María Eugenia Ramírez Brisneda
ILSA
Nos pronunciamos este 28 de mayo, Día Internacional de la Salud de las Mujeres, ante una realidad que los datos confirman y los poderes fundamentalistas, conservadores y retrógrados prefieren silenciar: en América Latina y el Caribe, 7.200 mujeres mueren cada año por complicaciones en el embarazo, el parto y el puerperio, según estimaciones a 2025 de la OMS, el UNFPA y UNICEF. Nuestra región es la que menos ha reducido este indicador en dos décadas, con una caída de apenas el 17 % frente al 40 % global. El cáncer de mama y el de cuello uterino, primeras y terceras causas de mortalidad oncológica en mujeres en América Latina, con una incidencia de 15,1 casos por cada 100 mil solo para el cervicouterino (según GLOBOCAN 2022), esto evidencia que se siguen cobrando vidas que podrían salvarse con tamizaje oportuno y sistemas de salud que vean a las mujeres más allá de su capacidad reproductiva. El futuro no parece alentador, pues para el año 2050 se proyecta un aumento del 40 % en los casos de cáncer de mama y del 30 % en los de cuello uterino en la región.
A lo expuesto, se suman los 3.828 feminicidios registrados en el año 2024, 11 muertes violentas de mujeres por razones de género cada día en 26 países y territorios (de acuerdo con la CEPAL), con una cifra acumulada de 19.254 en los últimos cinco años y la carga creciente de enfermedades crónicas, respiratorias, vectoriales y de salud mental que el cambio climático deposita de manera diferenciada en la vida y los cuerpos de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes. Según el Lancet Countdown, en toda la región las muertes relacionadas con el calor aumentaron un 140 % entre los años 2013 y 2022 en comparación con la década anterior, y las enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya se expanden hacia nuevos territorios destruyendo a su paso las fuentes de agua, los ecosistemas y la medicina propia de las comunidades.
Ya en Colombia el panorama no es distinto: cada semana mueren cuatro mujeres gestantes por causas evitables como la hemorragia, la hipertensión y la sepsis en lugares como Chocó, La Guajira, Nariño, Vichada y Caquetá, territorios racializados donde el sistema de salud no llega o llega tarde; el pueblo Wayúu acumula 75 casos de mortalidad materna en los últimos cinco años, en el año 2023, el país registró una razón de mortalidad materna de 44,5 por cada 100 mil nacidos vivos, mientras Costa Rica reportó 8,0 y Uruguay 19,1; en cáncer de cuello uterino se reportaron 27.385 casos prevalentes entre los años 2023 y 2024, presentándose un aumento de casi 5.000 respecto al período anterior, y la mortalidad por ese cáncer y por cáncer de mama golpea con mayor fuerza a las mujeres mayores de 60 años, las mismas que el sistema de tamizaje abandona cuando dejan de ser “población reproductiva”, las mismas que viven la menopausia y la vejez sin ninguna política pública que las reconozca como sujetas de derechos más allá del útero.
Estas cifras además de ser un asunto de salud pública, es el retrato más exacto del fallido alcance de las democracias en la región y del incumplimiento efectivo de los derechos humanos de las mujeres. Una democracia que no garantiza que las mujeres nazcan, crezcan, envejezcan y mueran con dignidad y autonomía no es una democracia plena, es solo un pacto entre hombres que administran los cuerpos femeninos según su conveniencia. Los sistemas de salud de la región fueron diseñados desde la lógica patriarcal que reconocen a las mujeres en el embarazo, las vigilan en el parto, las contabilizan cuando paren y las vuelven invisibles el resto de sus vidas. No tienen políticas para la menopausia, no tienen rutas para la vejez femenina, no tienen protocolos para el daño que el extractivismo acumula en los cuerpos de quienes defienden el agua y la tierra. Y esa invisibilidad es funcional a un modelo de desarrollo que necesita cuerpos disponibles para la reproducción y el cuidado, y que prescinde de todo lo demás.
Ese modelo encuentra su expresión más agresiva en la articulación global entre las guerras, los fundamentalismos y el conservadurismo político. De acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el año 2024, más de 123 millones de personas fueron desplazadas forzadamente en el mundo y las mujeres y niñas son cada vez más afectadas por la utilización de la violencia sexual como arma de guerra; en el año 2023, cuatro de cada diez civiles asesinados en conflictos armados fueron mujeres, duplicando la proporción del año anterior, y los casos de violencia sexual relacionada con conflictos aumentaron un 50 %,. Mientras tanto, el gasto militar mundial alcanzó los 2,7 billones de dólares en el 2024, el mayor aumento desde el fin de la Guerra Fría, en tanto que el financiamiento para la salud sexual y la salud reproductiva en contextos humanitarios se desploma. Las guerras destruyen clínicas de maternidad, bloquean el acceso a anticonceptivos y a la atención obstétrica, y convierten el cuerpo de las mujeres en territorio de conquista. En paralelo, el neoconservadurismo religioso avanza como proyecto político transnacional con financiamiento propio, organizaciones como la
Alliance Defending Freedom
invirtieron 146 millones de dólares solo en el 2014 en América Latina, Europa y Asia para formar abogados y activistas antiderechos, con presencia sostenida en los parlamentos, las cortes y los foros internacionales de la región, desde la OEA hasta los congresos nacionales de Guatemala, El Salvador, Perú, Argentina, Ecuador y un bloque de países en el Caribe, articulando un discurso que usa el lenguaje de los derechos para negarlos y que convierte la salud de las mujeres en campo de disputa ideológica antes que en obligación del Estado.
En Colombia, donde la Sentencia C-055 de 2022 despenalizó el aborto hasta la semana 24, siendo uno de los fallos más avanzados de América Latina y un hito en el reconocimiento de la autonomía reproductiva como derecho fundamental, los grupos antiderechos organizaron en mayo del año 2024 la Marcha Nacional por la Vida para exigir su anulación, y hoy litigan por vía administrativa lo que no lograron impedir por vía judicial, mientras la violencia obstétrica en los servicios de interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo denunciada por las organizaciones y los movimientos feministas. Este accionar local es parte de la misma estrategia transnacional que desmonta las instituciones de igualdad de género, recorta los presupuestos de salud sexual y reproductiva, criminaliza a las defensoras de DSDR y convierte el retroceso en política de Estado. Cuando los espacios democráticos se cierran sobre los cuerpos de las mujeres, toda la democracia se estrecha.
Desde ILSA, con muchos años de acompañamiento a movimientos de mujeres, sociales y comunidades desde una visión crítica y alternativa del derecho, lo nombramos con la precisión que la situación exige y es que todo lo anterior es una forma de violencia estructural contra todas las mujeres y con una responsabilidad política identificable en el silencio cómplice de los Estados. La resistencia que necesitamos no es la de los pronunciamientos sin consecuencia sino la que litiga, documenta, cualifica jurídicamente a las mujeres en sus derechos, nombra a los actores del fundamentalismo con sus financiadores y sus estrategias, amplía la agenda de salud más allá del útero, exige tamizaje universal con enfoque diferencial étnico y territorial, y convierte el daño que el extractivismo y el cambio climático hacen en los cuerpos de las mujeres en responsabilidad jurídica del Estado.
Las mujeres que mueren en los territorios más empobrecidos de esta región no son un daño colateral, sino el fracaso documentado de un sistema que eligió no cuidarlas. Honrarlas exige transformación, no conmemoración.