Ph.D. Investigador ILSA. Profesor universitario.
Como parte de sus críticas al llamado proyecto de reforma constitucional para el equilibrio de poderes, el Consejo de Estado, mediante comunicado leído por su presidenta encargada, exhortó a invitar “al relator especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas a acompañar las fases que siguen del proyecto de reforma en el debate parlamentario y en los demás escenarios de participación”.
Este llamado, sustantivamente pertinente, puede verse inicialmente como parte de un proceso más amplio de internacionalización de las altas cortes de justicia, hoy muy en boga en el concierto de Estados. En efecto, actualmente es normal que las jerarquías judiciales se reúnan en congresos internacionales con sus pares; emitan declaraciones sobre diversos temas; intercambien experiencias; tengan oficinas de relaciones internacionales y, en otros planos, intercambien jurisprudencia. Este tipo de fenómenos han sido identificados como formas específicas y nuevas de globalización del derecho y/o de diplomacia alterna o paradiplomacia, es decir, ya no centrada en el accionar del Ejecutivo.
La exhortación directa por parte del Consejo de Estado a la relatoría de la ONU sería expresión parcial de dicha diplomacia alterna, pues si bien se reconoce que la presencia de la relatora pasa por la invitación del poder Ejecutivo, el comunicado emitido es un llamado directo a las Naciones Unidas para que tenga en cuenta la situación colombiana. En otros términos, de cierta forma es un objetivo del Consejo de Estado internacionalizar la discusión sobre una reforma constitucional que afecta al poder Judicial, al margen de que el Gobierno invite o no a la relatora.
En un contexto donde la separación entre lo interno y lo externo se desdibuja cada vez más, la petición de la alta corte contencioso-administrativa, no deja de tener algunos inconvenientes o dificultades. Como ya se anotó, cualquier intervención de la ONU está supeditada a lo que diga el Gobierno al respecto. De otra parte, no se ve claro cómo se puede producir un acompañamiento frente a un proyecto que ya está muy avanzado en cuanto a sus debates y está a punto de cerrarse de manera lapidaria en pocas semanas.
Ahora bien, en el hipotético caso de que lo anterior pudiera solventarse, la pregunta que surge es si dentro de las funciones de la relatoría para la independencia judicial cabría una tarea de acompañamiento. De acuerdo con la Resolución 17/2 del Consejo de Derechos Humanos, por la cual se extiende el mandato de la actual relatora, la señora Gabriela Knaul, se recuerdan las funciones de esta instancia. Las mismas incluyen recibir denuncias por atentados puntuales a la independencia y, además, “con el objeto de formular propuestas, las cuestiones de principio y de actualidad con miras a proteger y fortalecer la independencia de la judicatura, de los abogados y de los funcionarios judiciales”. Parece claro que dentro de esta función cabría el accionar esperado por el Consejo de Estado.
Con todo, por las razones antes invocadas, considero que el llamado aquí comentado es más un canto a la bandera cuya viabilidad práctica es muy difícil, pero cuyo simbolismo político internacional puede ser importante. Hoy por hoy, el derecho internacional es un campo de lucha, donde se juegan estrategias de legitimación-deslegitimación entre diversos actores. Para nuestro caso de análisis, el Consejo de Estado, seguramente con algunas buenas razones, busca deslegitimar internacionalmente el proyecto de reforma constitucional que afecta al Judicial aduciendo que cuestiona normas que buscan ser defendidas por la relatora especial. En este caso, el Gobierno no se funda en una legitimidad internacional, como cuando sustenta ajustes legales en estudios del Banco Mundial o la OCDE, sino en la legitimidad de sus mayorías en el Congreso. En últimas, el derecho internacional, en este caso blando vía la relatoría especial, busca convertirse en árbitro de los poderes del Estado en pugna, el Judicial en contra de la reforma y el Ejecutivo y el Legislativo a su favor. Como puede verse, el Estado está más que fragmentado a su interior.
Los procesos de globalización pueden entenderse como multidimensionales e incluyen lo económico, político, cultural y jurídico. Con todo, identificar algo como global conlleva admitir que estamos en presencia de aquellas situaciones que operan espacialmente más allá del territorio nacional y que progresivamente lo hacen en tiempos más cortos, hasta el punto de que, vía la internet y otras plataformas de comunicación, hoy es posible actuar transnacionalmente en tiempo real.
En el ámbito económico es donde lo anterior parece más que claro, al menos parcialmente, pues hoy se transfiere capital, se cotiza en bolsa, se compra, se vende, se especula etc., a lo largo y ancho del globo, durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Con todo, ¿cómo se ha regulado jurídicamente este campo creciente de la globalización económica?
La regulación a este nivel es la suma no pacífica de normas de derecho nacional, internacional y propiamente global, generado pública y privadamente. Por tanto, para entender este entramado no podemos restringir lo jurídico al marco de lo producido por los Estados interna o externamente y, adicionalmente, debemos romper con la idea de la coherencia interna de un determinado ordenamiento jurídico.
Para la globalización económica, las normas nacionales en áreas como los derechos de propiedad, el medio ambiente y los asuntos tributarios y laborales son centrales. Lo que se puede visualizar, de una parte, es cómo se ha presionado la armonización de las regulaciones nacionales sobre dinámicas a veces contrapuestas. Así, se buscan menos y más flexibles normas laborales, ambientales y tributarias, pero, del otro lado, se presionan mayores garantías para los derechos de propiedad. Obviamente, dichas pretensiones se ven afectas por resistencias de diverso tipo.
Por su parte, el derecho internacional ha pretendido regular aspectos de esta globalización, especialmente por la vía de los acuerdos de libre comercio y de inversión, los cuales hoy tienen un cariz más bilateral que multilateral. Según Alberto Carrasquilla, en el mundo se han firmado más de 550 tratados de libre comercio. De igual forma, el FMI y el Banco Mundial, como parte del derecho internacional de la posguerra, se han reconvertido en apalancadores de reformas a la legislación interna de los países, haciendo un tándem legislador con la OCDE y la OMC.
En este contexto del derecho internacional regulador de la globalización económica, no es sin embargo clara la forma de regular el excesivo endeudamiento de los Estados y sus efectos múltiples. Este es un tema que, vía un derecho blando, se le ha dejado al FMI y al Banco Mundial, pero que al final de cuentas está sujeto más a negociaciones políticas y económicas nacionales e internacionales, como ocurrió con los recientes default de Argentina y Grecia respecto de sus acreedores.
Algo similar pasa con la regulación del accionar de las multinacionales, las cuales siguen teniendo un marco de regulación nacional, a pesar de su accionar global. Los grandes conglomerados siguen sujetos al cada vez más armonizado y débil derecho nacional de algunos Estados y no se les reconoce subjetividad internacional para estar sujetos al Derecho Internacional Público, salvo cuando se les admite la posibilidad de demandar a los Estados ante el CIADI u otros órganos arbitrales. En últimas, el Derecho Internacional regula algunas dimensiones de la globalización para promoverla, pero deja otras desreguladas, lo que en el fondo significa dar el poder de autorregulación a los mismos actores de aquella.
En efecto, es en este último terreno que surge lo que algunos han denominado el derecho global de la economía. Se trata de las diversas formas en que ciertos actores generan su propio derecho, para generar cierta responsabilidad, prever situaciones críticas de algunos flujos económicos, establecer responsabilidades, plantear límites o referentes. Las mismas estarían representadas, entre otros, en los contratos modelos generados por las firmas de abogados transnacionales para sus clientes, en los códigos de conducta con que se busca regir las cadenas productivas transnacionales, en los precedentes sentados por los órganos arbitrales privados globales y en ciertas prácticas no escritas aceptadas por los actores y basadas en la confianza y la reciprocidad.
En suma, la regulación jurídica de la globalización económica, al menos en su dimensión potenciadora, es la suma del derecho interno, del derecho internacional y del derecho global, en buena parte privado. Entre estos niveles se dan múltiples relaciones, las cuales, en algunos casos, son de complementariedad y, en muchos, de tensión. Por tanto, la globalización económica ha estado acompañada de un pluralismo jurídico cada vez más contundente.
El Estado venezolano, a través de distintas instancias, ha expresado su rechazo a las medidas tomadas por EE UU contra algunos miembros de su gobierno y fuerzas armadas, y ha declarado que violan el Derecho Internacional, en particular el principio de no intervención reconocido en varias resoluciones de las Naciones Unidas y considerado costumbre internacional. En el inevitable marco político en que ocurre lo anterior, surge la pregunta de hasta qué punto existe una violación al Derecho Internacional Público (DIP) y en qué términos.
De un lado, el gobierno de EE UU, con base en la Ley 1701 (Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia, expresión esta que denota un sentido de extraterritorialidad legal controvertible) ha declarado a Venezuela una amenaza para aquel país y, por tanto, ha reforzado cierto tipo de medidas especialmente dirigidas a dignatarios de Estado y sus bienes.
Una primera lectura desde ciertas normas del DIP nos diría que este tipo de normativa aparecería como contraria a la Carta de la ONU y, en particular, a su invocación a la solución pacífica de las controversias, antes que al uso de sanciones unilaterales. La violación al principio de no intervención aparece como algo más compleja, si tenemos en cuenta que doctrinalmente se considera que una intervención inaceptable es aquella dirigida por un Estado con el fin de variar determinado tipo de políticas, teniendo la idoneidad para ello. Con todo, parece claro que la idea de EE UU es afectar ciertas políticas, especialmente respecto de situaciones de derecho humanos.
Pero, en efecto, es en este último aspecto que la acción del gobierno estadounidense adquiere otro cariz. Dado que los derechos humanos se consideran un tema parcialmente de jus cogens y adicionalmente su alcance es del tipo erga omnes, es decir exigible a cualquier Estado, cualquiera de estos está habilitado, consuetudinariamente, para exigir y presionar a otros Estados a cumplir sus compromisos en la materia.
En otros términos, entre una de las excepciones al principio de no intervención está el monitoreo, seguimiento y presión unilateral para promover la defensa de los derechos humanos. Esto, con distintas presentaciones, se ha hecho respecto de Siria, Libia, Colombia, Venezuela y, en el pasado, Sur África. Lamentablemente el contexto en que el anterior marco institucional ocurre es el de la desigualdad entre los Estados, de forma tal que las presiones unilaterales tienden a provenir de Estados europeos occidentales y Norteamérica, lo cual, al final, facilita una repolitización del tema.
Finalmente, la respuesta venezolana a la acción estadounidense considerada como intervencionista termina siendo afectada por el mismo mal que dice denunciar. Exigir a través de millones de firmas que un decreto presidencial estadounidense sea derogado claramente tiene la intención de intervenir en lo que, al menos formalmente, son asuntos internos de este país, además de ser inane, aunque políticamente muy rentable.
Lo que procedería en estos casos es que, sea por la vía diplomática o por la búsqueda de un mecanismo de solución de controversias, se ventile la forma de afrontar las violaciones cruzadas al Derecho Internacional. Con todo, políticamente esto no aparece como conveniente a sectores dentro de los dos Estados en conflicto. Por tanto, estamos, al final, en presencia de una especie de juego político de acción y reacción que utiliza retórica y, estratégicamente, el Derecho Internacional como ámbito de legitimación o deslegitimación de ciertos comportamientos. Nuevamente el DIP es subordinado a cierta racionalidad política.
Causa cierta perplejidad que ninguno de los 200 o más Estados hoy existentes en el globo terráqueo haya cuestionado la autodenominación del llamado Estado Islámico. Dada la forma como este tema se ha ubicado en la opinión pública, parece que salvo por sus métodos, este último puede considerarse como un Estado más en el concierto internacional y, por ende, comparable a ellos. Por tanto, ¿es posible hoy hablar del Estado Islámico de Irak y el Levante (EEIL)?
Es claro que el nombre en cuestión es fundamentalmente una autoatribución de los insurgentes sunníes comandados por Abú Bakr al Baghdadi, que luchan armadamente por el control de territorios y población en zonas de Siria e Irak. A pesar de que su intención es reconstruir un califato, estructura política previa al Estado moderno, por razones claramente de estatus e interlocución, se vienen presentando como un Estado y así lo han terminado llamando la mayoría de los medios de comunicación.
Aunque parcialmente la conformación de un Estado pasa por las dinámicas políticas internas de control de territorio y obtención de obediencia por una población, parece claro que al menos a la luz del derecho internacional vigente, no es posible hablar del surgimiento de un Estado por al menos tres razones.
En primer lugar, los insurgentes sunníes están afectando de forma violenta la integridad territorial de dos Estados debidamente reconocidos por buena parte de los Estados existentes e incorporados a un cúmulo de organizaciones internacionales. Por esta vía, se está afectando la soberanía de aquellos, la cual incluye su estructura territorial, que está debidamente reconocida en el art 2,1 de la Carta de la ONU.
Adicionalmente, dada la superioridad jerárquica de las llamadas normas de jus cogens, no es posible aceptar el surgimiento de un Estado que se funde en su afectación sistemática. En concreto, como parte de las normas imperativas están la protección frente a violaciones graves en materia de derechos humanos, expresadas en crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio. Al menos por la forma como la insurgencia en mención ha publicitado las decapitaciones colectivas, el trato a las mujeres, el secuestro masivo de personas, etc., parece claro que su accionar no pretende siquiera regirse por este tipo de normas. Hoy por hoy, y como parte del derecho consuetudinario internacional, no es posible para un Estado reconocer a otro que se ha construido a partir de violaciones organizadas a los derechos de determinadas poblaciones.
Finalmente, a partir de la teoría constitutiva en torno al reconocimiento, un Estado lo es si sus pares debidamente lo confirman de manera tácita o expresa. En otros términos, podríamos hablar de un EEIL, si algún otro Estado lo hubiera ratificado a través de alguna declaración expresa en tal sentido, o solicita el establecimiento de relaciones diplomáticas u otras acciones que permitan deducir el reconocimiento. Según se entiende, esto no ha ocurrido hasta ahora.
En suma y aunque suene técnico, no es posible aceptar tan fácilmente que una organización armada que obtiene el control de personas y territorio a través de violaciones flagrantes al derecho internacional pueda llamarse Estado. Lo anterior a pesar de que en el pasado históricamente muchos de los Estados hoy emblemáticos surgieron de esta manera. Así, desde el derecho internacional debemos diferenciar un Estado de cualquier otra cosa, salvo que al final queramos aceptar que de una u otra forma todos los Estados existentes son finalmente organizaciones fundadas en la violencia y da lo mismo ser un EEIL que un EE UU.
Desde sus inicios, la administración del presidente Iván Duque manifestó su clara intención de promover la erradicación manual forzada y el método de aspersión aérea en zonas con presencia de cultivos de uso ilícito como estrategia central en la definición de la política antidrogas en el país.
Con lo anterior, se distanciaba de lo establecido en los Acuerdos de La Habana, en los que se avanzó en una nueva concepción del tratamiento del problema de las drogas, reconociéndose en lo pactado que las condiciones históricas de pobreza, marginalidad y débil presencia institucional en los territorios han sido condicionantes para que un sector importante de familias y comunidades rurales del país recurriesen al cultivo de los denominados ilícitos como estrategia de subsistencia. La administración actual ha insistido desde entonces en los métodos de erradicación forzada, antes que en el de sustitución voluntaria (PNIS), y reeditado con ello el retorno a la eufemística y fracasada estrategia de guerra contra las drogas que hasta antes del Acuerdo de Paz caracterizó a los sucesivos gobiernos en la definición de la política de lucha contra las drogas en el país.
Como señalamos en nuestra más reciente publicación*, en la que hacemos un balance de los primeros tres años de implementación del PNIS, el Gobierno de Iván Duque, con la expedición en el año 2018 del documento Ruta futuro: Política integral para enfrentar el problema de las drogas, dio por centro a la política antidrogas no la priorización de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito como fue pactado en el Acuerdo, sino la estrategia de erradicación forzada que desde entonces se ha implementado por vía manual mediante los Grupos Móviles de Erradicación (GME), en la que la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que también contempla, no ha sido más que un programa marginal y subordinado a la estrategia de erradicación forzada, en la que la reactivación del método de aspersión aérea en Colombia es pilar fundamental.
La expedición del Decreto 308 del pasado 12 de abril, es un paso más con el que el actual Gobierno busca avanzar en su desmarque de la concepción y del tratamiento al problema de las drogas que fue establecido en el Acuerdo Final, para darle centralidad y predominancia a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, en el marco de la fracasada y muy cuestionada estrategia de guerra contra las drogas en la que con gran insensatez aún insiste.
En reacción al proyecto del Decreto que fue puesto a consideración por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) y el Centro de Pensamiento Amazonía (CEPAM), el pasado mes de marzo y mediante solicitud escrita, conminamos al Gobierno nacional para que en línea con la Constitución Política y el Acto Legislativo 02 de 2017 cumpla de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera**.
En esta oportunidad, y atendiendo a la expedición del Decreto, quisiéramos advertir otro de los aspectos relacionados con la adopción del método de la aspersión aérea como estrategia de erradicación de cultivos de uso ilícito en el país: el de las implicaciones que el eventual inicio del programa de aspersión tendría para las comunidades rurales que en diferentes regiones del país y en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, firmaron acuerdos colectivos de sustitución voluntaria con la entonces Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI), en representación del Gobierno y del Estado colombiano durante la segunda administración de Juan Manuel Santos.
Como bien es sabido, al PNIS están vinculadas actualmente 99.097 familias de 56 municipios y 14 departamento del país en los que existe una significativa presencia de cultivos de uso ilícito, las que manifestaron su voluntad de adelantar procesos de sustitución con el acompañamiento y el compromiso del Estado colombiano. No obstante, es importante señalar que en el programa no están incluidas y reconocidas todas las familias que, por su voluntad, y después de adelantar importantes procesos asamblearios en cada una de sus veredas, firmaron acuerdos colectivos de sustitución voluntaria con el entonces Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, como representante del Estado colombiano.
Para la elaboración del primer informe que fue realizado por la Procuraduría General de la Nación, titulado Sobre el estado de Avance de la Implementación del Acuerdo de Paz, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación reportó que cerca de 130 mil familias habían firmado acuerdos colectivos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito con el Gobierno nacional durante el periodo 2016 – 2019, de las cuales solo 99.907 familias de 56 municipios del país habían sido vinculadas al PNIS mediante la firma final de acuerdos individuales de sustitución.
Sin embargo, meses después, la misma Consejería, en su Informe de Gestión PNIS del 31 de diciembre del año 2020, corrigió la cifra inicial, y señaló que fueron 215.244 familias, ya no de 56 sino de 99 municipios de 14 departamentos del país, las que firmaron acuerdos colectivos duranta ese mismo periodo. Lo que indica que en el marco de la implementación del PNIS, del total de esas 215.244 familias que firmaron acuerdos colectivos de sustitución voluntaria, el 54 %, ubicadas en 43 municipios adicionales, no lograron ser vinculadas formalmente al programa mediante la firma de acuerdos individuales de sustitución. (ver informe, pp. 9-13).
Pero adicional a ello, en el mismo documento, en el que se advierte una deficiente gestión documental, la Alta Consejería reconoce que solo posee archivos de un número de 188.036 familias que firmaron acuerdos colectivos, de las cuales se estima un compromiso de erradicación de 166.774 hectáreas de cultivo; cifra que es muy superior a las 43.711 hectáreas que la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) reporta en su más reciente informe como erradicadas por las 99.907 familias que actualmente hacen parte del programa. Lo que indica que, por vía de la sustitución voluntaria, existían para ese entonces (o existen aún) expectativas de erradicación de cerca de 123.063 hectáreas de cultivos de uso ilícito, adicionales a las 43.711 hectáreas que por vía del PNIS han logrado ser erradicadas durante sus primeros cuatro años de implementación.
Cifras como las anteriormente expuestas, que son claramente conocidas por la Consejería para la Estabilización, permiten argumentar, el despropósito de reanudación de la aspersión aérea como método de erradicación forzada, ya no solo por las afectaciones ambientales y a la salud que han sido ampliamente documentadas y que llevaron a que la Corte Constitucional emitiese mediante la Sentencia T-236 de 2017 la orden de suspensión del programa de fumigación, sino que además evidencian al menos dos aspectos que consideramos como fundamentales:
El claro incumplimiento por parte del Estado colombiano a las 116.147 familias cultivadoras que manifestando su voluntad de hacer parte del PNIS, firmaron acuerdos colectivos de sustitución voluntaria y que actualmente no hacen parte del programa, a pesar de que la Procuraduría General de la Nación, recomendara en el año 2019, en su primer informe sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz la necesaria formulación de “un plan de choque inmediato que permita atender las demandas de la población que manifestó voluntariedad en la sustitución de cultivos y que se está viendo afectada por las fallas de planeación del Programa”. (ver informe, p. 207).
Los graves efectos de la reanudación del programa de aspersión aérea en la ya de por sí deteriorada legitimidad de las instituciones de Gobierno y Estado en aquellos territorios con presencia de cultivos de uso ilícito, en los que estos han constituido parte de la economía local y de subsistencia de la población rural, agravados por el hecho de que las familias con cultivos de uso ilícito que cumplen con las condiciones para hacer parte del PNIS, que firmaron acuerdos colectivos de sustitución, que están ubicadas en 43 municipios diferentes a los que ya hacen parte del programa y que no hacen parte de su focalización, podrán ser objetivo del programa de aspersión aérea, en tanto lo que permite su vinculación al PNIS, es justamente que ellas no sean objeto de penalización ni sometidas a la implementación de erradicación forzada alguna.
El despropósito del Gobierno nacional actual, por promover la reactivación del método de aspersión aérea como parte de su estrategia de erradicación forzada, corre el alto riesgo de deteriorar aún más la legitimidad de las instituciones de Estado no solamente en aquellos territorios en los que las comunidades rurales, con el acompañamiento de sus liderazgos locales decidieron firmar acuerdos colectivos de sustitución voluntaria y hacer parte de la estrategia de transformación estructural y de construcción de paz en sus propios territorios; sino que además envía un mensaje hostil a las familias cultivadoras que no hicieron parte de la firma de este tipo de acuerdos pero que aún pueden tener expectativas en hacer parte del PNIS, en zonas en las que la presencia del Estado es mirada con recelo y que históricamente se ha mantenido entre la desconfianza, la sospecha y el entredicho. Y alimentar las ya complejas conflictividades que son características de los territorios con presencia de este tipo de cultivos, que además constituyen la economía de un sector importante de las comunidades rurales que los conforman, corre el riesgo de declaración de guerra contra ellas, que saben bien que el eufemismo con el que durante décadas ha sido promovida la guerra contra las drogas en el país, y en la que el método de aspersión aérea es solo una de sus expresiones, pretende esconder que son el objetivo.
* De los ríos, Edwin (2020). Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito: balance, rediseño y desafíos. Bogotá: ILSA.
El pronunciamiento completo puede ser consultado
Um país, que destitui uma presidente por um simples crime fiscal e não é capaz de destituir um presidente responsável por boa parte de milhares de mortos por falta de assistência ou protecção perante a pandemia, não é uma democracia. Um país, que incorre no mais escandaloso erro judiciário desde o caso Dreyfus (1894-1906) e que, apesar de o reconhecer, não é capaz de tirar todas as consequências, tanto na absolvição da vítima do erro como na condenação dos seus autores, não é uma democracia. Um país, cujo presidente eleito democraticamente celebra a ditadura e elogia a tortura e se mantém no poder apesar de pôr à venda a Amazónia e de se acumularem queixas contra ele nos tribunais internacionais por crimes contra a humanidade, não é uma democracia. Um país, com uma notável capacidade científica e técnico-sanitária instalada que está impedido de a usar por simples obstrução por parte de quem tem o poder e a obsessão de matar e deixar morrer, não é uma democracia. Um país de desenvolvimento intermédio, que deixou capturar os processos eleitorais por uma das classes políticas mais retrógradas e ignorantes do mundo e por média corporativos consabidamente armadores de golpes antidemocráticos ao serviço das elites económicas e financeiras, não é uma democracia. Um país, onde uma mistura tóxica de milícias criminosas e magistrados desvairados perseguem jornalistas livres e independentes e os impedem de exercer a sua missão democrática de informar confiavelmente, não é uma democracia. A ruína da democracia contém sempre a semente da democracia
As dificuldades
Um país com um regime supostamente democrático que não é uma democracia nunca está irremediavelmente condenado a tal contradição. As dificuldades e as possibilidades da reversão quase sempre se equivalem. No actual
contexto brasileiro as dificuldades para que a semente da democracia volte a germinar são três. Primeiro, o país não foi capaz de condenar os golpistas de 1964 e muito menos o terrorismo de Estado de que foram autores. Enquanto não o fizer, quem beneficiou com os golpistas viverá sempre na esperança de que eles voltem para resolver os seus “problemas”. De algum modo, os militares já voltaram, mas, por agora, a realidade do seu regresso ainda não está à medida do fantasma do seu regresso. Segundo, por sua origem colonial o país vive minado por um racismo e por um sexismo classistas que degradam a humanidade dos que vivem excluídos e discriminados e os transforma em seres mais destinados a morrer do que a viver. Daí o fatalismo corrosivo que impede o oprimido de identificar facilmente o opressor. Finalmente, as forças políticas verdadeiramente democráticas – as que servem a democracia em vez de se servirem da democracia – são minoritárias e estão confinadas à esquerda e ao centro esquerda. Confiam demasiado nas instituições, dividem-se em lutas por poder mais ilusório que real e deixaram a mobilização popular nas ruas e nas praças à mercê dos fanáticos religiosos e dos empresários do ódio.
As possibilidades
As possibilidades são sempre mais difíceis de definir porque cada possibilidade, uma vez concretizada, gera outras novas. Vejo três possibilidades que são condições sine-qua-non da reversão. Primeira, a destituição ou renúncia forçada do presidente. Sem ela, a alma do país morrerá mais massivamente que a vida dos brasileiros condenados a morrer injusta e desnecessariamente. Segunda, o STF absolve definitivamente o ex-presidente Lula da Silva e o sistema judicial abandona a deriva autoritária de o neutralizar politicamente a todo o custo. Neste momento, é menos importante que Lula da Silva seja candidato ou seja eleito presidente do que tenha a possibilidade plena de o ser. Terceira, as forças verdadeiramente democráticas convencem-se de que os fascistas estão no patamar da porta e que, se eles entrarem, não distinguirão entre os diferentes partidos que compõem uma possível frente de esquerda. Todos serão proibidos e os seus dirigentes, muito provavelmente presos. É melhor unirem-se agora na defesa da democracia pois amanhã será demasiado tarde.
O pensador e político chileno Manuel Jacques Parraguez afirmou, em um seminário recente na PUCPR, que um dos principais temas a serem discutidos na nova Constituição chilena será o da água. Explicava que a feroz ditadura de Pinochet havia aplicado integralmente o ideário neoliberal de privatizar a água, a tal ponto e tão profundamente que deixou de existir água pública, comum ou de todos. Cada gota d’água passou a ter seu dono que certamente não teria apenas uma gota mas toda a água de uma região, local ou rio. Como a água boa é a que não fica parada, o beneficiário recebeu a propriedade da água que estava ali, da que estava indo embora e da que viria. Pinochet não apenas privatizou a água, também deixaram de ser públicos o ensino, a saúde, a seguridade social e tudo o que pudesse dar algum tipo de lucro para um capital difuso e impessoal, ainda que fosse rua, caminho, remédio ou comida. Tudo segundo leis bem amarradas, culminando com um nó apertado dado pela Constituição de 1980. Com os nós atados no texto constitucional Pinochet não só privatizou a nação, mas estabeleceu regras em nome da liberdade para que o povo do Chile não pudesse dispor livremente de seu destino. Os nós foram apertados em princípios e regras que impedem interpretação diversa, em uma técnica de fazer leis que torna o sistema jurídico incapaz de desatá-los, mesmo hoje, quarenta anos depois. Exatamente o que o liberalismo, o velho, fez quando criou o direito de propriedade individual da terra, ainda antes do século XIX. Mas o povo chileno tentará.
Os donos da água, como qualquer dono de mercadoria, a tem em estoque e vendem quando e para quem melhor lhe convier, pelo preço que desejar. Mas estes donos não são seres humanos com corações, mentes e fígados, capazes de amar, sorrir e sonhar, são números em bolsa de valores, cujos humanos, muito distantes, pouco ou nada sabem das mazelas, maldades ou benefícios de venda, compra ou doação, só sabem ler gráficos de lucros. São capitais ou grupos de capitais na maior parte com nomes de fantasia que invariavelmente revelam apenas uma verdade sobre sua identidade: são sociedades anônimas. Os chamados investidores sabem apenas dos dividendos e lucros. Olham e analisam o balanço, e tem que gostar. Com isso, os camponeses das regiões secas do norte do Chile, sem acesso às águas, não conseguiram mais plantar sequer o alimento da família. Mas não só isso, viram suas terras valiosas, porque produziam, perderem completamente o valor. Então os donos das águas, que as ganharam da complacente Ditatura Pinochet, complacente ao conceder as riquezas do povo, feroz na repressão às reclamações que o mesmo povo fazia, compraram por preço nenhum as terras que, irrigadas, passaram a produzir e valer muito. Ganharam a água e ganharam a terra e ganharam os acionistas. Mas atenção, alertam os novos proprietários em coro com juristas bem pagos: tudo dentro da lei e legitimado pelo contrato livre, de partes iguais e consensuais. Será? Triste teorema de injustiça. Antes o camponês e os indígenas tinham a terra e usavam a água com parcimônia para sobrar aos outros. Por força do Direito e do Estado coloniais corriam o risco de perder a terra para a velha propriedade individual e as perdiam constantemente, mas a luta os movia e as recuperavam aqui ou ali, era uma luta permanente e duríssima, histórica, heroica, com avanços e retrocessos, as vezes chamando de terras ancestrais, as vezes de Reforma Agrária. O Chile já foi exemplo de reforma Agrária, mas isso foi no começo dos anos ‘70. Com a terra e um pouco de água generosamente fornecida para cordilheira e por poços profundos, as gentes viam nascer alimentos, remédios e enfeites. Enquanto há luta há esperança e vida, bastava recuperar um pedaço de terra, porque quem tinha terra, tinha água. Mas os juristas, num passe de mágica, com o poder do processo legislativo e a força das armas, criaram uma lei inovadora, separando em duas propriedades distintas e privadas, a terra e a água. Os que tinham a terra, mas não as queriam vender, dar ou trocar se viram de uma hora para outra sem água, sendo obrigados a pagar por seu uso a novos proprietários distantes e desconhecidos, anônimos, a Companhia. Pagar pela água significava uma sangria em sua renda, passaram a ter que vender parte da própria comida muitas vezes. Conseguir o suado dinheiro era só o começo do problema, os cobradores eram distantes e ávidos e deixaram de ter interesse em vender. No começo relutavam e vendiam cada vez mais caro, depois, deixaram de vender, simplesmente não vendiam, alegando que teriam outro uso, certamente cumprindo a regulamentação estabelecida. O proprietário sabia como não vender e cumprir a lei, afinal ele mesmo a havia concebido e por isso culpava o camponês pela própria sede, alegando a vistosa e enganosa aura de legitimidade que a lei lhe proporcionava. Mas nem eram os proprietários, anônimos, que alegava a culpa do camponês, eram os políticos, economistas, juristas,jornalistas assalariados de Companhias Anônimas irmãs. Passou a sangrar não a comida, mas a vida dos camponeses e indígenas. À luta pela terra se somou a luta pela água, à fome se somou a sede. Ainda há luta, mas agora duplicada, porque já não adianta a terra sem a água, nem a água sem a terra. Mas o povo chileno tentará!
A história, ainda que real, é absurda, mais absurda ainda é a dificuldade de revertê-la, os donos da água, das terras, dos negócios, das minas, da produção, das fábricas são sócios dos governos, dos parlamentares, dos juízes, dos juristas. Todos são sócios no anonimato das empresas e os que não são sócios são funcionários.
A história, ainda que real, é absurda, mais absurda ainda é a dificuldade de revertê-la, os donos da água, das terras, dos negócios, das minas, da produção, das fábricas são sócios dos governos, dos parlamentares, dos juízes, dos juristas. Todos são sócios no anonimato das empresas e os que não são sócios são funcionários. Só não são sócios das multidões que estão nas ruas reclamando de fome e sede. Além disso, basta reverter a propriedade privada da água? Melhora, mas continua a propriedade das sementes, das terras férteis, das escolas, dos hospitais, da previdência. É muita coisa para ser reformada e os donos da vida e seus sócios não estão dispostos a ceder. Afinal, como explicariam a perda desses direitos aos circunspectos acionistas da Bolsa de Nova Iorque? Os economistas farão contas e afirmarão que a perda no valor das ações será de milhões de milhões de dólares. Nenhum deles acrescentará que será perda contábil, escritural, fictícia e repetirão com o senho franzido e a voz grave: “não podemos deixar o Chile perder tanta riqueza e ficar mais pobre”. Completarão dizendo que para acabar com a fome e a sede é preciso ainda mais cifras, privatizações e garantias de dividendos na Bolsa. Não dirão que não havia nem fome nem sede antes, porque isto seria pensar no passado e esses homens e seus anônimos olham para o futuro. Curioso conceito de riqueza, mas vale a cifra contábil, que nada mais compra do que um pedaço de pão e um copo d’água na mesa.
No Brasil, em 1988, a Constituição conseguiu impedir que as águas fossem privadas. Mas não a terra, nem as sementes, nem o conhecimento. Então, o esforço dos amigos da Bolsa tem sido para flexibilizar esse domínio comum das águas. Sempre há uma palavra certa para dizer sem dizer, flexibilizar, no léxico da devastação significa anular os direitos, tão simplesmente. O berço das águas no Brasil, o Cerrado, assolado pela monocultura nos Grandes Sertões e Veredas, queimado até dentro da toca do tatu, começa a sentir sede e, para que a produção não pare e a Bolsa não caia, o caminho encontrado pelos anônimos tem sido destruir mais, afastando as gentes, os bichos e as plantas que vivem por que sim, sem se importar com a dança das Bolsas. Não por acaso o governo genocida admira a obra destruidora de Pinochet e tenta imitá-lo, na água, nas universidades, na previdência, na saúde, na repressão.
A água, necessária, tem que ser comum a todos. Mas, atenção, que fique claro: todos não significa homem branco, viril e proprietário, não é o “macho de pelo em pecho”. É o gênero humano de todos os gêneros.
O esforço do povo chileno em mudar os rumos do país ou para ter um país de volta é enorme neste momento, mas encontra barreiras de intransponível aparência. Algo mudará, mas o que mais intensamente será mudado é a possibilidade de mudar mais. Se a mudança antes era impossível, hoje é improvável, amanhã será só difícil. Dará tempo?
A água, necessária, tem que ser comum a todos. Mas, atenção, que fique claro: todos não significa homem branco, viril e proprietário, não é o “macho de pelo em pecho”. É o gênero humano de todos os gêneros. E não só, é bicho, planta, seres, todos os seres. Nem precisa dizer por quê, a vida dos seres é necessária à vida dos outros seres, inclusive dos humanos, então, todos os seres. Mas que fique claro também que a absurda privatização da água não é diferente da absurda privatização da terra, das sementes, dos alimentos, do conhecimento, da vacina, da vida.
Dizer hoje que a humanidade está enferma é afirmação acaciana. Mas a enfermidade não é só causada pela COVID-19. A doença da humanidade já deu mostras anteriores. Quem já esqueceu a crise humanitária escondida nos remédios contra AIDS? Alguns países levaram dez anos para ter acesso a eles, enquanto isso as pessoas iam morrendo silenciosamente sem conseguir quebrar patentes. É o conhecimento privatizado. Já há remédios para a COVID-19 mas ainda não acessíveis e há vacinas. Não é escandaloso que os EEUU tenham mais de três bilhões de doses e outros países nada? Qual é diferença entre esta situação e os donos das águas que condenaram à fome e sede camponeses que antes plantavam e comiam? Onde termina a ética começa o direito? É possível pensar em Direito com Ética, desde que se pense em direito com justiça e não com fórmulas proprietárias.
A Lei que a modernidade tornou pura, foi destituída de ética, amor, sentimentos, natureza, honra. Curiosa Lei que afasta e derroga as Leis da natureza. A ciência e o conhecimento que não são mais do que a observação consciente, direta e profunda da natureza e seus fenômenos, não podem servir à violação das leis da natureza, da harmonia, da vida, ao contrário, devem ser instrumentos da humanidade a favor da vida. Este é o princípio que alguns chamam de “Earth Jurisprudence” ou “Wild Law”. Se uma lei, como a propriedade das águas, impede a vida, não pode ser lei, é opressão, não pode ser respeitada, tem que ser combatida. A humanidade já ultrapassou a última encruzilhada, dividida e enganada, está próxima ao abismo. Toda ciência, saber, conhecimento acumulados nos laboratórios, nas florestas, nos rios e pradarias devem se juntar, ver o abismo e se negar a dar o passo final. Quem sabe ainda haja tempo de voltar à última encruzilhada e escolher outro caminho.
Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez
Hay un cierto consenso en torno a que la pandemia actual permanecerá con nosotros durante mucho tiempo. Vamos a entrar en un periodo de pandemia intermitente cuyas características precisas todavía están por definirse. El juego entre nuestro sistema inmunitario y las mutaciones del virus no tiene reglas muy claras. Tendremos que vivir con la inseguridad, por dramáticos que sean los avances de las ciencias biomédicas contemporáneas. Sabemos pocas cosas con seguridad.
Sabemos que la recurrencia de pandemias está relacionada con el modelo de desarrollo y de consumo dominante, con los cambios climáticos asociados a este, con la contaminación de los mares y los ríos y con la deforestación de los bosques. Sabemos que la fase aguda de esta pandemia (posibilidad de contaminación grave) solo terminará cuando entre el 60% y el 70% de la población mundial esté inmunizada. Sabemos que esta tarea se ve obstaculizada por el agravamiento de las desigualdades sociales dentro de cada país y entre los distintos países, combinado con el hecho de que la gran industria farmacéutica (Big Pharma) no quiere renunciar a los derechos de patente sobre las vacunas. Las vacunas ya se consideran el nuevo oro líquido, sucediendo al oro líquido del siglo XX, el petróleo.
Sabemos que las políticas de Estado, la cohesión política en torno a la pandemia y el comportamiento de la ciudadanía son decisivos. El mayor o menor éxito depende de la combinación entre vigilancia epidemiológica, reducción del contagio a través de confinamientos, eficacia de la retaguardia hospitalaria, mejor conocimiento público sobre la pandemia y atención a vulnerabilidades especiales. Los errores, las negligencias e incluso los propósitos necrófilos por parte de algunos líderes políticos han dado lugar a formas de políticas de muerte por vía sanitaria que llamamos darwinismo social: la eliminación de grupos sociales desechables porque son viejos, porque son pobres o porque son discriminados por razones étnico-raciales o religiosas.
Por último, sabemos que el mundo europeo (y norteamericano) mostró en esta pandemia la misma arrogancia con la que ha tratado al mundo no europeo durante los últimos cinco siglos. Como cree que el mejor conocimiento técnico-científico proviene del mundo occidental, no ha querido aprender de la forma en que otros países del Sur Global han lidiado con epidemias y, específicamente, con este virus. Mucho antes de que los europeos se dieran cuenta de la importancia de la mascarilla, los chinos ya la consideraban de uso obligatorio. Por otro lado, debido a una mezcla tóxica de prejuicios y presiones de los lobbies al servicio de las grandes compañías farmacéuticas occidentales, la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Canadá han recurrido exclusivamente a las vacunas producidas por estas empresas, con consecuencias por ahora impredecibles.
Además de todo esto, sabemos que existe una guerra geoestratégica vacunal muy mal disfrazada por llamamientos vacíos al bienestar y a la salud de la población mundial. Según la revista Nature del pasado 30 de marzo, el mundo necesita once mil millones de dosis de vacunas (sobre la base de dos dosis por persona) para lograr la inmunidad de grupo a escala mundial. Hasta finales de febrero, se confirmaron pedidos de unos 8.600 millones de dosis, de los cuales 6.000 millones estaban destinadas a los países ricos del Norte Global. Esto significa que los países empobrecidos, que representan el 80% de la población mundial, tendrán acceso a menos de una tercera parte de las vacunas disponibles. Esta injusticia vacunal es particularmente perversa porque, dada la comunicación global que caracteriza nuestro tiempo, nadie estará verdaderamente protegido hasta que el mundo entero esté protegido. Además, cuanto más se tarde en lograr la inmunidad de grupo a escala global, mayor será la probabilidad de que las mutaciones del virus se vuelvan más peligrosas para la salud y más resistentes a las vacunas disponibles.
Un estudio reciente, que reunió a 77 científicos de varios países del mundo, concluyó que dentro de un año o menos, las mutaciones del virus harán que la primera generación de vacunas sea ineficaz. Esto será tanto más probable cuanto más tiempo se tarde en vacunar a la población mundial. Ahora, según los cálculos de la People’s Vaccine Alliance, al ritmo actual, solo el 10% de la población de los países más pobres se vacunará a finales del próximo año. Más retrasos se traducirán en una mayor proliferación de noticias falsas, la infodemia, como la llama la OMS, que ha sido particularmente destructiva en África.
Existe consenso hoy en que una de las medidas más eficaces será la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre las patentes de vacunas para la Covid por parte de las grandes empresas farmacéuticas. Esta suspensión haría que la producción de vacunas fuera más global, más rápida y más barata. Y así, más rápidamente, se lograría la inmunidad de grupo global. Además de la justicia sanitaria que permitiría esta suspensión, existen otras buenas razones para defenderla. Por un lado, los derechos de patente se crearon para estimular la competencia en tiempos normales. Los tiempos de pandemia son tiempos excepcionales que, en lugar de competencia y rivalidad, requieren convergencia y solidaridad. Por otro lado, las empresas farmacéuticas ya se han embolsado miles de millones de euros de dinero público a título de financiamiento para fomentar la investigación y el desarrollo más rápido de vacunas. Además, existen precedentes de suspensión de patentes, no solo en el caso de retrovirales para el control del VIH / sida, sino también en el caso de la penicilina durante la Segunda Guerra Mundial. Si estuviéramos en una guerra convencional, la producción y distribución de armas ciertamente no quedarían bajo el control de las empresas privadas que las producen. El Estado ciertamente intervendría. No estamos en una guerra convencional, pero los daños que la pandemia hace a la vida y al bienestar de las poblaciones pueden resultar similares (casi tres millones de muertos hasta la fecha).
No es de extrañar, por tanto, que ahora exista una vasta coalición mundial de organizaciones no gubernamentales, Estados y agencias de la ONU a favor del reconocimiento de la vacuna (y de la salud en general) como un bien público y no como un negocio, y la consecuente suspensión temporal de los derechos de patente. Mucho más allá de las vacunas, este movimiento global incide en la lucha por el acceso de todos a la salud y por la transparencia y el control público de los fondos públicos involucrados en la producción de medicamentos y de vacunas. A su vez, unos cien países, encabezados por India y Sudáfrica, ya han solicitado a la Organización Mundial del Comercio que suspenda los derechos de patente relacionados con las vacunas. Entre estos países no se encuentran los países del Norte Global. Por ello, la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud de garantizar el acceso global a la vacuna (COVAX) está destinada al fracaso.
No olvidemos que, según datos del Corporate Europe Observatory, la Big Pharma gasta entre 15 y 17 millones de euros al año para presionar las decisiones de la Unión Europea, y que la industria farmacéutica en su conjunto cuenta con 175 cabilderos en Bruselas trabajando para el mismo propósito. La escandalosa falta de transparencia en los contratos de vacunas es el resultado de esta presión. Si Portugal quisiera dar distinción y verdadera solidaridad cosmopolita a la actual presidencia del Consejo de la Unión Europea, tendría aquí un buen tema de protagonismo. Tanto más si otro portugués, el secretario gener
al de la ONU, acaba de hacer un llamamiento para considerar la salud como un bien público mundial.
Todo apunta a que, en este ámbito como en otros, la UE seguirá renunciando a cualquier responsabilidad global. Con la intención de permanecer pegada a las políticas globales de Estados Unidos, en este caso puede ser superada por el propio EE. UU. La administración Biden está considerando suspender la patente de una tecnología relevante para las vacunas desarrollada en 2016 por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
Boaventura de Sousa Santos es Director Emérito del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra.
