Categoría: Opinión

  • LO VERNÁCULO Y LO UTÓPICO- Boaventura de Sousa Santos

    LO VERNÁCULO Y LO UTÓPICO- Boaventura de Sousa Santos

    Consultar cualquier diccionario moderno de lenguaje escrito nos lleva a concluir que lo vernáculo y lo utópico son conceptos opuestos. Mientras que lo vernáculo (del latín, vernaculus,) significa que es propio de un lugar o una región, lo utópico (de Utopía, título del famoso libro de Thomas More [1516]) significa lo que caracterizaría a un gobierno imaginario en ningún lugar específico. En sentido figurado, mientras que lo vernáculo es lo correcto, puro, de la tierra; lo utópico es lo fantasioso, imaginario, quimérico. En este texto, trato de demostrar que, contrariamente a esta aparente contradicción y al consenso de los diccionarios al respecto, hay más complicidad entre los dos términos de lo que se puede imaginar, y que estas complicidades se han hecho más visibles en los últimos tiempos.

    El título de este texto se inspiró en la obra de uno de los teóricos marxistas más notables y olvidados del siglo pasado, Teodor Shanin, quien llevó a cabo trabajos pioneros para rescatar la riqueza, diversidad y carácter dinámico del pensamiento de Karl Marx (contra todas las ortodoxias, marxistas y no marxistas). Shanin se dedicó, en particular, a mostrar la importancia de la obra inédita de Marx después de la publicación del primer volumen de Das Kapital en 1867 (la última obra importante que publicó en vida) hasta su muerte en 1883, titulado “Marx tardío”, nada más y nada menos que 30.000 páginas de notas. Hasta la publicación de El Capital, y a pesar de haber leído más que ningún otro teórico europeo contemporáneo sobre la historia de las sociedades no europeas, es decir, las asiáticas, Marx las analizó desde una perspectiva eurocéntrica, evolutiva, centrada en la idea de que tales sociedades representaban etapas anteriores y desesperadamente anticuadas de las sociedades capitalistas desarrolladas de Europa. Incluso en el caso de éstas, la única que analizó con impresionante detalle y lucidez fue Inglaterra, la economía capitalista más desarrollada de su tiempo.

    Atento a los movimientos revolucionarios que surgían en el centro de Europa y que no eran compatibles con el modelo de revolución proletaria que había teorizado, Marx comenzó a darles una atención privilegiada en lugar de ignorarlos o encuadrarlos por la fuerza en su teoría. Si esto es cierto en el caso de la Comuna de París de 1871, lo es aún más en el caso del movimiento populista revolucionario ruso de base campesina, muy fuerte en las décadas de 1870 y 1880. Para comprender lo que estaba sucediendo en Rusia, Marx comenzó a estudiar ruso de forma obsesiva (como si se tratara de “una cuestión de vida o muerte”, como se quejaba su mujer en una carta a Engels, fiel compañero y colaborador de Marx). Desde entonces hasta su muerte, la heterogeneidad de las historias y transformaciones sociales se convirtió en un hecho central en las reflexiones de Marx. Las consecuencias teóricas fueran inmediatas: no existen leyes monolíticas de desarrollo social; no hay una, pero sí varias vías para llegar al socialismo, y los análisis de El Capital sólo son totalmente válidos para el caso de Inglaterra; el campesino, lejos de ser un obstáculo o un residuo histórico, puede, en determinadas circunstancias, ser un sujeto revolucionario. Todo esto sonaba extraño, teóricamente impuro y “poco marxista” a los ojos de la mayoría de los marxistas de finales del siglo XIX. Esta evolución del pensamiento de Marx llegó a ser considerada un signo de debilidad mental asociada con la vejez, y una de las cuatro versiones de la carta de Marx a una populista rusa, Vera Zazulich, fue censurada por marxistas rusos y sólo fue publicada en.…1924. Curiosamente, las mismas críticas de impureza teórica fueron dirigidas a Lenin por sus camaradas después de 1905-7.

    ¿Cuáles eran después de todo los pecados de Marx? Eran dos. Por un lado, habiendo valorado contextos y experiencias locales, vernáculas, a pesar de que se desvían de estándares supuestamente universales. Por otro lado, atribuir valor positivo e incluso utópico a lo antiguo, aparentemente residual (la comuna campesina rusa basada en la propiedad comunitaria y la democracia de base, aunque siempre bajo la vigilancia del estado despótico zarista) y desafiaba, con su voluntarismo y moralismo, las leyes objetivas (y no morales) de la evolución social que él mismo había descubierto.

    Todo esto parece historia de un pasado lejano y sin relevancia para nuestro presente y futuro, pero de hecho no lo es. Este tipo de debate, sobre la necesidad de buscar en las tradiciones las energías y pistas para mejorar el futuro y, en general, sobre las dificultades de la teoría pura, sea la que sea, para dar cuenta de la realidad siempre rebelde y siempre en movimiento, ha acompañado todo el siglo pasado, y creo que nos acompañará en el siglo actual. Por ejemplo, mencionaría dos contextos muy diferentes en los que el debate estuvo presente (si es que no lo sigue siendo). Dejo de lado el hecho de que ninguno de los procesos revolucionarios que se estabilizaron en el siglo pasado fueron dirigidos por la clase obrera en los términos precisos previstos por la teoría marxista, desde las revoluciones rusas de 1905 y 1917 hasta la revolución mexicana de 1910, desde las revoluciones chinas de 1910, 1927-37 y 1949 hasta la revolución vietnamita de 1945 y la revolución cubana de 1959. En todos ellos, el protagonista era el pueblo trabajador oprimida en el campo y en la ciudad, y en algunos de ellos los campesinos jugaron un papel decisivo.

    El primer contexto fue la descolonización en el subcontinente asiático (especialmente en la India) y en África. En todos los procesos de independencia, el dilema entre dificultades u oportunidades estaba presente, el hecho de que las realidades locales estaban tan alejadas de las realidades europeas estudiadas por Marx que solo con muchas adaptaciones podrían imaginarse revoluciones nacionalistas de vocación socialista en versión marxista. En el caso de India, el debate se calentó dentro de las fuerzas nacionalistas: por un lado, la posición de Nehru, que asociaba el socialismo con la modernización en India, en términos cercanos a los de la modernización europea; por el otro, Gandhi, para quien la riqueza de la cultura india y las experiencias comunitarias ofrecían la mejor garantía de una liberación real. En 1947 prevaleció la posición de Nehru, pero la tradición gandhiana se ha mantenido viva y activa hasta el día de hoy.

    En África, el lapso va desde 1957 (la independencia de Ghana) hasta 1975 (la independencia de las colonias portuguesas). Bajo pena de cometer alguna omisión, creo que los cuatro líderes más notables en la lucha de liberación anticolonial fueron Kwame Nkrumah (Ghana), Julius Nyerere (Tanzania), Leopold Senghor (Senegal) y Amílcar Cabral (GuineaBissau). Todos ellos vivieron intensamente en el debate sobre el valor del vernáculo africano y todos ellos buscaron, incluso de manera diferente, neutralizar el eurocentrismo de Marx e imaginar futuros para sus países que valorizasen la cultura, las tradiciones y las formas de vida africanas. Cada uno a su manera contribuyó a la idea del socialismo africano que reclamaba la diversidad de los caminos hacia el desarrollo en los que el humanismo africano tomaba el lugar del progreso unilineal y a toda costa, y en el que las experiencias ancestrales de la vida comunitaria tenían más prioridad que la lucha de clases. En todos ellos estaba presente la posibilidad de que lo vernáculo local y ancestral se convirtiera en la idea movilizadora de una utopía de liberación. Obviamente, como en el difunto Marx, que ninguno de ellos conocía, lo vernáculo tendría que ser adaptado para dar rienda suelta a su potencial utópico.

    Cuando, en 1975, las entonces colonias portuguesas ascendieron a la independencia, las condiciones del debate habían cambiado profundamente debido al contexto externo y también al conocimiento de la evolución de las experiencias anteriores de independencia en el continente. Aun así, la tensión entre lo vernáculo y lo utópico se manifestó de múltiples maneras. Por poner sólo un ejemplo, en Mozambique, el partido Frelimo comenzó adoptando una posición hostil hacia todo lo que era tradicional porque veía en él un pasado irreparablemente adulterado por la violencia colonial. Por lo tanto, fue hostil a la continuidad de las autoridades tradicionales que administraban justicia informalmente, por parte de miembros de la comunidad y utilizando los sistemas de justicias africanos. Sin embargo, el desmantelamiento de este sistema de autoridades comunitarias provocó tal perturbación en las formas de convivencia pacífica en las comunidades, donde la justicia oficial no llegó para nada, que el gobierno revirtió y legitimó, ya en 2000, a estas autoridades, que hoy operan en paralelo a los juzgados comunitarios. De manera similar, en Guinea-Bissau y Cabo Verde, los tribunales de tabanca persistieron con el nombre tribunales de zona.

    El segundo contexto, muy diferente y mucho más reciente, tuvo lugar en México con el levantamiento zapatista en Chiapas en 1994, y en Bolivia y Ecuador, con los procesos constituyentes que siguieron a las victorias en las elecciones presidenciales de Evo Morales (2006) y Rafael Correa (2007). La experiencia zapatista representa una de las combinaciones más complejas entre lo vernáculo y lo utópico, combinando a día de hoy los ideales de liberación social y política con la valorización de la cultura y las experiencias comunitarias de los pueblos indígenas del sur de México. Una comprensión contrahegemónica de los ideales de derechos humanos se articula con una afirmación radical de autogobierno e innovación constante de lo propio y lo ancestral. A su vez, las dos experiencias democráticas en Bolivia y Ecuador ocurrieron después de décadas de movilización de los pueblos indígenas, de modo que las cosmovisiones ancestrales indígenas imprimieron de forma decisiva su marca en las Constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia (2009). La idea del desarrollo fue sustituida por la idea del buen vivir, la concepción de la naturaleza como recurso natural fue sustituida por la concepción de la naturaleza como Pachamama, la madre-tierra que debe ser cuidada y cuyos derechos están específicamente consagrados en el Artículo 71 de la Constitución Ecuatoriana. La articulación entre lo vernáculo y utópico, entre el pasado y el futuro, reunió el entusiasmo de los movimientos ecologistas urbanos de muchos países que, sin conocer la filosofía indígena, se sintieron atraídos por el respeto que surgió de ella y por los valores del cuidado de la naturaleza y la conciencia ecológica que los movilizó. Como había sucedido antes con los zapatistas, el nuevo e innovador énfasis en lo vernáculo y lo local, creó lenguajes que trascendieron el lugar y se integraron en narrativas emancipadoras cosmopolitas con un registro anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal.

    Esta tensión creativa entre lo vernáculo y lo utópico no terminó con las experiencias históricas que acabo de mencionar. Me atrevo a pensar que nos acompañará en este siglo, ciertamente fortalecido por las alternativas que se abren en el período postpandemia. Cada vez es más evidente que si las sociedades y las economías no adoptan formas de vida distintas de las basadas en la explotación injusta e ilimitada de los recursos naturales y los recursos humanos, la vida humana en el planeta estará en riesgo de extinción.

  • LA DERECHA Y EL SIEMPRE DESEADO BLANCO DE LA EDUCACIÓN- Boaventura de Sousa Santos

     
    Los movimientos translócales de ideas, filosofías, visiones de mundo,doctrinas sobre la vida, la política y la sociedad son tan antiguos como ladifusión del uso de metales, el comercio, la escritura y las primerascivilizaciones urbanas de la Edad de Bronce hace 3000 o 4000 AC.Ciertamente se originó en Mesopotamia y lo que hemos llegado a llamar el  antiguo Oriente Medio, estos intercambios se extendieron por esta vasta área de Eurasia, que más tarde comenzamos a dividir entre Occidente (Europa) y Oriente (especialmente China y la India). Hoy sabemos que Mesopotamia fue el lugar de nacimiento de la cultura griega y que estaba presente en el norte de la India en los primeros siglos de la Era Común, mucho antes de que se convirtiera en un patrimonio europeo, que, por cierto, sólo fue posible gracias a la magnífica traducción de los textos griegos emprendida en Baghdad por los árabes de la dinastía Abássida a partir de mediados del siglo VIII, una época que se conoció como la Edad de Oro del Islam.
     
    A lo largo de los siglos, estos movimientos de ideas siempre han tenido un origen local (a veces en varios lugares simultáneamente) y desde allí se han extendido y se han convertido en movimientos globales. Los intercambios, las influencias cruzadas y las adaptaciones locales siempre han sido una constante del movimiento de ideas. El protagonismo de Europa en estos movimientos es muy tardío. Sólo comienza en el siglo XVI y, para muchos, sólo en los siglos XVIII y XIX. Para limitarme a los últimos cien años, podemos decir que la marca europea sobre las ideas políticas está presente en los siguientes movimientos globales contemporáneos:
     
    liberalismo, socialismo, derechos humanos, conservadurismo. Este último es una contracorriente en relación con los demás, ya que, si bien están formados por la tensión entre la regulación y la emancipación social, donde se producen avances en la mejora de las condiciones de vida de las mayorías y la inclusión social, el conservadurismo da plena prioridad a la regulación social y se opone a las ideas de mayorías e inclusión social (de ahí su racismo y sexismo).
     
    El conservadurismo tiene tres características principales: Al ser un movimiento de carácter global, se afirma como contrario a la globalización; siendo tan moderno como los otros tres, se presenta como un regreso al pasado, una reacción que puede ser tanto moderada (derecha) como extremista (extrema derecha); tiene una visión muy selectiva de la soberanía nacional que no le impide que sea subordinado a la globalización capitalista neoliberal.
     
    Después de la Segunda Guerra Mundial, el eje de esta difusión de ideas se trasladó al Atlántico Norte, debido a la supremacía de los Estados Unidos. Pasó luego a hablarse de eurocentrismo. Estos cuatro movimientos de ideas tienen tres facetas importantes: ocurren simultáneamente, pero se alternan en la predominancia; se adaptan creativamente a diferentes contextos locales; se centran en los procesos educativos porque allí se forman las próximas generaciones que pueden reproducirlos.
     
    El período en el que vivimos marca una transición hacia el predominio del conservadurismo. Pero es una transición muy incierta debido principalmente a los nuevos problemas que ha planteado la pandemia del nuevo coronavirus. Señalan ideas (por ejemplo, nuevas relaciones con la naturaleza, alternativas al desarrollo, relaciones entre Occidente y Oriente) que no encajan en las versiones dominantes del liberalismo, el socialismo o los derechos humanos. Vivimos, por lo tanto, las transiciones de señales contrarias que a veces dan la apariencia de estancamiento o agotamiento ideológico. Hoy, me centro en el predominio global del conservadurismo, tanto en su versión moderada y extrema, y en sus recientes manifestaciones en el área de la educación en Brasil, India, Colombia y Portugal.
     
    Antes de la pandemia, esta ascendencia era particularmente visible en países tan diferentes como el Reino Unido, EE. UU., Brasil, India, Filipinas, Hungría, Polonia, Turquía, Rusia, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Israel Guinea-Bissau, Marruecos, Egipto, y Camerún. La pandemia creó un problema inesperado para la derecha: los países en los que estaba en el poder eran aquellos en los que la protección de la vida era, en general, más deficiente.
     
    Los gobiernos de derecha no sólo han demostrado ser incompetentes para proteger la vida, sino que en algunos casos extremos (Estados Unidos y Brasil) han tomado medidas que han puesto en riesgo la vida de los ciudadanos. Sin embargo, no está claro que en los próximos procesos electorales los castiguen en las urnas. El riesgo existe y, para prevenirlo, asistimos al desarrollo más preocupante posible: el conservadurismo de derecha se desliza hacia la extrema derecha. En Estados Unidos, Donald Trump ante la perspectiva de perder las elecciones, impulsa campañas masivas de desinformación, utilizando fuerzas militares y movilizando milicias neonazis de extrema derecha, que podrían poner al país al borde de una nueva guerra civil, especialmente si Trump no logra manipular con éxito los procesos electorales y pierde elecciones. Brasil puede seguir el mismo camino en 2022.
     
    Como indiqué, uno de los objetivos privilegiados del nuevo (viejo) conservadurismo de derecha y de extrema derecha es la educación. Cito cuatro casos a modo de ejemplo. En Brasil, pueden identificarse dos acciones principales. La primera consiste en la iniciativa “Escuela Sin Partido”,creada en 2004 con el objetivo de supuestamente eliminar el “adoctrinamiento ideológico” en las escuelas.
     
    A partir de 2013, con el giro de la política brasilera para la derecha (intensificando la desinformación por parte de la extrema derecha por vía de las fakenews, persecución políticojudicial al Partido de los Trabajadores (PT) en el ámbito de la operación de Lava-Jato, especialmente en contra de la Presidenta Dilma Rousseff en 2016, y la elección de Jair Bolsonaro en 2018) la “Escuela Sin Partido” intensificó su acción con decenas de proyectos de ley presentados a los órganos legislativos en los varios niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) con medidas que violaban los derechos humanos fundamentales, la libertad de cátedra y la propia Constitución, un conjunto ideológico altamente conservador cuya inconstitucionalidad ha sido cuestionada por varios organismos nacionales e internacionales.
     
    La segunda acción consiste en el ataque multifacético a las universidades públicas, que implica, en particular, recortes presupuestarios con la consecuente falta de financiación y el cuestionamiento del sistema democrático para la elección de los rectores de las universidades públicas federales. El gobierno de Jair Bolsonaro ha ido ignorando la elección de rectores progresistas e incluso ha nombrado rectores-interventores como en la época de la dictadura que imperaba en el país entre 1964 y 1985.
     
    En India, desde que Narendra Modi y su partido (BJP) llegaron al poder (2014) ha habido un ataque sin precedentes contra la libertad académica. El sistema universitario indio es muy diverso y está compuesto por
    universidades públicas y privadas, centrales (o federales) y estatales, universidades para minorías, universidades religiosas, etc. Los ataques a las universidades públicas centrales son los que han tenido más publicidad. Se
    intensificaron a partir de 2014 aunque anteriormente habían estado dirigidos por la organización juvenil del partido que ahora está en el poder.
     
    Tanto profesores como líderes estudiantiles han sido criminalizados bajo la ley antiterrorista y las reuniones o encuentros promovidos por estudiantes o profesores han sido prohibidas con el pretexto de abordar temas políticamente sensibles. Al igual que ha sucedido en otros países, los ataques directos a la libertad académica se han complementado con ataques indirectos, es decir, con la precariedad de los contratos de los docentes, el nombramiento de administradores impuestos por el Estado, la supervisión ideológica de los planes de estudios y el nombramiento sistemático en los principales puestos universitarios de ideólogos de derecha y partidarios del BJP, a menudo sin las calificaciones académicas necesarias.
     
    En Colombia, el conservadurismo ha tenido como objetivo constante la universidad pública y el pensamiento crítico. Mediante acusaciones temerarias, estigmatizaciones y montajes judiciales se ha querido incriminar a lo largo de los últimos años a profesores y estudiantes y así poder vincularlos a grupos terroristas. Pero no se han quedado solo allí. Recordemos que también han amenazado y atacado la vida de aquellos profesores “que incomodan”, quienes, muchas veces, hacen parte también del movimiento universitario en defensa de la educación pública o de los sindicatos de sus respectivas universidades.
     
    Cuando no han logrado doblegar a los protagonistas de la lucha por la educación pública, la estrategia optada por estos grupos retardatarios ha sido desfinanciar y ahogar presupuestalmente el sistema universitario público transfiriendo fondos a las universidades privadas. Las políticas de la derecha, y sobre todo de la derecha neoliberal, luchan contra la idea de universidad pública y su respectivo proyecto de país cada vez más incluyente y solidario, que obviamente el neoliberalismo no está dispuesto a permitir. En esta vía, el capitalismo universitario desea transformar la idea de universidad en una idea de empresa, para así colocar a los profesores como proletarios y dejar a los estudiantes en el plano de meros consumidores. En ultimas, quieren una universidad y una escuela “sin ideología”, pero que en la práctica estará dotada con toda la ideología del mercado.
     
    En Portugal, el conservadurismo de extrema derecha, que siempre existió antes y después de la Revolución del 25 de abril de 1974, hoy tiene un partido, Chega, que reúne a su alrededor a todos los movimientos neonazis y nacionalistas que nunca se conformaron con la derrota que sufrieron con la Revolución. Su estrategia a futuro se basará en la capitalización del descontento que puede causar la crisis económica y social derivada de la pandemia.
     
    El conservadurismo moderado se vio inmovilizado por la pandemia porque el consenso en la lucha contra la crisis de salud fue inicialmente abrumador y el gobierno de izquierda mostró eficacia y coherencia en las medidas a corto plazo. Desesperado en busca de una agenda que pueda atraer a sus partidarios, la encontró recientemente en la disputa sobre el carácter obligatorio u opcional de la asignatura de Ciudadanía y Desarrollo en la educación secundaria. Dicha asignatura es obligatoria.
     
    La polémica surgió cuando los padres de dos estudiantes de Vila Nova de Famalicão (al norte del país) invocaron la objeción de conciencia para no permitir que sus hijos asistieran a la asignatura, con el argumento de que los temas de esta eran una responsabilidad familiar. Los estudiantes reprobaron por ausencias, fueron admitidos por la escuela para pasar de nivel, el Ministerio de Educación rechazó el trámite y exigió que los estudiantes asistieran a un plan de recuperación, plan que los padres rechazaron, adelantando una medida cautelar que fue aceptada por el tribunal. La decisión de fondo está aún pendiente.
    Curiosamente, el conservadurismo y la derecha en Colombia aplicaron igualmente la receta de luchar contra la educación sexual en las escuelas. Llegando incluso a acusar al Acuerdo de Paz de 2016 de ser portavoz de la “ideología de género”. Múltiples marchas en contra de cartillas sobre educación sexual para las escuelas públicas y notificas falsas sobre el enfoque de género en el Acuerdo de Paz, dejaron entrever el carácter
    prejuicioso de un sector amplio de la sociedad.
     
    En Portugal, personalidades de derecha, tanto seculares como religiosas, han publicado un manifiesto a favor del carácter opcional de la asignatura. No podían elegir un objetivo menos adecuado y un tiempo menos oportuno. Vivimos en medio de un período de crisis sanitaria que nos ha estado enseñando la necesidad de un consenso político sobre los temas de los que depende nuestro futuro y el de las generaciones que nos siguen. Educar para la ciudadanía, en todas sus expresiones, es ahora más urgente que nunca.
     
    En este contexto, afirmar libertades que pueden desestabilizar la educación de los jóvenes y cuestionar aún más sus expectativas adquiere una gravedad particular. Todo el mundo recuerda las manifestaciones en los Estados Unidos de las fuerzas de derecha y de extrema derecha contra el uso de máscaras y el distanciamiento sanitario. La repulsión fue general. En el caso de la educación sexual (porque este es el quid de la molestia) no está en cuestión la desobediencia a las directrices de la OMS, se trata de la violación de los tratados internacionales de derechos humanos que Portugal ha ratificado.
     
    Recordemos que el principio de igualdad de género y respeto por la diversidad sexual es ahora reconocido internacionalmente, y es de ahí que surge la demanda de educación sexual en las escuelas, que, además, está ocurriendo en toda Europa. Y para sorpresa de los conservadores portugueses, los estudios muestran que los padres estadounidenses, cualquiera que sea su orientación política, están abrumadoramente a favor de la educación sexual en la escuela. Entre otras motivaciones, muchas de ellas prefieren que la escuela trate temas que, por importantes que sean, pueden ser inconvenientes cuando se tratan en la intimidad familiar. Otros temen que, a falta de escuela, las redes sociales ocupen este espacio sin ningún
    control.
     
    La controversia que ha surgido en la sociedad portuguesa muestra hasta qué punto el Portugal profundo sigue siendo sexista (y ciertamente también racista, ya que los dos prejuicios van juntos, como muestran varios casos recientes). Hace cincuenta años las escuelas enseñaban que las mujeres debían obedecer a sus maridos, que no podían ocupar ciertos cargos porque carecían de capacidad física o mental, y que los homosexuales eran enfermos (si no criminales).
     
    Las transformaciones políticas que hemos atravesado y los movimientos sociales que les siguieron en favor de los derechos sexuales, y todo el movimiento mundial por los derechos humanos, fueron sedimentando una nueva cultura de paz y convivencia, de reconocimiento de la diferencia y de respeto por la diversidad. Esta cultura se solapa con siglos de prejuicios y siglos de privilegio, en los que tales prejuicios se han traducido y siguen traduciendo. La inercia social que esto causa se produce en todo momento, como en el presente caso.
     
    De ahí la necesidad de que la escuela participe activamente en el aprendizaje de una cultura democrática, no excluyente, promotora de los derechos humanos. Y las escuelas ciertamente lo hacen de una manera mucho más confiable que las redes sociales.
     
    A la luz de cualquiera de los tres movimientos globales de ideas de origen europeo (liberalismo, socialismo, derechos humanos), esta iniciativa del conservadurismo portugués significa una violación de los objetivos de inclusión social igualitaria que dominaron en los últimos cien años y, en Portugal, solo en los últimos cincuenta años. Debido a esta particularidad portuguesa, poner en duda la vigencia plena de la educación para la ciudadanía es particularmente grave. Es que, detrás de la convicción de los conservadores de la derecha moderada, se esconde la extrema derecha, probablemente con el objetivo de sobreponerse en la polarización que explotará a toda costa.
     
    La presencia de la jerarquía de la Iglesia católica, en abierta desobediencia al Papa Francisco, es una señal adicional de preocupación. No olvidemos que la jerarquía de la Iglesia católica portuguesa defendió el fascismo (y el colonialismo) hasta sus últimos momentos. Y, por supuesto, es particularmente importante que los tribunales no renuncien al hacer valer los derechos de igualdad y orientación sexuales consagrados en las leyes y la Constitución. Recordemos que en esta materia hubo decisiones recientes muy problemáticas y justificadas por motivos ilegales. No es opcional volver atrás. Los contratiempos en la educación son siempre un terrible presagio para la sociedad. Si la igualdad sexual fuera la ideología de género, la igualdad racial sería la ideología racial y la lucha contra la pobreza sería la ideología clasista. Y, en última instancia, la lucha contra el fascismo sería la ideología…democrática.
     

  • LOS NEURODERECHOS- Germán Burgos Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia Investigador asociado según Colciencias

     
    Los derechos subjetivos, es decir aquellas facultades juridizadas de hacer, no hacer o acceder a ciertos bienes y servicios, no solamente se pueden concebir como modernos en su origen, sino que igualmente están asociados, entre otros, tanto a las luchas sociales, como a las transformaciones tecnológicas. Las libertades individuales de las que hoy gozamos al menos formalmente han sido el producto de revoluciones burguesas, pero igualmente de procesos de democratización y modernización que comprometen a actores en pugna. Por su parte, los cambios tecnológicos, que no se pueden desligar de las luchas sociales, están tras los derechos laborales como también respecto al hoy conocido como derecho al olvido, predicado frente a cierta información personal presente en la red. Ahora, y en este último plano, nos enfrentamos a los llamados por algunos, “neuroderechos”.
     
    El tema en mención es parte de la respuesta de algunos expertos a lo que hoy es tecnológicamente posible y que corresponde al acceso y al control del pensamiento de las personas a través de diversas tecnologías. Según el diario El País, de España, se ha logrado transmitir la expresión “hola” entre los cerebros de dos personas ubicadas a más de 7.000 kilómetros, por medio de impulsos eléctricos.
     
    Se han recreado imágenes de lo que alguien observa a través de sus ondas cerebrales y de manera similar se ha logrado leer en el cerebro de algunos las palabras cuchara y teléfono cuando se les pedía pensar en ellas. Hoy existen diademas que, colocadas en la cabeza de alguien, permiten registrar lo que pasa en su cerebro y están siendo utilizadas para determinar el nivel de concentración de los estudiantes o de estrés, como es el caso de los chóferes de buses públicos en China. Según Rafel Yuste, profesor en Columbia, “el nuevo iPhone va a ser una interfaz cerebro-computadora no invasiva”. Facebook y Microsoft desarrollan sus propios proyectos, paralelos a los que están en construcción por la industria militar estadounidense y el gobierno chino. Como producto de lo anterior, ya se habla de una especie de “neurocapitalismo”.
     
    Obviamente, este tipo de situaciones tiene claros impactos, entre otros, en los ámbitos de la privacidad y libertades individuales. En efecto, aunque suene a ciencia ficción, hoy sería posible conocer qué estamos pensando o sintiendo y, por tanto, igualmente, viable enmarcar nuestro comportamiento de una u otra forma. Ya no se trata solo del viejo esquema del marketing y la sicología según el cual los humanos podemos ser clasificados según ciertas tipologías y/o traumas que permiten predecir y encauzar nuestro comportamiento. Se trataría de poder estar en nuestro cerebro, leerlo y controlarlo en formas múltiples.
     
    Es por ello que desde el seno de los neurocientíficos vinculados a este proceso, ha surgido la idea de generar los llamados neuroderechos, dirigidos a proteger bienes como la privacidad y la libertad arriba indicados. En tal sentido, se han enunciado como tales los siguientes:
    1.derecho a la identidad personal ante la posibilidad de que los algoritmos sean los que tomen las decisiones y el yo de los individuos y sus diferencias se haga más que nebuloso.
    2.Derecho a la libertad individual en la medida en que herramientas externas pueden interferir en nuestros ámbitos de decisión.
    3.Derecho a la privacidad mental ante la posibilidad de que la neurotecnología recopile tal cantidad de datos sobre nuestro cerebro de manera tal que sea capaz de “imaginar” nuestros pensamientos.
    4.Derecho al acceso equitativo, lo cual indica que estas nuevas tecnologías traen oportunidades para los humanos, pero que las mismas no serán accesibles de forma igualitaria.
    5.Derecho a protección contra sesgos, dado que los programas y algoritmos son alimentados por humanos que tienen sesgos de diverso tipo, estos se reproducen de manera generalizada a través de estos sistemas que cada vez adquieren más autonomía.
     
    Como puede verse, en el creciente marco de la explosión de derechos antes no previstos como los de la naturaleza, los animales etc., se incorporan ahora los antes descritos. Al respecto, se plantea que Chile sería el primer país en incorporarlos a su Constitución en el planeado contexto de reforma de la misma, mientras en España se viene hablando de incluirlos de alguna forma en la estrategia para la inteligencia artificial.

  • COVID-19, EL DIA A DIA Y LA SEGURIDAD JURÍDICA- Germán Burgos S. Profesor Universidad Nacional. Investigador Asociado según Colciencias.

     
    La epidemia del covid-19 ha fortalecido la tendencia según la cual debemos vivir ante todo el presente, tener conciencia de que lo único que tenemos es el día a día. Parece claro que este “presentismo” es bastante pertinente hoy, cuando el futuro se avizora poco claro y muchas voces plantean que el pasado no volverá a ser tal como lo conocimos. De seguro vivir la cuarentena y el encierro es más digerible, si no pensamos en el futuro, lo cual nos puede traer ansiedad y, por ello, sería más recomendable concentrarnos en las rutinas creadas para cada día.

     

     

    La idea de vivir las 24 horas y atarnos a este presente desanclado no está alejada de las situaciones de aislamiento y crisis. Hoy, es usual apelar al mismo en las terapias de las cárceles, donde muchos presos no tienen demasiadas esperanzas sobre su futuro sea por las penas recibidas, sea por la inseguridad de las penitenciarías. También dentro de los planteamientos de alcohólicos anónimos se apela reiteradamente a la idea de un día a la vez, es decir la decisión de no tomarse la primera copa, al menos por el día correspondiente. Obviamente el budismo y el yoga han hecho de esta invocación del hoy uno de sus principios básicos y van más allá de la idea de la crisis o el encierro antes mencionadas.
     
    No obstante su actualidad en contextos de crisis o más allá de estos, algunas interpretaciones sobre el presente del día a día afrontan fuertes desencuentros con el tiempo lineal premoderno y moderno que ha sustentado la civilización occidental como la conocemos. Antes de la modernidad europea, fundábamos el orden social en una invocación permanente al pasado expresado en costumbres, tradiciones, leyes naturales y voluntad divina. El pasado nos daba las reglas del comportamiento como producto de su desarrollo pausado y aquilatado en el tiempo, tamizado por el aprendizaje de los errores. Actuar según el pasado era la mejor forma de honrar las tradiciones y ser considerado piadoso, correcto y adecuado. El conservadurismo hizo de esta idea uno de los planteamientos centrales hasta nuestros días. El common law sustentado en el precedente sería una expresión jurídica de lo anterior, hoy bastante matizada por el derecho legislado.
     
    Por su parte, la idea del futuro es uno de los sustentos centrales de la modernidad. Esculpida en el concepto del progreso, de la ilustración, hemos venido asumiendo que todo lo que hacemos en el presente y lo que aprendimos en el pasado es para construir un mejor futuro, cumplir nuestras metas y sueños, cambiar el mundo y hacerlo más cercano a nuestros ideales de distinto tipo. Aunque el futuro no es fácilmente previsible y controlable, buena parte de las ciencias han tratado y logrado hacer predicciones loables sobre lo que vendrá. A diferencia del pasado, labrado en enseñanzas más o menos manipuladas según ideologías, el futuro es ante todo una creencia fundada en la “fe” incuestionable de científicos, futurólogos y optimistas. No es posible conocer el futuro y por ende cuando apostamos por él es lo más parecido a jugar la lotería.
     
    El “presentismo” arriba identificado reniega superficialmente de nuestro pasado y nuestro futuro. Aprender de nuestro pasado y discutir en torno a los contenidos y alcances del mismo es el objeto de especial atención de la memoria histórica y las lógicas de la reparación respecto de poblaciones explotadas, entre otros. Aun individualmente, conocerse a sí mismo es indagar en nuestro pasado y tener claras nuestras debilidades y fortalezas. Por otra parte, la lucha por un futuro mejor ha permitido transformaciones como la introducción de los derechos humanos en cuanto ideales regulatorios prescriptivos, las diversas tecnologías para enfrentar las limitaciones que nos pone la naturaleza y las luchas políticas que son en buena parte sobre propuestas de futuro. La idea del futuro es la que nos ha permitido alargar nuestras vidas en condiciones más adecuadas y saludables, teniendo más tiempo para pensar en nuestro presente.
     
    Trayendo esta discusión al concepto de seguridad jurídica, propio del mundo del Derecho, la relación entre el pasado, el presente y el futuro muestra su complejidad. Como es conocido, tal principio busca hacer predecible el comportamiento del Estado y de los demás, vía un conjunto de normas generales, abstractas y públicas, entre otras características. De esta manera queremos generar confianza en los otros, es decir poder controlar de cierta forma el futuro de nuestras relaciones, sobre todo con extraños, y sujetarlo a consecuencias jurídicas mediadas por el Estado. Complementariamente nuestros ideales de futuro quedan expresados parcialmente en normas jurídicas sobre la justicia, los derechos etc. Por tanto, la previsión parcial del futuro es algo perseguido vía la seguridad jurídica. Pero igualmente el pasado está allí en cuanto muchas normas son fundadas en tradiciones y costumbres o en aprendizajes colectivos a partir de luchas sociales, catástrofes naturales, etc. De cierta forma, la predictibilidad normativa es la síntesis parcial del pasado, proyectada al futuro para aplicar en un presente.
     
    Paradójicamente, la idea del día a día simplista ha calado en sectores de la población diametralmente opuestos. De un lado, personas de nivel social alto que tienen resueltas muchas de sus necesidades económicas y de salud y que cuentan con el tiempo y los recursos para dedicarse a disciplinas como el yoga, el mindfulness, el budismo, etc., y para los cuales pensar en el día a día no es un agobio, pues tienen su futuro “asegurado”. Y, por el otro, sectores sociales excluidos que han crecido con la idea de que no tienen un mañana y que su vida en la informalidad es tan precaria que solo cabe pensar en el día a día. Bajo el covid-19 están ambos “presentismos” útilmente agazapados pensando en el futuro que viene, en aquel que nos permitirá pensar y ejercer nuestras libertades, deseos y aspiraciones, más allá de ver como nuestros días se repiten más o menos iguales dentro de nuestras cuatro paredes.

  • Dos años de la Jurisdicción Especial para la Paz- Freddy Ordóñez Gómez Investigador de ILSA

     
    El pasado mes de enero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cumplió dos años de su puesta en marcha, y como suele ocurrir con cada aniversario o cumpleaños, esta es una ocasión para recordar, y hacer balances. A continuación, algunos aspectos previos a su puesta en marcha y sobre su accionar.

     

     

    Lo primero que habría que mencionar es que la JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición contenido en el Acuerdo Final.  Este sistema debe ser comprendido como un conjunto articulado de mecanismos de justicia transicional: uno judicial (la JEP) y dos extrajudiciales (la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas). Ahora bien, existe una tendencia a entender el adjetivo transicional de la justicia transicional como temporalidad (un horizonte de tiempo definido) mas no como un cambio que, en el caso colombiano, implica el paso de un momento de conflicto armado a uno de paz: precisamente parte del potencial emancipatorio de la JEP está en que aporte a la consecución y consolidación de una transición.
     
    Otro aspecto que se debe repasar es que sectores de la élite política, especialmente la fracción hoy en el poder, buscaban que en el Acuerdo de Paz quedara incorporado un mecanismo judicial que, desde una lectura liberal de la justicia transicional, se encargara de sancionar exclusivamente a quienes participaron directamente en las hostilidades (especialmente a exguerrilleros). Lo anterior, se vio reflejado en las intenciones de cambio a lo inicialmente pactado a partir de la renegociación del Acuerdo como resultado del plebiscito, deseo que no se agotó en la refrendación e implicó que el hoy presidente Ivan Duque expresara la necesidad de hacer modificaciones a “unos problemas de diseño institucional que están fallando en la JEP” y afirmara que la Jurisdicción “es un monumento a la impunidad”. En esta disputa se destaca la no votación del Centro Democrático de los proyectos de las principales normas relacionadas con la JEP, así como las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción, y los proyectos de reforma presentados y en curso.
     
    Adicionalmente, la Corte Constitucional se atribuyó la posibilidad de aprobación o rechazo de componentes de la implementación, soportada en su papel de guardiana de la Carta Política, lo que implicó que algunos aspectos de la JEP fueran alterados o tachados en los estudios de constitucionalidad adelantados.
    Parte de lo que se ha buscado con las modificaciones es generar asimetrías entre los exguerrilleros y la fuerza pública, así como blindar a civiles y a altos funcionarios de una eventual sanción por sus responsabilidades en el conflicto. Lo anterior refleja el interés por incorporar una carga ideológica al derecho transicional, esto es, según Oscar Correas, dar un sentido ideológico al Derecho. Pero, adicionalmente, se ha podido ver cómo desde el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte Constitucional se proyecta ideología jurídica al presentar e interpretar el discurso sobre la justicia transicional y la JEP.
     
    Del último informe La JEP en cifras se destaca:
    1.12.422 personas cuentan con actas de compromiso ante la JEP, de estas 9.732 (78,3 %) son exintegrantes de las Farc-EP, 2.590 (20,9 %) son integrantes de la fuerza pública y 88 (0,7 %) son otros agentes del Estado.
    2.Un total de 249 informes han sido presentados a la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas por parte de organizaciones de víctimas y de instituciones del Estado,
    3.la jurisdicción especial para la paz ha entregado 234 libertades transitorias, condicionadas y anticipadas a miembros de la fuerza pública y a terceros y ha concedido 160 libertades condicionadas a antiguos integrantes de las Farc-EP.
     
    Se resalta también del trabajo de la JEP que los siete macrocasos abiertos abarcan más de 325.000 víctimas individuales, la construcción de una lectura territorial de la justicia transicional, así como el reconocimiento al ambiente como víctima del conflicto y la existencia de más de 916 solicitudes de sometimiento de agentes del Estado y civiles a la Jurisdicción.
     
    Lo esbozado presenta un balance positivo de la JEP que deja ver que, a pesar de las disputas en el discurso del derecho y el discurso jurídico, esta se ha alejado de la lectura liberal del derecho transicional y de su entendimiento del impartir justicia, así como de los parámetros de la jurisdicción penal. De igual forma, que ha adelantado acciones que pueden contribuir no solo a la lucha contra la impunidad (objetivo que podría llegar a entenderse limitadamente), sino, además, a la necesaria transición a la paz.

     

  • Pueblos indígenas amazónicos y covid-19 Freddy Ordóñez Gómez-Investigador de ILSA

     
     
    En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que se celebre el 9 de agosto, como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este año, la temática central se plantea alrededor de la covid-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas. En nuestra América, la región sobre la que están puestos los ojos es la Amazonía, esto debido a la falta de goce efectivo de derechos de sus habitantes, el impacto que ha tenido allí la pandemia y la gran cantidad de pueblos indígenas que están en alto riesgo.
    La triple frontera Brasil–Colombia–Perú es uno de los principales centros del virus en Latinoamérica. A principios de abril, se detectó el primer caso de covid-19 en Tabatinga al otro lado de la frontera con Leticia. Por esos días ya se hablaba de personas enfermas en otras localidades de la Amazonía brasileña y de más de 130 casos en Iquitos (Perú). Hoy, en el Estado de Amazonas (Brasil) los contagios confirmados llegan a 107.000 y las muertes a 3.359 y recientemente se indicó  que el 93 % de la población de Iquitos pudo haberse contagiado con el nuevo coronavirus, esto es 384.000 personas. En el departamento colombiano de Amazonas se cuenta con 2.584 casos y 104 fallecidos, siendo la entidad territorial con más muertes (1.267) y contagios (31.428) por millón de habitantes, adicional a esto, el virus se expande rápidamente en Putumayo y Caquetá. Debe recordarse que en la Amazonía colombiana habitan 65 pueblos y un total de 168.572 indígenas.
    La emergencia generada por el nuevo coronavirus se extiende a toda la Panamazonía, lo que significa una tragedia para los pueblos indígenas. En efecto, en la cuenca amazónica se presentaron el 4 de agosto del 2020, 34.598 casos de covid-19 confirmados en indígenas y 1.251 fallecidos. Son aproximadamente 212 pueblos indígenas en los que se encuentra la enfermedad.
    La pandemia ha llevado a mirar nuevamente hacia la Amazonía y con ello a los pueblos indígenas, a las formas en que se ha construido (y destruido) desde los centros de poder, desde las metrópolis, el territorio amazónico. En evento que indaga por los derechos de los indígenas de esta región, el profesor Carlos Frederico Mares señalaba que la cuestión amazónica hoy para los pueblos indígenas en Brasil, y tal vez en toda la región, es muy semejante a como era en el siglo XVI, pues conserva el horror del proceso colonial: la mentira y la violencia, como forma de destruir la naturaleza y las gentes de la naturaleza de los pueblos indígenas, para dar paso al extractivismo profundo.
    Por su parte, el investigador Fernando Fierro de la Fundación Gaia Amazonas indicó que el relacionamiento entre las sociedades indígenas y las no indígenas, ha sido percibido por las primeras como una enfermedad, donde la covid-19 es un síntoma más de esta, afección que tiene como referentes trágicos las mal llamadas bonanzas, que fueron formas de destruir la región, tanto o más mortíferas como lo es hoy la pandemia.
    En la misma línea, la académica peruana Raquel Yrigoyen sostuvo en ese espacio que estamos en un tercer ciclo de invasión a los pueblos indígenas, que tiene como punto de origen el Consenso de Washington y está determinado por el extractivismo, es un periodo en el que los pueblos logran la consagración en instrumentos internacionales y en jurisprudencia regional de sus derechos y se despliega el ecoconstitucionalismo con la Carta ecuatoriana del 2008 y la jurisprudencia que reconoce ecosistemas como sujetos de derechos, pero en el que a nivel interno en los países se avanza en legislación extractivista que desconoce derechos a los pueblos originarios.
    El covid-19 agrava y agudiza la difícil situación, el histórico abandono, la exclusión y discriminación, que viven los pueblos indígenas amazónicos, la falta de garantía de sus derechos, especialmente, de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como derechos étnicos y territoriales. Las medidas adoptadas por los Estados en no pocos casos profundizan las violaciones y tienen repercusiones negativas: la militarización de la selva y de los ríos, la distorsión del proceso y virtualización de las consultas previas, la falta de participación en la formulación y adopción de estrategias y políticas de contención del virus (las cuales muchas veces no tienen pertinencia cultural ni enfoque étnico situado), el desconocimiento a la autoidentificación, las limitaciones a la libre locomoción y el cierre de fronteras, entre otros, son ejemplos de políticas estatales que vulneran derechos a estos pueblos.
    Que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y la pandemia permitan dar un giro al relacionamiento con la región, así como a las naciones ancestrales que la habitan, avanzar en la garantía de sus derechos, en su reconocimiento como autoridades de sus territorios, al igual que en la protección socioambiental de la Panamazonía.

  • En memoria del maestro Oscar Correas

    En memoria del maestro Oscar Correas

    IEl pasado 27 de abril, falleció en México el maestro Oscar Correas, su partida se dio el mismo día que la de Antonio Gramsci, ocurrida en Roma en 1937. En el texto Kelsen y Gramsci o de la eficacia como signo de hegemonía, el doctor Correas acercó a estos dos autores para describir la hegemonía como un proceso dentro del cual se inscriben procesos de eficacia del Derecho, siendo estos últimos rasgos distintivos del primero. Así, afirma que la sociología jurídica, como ciencia que estudia la efectividad y las causas de las normas, tiene como objeto el abordaje de la hegemonía, expresada en la capacidad que tiene el grupo en el poder de hacerse obedecer a través del Derecho, en la eficacia de su producción normativa. El trabajo reseñado posteriormente formaría parte del libro Kelsen y los marxistas, publicado por ediciones Coyoacán en 1994.

    El doctor Correas salió de su país amenazado por la Alianza Anticomunista Argentina (la Triple A), y sobre su punto de llegada afirmaría a finales de los noventa, “jamás se me ocurrió otro destino que no fuera México”. Fue este país el centro desde el que desplegó su amplio y reconocido ejercicio docente, profesional e intelectual, que incluyó la filosofía y la teoría del Derecho, la sociología jurídica, el pluralismo jurídico y la metodología jurídica, abordadas desde lo que sería su contribución a la visión marxista del Derecho: la crítica jurídica latinoamericana. Este valioso aporte al pensamiento jurídico crítico lo llevó a fundar en 1983 la emblemática Crítica Jurídica. Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho (revista de la que dos de sus discípulos, Raymundo Espinoza* y Amanda Villavicencio, han analizado en recientes artículos sus más de 30 años de existencia); así mismo, a celebrar, desde 1985, congresos y conferencias latinoamericanas de crítica jurídica.

    Parte de las reflexiones del maestro se orientaron a tratar el uso alternativo del Derecho, los derechos humanos y los servicios legales alternativos. Sobre estos temas, mantuvo un enriquecedor diálogo con juristas críticos colombianos y desplegó importantes contribuciones a la formación (porque Correas siempre fue un formador) de diferentes generaciones de abogados populares en nuestro país. Así, en 1986 su trabajo “La democracia y las tareas de los abogados en América Latina”, fue parte del libro Los abogados y la democracia en América Latina (Quito: ILSA), compilación que incluyó, entre otros, textos de Boaventura de Sousa Santos, Bob Jessop, Norbert Lechner, Juan Carlos Portantiero y Roberto Bergalli. Este último, también jurista argentino exiliado, referente de la criminología crítica y la sociología jurídica que murió a los 84 años, el pasado 4 de mayo en España.

    El doctor Correas también realizó algunos informes relacionados con derechos humanos para ILSA, los cuales son parte de su obra Acerca de los derechos humanos. Apuntes para un ensayo (México: Coyoacán, 2003). Adicionalmente, artículos suyos aparecen en los números 5 (1990), 15 (1994) y 51 (2015) de El Otro Derecho, y sus libros y la revista Crítica Jurídica, fueron reseñados en Portavoz, el boletín de los programas de servicios legales en Latinoamérica y el Caribe que circuló hasta la década de los noventa. El diálogo de Correas con nuestro país ha incluido la participación de abogados y cientistas sociales colombianos en textos compilados bajo su dirección, en grupos de trabajo regionales y en encuentros latinoamericanos de crítica jurídica, de estos últimos se realizó el año pasado la más reciente conferencia en la ciudad de México.

    “Lo importante es darse cuenta de que el derecho es, en verdad, un instrumento de control social, y que ese control sucede en su uso. Esta es la posición que sostienen todos quienes, como yo, se consideran parte de una tendencia crítica que, sin ser una escuela, permite a muchos reconocerse en cierta actitud frente al derecho y a las formas apologéticas del mismo”, expresó el maestro en el libro compilado por Rodolfo Vázquez y José Lujambio sobre filosofía del derecho contemporánea en México, y tiene razón: la Crítica Jurídica Latinoamericana no es una escuela, es un movimiento, con un programa ambicioso que él nos mostró y al que nos invitó desde el número 0 de Crítica Jurídica, programa que se construye, lenta, pero decididamente, con el aporte de todos quienes se comprometen con la defensa de los derechos humanos, la promoción de la democracia y la transformación de las estructuras sociales de nuestro continente. La vida y obra del doctor Correas como una invitación permanente. Aceptamos complacidos. Buen viaje querido maestro.

    * El marxismo de la revista Crítica Jurídica. En Crítica marxista del derecho. Materiales para una introducción. México: Ítaca, 2018. pp. 127-142.

  • Dos años de la Jurisdicción Especial para la Paz

    Dos años de la Jurisdicción Especial para la Paz

    Freddy Ordóñez Gómez*

    El pasado mes de enero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cumplió dos años de su puesta en marcha, y como suele ocurrir con cada aniversario o cumpleaños, esta es una ocasión para recordar, y hacer balances. A continuación, algunos aspectos previos a su puesta en marcha y sobre su accionar. 

    Lo primero que habría que mencionar es que la JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición contenido en el Acuerdo Final.  Este sistema debe ser comprendido como un conjunto articulado de mecanismos de justicia transicional: uno judicial (la JEP) y dos extrajudiciales (la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas). Ahora bien, existe una tendencia a entender el adjetivo transicional de la justicia transicional como temporalidad (un horizonte de tiempo definido) mas no como un cambio que, en el caso colombiano, implica el paso de un momento de conflicto armado a uno de paz: precisamente parte del potencial emancipatorio de la JEP está en que aporte a la consecución y consolidación de una transición.

    Otro aspecto que se debe repasar es que sectores de la élite política, especialmente la fracción hoy en el poder, buscaban que en el Acuerdo de Paz quedara incorporado un mecanismo judicial que, desde una lectura liberal de la justicia transicional, se encargara de sancionar exclusivamente a quienes participaron directamente en las hostilidades (especialmente a exguerrilleros). Lo anterior, se vio reflejado en las intenciones de cambio a lo inicialmente pactado a partir de la renegociación del Acuerdo como resultado del plebiscito, deseo que no se agotó en la refrendación e implicó que el hoy presidente Ivan Duque expresara la necesidad de hacer modificaciones a “unos problemas de diseño institucional que están fallando en la JEP” y afirmara que la Jurisdicción “es un monumento a la impunidad”. En esta disputa se destaca la no votación del Centro Democrático de los proyectos de las principales normas relacionadas con la JEP, así como las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción, y los proyectos de reforma presentados y en curso.

    Adicionalmente, la Corte Constitucional se atribuyó la posibilidad de aprobación o rechazo de componentes de la implementación, soportada en su papel de guardiana de la Carta Política, lo que implicó que algunos aspectos de la JEP fueran alterados o tachados en los estudios de constitucionalidad adelantados.

    Parte de lo que se ha buscado con las modificaciones es generar asimetrías entre los exguerrilleros y la fuerza pública, así como blindar a civiles y a altos funcionarios de una eventual sanción por sus responsabilidades en el conflicto. Lo anterior refleja el interés por incorporar una carga ideológica al derecho transicional, esto es, según Oscar Correas, dar un sentido ideológico al Derecho. Pero, adicionalmente, se ha podido ver cómo desde el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte Constitucional se proyecta ideología jurídica al presentar e interpretar el discurso sobre la justicia transicional y la JEP.

    Del último informe La JEP en cifras se destaca: (i) 12.422 personas cuentan con actas de compromiso ante la JEP, de estas 9.732 (78,3 %) son exintegrantes de las Farc-EP, 2.590 (20,9 %) son integrantes de la fuerza pública y 88 (0,7 %) son otros agentes del Estado; (ii) Un total de 249 informes han sido presentados a la sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas por parte de organizaciones de víctimas y de instituciones del Estado, y (iii) la jurisdicción ha entregado 234 libertades transitorias, condicionadas y anticipadas a miembros de la fuerza pública y a terceros y ha concedido 160 libertades condicionadas a antiguos integrantes de las Farc-EP.

    Se resalta también del trabajo de la JEP que los siete macrocasos abiertos abarcan más de 325.000 víctimas individuales, la construcción de una lectura territorial de la justicia transicional, así como el reconocimiento al ambiente como víctima del conflicto y la existencia de más de 916 solicitudes de sometimiento de agentes del Estado y civiles a la Jurisdicción.

    Lo esbozado presenta un balance positivo de la JEP que deja ver que, a pesar de las disputas en el discurso del derecho y el discurso jurídico, esta se ha alejado de la lectura liberal del derecho transicional y de su entendimiento del impartir justicia, así como de los parámetros de la jurisdicción penal. De igual forma, que ha adelantado acciones que pueden contribuir no solo a la lucha contra la impunidad (objetivo que podría llegar a entenderse limitadamente), sino, además, a la necesaria transición a la paz.

  • La importancia de la educación jurídica popular

    La importancia de la educación jurídica popular

    Jesús Antonio de la Torre Rangel, en su libro El derecho a tener derechos. Ensayos sobre los derechos humanos en México (México: Ciema, 2002), retoma las tareas de los abogados con espíritu democrático y vocación de servicio a los sectores oprimidos, señaladas por Oscar Correas en “La democracia y las tareas de los abogados en América Latina”.

    Estas son, en primer lugar, el ejercicio de la profesión de abogado a través de la asesoría jurídica a sindicatos y otros sectores sociales, la defensa penal y la representación legal frente al Estado, la participación dentro del aparato administrativo estatal y en tareas legislativas y de apoyo parlamentario. En segundo lugar, la crítica jurídica, que implica el control de la práctica jurídica, así como de la creación y aplicación de leyes y resoluciones administrativas, y la elaboración de teoría crítica del derecho.

    A las dos tareas el profesor de la Torre Rangel agrega otra: la educación jurídica-popular. Partiendo de tres elementos claves:

    1. El uso del derecho objetivo al servicio del pueblo debe ir acompañado de una educación jurídica al propio pueblo.
    2. Es muy importante que el pueblo conozca las normas y tenga una conciencia crítica de las mismas.
    3. Además de que el pueblo conozca sus derechos y sepa hacerlos valer críticamente, es necesario que llegue a prescindir de los profesionales del Derecho, generando en sus mismas organizaciones personas preparadas que ejerzan la abogacía.

    La educación jurídica popular, de acuerdo con Ivanilde Apoluceno de Oliveira, promueve la socialización del saber jurídico entre líderes sociales, miembros de organizaciones populares y ciudadanos, para contribuir a la construcción de ciudadanía y la formación de sujetos de derechos, fomentar la participación en diversos espacios de decisión y la construcción del derecho a favor de las comunidades, siendo la ciudadanía, la democracia y la justicia valores básicos del proceso.

    En Colombia, la educación jurídica popular ha sido implementada por abogados defensores de derechos humanos, ONG y agencias de cooperación internacional. Veamos dos casos.

    La presencia de organizaciones criminales y la dinámica del conflicto armado llevó a que en el marco del Proyecto PaZcífico: entornos seguros para comunidades étnicas, liderado por Heks Eper, se adelantaran jornadas de educación jurídica popular en área rural de Quibdó sobre los riesgos y amenazas que afectan la defensa de los derechos humanos y al liderazgo social y étnico en el Pacífico.

    El ejercicio implicó una aproximación a los decretos 1581 del 2017, 2124 del 2017 y 660 del 2018 (normativa reciente y relevante en la materia); pero además, que se retomaran los principales aspectos relacionados con el discurso de los derechos humanos, se considerara el acuerdo de paz firmado por el Gobierno y las FARC-EP, así como la situación de persecución a líderes y lideresas en el país y en la región (la Defensoría del Pueblo ha emitido más de 30 alertas tempranas entre 2018 y 2019, advirtiendo riesgos y amenazas en el Chocó biogeográfico).

    El Decreto 632 del 2018 estipula los elementos necesarios para poner en funcionamiento territorios indígenas en áreas no municipalizadas de Amazonas, Guainía y Vaupés. El reconocimiento de estos territorios debe ser solicitado por las mismas comunidades, lo que implica que conozcan la norma y la ruta para dar vida a las entidades territoriales indígenas establecidas en la Constitución Política. Lo anterior llevó a que abogados (y otros profesionales) vinculados a la Fundación Gaia Amazonas, con amplia trayectoria en trabajo comunitario y sólida formación en derechos étnicos, se lanzaran a los ríos del suroriente del país, para conversar en las malokas con tradicionales, capitanes y comunidades sobre este nuevo paso en el reconocimiento y exigencia de los derechos de los pueblos indígenas.

    Los ejemplos citados parten del diálogo de saberes y de una lectura espacial e históricamente situada, haciendo uso de metodologías participativas, y son muestra de ejercicios con los que se busca que las comunidades tengan herramientas para la defensa de sus derechos, su reconocimiento pleno como actores sociales y potenciar sus procesos organizativos.

    Ahora bien, de la Torre plantea que con la educación jurídica el pueblo puede llegar a prescindir de los profesionales del Derecho. Esto no debe entenderse como la no necesidad comunitaria de contar con asesoría de organizaciones de servicios legales, que es a lo que algunos empresarios le han apostado: negociar con procesos sociales sin acompañamiento legal, fingiendo “conversar de tú a tú”, “sin intermediaciones innecesarias”, pero actuando contra esas comunidades a través de sus apoderados ante ministerios, entidades como la ANLA y jueces.

    La propuesta del jurista mexicano se orienta a que del mismo pueblo surjan personas que ejerzan la abogacía y defiendan los intereses colectivos, algo que hoy es fundamental y muy necesario.

  • Las organizaciones no gubernamentales y la formación legal: su contribución a los estudios sociojurídicos

    Las organizaciones no gubernamentales y la formación legal: su contribución a los estudios sociojurídicos

    Recientemente, la Facultad de Derecho de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca organizó la Primera Jornada ONG y gremios jurídicos en la formación legal, actividad en la que se destacó el papel que cumplen las organizaciones no gubernamentales (ONG) en, al menos, tres aspectos relacionados con la enseñanza del Derecho: (i) la posibilidad de brindar un espacio para las prácticas estudiantiles y el aprendizaje del ejercicio profesional no orientado por la relación cliente-abogado ni bajo la lógica de asesoría jurídica de beneficencia o gratuita; (ii) sus aportes a la legislación, doctrina y la jurisprudencia sobre derechos humanos, Estado social de derecho y políticas públicas, mediante, entre otras, la incidencia política y la exigibilidad jurídico-política, y (iii) su contribución a los estudios sociojurídicos y las miradas interdisciplinarias del Derecho. Este último aspecto es el que aborda esta columna.

    Se tiende a señalar el final de la década de los ochenta y el principio de los noventa como el periodo en el que se da comienzo a los estudios sociojurídicos en el país. No obstante, El problema teórico en la investigación socio-jurídica de Víctor Manuel Moncayo y Fernando Rojas, publicado en 1976, se presenta como un referente importante (tal vez fundacional) de estos en Colombia. En este, Moncayo y Rojas abordan desde la teoría crítica marxista la necesidad que surgió en el marco de un proceso investigativo sociojurídico de brindar mayor solidez teórica a un estudio sobre la forma de entender el Derecho en una sociedad concreta y de las expresiones temáticas y temporales de este.

    Ahora bien, los estudios sociojurídicos fueron definidos por Germán Palacio como aquellos que analizan “la dimensión legal normativa en su relación con consideraciones o análisis que provienen de otras disciplinas sociales o naturales”. A partir de ello, presenta lo que son 16 áreas claves del campo que, para Rosembert Ariza, a pesar de ser de principios de los noventa, reflejan “múltiples elementos de análisis sobre la manera como se consolida este campo de conocimiento en el tiempo y que en esencia se mantiene hasta nuestros días”. Algunas de estas son: administración de justicia y derechos humanos; sociología de la profesión; movimientos sociales y movilización del Derecho para el cambio social; medio ambiente, Derecho y política y relaciones de género, Derecho y poder.

    Hoy, el saber sociojurídico colombiano, siguiendo a Ariza, se produce en cuatro escenarios: (i) ONG y de la sociedad civil, (ii) universidades, (iii) entidades estatales y (iv) organismos internacionales, y se orienta principalmente al análisis sociológico del Derecho (investigaciones y estudios sociojurídicos) y a la sistematización de experiencias en asesoría jurídica popular o de litigio estratégico, desde un soporte interdisciplinar y empírico.

    Más allá de lo que puede considerarse, en palabras de Germán Burgos, los extravíos de la pregunta por lo político en las ONG, estas fueron espacios pioneros y aun hoy contribuyen a los estudios sociojurídicos desde lecturas críticas. Si bien no todas tienen la investigación como parte de su accionar, en Colombia entidades como el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos (Cesjul), el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; la Comisión Colombiana de Juristas, la Corporación Región, Dejusticia, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), entre otras, presentan contribuciones importantes a los estudios sociojurídicos y han consolidado líneas editoriales de difusión.

    Por ejemplo, Dejusticia cuenta con más de 70 publicaciones y, en el 2017, compiló sus principales investigaciones en Democracia, Justicia y Sociedad. Diez años de investigación en Dejusticia. Un referente obligado lo constituye El otro Derecho, de ILSA, cuya circulación comienza en 1988, cuenta con más de 30 años de existencia ininterrumpida y pasa los 55 números editados. Esta revista inicia como una propuesta de órgano regional de los servicios legales alternativos, en el que se presentarán las reflexiones críticas del Derecho e impulsara paralelamente la definición del perfil del movimiento a partir de las experiencias propias de los grupos y ha sido descrita por Jorge Carvajal como “un acompañamiento efectivo al desarrollo de la sociología jurídica colombiana”.

    La gran variedad temática y el amplio marco de posibilidades para desplegar estudios sociojurídicos debe llevar a un enfoque crítico de la relación social dominante y, especialmente, de su forma jurídica, así como a ir más allá de ejercicios de simple descripción contemplativa, en este horizonte han contribuido las ONG a la formación legal. También permiten pensar y ejercer una sociología jurídica, desbordada del papel residual de “ciencia auxiliar del Derecho”, esto es, pensar y ejercer una sociología jurídica alternativa, crítica y militante.