hacer esto, impone un horizonte de sentido que excluye un tipo de acciones. Así, por ejemplo, el uso de la hoja de coca, la producción de la chicha, las relaciones entre personas del mismo sexo, etc. Históricamente, se ilegalizaron renegando de otras formas de sentido que fueron excluidas. Hoy, hemos naturalizado que actuar legalmente es lo correcto y, por tanto, lo obedecible.

    En suma, la relación entre violencia y Derecho es mucho más compleja que el expediente según el cual entre más Derecho menos violencia. El Derecho se soporta finalmente en el miedo, es decir en la violencia que lo sustenta, la cual está en la base de la idea de soberanía. Adicionalmente, hay un claro componente de violencia simbólica ligado al Derecho.

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  • La legitimidad legal…: ¿suficiente?

    La legitimidad legal…: ¿suficiente?

    Germán Burgos

    Ph.D. Investigador ILSA. Profesor universitario.

    13 de Junio de 2023

    En los Estados modernos, y retomando lo planteado por Weber, lo legítimo, es decir lo obedecible según razones, está fuertemente ligado a la idea de lo legal. En otros términos, los Estados, inclusive bajo gobiernos dictatoriales, presentan su accionar como legal y, por tanto, como legítimo, es decir, obedecible más allá del miedo. La situación ligada a lo anterior llegó a ser tal que en el famoso caso Eichmann, este sustentó su accionar como parte de la estructura nazi en la que obedecía órdenes, es decir que lo que hacía estaba apegado a normas jurídicas. Parece claro, entonces, que, si bien la legalidad sigue siendo esgrimida como sustento del accionar de los Estados, la misma puede conllevar abusos del mismo, tales como los del nazismo o la discriminación contra los afroamericanos en EE UU, que también fue legal.

    Ante las limitaciones de la mera legalidad como sustento de un verdadero orden democrático, autores como Habermas han venido planteando la idea de una legalidad cualificada sustento de una legitimidad sustancialmente fundada. Sería así, entonces, que se propone que la legalidad debe ser cualificada en dos planos. En el primero, se plantea que las normas legales deben respetar los procedimientos previstos por otras normas legales, es decir, la idea de las reglas de reconocimiento, según Hart. Adicionalmente, las normas deben ser el producto de un proceso de discusión democrático, lo cual significa aceptar ciertas reglas para el debate y aprobación de estas. En un sentido más sustancial, las normas deben recoger los valores sociales dominantes, siempre y cuando los mismos respeten ciertos principios propios del mundo del Derecho, a saber, los derechos y la dignidad humanos. En otros términos, los valores sociales que una legalidad debe recoger deben ser coherentes con las libertades individuales y la igualdad, entre otros criterios. Sería así, por ejemplo, que, si bien socialmente ciertas culturas reproducen el machismo, un orden jurídico no puede recoger esta valoración, pues iría contra los derechos de las mujeres en diversos sentidos.

    Ahora bien, esta pretensión de sustentar un orden político en normas jurídicas democráticas afronta retos cuyas respuestas aún están en construcción y que, de cierta forma, minimizan el potencial legitimador de una legalidad. En primer lugar, es claro que las normas jurídicas en cuanto un lenguaje especializado son interpretables y, por ende, sus mandatos o contenidos no siempre son claros, lo cual significa que para muchas personas no es fácilmente distinguible que es lo obedecible. La falta de precisión de las normas dificulta su potencial legitimador.

    Adicionalmente, dado lo anterior, el Derecho termina siendo interpretado en última instancia por elites que manejan el lenguaje del Derecho de tal forma que no siempre es accesible y socialmente puede ser ajena a la manera como una población valora ciertas situaciones. Es así como los órganos de cierre toman decisiones últimas sobre lo que dice el Derecho fundado en sus propios valores o prejuicios y, por tanto, cambian sus interpretaciones a lo largo del tiempo. Baste mencionar la variación del precedente sobre el derecho al aborto según recientes decisiones de la Corte Suprema estadounidense o la forma como la Corte Constitucional colombiana varió su posición sobre las consultas populares en los municipios mineros.

    En tercer lugar, el Derecho en cuanto producto de luchas de poder presenta a su interior antinomias y contradicciones que, si bien pueden abordarse bajo diversos criterios, no siempre permiten dejar claro el comportamiento esperable.

    En suma, es claro que lo legal juega un papel central a la hora de legitimar el accionar del Estado moderno en cuanto organización de poder político. Desde el Estado y desde los actores sociales se sigue aceptado que lo legal es legítimo. Ante los abusos de acciones legales, pero discriminatorias y autoritarias, se ha esgrimido la idea de una legalidad democrática como antídoto frente a experiencias como el nazismo. Si bien se sigue honrando el alcance de lo legal, este se somete a criterios de forma y de fondo. Los mismos son un avance, pero se enfrentan a los retos del lenguaje interpretable, la interpretación elitista del Derecho y el hecho de que las normas sean contradictorias en algunos casos. Agréguese a esto, y en última instancia, que estamos sujetos a muchas normas jurídicas que no pasan por procedimientos democráticos y son producidas por distintas burocracias del Estado que se siguen haciendo valer más en cuanto son jurídicamente válidas, mas no necesariamente legítimas. 

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  • Derecho y naturaleza: tres perspectivas

    Derecho y naturaleza: tres perspectivas

    Germán Burgos

    Ph.D. Investigador ILSA. Profesor universitario.

    09 de Marzo de 2023

    La relación entre el Derecho como expresión de la cultura con la naturaleza como aquello hasta cierto punto incontrovertible puede identificarse a lo largo de diversos planos que muestran la complejidad mediante la cual se ha construido el binomio cultura/naturaleza. Antes de abordar esta discusión, no podemos perder de vista de que lo que consideramos como natural es parcialmente producto del lenguaje desde donde construimos y enunciamos ese ámbito pretendidamente externo y ajeno a nuestra voluntad. Naturalizar algo lo hace de cierta forma incuestionable, aceptable, asumible como inevitable, de manera similar a la determinación según la cual no nos es posible dejar de respirar voluntariamente, dado que es algo natural.

    Como parece obvio para cualquier cultor del Derecho, la primera relación nos ubica en el terreno de la identificación de un derecho natural desdoblado en diversas leyes que se entienden como marco inevitable y recto de nuestro comportamiento. A partir de un orden natural intocable, proveniente de la voluntad de Dios o de la identificación racional, se postuló desde la hobbesiana ley de que los contratos están para ser cumplidos hasta los planteamientos de los primeros atisbos del derecho internacional según el cual los indígenas deberían ser considerados como criaturas humanas con razón aunque bárbaras y, por ello, colonizables, según Vitoria.

    La invocación de la naturaleza en este caso pretendía fundar un orden incontrovertible y legitimado en un pasado remoto que estaba debidamente resuelto por Dios o la razón. Como es de todos conocido y se enunció anteriormente, las distintas versiones del iusnaturalismo entraron en crisis en razón de la dificultad de identificar con claridad y consensuadamente el contenido del mismo. Kelsen sería el autor que con mayor claridad daría el puntillazo fundamental el iusnaturalismo, lo cual no significa que siga siendo la trinchera de cierto pensamiento conservador contra los avances del constitucionalismo liberal relativo a asuntos como la familia o la orientación sexual que siguen siendo entendidas como “realidades naturales”.

    Una segunda perspectiva es la que nos plantea que el Derecho sería una forma de proyectar y, a su vez, contrarrestar cierta idea de la naturaleza. En línea con lo anterior, la idea de los derechos humanos expresada entre otros en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, postula que las libertades individuales, la defensa de la dignidad e integridad de las personas es un punto de partida natural que debe ser aceptado. Nacemos libres e iguales, aunque en honor a la verdad es el derecho el que nos libera en clave individual y nos iguala en términos normales.

    Complementariamente, la otra cara de lo antes afirmado es la idea de que el Derecho es capaz de enfrentar las constricciones negativas de nuestra biología natural. Así, si bien somos desiguales en diversas maneras, el Derecho busca igualarnos a través de ciertos criterios. Aun cuando no somos libres frente a las constricciones de la enfermedad y la muerte, al menos hasta ahora, se emblematiza la salud como un derecho y la facultad de decidir libremente nuestra muerte bajo ciertas condiciones. En suma, el Derecho proyecta una idea de una supuesta naturaleza humana, la cual es igualmente enfrentada en los planos de la desigualdad y la no libertad según ciertos criterios biológicos.

    En tercer, y último lugar, están las formas en que el Derecho, como otras tantas ciencias, reconoce y acepta los avatares de la naturaleza, es decir, no quiere necesariamente transformarlos, si no admitirles y regularlos según diversos cauces jurídicos. Si bien el hombre moderno especialmente ha logrado transformar la naturaleza, en muchos casos lo que ha hecho es imitarla sea entendiendo el rompimiento de ciertos átomos para la energía nuclear o canalizando los ríos según su cauce para el riego o la producción de energía eléctrica. En el fondo es el reconocimiento de las leyes de la naturaleza, las cuales no se pueden transformar. Esto mismo pasa desde el Derecho con la idea de nacimiento y muerte.

    Estas dos situaciones fundamentales de cualquier ser humano son incontestables, pero se han convertido en materia de diversos debates relacionados, entre otros temas, con cuándo comienza la vida, cuál es la libertad de decisión de las mujeres, cuándo se considera a alguien muerto, cuándo puede decidirse legítimamente sobre la misma etc. En suma, la corroboración de lo planteado al inicio de este texto, a saber, que seguimos a merced, al menos desde el Derecho, de una construcción artificial de la naturaleza vía el lenguaje jurídico.

  • O discurso que não fiz

    Carlos Frederico Marés

    Recebi o Título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Goiás dia 29 de abril. Nunca havia imaginado, nem nos meus melhores sonhos, ser agraciado com tão grande e honrosa homenagem. Quando, no final de outubro de 2021, a Professora Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega e o Professor Eriberto Francisco Bevilaqua Marin me chamaram a uma reunião eu não tinha a menor ideia do que seria, mas imaginava ser mais um dos importantes trabalhos que a Universidade promove em defesa dos povos indígenas, quilombolas e da natureza e que as vezes pedem para ouvir meus palpites. Qual não foi minha surpresa quando o professor Eriberto revelou que o Conselho Universitário havia aprovado a concessão do Título. Primeiro, não acreditei e talvez tenha sido até grosseiro com o professor ao imaginar que se tratava de uma brincadeira. Não era brincadeira, o Conselho tinha aprovado por unanimidade a honraria.

    Passada a emoção, passei a pensar no que diria numa sessão de entrega de Título. Comecei a preparar um discurso substantivo, desses que se publica e se cita. Não sei se o discurso que preparei seria um dia publicado ou citado, mas jamais foi proferido. Não que não tenha sido realizada a sessão de entrega, mas o discurso foi outro, tudo o que havia sido traçado em linhas solenes e pensadamente elegantes ficou frio como gelo, gravado no papel e esquecido num canto da memória. 

    Marcada a data e anunciado o evento, com o discurso preparado e muito feliz, aguardei tranquilo a emocionante viagem e não tive a perspicácia de analisar o local onde ocorreria. Não notei que não seria no salão nobre, aquele de poltronas de veludo, almofadadas e com leve cheiro a mofo onde as vetustas Universidades proclamam títulos. Se eu tivesse lido com cuidado o convite teria me dado conta que o local era o Núcleo Takinahakỹ, no mesmo campus onde fica a Reitoria, mas completamente diferente. O Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena é uma parte da Universidade dedicada aos povos indígenas e formado por construções pensadas e discutidas com a arquitetura originária. O salão de eventos do Núcleo é uma construção aberta, muito parecida com uma oca sem paredes. Eu conhecia o local, mas nunca o tinha associado a passagens de minha vida. Quando cheguei na condição de homenageado, o discurso começou a se desmanchar. Não fazia nenhum sentido palavras elegantes, de efeito e solenes, racionalmente escolhidas. A realidade e a emoção foram tomando conta do ambiente, e a emoção, má conselheira como sempre, mandou enfiar o preparado discurso no mais fundo bolso do paletó surrado. Obedeci.

    É que no começo da década de 90, logo após a promulgação da Constituição federal, um grupo de indígenas e intelectuais criaram o Núcleo de Direitos Indígenas. Um deles era Ailton Krenak que já mantinha o Núcleo de Cultura Indígena com a função de difundir e preservar a cultura indígena e aproximar os indígenas dos conhecimentos da sociedade hegemônica. O Núcleo de Direitos Indígenas, com sede em Brasília e o de Cultura em Goiânia, desenvolviam juntos uma importante luta pela formação jurídica de indígenas na clara intenção de que seriam eles mesmos a defender seus direitos. Houve, então, uma longa discussão com a Universidade Federal de Goiás para que ela admitisse, num sistema de cotas, ainda que sem esse nome, meia dúzia de indígenas no curso de Direito. A negação foi peremptória e apenas um dos seis pode ingressar e ser mantido a duríssimas custas no curso de Direito, não da Federal, mas na Católica de Goiás. Os dois núcleos mantinham assistência periódica ao estudante que se formou em 1996 como o primeiro indígena bacharel em Direito do Brasil, Paulo Pankararu. Eu era o diretor técnico do Núcleo de Direitos.

    Aquela fora uma luta sofrida e aparentemente derrotada nos anos 90. Nem cotas, nem cursos, nem direitos. Mas no século XXI, já encerradas as atividades do NDI, a mesma Universidade que havia negado ingresso aos seis indígenas reabriu seu Curso de Mestrado em Direito Agrário com forte ênfase ao uso da terra com sua função de provedora das sociedades humanas e da natureza, com estreita ligação com quilombolas e indígenas. Em abril de 2007 abrigaria a primeira turma especial de Direito financiado pelo Pronera (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), no Campus da Cidade de Goiás, para filhas e filhos de assentados e moradores do campo enfrentando uma disputa judicial com Ministério Público que achava que Direito não tem nada a ver com Reforma Agrária. Em 2006 abrira o curso de licenciatura em Educação Intercultural e em 2014 inaugurou o prédio que abriga o Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena (NTFSI), com a oca onde seria realizada a cerimônia. Nada disso estava no discurso solene que havia preparado e tudo tinha relação com minha vida e, certamente, com a homenagem que estava sendo prestada.

    Mas a vida é estranha e bela. No longo e elogioso parecer emitido pela comissão encarregada pelo egrégio Conselho Universitário da UFG para analisar a concessão do Título não constam essas coincidências, e nem poderiam constar. O parecer descobriu histórias que eu mesmo não lembrava, como um elogio público que me foi dirigido por Paulo Freire em conferência que proferiu em Curitiba, logo ele que foi detentor de pelo menos 35 Títulos de Doutor Honoris Causa concedidos por Universidades do mundo todo. Mas não constava do parecer essa minha ligação e frustração com Goiás e a Universidade que depois redimiria todas as lutas. Mas os pareceristas não poderiam saber daquelas informações que não existiam no mundo duro da razão, não estavam documentadas e expostas, habitavam o mundo da emoção, do sentir, do saber de algumas pessoas que a tinham vivido e que talvez não lembrassem nem mesmo numa roda de conversa descontraída. E a emoção, embora despertada pelo anúncio da concessão do Título, só brotou para essas lembranças no exato momento em que vi a oca do Núcleo Takinahakỹ e com o começo da cerimônia envolvida num turbilhão emotivo convulsionando os neurônios, a razão e a ordem. A emoção não me permitia ler o discurso, não só porque as lágrimas poderiam turvar a vista, mas porque já não fazia sentido a razão e o discurso era razão. Naquele momento o mundo era pura emoção.

    Não há palavras para descrever o que ocorreu. As pessoas presentes representavam aquela vida, não a do relatório, do curriculum, mas das emoções, das lutas, das conquistas, da vida vivida sem catálogo, sem lenço e sem documento. Ali estavam a cantora com canções para emocionar, as alunas que vieram de longe para ouvir o discurso que nunca foi proferido, rostos gentis de bacharéis do Pronera, representante da Pastoral da Terra, indígenas e sua arquitetura e amigas e amigos. Ali, naquele local, naquele portal de saberes, a razão estava submissa aos encantados e a vida fluía sem precisar de explicações.

    O discurso falaria da Universidade, sua importância, sua necessária ação junto aos povos. Trataria do Direito Agrário, da terra e da natureza. Trataria também da onça e do tamanduá, das abelhas e dos insetos. Mas trataria de gentes, sobretudo de gentes. Talvez a audiência gostasse, aplaudisse e elogiasse. Mas não foi esse o discurso proferido, quem ouviu, ouviu apenas o relato da emoção de descobrir trinta anos depois que as sementes plantadas haviam gerado sombras e frutos. E ouviram a emoção não de um homenageado, mas de quem tinha, naquele momento, a plena consciência de que apenas representava, emprestava o nome e o curriculum, àquelas e àqueles que trinta anos antes davam continuidade a uma longa e interminável luta por direitos e plantavam uma semente na Universidade.

    O não discurso proferido foi um canto de vitória emitido como uma pequena pausa para o recomeço da luta. E as palmas aos jovens de trinta anos atrás!

  • POR UM PUNHADO DE OURO

    Carlos Frederico Marés

    Quanto custa aquela barra reluzente de ouro que o pastor ostentou na cafeteria do Hotel? Ele tinha boas relações no Ministério de Educação e achava que ‘educação vale ouro’, por isso exibia a esplendorosa barra de um quilo, pesada demais para guardar na algibeira. Só para fazer vista! Mas quanto custa? Um jornalista, desses que fazem contas, respondeu bate pronto: 300 mil. 300 mil? De fato, não é valor para se levar no bolso, ainda que o Hotel seja de luxo, com seguranças e outras garantias, mas se não mostrasse ficaria escondido e de que vale ter uma barra tão valiosa que não se pode exibir aos incrédulos? A cena é muito mais triste do que aparenta. Dizem que a barra de ouro exibida era a moeda de troca para um município pobre receber grosso dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para empreitadas corrompidas como comprar robôs inúteis. O Município pobre só recebe o dinheiro, não desenvolve a educação. Uma barra de ouro para um, uma de prata para outro e uma terceira, de bronze, para alguém, o resto para o negociante de robôs, que no fundo nem robôs entregou, pra quê? Nem escola havia.

    Trezentos mil reais equivalem a mais que 35 mil quilos de feijão. 35 toneladas de feijão! Saber quanto tempo quantas pessoas são alimentadas com uma toneladas de feijão já não é conta para qualquer aritmético, muito menos saber quantas merendas escolares cabem no bolso do pastor exibido. Essa é uma conta para gente que trabalha, que cozinha, quem sabe a resposta é a merendeira, perguntem-lhe se faz falta 35 toneladas de feijão, foi da despensa da escola que saiu a barra de ouro, não em ouro, é claro. Alguém revelou a conversa do ministro da educação com os prefeitos dizendo que dinheiro do FNDE só seria repassado por indicação dos pastores ali presentes. E um dos pastores pedia que a contrapartida fosse em barras de ouro. E exibia, dizem. É mais uma desastrosa história da educação neste governo, mas poderia ser da saúde, da cultura ou dos transportes.

    Mas porque alguém deseja levar uma barra de ouro no bolso? Com uma nota de cem já é complicado comprar feijão no mercadinho, faltará troco. É estranha essa sociedade de homens brancos, tementes a deus, que se curvam submissos, mas sem temor, à adoração de um pedaço de minério incomível, imbebível e inolfatável, o bezerro de ouro. Mas atenção, o ouro não é indolor. Ao contrário, causa muita dor, não só pela ausência do feijão na escola e na merenda, que já muito seria, mas até chegar ao bolso do pastor o caminho percorrido foi manchado de sangue, enfermidades, poluição, trapaças, violências, fraudes. Tudo para, depois de exibir orgulhoso na cafeteria, guardar bem guardado num cofre de sete segredos.

    O ouro tem que ser desenterrado ou separado dos seixos nos rios. É nesse primeiro esconderijo que deveria ficar para sempre, insiste Kopenawa.

    O ouro estava escondido debaixo da terra. Quem o colocou lá? Pergunta Davi Kopenawa, o iluminado xamã yanomami. Ele mesmo responde: quem fez a terra e tudo que nela há. E porque colocou bem escondidinho? Para que fique lá, responde mais uma vez. Por que a sociedade da mercadoria (Davi chama a sociedade hegemônica, branca, de sociedade da mercadoria) tem tanta ânsia de tirar de lá só para deixar guardado depois? Davi e seu povo sabe que não é bom mexer com o ouro, causa doenças, destrói amizades, corrompe, a mina mata. A história do pastor foi apenas um elo na corrente de maldição do ouro que começa escondido entre terra e cascalho e termina escondido no cofre.

    O ouro tem que ser desenterrado ou separado dos seixos nos rios. É nesse primeiro esconderijo que deveria ficar para sempre, insiste Kopenawa. O garimpo ou a mineração do ouro é mortal na acepção literal da palavra. Carta Capital traz uma matéria sobre como uma mineradora canadense de nome Aurizona depois de poluir os rios de Godofredo Viana (Maranhão) fornece água contaminada para a população. As áreas de mineração, não só do ouro, embora movimentem imensos capitais não geram riqueza para as gentes da região explorada, ao contrário. Mas extrair riqueza e semear pobreza absoluta não é o maior problema da extração do ouro.

    A Fiocruz desenvolveu um estudo minucioso sobre o impacto do garimpo do ouro em aldeias do povo Munduruku que margeia o Rio Tapajós, no Pará (veja aqui). O garimpo utiliza mercúrio para amalgamar o ouro e separá-lo do cascalho e seixos do rio. O mercúrio, aquele mesmo que era usado nos termômetros, proibido porque a gotinha prateada e escorregadia causava danos à saúde dos usuários, amalgama o ouro e escorre pelo rio, chega aos peixes, ao solo, às plantas e em tudo quanto deles se alimenta. Vai se acumulando no organismo das pessoas e afeta os rins, fígado, aparelho digestivo e o sistema nervoso central. O estudo mostra a contaminação praticamente irreversível da população local, indígena. Mostra como ela se espalha a quem consumir os peixes e a quem consumir o que consumiu os peixes. A poluição do mercúrio tem braços longos.

    A conveniente memória fraca do pastor que exibiu a barra de ouro em Brasília e todos quantos o antecederam e sucederam na corrente da maldição, desde os pobres garimpeiro aos ricos compradores do Canadá, Itália e Reino Unido, faz esquecer o Desastre de Minamata, no Japão, em 1952. A contaminação por mercúrio foi brutal e de graves consequências. A tal ponto que foi aprovada a Convenção de Minamata cujo nome não é um trocadilho macabro, apenas uma homenagem aos mais de mil mortos da região japonesa. A Convenção tem o objetivo de diminuir o uso de mercúrio no mundo impondo restrições ao mercado, mas esbarra no ardil do garimpo. A maior parte da atividade garimpeira é ilegal portanto não tem muita importância que os insumos também o sejam. São conhecidos os garimpos ilegais nas terras indígenas causando mortes e corrupção. Contava-se que altos funcionários recebiam latas de leite ninho cheias de pepitas apenas para não agir em relação aos garimpeiros da Terra Indígena Yanomami.

    No dia 11 de abril de 2022 a Hutukara Associação Yanomami lançou em Roraima um relatório impactante sobre o aumento do garimpo e a destruição da natureza, da cultura, da integridade física e da dignidade do povo e muito especialmente das mulheres yanomami (veja aqui). Os danos não são só causados pelo mercúrio na saúde das pessoas, destroem os rios, os peixes e as culturas, indígenas ou não. É ilegal, mas o pastor não está preocupado com a ilegalidade da origem, afinal, sua aquisição também foi ilegal assim como a transferência do recurso para o Município. A ilegalidade é a normalidade do ouro.

    O Instituto Escolhas apresentou um contundente estudo onde demonstra que metade do ouro produzido no Brasil tem fortes indícios de ilegalidade que é maquiada pela frágil e condescendente legislação e fiscalização (veja aqui). É ilegal e não pode ser declarado o ouro extraído em terras indígenas, em unidades de conservação e em quantidade excedente à permissão, mas é das três ilegalidades que sai metade do ouro produzido no Brasil. Todo o estudo foi feito sobre dados oficiais, o que significa que deve ser só a ponta do iceberg. Apesar da quantidade ilegal, o sistema jurídico permi
    ssivo impede a fiscalização. Os grandes compradores sabem da origem e continuam comprando. Como o pastor, sabem da ilegalidade e se vangloriam dos resultados.

    Enquanto isso a destruição continua, a natureza e os povos são intoxicados pelo mercúrio, as mulheres violentadas nos garimpos, os alimentos destruídos e contaminados, a paisagem devastada, as prateleiras de merendas escolares e os cofres da República esvaziados. E o ouro volta a ser escondido, agora em imponentes e elegantes cofres de cidades distantes. Até quando?

  • A cloroquina e seu fetiche

    A cloroquina e seu fetiche

    Carlos Frederico Marés

    A CPI descobriu um segredo plenamente sabido e conhecido: a indústria farmacêutica lucrou milhões com a venda de cloroquina e outros remédios impróprios para Covid-19 só porque o presidente Bolsonaro e seu governo incentivaram, apoiaram e difundiram falsas notícias sobre suas propriedades, embora não tenham conseguido introduzir na bula a indicação mentirosa. Mas, uma coisa que a CPI ainda não descobriu, ou não nos informou, é se a indústria farmacêutica se aproveitou do absoluto despreparo e despropósito do governo e simplesmente vendeu sua mercadoria ou se ela mesma apresentou ao insano governo algumas amostras grátis, ou gentilezas mais substanciais, sugerindo a campanha oficial. Ou ambos, como nos lucrativos negócios das vacinas. 

    Nem o governo nem a indústria farmacêutica são confiáveis. Transformar a cura, ou a falsa cura, em mercadoria tem sido o negócio desse ramo industrial e para isso corrompe a ciência e cientistas menos preocupados com os princípios éticos que deveriam estar na base de quem trabalha com doenças e curas. Se por um lado tem cientistas que investigam, analisam reações e possibilidades das químicas e suas misturas e as descobre, em suas propriedades positivas e negativas, do outro lado há um departamento comercial das empresas que trata de vender a cura transformada em mercadoria e nem sempre da melhor forma para o paciente, nem sempre utilizando a competência dos médicos, mas a ganância de alguns, amplificando as propriedades positivas e escondendo as negativas. O remédio, então, não é mais remédio, vira mercadoria. Não importa se cura, mata ou aleija, tem que ser vendida, tem que movimentar o mercado. Com vida própria a mercadoria navega em águas turvas, envolvida em mentiras, falsas informações, meias histórias, sempre só para gerar lucro. 

    Essa singela lógica do absurdo a que tão bem se presta o governo Bolsonaro e a indústria farmacêutica, desvela o que no século XIX Marx chamou de “fetiche da mercadoria”. A relação entre as pessoas, a doença e a cura, o médico e o paciente, o produto e seu uso, deixam de ter qualquer importância quando a mercadoria ganha vida própria, fetichizada, e não precisa mais cumprir a sua utilidade, não precisa mais curar, no caso da cloroquina nem foi feita para curar Covid-19. Importa vender! E vender não quer dizer ser aplicada à sua finalidade, quer dizer simplesmente trocá-la por dinheiro, depois de vendida pode ser atirada ao lixo, aplicada em quem não precisa ou depositada em prateleiras empoeiradas à espera do vencimento e descarte. Essa é exatamente a ideia que Marx externava em “O caráter fetichista da mercadoria e seu segredo” no primeiro capítulo do Capital. Vivesse hoje e Marx diria simplesmente: “olha, aí, veja como o fetiche funciona!” O fetiche da mercadoria impede que o produto do trabalho humano cumpra sua função social. 

    O episódio é trágico porque a mentira ajudou a ceifar vidas na pandemia. Mas não é fato isolado, faz parte do sistema que não cria produtos para satisfazer necessidades ou utilidades humanas, cria mercadorias que ganham vida própria, com seus segredos e fetiches, e promovem a acumulação de dinheiro a que chamam de riqueza. A indústria farmacêutica não é a única, mas é uma das mais eficientes criadoras dessas falsas necessidades, maldades e fetiches. Às vezes com a ajuda explícita de governos, como neste ridículo caso, às vezes convencendo médicos e pacientes a usar suas invenções e invencionices. Num canto de página a Folha de São Paulo informava no dia 22 de julho que “a empresa Johnson & Johnson e outros distribuidores acusados de alimentar a epidemia de opioides estão dispostos a pagar 26 bilhões de dólares para resolver milhares de processos (nos EEUU) …”. Quanto deve ter sido o lucro das empresas com o consumo viciante dos opioides nas últimas décadas no mundo inteiro? Certamente valeu a pena do ponto de vista comercial o risco de pagar agora só 26 bilhões de dólares, a maldade estava internalizada como custo.

    Mas a pergunta exata não é quanto a empresa ganha com o fetiche, sabe-se que é muito e faz parte do sistema. O lucro abusivo e criminoso das empresas explica o porquê a mercadoria vira um fetiche, mas a verdadeira pergunta é como a inutilidade ganha ares de certeza útil. A mentira é o meio, certamente, mas alguém tem que mentir com credibilidade para que a mentira ‘pegue’. No caso dos remédios, doenças e dores é necessária a conivência de médicos, sistemas de saúde e propaganda intensa. E isso foi explícito no caso da cloroquina, Bolsonaro ofereceu cloroquina até para a ema, mas foram os médicos que receitaram a seus pacientes. A ema, conhecendo o presidente, não aceitou, mas os pacientes confiaram nos médicos. A indústria farmacêutica inventou a amostra grátis na fetichização da mercadoria remédio e ainda criou outros favores às autoridades legislativas, judiciais e executivas e profissionais da medicina em forma de congressos, viagens e conferências, sem falar em algumas gentilezas inomináveis, o que significa que as amostras podem ser muitas coisas, menos grátis.

    Mas o fetiche da mercadoria não é apenas a separação das mercadorias e do capital que ela encarna, da vida concreta dos seres humanos e suas necessidades. Vai muito mais além e atinge também os não humanos animais e plantas que passam a ser devastados na mesma lógica. E mais uma vez a indústria farmacêutica e química ganham proeminência na vilania. Basta olhar os agrotóxicos e transgênicos. Estas mercadorias têm vida própria, convencem governos a não escutar cientistas, convencem cientistas a dizer meias palavras e não contar tudo o que sabem, fazem leis, relatórios e guardam parte dos lucros para pagar indenizações posteriores que parecem ser elevadas, mas são apenas frações do rendimento do rico negócio. Basta ler os jornais para saber, a informação da Folha de S. Paulo se referia a 26 bilhões se dólares, há muito mais, depois de uma condenação para pagar 2 bilhões de dólares pelo dano causado pelo agrotóxico Roundup, a Bayer, que comprara a Monsanto sabendo disso, fez um acordo para pagar mais 11 bilhões de dólares para arquivar as ações. Vale a pena, se fosse tudo sério e ético, o lucro seria muito pequeno, talvez o Roundup fosse apenas um veneno, não uma mercadoria. Tudo se resume a valores monetários, eis o fetiche! A ética, a necessidade e o uso não contam. 

    Está certo que o caso cloroquina no Brasil é de uma grosseria desmesurada, compatível e condizente com o governo Bolsonaro. A tal ponto absurda que podemos imaginar que nem foi programada pela indústria farmacêutica que apenas aproveitou a ocasião, a insensatez do governo e fez bons negócios, com ampla distribuição de várias espécies de amostras grátis, na venda de sua mercadoria, o que eticamente não a absolve. Mais uma vez: não vendeu remédio, apenas mercadorias, e sabia disso. As amostras grátis são necessárias aos que ajudam a mercadoria ter vida farta. Entretanto, não nos iludamos, pode haver muito mais sutileza nessas manipulações. De agrotóxicos a carros, de remédios a telefones, de alimentos a perfumes, os departamentos comerciais estão diuturnamente pensando em como vender a mercadoria sem nenhuma preocupação com a devastação da natureza para adquirir matéria-prima barata, nem com as pessoas coisificadas no trabalho, nem com a utilidade que a coisa pode ter e muito menos com os danos que pode causar. A saúde humana, dos animais, das plantas e do planeta não importam seja no quarto malcheiroso, sem ar e sem luz, do trabalho clandestino, seja nos iluminados laboratórios de alta tecnologia genética, o produto vira mercadoria e o fetiche lhe dá vida própria deixando para trás um rastro de morte e destruição. 

    Em que mundo vivemos!? Até podemos saber a resposta, mas em qu
    e mundo viverão nossas netas e netos?

  • Marco temporal, marca do atraso

    Marco temporal, marca do atraso

    Carlos Frederico Marés

    6 de julio del 2021

    Os povos indígenas das Américas lutam há quinhentos anos por um único direito, o de existir. Muitos sucumbiram sob a violência colonial. Violência física, sem subterfúgios, desde as degolas do século XVI contadas com horríveis detalhes por Bartolomé de Las Casas até o século XX com o extermínio cínico dos Xetá no oeste do Paraná na década de 60 e as macabras caçadas de orelhas de Xokleng em Santa Catarina relatadas por Sílvio Coelho dos Santos. O século XXI não passará isento à violência como se vê hoje. Sem intervalo, sem vergonha, sem punição. Mas a negação do direito de existir se faz, também, por sofisticados arranjos teóricos e jurídicos, como formais declarações de guerra para matar ou reduzir a escravos povos inteiros. A sofisticação jurídica era não os chamar de escravos, mas aprendizes que um dia deixariam de pensar ou desejar a liberdade de existir coletivamente. Então, quando a liberdade não fosse mais um sonho, podiam ser livres.

    A morte tem sido a forma constante de negar o direito, mas mudanças de vida sempre fizeram parte do arranjo e a oferta, com aparência de generosidade, de assimilação à cultura hegemônica acaba tendo o mesmo efeito da declaração de guerra. A assimilação foi política de estado e ganhou nomes suaves como integração, emancipação, desenvolvimento, ou grosseiros como evolução, civilização, superação do atraso, aculturamento, “se assemelhar a nós civilizados”.

    Todas essas políticas negaram o singelo direito à existência como grupo, povo, comunidade ou qualquer outra palavra que sirva a tradução para o vernáculo. O que importa, no fundo, é a soberba certeza de que os povos originários têm que deixar de sê-lo porque é muito melhor para eles mesmo viverem na rica e doce sociedade colonial. Rica e doce, dois adjetivos coloniais. Mas os povos têm outro conceito de doçura e riqueza e continuaram insistindo que querem ser povos. Não querem disputar a cotoveladas um insuficiente pedaço de rapadura ou uma pepita inútil. Tal e tão profunda a soberba que a sociedade hegemônica, colonial, capitalista não podia acreditar que os povos queriam continuar a ser povos e os via como transitórios, provisórios, em processo de evoluir de povo a cidadão, abandonada a cultura ancestral, modos, costumes, conhecimentos, gostos e jeito de ser. Alguns sucumbiram, outros resistiram. 

    A formulação jurídica era assim: os indígenas deveriam se tornar cidadão livre e deixar de pertencer a um povo. Para melhor convencimento, as políticas tinham que ressaltar as vantagens da mudança e isso implicava em tornar menos confortável a vida coletiva. Para isso era importante diminuir seus habitats, desprezar seus conhecimentos, negar as crenças, punir o uso da língua, desacreditar as lideranças espirituais e tradicionais. Humilhar até a vergonha. Por isso, e também para se apropriar das terras férteis, os povos eram transferidos para lugares desconhecidos, com pouca caça e pouca fruta. Isso foi feito à larga no século XX com o testemunho sombrio dos casos Pataxó hã hã hãe, Nambikwara e Krenak, entre muitos outros. Desde 1988, quando essa política mudou, ainda há os que trabalham intensamente para mantê-la.  

    Um povo, para existir, depende de duas condições, a primeira, subjetiva, é a vontade profunda de continuar juntos, solidários e irmanados, conscientes de sua identidade; a segunda, objetiva, é ter um lugar para exercer a irmandade livremente. A condição subjetiva é fundamental, a consciência da condição, a identificação, as características que os une, a história e a memória dos antepassados, a língua comum, o autorreconhecimento ou autoidentificação. E essa foi a permanente lutas de todos os povos, poder ser o que dizem que são. 

    A segunda condição é o espaço vital, o território, o lugar onde a cultura se forma e é por ela modificado. É a natureza, o ambiente. É a fonte e o destino de todo conhecimento, da alimentação e da vida. O subjetivo e o objetivo se encontram para a sociedade fluir com seus problemas e suas soluções. Quando o espaço é sonegado, invadido, esbulhado, ameaçado, a luta do povo se concentra para sua manutenção. E nos quatrocentos e cinquenta anos em que os povos foram entendidos como transitórios a principal restrição se fez ao espaço vital, negando a territorialidade. Como a modernidade colonial precisava das terras para colonizar, o esbulho se tornou regra. Destruir as condições objetivas e materiais de existência do povo passou a ser prioridade para o sistema moderno. As remoções se deram para o uso das terras para plantar ou explorar minérios.

    No final do século XX, depois de quatrocentos e cinquenta anos de resistência, a modernidade cedeu e aceitou o direito dos povos. Em 1988 a Constituição brasileira reconheceu “aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições”. O direito a existir, e completou: “e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam”. O lugar de sua existência, onde existir. Para que não restassem dúvidas, dispôs que essas terras seriam aquelas habitadas em caráter permanente, utilizadas para suas atividades produtivas, imprescindíveis a seu bem-estar e necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. O direito a existir no lugar que permita a continuidade de sua existência foi consagrado. O quê e o onde. Quem pode ser contra isso? Resposta fácil: quem não se importa com a humanidade e sim com a riqueza material da terra. 

    Para os indígenas, porém, as riquezas da terra não é o que se extrai e esgota, a madeira, o ouro ou as pedras preciosas. Riqueza não é um conceito monetarizado. Riqueza é a vida, o sagrado, a espiritualidade incompatível com a devastação. E a Constituição reconheceu isso. Mas os contra, os amantes da riqueza simbólica e dourada, mesmo antes de definida a norma constitucional, começaram a armar caminhos para desfazer o estabelecido. Se estava resolvido o que e o onde do direito, restava as obstruções e armadilhas do como garantir e do quando exercer 

    Rapidamente os interessados nas terras indígenas inventaram um novo procedimento para a demarcação e usaram seu poder para instituir o decreto nº 1.775, de 1996. Era a armadilha do como. Com isso a demarcação passou a ter mais importância que o conceito e foi espalhado, contra a Constituição, que terra não demarcada era terra não indígena. O como anulava o quê e o onde! 

    Mesmo assim, no disputado Estado brasileiro as demarcações prosseguiram, não com a rapidez desejada, contra todas as dificuldades e forçadas pela pressão permanente e insone dos povos e seus aliados. Foi então que entrou em pauta a velha ideia do quando. Em 1996, na elaboração do decreto de demarcação a ideia foi ensaiada, mas não houve insistência porque se esperava que a burocracia demarcatória inibisse o direito, isto é, se apostou que o como inviabilizasse o direito dos povos. Na segunda década do século XX, porém, a ideia do quando voltou com força e foi chamada pelo sugestivo nome de marco temporal. 

    A despropositada teoria é de que só tem direito a existir os povos que no 5 de outubro de 1988, promulgação da Constituição, estivessem na posse de sua terra, numa inversão do conceito. Essa tese foi citada na decisão sobre a Terra Indígena Raposa Serra do Sol porque havia um esbulho recente de arrozeiros que à força, como sempre, haviam entrado na terra. Imediatamente, e sem escrúpulos, a Advocacia Geral da União determinou que a ideia fosse aplicada em todas as demarcações. A decisão da AGU nunca foi totalmente aplicada, mas também nunca foi integralmente revogada e causou danos. Membro
    s anti indígenas do Congresso Nacional propuseram projetos de leis para impedir que a União demarcasse terras e, se o fizesse, aplicasse o marco temporal. O como e o quando são armadilhas para estrangular o quê e o onde! 

    Como se trata de matéria constitucional o STF foi chamado a se pronunciar sobre o marco temporal e a oportunidade surgiu no Recurso Extraordinário sobre parte da Terra Indígena Xokleng que o Estado de Santa Catarina queria desconstituir como terra indígena usando a tese. A questão foi reconhecida como tema de repercussão geral e, afinal, o Supremo decidiria sobre a sufocante armadilha. Depois de muitas idas, vindas e disputas, foi marcado o julgamento para o dia 30 de junho. Mais de 850 pessoas de 50 povos diferentes foram à Brasília acompanhar o desfecho da ação, estavam ansiosos, atentos e esperançosos. A pauta se iniciou com atraso e o tema não foi anunciado, mais um processo e nada, veio o intervalo, uma hora depois reiniciou a sessão e foi anunciado outro tema. No fim da tarde o presidente do STF anuncia, não o julgamento, mas a sua transferência para o mês de agosto, afinal, julho o Judiciário estará em férias. Os indígenas, decepcionados mas não surpresos, prometeram que esperarão em Brasília todo o frio mês de julho, não porque seja mês de férias, mas porque querem acompanhar de perto o voto de cada Ministro e não têm certeza de que haverá tempo de ir para casa e voltar para o incerto julgamento. Até quando?

  • As portas abertas no Chile

    As portas abertas no Chile

    Carlos Frederico Marés

    O povo chileno buscava construir, de forma pacífica e eleitoral, um Estado Socialista sob a direção de Salvador Allende quando, em 1973, sofreu um violento golpe de Estado sabidamente auspiciado pelos Estados Unidos e pelas ditaduras da América Latina. O golpe chileno de 1973 foi de todos o mais violento, com tentáculos por várias partes do mundo, espalhando o terror da Operação Condor. A tal ponto e com tal descaramento que em 1976 matou, com atentado à bomba, Orlando Letelier, ex-embaixador do Chile nos EUA e ex-ministro de Allende, voz poderosa de denúncia dos atropelos da ditadura, não em Santiago, mas na Embassy Row, Washington, D.C., no coração do Império. O terror de Estado, como se vê, não tinha limites nem fronteiras. 

    A violência, tortura, mortes e opressão impuseram um sistema econômico neoliberal que deveria servir de modelo para todas as economias dependentes: privatização da saúde, da educação, dos transportes, privatização das terras, negando direitos a camponeses e indígenas, precarização das relações de trabalho, privatização das águas, dos minérios e de tudo que pudesse ser transformado em mercadoria, mesmo que destruísse a natureza, os povos, as culturas e os direitos. O modelo foi implantado à força, mas detalhada e competentemente regulamentado por leis. Amarrado em legislações de duvidosa legitimidade, foi sendo construído um hábil sistema jurídico que suportava a economia predatória, de difícil reversão, pensado para sobreviver mesmo depois de afastada a ditadura formal, estruturado como estado neoliberal, de parcas e insuficientes políticas públicas sociais e fortíssimo aparato policial repressor.  

    Por isso mesmo, os juristas tiveram papel crucial. Orientada por Jaime Guzmán, a ditadura organizou um sistema constitucional e judiciário para impedir qualquer mudança, mesmo depois de seu fim. A Constituição elaborada e aprovada em 1980 praticamente impossibilitava sua reforma. As poucas e difíceis mudança havidas tiveram que ser aprovadas por dois terços do Parlamento, receber a sanção do Presidente da República e o crivo de um Tribunal Constitucional formado por sete membros, com mandato certo, eleitos de tal forma pelos órgãos do Estado que garantisse uma maioria sempre fosse conservadora. Por isso, quando a Presidenta socialista Michelle Bachelet, atendendo a grande mobilização estudantil, fez aprovar a reforma do ensino, a Corte Constitucional negou sua aplicação por violação a regras formais constitucionais e a educação continuou privada, cara e acessível apenas para as elites e a presidenta em dívida com a sociedade. Era a força do Estado autocrático que se mantinha apesar do sonho transformador da presidenta e do povo.

    O povo, apesar da intensa propaganda contrária levada a cabo pelo próprio Governo, quis. 78% dos votantes disseram sim.

    O povo chileno empobreceu. Quando as famílias não puderam mais pagar as escolas, os mais velhos perderam sua aposentadoria, os camponeses viram secar suas semeaduras pela apropriação privada da água e os indígenas perderam suas fontes de vida, terra e água, se iniciou uma grande rebelião no país, o povo saiu para as ruas. Sem saídas, acossado por uma mobilização que fazia lembrar os anos 70 do século XX, o governo da mais conservadora direita acenou com a possibilidade de mudanças constitucionais para reformar o sistema. Era a chance de mudar, mais uma vez pela via eleitoral, o destino do Chile. 

    As elites, apoiadas pelos discípulos de Jaime Guzmán, prepararam uma arapuca ao amável e combativo povo chileno. Primeiro, houve um plebiscito para saber se o povo desejava ou não uma nova constituição. O povo, apesar da intensa propaganda contrária levada a cabo pelo próprio Governo, quis. 78% dos votantes disseram sim. Massivamente derrotada, a direita armou uma constituinte de improvável sucesso. Foram convocadas eleições para sua formação mas, qualquer mudança somente seria aceita se dois terços dos eleitos aprovassem a nova regra sob pena de manter a velha e opressiva ordem neoliberal. Quer dizer, para qualquer mudança seria necessário somar 67% dos votos. O status quo estaria mantido com magros 33% dos votantes. A arrogante e confiante direita chilena tinha certeza que isso seria conseguido com certa facilidade, mas não quis arriscar muito e organizou eleições que em tudo favoreciam o partido da direita e enfraquecia os de esquerda, possibilitando candidaturas independentes, com a clara intenção de dividir as propostas de mudança. As eleições escolheriam 155 deputados constituintes, bastaria a vontade 52 para obstar qualquer regra nova. Estava mantido o direito de veto da minoria, o que significaria a continuidade da velha Constituição neoliberal de Pinochet e Guzmán. Na contramão de todos processos constituintes, o chileno foi montado como uma reforma constitucional baseada na velha ordem, travando a vontade expressa dos 78% que votaram no plebiscito e pelo povo na rua. Quem de fora olhava tinha a certeza de que haveria mudanças para que tudo continuasse no mesmo. Mas não foi assim que procederam os movimentos sociais e militantes independentes. Saíram às ruas de porta em porta angariar votos, apesar da pandemia. Era preciso confiar.

    A primeira vitória dos movimentos populares e sociais foi obter uma reserva de 17 cadeiras para os povos originários, 7 cadeiras ao povo Mapuche, 2 ao povo Aimara e 1 para cada um dos povos atacamenho, chango, colla, diaguita, kawéskar, quechua, rapanui, yagán. Os próprios povos escolheriam seus representantes. Em seguida as mulheres conseguiram que a Assembleia Constituinte tivesse paridade de gênero. As duas vitórias somadas, porém, não garantiriam os 67% de votos reformadores, mas era um alento, uma novidade no mundo racista e machista das elites brancas, masculinas e ricas. Os sonhadores viram nisso um sopro de esperança, mas a receita pensada pela direita parecia que ia funcionar, proliferaram pelo país abundantes candidaturas avulsas e houve um efetivo enfraquecimento dos partidos de esquerda. Do outro lado, todas as forças conservadoras se aliaram ao lado de uma coligação sob a direção do Presidente da República em segundo mandato, Sebastián Piñera, era impossível não obter os 52 votos necessários para o veto. A direita nunca obtivera menos do que isso. A festa de vitória antecipada da direita era contida, mas real e insinuada pela propaganda oficial. 

    Dia 16 de maio as urnas começam a ser abertas. Os sonhadores esfregaram os olhos para saber se realmente estavam acordados ou ainda viviam um de seus melhores sonhos inalcançáveis. Estava escondida uma terceira vitória para além dos originários e mulheres, os jovens votaram e foram votados, em massa. Dos 155 constituintes, a unidade de direita obteve apenas 37 cadeiras, 15 menos do que as necessárias ao veto. As discussões que irão ser travadas na constituinte não serão em vão. 118 cadeiras foram obtidas pelas forças que pregavam mudanças, 15 a mais, portanto, das necessárias para aprovação de mudanças, independente de qualquer voto de direita. Maioria de mulheres, jovens e feministas. Está claro que nem as trinta e sete cadeiras de direita, nem as outras cento e dezoito são blocos monolíticos, mas haverá discussão e as grandes mudanças podem até não serem aprovadas, mas não serão singelamente vetadas, argumentos serão esgrimidos, opções serão feitas. As dificuldades serão imensas, principalmente em pontos sensíveis que atinjam o coração do neoliberalismo.

    O resultado não foi menos surpreendente e auspicioso, Irací Hassler, comunista, 30 anos, foi eleita prefeita de Santiago; Macarena Ripamonti, militante da organização Revolução Democrática, 29 anos, foi eleita prefeita de Viña del Mar, a emblemática cid
    ade jardim do Pacífico, menina dos olhos da elite chilena.

    O Chile amanheceu, então, com as portas abertas, expondo uma face sorridente, sábia e com o olhar pregado no futuro. Entre os povos originários, a mais votada foi Francisca Linconao Huircapan, 62 anos, perseguida, processada, criminalizada, que é uma autoridade espiritual mapuche, uma “machi”, e carrega 500 anos de resistência nas costas e saberá liderar as mudanças necessárias aos povos, terá voz e voto pela primeira vez na história do mundo colonial. 

    Foram eleitos, também novos prefeitos e alguns governadores (três, de dezesseis regiões, nas demais haverá segundo turno em junho). O resultado não foi menos surpreendente e auspicioso, Irací Hassler, comunista, 30 anos, foi eleita prefeita de Santiago; Macarena Ripamonti, militante da organização Revolução Democrática, 29 anos, foi eleita prefeita de Viña del Mar, a emblemática cidade jardim do Pacífico, menina dos olhos da elite chilena. Com o detalhe de que em Santiago dos dez conselheiros (vereadores) oito são mulheres, de esquerda e dois homens, de direita. A lista poderia continuar, longa e expressiva de jovens comprometidas com movimentos sociais, militantes, independentes, que têm a mudança como desafio e a esperança como combustível. É provável que nem todas as mudanças sonhadas sejam alcançadas, mas o Chie já não será o mesmo depois de promulgada a Constituição, a esperança voltará a ter força redobrada. 

    Quase 50 anos depois da experiência pacifista e democrática de Salvador Allende, sufocada em sangue, jovens que não a viveram mas a conheceram pela memória de seus pais e pelas dramáticas consequências da opressão, têm em suas mãos as rédeas e o timão que conduzirão a nação ao futuro, promovendo mudanças necessárias na opressiva sociedade dominada pelo capital internacional, sem pátria, sem escrúpulos e sem sentimentos humanos. Conseguirão? No Chile onde tudo tem dono, da gota d’água ao minério de cobre, da escola às estradas e ruas, da aposentadoria do retirado ao financiamento do curso técnico, será possível mudar pelo voto? Só o futuro, próximo, dirá, mas este maio pandêmico no Chile abriu as portas para mudanças e Salvador Allende revive em cada jovem ‘alcaldesa’, ‘alcalde’ e constituinte, alimentando a esperança de alcançar um mundo onde seus netos e bisnetos possam viver, sonhar e rir.

  • Covid-19, el día a día y la seguridad jurídica

    Germán Burgos

    08 de mayo del 2020

    Ph.D. Ex Investigador ILSA. Profesor universitario.

    La epidemia del covid-19 ha fortalecido la tendencia según la cual debemos vivir ante todo el presente, tener conciencia de que lo único que tenemos es el día a día. Parece claro que este “presentismo” es bastante pertinente hoy, cuando el futuro se avizora poco claro y muchas voces plantean que el pasado no volverá a ser tal como lo conocimos. De seguro vivir la cuarentena y el encierro es más digerible, si no pensamos en el futuro, lo cual nos puede traer ansiedad y, por ello, sería más recomendable concentrarnos en las rutinas creadas para cada día.

    La idea de vivir las 24 horas y atarnos a este presente desanclado no está alejada de las situaciones de aislamiento y crisis. Hoy, es usual apelar al mismo en las terapias de las cárceles, donde muchos presos no tienen demasiadas esperanzas sobre su futuro sea por las penas recibidas, sea por la inseguridad de las penitenciarías. También dentro de los planteamientos de alcohólicos anónimos se apela reiteradamente a la idea de un día a la vez, es decir la decisión de no tomarse la primera copa, al menos por el día correspondiente. Obviamente el budismo y el yoga han hecho de esta invocación del hoy uno de sus principios básicos y van más allá de la idea de la crisis o el encierro antes mencionadas.

    No obstante su actualidad en contextos de crisis o más allá de estos, algunas interpretaciones sobre el presente del día a día afrontan fuertes desencuentros con el tiempo lineal premoderno y moderno que ha sustentado la civilización occidental como la conocemos. Antes de la modernidad europea, fundábamos el orden social en una invocación permanente al pasado expresado en costumbres, tradiciones, leyes naturales y voluntad divina. El pasado nos daba las reglas del comportamiento como producto de su desarrollo pausado y aquilatado en el tiempo, tamizado por el aprendizaje de los errores. Actuar según el pasado era la mejor forma de honrar las tradiciones y ser considerado piadoso, correcto y adecuado. El conservadurismo hizo de esta idea uno de los planteamientos centrales hasta nuestros días. El common law sustentado en el precedente sería una expresión jurídica de lo anterior, hoy bastante matizada por el derecho legislado.

    Por su parte, la idea del futuro es uno de los sustentos centrales de la modernidad. Esculpida en el concepto del progreso, de la ilustración, hemos venido asumiendo que todo lo que hacemos en el presente y lo que aprendimos en el pasado es para construir un mejor futuro, cumplir nuestras metas y sueños, cambiar el mundo y hacerlo más cercano a nuestros ideales de distinto tipo. Aunque el futuro no es fácilmente previsible y controlable, buena parte de las ciencias han tratado y logrado hacer predicciones loables sobre lo que vendrá. A diferencia del pasado, labrado en enseñanzas más o menos manipuladas según ideologías, el futuro es ante todo una creencia fundada en la “fe” incuestionable de científicos, futurólogos y optimistas. No es posible conocer el futuro y por ende cuando apostamos por él es lo más parecido a jugar la lotería.

    El “presentismo” arriba identificado reniega superficialmente de nuestro pasado y nuestro futuro. Aprender de nuestro pasado y discutir en torno a los contenidos y alcances del mismo es el objeto de especial atención de la memoria histórica y las lógicas de la reparación respecto de poblaciones explotadas, entre otros. Aun individualmente, conocerse a sí mismo es indagar en nuestro pasado y tener claras nuestras debilidades y fortalezas. Por otra parte, la lucha por un futuro mejor ha permitido transformaciones como la introducción de los derechos humanos en cuanto ideales regulatorios prescriptivos, las diversas tecnologías para enfrentar las limitaciones que nos pone la naturaleza y las luchas políticas que son en buena parte sobre propuestas de futuro. La idea del futuro es la que nos ha permitido alargar nuestras vidas en condiciones más adecuadas y saludables, teniendo más tiempo para pensar en nuestro presente.

    Trayendo esta discusión al concepto de seguridad jurídica, propio del mundo del Derecho, la relación entre el pasado, el presente y el futuro muestra su complejidad. Como es conocido, tal principio busca hacer predecible el comportamiento del Estado y de los demás, vía un conjunto de normas generales, abstractas y públicas, entre otras características. De esta manera queremos generar confianza en los otros, es decir poder controlar de cierta forma el futuro de nuestras relaciones, sobre todo con extraños, y sujetarlo a consecuencias jurídicas mediadas por el Estado. Complementariamente nuestros ideales de futuro quedan expresados parcialmente en normas jurídicas sobre la justicia, los derechos etc. Por tanto, la previsión parcial del futuro es algo perseguido vía la seguridad jurídica. Pero igualmente el pasado está allí en cuanto muchas normas son fundadas en tradiciones y costumbres o en aprendizajes colectivos a partir de luchas sociales, catástrofes naturales, etc. De cierta forma, la predictibilidad normativa es la síntesis parcial del pasado, proyectada al futuro para aplicar en un presente.

    Paradójicamente, la idea del día a día simplista ha calado en sectores de la población diametralmente opuestos. De un lado, personas de nivel social alto que tienen resueltas muchas de sus necesidades económicas y de salud y que cuentan con el tiempo y los recursos para dedicarse a disciplinas como el yoga, el mindfulness, el budismo, etc., y para los cuales pensar en el día a día no es un agobio, pues tienen su futuro “asegurado”. Y, por el otro, sectores sociales excluidos que han crecido con la idea de que no tienen un mañana y que su vida en la informalidad es tan precaria que solo cabe pensar en el día a día. Bajo el covid-19 están ambos “presentismos” útilmente agazapados pensando en el futuro que viene, en aquel que nos permitirá pensar y ejercer nuestras libertades, deseos y aspiraciones, más allá de ver como nuestros días se repiten más o menos iguales dentro de nuestras cuatro paredes. 

  • Los neuroderechos

    Germán Burgos

    21 de febrero del 2020

    Ph.D. Ex Investigador ILSA. Profesor universitario.

    Los derechos subjetivos, es decir aquellas facultades juridizadas de hacer, no hacer o acceder a ciertos bienes y servicios, no solamente se pueden concebir como modernos en su origen, sino que igualmente están asociados, entre otros, tanto a las luchas sociales, como a las transformaciones tecnológicas. Las libertades individuales de las que hoy gozamos al menos formalmente han sido el producto de revoluciones burguesas, pero igualmente de procesos de democratización y modernización que comprometen a actores en pugna. Por su parte, los cambios tecnológicos, que no se pueden desligar de las luchas sociales, están tras los derechos laborales como también respecto al hoy conocido como derecho al olvido, predicado frente a cierta información personal presente en la red. Ahora, y en este último plano, nos enfrentamos a los llamados por algunos, “neuroderechos”.

    El tema en mención es parte de la respuesta de algunos expertos a lo que hoy es tecnológicamente posible y que corresponde al acceso y al control del pensamiento de las personas a través de diversas tecnologías. Según el diario El País, de España, se ha logrado transmitir la expresión “hola” entre los cerebros de dos personas ubicadas a más de 7.000 kilómetros, por medio de impulsos eléctricos. Se han recreado imágenes de lo que alguien observa a través de sus ondas cerebrales y de manera similar se ha logrado leer en el cerebro de algunos las palabras cuchara y teléfono cuando se les pedía pensar en ellas. Hoy existen diademas que, colocadas en la cabeza de alguien, permiten registrar lo que pasa en su cerebro y están siendo utilizadas para determinar el nivel de concentración de los estudiantes o de estrés, como es el caso de los chóferes de buses públicos en China. Según Rafel Yuste, profesor en Columbia, “el nuevo iPhone va a ser una interfaz cerebro-computadora no invasiva”. Facebook y Microsoft desarrollan sus propios proyectos, paralelos a los que están en construcción por la industria militar estadounidense y el gobierno chino. Como producto de lo anterior, ya se habla de una especie de “neurocapitalismo”.

    Obviamente, este tipo de situaciones tiene claros impactos, entre otros, en los ámbitos de la privacidad y libertades individuales. En efecto, aunque suene a ciencia ficción, hoy sería posible conocer qué estamos pensando o sintiendo y, por tanto, igualmente, viable enmarcar nuestro comportamiento de una u otra forma. Ya no se trata solo del viejo esquema del marketing y la sicología según el cual los humanos podemos ser clasificados según ciertas tipologías y/o traumas que permiten predecir y encauzar nuestro comportamiento. Se trataría de poder estar en nuestro cerebro, leerlo y controlarlo en formas múltiples.

    Es por ello que desde el seno de los neurocientíficos vinculados a este proceso, ha surgido la idea de generar los llamados neuroderechos, dirigidos a proteger bienes como la privacidad y la libertad arriba indicados. En tal sentido, se han enunciado como tales los siguientes: (i) derecho a la identidad personal ante la posibilidad de que los algoritmos sean los que tomen las decisiones y el yo de los individuos y sus diferencias se haga más que nebuloso. (ii) Derecho a la libertad individual en la medida en que herramientas externas pueden interferir en nuestros ámbitos de decisión. (iii) Derecho a la privacidad mental ante la posibilidad de que la neurotecnología recopile tal cantidad de datos sobre nuestro cerebro de manera tal que sea capaz de “imaginar” nuestros pensamientos. (iv) Derecho al acceso equitativo, lo cual indica que estas nuevas tecnologías traen oportunidades para los humanos, pero que las mismas no serán accesibles de forma igualitaria. (vi) Derecho a protección contra sesgos, dado que los programas y algoritmos son alimentados por humanos que tienen sesgos de diverso tipo, estos se reproducen de manera generalizada a través de estos sistemas que cada vez adquieren más autonomía.

    Como puede verse, en el creciente marco de la explosión de derechos antes no previstos como los de la naturaleza, los animales etc., se incorporan ahora los antes descritos. Al respecto, se plantea que Chile sería el primer país en incorporarlos a su Constitución en el planeado contexto de reforma de la misma, mientras en España se viene hablando de incluirlos de alguna forma en la estrategia para la inteligencia artificial.