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  • Comunicado ante la gravedad de hechos de hostigamiento

    Comunicado ante la gravedad de hechos de hostigamiento

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  • REDD+ y derechos de los pueblos indígenas

    REDD+ y derechos de los pueblos indígenas

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    Un tema que está en la discusión mediática, política y jurídica, a nivel nacional e internacional, es la forma en cómo los proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (REDD+) amenazan y vulneran la seguridad territorial y los derechos de los pueblos indígenas. Veamos.

    Se ha conocido a través de fuentes periodísticas cómo en el resguardo indígena del Gran Cumbal (Nariño), un proyecto de bonos de carbono (Pachamama Cumbal) se está llevando a cabo de espaldas a la comunidad, por lo que un juez amparó los derechos del pueblo indígena a través de una acción de tutela. Según un informe del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, “ni el gobernador del resguardo ni las empresas que lo desarrollan, la mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. y su filial colombiana SPV Business S.A.S., lo socializaron con su comunidad en Cumbal”. El proyecto, se señala, fue registrado en la plataforma del estándar de certificación colombiano (CoICX) desde el 25 de mayo de 2022, aglutina a otros tres resguardos indígenas (Chiles, Mayasquer y Panán) y ya vendió 849.000 bonos de carbono a la petrolera estadounidense Chevron, sin que la comunidad sepa el destino de los recursos generados en la transacción. Se recordará que la empresa compradora, Chevron, ha sido condenada judicialmente por violar los derechos de pueblos indígenas y habitantes de la Amazonia ecuatoriana. Frente a esto último el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay, ha llamado la atención sobre la necesidad de la transparencia en la información sobre el comprador final de los créditos, ya que “en muchos casos, estos se utilizan para compensar las emisiones de empresas cuyas actividades ponen en peligro los territorios de los Pueblos Indígenas”.

    Por otra parte, las denuncias en medios también apuntan a señalar que en los proyectos se da trato injusto a las comunidades por la empresa desarrolladora, que grupos étnicos son excluidos por la empresa promotora de los acuerdos hechos en los territorios, que se traslapan proyectos y existe doble venta de los bonos, entre otras irregularidades y afectaciones.

    Las amenazas y violaciones a derechos y territorios de pueblos indígenas por la implementación de proyectos REDD+ fueron trabajadas por el señor Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en Financiación verde, una transición justa para defender los derechos de los pueblos indígenas, informe en el que el señor Relator enfatiza en cómo se ha dado un alto interés en los mercados internacionales de carbono, lo que constituye una amenaza para la seguridad territorial de los pueblos indígenas, ya que el creciente valor económico del carbono capturado en tierras indígenas atrae la apropiación de éstas por los sectores público y privado. Destaca el informe la presencia en la región amazónica de piratas del carbono que se aprovechan de los pueblos indígenas. Encontrándose en la cuenca amazónica, “operaciones opacas con derechos de emisión que pueden tener una vigencia de hasta un siglo, plasmadas en contratos muy extensos redactados en inglés y que tienen como consecuencia la expulsión de las comunidades de sus tierras para la ejecución de los proyectos”. También es necesario reseñar cómo, expone el señor Relator, en tan solo una cuarta parte de los países que tienen en su territorio casi el 70 % de los bosques tropicales del mundo, se ha “reconocido explícitamente los derechos de las comunidades a administrar los derechos de emisiones de carbono y beneficiarse de ellos”.

    De este informe es importante referirse igualmente a la advertencia hecha sobre el cómo “las normas, directrices y mecanismos de reclamación del sector privado no se ajustan con frecuencia a las normas internacionales de derechos humanos con respecto a los Pueblos Indígenas” y al llamado que se hace sobre la obligación por parte de los interesados en la financiación de los créditos de carbono del deber de adoptar enfoques basados en derechos y de alta integridad para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y sus recursos, adoptar salvaguardias de los derechos humanos, “incluido el consentimiento libre, previo e informado, y velar por su participación en los proyectos desde el diseño inicial hasta la ejecución, la supervisión y la presentación de informes”; al igual que el deber de “incrementar el apoyo financiero a iniciativas dirigida por la comunidad”, y la participación de los Pueblos Indígenas en el mercado voluntario de carbono, ya que esto permite reforzar su autonomía y sus derechos colectivos, para lo que el señor Relator recomienda “canalizar un flujo financiero directo a los Pueblos Indígenas creando o rediseñando mecanismos de financiación flexibles que simplifiquen los procedimientos de solicitud y los requisitos de presentación de informes de las iniciativas y los proyectos” de los pueblos.

    Igualmente, las afectaciones a los pueblos indígenas y comunidades locales de la Amazonia han sido expuestas en el sistema interamericano de protección. En efecto, el pasado 28 de febrero, se celebró una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde once organizaciones expusieron la situación en la región amazónica solicitando a la CIDH: (i) Desarrollar estándares y políticas específicas sobre acceso a la información, transparencia y participación -que tengan como base el Acuerdo de Escazú y otros tratados internacionales- para regular la certificación y registro de las transacciones de bonos de carbono; (ii) Desarrollar una línea de trabajo específica sobre el impacto del mercado de bonos de carbono en los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales; (iii) Incorporar este fenómeno en el monitoreo de la situación de derechos humanos que se presenta en los informes anuales de las relatorías de la CIDH; (iv) Que los Estados de la región adopten marcos regulatorios efectivos para la certificación, registro y comercialización de bonos de carbono; y (v) Establecer una guía que garantice la autonomía de las comunidades locales y el derecho al consentimiento previo, libre e informado, antes de iniciar un proyecto de bonos de carbono, con el fin de evitar conflictos interétnicos e intraculturales. De otra parte, ante la solicitud de Opinión Consultiva presentada por la República de Chile y la República de Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre emergencia climática y derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas abordaron los proyectos de REDD+ en sus observaciones.

    En la Amazonía colombiana, el Instituto amazónico de investigaciones científicas, SINCHI, indicó que existen a julio de 2022, 51 proyectos REDD+ registrados en RENARE (plataforma actualmente suspendida) ubicados en la región, de los cuales tres empresas concentran 25 de los registros. El SINCHI también señala en la misma fuente que 33 proyectos identificados y caracterizados según los documentos de diseño de proyecto disponibles en las plataformas de certificación están localizados en 59 resguardos indígenas.

    Uno de los casos más importantes hoy en Colombia y en general en la región amazónica lo constituye el del Territorio indígena del río Pirá Paraná, en donde la Corporación para el Manejo Sostenible (Masbosques) formuló, implementó y comercializó el proyecto “Baka Rokarire ⁓iatir+⁓dito”, sin la autorización o el consentimiento del gobierno indígena del territorio, el Consejo Indígena, y que prevé diferentes compromisos contrarios al sistema de conocimiento y la soberanía alimentaria del territorio. El caso está documentado en la publicación Problemas y oportunidades de REDD+. Una mirada desde los territorios indígenas de la Amazonia de la Fundación Gaia Amazonas. En el documento se expone cómo, para adelantar el proyecto, la empresa suscribió un contrato de mandato con un indígena que no representaba legalmente al territorio ni contaba con la capacidad jurídica para suscribir contratos a su nombre, vulnerando así los derechos de las comunidades.

    Masbosques, el 22 de diciembre de 2021, con el apoyo técnico de Soluciones Proambiente S.A.S., formuló y registró el proyecto, el cual fue validado y verificado por la firma extranjera Ruby Canyon Enviromental como OVV, el 10 de febrero de 2022, y obtuvo certificación por parte de Cercarbono el 11 de febrero de 2022, en certificado que fue expedido a nombre de Masbosques como titular del proyecto y no del territorio indígena. Contrario a esto, desde el año 2019 el consejo indígena del territorio indígena del río Pirá Paraná decidió construir una estrategia diversificada de sostenibilidad financiera para fortalecer la puesta en marcha del territorio indígena como entidad territorial. En el marco de esto, el consejo propuso la elaboración de un proyecto REDD+ de manera autónoma y sin intermediaciones, construido por el territorio y para el territorio, lo que implicaría que la formulación, implementación, titularidad y beneficios del proyecto estarían definidos y liderados por el territorio y no por agentes externos a este, se lee en el documento.

    Ahora bien, en la investigación se expone cómo el accionar de Masbosques, de Soluciones Proambiente S.A.S., Ruby Canyon Environmental y Cercarbono, así como las omisiones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se han traducido en la vulneración de los derechos a la libre determinación, al gobierno propio y a la integridad territorial. El accionar de las interesadas en el proyecto amenaza con fragmentar el territorio, poniendo en riesgo la pervivencia cultural del Pirá Paraná y su sistema de conocimiento fundado en la integridad y la unidad. Las violaciones presentadas a los derechos de los pueblos indígenas llevaron a que la autoridad territorial, el Consejo Indígena del Territorio Pirá Paraná, a entablar una acción de tutela la cual actualmente se encuentra en revisión en la Corte Constitucional.

    Del fallo, el consejo indígena espera que el amparo de sus derechos lleve a la Corte a establecer reglas jurisprudenciales claras sobre el papel central que deben jugar los pueblos indígenas y sus autoridades en la implementación de proyectos REDD+ en sus territorios, en tanto son autoridades político-administrativas de sus entidades territoriales; al igual que aborde la importancia de la reglamentación de los proyectos, de la observancia y cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales.

    El desconocimiento, afectación y amenaza a los derechos de los pueblos indígenas amazónicos y sus territorios está en el centro del debate, la trascendencia del caso bajo revisión en la Corte no puede llevar a una orden de consulta (previa) posterior, validadora de accionares y omisiones que comprometieron la garantía de derechos de comunidades; por el contrario, debe ser un fallo que desde el principio de la progresividad de los derechos y el reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural del país, ampare y genere un precedente que contribuya a superar el trato colonial que, desde el Estado, el Derecho y el empresariado se ejerce contra los pueblos indígenas en la implementación de los proyectos REDD+.

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  • Os Povos da Terra e o medo que provocam

    Os Povos da Terra e o medo que provocam

    Carlos Frederico Marés
    Carlos Frederico Marés

    A CPI do MST e a aprovação do PL 490 na Câmara dos Deputados revelam a hegemonia de uma direita agrária que atira desesperadamente para manter os privilégios que sentem escorrer por entre dedos gordos e impotentes.

    Olhemos de perto essas duas caricatas iniciativas. A direita sempre anunciou, com repercussão dos grandes jornais e redes de televisão, que o MST tinha como única finalidade ocupar terras, invadir propriedades privadas e atacar e empobrecer o próspero agronegócio. A acusação era de que os assentamentos do MST eram improdutivos e apenas se fazia política. Ocupar terras era o objetivo final. Nunca admitiram que após as ocupações, naturalmente, se inicia a produção de alimentos, a terra é ocupada para ser usada, para prover as necessidades dos ocupantes. Se nunca admitiram o segundo passo, que se dirá do terceiro: produzir excedentes, ou, dito de forma mais clara: produzir comida para as gentes das cidades.

    Essa narrativa fantasiosa, em que a terra seria um fetiche para ocupar, começou a esboroar na pandemia quando o MST distribuiu alimentos grátis aos necessitados das cidades (Alimento e Solidariedade: AQUI). Dois outros acontecimentos chamaram a atenção para essa produção. O primeiro, quando Lula, em plena rede Globo, afirmou que o MST era o maior produtor de arroz orgânico da América Latina e foi prontamente contestado pelos entrevistadores. Lula reafirmou e desafiou a que apurassem. A rede Globo apurou e, para seu desespero, era verdade. Contra fatos não há argumentos, dizem. Mas a direita argumentou.

    Xico Graziano escreveu uma nota desmerecendo a produção e fazendo a crítica de que os produtores de arroz do MST continuavam pobres e a produtividade era menor do que a do arroz produzido com agrotóxicos (AQUI). Comparou coisas diferentes, é claro. Será mesmo que os assentados da Reforma Agrária produtores de arroz orgânico são mais pobres do que os trabalhadores assalariados? Certamente têm menos riquezas acumuladas do que os donos de muita terra e empregadores, mas não têm renda menor que os assalariados do campo. Além disso, comparar produtividade não é razoável, são duas agriculturas diferentes e duas variedades de arroz diferentes.

    O segundo e vergonhoso fato se deu quando grandes vinícolas foram pegas produzindo em regime de trabalho escravo. É fácil entender que trabalho escravo enriquece qualquer produtor. Na contrapartida o MST produz suco de uva orgânico e com o trabalho da agricultura familiar, gente não só livre como consciente e pronta para lutar por direitos.

    As marcas “Terra Livre”, “Raízes do Campo” e “Campo Vivo” estão no mercado, livres de agrotóxicos e competindo em preço com as não orgânicas, mas os Supermercados relutam em vender, os concorrentes não permitem. Essa produção resiste há mais de duas décadas e aumenta a cada dia, é realizada por famílias de agricultores e garante conforto e bom sustento para elas.

    As marcas “Terra Livre”, “Raízes do Campo” e “Campo Vivo” estão no mercado, livres de agrotóxicos e competindo em preço com as não orgânicas, mas os Supermercados relutam em vender, os concorrentes não permitem. Essa produção resiste há mais de duas décadas e aumenta a cada dia, é realizada por famílias de agricultores e garante conforto e bom sustento para elas.

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  • Povos negados

    Povos negados

    Carlos Frederico Marés
    Carlos Frederico Marés

    A arrogância dominante não gosta de outros povos. Talvez porque sempre que olham os outros se envergonham dos próprios defeitos e ridículas atitudes e, por gostarem tanto de si ou ter que afirmar sempre que gostam, odeiam ver reveladas suas maldades, inconsistências e contradições. Não importa as razões, o fato é que um ódio surdo, corrosivo, sem limites, se estabelece na arrogância dominante cada vez que um coletivo fraterno expressa um sorriso pacífico, um olhar de devoção ou um singelo sinal de inteligência humana.

    É verdade que a ganância se associa à arrogância, mas a ganância só explica parte desse ódio mortal a outros povos, ou explica o começo, ou a razão última, a ignorância também se associa, e com força. O ódio arrogante está necessariamente em quem lucra com a morte ou despojamento dos povos, os dominantes senhores do capital. Mas está, também, nos que querem ser iguais aos dominantes, nos que imitam e nos que sonham ser identificados com a supremacia. O colonizado querendo ser colonizador, se identificando com ele apesar do desprezo com que é recebido, diria Frantz Fanon.

    A arrogância que nega a existência de outros povos começa por negar o direito a um território, um espaço onde possam sobreviver como gente, como coletivo de gente.

    As vezes a arrogância dominante consegue se esconder um pouco e os imitadores ficam menos agressivos, outras vezes se exacerba e os imitadores se tornam radiciais, os dominantes gostam dos imitadores, os incentivam. Os usam e os desprezam. Vivemos tempos assim, de arrogância exacerbada. Tempos confusos, difíceis de entender, difícil de identificar que corações são imersos em ódios verdadeiros movidos por interesses inconfessáveis ou ódios forjados na desinformação ou no erro. Confusos ou não, tempos tristes, nebulosos, instáveis, tempos de guerra. Talvez indicando um final de tempo.

    A arrogância que nega a existência de outros povos começa por negar o direito a um território, um espaço onde possam sobreviver como gente, como coletivo de gente. Todo coletivo de gente, todo povo, precisa de um espaço físico onde possam conviver com a lembrança de seus ancestrais, encontrando seus encantados, anjos, demônios e a poética mistura dos dois e a promoção da vida e de seu modo de viver. Os povos carecem de território.

    É difícil para a arrogância afirmar que um povo não existe, ainda assim, muitas vezes afirma e proclama. É mais fácil negar o território. Embora pareça diferente negar a existência ou um lugar para existir, é a mesma coisa. Reparem a Faixa de Gaza, ninguém tem coragem de dizer que o povo palestino não existe, mas lhe negam um lugar para viver em paz e em paz enterrar seus mortos, há mais de setenta anos vêm negando esse direito ainda que o reconheçam como povo e com direito à autodeterminação. As vezes negar o direito a um lugar não é bastante e a arrogância precisa exterminar quem reivindica o lugar. A bala, fogo e bomba. Faixa de Gaza é o exemplo de hoje.

    Tantas vezes esse estratagema foi repetido na história recente da humanidade, e do colonialismo, que o ser humano deveria estar acostumado. Mas, felizmente, não se acostuma com tanta maldade e um resto de dignidade sempre ressurge no coração dos homens e mulheres que derramam lágrimas pela mortandade e a indignação supera o costume. Não são só os povos injustiçados que reagem, a humanidade o faz. Fuente Ovejuna lo hizo, proclamava Lope de Vega.

    Mas nem é necessário atravessar o oceano para ver como a arrogância dominante age na tentativa de destruir os povos promovendo o continuado genocídio da modernidade. O Congresso Nacional aprovou uma “tese” chamada de marco temporal, para reconhecer o lugar de existência dos povos indígenas, visivelmente inconstitucional por anular direitos expressos na constituição e criminosa por gerar, manter e continuar o surdo genocídio de nosso tempo. A “tese” foi vetada pelo Poder Executivo, mas o Congresso Nacional supriu o veto com a determinação de diminuir direitos à vida indígena. A “tese” nega território a povos que existem. É o mesmo ódio que mata palestinos em Gaza. A matança está autorizada. É claro que haverá resistência, os povos aqui e lá, sempre resistem.

    Mas a pergunta que fica aqui e lá é por quê? Por que o ódio à existência de outros povos? Usurpar território, seria a primeira resposta. Embora verdadeira é incompleta. É verdadeira para os usurpadores, grileiros, garimpeiros clandestinos, mineradoras irresponsáveis (haverá mineradoras responsáveis? Difícil dizer ao olhar para Brasken, Brumadino e Mariana). Mas nem todos que apoiam, votam e defendem o genocídio se beneficiam dele. Ao contrário, a devastação que o ódio provoca impacta nos que tiram proveito e nos seguidores de máscara branca (mais uma vez Fanon) que perdem tudo na seca e na enchente e não recolhem sequer um dividendo ao ano.

    O marco temporal, ao contrário do que alegam, não trata de tempo, trata de reconhecer a existência do povo. Se o povo existe, tem que ter um lugar para existir. Se existe, tem uma cultura de existir diferente da cultura hegemônica e, por isso, precisa de um lugar diferente, não demarcado segundo as regras do Código Civil, mas segundo as exigências da vida coletiva.

    O marco temporal é uma invenção engenhosa. Sempre há intelectuais de máscara branca para inventar essas coisas, quem pode esquecer os critérios de indianidade ou a emancipação decretada pela engenhosidade repressiva da ditadura? É sempre assim, o primeiro movimento é imaginar meios de não reconhecer os direitos à existência, sem dizer que não reconhece os direitos à existência, imaginar uma fórmula, uma tese jurídica ou sociológica, de preferência com um nome pomposo, enigmático, sujeito à interpretações e correlação com outras teorias. Eis a engenhosidade. Daí, é só ser repetida por gente togada, engravatada ou de microfone nas mãos e câmera instalada. Pronto, as máscaras brancas votarão a favor e dirão que estão defendendo a sociedade, a família e a segurança jurídica. Segurança jurídica de quem? Certamente não é a dos povos que tem o jurídico direito de existir.

    O marco temporal, ao contrário do que alegam, não trata de tempo, trata de reconhecer a existência do povo. Se o povo existe, tem que ter um lugar para existir. Se existe, tem uma cultura de existir diferente da cultura hegemônica e, por isso, precisa de um lugar diferente, não demarcado segundo as regras do Código Civil, mas segundo as exigências da vida coletiva. Se trata de vida, que inclui a terra. Se o direito reconhecido fosse o de moradia de cada pessoa integrante do povo, qualquer terreno de periferia serviria, mas não, trata-se do direito de existir, coletivo, é o direito de ser povo. Para ser povo é necessário um território que o mantenha física e culturalmente. Disso se trata. Assim como o marco temporal não trata de tempo, na Palestina não se trata de guerra, ambos podem tomar o nome de genocídio.

    Negar o direito à territorialidade de um povo é matá-lo. É genocídio, ou etnocídio se for o caso de manter vivos e separados os integrantes de um povo. E o que a humanidade ganha com isso? Uma dose cada vez maior de desumanidade, um planeta cada vez pior para viver, uma convivência cada mais difícil. No caso do marco temporal se aprofunda junto com a negação dos direitos das culturas, a destruição da natureza. E a destruição da natureza afeta o clima, a água, as chuvas, afeta a vida da humanidade. Por isso, ações como a destruição do povo da Palestina e dos povos indígenas brasileiros com o marco temporal são passos de negação de humanidade e retumbante grito de suicídio universal. Uns são mortos pelo ódio dos outros e os outros morrem pelo próprio veneno que destilam pelo ódio.

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  • O protagonismo indígena

    O protagonismo indígena

    Carlos Frederico Marés
    Carlos Frederico Marés

    Quem de fora olha talvez não entenda porque a Constituição de 1988 estabeleceu um artigo 231 reconhecendo direitos coletivos dos povos indígenas. O artigo não nasceu da boa vontade dos constituintes, muito ao contrário. Não havia boa vontade com indígenas, quilombolas, povos tradicionais e camponeses. Já foi dito, por teóricos afoitos, que os constituintes cochilaram e deixaram passar os direitos indígenas e quilombolas. Ninguém cochilou, os conservadores anti-indígenas, ruralistas, foram derrotados e nunca aceitaram a derrota e, as vezes, justificam como se tivesse sido um cochilo e tentam desfazer o bem feito.

    Tudo começou no massacre patrocinado e incentivado pela ditadura. O massacre, genocídio ou assassinato coletivo, faz parte da história do Brasil, mas no período de expansão econômica do século XX ficou explícito e se transformou em política proclamada. O século XX ficou marcado por macabros exemplos. Não pode ser esquecido o massacre do paralelo 11, chamado de a maior chacina indígena contemporânea, foram 3.100 cinta-largas, assim era chamado o povo, assassinados por tiros, bombas e faconazos. Atrapalhavam o uso da terra fértil que poderia servir de boa pastagem para bois. A terra, manchada de sangue, foi transformada em Fazenda de propriedade dos assassinos. A Comissão da Verdade apurou oito mil indígenas assassinados no período. A começar a conta pelos cinta-larga, se pode imaginar que o número é conservador. A lista de massacres é longa, Kokleng, Xetá, Cinta-Larga, Nambikwara, Guarany, Panará e muito mais. As formas de extermínio também foram variadas, roupa contaminada, envenenamentos, bombas, tiros, transferências forçadas, torturas, prisões coletivas e tudo o que a doentia imaginação da ganância pode conceber. A ditadura já patrocinava a mortandade antes de se instalar, afinal, a questão e a agência indigenista sempre fora coisa de militares.

    Os antropólogos do continente (havia uma única antropóloga na reunião, Nelly Arvelo Jiménez) se reuniram em Barbados,em 1971, e lançaram uma declaração pela Libertação dos Indígenas. As escolas de antropologia, assustadas com a matança e com as propostas de institucionalização do fim dos indígenas por meio de medidas legais como a chamada tentativa de criar critérios de indianidade e a consequente emancipação das pessoas indígenas, entenderam que não era razoável nem bastava descrever a cultura e os povos como se fazia antes, mas era imperioso agir para reverter a situação e apoiar os indígenas na resistência. Antropologia urgente foi o nome que alguns deram a essa nova visão da ciência. Ninguém queria repetir o drama do médico, antropólogo e humanista José Loureiro Fernandes, da Universidade Federal do Paraná que, junto com o fotógrafo Vladimir Kozák e o linguista Aryon Rodrigues, descreveu, fotografou e catalogou a língua do povo Xetá e não pode mais que se indignar e derramar seu pranto quanto a frente de expansão empresarial na Serra de Dourados, em nome do Estado, exterminou o povo do Centro Oeste do Paraná e colonizou suas terras.

    Articulador da Associação Brasileira de Antropologia no final dos anos 70 e começo de 80, o antropólogo Sílvio Coelho dos Santos, um dos integrantes da Declaração de Barbados, havia descrito e estudado o povo Xokleng que vivia a ameaça de um genocídio final, entendeu que era necessário, e urgente, que a antropologia se juntasse ao direito para reagir ao massacre, denunciar o genocídio e apoiar os indígenas na luta por direitos. Mas Sílvio não era o único, começavam a surgir as ANAIs, Associações Nacionais de Apoio ao Índio, CPIs,- Comissões Pro Índio e outras entidades de apoio, em geral de dentro para fora das Universidades. Foi então que Sílvio Coelho dos Santos organizou em Florianópolis, na UFSC, o Primeiro Encontro entre Antropólogos e Advogados.

    Paralelamente a isso, mas que logo se juntaria ao movimento, um grupo de intelectuais indígenas buscava encontrar caminhos de superação das políticas genocidas do Estado brasileiro. Entre eles, Ailton Krenak, Marcos Terena, Álvaro Tucano e grandes lideranças de seus povos como Raoni Caiapó e Davi Kopenawa Yanomami. Longe do centro urbano e universitário, lideranças indígenas da América Latina se organizavam para intervir no Direito e na sociedade envolvente e foi assim criada a COICA, Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazônica, e em sua esteira, a COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira que reunia organizações como a FOIRN, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Todas elas estruturadas nos modelos, formato e legalidade ocidental, mas ancoradas nas organizações tradicionais dos diversos povos, daí a importância de Raoni e Davi estarem sentados na mesma mesa que Ailton e Marcos. O movimento indígena não pode existir sem legitimidade tradicional, mas precisava conhecer a sociedade envolvente para transformá-la e agir dentro dela.

    A antropologia urgente e a consistente mobilização indígena impediram que a ditadura impusesse a normatização do genocídio com a emancipação forçada e os critérios de indianidade.

    Enquanto a articulação prática dos povos indígenas avançava, Sílvio defendia duas teses que viriam ser essenciais nas futuras conquistas: os Estados Latino-americanos eram plurinacionais e precisavam se reconhecer como tais; o direito dos povos indígenas sobre seus territórios tem que ser autodeterminado. Era fundamental que as propostas dos povos indígenas fosse lastreada em um profundo conhecimento da sociedade hegemônica. Era fundamental que se conhecesse o Direito para propor a sua transformação. O caminho estava traçado e sendo trilhado.

    A antropologia urgente e a consistente mobilização indígena impediram que a ditadura impusesse a normatização do genocídio com a emancipação forçada e os critérios de indianidade. A tentativa dos militares foi deixada de lado, mas não esquecida pelos ruralistas que a recuperaram com nova roupagem na recente discussão do marco temporal. O fim da ditadura abriu as portas para uma discussão sobre uma Constituição Política para o Brasil democrático, era oportunidade certa para as organizações indígenas e seus apoiadores atuarem. A antropologia urgente se aplicaria na prática jurídico-constitucional.

    A autoridade e representatividade de cada indígena que subiu à tribuna popular da Assembleia Nacional Constituinte ficou garantida e, por isso, o texto do artigo 231 da Constituição de 1988 saiu do jeito que saiu, os conservadores anti-indígenas não puderam fazer diferente.

    As discussões que começaram no I Encontro de Antropólogos e Advogados, em Florianópolis se espalharam por todo o Brasil, saíram das Universidades e ganharam as aldeias. O papel da antropologia ganhou uma dimensão inusitada e os termos da Constituição e os direitos dos povos indígenas passou a ser matéria obrigatória nas discussões constituintes. Foi em uma reunião ao cair da tarde, na Aldeia de Maturuca, em que anciãos e tuxauas tradicionais macuxis discutiam e aprendiam o que era e porque os povos deveriam discutir a Constituição, que um velho, depois de discutir muito em sua própria língua com os demais presentes, dirigiu-se, em português, aos assessores, professores e apoiadores brancos, dizendo que todos tuxauas tinham entendido o que era a Constituição, e que era coisa boa porque iria reconhecer os direitos indígenas e que eles mesmo deveriam fazer uma constituição para o seu território em que ficasse claro quem, como, se e porque os não indígenas poderiam entrar e permanecer nele. As aldeias entenderam o momento e os conceitos, entenderam o mundo branco e ganharam consciência da necessidade de transformá-lo.

    A autoridade e representatividade de cada indígena que subiu à tribuna popular da Assembleia Nacional Constituinte ficou garantida e, por isso, o texto do artigo 231 da Constituição de 1988 saiu do jeito que saiu, os conservadores anti-indígenas não puderam fazer diferente. Enquanto isso, as organizações latino-americanas estavam empenhadas, na OIT, em modificar o conceito de trabalho indígena e garantir que os povos fossem reconhecidos como tais e não como futuros trabalhadores individuais assalariados, isto é, fosse reconhecida a coletividade, com sua cultura e território, sem obrigação de se integrar individualmente na sociedade hegemônica como trabalhadores pobres. Um ano depois da Constituição brasileira a OIT aprovava a Convenção que garantiria direito aos povos indígenas e tribais, a de nº 169.

     

    Os termos da Constituição brasileira, das demais constituições latino-americanas, da Convenção 169 da OIT, foram, assim, conquistados pelos povos organizados e conscientes com muita disputa e muita contrariedade de todos quantos os queriam mortos e extintos. Por isso, tanto tempo depois desses episódios, ainda é tão difícil pôr em prática textos claros, aprovados com discussões precisas e com intenções de albergar as coletividades. A insistência dos anti-indígenas continua muito forte como ficou claro com a aprovação da inconstitucional Lei nº 14.701/23 e a derrubada dos vetos do Presidente da República. Hoje, com isso há uma que nega direitos aos povos indígenas e a Constituição junto com normas internacionais que reconhecem os direitos sobre a organização social e sobre as terras, e o Estado Brasileiro está obrigado a afirmá-los, reconhecê-los e demarcar as terras.

    A luta, portanto, continua e o protagonismo, indígena!

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  • Marx, la bipolítica y lo común – Antonio Negri

    Marx, la bipolítica y lo común – Antonio Negri

    -1988-

    Marx, la bipolítica y lo común – Antonio Negri

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  • ¿Por qué crece el fascismo? ¿Cómo podemos detenerlo?

    ¿Por qué crece el fascismo? ¿Cómo podemos detenerlo?

    Boaventura de Sousa Santos*

    *Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Texto enviado a OtherNews por el autor, el 21.02.23

    Traducción de Bryan Vargas Reyes

    Para entender la aparición y el crecimiento de los partidos de extrema derecha en todo el mundo, y especialmente en Europa, tenemos que remontarnos al final de la Primera Guerra Mundial y analizar el turbulento curso de la democracia liberal desde entonces. La democracia liberal salió triunfante de la Primera Guerra Mundial, pero el triunfo duró poco. La fuerza de la izquierda se vio fatalmente afectada por la escisión entre socialistas y comunistas; la disolución por Lenin de la asamblea constituyente rusa en 1918, a pesar de que el partido bolchevique era minoría, puso fin a las esperanzas de una democracia no capitalista (la gran amargura de Rosa Luxemburgo). A finales de los años veinte, los debates políticos estaban dominados por la derecha, una derecha que desde 1918 siempre había sido más anticomunista que democrática. A ello contribuyeron la preeminencia y la división de los parlamentos, la inestabilidad política y la incapacidad de hacer efectivos los nuevos derechos sociales frente a la ideología económica liberal dominante, el dominio de los grandes financieros privados y la persistente crisis económica. Si el poder real residía en la patronal y los sindicatos, la conclusión popular era que los parlamentos servían de poco.

    Tras el gran trauma de la guerra, la población quería paz, seguridad y mejores condiciones de vida; los campesinos querían una reforma agraria. Pero la democracia liberal había traído sobre todo la polarización social. La democracia estaba siendo abandonada, tanto por aquellos que no veían en ella una contribución a la mejora de sus vidas como por aquellos, especialmente los jóvenes, para quienes el liberalismo había perdido el contacto con el mundo contemporáneo. En 1934, el dictador portugués António Salazar (que sólo conservaba un vestigio de parlamentarismo) afirmaba que dentro de veinte años no habría asambleas legislativas liberales en Europa. Dos propuestas rivales despertaron entusiasmo: el comunismo y el fascismo/nazismo (este último combinado a veces con un catolicismo conservador cuyo colectivismo consistía en la defensa de la familia). Ambos proponían un «Nuevo Orden» y un «Hombre Nuevo». Pero su atracción procedía sobre todo del fracaso de la democracia, de la debilidad del Estado liberal y del aparente suicidio del capitalismo (hiperinflación, desempleo, Gran Depresión). Las propuestas ultraliberales (más tarde llamadas neoliberales) de los economistas austriacos Friedrich Hayek y Ludwig von Mises fueron muy minoritarias e incluso ridiculizadas, y sólo serían rehabilitadas cuarenta años más tarde, en el Chile de Pinochet (1973), convirtiéndose desde entonces en la ortodoxia económica dominante. En los años treinta, el liberalismo glorificaba el individualismo egoísta y descuidaba el sentimiento de comunidad y las exigencias de una nueva era colectivista. Un ambiente autoritario dominaba Europa y se decía que la era de la democracia había terminado, un tema recurrente.

    Al final de la Segunda Guerra Mundial, la democracia volvió triunfante, aunque ahora en una Europa dividida, en el contexto de la Guerra Fría, entre el bloque capitalista occidental y el bloque comunista soviético. Conviene recordar que la desnazificación fue mucho más eficaz en el bloque soviético que en el occidental, y que los gobiernos conservadores occidentales fueron mucho más duros con la extrema izquierda (algunos partidos comunistas fueron ilegalizados y todos vigilados) que con la extrema derecha (los partidos neonazis fueron ilegalizados, pero muchos nazis, sobre todo técnicos, se integraron en los nuevos gobiernos alemanes o fueron contratados por agencias estadounidenses). Mientras, la democracia era ahora diferente: orientada al bienestar de los ciudadanos (Estado de Bienestar), con fuerte intervención del Estado en la economía, tributación alta y progresiva, negociación colectiva, crecimiento económico y prosperidad como palabras clave para hacer desaparecer la lucha de clases. La nueva sociedad de consumo representaba una cierta americanización de Europa, pero la intervención del Estado en la economía y los derechos sociales distinguían al capitalismo europeo del estadounidense. Obviamente, ambos eran colonialistas.

    A partir de los años setenta, todo empezó a cambiar. El laissez faire, que parecía enterrado en la Primera Guerra Mundial, y el dúo Hayek-Mises volvieron para quedarse, la lucha de clases se reavivó, pero esta vez como una lucha de los ricos contra los pobres y las clases medias. Surgió el anti-estatismo, combinado con una mentalidad autoritaria (del Estado protector al Estado represor), la derecha empezó a dominar la opinión pública y a fomentar la polarización social, y la democracia volvió a entrar en crisis. Este es el contexto en el que nos encontramos.

    La historia nunca se repite. Hay muchas diferencias importantes en Europa en comparación con el mundo de hace cien años y estas diferencias tienen diferentes repercusiones en el Sur global, especialmente en el Sur que es más dependiente política y culturalmente del Norte global.

    El fin de la alternativa comunismo-fascismo/nazismo

    La primera diferencia es que de las dos alternativas que entusiasmaron a la juventud de los años 20 y 30 –el comunismo y el fascismo/nazismo– sólo la segunda parece estar en la agenda política de los deseos. Esta diferencia tiene un enorme significado. No significa que no existan hoy alternativas al capitalismo en nombre de las democracias más transformadoras que la democracia liberal. Pero tales alternativas aún no son capaces de formulaciones sintéticas y agregadoras, ni de movilizar a grandes masas de jóvenes, excepto quizás en el tema ecológico.

    A lo largo del siglo XX, la extrema derecha siempre ha tenido dos versiones distintas. En los años 20 y 30, la más importante con diferencia fue el fascismo propiamente dicho, basado en líderes carismáticos, nacionalistas, racistas, a veces combinado con el cristianismo conservador (el valor de la familia), impulsado por un populismo de destrucción dirigido contra el individualismo y la debilidad del Estado, una extrema derecha que quería adquirir la dinámica de un partido de masas. Era un populismo distinto del actual, pero igual de orientado a la destrucción. Las versiones de hoy son, por ejemplo, el «antisistema» en EE UU, el «antiinmigración» en España y otros países del Norte Global, la «limpieza» en Portugal, o la «motosierra» en Argentina. El populismo de la construcción era más abstracto y vago, el «Nuevo Orden» de Mussolini o Hitler impuesto por un Estado autoritario como el actual, el «Make America Great Again» de Trump, o el «Hacer a España grande otra vez» del partido Vox.

    La segunda versión de la extrema derecha, aunque muy minoritaria en las primeras décadas del siglo XX, proponía sustituir la fuerza del Estado por la fuerza del mercado. Era una ultraderecha hiperliberal, transcrita de las propuestas neoliberales del dúo Hayek-Mises, que veía al Estado como un coste a minimizar, a los impuestos como un robo y a la privatización como la solución para todo aquello que pueda generar beneficios; era una ultraderecha internacionalista, anti-carismática, individualista, hipermoderna y elitista, que veía la pobreza como una cuestión individual que nada tenía que ver con el empobrecimiento derivado de las políticas económicas y sociales. Mientras que la primera versión se reivindicaba social (nacionalsocialismo) y quería un Estado fuerte, la segunda, aunque residual, estaba presente, era hipercapitalista y quería hacer del mercado el principal regulador de las relaciones económicas y sociales, es decir, quería un Estado mínimo centrado en mantener el orden.

    Estas dos versiones tenían el mismo objetivo: utilizar el descontento popular ante la ineficacia de la democracia como estrategia de poder y afirmación del capitalismo frente al comunismo. El fascismo tradicional utilizó la democracia para llegar al poder, pero una vez en el poder, ni lo ejerció democráticamente ni lo abandonó democráticamente. Esto es tan cierto de Adolf Hitler como de Jair Bolsonaro (Brasil) o Donald Trump (EEUU). La versión neoliberal de la extrema derecha admitió el colapso de la democracia como daño colateral de sus políticas económicas, cuya aplicación fue, con mucho, la más importante. Hayek, por ejemplo, escribió al diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung en 1977 para protestar por las injustas críticas del periódico al régimen de Pinochet en Chile; consideraba que el Chile de Pinochet era un milagro político y económico y arremetía contra Amnistía Internacional por considerarla «un arma para la difamación de la política internacional»1.

    Consciente de sus intereses, el gran capital siempre se ha sentido atraído por las propuestas de la extrema derecha, y en este terreno las cosas no han cambiado mucho en los últimos cien años. La gran diferencia es que en los años 20 y 30 la amenaza del comunismo era real y las dos versiones de la extrema derecha se consideraban antídotos eficaces contra lo que entonces se veía como el suicidio del capitalismo ante la crisis y la protesta social alimentada por la atracción del comunismo. Ahora que el comunismo no está en la agenda política, las fuerzas de extrema derecha tienen que inventarlo, considerando comunismo toda intervención del Estado para reducir las desigualdades sociales. Para ello construyen la ideología del anticomunismo basada en dos pilares: el control casi absoluto de los medios de comunicación corporativos y las redes sociales; y la religión política conservadora, principalmente evangélica, pero también católica y sionista, que una vez más construye el apocalipsis en torno al comunismo y lo convierte en el anticristo. Esta diferencia con respecto a principios del siglo pasado hace que el futuro de la democracia sea aún más problemático.

    La normalización del fascismo

    La segunda diferencia respecto a los años 20 y 30 es la capacidad del fascismo para normalizarse como alternativa democrática, no teniendo ya que recurrir a golpes de Estado (como ocurrió con Hitler, Mussolini, Salazar y Franco). El caso paradigmático contemporáneo es el actual gobierno italiano liderado por Georgia Meloni. Presidenta desde 2014 del partido neofascista Fratelli d’Italia, Meloni dirige un país cuya Constitución prohíbe hacer apología del fascismo. Tal apología, sin embargo, se hizo de la manera más frontal durante la conferencia anual de su partido (Atreju, 2023). Cientos de camisas negras se reunieron en formación militar frente a la sede del partido neofascista surgido tras la guerra (Movimiento Social Italiano), haciendo el saludo fascista. Meloni impidió cualquier represión de esta manifestación. Básicamente, la normalización se deriva del acercamiento entre las políticas de derecha y extrema derecha en Europa. En el caso de las políticas contra la inmigración y las minorías, por ejemplo, no hay diferencias entre las posiciones de Meloni y Rishi Sunak, Primer Ministro del Reino Unido. La normalización es a veces el resultado de una propaganda subliminal. Por ejemplo, el eslogan fundamentalmente de izquierda del «orgullo gay» se utiliza ahora para promover el «orgullo italiano». La normalización presupone el apoyo de los medios de comunicación corporativos, que no le ha faltado a Meloni, como tampoco a Berlusconi (son los mismos canales de televisión) e incluye la criminalización de periodistas y políticos disidentes, sin hacer saltar ninguna alarma. Roberto Saviano, el gran luchador contra las mafias ha sido objeto de una persecución criminal. La normalización alcanza un nuevo nivel cuando va más allá de la clase política y se convierte en parte de la vida cotidiana, por ejemplo cuando un restaurante imprime la cara del Duce en la factura.

    El Estado de Bienestar

    La tercera diferencia entre las dos épocas parece, por otra parte, alejar de momento el peligro del fascismo. En el caso de Europa, las condiciones son ahora muy diferentes y no parecen favorecer el extremismo. El Estado de bienestar que se construyó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y en Portugal, España y Grecia tras las transiciones democráticas de los años setenta, ha demostrado cierta robustez a pesar de todas sus crisis y ha gozado del apoyo popular. Margaret Thatcher intentó destruirlo en el Reino Unido y fracasó. El Estado del bienestar ha contribuido a crear amplias clases medias poco propensas al extremismo. No sorprende, pues, que la extrema derecha europea no invierta hoy directamente contra las políticas sociales (sólo en Estados Unidos la extrema derecha ve en estas políticas el fantasma del comunismo). Invierte contra los impuestos que las financian y la corrupción del Estado (a veces real), esperando así alcanzar insidiosamente sus objetivos con mayor facilidad. En la medida en que las fuerzas políticas progresistas consientan la destrucción del Estado del bienestar, por ejemplo mediante la privatización de la sanidad, la educación o el sistema de pensiones, estarán allanando el camino al fascismo del siglo XXI. Aún más peligrosas son las privatizaciones encubiertas, como las asociaciones público-privadas en la sanidad, los vales escolares en el caso de la educación o la limitación del sistema de pensiones.

    Internet y las redes sociales

    La cuarta diferencia entre las dos épocas es más ambivalente cuando se trata del futuro de la democracia. Me refiero a las redes sociales e internet, que no existían hace cien años. Los medios de comunicación corporativos están perdiendo el control de la opinión pública en favor de las redes sociales y esta pérdida representa una división generacional. Actualmente existe el consenso de que las fuerzas conservadoras saben utilizar mejor las redes sociales que las fuerzas progresistas, entre otras razones porque disponen de grandes cantidades de financiación que las fuerzas progresistas no tienen. Pero las redes sociales crean lealtades volátiles y no sostienen mitos durante mucho tiempo. De hecho, pueden provocar cambios bruscos de dirección, tanto de izquierda a derecha (véase el caso de Brasil en 2013, desde la demanda de transporte gratuito hasta el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff) como de derecha a izquierda (en el caso de Colombia, desde el plebiscito de 2016 que la derecha, usando fake news, ganó contra los acuerdos de paz, hasta el movimiento estudiantil y luego otros movimientos sociales, indígenas, de mujeres y sindicales que llevaron a Gustavo Petro al poder en 2022). Obviamente, los dos movimientos no tienen el mismo peso, dado el carácter propietario (privado) de las redes y la falta de regulación democrática. No hay más que ver cómo el cambio en la propiedad de Twitter determinó inmediatamente el cambio hacia el candidato presidencial estadounidense Donald Trump. La ambivalencia de las redes radica en que son más útiles para asaltar el poder que para sostenerlo.

    Movimientos sociales

    La quinta diferencia con respecto a los años 20-30 es la aparición de movimientos sociales poscolonialistas (indígenas y antirracistas), feministas y ecologistas. Se trata también de una diferencia ambivalente para el futuro de la democracia. Justo después de la Primera Guerra Mundial, el movimiento obrero era un actor político gigantesco y la cuestión de la reforma política estaba en el orden del día. A la democracia liberal, llamada entonces democracia burguesa, se oponía la democracia obrera. Los conflictos entre socialistas y comunistas y la represión estatal (policial y judicial) contra los partidarios de la democracia obrera debilitaron el movimiento obrero, y lo que quedó de él fue destruido por las dictaduras que siguieron.

    Los movimientos sociales actuales aceptan más o menos acríticamente la idea de que sólo existe un tipo de democracia, la democracia liberal, una idea que, hasta los años 70, distaba mucho de ser consensuada. Con esta limitación, los movimientos sociales actuales son generalmente una garantía de preservación de la democracia e incluso de su profundización, ya que luchan para que los derechos individuales y colectivos se amplíen y se cumplan efectivamente. Estos movimientos son generalmente acosados por la extrema derecha, pero en su lucha se han utilizado estrategias que pueden neutralizar el potencial democratizador de los movimientos sociales.

    En el caso del movimiento feminista, la estrategia de la extrema derecha ha consistido en tratar con condescendencia (a veces apoyando activamente) las agendas de los feminismos blancos de clase media porque no cuestionan el orden capitalista. El identitarismo, es decir, la identidad de género (o racial) concebida como objetivo principal y exclusivo de la lucha social, aísla las reivindicaciones de estos movimientos de las luchas por la redistribución de la riqueza y la justicia social. Al aislarse y no cuestionar el contenido de clase de la dominación capitalista moderna, estos movimientos ven neutralizado su potencial transformador, y a veces acaban en el mismo bando que las luchas lideradas por la extrema derecha. Los feminismos del Sur global (feminismo negro, indígena, árabe), cuando se manifiestan en las metrópolis del Norte global a través de inmigrantes, a veces nacionales de dos generaciones, cuestionan el orden capitalista y por ello son abiertamente acosados, no sólo por la extrema derecha, sino también por otras fuerzas políticas conservadoras.

    En el caso de los movimientos antirracistas, la extrema derecha es abiertamente hostil y a veces violenta. El racismo está en el corazón de la extrema derecha, aunque hoy se manifieste de forma indirecta, por ejemplo en la lucha contra la inmigración, en el carácter altamente represivo del control de fronteras, en el punitivismo desproporcionado con el que ataca a individuos, comunidades y públicos racializados, en la defensa privilegiada de las reivindicaciones de las fuerzas policiales y en la banalización de la brutalidad policial.

    En cuanto al movimiento ecologista, la estrategia de la extrema derecha es el negacionismo. La crisis ecológica es vista como una invención de la izquierda para impedir el desarrollo del capitalismo. El movimiento ecologista, aunque muy diverso, tiene hoy el potencial de cuestionar la triple dimensión de la dominación capitalista moderna -clase, raza y género- y, en este sentido, de hacer propuestas antisistémicas en sus múltiples dimensiones (económica, social, política y cultural). En la medida en que emprendan este tipo de lucha, estarán defendiendo la democracia en su sentido más amplio, incluyendo en la democratización de la vida la democratización de las relaciones entre la vida humana y no humana. Sin duda serán hostilizados, no sólo por la extrema derecha, sino por todas las fuerzas políticas institucionales.

    En conclusión

    El fascismo está en auge a) porque las políticas sociales del estado de bienestar han sido cada vez menos financiadas, lo que ha provocado un aumento de las desigualdades sociales y de la polarización social a la que pueden dar lugar, a lo que el estado sólo responde con políticas represivas; b) porque los movimientos sociales, al no cuestionar el capitalismo (injusticia social, lucha de clases), han contribuido a normalizar y banalizar las desigualdades sociales más grotescas como si no fueran antidemocráticas; c) porque el fascismo se disfraza de lucha por la democracia con el apoyo de los medios de comunicación corporativos, que le son generalmente favorables, en particular amplificando las reivindicaciones fascistas contra la inmigración, la xenofobia, la promoción de la policía, la corrupción del Estado del bienestar y los recortes fiscales; d) porque las demás fuerzas políticas, tanto de derechas como de izquierdas, no han sido capaces de desobedecer la ortodoxia neoliberal vigente que impide la expansión de las políticas sociales, lo que a largo plazo convertirá la democracia en una política de malestar que no merece el enorme coste de mantenerla en vigor; e) porque el fascismo tradicional parece hoy formar parte de una amplísima familia hiperconservadora, que incluye la religión ultraconservadora, especialmente evangélica, sionista e islamista; f) porque la guerra legal (lawfare) de un sistema judicial conservador contra las políticas y los políticos progresistas, al aumentar la inestabilidad social, ha sido una palanca eficaz (porque no es política en apariencia) para promover la extrema derecha; g) por último, el fascismo está creciendo porque el consumismo y las redes sociales han transferido las preocupaciones de los individuos de la vida pública a la privada; la justificación de la apatía hacia la democracia (no vale la pena votar porque las políticas son siempre las mismas) se transforma rápidamente en la justificación entusiasta de los antisistema.

    En vista de ello, frenar el avance del fascismo –un imperativo para todos los demócratas– es una tarea política compleja y difícil, sobre todo porque debe llevarse a cabo en varios niveles y en diferentes esferas de la vida social y no sólo en la esfera política. Sin embargo, es posible porque nada está determinado de antemano. La madre de todas las condiciones es que la democracia tenga un contenido material concreto, un impacto positivo en la vida de las clases trabajadoras (individuos, familias y comunidades) que les devuelva la esperanza en la posibilidad de una vida más digna, una sociedad más justa y una mayor igualdad con la naturaleza. Para que esto sea posible, la condición previa a corto plazo es que las políticas sociales públicas se mantengan, diversifiquen, amplíen y articulen con las prácticas de solidaridad, reciprocidad y cuidado que existen en la sociedad y en las comunidades. Sólo así será posible evitar la profundización de las desigualdades y discriminaciones sociales en sociedades cada vez más complejas y culturalmente diversas. Ante la deriva fascista en curso, creo que sólo alianzas amplias y pragmáticas entre las diferentes fuerzas políticas de izquierda pueden garantizar la supervivencia de la democracia a medio plazo.

    ¿Y Portugal, actualmente en periodo electoral?

    Portugal y España son los países europeos con mayor experiencia dictatorial fascista. La Primera República Portuguesa fue un periodo de extrema inestabilidad, fuertemente condicionado por la Primera Guerra Mundial. Entre 1910 y 1925 hubo ocho presidentes, muchos gobiernos y varios intentos de golpe de Estado. Siguieron cuarenta y ocho años de dictadura – convencionalmente dividida en dos periodos: dictadura militar (1926-1933) y Estado Novo (1933-1974) – a la que puso fin la Revolución del 25 de abril de 1974. Este año celebramos el 50 aniversario del 25 de abril.

    A la luz del análisis anterior de la dinámica del fascismo en los años 20 y 30, podemos decir que, como partido político, la extrema derecha fascista o fascistizante tradicional renace en Portugal con el partido Chega en 2019. Así lo considera el prestigioso GPAHE (Global Project Against Hate and Extremism), que añade que la organización juvenil del partido (Chega Juventude) es aún más extremista que el propio partido. Chega corresponde a lo que llamamos extrema derecha tradicional, basada en líderes carismáticos, un partido nacionalista, racista, xenófobo, impulsado por cierto cristianismo conservador (el valor de la familia) y con aspiraciones de ser un partido de masas. También mencioné que junto a esta extrema derecha existía otra, poco más que residual, que, inspirada en Hayek-Mises, quería sustituir al Estado por el mercado como gran regulador social. Esta ultraderecha se reclama democrática, pero, como vimos en las declaraciones de Hayek sobre el Chile de Pinochet, admite la ocurrencia de la dictadura como daño colateral. Ahora, en las condiciones actuales, proponer la privatización de las políticas sociales públicas (la destrucción del Estado de bienestar), que ya tiene un arraigo muy débil en el contexto europeo, como está haciendo el partido Iniciativa Liberal, significa tener que convivir con la posibilidad de que la convivencia democrática se haga imposible a largo plazo.

    Esto es tanto más grave para la democracia cuanto que la derecha tradicional y moderada ha perdido brillo y color (PSD, Alianza Democrática). Si este partido de derechas se ve en la tesitura de querer llegar al poder ahora y a toda costa (confiando en que los portugueses se olviden de la Troika), tendrá que concluir que sólo puede llegar al poder con dos palos antidemocráticos (Chega e IL). Si acepta seguir este camino, deberá darse cuenta de que será un camino sin retorno. La «limpieza» empezará en casa.

    En cuanto a las fuerzas políticas de izquierda, he estado teorizando y analizando las virtudes y los límites de las alianzas entre partidos de izquierda. He argumentado que, en las condiciones portuguesas, sólo las alianzas entre fuerzas políticas de izquierda pueden garantizar la supervivencia de la democracia a medio plazo. Creo que la alianza que tuvo lugar entre 2016 y 2019 (conocida como «geringonça») fue una experiencia muy positiva, a pesar de su lento y degradante final que se consumó con la desaprobación del presupuesto estatal para 2022. La tragedia secular que persigue al país, de estar en tiempos y lugares fuera del tiempo y del lugar, puede significar que en el momento en que las voluntades políticas de la izquierda están más dispuestas a renovar sus alianzas, el tiempo para ellas ya ha pasado. Debemos esperar pacientemente y, cuando surja la oportunidad, no desaprovecharla. La unidad de la izquierda es la única garantía de que los portugueses del futuro celebren el centenario del 25 de abril en democracia.

    1 https://jacobin.com/2023/09/neoliberalism-human-rights-democracy-dictatorship-chile-chicago-hayek-friedman-pinochet

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  • En el centenario de la obra Teoría general del derecho y marxismo del jurista Evgeni Pashukanis

    En el centenario de la obra Teoría general del derecho y marxismo del jurista Evgeni Pashukanis

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    El jurista soviético Evgeni Bronislávovich Pashukanis (23 de febrero de 1891​ – 4 de septiembre de 1937) es el tratadista más influyente de los abordajes marxistas del derecho, y ha sido considerado, en palabras de J. M. Vincent, “el jurista más eminente después de la revolución”. Su obra fundamental es el libro Teoría general del derecho y marxismo que en este 2024 cumple cien años de haber sido publicado.

    El libro en Colombia fue difundido en 1976 por la editorial La Pulga (Medellín), reproduciendo la edición francesa (al cuidado de Jean Marie Brohm) cuya traducción al español estuvo a cargo de Fabian Hoyos, contando con una presentación de Jean Marie Vincent y un texto de 1930 del filósofo y jurista Karl Korsch a guisa de introducción, este último nos recuerda Facundo C. Rocca es una temprana valoración crítica del libro de Pashukanis. Recientemente, el interés por el trabajo del jurista ha llevado a que se imprima nuevamente su obra fundamental en español (Argentina: Olejnik, 2021*; España: Irrecuperables, 2022; España: Uno en Dos, 2023), así como a la publicación de una serie de compilaciones de textos suyos, análisis de su trabajo, revistas dedicas al jurista marxista y el anuncio de conferencias especializadas en el marco del centenario de Teoría general del derecho y marxismo.

    Para Pashukanis, “la teoría general del derecho puede definirse como el desarrollo de los conceptos jurídicos fundamentales, es decir, los más abstractos” (p. 41), dentro de los que se encuentran norma jurídica, relación jurídica, sujeto jurídico, contrato, entre otros. El autor no desconoce el carácter ideológico del derecho, y la inclusión de los conceptos jurídicos generales en los procesos y sistemas ideológicos, pero sí se enfoca en la necesidad de esclarecer la representación de las categorías jurídicas dentro de las formas del pensamiento objetivas (para una sociedad históricamente determinada) que corresponden a relaciones sociales objetivas: “El reconocimiento de la naturaleza ideológica de diferentes conceptos no nos exime, en general, de la investigación de la realidad objetiva, es decir, de una realidad existente en el mundo externo y no solamente en la conciencia”, señala el jurista (p. 60).

    Su apuesta teórica se distancia y opone a los planteamientos de la filosofía del derecho burgués, basada en el neokantismo, y a Kelsen. En este orden, su crítica va dirigida a, como recuerda Jean Marie Vincent, “las concepciones que hacen del derecho una técnica (el normativismo y el positivismo) y no quieren ver en el mismo un conjunto de relaciones, de formas e ideologías funcionales en un contexto social determinado”, al igual que al derecho natural, al que considera que es “consciente o inconscientemente, el fundamento de las teorías burguesas del derecho” (p. 55), abordando además el derecho público y el derecho privado, el derecho penal, así como la moral y el Estado —Estado de derecho—, indicando cómo este último antes de tener teorías acabadas, fue creado por la burguesía en la práctica y cómo la ideología de Estado de derecho, “oculta la dominación de la burguesía a los ojos de las masas” (p. 113), y también encubre la esencia del poder: la dominación de una clase sobre otra, donde el derecho penal es un arma inmediata de la lucha de clases.

    El jurista también propone que “la teoría marxista debe, no solamente analizar el contenido material de la reglamentación jurídica en las diferentes épocas históricas, sino que debe dar, además, una explicación materialista a la misma reglamentación jurídica en cuanto forma históricamente determinada” (p. 45). Lo anterior, permite afirmar al autor que lo jurídico alcanzó su mayor expresión en la sociedad capitalista, siendo así el derecho tal como lo conocemos expresión del orden burgués, de una relación social específica, donde la relación de los propietarios de mercancías se traduce no sólo en una relación económica, sino también en una relación jurídica, estrechamente relacionada con la primera. Así, dice Pashukanis, “al lado de la propiedad mística del valor aparece algo no menos enigmático: el derecho” (p. 93). En línea con lo anterior, en un periodo de transición, como lo es el paso del capitalismo al comunismo, la forma jurídica no tiene las posibilidades ilimitadas que en la sociedad burguesa, subsistiendo ésta en la transición únicamente para desaparecer, para extinguirse, para desvanecerse.

    Pashukanis fue denunciado como enemigo del pueblo y ejecutado en 1937, obteniendo una rehabilitación póstuma en 1957. Su obra Teoría general del derecho y marxismo en tanto análisis de la forma jurídica y de categorías jurídicas bajo la relación social capitalista y de su condición de esencial para la forma mercancía, para el valor y la propiedad, en un contexto histórico específico, así como su método de estudio, tienen una gran trascendencia para el estudio y la práctica del derecho hoy.

    * Las citas directas de Teoría general del derecho y marxismo corresponden a esta edición.

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  • El ordenamiento jurídico del trabajo agrícola asalariado:realidades y desafíos

    El ordenamiento jurídico del trabajo agrícola asalariado:realidades y desafíos

    -2022-

    La globalización neoliberal y el régimen alimentario corporativo han llevado a una creciente dependencia del trabajo asalariado por parte del campesinado, que trabaja en condiciones de explotación y discriminación.

    El libro “El ordenamiento jurídico del trabajo agrícola asalariado: realidades y desafíos”, del profesor e investigador Mauricio Chamorro Rosero, analiza esta situación. Chamorro concluye que el marco jurídico internacional y nacional para la protección del trabajo agrícola asalariado es insuficiente para garantizar los derechos de los trabajadores agrícolas asalariados.

    Este texto es una contribución importante al debate sobre la situación laboral del campesinado en Colombia. Es una lectura obligada para quienes se interesan por los derechos humanos, el derecho del trabajo y la agricultura.

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  • Estado, derechopo y las luchas sociales

    Estado, derechopo y las luchas sociales

    -1993-

    Proximamente en versión digital