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El pasado viernes 11 de julio sesionó de manera extraordinaria la asamblea de socias y socios de ILSA. La Asamblea está integrada por 15 miembros, provenientes de la antigua junta directiva, activistas del movimiento social y de defensa de los derechos humanos, al igual que académicas, juristas e investigadores críticos.

En la reunión se recibió el informe de la saliente directora ejecutiva, María Eugenia Ramírez Brisneda, quien ejerció el cargo el 12 de diciembre de 2018. Las socias y socios resaltaron el trabajo adelantado por María Eugenia durante su mandato y el esfuerzo que durante su vida ha desplegado en favor de las luchas de las mujeres, sus derechos y procesos organizativos.

La asamblea designó a Freddy Ordóñez Gómez como nuevo director ejecutivo, quien ejerce funciones desde el pasado 11 de agosto. Freddy es un abogado cucuteño, víctima de desplazamiento forzado, que desde abril de 2003 está radicado en la ciudad de Bogotá. Cursó Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, casa de estudios de la que obtuvo el título de Magister en Derecho con profundización en Derechos Humanos y DIH. Es también Especialista en Epistemologías del Sur y actualmente adelanta el doctorado en Derecho de la Universidad Libre.

El director electo está vinculado a ILSA como parte del equipo de investigación desde 2007, y desde el 2017 hasta el 11 de julio fue presidente de su junta directiva. Es integrante del grupo de investigación Historia, Ambiente y Política (A1 Minciencias), del grupo de trabajo de Clacso Pensamientos jurídicos críticos y conflictos sociopolíticos, y del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM). Es profesor de la maestría en Derechos Humanos y Gobernanza de la Universidad Cooperativa de Colombia (Pasto), ha ejercido como docente ocasional del pregrado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y de posgrado en la Universidad Autónoma de Colombia, la Universidad Central y la Universidad de Los Llanos. Ha trabajado en diferentes entidades del sector público y en ONG, contando con una amplia experiencia en investigación sociojurídica y en temas de derechos humanos, así como en procesos de educación jurídica popular con diversos grupos poblacionales y sectores vulnerabilizados. Es autor de diferentes libros, capítulos de libros y artículos académicos. Dirige El Otro Derecho y es columnista de Ámbito Jurídico y de la revista Raya.

Desde el área de comunicaciones expresamos a Freddy Ordóñez nuestro deseo sincero de que los espíritus del buen camino guíen su andar como nuevo director ejecutivo de ILSA.

Mayerly Díaz Castellanos es una abogada colombiana con un fuerte compromiso en la defensa de los derechos humanos, el ambiente y el feminismo popular. Desde el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), ha trabajado por más de una década fortaleciendo comunidades, especialmente en territorios rurales y ambientalmente estratégicos como los páramos. Su mirada combina litigio, formación, comunicación e incidencia política desde y para las comunidades.

¿Te interesa la defensa de los derechos humanos y ambientales desde una perspectiva comunitaria y feminista? Sumérgete en la historia de Mayerly Díaz Castellanos, descubre las experiencias que la motivan y conoce las prácticas transformadoras que impulsa desde ILSA. ¡Lee la entrevista completa y encuentra inspiración para tus propias acciones!

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Desde las organizaciones convocantes, nos complace invitarles cordialmente a participar en el panel “Derecho a la Salud: Contexto, tensiones y reforma al sistema”, que se llevará a cabo el próximo 30 de mayo de 2025 a las 2:00 p. m en el auditorio de la UNAD, en Vélez, Santander.

Este espacio contará con la intervención principal de Jennifer Cardona Malaver, enfermera con estudios de maestría en Salud Pública, integrante de la Coordinadora Nacional EnMovimiento y actual Coordinadora en Colombia del Movimiento para la Salud de los Pueblos. Su amplia experiencia en procesos sociales, comunitarios y en la defensa del derecho a la salud será clave para enriquecer este diálogo.

El panel busca propiciar un espacio de concertación y análisis participativo sobre los contextos locales del sector salud, en especial aquellos que deben ser abordados en el marco de las tensiones actuales y el proceso de reforma al sistema y modelo de salud que demanda nuestra región y Colombia entera.

¡Les esperamos!

Colombia es un país de profundas desigualdades, donde la tierra ha sido escenario de conflictos y resistencias. El campesinado, que alimenta a nuestra nación, ha sido el actor más victimizado en el marco de la guerra civil y ha enfrentado las consecuencias de la  violencia estructural y la falta de una justicia para el campo. Históricamente, políticas injustas han concentrado la tierra en pocas manos, negando a millones el derecho a un futuro digno. Las cifras del despojo son contundentes: millones de hectáreas arrebatadas, miles de familias desplazadas y un modelo económico que sacrifica la vida de las comunidades y pueblos.

El campesinado, los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y urbano-populares han resistido con dignidad, defendiendo la tierra como alimento, cultura y vida. Su lucha ha sido fundamental para enfrentar un modelo agrario extractivista y excluyente.

Hoy, como académicos y académicas comprometidos nos sumamos a esta causa con humildad y convicción y reconocemos que la reforma agraria es una deuda histórica y una condición esencial para la paz. La ciencia tiene el deber de aportar conocimiento crítico y acompañar las luchas que buscan transformar esta realidad. Frente a esto, nuestra posición es clara: apoyamos una reforma agraria que garantice derechos, provea bienes públicos, repare a las víctimas y priorice la soberanía alimentaria y el cuidado de la naturaleza y del agua. La reforma agraria y la implementacion del acuerdo de paz son imperativos historicos.

Este es un momento crucial, y la academia debe asumir su responsabilidad con valentía y compromiso.

Reconocemos que las contradicciones de este país son compartidas con otros pueblos oprimidos del mundo; por eso, consideramos fundamental el diálogo con experiencias de politicas redistrbutivas de tierras de otras naciones. Reivindicamos el pluralismo de saberes, desde la diversidad de contextos, territorios y regiones.

Nuestro papel no es neutral: debemos cuestionar las estructuras de poder y trabajar de la mano con los movimientos sociales, las comunidades y los pueblos por la justicia social, ambiental, hídrica y agraria que se traduzca en la incidencia en politicas publicas que garanticen el goce efectivo de derechos.

La construcción de conocimiento debe ser una herramienta para transformar, no para legitimar opresiones. Rendimos un tributo a la memoria de colegas como Hernán Henao, Jesús Antonio Bejarano, Elsa Alvarado y Mario Calderon, cuyas vidas fueron arrebatadas por defender estas causas.

Su legado nos inspira a seguir luchando por la justicia que ellos soñaron. Además, nos solidarizamos con las comunidades en resistencia, como las de Jericó presentes en este encuentro, que enfrentan el extractivismo, la violencia y el despojo.

Como academicas, investigadoras y comunidades nos organizamos y luchamos por condiciones dignas en el ejercicio de la investigación, la docencia y la extensión, y por la defensa de las universidades públicas. Reafirmamos nuestro compromiso con una reforma agraria justa, con la defensa de los territorios y nos comprometemos a trabajar por un futuro donde la tierra signifique el cuidado de la vida.

Por estas razones, hoy hacemos el lanzamiento de una red de investigadoras e investigadores que desarrolle una agenda de construcción de conocimiento sobre los doce puntos del Pacto por la tierra y por la vida!.

¡Por una tierra para quien la trabaja, por una academia al servicio del pueblo!

El 26 de octubre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, mediante la Resolución 2106 (XX), y proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Esta fecha rememora la masacre ocurrida el 21 de marzo de 1960 en Sharpeville, Sudáfrica, cuando la policía del régimen del apartheid asesinó a 69 personas que se manifestaban pacíficamente contra las leyes de pases. A 64 años de ese crimen y 60 años de la Convención, alzamos nuestras voces para reafirmar el compromiso con la justicia étnico-racial y la dignidad de los pueblos históricamente discriminados.

En este 60º aniversario de la Convención, es urgente reflexionar sobre los desafíos actuales para avanzar hacia una justicia étnica real y transformadora. Desde ILSA reafirmamos que es imprescindible cuestionar las raíces coloniales del racismo estructural que persiste en Colombia y en nuestra América toda, encarnado en múltiples dimensiones de la vida institucional y social. Esta realidad se ha visto agravada por el ascenso en la región de corrientes ultraconservadoras y de extrema derecha, que niegan la pluralidad y diversidad que define a nuestras sociedades. En este contexto, honramos las luchas y la vida de lideresas y líderes sociales que enfrentan el racismo epistémico, territorial y cultural, y que continúan defendiendo sus derechos, sus comunidades y sus territorios desde prácticas de resistencia, memoria y dignidad colectiva.

ILSA recibió un reconocimiento por su trabajo con las mujeres buscadoras del Urabá que contó el apoyo del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales en Colombia, otorgado por la Embajada de Canadá. La directora de ILSA y feminista, María Eugenia Ramírez Brisneda, recibió el reconocimiento de manos de la embajadora de Canadá, Elizabeth Williams, en un evento especial realizado este 13 de marzo de 2025, en el marco del día internacional de los derechos de las mujeres trabajadoras.
Además de celebrar este logro, el encuentro sirvió como un espacio de diálogo y conexión entre diversas organizaciones, redes y plataformas de mujeres que continúan trabajando por la paz, la igualdad y la defensa de los derechos humanos en Colombia. Fue una oportunidad para compartir experiencias, fortalecer alianzas y reafirmar el compromiso con la construcción de un país en paz con justicia social.

#ComunicadoConjunto 📃
🗣 La paz no se construye con excepcionalidad ni militarización: rechazo al estado de conmoción interior

📣 Las Plataformas de DDHH rechazamos la Declaración de Estado de Conmoción Interior e instamos al Gobierno a implementar medidas ordinarias que transformen de manera real y sostenible los territorios y proteger y brindar garantías a las comunidades

🔎Lee el comunicado completo aquí 👇🏽
https://acortar.link/jx4Jtm

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Primer borrador oficial del Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia

Consideraciones y propuestas preliminares de organizaciones de la sociedad civil