Categoría: Opinión

El jurista Óscar Correas en el libro La criminalización de la protesta social en México plantea que no es novedad que el Estado reprima a toda clase de movimientos sociales, lo que sí es algo que ha tomado hoy un rol central en la violencia ejercida por el Estado es la judicialización de las resistencias e inconformidades, a partir de la criminalización de estas.

Dentro del constitucionalismo del Estado social, expresión del pacto para tramitar la contradicción capital-trabajo, se incluye el derecho del pueblo a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, como ocurre con la Constitución de 1991 (artículo 37). Ahora bien, la naturaleza del sistema económico y social dominante encamina a que necesariamente las manifestaciones permanezcan, se profundicen y se multipliquen, en tanto los impactos de este permanecen, se profundizan, expanden y multiplican. Así, solo son cubiertas bajo la idea de derecho subjetivo, las manifestaciones que buscan cambios marginales, es decir, transformaciones que puedan ser toleradas por el orden social establecido porque no busca su superación.

Con la masificación y continuidad de las protestas se despliega la función represora del aparato estatal, para lo cual, indica Óscar Correas, se han venido adelantando dos movimientos, la criminalización y la judicialización de la protesta: en primer lugar, se tipifican como graves delitos las formas de lucha social y de protesta popular, asociándolas, en el caso colombiano, con grupos criminales y organizaciones armadas; y, en segundo lugar, los manifestantes son perseguidos como grandes delincuentes y llevados ante la administración de justicia, para que sean implacable y ejemplarmente condenados. Paralelo a esto, se construyen, en palabras de la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, “narrativas hostiles que estigmatizan a asociaciones y reuniones”. Desde nuestra mirada, con la criminalización se elabora un discurso en el cual se despoja del derecho subjetivo a la protesta al manifestante, para facilitar su trato de delincuente, pero también y principalmente, para aislar la manifestación y a quienes protestan del resto de las clases sociales explotadas, y busca justificar y conseguir la aceptación de la criminalización y la represión. Un ejemplo de esto último es la forma en que se ha construido desde los grandes medios de comunicación y la Alcaldía distrital un aislamiento de la sociedad bogotana de las protestas en la Universidad Nacional. De igual forma, proyectos de normatividad orientados a organizaciones al margen de la ley, han terminado incluyendo a personas vinculadas a disturbios públicos y a quienes cometieron conductas en el marco del “ejercicio del derecho a la protesta social” (PL 002-2025 SC).

La criminalización conlleva a que las limitaciones y restricciones de los derechos a la reunión y manifestación sean tomadas como la regla, cuando en el derecho internacional de los derechos humanos son una excepción. En nuestro país, como constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2021, han persistido “lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social”, lo cual ha tenido como base abiertamente leyes y reglamentaciones o la interpretación de estas, llegando a presentarse la expedición de marcos normativos de excepcionalidad y militarización bajo formas simuladas de normas de convivencia ciudadana.

A partir de los hechos ocurridos en el llamado Estallido social y de las órdenes de algunas autoridades locales para disuadir las manifestaciones se necesitan espacios pedagógicos que permitan la reflexión y conocimiento de mecanismos de protección a quienes protestan. Tal fue el caso de la Escuela Popular de Protesta realizada el año pasado por el Colectivo José Alvear Restrepo, la Fundación Lazos de Dignidad y el ILSA. En la misma línea, es fundamental abordar las graves violaciones a los derechos humanos y patrones de violencia estatal cometidos contra quienes ejercen el derecho a la protesta; de allí la importancia de la creación de un Comité de Expertos Ad hoc para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales ocurridas entre los años 2019 y 2021 en el país.

En el marco del Estado social debe garantizarse el ejercicio del derecho a la protesta como derecho pleno, esto es, generando incomodidades, dificultades para el funcionamiento de lo cotidiano, ejerciendo coerción y alterando el ‘orden público’. Ahora bien, la aplicación del derecho penal frente a conductas de participantes en las manifestaciones, como señaló la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es “una restricción grave y con serias consecuencias para la libertad de expresión, y los derechos de reunión, asociación y participación política, que (…) solo pueden utilizarse de modo muy excepcional y está sujeto a un mayor nivel de escrutinio”, de allí que, la criminalización y la judicialización de la protesta social sea el impedimento y la negación del derecho, ocultando la conflictividad social, el inconformismo y las resistencias, bajo la opacidad de la ley.

Presentación

El ataque estadounidense y la pretensión de dominación colonial de Venezuela, así como la amenaza imperial en el Caribe a toda la región, especialmente a Colombia, Cuba y México, demandan un abordaje desde una perspectiva analítica crítica interdisciplinaria que problematice el derecho internacional y el accionar de la potencia imperial en esta época. Con este panorama, sostenemos que los hechos configuran una manifestación explícita de dominación imperial que desborda el lenguaje de la legalidad internacional y pone en evidencia los límites estructurales del pacifismo jurídico frente al ejercicio efectivo del poder hegemónico en Nuestra América en el marco del capitalismo global. Así, este texto, en primer lugar, hace un recuento del crimen de agresión y la retención del presidente venezolano Nicolás Maduro; seguidamente, desde la teoría jurídica marxista, se aborda el derecho y la justicia internacional; y, finalmente, en un tercer momento se exponen algunos elementos sobre la amenaza imperialista que se advierte sobre Colombia.

El 3 de enero y la guerra de agresión contra Venezuela

Como es de manejo público, el pasado 3 de enero se llevó un ataque militar a gran escala, denominado Operation Absolute Resolve, contra la República Bolivariana de Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos, cuya finalidad fue la retención del mandatario del vecino país, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados posteriormente a los Estados Unidos para enfrentar cargos penales federales, principalmente relacionados con narcoterrorismo y narcotráfico. El hecho, oculto bajo la idea de intervención humanitaria (guerra humanitaria)¹, se configura como un acto y crimen de agresión, en tanto se hizo uso de la fuerza armada de los EUA contra la soberanía, la integridad territorial y la independencia política del Estado venezolano.

Este ataque estuvo seguido de las declaraciones del mandatario Donald Trump en las cuales indicó que el hermano país iba a ser dirigido por el gobierno estadounidense, “hasta el momento en que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata”, agregando que ya están, se quedarán y tomará tiempo su presencia allí. De igual manera, Trump hizo referencia a la industria petrolera venezolana y a como las compañías norteamericanas van a entrar a administrar el petróleo, argumentando que la infraestructura de la industria petrolera de Venezuela es propiedad de Estados Unidos y que no iban a permitir que fuera saqueada por potencias extranjeras, para luego, reseñar la colonial Doctrina Monroe² y afirmar que “el predominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado”. El discurso incluyó amenazas a los dirigentes del gobierno y mandos militares bolivarianos. Asimismo, el presidente de EUA señaló que María Corina Machado, y con ella, Edmundo González, “no tiene el apoyo y el respeto dentro del país”, lo que claramente pone en duda el triunfo electoral reclamado por la oposición desde el 2024.

En sentido similar han girado declaraciones posteriores de Trump y del Secretario de Estado Marco Rubio, esto es, dejando de lado el tema del supuesto restablecimiento de la democracia venezolana y concentrando sus intervenciones en el petróleo y en el dominio estadounidense en la región, esto último, amenazando, además, con adelantar acciones militares en Colombia y contra el presidente Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense acusó de tener fábricas y elaborar cocaína.

El derecho internacional y la dominación

Una revisión rápida de instrumentos del derecho internacional deja ver que el gobierno de EUA con las acciones adelantadas en suelo venezolano violó, infringió u actúo de forma contraria a la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Artículo 2 común y el Protocolo I adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra, y el Artículo 8 bis del Estatuto de Roma, así como desconoció normas del derecho internacional consuetudinario.

Ahora bien, Evgeni Pashukanis, señala en su célebre obra Teoría general del derecho y marxismo que las relaciones no se forman en absoluto en la definición kantiana del derecho como restricción a la libertad dentro de los límites mínimos necesarios para la convivencia, recordando que esa clase de derecho no ha existido jamás, porque el grado de libertad de los unos no depende más que del grado de dominación de los otros³. En ese orden, la norma de la coexistencia no está determinada por la posibilidad de la coexistencia, sino por la posibilidad de dominación. Esta reflexión del jurista soviético que se centraba en el análisis al interior del Estado de derecho puede extrapolarse a las relaciones internacionales y la coexistencia entre Estados. Así lo hizo cuando afirmó que “el derecho internacional moderno es la forma jurídica de la lucha de los Estados capitalistas entre sí por la dominación del resto del mundo”⁴.

En su lectura del derecho internacional burgués, Pashukanis señala que la única garantía real de las relaciones entre los Estados burgueses, y de estos con Estados de otro tipo de clase, se mantienen sobre el reconocimiento mutuo de estos como sujetos del derecho internacional en un intercambio de equivalentes y el equilibrio real de fuerzas, existiendo la salvedad de que los gobiernos apelen a la ley cuando les convenga, y evitar su cumplimiento o violándola abiertamente cuando el resultado sea rentable⁵; aunque, en la opacidad propia del sistema capitalista, los imperialistas actuarán siempre “bajo la apariencia del pacifismo y como defensores del derecho internacional”⁶.

Si bien Estados Unidos posee un poder imperial⁷, lejos se está hoy de un orden mundial unipolar o de ser un imperio global⁸, y, por el contrario, parece irse consolidando un marco de poder multipolar que supera a la pretendida multipolaridad occidental⁹, que, aunque no puede hablarse de la transición pashukaniana, si evidencia la necesidad que tiene el gobierno Trump de dejar claro que “el ejército de Estados Unidos es la fuerza militar más fuerte y temible del planeta” y que puede salirse de los principios y las reglas del derecho internacional —o interpretarlos a beneficio propio como ocurre con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas que consagra el derecho a la legítima defensa—, e informar a países como China y Rusia su dominio en el resto del mundo, principalmente y como lo ha querido dejar claro con el ataque militar en Venezuela, en el hemisferio occidental y en nuestra América toda.

Teniendo presente lo anterior, lo que no se puede, por parte de los juristas críticos y mandatarios alternativos de nuestra América es creer ingenuamente que EE.UU. cumplirá el derecho internacional y que éste será un marco que condicione el accionar de los Estados, principalmente de aquellos que detentan un poder imperial. Se debe recordar lo expresado por Evgeni Pashukanis: “Con el derecho internacional en una condición tan lamentable, los juristas burgueses sólo pueden consolarse con la esperanza de que, por muy profundamente que se haya roto el equilibrio este se reestablecerá: la más violenta de las guerras debe terminar alguna vez con la paz, las pasiones políticas levantadas por ella deben reconciliarse gradualmente, los gobiernos volverán a la objetividad y al compromiso, y las normas del derecho internacional encontrarán de nuevo su fuerza”¹⁰. El accionar del gobierno Trump contra Venezuela y sus amenazas a la región nuestramericana, dejan claro el fracaso del pacifismo jurídico de raíz kantiana¹¹.

También, debe advertirse que la justicia a la que será sometido el presidente Nicolás Maduro seguirá el modelo de la justicia de los vencedores, esto es, de acuerdo con Danilo Zolo, una justicia que “se aplica a los derrotados, a los débiles y a los pueblos oprimidos, con la connivencia de las instituciones internacionales, el silencio encubridor de gran parte de los juristas académicos, la complicidad de los medios masivos de comunicación […]”¹². Aun cuando el primer escrito de Superseding Indictment, presenta serias debilidades jurídicas, iniciando por la no imputación de conductas cometidas en territorio estadounidense de manera directa por el mandatario venezolano; siguiendo por la confusión entre posibles responsabilidades estatales y la responsabilidad penal individual; así como el uso instrumental y problemático del narcotráfico y del terrorismo en la acusación, bajo la forma narcoterrorismo —de esto último, es imperativo señalar que ya el mismo gobierno norteamericano indicó la no existencia del supuesto cartel de los soles de cuya dirección se acusaba en estrados al presidente venezolano—, se cree que se buscará la aplicación de una justicia política vengativa, ejemplarizante por parte de la potencia imperial. Acá es importante recordar que no se está ante la justicia internacional, sino ante un tribunal doméstico estadounidense, y que mientras se juzga al presidente de Venezuela, el país será sometido a la administración colonial estadounidense de sus recursos petroleros.

Colombia: narcotráfico, amenaza imperialista y ultraderecha

El presidente estadounidense ha acusado al mandatario colombiano, en más de una ocasión, de tener fábricas de cocaína e incentivar la producción masiva de drogas. Trump también le ha advertido a Petro que podría “ser el siguiente”, llegando a afirmar que “una operación en Colombia suena bien para mí”. Se estipula que el despliegue imperial en el Caribe está conformado por al menos 8 buques de guerra, aproximadamente 150 aeronaves, un gran número de helicópteros, drones y otras aeronaves, así como unos 12 mil hombres.

Estas amenazas han ido acompañadas de decisiones como la revocatoria de visas a altos funcionarios y la inclusión del presidente Petro, su esposa, hijo mayor y al ministro Benedetti, en la lista Clinton; la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico; también las fuerzas marítimas estadounidenses en el Caribe han atacado embarcaciones en las que han muerto colombianos y se han realizado operaciones en aguas colombianas.

Frente a la situación, candidatos presidenciales y líderes de la derecha radical colombiana han llegado a proponer la extradición del presidente colombiano si triunfan en las urnas, acusándolo de ser parte del inexistente Cartel de los soles y de llevar al país a una situación similar a la de Venezuela; congresistas de ultraderecha han celebrado la posibilidad de un ataque militar en Colombia y la retención del presidente colombiano. Las y los candidatos, tanto a la presidencia como al Congreso, buscan generar temor entre la población y con eso inclinar la balanza electoral a la derecha. En sus valoraciones, dejan de lado el derecho internacional y evitan afirmar que en Colombia podría pasar lo que actualmente ocurre en Venezuela, que el país está bajo la administración imperial estadounidense y sometida a una amenaza permanente de otra acción bélica.

En su defensa, de manera categórica el presidente Petro ha señalado que en su mandato se han incautado 3.500 toneladas de coca, el equivalente a “32.000 millones de dosis a las que se les impide llegar al consumidor estadounidense”, teniéndose entonces un nivel de incautación mayor al nivel de crecimiento de los cultivos de uso ilícito. Acá es necesario recordar que “estudios demuestran que son más efectivas para reducir la oferta mundial de cocaína los esfuerzos en incautaciones y destrucción de infraestructura que los esfuerzos en erradicación. [A partir de lo cual, se sostiene que] el indicador de éxito o fracaso no debe ser el área cultivada sino la cocaína que efectivamente llega al mercado”¹³. El gobernante colombiano, por otra parte, de forma contundente ha rechazado el sometimiento al dominio estadounidense del país y de este gobierno: “en Colombia no hay reyes, ni virreyes, ni somos colonia de nadie, ni aceptamos reyes que nos manden a callar”. También ha expresado que las acusaciones contra el presidente Nicolás Maduro son un montaje producto del afán de recursos del gobierno Trump. Así, sostuvo en su cuenta de X (Twitter): “no hay evidencia alguna que exista en el narcotráfico un “cartel de los soles”, lo que indica que secuestraron a Maduro para quedarse con el petróleo de Venezuela, siguiendo su doctrina Monroe”.

En ese punto es importante volver sobre la necesaria diferenciación del comercio transnacional de cocaína (un mecanismo de acumulación capitalista, ilegal e internacionalizado), del narcotráfico, ya que este último es un dispositivo político “utilizado por los gobiernos y particularmente el gobierno de los Estados Unidos (aunque no solamente) para realizar operaciones de represión, disciplinamiento y control social”¹⁴; teniéndose que al acuñar la idea de narcoterrorismo, “una empresa capitalista se transforma poco a poco en un mecanismo de apoyo a un control político internacional en cabeza del gobierno de los Estados Unidos y una herramienta destinada a contrarrestar las luchas sociales”¹⁵, posibilitando el despliegue así de la guerra contra el narcoterrorismo y la imputación de narcoterroristas a aquellos líderes de gobiernos que no se someten al poder imperial, como es el caso del presidente venezolano Nicolás Maduro¹⁶ y del mandatario colombiano, Gustavo Petro. 

Conclusiones

Los hechos descritos permiten afirmar que la actuación de los Estados Unidos frente a Venezuela constituye una violación grave y múltiple del orden jurídico internacional vigente. El uso de la fuerza armada contra un Estado soberano, la detención de su jefe de Estado sin mandato internacional alguno, la amenaza explícita de ocupación prolongada y la apropiación de facto de recursos naturales estratégicos vulneran de manera directa la Carta de las Naciones Unidas, normas consuetudinarias fundamentales y disposiciones del Estatuto de Roma relativas al crimen de agresión. La apelación discursiva a categorías como intervención humanitaria o transición democrática no logra ocultar que se trata de una operación de fuerza orientada a la subordinación política y económica de un Estado, al margen de cualquier marco multilateral pactado en el escenario internacional.

El crimen contra Venezuela confirma, además, los límites estructurales del derecho internacional como dispositivo efectivo de contención del poder imperial, tal como lo advirtió tempranamente la teoría jurídica marxista. La judicialización del presidente Nicolás Maduro ante tribunales domésticos estadounidenses, en un contexto de ocupación militar y administración externa del territorio y de los recursos del país, responde al modelo de la justicia de los vencedores, en el que la legalidad se instrumentaliza para legitimar relaciones coloniales y de dominación previamente impuestas por la fuerza. Este escenario no solo compromete la vigencia del derecho internacional, sino que proyecta una amenaza directa sobre otros países de la región, como Colombia, donde las declaraciones, sanciones y operaciones unilaterales evidencian una estrategia de disciplinamiento político regional soportada en la opacidad del discurso de la guerra al narcoterrorismo, que cuenta además con el respaldo y promoción de sectores de la ultraderecha local, profundizando la erosión de la soberanía y del principio de autodeterminación de los pueblos en Nuestra América. Es necesario señalar que el gobierno Petro tuvo un respaldo masivo en las calles y plazas de Colombia en las jornadas populares convocadas el 7 de enero, día en que los mandatarios colombiano y estadounidense sostuvieron una llamada telefónica, producto de la cual se proyectó una próxima visita a la Casa Blanca por parte del presidente colombiano.

El reafirmar que detrás del derecho internacional que regula las relaciones de los Estados burgueses se tiene la lucha por la dominación global permitirá proyectar formas de relacionamiento entre los Estados que se constituyen como alternativas a la estatalidad burguesa y actuar como bloque frente a las pretensiones coloniales y de dominación al poder imperial estadounidense y de las potencias occidentales.

1. ZOLO, Danilo. La justicia de los vencedores. De Nuremberg a Bagdad. Madrid: Trotta, 2007, pp. 87 y ss. ↩︎
2. La Doctrina Monroe es, en palabras del historiador venezolano Otoniel Morales, “fundamento doctrinario, espíritu y esencia de la política exterior estadounidense del siglo XIX y XX”. MORALES, Otoniel. América Latina y El Caribe en la agenda de la política exterior estadounidense entre 1920 – 2004: diversificación, coincidencia y conflicto. Caracas: Fundación Centro Nacional de Historia, 2009. ↩︎
3. PASHUKANIS, Evgeni. Teoría general del derecho y marxismo. Buenos Aires: Olejnik, 2021, p. 116. ↩︎
4. PASHUKANIS, Evgeni. Derecho Internacional. En: Teoría general del derecho y marxismo (y otros escritos). Madrid: Irrecuperables y Extáticas, 2022, p. 209. ↩︎
5. Ibid., p. 221. ↩︎
6. Ibid., p. 223. ↩︎
7. ZOLO, Danilo. Op. cit. ↩︎
8. Recordamos acá el texto de Roberto Montoya, El imperio Global. George W. Bush, de presidente dudosamente electo a frustrado candidato a César del siglo XXI. Caracas: Monte Ávila, 2009. ↩︎
9. En ese sentido: RIVERA-LUGO, Carlos.  Pashukanis y el derecho internacional en un periodo de transición geoestratégica. El Otro Derecho, 62, 119-145. ↩︎
10. PASHUKANIS, Evgeni. Derecho Internacional. Op. Cit., p. 222. ↩︎
11. ZOLO, Danilo, Op. cit., p. 85. ↩︎
12. Ibid., p. 14. ↩︎
13. ORDÓÑEZ, Freddy. Presentación. En: E. De los Ríos. Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito: balance, rediseño y desafíos. Bogotá: ILSA, 2020. p. 17. ↩︎
14. Ibid., p. 12. ↩︎
15. Ibid. ↩︎
16. En su momento, el presidente Hugo Chávez también fue acusado de sostener nexos y alianzas con las FARC-EP y el ELN, organizaciones que fueron declaradas terroristas por el gobierno de EUA. Véase: GOLINGER, Eva. El Código Chávez. Descifrando la intervención de los Estados Unidos en Venezuela. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2005. ↩︎

Claudia Steiner en su célebre trabajo Imaginación y poder. El encuentro del interior con la costa en Urabá, 1900-1960 relata cómo la mirada que desde el interior de Antioquia se presentaba sobre la región del Urabá se construía sobre una noción doble de frontera: por una parte, el límite nacional a defender después de la secesión de Panamá, la región en la cual ejercer soberanía; y, por otra, la de una región de selva inhóspita a civilizar, una tierra salvaje a modernizar, con salida al mar y “riquezas naturales listas para ser explotadas por el elemento antioqueño”. Lo anterior no era solo el imaginario de pobladores o la idea de algunos individuos del interior del departamento de Antioquia, sino que fue el referente desde el que se tomaron decisiones políticas, económicas y sociales. Esta última forma de entender la frontera está claramente marcada por una idea de colonización del Urabá, asociada a la conquista del Otro, al cual había que incorporar en lo mismo o cambiarlo, lo que llevaba su negación y superación, desde una idea de raza antioqueña, que, nos recuerda Steiner, estaba fundamentada “en una serie de valores compartidos; entre estos, ser fervientes católicos, defensores de la vida familiar, muy trabajadores y, especialmente, blancos” (Steiner, 2019, p. xx). El discurso antioqueño sobre la región enfatizaba en ésta como “futura despensa de Antioquia”, una historia de Urabá que en el siglo XX “comienza con la penetración del capital y la entrada masiva de inmigrantes antioqueños”, señala la profesora Steiner (2019, p. xxx).

El pasado 5 de agosto, en el Gran Foro Urabá, la nueva potencia organizado por el diario El Colombiano en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, se anunció que la región había “pasado la página”; que atrás quedaban décadas de guerra y de dolor, escribiéndose “una nueva historia”, todo gracias a Puerto Antioquia, a los gremios y al sector empresarial. Las referencias en el foro al actor privado como agente de construcción territorial y de ordenamiento político-administrativo fueron múltiples: desde la mirada de Augura y Uniban, “Urabá nace hace más de 110 años con un consorcio empresarial”, también indicaron que “primero que Apartadó estaba Uniban” y que en la región se ha dado “construcción de nación por parte del sector privado”. Para el asesor de la alcaldía de Turbo, en la región “somos más empresa que Estado”. La idea de frontera, de tierra a civilizar, como hace 100 años, sigue vigente: para el Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, “Urabá es la tierra prometida”. También la idea de Otredad y de raza antioqueña estuvo presente: “la forma antioqueña de hacer las cosas”, la “raza negra se integró con el indígena y con el paisa”, dijo un entrenador y gerente deportivo de la región. Todo esto, alrededor de la fiesta que genera para empresarios y actores políticos, el inicio de actividades de Puerto Antioquia. 

En la región, no se ha pasado la página de la violencia. Como ejemplo, en el año 2023 la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana AT 014-23, en la que se aborda el riesgo que genera la incidencia en los procesos migratorios del conflicto armado y el crimen organizado en la zona (Necoclí, Turbo, Acandí, Juradó y Unguía); por su parte, el informe de seguimiento IS N° 018-2022 a la AT 008-2020, indica que el riesgo inicialmente identificado persiste. También, el empresariado sigue desconociendo a El Otro, representado en las comunidades afrocolombianas que habitan el Golfo de Urabá. En efecto, al día siguiente del Gran foro, La Chiva de Urabá anunciaba que el Tribunal Administrativo de Antioquia ratificó el fallo de tutela que ordenó al proyecto Puerto Bahía de Colombia de Urabá (Puerto Antioquia) realizar consulta previa, libre e informada con las comunidades afrodescendientes que habitan en la zona.

A pesar de la estipulación del derecho a la consulta previa en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, en 1989, de su aprobación a través de la Ley 21 de 1991 y del reconocimiento como sujetos de los derechos que consagra el citado instrumento a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras según la jurisprudencia constitucional (C-169 de 2001), se les sigue vulnerando el derecho a la consulta previa y su garantía debe ser demandada ante el juez constitucional, como ocurre en el caso de Puerto Antioquia. De este proyecto portuario ya hemos escrito anteriormente, describiéndolo y presentando cómo se vulneran los derechos territoriales y a la consulta libre, previa e informada de las comunidades afrodescendientes habitantes del área de influencia e impactadas directamente por la iniciativa.

El fallo de tutela emitido el pasado 10 de julio por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Turbo protegió el derecho a ser consultados de cuatro comunidades negras: el Consejo Comunitario Martin Luther King Esperanza 2000, el C.C. Los Mangos, el Consejo Comunitario Los Manatíes, y el C.C. Bocas de Atrato y Leoncito, habitantes del sector de los ríos León y Suriquí y la costa de la Bahía del Golfo de Urabá. Los accionantes describieron en la solicitud de amparo algunas de las irregularidades que en el trámite del licenciamiento ambiental de Puerto Antioquia —adelantado por Puerto Bahía Colombia de Urabá, S.A.—, se dieron, primero con relación a la Resolución 0032 del 25 de enero de 2012 y posteriormente en la expedición de la Resolución 0078 del 28 de enero de 2016 (con la cual se modificó el proyecto), en cuanto a la certificación del Ministerio del Interior de la no presencia de comunidades negras en el área de influencia del proyecto y el accionar de la desarrolladora del puerto. Un proyecto frente al que actualmente la ANLA ha hecho un riguroso seguimiento, lo que contrasta con el accionar de la agencia y de otras entidades que, durante las presidencias de Iván Duque y Juan Manuel Santos, se orientaron a favorecer a los promotores del puerto.

La accionada Puerto Bahía Colombia de Urabá, S.A., en una clara ofensa a las comunidades accionantes, respondió a las pretensiones señalando que “no existe afectación directa a los derechos fundamentales pues las operaciones portuarias en el golfo de Urabá se vienen realizando hace aproximadamente 60 años”. Seguidamente reconoció la existencia de comunidades negras en la zona de influencia del proyecto, con quienes ha adelantado, afirma, “un relacionamiento directo, permanente, transparente y respetuoso de los grupos étnicos”, a través, por ejemplo de reuniones —como la sostenida el 2 de mayo con representantes y miembros de los consejos comunitarios accionantes—, pero ese relacionamiento expuesto por la empresa se lee como incumplimiento del deber de debida diligencia en tanto tras conocer la existencia en el territorio de las comunidades no informó a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, para que esta determinara si procedía la consulta previa con ellas. Esta negación de los derechos de El Otro y por tanto el reconocimiento de su otredad, es una ofensa que se lee en más de una ocasión en el expediente de licenciamiento del puerto, LAM5060 de la ANLA.

Paso El Medio es una vereda del corregimiento de Matuya, en María La Baja (Bolívar), municipio de la subregión de los Montes de María. Esta comunidad, conformada por 32 familias —en su mayoría víctimas del conflicto armado—, se constituyó en el año 2009. Sin embargo, solo hasta inicios de mayo de este año comenzó a vislumbrarse la posibilidad de que sus integrantes puedan gozar, por fin, de derechos como la salud, la salubridad pública, el acceso a servicios públicos y la vivienda. La esperanza de la garantía de los derechos llega con el fallo de segunda instancia del Consejo de Estado del 2 de mayo de 2025 sobre una acción popular elaborada por ILSA que fue admitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 4 de noviembre de 2014.

La acción popular se presentó ante la evidente falta de materialización de los derechos de quienes conforman la comunidad: viviendas en piso de tierra y paredes de madera; carencias de electricidad y de baños en las casas; agua para el consumo extraída de un pozo y del río; inexistencia de alcantarillado y servicio de recolección de basuras; e inseguridad alimentaria. Lo anterior, agravado al tratarse de población que ha padecido desplazamiento forzado. Al contestar la demanda diferentes entidades indicaron no tener responsabilidad frente a las violaciones de derechos colectivos, incluso llegaron a afirmar que las violaciones a derechos expuestas eran “consideraciones del demandante”, “apreciaciones de carácter subjetivo” y que “las condiciones de vulnerabilidad deben ser superadas por los núcleos familiares”; algunas entidades asociadas directamente a la violación de los derechos guardaron silencio. En su gran mayoría estas terminaron vinculadas a las órdenes del Consejo de Estado. El Tribunal Administrativo de Bolívar negó el 20 de septiembre de 2018, las pretensiones de la acción popular argumentando que no se cumplió con el deber probatorio.

La Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena y la Defensoría del Pueblo – Regional Bolívar solicitaron la revocatoria del fallo del Tribunal. La primera indicó que se desconocieron los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado; que el juez de primera instancia omitió decretar pruebas de oficio; que es deber del Estado garantizar una vivienda digna; y que se responsabilizó a las víctimas de desplazamiento forzado por instalarse de manera irregular en un territorio rural sin servicios públicos. La segunda señaló que la primera instancia condicionó el ejercicio de los derechos colectivos de los actores a su ubicación geográfica; que irrespeta a las víctimas al endilgarles la responsabilidad de sus condiciones actuales; que desconoce el deber estatal de garantizar el derecho a la vivienda digna; niega la condición de sujetos de especial protección de la población desplazada por el conflicto; y, finalmente, que el Tribunal se equivocó al no tener en cuenta elementos probatorios del proceso.

En el fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado revoca la decisión anterior e indica que contrario a lo establecido por el a quo, estaba probada la condición de desplazados de los accionantes y su estado de vulnerabilidad. Además, señaló contundentemente que “la posición asumida por el Tribunal en la sentencia recurrida resulta abiertamente revictimizante” y que se trata “de una providencia que perpetúa con carácter institucional la desigualdad y exclusión estructural de las personas desplazadas”. Llamó la atención sobre la total despreocupación de las autoridades competentes para atender a la comunidad de Paso El Medio y para solventar la problemática ordena una serie de medidas dirigidas a diferentes entidades —principalmente al municipio de María La Baja y al departamento de Bolívar—, para identificar y caracterizar a la comunidad, legalizar el asentamiento, prestar los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y para el acceso efectivo del derecho a la vivienda digna y a servicios integrales de salud. Así mismo, ordena conformar un Comité de Verificación de la Sentencia.

La providencia representa un paso adelante hacia la garantía de los derechos de los habitantes de Paso El Medio, pero también deja ver la persistencia de problemas estructurales para que la población víctima de desplazamiento forzado superen la exclusión abisal y la sociedad civil incivil de las que nos enseñan las Epistemologías del Sur. A 21 años de haberse declarado un estado de cosas inconstitucional respecto de la situación de la población desplazada mediante la sentencia T-025 de 2004, y existiendo más de 10 millones de personas reconocidas como víctimas en el Registro Único de Víctimas, insistimos en que el derecho y la justicia no pueden ser usados por las entidades e instituciones para la revictimización y la exclusión, sino que —desde una práctica legal crítica y la apropiación contrahegemónica— debe orientarse a concretar la igualdad, a materializar derechos. El siguiente paso de los habitantes de Paso El Medio será hacia la implementación de la sentencia y el cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado.