María Eugenia Ramírez Brisneda
Cada 8 de marzo, en Colombia y el mundo, las mujeres volvemos a las calles no por tradición, sino por necesidad. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora nace de las luchas obreras y feministas de inicios del siglo XX, impulsadas por lideresas como Clara Zetkin y se consolida tras las huelgas de obreras rusas en 1917. Desde 1975, cuando la Organización de las Naciones Unidas institucionalizó la fecha, el 8M es una jornada de memoria y exigencia: recordamos que nuestros derechos no son concesiones simbólicas, sino obligaciones del Estado y de la sociedad.
En Colombia, las razones persisten. Las brechas laborales continúan siendo estructurales: las mujeres enfrentamos mayores tasas de desempleo y menor participación en el mercado laboral. En 2025, la tasa de desocupación femenina se ubicó alrededor del 11,1 %, frente al 7,1 % de los hombres, una brecha cercana a 4 puntos porcentuales. Además, la participación laboral femenina sigue siendo significativamente menor: mientras 76,6 % de los hombres participan en el mercado laboral, solo el 53,7 % de las mujeres lo hacen.
La precariedad también está marcada por la informalidad. En Colombia, más del 55 % de las personas ocupadas trabajan en condiciones de informalidad, lo que implica ausencia de estabilidad laboral, seguridad social y protección efectiva de derechos. Esta realidad afecta especialmente a las mujeres, que se concentran en sectores de baja remuneración y alta inestabilidad laboral.
A estas desigualdades se suma la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que limita la autonomía económica de las mujeres. Las mujeres en Colombia dedican en promedio 7 horas y 44 minutos diarios al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los hombres dedican 3 horas y 6 minutos, más del doble de tiempo. Esta carga desigual reduce las oportunidades de empleo, ingresos y desarrollo profesional.
La desigualdad económica también se refleja en los ingresos. En promedio, las mujeres en Colombia ganan entre un 10 % y un 20 % menos que los hombres, dependiendo del sector y el nivel educativo. Además, la pobreza tiene un rostro femenino: los hogares con jefatura femenina presentan mayores tasas de pobreza monetaria y mayor vulnerabilidad económica.
A la precariedad económica se suma la violencia machista. Los feminicidios, las desapariciones de mujeres y las agresiones en el espacio público continúan arrebatando vidas y restringiendo libertades. Solo entre enero y octubre de 2024 se registraron 745 feminicidios en el país, según reportes de la Defensoría del Pueblo.
Las violencias también se expresan en el ámbito familiar y sexual. Cada año miles de mujeres denuncian agresiones. En 2024 se registraron más de 17.000 denuncias por delitos sexuales contra mujeres, y la mayoría de las víctimas fueron niñas y adolescentes.
Persisten además las violencias en el hogar, en el trabajo, en la academia, en la política y en contextos de conflicto armado. Muchas mujeres siguen denunciando con miedo a la revictimización y enfrentando barreras para acceder a la justicia.
El 8M es, por tanto, una jornada de movilización y exigencia democrática. Marchamos por trabajo digno, por autonomía económica, por el reconocimiento del cuidado, por el derecho a habitar el espacio público sin miedo y por una vida libre de violencias.
Porque mientras exista una mujer sin ingresos propios, una contratista sin garantías, una víctima de feminicidio, una desaparecida o una niña violentada, el 8 de marzo seguirá siendo un llamado colectivo a la acción.