Comunicado
Enero 2026
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París, 10 de diciembre de 2025.
La escalada de hostilidad contra los gobiernos de los países de Latinoamérica y el Caribe por parte de Estados Unidos ha superado los límites de la diplomacia y el derecho internacional. Desde agosto de 2025 la Armada de los Estados Unidos ha establecido una presencia militar significativa en el sur del mar Caribe, mediante el despliegue de unidades navales y aéreas, que incluye el portaaviones Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense.
Dicha movilización constituye la mayor demostración de poderío militar de ese país en Latinoamérica en décadas, la cual se lleva a cabo bajo la justificación de una presunta operación antidrogas. Relatores expertos de la ONU han denunciado que en 21 de los ataques reivindicados por el gobierno estadounidense en este marco se ha asesinado a más de 80 civiles, constituyendo graves violaciones del derecho a la vida y del derecho internacional del mar y por ello, afirmaron: “los responsables de ordenar y llevar a cabo estos asesinatos extrajudiciales deben ser investigados y procesados por homicidio”.
Los ataques indiscriminados contra embarcaciones constituyen un uso ilegítimo e ilegal de la fuerza, así como una violación flagrante a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución. Estas acciones quebrantan las normas fundamentales del derecho internacional como la obligación de garantizar la vida, la integridad personal, el debido proceso y las garantías judiciales, lo que las configura como ejecuciones extrajudiciales.
La instrumentalización de la “lucha contra las drogas” por parte del gobierno de Estados Unidos para justificar acciones unilaterales de evidente intencionalidad política, la intromisión en los procesos electorales internos y el uso desproporcionado de la fuerza supone un peligroso precedente que requiere una respuesta contundente de la comunidad internacional. La erosión del sistema democrático y las violaciones de derechos humanos que han sido documentadas en Venezuela por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos humanos en múltiples informes, y, que desde la FIDH se han señalado, no autorizan a ningún Estado a intervenir como lo está haciendo Estados Unidos, de manera contraria al derecho internacional. Al hacerlo vulnera el derecho central en que se sustenta la arquitectura del orden mundial, el cual es la libre determinación de los pueblos.
Ante esta escalada de violencia y de tensión en la región, la OEA tiene el deber político y legal de dar una respuesta conjunta y acorde al derecho internacional frente a la latente amenaza a la soberanía que suponen estos actos del gobierno de Donald Trump, de forma que garantice “la defensa de la soberanía, integridad territorial y la independencia”, tal y como señala el artículo 1 de la Carta de la OEA.
Igualmente, el gobierno estadounidense debe cesar de inmediato todo acto de amenaza, coacción económica o política, e injerencia que restrinjan la autonomía de los pueblos latinoamericanos. Estados Unidos debe replantear de manera urgente su estrategia global frente al problema de las drogas, reconociendo el fracaso de los enfoques militaristas y de seguridad. Dichas políticas no solo han generado graves violaciones a los derechos humanos de la población civil, sino que han profundizado la pobreza, la desigualdad y la criminalización sistemática de los pueblos latinoamericanos.
Firman:
Liga Argentina por los Derechos Humanos – LADH, Argentina
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
Movimento Nacional de Direitos Humanos – MNDH Brasil
Justiça nos Trilhos – JnT Brasil
Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU-Chile
Observatorio Ciudadano – Chile
Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR – Colombia
Organización Femenina Popular – OFP, Colombia
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) – Colombia
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos – Ecuador.
INREDH – Ecuador
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos-CIPRODEH, Honduras
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos – México
Asociación Pro derechos Humanos-Aprodeh, Perú.
Center for Constitutional Rights (United States)
Programa venezolano de Educación en derechos humanos – PROVEA – Venezuela
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)
El Centro de Acción Jurídica – CAJ, Argentina
Urnas Abiertas – Nicaragua


Luiz Otávio Ribas, Flávia Carlet y Freddy Ordóñez Gómez
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Con inmensa satisfacción y alegría presentamos el dosier temático “Investigación en abogacía popular en América Latina” de la revista InSURgência, en colaboración con la revista El Otro Derecho del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA). El objetivo de este dosier es afirmar que la abogacía popular es una categoría de investigación que se manifiesta en diferentes contextos latinoamericanos, así como ahondar en el debate teórico y empírico, destacando su relevancia y singularidad en el campo de las experiencias de asesoría jurídica a movimientos populares en la región. No menos importante, el dosier tiene como propósito celebrar los 30 años de existencia de la Red Nacional de Abogadas y Abogados Populares (RENAP), cuya trayectoria será homenajeada en noviembre de 2025, en la ciudad de Salvador (Brasil). La RENAP es una de las más antiguas redes de abogacía orientada hacia los movimientos sociales y populares en América Latina, cuya fuerza política y compromiso reside justamente en su carácter de articulación en red.
Con esos objetivos, reunimos autoras y autores de América Latina que, fundamentalmente en la última década, vienen produciendo nuevas investigaciones y reflexiones sobre la abogacía popular o en diálogo con ella. En ese sentido, algunos textos inciden directamente sobre esta categoría; otros exploran su conexión con otras prácticas jurídicas críticas, como la asesoría jurídica universitaria popular, la abogacía callejera, el empoderamiento jurídico, el activismo jurídico transnacional y la abogacía militante. Consideramos que ese diálogo contribuye para problematizar y profundizar el propio concepto de abogacía popular en Brasil y en la región.
Las experiencias analizadas se concentran en Brasil, Colombia y México. Reconocemos, sin embargo, que las prácticas de asesoría jurídica popular y abogacía popular están presentes en muchos otros contextos de América Latina. Aun así, entendemos que las reflexiones presentadas a partir de estos tres países se proyectan y dialogan con la pluralidad de experiencias latinoamericanas. En este aspecto, destacamos que la colaboración con el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) fue decisiva, dado su papel histórico como referente en el estudio de los servicios legales alternativos en la región.
La propuesta de este dosier resultó de varias iniciativas. En primer lugar, de las discusiones del Grupo Temático “Asesoría jurídica popular, educación jurídica y educación popular” del Instituto de Investigación, Derechos y Movimientos Sociales (IPDMS), con la colaboración de Clarissa Machado, José Jaime Freitas Macedo y Luiz Otávio Ribas. Luego, fue madurando en el círculo de conversaciones “Balance de la Asesoría Popular: repercusiones de la dictadura en la asesoría popular”, realizada en 2024 con la profesora Leonilde Medeiros del CPDA/UFRRJ, y el minicurso “Derecho para quien: teorías críticas del derecho y asesoría jurídica popular”, organizado conjuntamente a la Escuela de Formación Alessandro Baratta (EFAB).
La propuesta se fortaleció con la articulación establecida con Freddy Ordóñez Gómez, abogado e investigador colombiano de ILSA y coordinador de la revista El Otro Derecho. Ese diálogo permitió, por ejemplo, la traducción de algunos artículos del dosier “Abogacía popular, servicios legales alternativos y empoderamiento jurídico”, publicado originalmente en mayo de 2024. Por su parte, la invitación a Flávia Carlet para coorganizar este dosier se debió a su extensa trayectoria de investigación sobre la abogacía popular. Cabe también mencionar dos publicaciones que antecedieron e inspiraron la producción de este dosier: el número dedicado a la “Asesoría Jurídica Popular”, publicado en 2016 por la revista InSURgência (v. 2, n. 2); y la ya mencionada edición temática “Abogacía popular, servicios legales alternativos y empoderamiento jurídico”, publicada en 2024 (n. 61) por El Otro Derecho.
Una nota sobre la imagen de la portada que ilustra esta edición. En octubre de 2024, mientras este dosier tomaba forma, fue redescubierto —después de más de 70 años— un mural del artista Alipio Jaramillo, oculto sobre diversas capas de pintura en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. La obra, titulada Homenaje al campesino colombiano, había sido oculta durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que consideraba sus representaciones del campesinado como “corrosivas”. Es un honor presentar, en la portada de esta edición, el arte de Jaramillo —un artista de posiciones políticas fuertes en defensa de la clase trabajadora—, cuya obra articula justicia social y expresión estética en medio de las luchas democráticas. Una reflexión más profunda sobre ese redescubrimiento y sobre el perfil del artista puede ser encontrado en la sección “Poéticas Políticas”, redactada por Freddy Ordóñez Gómez.
El conjunto de artículos y textos aquí reunidos demuestra que la investigación en abogacía popular está viva y en constante movimiento. Hoy, no se trata apenas de afirmar su diferencia con relación a la abogacía tradicional, sino de explorar las múltiples formas de su actuación y la relación con otras prácticas jurídicas críticas. El dosier también apunta caminos para una agenda de investigación futura: reflexionar la abogacía popular como expresión del derecho insurgente; ampliar los estudios sobre su interacción con los estudios de género; y avanzar en investigaciones sistemáticas y comparativas en América Latina (tal como la realizada por Fernando Rojas Hurtado en 1988 y 1989, ahora a ser retomada en clave contemporánea).
Reafirmamos entonces que la vitalidad de la abogacía a movimientos sociales se expresa tanto en la larga trayectoria de la RENAP al igual que en el surgimiento de iniciativas más recientes en la región, como la Red Colombiana de Abogacía Popular, constituida en el año 2023; el Colectivo Emancipaciones; la Red Argentina de Abogacía Comunitaria, creada en 2022; y la Comunidad Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico. El dosier que ahora presentamos es, por tanto, una invitación a reconocer, celebrar y profundizar la abogacía popular como práctica y como categoría de investigación fundamental para la crítica jurídica y la transformación social en América Latina.
El dosier está organizado en siete secciones.
Abrimos la sección “Artículos Científicos” con el texto “La imaginación jurídica subalterna, el derecho austral y la abogacía militante: nuevos instrumentos analíticos para prácticas jurídicas insurgentes y descolonizantes”, de Orlando Aragón Andrade, que propone tres categorías analíticas para pensar la práctica de abogacías comprometidas con movimientos sociales, especialmente a partir de la experiencia de México. En seguida, Freddy Ordóñez Gómez examina críticamente la abogacía popular en América Latina, a partir de elementos de la tradición jurídica marxista en su artículo “Servicios jurídicos alternativos y abogacía popular en América Latina: la práctica legal crítica y el constitucionalismo en la región. Caso Colombia”. En “Por una justicia epistémica: delimitaciones conceptuales de la abogacía popular y del activismo jurídico transnacional”, Cecília MacDowell Santos y Flávia Carlet examinan la frecuente confusión entre esas dos categorías y otras formas de movilización del derecho, argumentando ser necesaria una profundización de los contornos conceptuales de la abogacía popular y del activismo jurídico transnacional. Ya el artículo “Género y diálogo de saberes entre abogadas militantes y actores en la lucha de comunidades indígenas: la experiencia desde el Colectivo Emancipaciones”, de Erika Bárcena Arévalo, Alejandra González Hernández y Lucero Ibarra Rojas, traza una perspectiva autorreflexiva, elaborada a partir de la experiencia de las autoras como abogadas militantes en diálogo con las comunidades indígenas en México, sobre una lente feminista y de género. Por su parte, el artículo “Memorias de la abogacía en las manifestaciones de junio de 2013 en Río de Janeiro”, de Luiz Otávio Ribas, analiza las prácticas jurídicas plurales y emergentes presentes en el calor de las calles durante aquel ciclo de protestas. Para finalizar, en “Bala, cárcel y lucha: la asesoría del Núcleo de Extensión Popular Flor de Mandacaru al Sector de Derechos Humanos del MST”, Ana Lia Almeida, Camila Freitas Farias, Eric Renner Arthur de Lima, Eva Vilma Bezerra Alves y Jéssica Thaís de Almeida Claudino, analizan la actuación del NEP en articulación con la abogacía popular, enfatizando la combinación de esa movilización en defensa de los movimientos de lucha en el campo.
En la sección “Diálogos Insurgentes”, el comité editorial entrevistó a Annette Pearson, primera directora de ILSA, en Colombia. La conversación abordó los orígenes del Instituto y de los servicios jurídicos, así como la trayectoria de investigación de ILSA sobre los servicios jurídicos alternativos en la región latinoamericana. También realizamos una entrevista con Lara Estevão, Lethicia Reis y Cleuton Ripol, integrantes de la Red Nacional de Abogadas y Abogados Populares (RENAP), en Brasil. Para finalizar la sección, publicamos la entrevista concedida por José Batista Júnior, abogado popular de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), conducida por Carla Benitez y Carol Brasileiro.
La sección “Temas Generadores”, la abrimos con el texto “Red Nacional de Abogadas y Abogados Populares – RENAP: 30 años de construcción insurgente de la asesoría jurídica popular”, de Maria Solara, Maria do Rosário Carneiro y Emiliano Maldonado. El artículo recupera la trayectoria de la RENAP desde la década de 1990 hasta su actual estructura organizativa, contextualizando la movilización como red de colectivos de apoyo jurídico insurgente y de uso subversivo del derecho. Las autoras y el autor presentan las principales estrategias de la red en la defensa de los derechos humanos, como la abogacía militante y la elaboración de tesis técnico-jurídicas innovadoras, ilustradas con casos concretos. Ya la entrada sobre la “Red Nacional de Asesoría Jurídica Universitaria (RENAJU)”, elaborada por Anna Carolina Lucca Sandri, muestra cómo los grupos de asesoría jurídica universitaria, articulados sobre la identidad de red desde los años de 1990, impulsaron el intercambio de experiencias y la creación de nuevos proyectos académicos. El texto recupera también los principales debates de ese periodo y analiza las razones de su desmovilización después del golpe de 2016 y, posteriormente, con la pandemia de COVID-19 en 2020. La misma autora contribuye, junto con Joelma Franklin y Larissa Assunção, con el trabajo “Derecho a la Asesoría Técnica Independiente”, ofreciendo una definición clara y rigurosa de la noción de ATI, situando su alcance, objetivos e importancia para la materialización de los derechos de las comunidades afectadas por proyectos a gran escala. Para cerrar la sección, el texto “En primera persona: trayectorias de vida de las personas que usan el derecho para acompañar las luchas comunitarias” de Daniela Zamora Alcaraz, presenta la trayectoria de la experiencia de dos defensores de derechos humanos frente a los desafíos y posibilidades de uso del derecho estatal como instrumento para el acceso a la justicia.
En la sección “Praxis de Liberación”, tenemos la transcripción de la exposición sobre “Derecho Insurgente” de Miguel Pressburger en el IAB. Ya el “Mapeo bibliográfico para la Investigación en Abogacía Popular”, organizado por Flávia Carlet y Luiz Otávio Ribas, sistematiza un conjunto de referencias bibliográficas destinado a apoyar una agenda de investigación en abogacía popular. El mapeo aborda diferentes enfoques teóricos y tendencias de prácticas jurídicas críticas, incluyendo los servicios jurídicos alternativos en Colombia, Chile, Ecuador y Perú; la abogacía popular y la asesoría jurídica popular en Brasil; la abogacía militante en México; y la influencia de los abogados de causa en los Estados Unidos. La “Nota técnica sobre el respeto a la autonomía del ordenamiento jurídico del pueblo Laklãnõ”, de Jefferson Virgilio examina la fricción entre el sistema judicial nacional y los sistemas jurídicos propios, destacando la necesidad de que el derecho estatal sea interpelado para reconocer la legitimidad de las prácticas jurídicas indígenas.
En la sección “Poéticas Políticas”, Rodrigo de Medeiros contribuye con “De la rueda del fondo del patio”, para animar la resistencia con nuestra cultura popular. El poema “Esperanzar”, de Esloane Gonçalves, compone la carta política de la RENAP en su 18° Encuentro, en diciembre de 2024 en la Escuela Nacional Florestan Fernandes. Además, Freddy Ordóñez Gómez escribe sobre “Alipio Jaramillo Giraldo y su homenaje al campesino colombiano”.
En la sección “Palabras Andantes”, Ricardo Prestes Pazello presenta el texto “Andares de la crítica insurgente al derecho: comentario al texto pionero de Celso Soares sobre el derecho insurgente”. Seguidamente, Luiz Otávio Ribas contribuye con el artículo “Derecho insurgente como derecho de las clases emergentes”. Cierra la sección Ana Lia Almeida con su escrito “Celso Soares. Los caminos de un derecho insurgente”.
En la sección “Cuadernos de Retorno”, presentamos dos reseñas de gran relevancia. Gonzalo Galindo Delgado reseña el libro “Los abogados y la democracia en América Latina”, publicado por ILSA en 1986, obra que marcó un cambio paradigmático en el pensamiento y la praxis jurídica latinoamericana. Siguiendo al autor, el libro demuestra cómo el derecho puede ser apropiado por los movimientos emancipatorios y por las clases subalternas, explorando sus contradicciones e incorporando nuevas compresiones de justicia en su léxico y gramática. Esa perspectiva continúa inspirando, incluso hoy, reflexiones sobre cuestiones centrales contemporáneas, como la resistencia al lawfare y otras estrategias de influencia de la derecha en América Latina. Seguidamente, Flávia Carlet reseña el libro “Otro derecho es posible. Diálogo de saberes y nuevos estudios militantes del derecho en América Latina” publicado en 2022, organizado por Orlando Aragón Andrade y Erika Bárcena Arévalo, obra que ofrece un panorama amplio y actualizado de las prácticas jurídicas militantes de América Latina, al mismo tiempo en que presenta nuevos aportes teóricos y metodológicos para los campos de la antropología jurídica y de la sociología jurídica crítica. Políticamente situada, la obra destaca la construcción de un trabajo jurídico enraizado en un nuevo ethos militante, en el cual el diálogo de saberes se afirma como condición de la justicia social y epistémica.
Incluye también este volumen de la revista la traducción del texto de Luigi Ferrajoli titulado “Magistratura democrática y el ejercicio alternativo de la función judicial”, realizada por Moisés Alves Soares y Matheus Daltoé. Se trata de una contribución enorme para nuestros debates respecto a la magistratura alternativa italiana, para que sus posiciones sean mejor comprendidas y estudiadas en el contexto de los calientes debates realizados en la década de 1970.
Para finalizar, expresamos nuestra profunda gratitud a todas las personas que hicieron este dosier posible. Agradecemos a Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer, por sembrar la reflexión sobre una agenda de investigación alrededor de un informe poco divulgado, como aún lo es “Justicia en San Bernardo del Campo: perfil sociojurídico de clientes y profesionales de la asistencia jurídica”, del Centro de Estudios Derecho y Sociedad (CEDISO), de la USP. Agradecemos también a Ricardo Pazello, por la sugerencia del tema de derecho insurgente para la sección “Palabras Andantes”; y a Salo de Carvalho, por disponer en su canal el video de la intervención de Miguel Pressburger. Nuestra gratitud también para Daniel Castro y Lavínia Borges Faria, por la transcripción automática de la entrevista con integrantes de la Red Nacional de Abogadas y Abogados Populares. Extendemos nuestro agradecimiento a Johan Camilo Caicedo, de ILSA, por la foto del mural de Alipio Jaramillo utilizada en la portada de este dosier. Para finalizar, un reconocimiento muy especial al equipo de InSURgência, especialmente a Mariana Rocha Malheiros, Leonardo Evaristo Teixeira y Guilherme Uchimura, por el apoyo y orientación desde la preparación hasta el cierre de este dosier.
¡Deseamos a todas y todos una muy buena lectura!
ALMEIDA, Ana Lia; GOÉS JUNIOR, José Humberto de; SANDRI, Anna Carolina Lucca; FIORI DA SILVA, Valéria (Org.). Dossiê “Assessoria Jurídica Popular”. InSURgência. Revista de direitos e movimentos sociais. v. 2, n. 2., 2019. DOI: https://doi.org/10.26512/insurgncia.v2i2.
ROJAS HURTADO, Fernando (2017). Comparações entre as tendências dos serviços legais na América do Norte, Europa e América Latina – Primeira Parte. ROJAS HURTADO, Fernando. Comparación entre las tendencias de los servicios legales en Norteamérica, Europa y América Latina. El Otro Derecho, n. 1, ago. 1988, p. 7-17. (Nota do Tradutor). Direito e Práxis, n. 8, v. 1, p. 761-776. Tradução para o português realizada por: Rafael Braga Vieira.
ROJAS HURTADO, Fernando (2016). Comparação entre as tendências de Serviços Legais na América do Norte, Europa e América Latina (segunda parte). ROJAS HURTADO, Fernando. Comparación entre las tendencias de los Servicios Legales en Norteamérica, Europa y América Latina – segunda parte. El Otro Derecho, n. 2, ILSA, Bogotá, jan. 1989, p. 5-57 (Nota do Tradutor). Caderno Eletrônico de Ciências Sociais, Vitória, v. 4, n. 2, pp. 118-170, 2016. Tradução para o português realizada por: José Humberto de Góes Junior.
SCHRITZMEYER, Ana Lúcia Pastore; MARGARIDO, Antônio Benedito; FARIA, José Eduardo; CAMPILONGO, Celso Fernandes. Justiça em São Bernardo do Campo: perfil sócio-jurídico de clientes e profissionais da assistência jurídica. São Paulo: CEDISO, 1991 (mimeo).
Luiz Otávio Ribas. Doctor en Derecho por la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ). Investigador del Instituto de Investigación, Derechos y Movimientos Sociales (IPDMS).
Flávia Carlet. Doctora en Sociología del Derecho por el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Investigadora del proyecto “Impunidad de crímenes de asesinato en masacres en el campo, 1985 – 2023” (UnB/MJSP). Actualmente es investigadora visitante en York University (Canadá). Adelanta también investigaciones sobre abogacía popular y luchas por el territorio de comunidades negras en América Latina. Es colaboradora de la Red Nacional de Abogadas y Abogados Populares (RENAP) y del Instituto de Investigación, Derechos y Movimientos Sociales (IPDMS).
Freddy Ordóñez Gómez. Abogado, Especialista en Epistemologías del Sur, Maestro en Derecho con profundización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es estudiante del Doctorado en Derecho de la Universidad Libre (Colombia). Integrante del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA). Miembro de Historia, Ambiente y Política, grupo de investigación Categoría A1 de Minciencias y del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM). Profesor universitario de pregrado y posgrado en Colombia.
* Traducción al castellano: Freddy Ordóñez Gómez.
[1] El enlace original en el texto ha sido sustituido visualmente por el botón superior para mayor claridad.

En este #25N expresamos desde Colombia nuestra solidaridad con las mujeres palestinas, quienes resisten la ocupación y la guerra, y en sus poetas —como Hanan Awwad, Rafeef Ziadah, Nathalie Handal o Suheir Hammad— florece una voz que denuncia, sostiene y afirma vida. Que su palabra nos acompañe hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en la lucha por un mundo libre de violencias.






La Asamblea General de las Naciones Unidas, define la violencia contra las mujeres como: “todo acto basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada”
Aunque el 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fue declarado por la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre del año 1999, 26 años después las cifras y los relatos de las mujeres reflejan que las brechas de desigualdad y los casos de violencias contra las mujeres siguen siendo parte de la realidad global y se encuentran instaladas en la sociedad colombiana.
La situación de vulnerabilidad es particularmente grave para las mujeres habitantes de los territorios que se ubican en las periferias de las ciudades y del país, al igual que para las que viven en las zonas rurales, puesto que allí, hay mayores limitantes económicos, sociales y culturales para el acceso a la justicia, a la educación, al sistema de salud, se despliega el conflicto armado interno y las falencias estructurales de la configuración institucional no contribuyen a la garantía plena de los derechos humanos de las mujeres.
En Colombia habitan 27.19 millones de mujeres, es decir el 51.2% de la población, sin embargo, y de acuerdo con las cifras del Observatorio Nacional de Violencias de Género, entre el año 2019 y el 2022 el número de casos de violencias contra las mujeres notificados ascendió de 93.423 a 110.738 y, a pesar de que las cifras entre el año 2023 y 2025 evidencian un descenso, al pasar de 122.846 a 83.084, los casos siguen siendo extremadamente alarmantes e inaceptables, reflejando la gravísima situación de violencias basadas en género, que mantiene a las mujeres en riesgo.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, han identificado cómo en el marco del conflicto armado, las armas y el poder magnifican y exacerban la violencia contra las mujeres, ratificándose los estereotipos y jerarquías de género, de los roles sociales y culturales que subordinan y discriminan a las mujeres, una ratificación del patriarcado y de la persistencia de la violencia basada en género contra las mujeres. Y, aunque esto tiene raíces en las relaciones de género dominantes y en el continuum de violencia contra las mujeres presente en la sociedad colombiana, estas relaciones también se transforman en tanto los ejércitos reproducen e imponen relaciones de género. La JEP ha logrado identificar que, de 35,178 víctimas de violencia sexual, entre los años 1957 y 2016, el 89,2 % (31.366) son mujeres, existiendo una afectación desproporcionada para mujeres indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras.
Teniendo en cuenta estos patrones de violencia que siguen vigentes y con ello la necesidad de asumir colectivamente las estrategias para avanzar en una vida libre de violencias, desde ILSA nos sumamos a la conmemoración del 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ratificamos nuestro compromiso con apoyar, acompañar y facilitar procesos de autonomía política y económica para las mujeres campesinas, afrocolombianas, indígenas y populares, así como su reconocimiento como constructoras de paz y del territorio, dentro de estos procesos buscamos fortalecer a las mujeres y sus organizaciones en estrategias para la incidencia en políticas públicas, el empoderamiento jurídico, la apropiación de rutas de atención de VBG, la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres y la construcción de una vida libre de violencias.
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA
25 de noviembre de 2025

En Colombia, el derecho a una vida digna es un privilegio, no una garantía. Te mostramos el caso de 32 familias víctimas del conflicto armado en Paso del Medio, María La Baja (Bolívar). Desde 2009 vivieron sin luz, agua, salud ni vivienda digna. Tras años de lucha legal, el Consejo de Estado falló a su favor en mayo de 2025: obligó al Estado a garantizarles servicios básicos y legalizar su asentamiento. Este fallo es un mensaje claro: el Estado no puede seguir invisibilizando a las víctimas desplazadas. Ahora, toca exigir que las órdenes se cumplan.

En la madrugada del 3 de octubre falleció el abogado, investigador y defensor de derechos humanos. Un escrito en su memoria
Por: José Aristizábal G. | octubre 08, 2019

Dijeron los cirujanos que su muerte fue causada porque tenía sus arterias coronarias muy obstruidas, lo cual le produjo el infarto y luego de la intervención quirúrgica de su músculo cardíaco, este no resistió. Algunos les agregaron: era un glotón empedernido que disfrutaba demasiado comiendo jamón, chicharrón, tortas y chorizos.
Yo tengo otra versión. Su operación a corazón abierto fue exitosa en la mañana del dos de octubre. En la tarde, y hasta las diez y media de la noche, los reportes de los médicos informaron que estaba en recuperación, que su situación era estable. A tal punto que sus amigos nos relajamos, lo celebramos y algunos propusieron en el WhatsApp festejarlo con un sancocho tolimense. Y fue después, a las once, cuando explotó lo que ya nadie esperaba: la desoladora noticia fatal que nos convocó.
¿Qué fue lo que pasó realmente?
El Negro Camilo, siempre tan analítico, tuvo el tiempo suficiente para una reflexión y una decisión.
— Este es el mejor momento para partir, comenzó diciéndose a sí mismo.
— Por muy bien que salga de esta operación, voy a quedar con un resto de problemas y restricciones. No podré comer lo que más me agrada, ni darme gusto a mis anchas en la mesa, ni siquiera en mi propia casa. Tendré que pasar de los guisos bien sazonados y adobados a viandas simples y desabridas, a tener que soportar las amigas y los médicos recomendándome una dieta, cada uno asegurando que esa es la mejor, la más acertada. Y seguro que me van a prohibir los dulces, el ron, el licor ¡Y a mí que no me gusta que estén prohibiendo nada!
— Todxs mis amigxs me estarán jodiendo la vida para que rebaje de peso: mira que tienes que caminar y hacer ejercicio; mira que sigues obeso; fíjate que tienes que cuidarte, que ya estás en la lista, que tienes el preaviso, que ya no resistes ni dos peluquiadas. ¡Y a mí que no me trama que me traten de víctima!
—Bueno, esto lo podría replantear, pues, al fin y al cabo hay que colocar por encima los intereses colectivos, el futuro de la causa— se reprochó a sí mismo por ese pensamiento.
— Pero, para seguir viendo caer asesinados los líderes sociales, padeciendo las mafias adueñadas de casi todos los poderes locales y nacionales, descubriendo la mierda de la corrupción que se acumula día a día, no vale la pena someterme a un tratamiento perpetuo. Y si miramos para fuera, tampoco se vislumbran horizontes halagüeños en estos años de los Trump, los Bolsonaros, el recalentamiento del planeta. Después de sesenta años de luchas, no logramos la revolución, ni la reforma agraria, ni la paz, ni siquiera una apertura democrática, y aun cuando siempre he criticado o me he burlado de los pesimistas y los catastrofistas, ahora desde esta cama veo que, al menos para mí, la utopía no está nada cerca.
— Además, continuó, esta puede ser la oportunidad para desvelar de una vez por todas si al fin hay una eternidad, un más allá, o un inframundo como dicen nuestros indios; si me encontraré con San Pedro y Dios, o con Yemayá, Changó y Ochún; y si en ese otro mundo hay librerías, bibliotecas, algo rico para leer y buena música, porque si no, pa´ qué. U otro universo paralelo, con tal de que allí no haya la maldita dependencia del dinero. O para sentir cómo mis últimas energías se dispersan en el Todo.
— ¿Y qué hago con mis amigas y mis amigos? Ya les he dado mi cariño; los más queridos, que me han correspondido, si me han aceptado tal como soy, también me van a entender que me vaya ahora; a los demás, a los torcidos, no me importa lo que opinen. ¿Y qué será de mi último libro, Un clamor aventurero y revoltoso, al que no le he corregido la última coma? ¿Y quién editará mis piratas y mis Garfios?
A estas alturas, sonaron las once de la noche. La mayoría de sus amistades ya nos habíamos tranquilizado con los informes, acostado o apagado el celular, y nuestro gran analista de la coyuntura, sedado, tranquilo, hizo el balance de todos sus argumentos y dijo:
— Ya se leyó lo que se iba a leer, se escribió lo que se iba a escribir; ya comí y bebí lo que me dio la gana. ¿Cuándo volveré a encontrar una coyuntura como esta para irme? ¡Adiós! ¡Yo me voy!
Y ese rebelde, que tuvo que acompañar en sus funerales a muchos amigos que no murieron de muerte natural, al que no se le daba nada salirse de una reunión o un sitio en donde no estaba a gusto; ese hombre bueno y noble, ejemplo de dignidad y consecuencia, ese maestro amoroso, decidió irse. Así se nos voló ese imán de la amistad que fue Camilo Castellanos.
Se nos marchó el gozón que nos hacía reír; encuéntrese donde se encuentre, allá se estará comiendo un tamal con su sonrisa socarrona.
Tomado de: [https://www.las2orillas.co/la-muerte-del-gran-camilo-castellanos/]

#FormarParaTransformar 🌷La Escuela Popular de Protesta, iniciativa de formación en conjunto con Ilsa y Lazos, concluyó su segundo ciclo en el año 2025 en la ciudad de Bogotá con participantes de 14 regiones del país. En este espacio, tuvimos la posibilidad de conversar alrededor de primeros auxilios y protección jurídica, física y psicosocial en contextos de protesta. Discutimos la importancia de revisar y reivindicar a las Comisiones de Verificación e Intervención como una apuesta organizativa por defender derechos humanos mediante la articulación y el trabajo en red; a su vez, enfatizamos en la comprensión de los Esquemas de Derechos Humanos como un ejercicio multisectorial que reconoce las prácticas de protección colectiva desde enfoques de género, étnicos y territoriales como una apuesta que nos permite resistir ante la represión estatal.
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Fuente: Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo”.









Un homenaje a César A. Grajales H., quien culmina su ciclo al frente de Diakonia Programa Colombia tras 24 años de incansable labor en la construcción de paz y la defensa de los derechos humanos en el país. Su liderazgo, durante este tiempo, ha sido una fuente de inspiración y ha dejado una huella imborrable en nuestras luchas, en las comunidades y en los procesos de mujeres que acompaña ILSA.
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