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Categoría: Noticias

Se realizó la I Escuela Ambiental contra el Cambio Climático para Lideresas Paramunas
Lideresas campesinas voceras de organizaciones de mujeres, habitantes de los páramos de Santurbán, Almorzadero y Pisba se reunieron en la sede de la Fundación San Isidro en el municipio de Duitama, Boyacá, en el marco de la I Escuela Ambiental contra el Cambio Climático para Lideresas Paramunas realizada por el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) del 25 al 29 de abril del presente año.
Alrededor de 25 lideresas sociales y ambientales, voceras de ocho organizaciones, habitantes de los municipios de Matanza, Chita, Socotá, Charta, Cerrito, Labranza grande, Pisba y Tasco, pertenecientes a los departamentos de Boyacá y Santander, se reunieron para dar lugar a la I Escuela Ambiental Contra el Cambio Climático para Lideresas Paramunas realizada por ILSA como parte del proyecto Alternativas para el buen vivir de mujeres campesinas de los municipios del páramo de Pisba financiado por el Fondo del Primado para el Desarrollo y el Socorro Mundial (PWRDF por sus siglas en inglés), y con la participación especial de Corambiente y El Cuarto Mosquetero, organizaciones aliadas que a través de alternativas ambientales y de comunicación posibilitan el trabajo comunitario y transformador en diferentes territorios del país. Dicha Escuela tuvo como objetivo el intercambio de experiencias para la conservación ambiental y de alternativas para contrarrestar los efectos del cambio climático.
La propuesta del espacio giraba sobre la necesidad de hacer visible cómo los pueblos de América Latina y el Caribe históricamente han levantado su voz poniendo una alerta contra el colonialismo, el extractivismo y el modelo neoliberal, este último atraviesa los cuerpos de múltiples manera, se ha acentuado en los países más pobres afectando particularmente a las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad, especialmente a las mujeres y las niñas del Sur global, lo que ha profundizado las discriminaciones por género y aumentado las violaciones de derechos humanos y a los derechos de la naturaleza. Gracias a los movimientos de mujeres y feministas del mundo, hoy reconocemos que las mujeres ocupan un rol fundamental dentro de los movimientos sociales que buscan contrarrestar los efectos del neoliberalismo, puesto que han impulsado iniciativas para la adaptación a la crisis climática desde su quehacer cotidiano, pero también desde la juntanza con otras mujeres, donde a través del intercambio de saberes, experiencias y prácticas han logrado poner en marcha múltiples estrategias solidarias para el buen vivir de humanas-os y no humanas-os, incluso en ecosistemas frágiles como los páramos, los desiertos, los nevados, los arrecifes de coral y otros.
Esta I Escuela Ambiental Contra el Cambio Climático para Lideresas Paramunas permitió fortalecer los liderazgos ambientales de mujeres en sus territorios a partir del encuentro, el debate, la palabra, el compartir de experiencias y la construcción de nuevas rutas de acción colectiva que posibilitan un mundo más digno para todas y para los ecosistemas que se habitan. Dicha escuela abrió un espacio de enseñanza aprendizaje alrededor de temas como la política nacional de delimitación de los páramos en Colombia, el cambio climático, el fortalecimiento para la comunicación alternativa, herramientas de educación popular con enfoque ambiental, la alternativa agroecológica como apuesta política para el buen vivir, el autocuidado físico y mental de lideresas sociales y ecofeminismos; algunas de las practicas comunitarias y solidarias que vienen adelantando las organizaciones convocadas a esta I Escuela Ambiental, son la defensa y conservación de semillas nativas, cuidado y propagación de polinizadoras, la agroecología, campañas ambientales, reforestaciones y revegetaciones, implementación de huertas agroecológicas, incidencia política ambiental, uso de mecanismos de participación y exigibilidad de derechos para proteger los territorios, entre otras.
Tras este exitoso encuentro y las voluntades, energías y apuestas cargadas y renovadas con los múltiples intercambios y aprendizajes, se pretende el ejercicio de replica de alternativas para la conservación ambiental en los diferentes territorios según su tiempo y contexto. Se abren nuevas rutas y reflexiones que permitirán la acción colectiva a nivel local y departamental reconociendo el papel de las mujeres como cuidadoras de los territorios y ecosistemas.
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¿Qué proponen las organizaciones de mujeres para el plan nacional de desarrollo 2022-2026?
Organizaciones, Redes y Plataformas de Mujeres y Derechos Humanos, entre ellas ILSA, vienen haciendo un trabajo de incidencia en el Congreso de la República para que se incluyen proposiciones con enfoque de género y derechos de las mujeres en el Plan de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida” 2022 – 2026.
A continuación presentamos las propuestas de las mujeres
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Comunicado a la opinión pública
Las Organizaciones Campesinas y Sociales abajo firmantes, manifestamos nuestro apoyo irrestricto a la reforma estructural y participativa al Sistema Integral de Salud que adelanta el Gobierno del Presidente Gustavo Petro Urrego, liderada por la Ministra de Salud, Doctora Carolina Corcho.
Las poblaciones campesinas y rurales, especialmente de las zonas dispersas de la geografía nacional, somos quienes más nos hemos visto afectadas por problemas de acceso, disponibilidad, calidad y adecuación socio-cultural de los servicios de salud, en estas tres décadas de vigencia del modelo de salud instaurado por la Ley 100 de 1994. Este modelo ha hecho primar el carácter privatizador de la salud, convirtiéndola en una mercancía y debilitando su naturaleza como derecho fundamental y obligación política y jurídica a cargo del Estado.
Las organizaciones campesinas hemos denunciado a lo largo de este tiempo de vigencia del modelo de la Ley 100 de 1994, la crisis de financiación de la red pública hospitalaria en todas las regiones, y el deficiente funcionamiento de los centros y puestos de salud de la mayoría de los municipios del país, a causa de la falta de irrigación de recursos públicos y de la falta de pagos oportunos por parte de las Empresas Prestadoras de Salud, que no obstante se quedan con el 30% de los recursos estatales destinados al sistema de salud, en el proceso de intermediación financiera que hacen.
Manifestación clara de esta profunda crisis de la red pública de salud, es la intervención y reestructuración de alrededor de 15 hospitales en varias regiones del país[1], y la intervención administrativa para liquidación de 11 EPS[2] por problemas de solvencia financiera, corrupción y de pésimo funcionamiento, mientras que las poblaciones pobres y rurales siguen padeciendo los obstáculos de acceso a la asistencia en salud adecuada, oportuna y de calidad, sometidas además a los llamados itinerarios de la muerte de los pacientes.
El Informe de la Misión Rural (DNP: 2014), ya indicó las grandes brechas de satisfacción frente al derecho a la salud que afectan a las poblaciones de la ruralidad. Señaló que mientras que el 12.4% de los hogares de los municipios clasificados como “rural disperso” no tiene acceso a servicios de salud, menos del 5% de los hogares en las ciudades y aglomeraciones urbanas presentan esta privación[3] (DNP, 2014, p. 16). El informe evidenció que los departamentos con mayor nivel de población rural, cuentan con una heterogeneidad de sedes de servicios de salud, que no corresponden con la proporción de población en dichas zonas; así por ejemplo, mientras la proporción de población rural del país en 2014 era del 23%, los puntos de atención o sedes de prestadores de servicios de salud en estas zonas alcanzaron únicamente el 10% del total de la población rural (DNP, 2014, p. 23).
En el Plan Nacional de Salud Rural (2018), el Ministerio de Salud y Protección de Salud también visibilizó algunas brechas. En materia de salud sexual y reproductiva, las diferencias entre el campo y la ciudad son palpables, por ejemplo, el porcentaje de mujeres entre los 13 y 49 años con pareja que está usando algún método anticonceptivo moderno es menor en la zona rural que la urbana (73,6% vs 76,7%), y el porcentaje de mujeres que se han realizado citología alguna vez en la vida, indica que el 67,1% y 63,9% de las mujeres de la zona urbana y de la zona rural respectivamente se la realizan cada año.
Gran parte de las barreras de acceso a la salud que enfrentan los habitantes de la ruralidad están fuertemente asociadas al déficit de talento humano en salud en estas zonas. Para 2016 se observó una mayor densidad de profesionales de la salud en las zonas urbanas (102 por cada 10 mil habitantes), respecto a las zonas rurales (40,8 en área rural y 28,1 en área rural dispersa). En el caso de los médicos, por ejemplo, mientras la densidad estimada en la ciudad es de 31,9 por cada 10.000 habitantes, en el área rural y rural dispersa la densidad se estima en 13,2 y 8,8, respectivamente (Ibid., pg. 16).
Estas brechas y discriminaciones contra las poblaciones campesinas en relación con la salud se mantienen y son abiertamente inconstitucionales, por lo cual la reforma estructural al sistema de salud es un imperativo para el Estado colombiano, y una tarea inaplazable para el Gobierno del Presidente Petro, que respaldaremos en las calles y en el debate público.
Suscribimos las propuestas incluidas en el mandato ciudadano en salud, que el Movimiento Nacional por el Derecho a la Salud y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo han construido desde hace varios años. Especialmente pedimos que la discusión de la reforma al sistema de salud, se acompañe de una amplia movilización y participación ciudadana. Pedimos que la reforma tenga en cuenta la exigencia de eliminar toda forma de intermediación financiera de agentes privados que atenta contra la salud y la vida, y que fragmenta el sistema de salud al darle prioridad al aseguramiento individual y al negocio privado con la enfermedad, debilitando el sistema de salud pública y un sistema basado en la prevención.
Finalmente, rechazamos la propaganda mediática contra la reforma desatada por las empresas y agremiaciones que negocian con la salud, por desinformar a la opinión pública e impedir un debate democrático auténtico.
Firmamos,
ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS (ANUC)
ASOCIACION DE USUARIOS CAMPESINOS DE CUNDINAMARCA (ANUC CUNDINAMARCA)
INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA UNA SOCIEDAD Y DERECHO ALTERNATIVOS (ILSA)
ILSA
[1] La Superintendente de Salud, reveló que luego del período de la Pandemia fueron intervenidos los siguientes hospitales: el San José de Maicao, en La Guajira; el San Rafael, en Leticia, Amazonas; el Emiro Quintero Cañizares, en Ocaña, Norte de Santander; el San Andrés, en Tumaco, Nariño; el Julio Méndez Barreneche y Alejandro Próspero Reverend, en Magdalena; el Universitario del Caribe, Hospital Local de Cartagena y Río Grande de la Magdalena, en Bolívar; el Hospital Universitario de Sincelejo y el Hospital San Marcos, en Sucre; el San Jerónimo de Montería y el San Diego de Cereté, en Córdoba; el Regional San Andrés de Chiriguaná, en Cesar y el Hospital San Francisco de Asis, en Chocó (La República, agosto 21 de 2021).
[2] En los últimos seis años, han sido liquidadas 13 EPS. A septiembre de 2022, 11 EPS fueron intervenidas forzosamente para liquidación administrativa: Saludcoop EPS con 4,6 millones de afiliados; Saludvida con 1,1 millones; Emdisalud (445.868); Confacundi (172.618); Confamiliar Cartagena (135.295); Ambuq (768.420); Comparta (1,5 millones); Coomeva EPS (1,1 millones); Medimás EPS (1,5 millones); Confamiliar Huila (539.759); y Convida EPS con 477.063 afiliados. Cuatro EPS se encontraban con liquidaciones terminadas (Manexca, Cafesalud, Comfacor y Cruz Blanca), y una con liquidación voluntaria (Confamiliar Nariño). (La República, 7 de octubre de 2022)
[3] Departamento Nacional de Planeación. (2014). Diagnóstico de las condiciones sociales del campo colombiano. Bogotá: Dirección de Desarrollo Rural Sostenible-DDRS Dirección de Desarrollo Social-DDS Equipo de la Misión para la Transformación del Campo.

Hacia una propuesta de Red colombiana de abogacía popular y empoderamiento jurídico
En el periodo más reciente se ha identificado la necesidad de articular a las organizaciones y personas que trabajan poniendo el derecho al servicio de las comunidades, en el acceso a la justicia de los pobres y en la apropiación comunitaria de lo legal, en escenarios y propuestas de encuentro que permitan el intercambio y el aprendizaje colectivo acerca de las prácticas de las organizaciones de servicios legales, y de quienes ejercen la abogacía popular. En este orden han surgido iniciativas como la Red Latinoamericana de Empoderamiento Jurídico, creada en junio del año 2017 por un grupo inicial de 24 organizaciones provenientes de 13 países de la región, con la finalidad de compartir experiencias y articular acciones para contribuir a hacer realidad el acceso a la justicia en la región para todas y todos, propuesta de la cual ILSA hace parte.
Desde el Instituto consideramos fundamental el lograr generar un espacio nacional de encuentro y diálogo entre organizaciones no gubernamentales y profesionales que trabajan de la mano de comunidades y grupos poblacionales en su asesoría legal, defensa y representación jurídica, en la educación jurídica popular, y en investigación jurídica y sociojurídica. Esto con el fin de poder intercambiar sobre los objetivos, alcances, metodologías y desafíos del trabajo que adelantamos; los límites y las posibilidades transformadoras y emancipatorias del derecho en la Colombia actual; el orden social, su Estado y su Derecho; el acceso a la justicia por los sectores excluidos, negados y oprimidos; propuestas de coordinación, articulación, apoyo y difusión de agendas e iniciativas propias; entre otros aspectos, que podrían contribuir a nuestro quehacer y a la organización y movilización de los sectores sociales y poblaciones con las que trabajamos.
Este espacio se propone como red o sistema, para lo cual queremos invitar a quienes estén interesados a responder las siguientes preguntas que nos permitirán avanzar en la configuración de la propuesta articuladora.
¡Únete a nuestra propuesta! Responde nuestra encuesta


Estuvimos adelantando actividades en diferentes regiones
Recientemente estuvimos adelantando actividades en diferentes regiones. Acá les contamos:
El viernes 21 de octubre participamos en un encuentro preparatorio en Villavicencio (Meta) para la formulación de propuestas para la participación en los Diálogos ➡️

Regionales Vinculantes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.
Apoyamos, ayer lunes 24 de octubre, a las y los campesinos de las organizaciones ANUC, ADUC, ACC, APMECAFE y la San Isidro, participantes del proceso Mercados Campesinos de la región central.↙️ en la formulación de un documento de análisis y propuestas a presentar en los Diálogos Regionales Vinculantes del Plan Nacional de Desarrollo. También contribuyeron al espacio la Unión Europea, la @PlataformaDesc y @CPodion.
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En San José (Apartadó) adelantamos dos actividades: ⬇️
NextEstas jornadas las desarrollamos el pasado 21 de octubre con integrantes de la Cooperativa Multiactiva Cacao Vive y de la mano de nuestro aliado la Fundación Lazos de Dignidad.
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El sábado 22 de octubre fuimos a Barro Colorado, en El Tres (Turbo, Antioquia). Acompañando una jornada desarrollada por la Cooperativa Multiactiva #CacaoVive. Allí abordamos el tema de los segundos ocupantes de predios objeto de restitución en condiciones de vulnerabilidad.↙️
Tema que genera muchas inquietudes entre las comunidades locales de esta zona del Urabá y que tratamos a partir de la jurisprudencia de la @CConstitucional.
Finalmente en #Necoclí estuvimos visitando los círculos de mujeres de #VocesEnMovimiento de El Caballo y Marimonda. Fin

Intervención expediente D0014817 (Sentencia C-054 de 2023)

Foto: Freddy Ordóñez Gómez
Compartimos la intervención del presidente y la directora ejecutiva de ILSA en la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 6 y 151 de la Ley 2200 de 2022 presentada ante la Corte Constitucional. (Expediente No. D0014817). También dejamos a nuestros lectores un artículo elaborado por nuestro investigador Freddy Ordóñez sobre el fallo.
Áreas no municipalizadas y pueblos indígenas amazónicos: la importancia de la Sentencia C-054 de 2023
Consulte aquí la sentencia C-054 de 2023
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