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Categoría: Opinión

  • La política del color: el racismo y el colorismo

    La política del color: el racismo y el colorismo

    Boaventura de Sousa Santos
    8 de mayo del 2021

    Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

    La piel es nuestra mayor barrera protectora natural. ¿Por qué el color de la piel tiene un significado social infinitamente mayor que el color de la pupila de los ojos? Tanto en la tradición cristiana (incluido el secularismo en el que se prolongó) como en la tradición budista, la oscuridad y la claridad fueron metáforas conceptuales que pretendieron explicar el perfeccionamiento de la persona humana en sus relaciones con los poderes que la trascienden. Se refieren a movimientos del conocimiento y de la vida interior. La trayectoria de la oscuridad a la claridad está abierta a todos los seres humanos. Y, de hecho, la máxima claridad (por ejemplo, en presencia de la divinidad) puede convertirse en la máxima oscuridad, siendo ejemplo de ello el horror divino de George Bataille, o en el máximo el silencio del universo, en el caso de José Saramago.

    Sin embargo, con la moderna expansión colonial europea, sobre todo a partir del siglo XVI, la oscuridad y la claridad se utilizaron progresivamente para distinguir entre seres humanos, para clasificarlos y jerarquizarlos. Fue entonces cuando la oscuridad y la claridad se movilizaron como factores identitarios, para definir los colores de la piel de los seres humanos, transfiriendo a esta definición significados antiguos. Si antes tales significados partían de la idea de la condición común de los humanos, a partir de entonces el color de la piel constituirá uno de los vectores fundamentales de la línea abisal que distingue a los humanos de los subhumanos, la distinción que subyace al racismo. Una vez aplicado a la piel humana como factor determinante, el color pasó a designar características “naturales” que definen desde el principio los tránsitos sociales permitidos y prohibidos. Lo “natural” se convirtió en una construcción social concebida como un factor extrasocial de la legitimidad de la jerarquía social definida a partir de las metrópolis coloniales. El “negro” se convirtió en “color”, símbolo de lo negativo, y el “blanco”, “la ausencia de color”, en símbolo de lo positivo. Así surgió el racismo moderno, uno de los principales y más destructivos prejuicios de la modernidad eurocéntrica. Como bien analiza Francisco Bethencourt, el racismo, a pesar de no ser un rasgo exclusivo occidental, asumió con la expansión colonial europea un papel central en la clasificación jerárquica de las poblaciones (Racismos: das Cruzadas ao século XX, 2015).

    A pesar de haber experimentado muchas mutaciones, el prejuicio racial ha mantenido una notable estabilidad. Por un lado, la inmensa diversidad de rasgos fisiológicos y tonos de color de piel no impiden que el prejuicio se adapte y se reconstituya incesantemente según los contextos, a veces pareciendo un residuo del pasado, a veces resurgiendo con renovada virulencia. Por otro lado, su naturaleza insidiosa se deriva de su “disponibilidad” para ser interiorizado por aquellos y aquellas que son víctimas de él, en cuyo caso unos y otras pasan a evaluar su existencia y su papel en la sociedad en función del canon de la jerarquía racial. Por último, la lógica racial del color se insinúa tan profundamente en la cultura y el lenguaje que está presente en contextos tan naturalizados que parecen no tener nada que ver con los prejuicios. Por ejemplo, en el espacio de la comunidad de países de lengua portuguesa (por lo menos en Brasil y en Portugal) los niños aprenden que el lápiz de color beige es el lápiz del color de la piel.

    La primacía otorgada a la visión en el análisis eurocéntrico del mundo hace que el color de la piel sea una de las variaciones más visibles entre los humanos. Está relacionada con las respuestas a la radiación ultravioleta. La piel más oscura, con más melanina, protege a las poblaciones originarias de regiones cercanas al ecuador. Por tanto, en su origen es una respuesta físico- biológica al medio ambiente. ¿Cómo es que, si bien el origen de la humanidad se dio en regiones con mayor radiación ultravioleta, el color de la piel terminó convirtiéndose en un marcador de deshumanización? Fue un largo proceso histórico que, en algunos contextos, evolucionó para convertir la piel clara y la piel oscura en connotaciones de una rígida jerarquía social, lo que llamamos racismo y colorismo. La percepción del color dejó de ser una característica física de la piel para convertirse en un marcador de poder y una construcción cultural. El siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX fueron la época del apogeo de la explicación científica de las diferencias raciales, de las que resultaba, lógicamente, la jerarquía social y la recomendación de no mestizaje, de la eugenesia, del apartheid y de la eliminación de lo que se consideraban razas inferiores (por ejemplo, Nancy Stepan, The Idea of Race in Science: Great Britain 1800-1960, 1982). El concepto de “under man” (subhumano) ganó popularidad con el libro del estadounidense Lothrop Stoddard, The Revolt Against Civilization: The Menace of the Under-Man, publicado en 1922, que se convertiría en el manual de los nazis. Tras la Segunda Guerra Mundial y ante la catástrofe genocida del nazismo y del fascismo, el paradigma de la ciencia racista se fue desmontando. Hoy, los estudios genéticos muestran que, como las clasificaciones raciales no se traducen en diferencias genéticas importantes, no tiene sentido hablar de raza como categoría biológica. De hecho, la variación genética entre grupos raciales es pequeña en comparación con las diferencias genéticas dentro del mismo grupo. En otras palabras, la ideología racista sobrevive al desmantelamiento de las “bases científicas” del racismo.

    A pesar del descrédito de la base científica del racismo, el racismo como ideología permanece e incluso se ha acentuado en los últimos tiempos. Las características morfológicas del rostro, el cabello o el color de la piel siguen utilizándose como marcadores de discriminación racial, y en muchos países determinan las variaciones en la discriminación que se dirige contra diferentes grupos sociales racializados, ya sean negros, asiáticos, indígenas, gitanos o latinos, por no mencionar, dependiendo de la época y del contexto, a judíos, irlandeses, portugueses, españoles, italianos, eslavos. El color de la piel, en concreto, ha adquirido un significado particularmente insidioso al determinar diferencias sistemáticas de trato dentro de grupos que comparten la misma “identidad racializada” o “comunidad de color”. En las Américas, este fenómeno condujo a la formulación del concepto de colorismo para designar este trato diferencial. No hay colorismo sin racismo ni colonialismo. El colorismo potencia la complejidad y la gravedad de las narrativas y de las prácticas racistas y reitera la violencia epistémica y ontológica del proyecto colonial, una violencia aún más cruel cuando ocurre dentro de los grupos racializados. El código colorista establece que cuanto más “blanco” sea el color de la piel, mayor es la probabilidad de que alguien sea candidato a los privilegios de la blanquitud, pero, al igual que ocurre con la identidad racial, la definición del color de la piel es una construcción social, cultural, económica y política. Los estudios sociales del color de la piel muestran que la identificación y la clasificación del color de la piel varían de una sociedad a otra e incluso dentro de la misma sociedad. Es oportuno recordar que Bethencourt decidió estudiar la historia del racismo para responder a esta pregunta: ¿cómo es posible que la misma persona sea considerada negra en Estados Unidos, de color en el Caribe o en Sudáfrica y blanca en Brasil? Yo añadiría otras dos preguntas. ¿Por qué la clasificación varía dentro del mismo país? En el caso de la sociedad brasileña, quien es considerado blanco en Bahía puede ser considerado negro en
    São Paulo. ¿Y puede la clasificación variar en el tiempo?

    Cuando se habla críticamente del racismo, hay una gran tendencia a resaltar los daños, la violencia y la destrucción que causa en las poblaciones racializadas. No obstante, de esta forma, el color de los que causan el racismo se vuelve invisible. La piel de quien ejerce una actitud racista no tiene color, sobre todo en contextos donde el “color blanco” está asociado con el mantenimiento de privilegios heredados de la esclavitud y del colonialismo. Lo mismo podría decirse de la piel de los árabes sauditas en relación con los paquistaníes, filipinos o bangladesíes, o de los chinos en relación con los africanos. Así, se vuelven invisibles tanto el color de la piel como los privilegios que justifica ¿Por qué el análisis crítico del racismo incide principalmente en la discriminación que sufren los cuerpos racializados y omite los privilegios de los cuerpos no racializados? Al final, cuando se habla de “supremacía blanca” no se habla de la calidad del color, sino del poder y los privilegios que invoca. Mucho más allá de los contextos de la supremacía blanca (la blanquitud), el uso racista del color y de la ausencia de color siempre está ligado a la instrumentalización del poder y de los privilegios. Mencioné anteriormente el racismo de los chinos en China contra los africanos negros. Lo cierto es que la Corte Suprema de Sudáfrica dictaminó en 2008 que, con el fin de acceder a una discriminación positiva para promover el “empoderamiento económico de los negros”, los chinos nacidos en Sudáfrica eran considerados… negros.

    La conclusión urgente parece ser la siguiente: sólo razones políticas y luchas de poder pueden explicar la instrumentalización social del color de la piel; y, asimismo, solo ellas explican que el probable aumento de la multiplicidad de tonos de color de piel resultante del mestizaje o la crioulização no se traduzca en el fin del racismo y de la violencia e injusticia que causa. A pesar de la diversidad de contextos ya mencionada, históricamente el problema ha cobrado especial agudeza en los países donde existe una población considerada blanca, por pequeña que sea, pero en posiciones de poder, y asume distintos contornos en contextos diferentes. La investigación se ha centrado principalmente en cómo las diferencias en el color de la piel entre personas consideradas de la “misma raza” determinan diferencias de trato. El caso más tratado es el de los países que heredaron la violencia de la esclavitud, especialmente en el contexto estadounidense. Los análisis muestran consistentemente que, a pesar de avances muy significativos en el acceso a cargos públicos y privados de personas clasificadas como de raza negra (o de cualquier otra raza que no sea blanca), como resultado de las luchas contra la discriminación racial, especialmente durante los últimos cincuenta años, lo cierto es que las personas racializadas que accedieron a estos lugares tienen, en general, un color de piel más claro.

    A pesar de la inmensa diversidad de tonos de piel, el color de la piel marcó y marca no solo diferencias raciales, sino también diferencias de trato dentro de la misma identidad racial. El colorismo es quizás el arma más insidiosa del racismo para dividir a los grupos racializados. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los esclavos negros de color más claro eran más caros y se buscaban para el trabajo doméstico en las casas de las plantaciones, mientras que los esclavos de color más oscuro estaban destinados al trabajo duro en los campos. De hecho, los traficantes de esclavos utilizaban las diferencias en el color de la piel para provocar la división entre los esclavos. Mucho después de la abolición de la esclavitud, el racismo y el colorismo no solo permanecieron, sino que se extendieron a nuevas categorías de población, por ejemplo, los inmigrantes europeos. Es decir, la matriz de exclusión basada en el racismo de la diferenciación fenotípica tiene un dinamismo tan cruel e insondable que se propaga “por analogía”. En los Estados Unidos a principios del siglo XX, los irlandeses, italianos y portugueses fueron considerados “blancos oscuros” y sólo gradualmente (¿y completamente?) su color de piel fue siendo “blanqueado”, acompañando su ascenso social. Pero después de todo, ¿fue el ascenso social el que blanqueó la piel o fue la piel sin matriz fenotípica la que facilitó el ascenso? La respuesta es obvia.

    La persistencia del racismo y el colorismo es evidente en esta instantánea fotográfica de Brasil. El 22 de marzo de 2018, el conocido periódico norteamericano Wall Street Journal publicó un reportaje titulado “La demanda de esperma estadounidense aumenta exponencialmente en Brasil”. Relataba que en los siete años anteriores la importación de semen estadounidense por mujeres brasileñas blancas, ricas, solteras y lesbianas había aumentado de modo extraordinario. Las preferencias eran para donantes de piel clara y ojos azules. Según Fairfax Cryobank, el mayor exportador de esperma a Brasil, este país fue el mercado de semen de mayor crecimiento. Mientras que en 2011 solo se habían importado 11 tubos de semen, en 2017 el número subió a 500 tubos. Según el periodista, la preferencia por los donantes blancos refleja la preocupación por el racismo “en un país donde la clase social y el color de piel están íntimamente ligados”. Para las consumidoras, “los niños de piel clara tendrán la expectativa de mejores salarios y un trato más justo por parte de la policía”. En los Estados Unidos, las mujeres negras con tonos de piel más claros y rasgos europeos tienden, al igual que en otras circunstancias, a tener más éxito en conseguir un trabajo, en una carrera profesional, en concursos de belleza o en videos musicales. En el caso de Brasil, el testimonio de Bianca Santana refleja esta dimensión del racismo estructural: “Mi piel no es retinta. Tengo el color del mestizaje brasileño, que tantas veces se ha utilizado para reafirmar el mito de la democracia social… Poder ser vista como blanca o, mejor, como no negra, me dio oportunidades que probablemente no tendría si mi piel fuese más oscura, como ocupar un puesto de coordinación en un colegio europeo de élite (https://revistacult.uol.com.br/home/colorismo-e-o- mito-da-democracia-racial/).

    El colorismo también ha existido dentro del mismo grupo racial cuando, por ejemplo, en el siglo XIX y principios del XX, los clubes de las élites negras en los Estados Unidos negaban el acceso a personas con el color más oscuro. La internalización del colorismo ha llevado y sigue conduciendo a prácticas de blanqueamiento de la piel y la demanda de productos blanqueadores ha crecido enormemente (Lynn Thomas, Beneath the Surface: a transnational history of skin lighteners, 2020). Pero, por otro lado, el colorismo también puede operar a la inversa, en contextos de comunidades altamente racializadas y como reacción de resentimiento: discriminar a las personas de piel más clara consideradas débiles o inferiores por ser producto de mezcla de razas.

    El color, el contracolor y el arco iris

    El color de la piel es un marcador esencialista en nuestras sociedades desiguales y discriminatorias y, como fenómeno político, puede utilizarse con diferentes orientaciones políticas y hasta como forma de compensación histórica. En 1903, el gran intelectual estadounidense negro W.E.B. Du Bois escribió proféticamente que el problema del siglo XX sería “la línea de color”, la “línea de la división racial por el color”. Así fue y así parece seguir siendo hasta bien entrado el siglo XXI. A mediados del siglo pasado, Franz Fanon mostró elocuentemente cómo el racismo actuaba a través de una fractura dialéctica entre el cuerpo y el mundo, entre el “esquema corporal”
    y el “esquema racial epidérmico”. El fenotipo epidérmico sería trivial si no existiera el racismo fenotípico.

    La lógica racial y colorista se utiliza tanto para excluir a los “otros” como para unir el “nosotros”. Ahí radica uno de los hilos con los que se teje la extrema derecha de nuestro tiempo. En el polo opuesto, el movimiento black is beautiful de los afroamericanos en la década de 1960, que luego se extendió a otros países (por ejemplo, en la Sudáfrica del apartheid), consistió en reivindicar el color y cambiar su connotación. Siempre que el color es politizado contra el racismo para unir la lucha antirracial y la lucha anticapitalista, el color de la piel tiende a perder el esencialismo y a relativizarse. Intensamente politizada, la lucha del Black Panther Party fue notable, especialmente en la década de 1970-1980, en un esfuerzo por abolir la relevancia de las diferencias de color de piel entre la comunidad negra. Y ayer, como hoy, queda abierta la cuestión de saber en qué medida grupos de varias razas, etnias y colores de piel pueden unirse en las luchas contra el capitalismo, el colonialismo, el racismo y el sexismo, para así aumentar las posibilidades de éxito de las luchas por una sociedad más justa. Los períodos de mayor optimismo han sido seguidos por períodos de mayor pesimismo con una circularidad inquietante. Dos cosas parecen seguras. Por un lado, los esencialismos identitarios tienden a dificultar la articulación de las luchas sociales contra la desigualdad y la discriminación. Por otro lado, no se puede confundir el cambio en el color del poder con el cambio en la naturaleza del poder. Después de todo, la burguesía negra estadounidense se ha preocupado por alcanzar el poder capitalista y no por cambiarlo (ver Barack Obama). Y no será diferente en otros lugares.

    Wittgenstein escribió (Observaciones sobre los colores, 1996: 17) que un pueblo de daltónicos tendría otros conceptos sobre los colores. ¿Sería esta una solución al racismo basada en el color de la piel? Si es correcta mi propuesta de que el racismo no reside en el color en sí, sino en la política del color centrada en la desigualdad de poder y en la concentración excluyente de privilegios, la respuesta es no. Si se mantiene la estructura de poder, el prejuicio no desaparecería, solo se expresaría de otra forma y con otra justificación.

  • Primavera en la pandemia 2021

    Liliana Estupiñán Achury

    La Octava Papeleta

    El Acuerdo de paz pretendió construir imaginarios y escenarios más amables para el desarrollo de la protesta pacífica en Colombia. La participación política, uno de los puntos del Acuerdo, hizo referencia a la necesidad de fortalecer la democracia, el ejercicio de la oposición, la participación real e igualitaria de las mujeres, así como también de las regiones, los pueblos ancestrales y de quienes nunca han tenido voz. Asimismo, hizo referencia al desarrollo de la protesta como derecho fundamental, sin la estigmatización de la que ha sido objeto durante varias décadas en Colombia.

    Algunos aspectos de este punto del Acuerdo se han desarrollado, otros no. Intervenir la democracia es afectar las élites enquistadas por siglos en el poder. Para la muestra un botón, la tediosa espera en la que están las dieciséis curules de la paz o de los territorios más afectados por el conflicto.

    En este escenario es entendible la movilización o la protesta social que ahora vivimos. Esa nueva primavera que se dio antes de la pandemia y ahora, sin miedo. Los movimientos sociales en todo el territorio nacional ya habían iniciado desde el año 2019. Todo un país rugiendo desde las regiones, los colores, la juventud, las mujeres y los pueblos ancestrales. Algo distinto, más allá de los partidos y de los tradicionales líderes políticos.

    Miles se movilizan ante las cifras de pobreza, hambre, proyectos legislativos desconectados de la realidad social, un ejecutivo desdeñoso e indiferente, cansancio, desesperanza y la búsqueda de un país más digno, en clave plural y de Estado social de Derecho. La Minga indígena, también nos habla, así como las guardias de los pueblos ancestrales y cimarrones. Pero también las cifras de la “fábrica de guerra” que en Colombia no para. El terror sigue presente en todos los territorios y asesina o desaparece al diferente. Últimamente se ha ensañado, como en la época de los falsos positivos, con nuestras (os) jóvenes.

    La paz es más barata que la guerra, pero la élite y el presente gobierno no lo entendieron o no lo quisieron entender. Preocupa también su desconocimiento de la fase actual de los Estados constitucionales, de los derechos humanos, de los animales y de la naturaleza, los estándares internacionales, los convencionales y el marco constitucional garante. Las y los jóvenes sí que entienden la nueva era.

    Poca institucionalidad pervive para proteger lo que queda de la versión inicial de la Constitución de 1991 -sometida a tantos cambios-. Actualmente, sin equilibrio de poderes ni organismos de control que la garanticen con neutralidad y contundencia. Ni siquiera sirven los llamados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de orden público y uso de la fuerza pública, ni las diversas sentencias que conminan a su ejercicio en clave de derechos humanos y de dignidad. El desacato conlleva a la violación de más derechos y al escenario de horror institucional que estamos viviendo. Todos los días despertamos con más cifras de infamia. Protestar es tener un pase a la muerte en Colombia.

    Me pregunto si estamos ante una nueva papeleta. Recuerden que la Séptima, fue impulsada por las y los jóvenes hace 30 años, en medio de las bombas, el narcotráfico, la corrupción y un Estado fallido, una violencia que nunca han merecido y que no es su proceder político. Construimos en Asamblea Nacional Constituyente un texto innovador que combinó al Estado social de derecho con el neoliberalismo, y quizás es en este último, en donde reposa parte del veneno que hoy tiene tan indignado al país. La gran preocupación para muchos sectores, es que una “supuesta” octava papeleta puede ser cooptada por la élite que siempre se ha beneficiado de los movimientos sociales en Colombia, de manera astuta invoca pactos y supuestas “concertaciones” para hacer lo mismo de siempre.

    Todavía no sé si estamos ante un Chile, es posible que la pandemia frene nuevamente los ánimos, pero el movimiento está ahí, está vivo y merece vivir de largo aliento, la vida, ahora mismo, también es importante. Pero algo se gesta en clave de derechos humanos, siento que las y los jóvenes con su arte, amor y compromiso, no pararán (que sea en paz) hasta no lograr los cambios institucionales y legales que les han sido negados.

    Tomado de: https://www.laorejaroja.com/la-octava-papeleta-primavera-en-la-pandemia-2021/

  • Colombia en llamas: el fin del neoliberalismo será violento


    Boaventura de Sousa Santos

    Colombia en llamas: el fin del neoliberalismo será violento

     Colombia está en llamas. Actualmente es uno de los países con más número de muertos por covid-19, ocupando el cuarto lugar en la región después de Estados Unidos, Brasil y México, teniendo hasta la fecha tan solo el 3.5% de la población totalmente vacunada y siendo parte de los países que se niegan a apoyar la solicitud de liberación de las patentes de las vacunas. Es también el país que en 2020 contó con el 42,5% de su población en condición de pobreza monetaria y con el 15,1% de la misma en condición de pobreza monetaria extrema. A estos datos mínimos pero dicientes le podemos sumar que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, se han asesinado entre 700 y 1.100 personas defensores y defensoras de derechos humanos (las cifras varían entre las ONG y las instituciones gubernamentales). Las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARC- EP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico, minería ilegal) sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando gravemente el tejido social, dando como resultado que esto es sólo la punta del iceberg del nuevo panorama que atraviesa el país.

    Es en este contexto, y tras casi 3 años bajo el gobierno de una derecha opositora al acuerdo de paz que, en medio de una pandemia que ha matado a miles de personas, el pueblo trabajador ha salido a las calles a levantar su voz en contra de una anunciada reforma tributaria que buscó, bajo la lógica del gobierno, recaudar 23 billones de pesos (algo cercano a 6.300 millones de dólares) para mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el país necesita mejorar su sistema tributario, esta reforma planteaba aumentar el número de personas declarando y pagando impuestos sobre la renta con el aval, la visión y el marco conceptual del Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Plantear la idea de que más personas sean las encargadas de tributar y financiar los gastos del Estado, en teoría, no suena descabellado, es más, llevaría a pensar que serían las personas de altos ingresos quienes más pagarían impuestos teniendo en cuenta los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en la Constitución Política de Colombia. Pero, según los datos del Banco Mundial, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina (el índice GINI es de 51,3), reflejando una política fiscal inadecuada y regresiva que posibilita una alta concentración del ingreso y la riqueza, ocasionado por ello un menor desarrollo, teniendo en cuenta que los ingresos y la riqueza se quedan en manos de un porcentaje muy pequeño de la población. La reforma planteada, se uniría al largo y complejo sistema tributario del país que no refleja una verdadera política progresiva y que está lleno de beneficios tributarios dirigidos a las personas con mayores ingresos.

    Podríamos afirmar que a partir de 2016 el pueblo trabajador ha inundado las calles y plazas de Colombia exigiendo la defensa de la paz y el cumplimiento de los acuerdos, la protección de los líderes sociales y la solidaridad con quienes han sido asesinados, así como el rechazo a propuestas de modificación de los regímenes pensionales, laborales y tributarios. Así, en los últimos 5 años Colombia ha visto sus calles recorridas por jóvenes, mujeres, indígenas, afros, docentes, pensionados y estudiantes que han generado hechos insólitos como presenciar una de las mayores manifestaciones en el país desde la década de 1970 como lo fue la llevada a cabo el 21 de noviembre de 2019 (21N). Gracias a este empoderamiento popular, y a pesar de la pandemia del covid-19, Colombia volvió a marchar del 09 al 21 de septiembre de 2020 para protestar en contra del abuso policial, del mal manejo del Gobierno ante la crisis económica y social provocada por la pandemia y para sentar una voz que dijera basta ya a las masacres en el país, las cuales no tuvieron tregua a pesar de las medidas de confinamiento. En especial hay que subrayar la Minga del Suroccidente Colombiano ocurrida en octubre de 2020 liderada por las organizaciones indígenas que emocionó por sus consignas y valentía y que logró movilizar a una gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias tras su recorrido por el país, logrando la opinión favorable de millones de personas que los recibieron calurosamente en cada ciudad durante su viaje hasta la capital.

    Bajo este panorama el pueblo decidió a partir del 28 de abril (28A) de 2021 marchar en contra de la reforma tributaria y del gobierno indolente. La represión de las fuerzas policiales es brutal. El malestar ciudadano ha sido objeto de estigmatización y represión por parte de la fuerza pública, lo que ha llevado a que distintas organizaciones de derechos humanos registren entre el 28 de abril y el 05 de mayo un total de 1708 casos de violencia policial, 381 víctimas de violencia física por parte de la policía, 31 muertes (en proceso de verificación), 1180 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 31 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de fuerza pública. . De igual manera, la Defensoría del Pueblo (la figura del ombudsman en Colombia) señaló que se registraron 87 quejas por presuntas desapariciones durante las protestas del Paro Nacional del 28A.

    Lo que empezó como una fuerte oposición a una reforma impopular y a un ministro de hacienda que desconocía el valor de una docena de huevos (y en general de toda la canasta familiar), ha escalado al punto de no solo lograr que se retire dicha reforma en el congreso y que dicho ministro renuncie, sino que el presidente de la república Iván Duque Márquez ha propuesto un espacio de dialogo con distintos sectores de la sociedad civil, dialogo que hasta el momento parece ser solo entre las élites del país, desde arriba, y nunca desde abajo. Las organizaciones sociales saben por experiencia que de este gobierno nada bueno hay que esperar, pero como siempre lo han hecho no se rehúsan al dialogo. La primera victoria del movimiento ciudadano en las calles sobre el retiro de la reforma no llegó pacífica o gratuitamente. Además de las cifras antes mencionadas y recolectadas por las ONG del país, el Presidente Duque anunció la militarización del país antes de ceder al clamor social. A partir del 01 de mayo, las redes sociales y las calles colombianas han visto el horror de un despliegue militar típico de un estado de excepción dictatorial con la policía disparando en contra de manifestantes pacíficos y desarmados. Esta ha sido quizás la respuesta más violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial.

    Particularmente en Cali las protestas tuvieron una intensidad muy especial debido a la movilización de las organizaciones indígenas después del cruel asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena de apenas 35 años quien proponía la recuperación de los conocimientos tradicionales y rechazaba la presencia de todos los actores armados en su territorio. Esta ciudad es el segundo centro urbano más negro de América del Sur, llena de contradicciones y luchas, y que ha visto como reprimen a su pueblo de la forma más aberrante posible. La situación es tal que, en medio de una reunión pacífica y transmitida en directo por las redes sociales, se puede observar al escuadrón antidisturbios haciendo presencia para dispersar la manifestación, causando la muerte de un joven frente a más de 1.000 espectadores que observaban a través de internet. Desde Siloé, una comuna (favela) en Cali, se denunció también que durante la noche del 04 de mayo no se pudo acceder al servicio de internet en la zona.

    La débil respuesta a
    la violencia policial por parte de las instituciones colombianas (tanto administrativas como judiciales) ha dado lugar para que civiles armados amenacen (y en ocasiones disparen) a los manifestantes bajo la idea de que son “vándalos” y “terroristas”. En Cali, los estudiantes hicieron circular el siguiente “diálogo”: “Tenemos 25.000 armas”, gritaba un hombre vestido de blanco desde su costosa camioneta parqueada frente a la Universidad del Valle (Univalle). “Nosotros tenemos una de las mejores bibliotecas del país”, le contestó un estudiante. En Pereira, el alcalde promovía un “frente común” que incluyera a miembros de la seguridad privada, al ejército y a la policía para “recuperar el orden y la seguridad ciudadana”, dando lugar a que un joven resultara herido con ocho balas y esté agonizando en un hospital de dicha ciudad.

    ¿Para dónde va Colombia?

    Esta pregunta es importante para Colombia, pero más allá de Colombia me parece ver en los recientes acontecimientos en Colombia el embrión de mucho de lo que pasará en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Claro que cada país tiene una especificidad propia, pero lo que pasa en Colombia parece anunciar el peor de los escenarios que identifiqué en mi reciente libro sobre el periodo postpandemia (El Futuro Comienza ahora: de la pandemia a la utopía. Madrid: Akal. 2021). Este escenario consiste en la negación de la gravedad de la pandemia, la política de sobreponer la economía a la protección de la vida, y la obsesión ideológico-política de volver a la normalidad aun cuando la normalidad es el infierno para la gran mayoría de la población. Las consecuencias de la pandemia no pueden ser mágicamente frenadas por la ideología de los gobiernos conservadores, la crisis social y económica pospandemica será gravísima sobre todo porque se acumula con las crisis que preexistían a la pandemia. Será por eso mucho más grave. Las políticas de ayuda de emergencia por deficientes que sean combinadas con el ablandamiento económico causado por la pandemia van a causar un enorme endeudamiento del Estado y el agravamiento de la deuda será una causa adicional para más y más austeridad. Los gobiernos conservadores no conocen otro medio de lidiar con las protestas pacíficas del pueblo trabajador en contra de la injusticia social que no sea la violencia represiva. Así van a responder y el mensaje va a incluir la militarización creciente de la vida cotidiana. Lo que implica el uso de fuerza letal que fue diseñada para enemigos externos. La degradación de la democracia ya bastante evidente se profundizará todavía más.

    ¿Hasta qué punto el mínimo democrático que todavía existe colapsará dando lugar a nuevos regímenes dictatoriales?

    Este escenario no es especulación irrealista. Un reciente informe del FMI hace la misma previsión. Dicen los autores Philip Barrett y Sophia Chen1 que las pandemias pueden tener dos tipos de efectos sobre la agitación social: un efecto atenuante, suprimiendo la posibilidad de causar disturbios al interferir en las actividades sociales, así como un efecto contrario que aumente la probabilidad de malestar social y por consiguiente se generen disturbios o protestas en la medida en que la pandemia se desvanezca. Lo que no dicen es que las protestas serán motivadas por las mismas políticas que el FMI y las agencias financieras promueven en todo el mundo. Es tanta la hipocresía del mundo en el que vivimos que el FMI ignora u oculta las consecuencias de sus lineamientos. El pueblo colombiano merece y necesita de toda la solidaridad internacional. No estoy seguro si la tendrán abiertamente de las agencias internacionales que dicen promover los derechos humanos a pesar de que estos estén siendo violado tan gravemente en Colombia. Imaginemos por un momento que lo que está pasando en Colombia estuviese ocurriendo en Caracas, Rusia o cualquier otra parte del mundo declarado como no amigo de los EUA. Seguramente la OEA, el alto comisariado de la ONU, y el gobierno norte americano ya estarían en campo para denunciar los abusos y proponiendo sanciones a los gobiernos infractores. ¿Por qué la suavidad en los comunicados emitidos hasta la fecha? No se le puede escapar a nadie que Colombia es el mejor aliado de los EUA en América Latina, siendo el país que se ofreció para instalar siete bases militares de los EUA en su territorio (situación que afortunadamente no ocurrió por intervención de la Corte Constitucional). Las relaciones internacionales en el presente viven el momento más escandaloso de hipocresía y parcialidad: solamente los enemigos de los intereses norteamericanos cometen violaciones de los derechos humanos. No es nuevo, pero ahora es más chocante. Las agencias multilaterales se rinden a esta hipocresía y parcialidad sin ningún tipo de vergüenza. Los colombianos, eso sí, pueden esperar la solidaridad de todos los demócratas del mundo. En su valentía y en nuestra solidaridad reside la esperanza. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo.

    Por el momento, las manifestaciones en Colombia no se ven próximas a finalizar y pese a que solo ha pasado una semana desde el inicio de las mismas debemos insistir en superar el miedo que ronda las calles del país e insistir en la esperanza de un futuro prometedor, más justo y en paz, para un país que ha querido terminar un conflicto de más de 50 años a través de un Acuerdo que agoniza bajo las garras del capitalismo abisal.

    1 Social repercussions of Pandemics. IMF Working Paper. 2021.

  • Covid-19, el día a día y la seguridad jurídica

    Germán Burgos

    08 de mayo del 2020

    Ph.D. Ex Investigador ILSA. Profesor universitario.

    La epidemia del covid-19 ha fortalecido la tendencia según la cual debemos vivir ante todo el presente, tener conciencia de que lo único que tenemos es el día a día. Parece claro que este “presentismo” es bastante pertinente hoy, cuando el futuro se avizora poco claro y muchas voces plantean que el pasado no volverá a ser tal como lo conocimos. De seguro vivir la cuarentena y el encierro es más digerible, si no pensamos en el futuro, lo cual nos puede traer ansiedad y, por ello, sería más recomendable concentrarnos en las rutinas creadas para cada día.

    La idea de vivir las 24 horas y atarnos a este presente desanclado no está alejada de las situaciones de aislamiento y crisis. Hoy, es usual apelar al mismo en las terapias de las cárceles, donde muchos presos no tienen demasiadas esperanzas sobre su futuro sea por las penas recibidas, sea por la inseguridad de las penitenciarías. También dentro de los planteamientos de alcohólicos anónimos se apela reiteradamente a la idea de un día a la vez, es decir la decisión de no tomarse la primera copa, al menos por el día correspondiente. Obviamente el budismo y el yoga han hecho de esta invocación del hoy uno de sus principios básicos y van más allá de la idea de la crisis o el encierro antes mencionadas.

    No obstante su actualidad en contextos de crisis o más allá de estos, algunas interpretaciones sobre el presente del día a día afrontan fuertes desencuentros con el tiempo lineal premoderno y moderno que ha sustentado la civilización occidental como la conocemos. Antes de la modernidad europea, fundábamos el orden social en una invocación permanente al pasado expresado en costumbres, tradiciones, leyes naturales y voluntad divina. El pasado nos daba las reglas del comportamiento como producto de su desarrollo pausado y aquilatado en el tiempo, tamizado por el aprendizaje de los errores. Actuar según el pasado era la mejor forma de honrar las tradiciones y ser considerado piadoso, correcto y adecuado. El conservadurismo hizo de esta idea uno de los planteamientos centrales hasta nuestros días. El common law sustentado en el precedente sería una expresión jurídica de lo anterior, hoy bastante matizada por el derecho legislado.

    Por su parte, la idea del futuro es uno de los sustentos centrales de la modernidad. Esculpida en el concepto del progreso, de la ilustración, hemos venido asumiendo que todo lo que hacemos en el presente y lo que aprendimos en el pasado es para construir un mejor futuro, cumplir nuestras metas y sueños, cambiar el mundo y hacerlo más cercano a nuestros ideales de distinto tipo. Aunque el futuro no es fácilmente previsible y controlable, buena parte de las ciencias han tratado y logrado hacer predicciones loables sobre lo que vendrá. A diferencia del pasado, labrado en enseñanzas más o menos manipuladas según ideologías, el futuro es ante todo una creencia fundada en la “fe” incuestionable de científicos, futurólogos y optimistas. No es posible conocer el futuro y por ende cuando apostamos por él es lo más parecido a jugar la lotería.

    El “presentismo” arriba identificado reniega superficialmente de nuestro pasado y nuestro futuro. Aprender de nuestro pasado y discutir en torno a los contenidos y alcances del mismo es el objeto de especial atención de la memoria histórica y las lógicas de la reparación respecto de poblaciones explotadas, entre otros. Aun individualmente, conocerse a sí mismo es indagar en nuestro pasado y tener claras nuestras debilidades y fortalezas. Por otra parte, la lucha por un futuro mejor ha permitido transformaciones como la introducción de los derechos humanos en cuanto ideales regulatorios prescriptivos, las diversas tecnologías para enfrentar las limitaciones que nos pone la naturaleza y las luchas políticas que son en buena parte sobre propuestas de futuro. La idea del futuro es la que nos ha permitido alargar nuestras vidas en condiciones más adecuadas y saludables, teniendo más tiempo para pensar en nuestro presente.

    Trayendo esta discusión al concepto de seguridad jurídica, propio del mundo del Derecho, la relación entre el pasado, el presente y el futuro muestra su complejidad. Como es conocido, tal principio busca hacer predecible el comportamiento del Estado y de los demás, vía un conjunto de normas generales, abstractas y públicas, entre otras características. De esta manera queremos generar confianza en los otros, es decir poder controlar de cierta forma el futuro de nuestras relaciones, sobre todo con extraños, y sujetarlo a consecuencias jurídicas mediadas por el Estado. Complementariamente nuestros ideales de futuro quedan expresados parcialmente en normas jurídicas sobre la justicia, los derechos etc. Por tanto, la previsión parcial del futuro es algo perseguido vía la seguridad jurídica. Pero igualmente el pasado está allí en cuanto muchas normas son fundadas en tradiciones y costumbres o en aprendizajes colectivos a partir de luchas sociales, catástrofes naturales, etc. De cierta forma, la predictibilidad normativa es la síntesis parcial del pasado, proyectada al futuro para aplicar en un presente.

    Paradójicamente, la idea del día a día simplista ha calado en sectores de la población diametralmente opuestos. De un lado, personas de nivel social alto que tienen resueltas muchas de sus necesidades económicas y de salud y que cuentan con el tiempo y los recursos para dedicarse a disciplinas como el yoga, el mindfulness, el budismo, etc., y para los cuales pensar en el día a día no es un agobio, pues tienen su futuro “asegurado”. Y, por el otro, sectores sociales excluidos que han crecido con la idea de que no tienen un mañana y que su vida en la informalidad es tan precaria que solo cabe pensar en el día a día. Bajo el covid-19 están ambos “presentismos” útilmente agazapados pensando en el futuro que viene, en aquel que nos permitirá pensar y ejercer nuestras libertades, deseos y aspiraciones, más allá de ver como nuestros días se repiten más o menos iguales dentro de nuestras cuatro paredes. 

  • Los neuroderechos

    Germán Burgos

    21 de febrero del 2020

    Ph.D. Ex Investigador ILSA. Profesor universitario.

    Los derechos subjetivos, es decir aquellas facultades juridizadas de hacer, no hacer o acceder a ciertos bienes y servicios, no solamente se pueden concebir como modernos en su origen, sino que igualmente están asociados, entre otros, tanto a las luchas sociales, como a las transformaciones tecnológicas. Las libertades individuales de las que hoy gozamos al menos formalmente han sido el producto de revoluciones burguesas, pero igualmente de procesos de democratización y modernización que comprometen a actores en pugna. Por su parte, los cambios tecnológicos, que no se pueden desligar de las luchas sociales, están tras los derechos laborales como también respecto al hoy conocido como derecho al olvido, predicado frente a cierta información personal presente en la red. Ahora, y en este último plano, nos enfrentamos a los llamados por algunos, “neuroderechos”.

    El tema en mención es parte de la respuesta de algunos expertos a lo que hoy es tecnológicamente posible y que corresponde al acceso y al control del pensamiento de las personas a través de diversas tecnologías. Según el diario El País, de España, se ha logrado transmitir la expresión “hola” entre los cerebros de dos personas ubicadas a más de 7.000 kilómetros, por medio de impulsos eléctricos. Se han recreado imágenes de lo que alguien observa a través de sus ondas cerebrales y de manera similar se ha logrado leer en el cerebro de algunos las palabras cuchara y teléfono cuando se les pedía pensar en ellas. Hoy existen diademas que, colocadas en la cabeza de alguien, permiten registrar lo que pasa en su cerebro y están siendo utilizadas para determinar el nivel de concentración de los estudiantes o de estrés, como es el caso de los chóferes de buses públicos en China. Según Rafel Yuste, profesor en Columbia, “el nuevo iPhone va a ser una interfaz cerebro-computadora no invasiva”. Facebook y Microsoft desarrollan sus propios proyectos, paralelos a los que están en construcción por la industria militar estadounidense y el gobierno chino. Como producto de lo anterior, ya se habla de una especie de “neurocapitalismo”.

    Obviamente, este tipo de situaciones tiene claros impactos, entre otros, en los ámbitos de la privacidad y libertades individuales. En efecto, aunque suene a ciencia ficción, hoy sería posible conocer qué estamos pensando o sintiendo y, por tanto, igualmente, viable enmarcar nuestro comportamiento de una u otra forma. Ya no se trata solo del viejo esquema del marketing y la sicología según el cual los humanos podemos ser clasificados según ciertas tipologías y/o traumas que permiten predecir y encauzar nuestro comportamiento. Se trataría de poder estar en nuestro cerebro, leerlo y controlarlo en formas múltiples.

    Es por ello que desde el seno de los neurocientíficos vinculados a este proceso, ha surgido la idea de generar los llamados neuroderechos, dirigidos a proteger bienes como la privacidad y la libertad arriba indicados. En tal sentido, se han enunciado como tales los siguientes: (i) derecho a la identidad personal ante la posibilidad de que los algoritmos sean los que tomen las decisiones y el yo de los individuos y sus diferencias se haga más que nebuloso. (ii) Derecho a la libertad individual en la medida en que herramientas externas pueden interferir en nuestros ámbitos de decisión. (iii) Derecho a la privacidad mental ante la posibilidad de que la neurotecnología recopile tal cantidad de datos sobre nuestro cerebro de manera tal que sea capaz de “imaginar” nuestros pensamientos. (iv) Derecho al acceso equitativo, lo cual indica que estas nuevas tecnologías traen oportunidades para los humanos, pero que las mismas no serán accesibles de forma igualitaria. (vi) Derecho a protección contra sesgos, dado que los programas y algoritmos son alimentados por humanos que tienen sesgos de diverso tipo, estos se reproducen de manera generalizada a través de estos sistemas que cada vez adquieren más autonomía.

    Como puede verse, en el creciente marco de la explosión de derechos antes no previstos como los de la naturaleza, los animales etc., se incorporan ahora los antes descritos. Al respecto, se plantea que Chile sería el primer país en incorporarlos a su Constitución en el planeado contexto de reforma de la misma, mientras en España se viene hablando de incluirlos de alguna forma en la estrategia para la inteligencia artificial.

  • ¿Fuerza legítima o legitimable?

    Germán Burgos

    23 de agosto del 2019

    Ph.D. Ex Investigador ILSA. Profesor universitario.

    En desarrollo de uno de los atributos básicos del Estado moderno, el actual Código Nacional de Policía y Convivencia establece como una de sus normas que la “utilización de la fuerza legítima corresponde de manera exclusiva, en el marco de este Código, a los miembros uniformados de la Policía Nacional, de conformidad con el marco jurídico vigente, salvo en aquellos casos en los que de manera excepcional se requiera la asistencia militar”.

    Hay dos elementos que resaltar de esta norma. Uno, la referencia a su exclusividad, tema que en otros planos generó debate a propósito de la reforma constitucional que introdujo lo mismo en relación con las diversas fuerzas del Estado y con el fin de evitar jurídicamente, si es que es posible a este nivel, repetir la experiencia del paramilitarismo en Colombia. De otra parte está la referencia a su  carácter de legítima, el cual analizaremos críticamente a continuación.

    Enunciar la legitimidad de la fuerza del Estado, en este caso a nivel policial, como un punto de partida, se funda de una u otra manera en la idea de un origen que la justifica. Este vendría del concepto mismo de la soberanía popular, la cual está detrás de la creación jurídica de todo el aparato de Estado. Para el caso en mención, la legitimidad de la fuerza policial devendría entonces en que su existencia y organización están enmarcadas por normas constitucionales y legales que provienen de representantes de dicho soberano, sea a través del parlamento o de las diversas instancias estatales mediante las que actúa este. Sin embargo, tal legitimación  de origen no deja de ser una ficción jurídica problemática.

    De un lado, en tanto producto de la imaginación humana, es ante todo una referencia abstracta que generalmente no se corresponde con el hecho de que los Estados modernos son organizaciones de fuerza letales por el armamento que manejan y su organización permanente. Por lo demás, históricamente los Estados han sido más el producto de dinámicas de imposición entre distintos actores de poder, antes que el producto de una decisión soberana que le antecedió.

    De la anterior constatación surge entonces que salvo como ficción cuestionable, la fuerza del Estado, en este caso policial, no es legítima per se, aunque puede lograr serlo si respeta los  medios y fines que le deben caracterizar al menos en un Estado de derecho. En efecto, la jurisprudencia nacional de las altas cortes, al igual que la internacional, coinciden en que la fuerza estatal logra justificarse más allá del miedo siempre y cuando se ejerza de manera proporcional, necesaria, como último recurso y sujeta a límites.

    Naciones Unidas igualmente ha establecido distintas reglas y protocolos a los que debe estar sujeta la fuerza del Estado. Por su parte, en materia de fines, esta debe estar ligada a pretensiones de carácter público que estén definidas de forma precisa, de manera tal que no cualquier objetivo privado se termine convirtiendo en un fin público.

    Partiendo de lo anterior, entonces, si la violencia o coerción estatal logran ser ejercidas respetando los anteriores criterios y fines es posible que logre legitimarse y, por ende, justificarse a los ojos de la población. De lo contrario, considerar aquella como legítima per se puede terminar siendo coherente con abusos de la misma a nombre de intereses espurios o inclusive de la mismísima lectura sesgada de la voluntad popular.

    O peor aún, puede llevar a considerar que todo lo legal o legalizable es legítimo, aspecto que acompañó jurídicamente desde los campos de exterminio nazi hasta la ola de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. 

    En suma, la fuerza del Estado no es legítima per se , salvo si asumimos acríticamente la ficción jurídica de la soberanía popular original. Por tanto, la coerción estatal en sus diversas facetas logra legitimarse si se somete a ciertos criterios de forma y de fondo tales como proporcionalidad, necesidad, oportunidad, etc.

    De lo contrario, la hoy por hoy inevitable violencia del Estado puede deslegitimarse y devenir finalmente en lo más parecido a una banda de ladrones.

  • La construcción “exterior” del Estado moderno

    Germán Burgos

    17 de mayo del 2019

    Ph.D. Ex Investigador ILSA. Profesor universitario.

    El Estado moderno como organización del poder político, de alguna forma dominante y fuertemente ligada a la idea de lo nacional, lo doméstico y lo interno, históricamente ha estado ligado a factores externos que han delineado su existencia y conformación. Ateniéndonos a cierta experiencia en algunas zonas de Europa, parece claro que las guerras internacionales ayudaron a construir la estatalidad en cuanto justificaron la extracción de recursos a la población para conformar ejércitos dotados con armas de fuego, construir burocracias que administraran dichos recursos y generar la idea de un sentimiento nacional en contra de aquellos que se consideraban los enemigos en la guerra. Como bien sostuvo Charles Tilly, no solo los Estados hacen la guerra, sino la guerra hace a los Estados. De otra parte, el mecanismo del reconocimiento internacional, figura del Derecho Internacional consistente en el acto unilateral de considerar o no a ciertas organizaciones políticas como Estados con soberanía, ayudó no solo a la extensión del modelo europeo de Estado, sino que sentó las bases del marco de cooperación que después de la Segunda Guerra Mundial ha permitido, entre otros, la internacionalización de la construcción de estatalidad.

    Son varias, entonces, las formas en que la comunidad internacional de Estados ha intervenido en el proceso de conformación y construcción de otros Estados. Según plantea Fukuyama, una de ellas ha sido la de asignar ciertas tareas de Estado a instancias internacionales, como la ONU. Bajo este esquema, el caso más extremo, aunque no recurrente, es la labor de asistencia humanitaria vía los cascos azules en cuanto protectores de ciertas poblaciones y en el marco de un conflicto interno. En un ámbito más allá de la fuerza, se encuentran las comisiones contra la corrupción de la ONU y la OEA, en Guatemala y Honduras, respectivamente. Con todo, una forma blanda de esta presencia internacional es la entrega de sectores de la política pública a órganos como el PNUD o el Acnur en casos como los de Colombia. Las anteriores referencias se podrían considerar constructoras de Estado en cuanto forman cuadros de futuros burócratas e institucionalizan ciertos procesos según modelos aceptados globalmente. Sin embargo, siguen enmarcados en las relaciones sociales de poder locales y adicionalmente su temporalidad está asociada a la escasez de ciertos recursos económicos y de los cuales dependen.

    Por otra parte, organismos interestatales y no gubernamentales conforman una intrincada de red de control social global sobre instancias estatales tanto a nivel de gobierno, legislativo y cortes. A manera de ejemplo para América Latina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite informes con recomendaciones que buscan influir en ciertas políticas de Estado y con el fin de hacerlas más garantes de normas internacionales en materia de derechos humanos. Por su parte, Amnistía Internacional y Human Rights Watch hacen lo propio, logrando en algunos casos directa interlocución con ciertas élites de Estado y dirigidas a ajustar ciertas líneas de política de forma coherente con los fines antes indicados. En otros términos, lo que se visualiza en los últimos tiempos son diversas formas de presión dirigidas a que los Estados se estructuren y persigan claramente una agenda coherente con los derechos humanos. No sería del todo polémico afirmar que el control social internacional es, en algunos casos, más fuerte y eficaz que el que proviene de actores internos o nacionales. La construcción del Estado, en cuanto a su forma de organizarse democráticamente y cumplir ciertos fines legítimos, pasa por la presión y el seguimiento de cierto grupo de actores externos.

    Un ámbito menos estudiado es el intercambio de mejores prácticas y formación de cuadros. El Banco Mundial, el FMI y gobiernos de diversos países ofrecen la formación de burócratas estatales en ámbitos como la justicia penal, el uso de la fuerza y el cobro de impuestos nacionales, tres ámbitos claves de lo que constituye la función pública. Por su parte, en el contexto de las llamadas buenas prácticas, elites de Estado intercambian sistemas de información y formas de organizar el trabajo que impactan en la estructuración interna del Estado y en el cumplimiento de sus funciones. A manera de ejemplo, el sistema Muisca de la Dian colombiana es traído del modelo español y fue reexportado al Perú desde la experiencia colombiana.

    Si bien expresiones como las anteriores pueden conformar lo que algunos llaman un nuevo colonialismo que desconoce el principio de soberanía, la idea misma del Estado y de sus poderes supremos, originarios, etc., son en toda regla un injerto europeo que sigue siendo el centro de esperanza para las vías de un futuro nacional autodeterminado. Al margen o a contrapelo de esta discusión y con muchos matices, el Estado moderno viene siendo construido a partir de fuerzas externas que lo aúpan de diversas maneras y que buscan su fortalecimiento, institucionalización, cumplimiento de sus deberes en materia de derechos humanos, etc. Con todo, este papel también puede debilitar al Estado en cuanto lo hace dependiente de la cooperación internacional y de los intereses inmediatos y mediatos de los actores que animan estos procesos. Sean ejemplos de ello financiar sus centros de estudios nacionales con consultorías en el extranjero y/o extender la influencia de su marco jurídico más allá de sus fronteras nacionales.

  • ¿Guaidó o Maduro? Una lectura desde el Derecho Internacional

    Germán Burgos

    22 de febrero del 2019

    Ph.D. Ex Investigador ILSA. Profesor universitario.

    El reconocimiento de gobierno es una figura del Derecho Internacional consuetudinario para aquellos casos donde las altas jerarquías del Poder Ejecutivo de un Estado han accedido a sus cargos como producto de procedimientos no democráticos según sus normas internas.

    En el siglo XX, y en particular en América Latina, esta figura se pensó para situaciones como golpes de Estados reiterados y revoluciones políticas triunfantes. Hoy, y luego de las recientes experiencias en Honduras y Paraguay, que significaron la salida precipitada de sus presidentes, al margen de un debido proceso constitucional, este tipo de “golpes de estado técnicos” también podrían considerase como equivalentes a un recambio en el gobierno que no ha respetado las reglas previas de alternación democrática. La reelección de Nicolás Maduro, en las condiciones por todos conocidas, cabría igualmente dentro las nuevas dinámicas de elecciones sin respeto a las reglas democráticas liberales de alternancia y pluripartidismo.

    En presencia de eventos como los anteriores, la práctica internacional consolidada a lo largo del tiempo, es decir costumbre internacional, fuente del Derecho Internacional, se ha fundado en el llamado principio de efectividad, es decir, un gobierno nuevo será reconocido si es capaz de controlar el territorio y su población, esto al margen de entrar a categorizar desde el exterior de un país, si el mismo es democrático, usurpador, ilegal etc.

    El criterio de efectividad es el colofón del principio de no intervención en los asuntos internos de un país, el cual es expresado en la conocida Doctrina Estrada, que plantea que la determinación del carácter político de un régimen es solo tarea de sus autoridades internas. Bajo este criterio ha operado en la práctica el reconocimiento expreso o tácito de gobiernos como el de Cuba posterior a la revolución, el de las dictaduras del cono Sur o, más recientemente, el del gobierno de Honduras y Paraguay, por los gobiernos de Colombia, entre otros.

    La anterior dinámica ha venido matizándose de alguna forma a través de la condicionalidad democrática que para el hemisferio americano está expresada en la Carta Interamericana de la democracia. Esta resolución de la Asamblea General del organismo plantea que, ante ciertas formas de quebrantamiento de la democracia, que son definidas de manera más o menos precisa, pero, a la vez general, un gobierno puede estar sujeto a distinto tipo de sanciones diplomáticas respecto del organismo, tales como suspensión de su participación en ciertos órganos o, inclusive, de la misma organización. Con todo, los Estados no pierden su facultad de reconocer o no a un gobierno al margen de su evaluación democrática, pues, como queda claro, cualquier valoración al respecto está en cabeza de la Asamblea General de la OEA, según un régimen cualificado de mayorías. Así, por ejemplo, en la última crisis política en Honduras en el caso del expresidente Zelaya, la OEA usó la Carta Interamericana, lo cual no significó que el gobierno colombiano de la época, por ejemplo, le negara el reconocimiento al gobierno interino hondureño surgido en aquel momento. En suma, los Estados siguen manteniendo la discrecionalidad del reconocimiento basados en el principio de efectividad, al margen de lo que haga la OEA en otros planos.

    Ahora bien, el no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro y el reconocimiento alternativo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, sientan un precedente preocupante a la luz del Derecho Internacional vigente. De un lado, contrarían el criterio de efectividad que permitía respetar de alguna manera el principio de no intervención. De otra parte, permite “juzgar” desde criterios no claros y ante todo altamente politizados, qué es un país democrático y qué no lo es, sentando un referente preocupante para el futuro.

    Luego de más de dos semanas del reconocimiento contrario al Derecho Internacional, las virtudes del principio de efectividad saltan a la vista. Hasta la fecha, el ejercicio concreto de Guaidó no ha tenido alcances en el territorio y en la estructura del Estado venezolano, a tal punto que la ayuda humanitaria que él encabeza no ha podido ingresar al país. Como “presidente interino” no puede dar órdenes a los militares, sino tratar de convencerlos de una “amnistía” qué está sujeta al Derecho Internacional que cualquier presidente de un Estado debería honrar. Inclusive, si pudiéramos hablar de efectividad, esta es más hacia afuera del país y ello ante todo por el papel de los actores que lo reconocen antes que por la capacidad de control del investido presidente.

    El paso jurídico antes analizado tiene varias consecuencias que merecen profundizarse por otros especialistas. De un lado, el artículo 9º de la Constitución colombiana plantea que las autoridades de la República se regirán en sus relaciones exteriores bajo los principios de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. ¿Es coherente el accionar actual del Gobierno colombiano con esta cláusula constitucional? De otra parte, antecedentes históricos registran que el extraño reconocimiento de dos presidentes en un mismo territorio puede ser la fórmula para justificar una intervención militar a pedido del presidente reconocido internacionalmente, tratando de salvar maliciosamente las formas de la soberanía.

    En últimas, asumiendo que el Derecho Internacional parece quedarse corto frente a situaciones tan lamentables como las de Venezuela, lo que es muy difícil de aceptar es que decisiones políticas desconozcan campantemente los avances jurídicos en el reconocimiento de gobierno. El Derecho como disciplina no solamente enuncia la legitimación de los fines, sino, sobre todo, de los medios. Por tanto, desde el punto de vista del Derecho Internacional Público, no vale todo, inclusive una guerra, para “tumbar” a un presidente.

  • El Estado, su imagen y sus prácticas

    Germán Burgos

    11 de enero del 2019

    Ph.D. Ex Investigador ILSA. Profesor universitario.

    De acuerdo con la antropología del Estado, este se puede definir como la conjunción de una imagen sobre lo que significa y un conjunto de prácticas reales que generalmente se distancian de dicha imagen. Lo simbólico del Estado tiene que ver con su realidad ante todo abstracta, es decir que al no existir materialmente como algo empírico, le asignamos diversos significados sociales. Uno de ellos y el más dominante según el enfoque mencionado es el que nos dice que el orden político estatal es la representación de un centro soberano de decisiones que deben afectar a un territorio delimitado y a su población de forma generalmente coercitiva y bajo fines y medios que se consideran de carácter público.

    Adicionalmente, esta imagen que es generalmente la aceptada y promovida por los abogados y miembros de las Fuerzas Armadas, sacerdotes puros del Dios estatal, se complementa con la que dice que aquel es como una máquina, es decir como una estructura integrada por distintos componentes que funcionan de forma coordinada y respetando la estructura jerárquica. Todo lo anteriormente planteado es lo que se sintetiza en la idea del Estado moderno, aunque es claro que esta imagen no es la única existente, si se presenta como la dominante y sustentada debidamente por el Derecho.

    Al parecer, ningún Estado de los hoy existentes honra debidamente esta imagen y por el contrario sus prácticas en realidad tienden a ser disímiles, diferenciadas a lo largo de los territorios y como plantearía Gupta, al final caóticas y carentes de coherencia. Es por ello que antes que renegar jurídicamente de las prácticas como una desviación inaceptable del Derecho, la antropología del Estado plantea esas prácticas también hacen al Estado y forman parte de su definición y no meramente son sus patologías. En suma, el Estado sería la síntesis compleja de una imagen de coherencia y superioridad y de un conjunto de dinámicas reales que desdicen dicha imagen, pero que, al final, la expresan.

    Visto desde la experiencia colombiana es posible identificar, entre otras, diversas prácticas transversales como las siguientes y que dan cuenta de cómo funciona realmente el Estado en este contexto. En primer lugar, la capacidad de penetrar la sociedad y sus actores de poder por parte de los agentes de Estado es diferencial dentro del territorio, de tal forma que no es lo mismo hablar de aquel en Itsmina (Chocó) que, en Funza (Cundinamarca). Los factores que explican esto van desde los contrastes en recursos económicos, el número y calidad de los funcionarios, la existencia de vías de comunicación en los territorios, el tipo de actores de poder social allí existentes y las relaciones de interdependencia entre los actores estatales y los actores sociales generadores de obediencia. Dicho coloquialmente, estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, pero inclusive en Cundinamarca no son homologables las prácticas del Estado en Facatativá que, en Albán, eso a pesar de su corta distancia.

    Otra tendencia a este respecto son las diversas formas privatización del Estado colombiano, las cuales son, por lo demás, históricas. De un lado, está la entrega temprana de funciones y/o servicios públicos y su manejo de recursos a organismos como las cámaras de comercio, notarías, cajas de compensación, federación de cafeteros, la Iglesia Católica y similares. Esta dinámica se fortalecería con la privatización de empresas públicas de diverso tipo y se puede visualizar ahora en cosas tan básicas como la desestatización de la prestación de los cursos de redención parcial de comparendos que se encuentra en algunos municipios. Al lado de todo esto es posible encontrar la privatización informal expresada en aspectos como la persona que tiene más de un contrato con diversas instancias del Estado; las redes de clientelismo que se apropian de ciertas instancias públicas aprovechando el mecanismo del contrato de la prestación de servicios o las prácticas de los hombres y mujeres “fuertes” en ciertas entidades o divisiones que establecen relaciones de poder abusivas o fundadas en él temor y el rol histórico que han desempeñado.

    En suma, un estudio riguroso del Estado debe tener en cuenta considerar cuáles son sus prácticas reales sea al interior de sus correspondientes instancias u organismos, sea a nivel territorial entre otros criterios.  Esto con el fin de pensar cuáles son las problemáticas a enfrentar a nivel de fortalecimiento, coordinación, penetración social, etc. De lo contrario, continuaremos con la fracasada dinámica de evaluar el Estado desde un modelo ideal de base europea, generalmente expresado en normas jurídicas y que queremos cambiar mediante la generación de nuevas normas jurídicas “ad Eternum”.

  • Trump y los “laberintos” del Estado Moderno

    Germán Burgos

    30 de octubre del 2018

    Ph.D. Ex Investigador ILSA. Profesor universitario.

    Según la prensa internacional, el gobierno de California promulgó normas a favor de la neutralidad de internet, a pesar de que el gobierno federal en meses pasados había hecho lo propio, pero en sentido contrario, favoreciendo una red a distintas velocidades y, con ello, beneficiando a ciertas empresas. En este mismo Estado de la Unión Americana ya se habían planteado resistencias efectivas a la política migratoria del actual gobierno, entre otros negándose a que su policía se involucrara en la búsqueda y expulsión de los inmigrantes ilegales. De otro lado, una columna anónima del New York Times recogió el testimonio de un alto funcionario del gobierno Trump donde se afirmaba que en el mismo existía una sistemática resistencia a las decisiones del Presidente, a quien se le veía como impredecible y errático en temas de alta sensibilidad. ¿Qué hay de común tras de esta seguidilla de hechos más allá de su referencia a ciertas “patologías” del funcionamiento del Estado en este país de Norteamérica?

    Un aspecto de fondo tras lo anterior es la constatación de que el Estado no es una organización coherente y jerárquica como generalmente piensa y sostiene el Derecho Público dominante, sino contrariamente y como bien ha venido planteando la antropología del Estado, este es la suma de un conjunto de prácticas más o menos caóticas recubiertas de una imagen de unidad.

    En efecto, el Derecho Constitucional, Administrativo, etc., asumen de manera simplista que los Estados son como máquinas o cuerpos, integrados por distintas instancias u órganos que están interconectados entre sí, bajo la idea del principio de legalidad y el Estado de Derecho y que, por tanto, tienen una voluntad y dirección unívoca. De otra parte, se presume igualmente que la máquina estatal es comandada por un jefe de Estado y de Gobierno que decide a partir de sus competencias e irradia su voluntad al resto del aparato estatal de forma casi que automática. En particular, al interior del Poder Ejecutivo esta idea queda plasmada en la artificial afirmación del burócrata como ejecutor simple de las decisiones de sus superiores con base en normas.

    Esta aproximación desconoce de entrada la mismísima lectura liberal del Estado moderno que plantea la división vertical u horizontal de poderes como una forma de evitar los abusos de una organización de fuerza, como lo es el Estado. En concreto, reconocer que existen canónicamente tres poderes al interior de aquel, además de órganos de control y estructuras competenciales de tipo federal en algunos casos, conlleva afrontar que existen órganos e instancias que entran en tensión como una forma de pesos y contrapesos y, en tal sentido, la idea de coherencia se diluye con cierta facilidad. La respuesta jurídica a esta situación es, generalmente, el llamado normativo a la acción coordinada entre los poderes públicos en medio de sus diferencias.

    Con todo, esta última exhortación desconoce los aportes de otros enfoques alternativos, tales como la teoría de la elección racional y el marxismo. Para el primero, los individuos que regentan tareas de Estado son agentes maximizadores que buscan su interés inclusive aceptando el marco legal que dice restringirlos y, por esa misma razón, interpretan sus mandatos de formas variadas, buscan ciertos protagonismos dentro de cada organización estatal y respecto de otras, generan coaliciones para resistir ciertos cambios o buscar recursos, se apropian o capturan lo público a partir de la generación de organizaciones formales (ciertos sindicatos) como informales (redes de lealtad o clientelares). Por su parte, el enfoque marxista nos diría que el Estado está penetrado por diversas fracciones de las clases dominantes y/o subalternas que sostienen sus luchas en este campo político.

    Por cualquiera de las dos entradas que se escojan, lo que llamamos unívocamente Estado, en realidad sería la suma de diversas racionalidades y, por tanto, de múltiples estados al interior de la imagen coherente del Estado. La frase clásica del Estado dentro del Estado asignada en algunas situaciones a sectores de las Fuerzas Armadas o ciertas empresas públicas adquiere estelaridad y claridad bajo estos enfoques.

    En el anterior contexto, surge la necesaria pregunta de si es imposible pensar, por tanto, en el Estado como una organización realmente coherente. Según la mayoría de enfoques que estudian a esta organización política y su dinámica, esta nunca será del todo viable, salvo eventualmente cuanto estemos administrados por robots dotados de inteligencia artificial autónoma. Con todo, lo importante de esta forma de ver las cosas es que para hablar de la debida interacción y coordinación entre los entes y organismos que integran la idea del Estado debemos analizar sus formas de interacción, los intereses que representan, el tipo de estructuras corporativas que las caracterizan, el papel de ciertos liderazgos, las relaciones con actores externos, las formas como interpretan de manera diversa normas ambiguas y la manera en que se manejan ciertos recurso o ámbitos superiores de decisión. Hacer esta economía política de las interacciones intraestatales, asunto totalmente pendiente dentro del estudio académico del Estado es algo más serio que volver a hablar del manido tema de la redefinición de competencias a que nos tiene acostumbrados el Derecho Administrativo formalista.