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Autor: ILSA
8 – Filosofía de la historia, liberación y derechos humanos
5 – El derecho que nace del pueblo y el iusnaturalismo histórico analógico
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4 – Transformación analéctica del sistema de derecho y la materialidad del campo jurídico
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3 – Praxis de liberación y función liberadora de la filosofía
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7 – Pluralismo jurídico en el horizonte de la liberación: delimitaciones teóricas
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6 – Intersubjetividad crítica y sujeto vivo de derechos humanos
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1 – Fundamentos del pensamiento crítico en América Latina: un estudio de la Filosofía Liberación
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El nuevo gobierno y las expectativas de protección de los derechos humanos

Consuelo Quattrocchi Las últimas elecciones presidenciales vieron la victoria de Gustavo Petro Urrego, economista, Senador, exalcalde de Bogotá y excombatiente del grupo guerrillero M-19, quien ejercerá su mandato en el período 2022 – 2026. Su triunfo acompañado de la vicepresidencia de Francia Márquez Mina, abogada, activista, feminista y afrodescendiente, que en 2018 ganó el prestigioso premio Goldman de medio ambiente, fue especialmente deseada por los colombianos que la recibieron con numerosas manifestaciones, en calles y plazas, de júbilo y alegría, algo inédito en una elección presidencial en el país. Las expectativas son muy altas y contienen toda la esperanza de una Colombia que confía en el cambio. Muchos de los temas a revisar conciernen precisamente al sector de la protección de los derechos humanos. A continuación, se plantean algunos.
En materia de justicia, hay al menos tres temas de primer orden en los cuales trabajar.
Desde el punto de vista socioeconómico, será importante retomar el tema de la tributación de las bebidas azucaradas y el de la equidad alimentaria para garantizar estándares de calidad de vida y salud que respeten la dignidad humana.
En cuanto al sector tributario, es primordial que los recursos públicos estén regulados por políticas de transparencia y sostenibilidad.
Finalmente, es fundamental que la justicia transicional asegure que quienes cometen delitos sean llevados ante los tribunales y que se protejan los derechos de las víctimas. Esto es clave en un proceso de construcción de paz y justicia en el que será necesario garantizar la convivencia pacífica dentro del territorio mediante la implementación de políticas dirigidas a escuchar a las comunidades locales.
Será importante dar seguimiento a la reforma rural integral y aplicar las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales que llama a los estados a “respetar, proteger y satisfacer los derechos de los campesinos y otros trabajadores en las zonas rurales [e] intervenir a nivel legislativo, administrativo y otros ámbitos con el fin de lograr progresivamente la plena realización de derechos contenidos en la Declaración que usted no se puede garantizar de inmediato”. Los pueblos indígenas y las comunidades locales que trabajan la tierra también entran en esta categoría. Estrechamente relacionado con este tema está la gestión, protección y sostenibilidad del medio ambiente, que es objeto de numerosos acuerdos internacionales. La mencionada declaración, por ejemplo, establece en el artículo 5:
1) Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienenderecho a acceder a los recursos naturales presentes en su comunidad que seannecesarios para gozar de condiciones de vida adecuadas, y a utilizarlos de manera sostenible, de conformidad con el artículo 28 de la presente Declaración. También tienen derecho a participar en la gestión de esos recursos.
2) Los Estados adoptarán medidas para que toda explotación que afecte a losrecursos naturales que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonasrurales mantengan o utilicen tradicionalmente solo sea autorizada si, como mínimo:
a) Se ha realizado una evaluación del impacto social y ambiental;
b) Se han celebrado consultas de buena fe de conformidad con el artículo 2,párrafo 3, de la presente Declaración;
c) Se han establecido las modalidades para repartir de manera justa y equitativalos beneficios de la explotación de común acuerdo entre quienes explotan los recursosnaturales y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.
Además, en septiembre de 2021 se identificó la ambiciosa agenda sobre medio ambiente, cambio climático, resiliencia y biodiversidad como una de las cinco prioridades en el memorando de entendimiento acordado con la Unión Europea.
Evidentemente, la protección de la mujer no puede quedar excluida de la protección de los derechos humanos. La tutela y protección de la mujer es un tema muy complejo y delicado ya que en él conviven diferentes problemáticas. De hecho, incluye la cuestión de la igualdad de género a la que se vincula el problema de la representación igualitaria en los puestos y roles definitivos clave. Luego está el grave e importante problema ligado al tema de la violencia intrafamiliar, una plaga que azota a todo el mundo, pero en particular a Colombia. A pesar de algunas intervenciones importantes como la creación de las Casas de Justicia, es primordial fortalecer estas intervenciones también experimentando con nuevos modelos extrajudiciales importados de algunos contextos legales europeos como el austriaco.
Habrá que abordar también la cuestión relativa al problema de las drogas ilícitas. La política debe apoyar la jurisprudencia creada sobre el tema por la Corte Constitucional, dirigiéndose a la contención de daños y a la promoción de la sustitución, en lugar de a la erradicación de cultivos ilícitos por aspersión aérea o manual de glifosato. La Corte Constitucional con una decisión histórica en efecto ha precisado que: “se desconoció el derecho a la participación de las comunidades campesinas residentes en los municipios donde eventualmente se implementará el programa” y ordenó a la Policía y al Ministerio del Interior “abrir un juicio de consulta previa con las comunidades étnicas”.
Se tendrá que dar seguimiento y vigilancia a lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz sobre la defensa de la seguridad de la vida humana, especialmente en lo que se refiere a los líderes y lideresas sociales, quienes han padecido el recrudecimiento de la violencia. Se recordará, por ejemplo, el asesinato que conmocionó a la opinión pública colombiana hace unos meses de Breiner David Cucuñame, un activista ambiental de 14 años perteneciente a la comunidad indígena Nasa. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2021, “documentó homicidios y ataques de defensores en 28 de los 32 departamentos del país”. Por su parte, el informe de Global Witness del pasado mes de septiembre, según el cual las víctimas más frecuentes de los enfrentamientos entre movimientos armados y civiles son principalmente líderes sociales y medioambientales. Los datos reportados en el informe aclaran que en 2020 Colombia fue el país con mayor número de asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente, muchas veces víctimas también de delitos como desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y amenazas. Los activistas son en su mayoría exponentes de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, quienes siempre se han comprometido a proteger los territorios que habitan de las incursiones de grupos armados de diversa procedencia. Obviamente, esto tiende a hacer más vulnerables a estas categorías, lo cual es fundamental tener en cuenta al analizar el panorama colombiano y las violaciones a los derechos humanos que afectan al país desde hace mucho tiempo. Por ello es muy importante trabajar en la superación de las discriminaciones y desigualdades étnico-sociales y en la consolidación material de la autonomía territorial de los pueblos indígenas, especialmente en la conformación de las entidades territoriales indígenas como entidades político-administrativas, según lo establecido en la Constitución.
También será una prioridad combatir la corrupción con transparencia.
Este mandato dado a Gustavo Petro y Francia Márquez es un hecho inédito en la democracia y la historia republicana del país, y, sobre todo, traza un camino de esperanza en el corazón de los colombianos y se espera que represente un nuevo punto de partida para la protección de los derechos humanos.
La contracción de occidente

Boaventura de Sousa Santos Traducción de Bryan Vargas Reyes
Lo que los occidentales llaman Occidente o civilización occidental es un espacio geopolítico que surgió en el siglo XVI y se expandió de manera continuada hasta el siglo XX. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, alrededor del 90% del globo terrestre era occidental o estaba dominado por Occidente: Europa, Rusia, las Américas, África, Oceanía y gran parte de Asia (con excepciones parciales de Japón y China). A partir de entonces Occidente comenzó a contraerse: primero con la Revolución rusa de 1917 y el surgimiento del bloque soviético; luego, a partir de mediados de siglo, con la Revolución china y los movimientos de descolonización. El espacio terrestre (y poco después, el extraterrestre) se convirtió en un campo de intensa disputa. Entretanto, lo que los occidentales entendían por Occidente se fue modificando. Comenzó como cristianismo, colonialismo, luego capitalismo e imperialismo, para irse metamorfoseando en democracia, derechos humanos, descolonización, autodeterminación, “relaciones internacionales basadas en reglas” –siempre dejando claro que las reglas las establecía Occidente y solo se cumplían cuando servían a sus intereses– y, finalmente, en globalización.
A mediados del siglo pasado, Occidente se había reducido tanto que un conjunto de países recién independizados tomó la decisión de no alinearse ni con Occidente ni con el bloque que había surgido como su rival, el bloque soviético. Así, de 1955 a 1961, se creó el Movimiento de Países No Alineados. Con el fin del bloque soviético en 1991, Occidente pareció atravesar un periodo de entusiasta expansión. Fue el tiempo de Gorbachov y su deseo de que Rusia pasara a formar parte de la “casa común” de Europa, con el apoyo del presidente Bush padre, un deseo reafirmado por Putin cuando asumió el poder. Fue un periodo histórico corto, y los acontecimientos recientes muestran que, sin embargo, el “tamaño” de Occidente ha sufrido una drástica contracción. A raíz de la guerra de Ucrania, Occidente, por iniciativa propia, decidió que solo serían occidentales quienes aplicaran sanciones a Rusia. Actualmente son alrededor del 21% de los países miembros de la ONU, que es menos del 15% de la población mundial. Si continúa por este camino, Occidente podría incluso desaparecer. Surgen varias preguntas.
¿La contracción es decadencia? Se puede pensar que la contracción de Occidente le favorece porque le permite centrarse en objetivos más realistas con más intensidad. Una lectura atenta de los estrategas del país hegemónico de Occidente, Estados Unidos, muestra, por el contrario, que, sin darse cuenta aparentemente de la flagrante contracción, manifiesta una ambición ilimitada. Con la misma facilidad con la que esperan poder reducir a Rusia (la mayor potencia nuclear) a una ruina o a un Estado vasallo, esperan neutralizar a China (en camino de ser la primera economía mundial) y provocar pronto una guerra en Taiwán (similar a la de Ucrania) con ese propósito. Por otro lado, la historia de los imperios muestra que la contracción va de la mano con la decadencia y que esta es irreversible e implica mucho sufrimiento humano.
En la etapa actual, las manifestaciones de debilidad son paralelas a las de la fuerza, lo que vuelve el análisis muy difícil. Dos ejemplos en contraste. Estados Unidos es la mayor potencia militar mundial (aunque no ha ganado ninguna guerra desde 1945), con bases militares en, al menos, 80 países. Un caso extremo de dominación es su presencia en Ghana donde, por acuerdos establecidos en 2018, Estados Unidos utiliza el aeropuerto de Acra sin ningún tipo de control o inspección, los soldados estadounidenses ni siquiera necesitan pasaporte para entrar en el país y gozan de inmunidad extraterritorial, es decir, si cometieran algún crimen, por grave que sea, no pueden ser juzgados por los tribunales de Ghana. Por el contrario, las miles de sanciones a Rusia están, por ahora, haciendo más daño en el mundo occidental que en el espacio geopolítico que Occidente está construyendo como no occidental. Las monedas de los que parecen estar ganando la guerra son las que están más devaluadas. La inflación y la recesión que se avecina llevan al CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, a decir que se aproxima un huracán.
¿Es la contracción una pérdida de cohesión interna? La contracción en realidad puede significar más cohesión, y esto es claramente visible. El liderazgo de la Unión Europea, es decir, la Comisión, ha estado en los últimos veinte años mucho más alineado con los Estados Unidos que los países que forman la Unión. Se vio con el giro neoliberal y el apoyo entusiasta a la invasión de Irak por parte de Durão Barroso y lo vemos ahora con Ursula von der Leyen transformada en subsecretaria de defensa de Estados Unidos. Lo cierto es que esta cohesión, si es eficaz en la producción de políticas, puede ser desastrosa en la gestión de sus consecuencias. Europa es un espacio geopolítico que desde el siglo XVI vive de los recursos de otros países que directa o indirectamente domina y a los que impone un intercambio desigual. Nada de esto es posible cuando el socio es Estados Unidos o sus aliados. Además, la cohesión está hecha de incoherencias: al fin y al cabo, ¿Rusia es el país con un PIB inferior al de muchos países europeos, o es una potencia que quiere invadir Europa, una amenaza global que solo se puede frenar con una inversión que ya ronda los 10 mil millones de dólares en armas y seguridad por parte de Estados Unidos en un país lejano del cual quedará poco si la guerra continúa por mucho tiempo?
¿La contracción ocurre por razones internas o externas? La literatura sobre la decadencia y el fin de los imperios muestra que, salvo casos excepcionales en los que los imperios son destruidos por fuerzas externas –como los imperios azteca e inca con la llegada de los conquistadores españoles–, generalmente dominan los factores internos, aunque el declive pueda ser precipitado por factores externos. Es difícil desentrañar lo interno de lo externo, y la identificación específica es siempre más ideológica que otra cosa. Por ejemplo, en 1964 el conocido filósofo conservador estadounidense James Burnham publicó un libro titulado El suicidio de Occidente. Según él, el liberalismo, entonces dominante en Estados Unidos, fue la ideología de este declive. Para los liberales de la época, el liberalismo era, por el contrario, la ideología que permitiría una nueva hegemonía mundial a Occidente, más pacífica y más justa. Hoy, el liberalismo murió en Estados Unidos (domina el neoliberalismo, que es su opuesto) e incluso los conservadores de la vieja guardia han sido totalmente superados por los neoconservadores. Es por eso que Henry Kissinger (para muchos, un criminal de guerra) incomodó a los prosélitos antirrusos al pedir conversaciones de paz en Davos. Sea como fuere, la guerra de Ucrania es el gran acelerador de la contracción de Occidente. Está surgiendo una nueva generación de países no alineados, de hecho alineados con la potencia que Occidente quiere aislar: China. Los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, el Foro Económico Euroasiático son, entre otras, las nuevas caras de no-Occidente.
¿Qué viene después? No lo sabemos. Tan difícil es imaginar Occidente como un espacio subalterno en el contexto mundial como imaginarlo en una relación igualitaria y pacífica con otros espacios geopolíticos. Sólo sabemos que para quienes gobiernan Occidente cualquiera de estas hipótesis es imposible o, si cabe, apocalíptica. Por ello se han multiplicado las reuniones en los últimos meses, desde el Foro Económico de Davos (mayo) hasta la más reciente reunión del grupo Bilderberg (junio). En esta última, de los 14 temas, siete tuvieron que ver directamente con los rivales de Occidente. Descubriremos lo que discutieron y decidieron siguiendo de cerca las portadas de The Economist durante los próximos meses.
Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez. Texto enviado a Other News por la oficina del autor
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*Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial.

Revisitando la consulta y el consentimiento libre, previo e informado

Freddy Ordóñez Gómez Freddy Ordóñez Gómez
Presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM)
Twitter: @Freddy_Ordonez
En Colombia, un país con 115 pueblos indígenas, entre enero del 2019 y noviembre del 2021, se demandó el derecho a la consulta previa en 355 acciones de tutela. Aunque sobre este derecho y el consentimiento libre, previo e informado se han escrito importantes textos académicos y herramientas pedagógicas, es necesario volver a abordarlo y hacer algunas exposiciones que puedan contribuir con elementos para su garantía y para superar el colonialismo jurídico, por lo que se presentan, a continuación, tres puntos para la discusión.
En primer lugar, sobre la consulta previa se ha reafirmado su condición de derecho fundamental de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas con fuente en el Convenio 169 de la OIT, así como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá es imperativo recordar que este derecho y el consentimiento libre, previo e informado tienen las fuentes indicadas, pero también instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como son pactos, resoluciones, declaraciones, jurisprudencia y doctrina internacional autorizada, que tiene como punto de partida, según Victoria Tauli Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (2014-2020), “la evaluación de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas que estarían en juego”. Al ser un tema de derechos, no puede entenderse la consulta como una acción puntual o un trámite parte de un checklist, sino que debe comprenderse como un proceso continuo, que, en algunos casos debido al impacto en derechos, demanda la necesidad, subraya la Relatora, de “celebrar consultas y obtener el consentimiento en diferentes etapas que van desde la evaluación del impacto hasta la exploración, la producción y el cierre del proyecto”.
Al ser la consulta un derecho fundamental y el consentimiento libre, previo e informado una norma de derechos humanos, en su garantía se deben considerar los principios de progresividad y prohibición de regresividad, por lo que, de acuerdo con Tauli Corpuz, “la obtención del consentimiento libre, previo e informado debe entenderse como el objetivo de las consultas y como una obligación en los casos de repercusiones importantes en los derechos de los pueblos indígenas”.
En segundo lugar, hay una fuerte tendencia en el escenario nacional a relacionar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado con el derecho a la participación, reduciendo la trascendencia que en su base tienen otros derechos. Por ejemplo, en la Sentencia SU-123 de 2018 de la Corte Constitucional, se expone la escala de participación de los pueblos a partir del grado de afectación: “La participación de la colectividad en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos, el derecho a la consulta previa o la necesidad de la obtención del consentimiento previo libre e informado”, según corresponda a una afectación indirecta, una afectación directa o a una directa intensa.
Si bien es interesante la configuración desde la afectación y la participación, es importante reconocer la raíz que tiene en los derechos a la libre determinación y a no ser objeto de discriminación racial, tal como lo reseña el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para el cual los principios del derecho a la libre determinación se hallan “en el movimiento de descolonización, [y obedecen] al propósito de que las naciones y los pueblos subyugados pudiesen recuperar su autonomía, decidir su propio destino, tomar decisiones por sí mismos y controlar sus recursos”. Así, el consentimiento libre, previo e informado es la posibilidad de llevar a la práctica “el derecho a la libre determinación teniendo en cuenta la situación histórica, cultural y social especial de los pueblos indígenas”, buscando desmantelar las bases estructurales y sistémicas de la discriminación racial contra estos pueblos. De allí que el consentimiento libre, previo e informado no debe ser reducido a una forma participativa excepcional y debe permitir el rechazo a las iniciativas consultadas.
Y, en tercer lugar, que las consultas se adelanten a través de instituciones representativas y de conformidad con sus propios procedimientos, lleva a pensar en la necesidad de fortalecer los protocolos comunitarios de consulta y consentimiento libre, previo e informado, los cuales son instrumentos creados por los propios pueblos en los que se establece cómo, cuándo, dónde, por qué y con quién se deben adelantar los procesos bilaterales de consulta. En este orden, es expresión de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno, a sus propias instituciones y a participar plenamente.
Entender la consulta y el consentimiento libre, previo e informado desde el discurso de los derechos, incluyendo los principios de efectividad progresiva y no regresión; cuya base se encuentra en múltiples derechos, como la libre determinación y no discriminación, y potenciar los protocolos comunitarios, son aspectos que pueden contribuir a superar las miradas limitadas y coloniales sobre la consulta y los derechos de los pueblos indígenas.




