Categoría: Opinión

  • Colonialidad jurídica y ordenamiento territorial

    Freddy Ordóñez Gómez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    Recientemente, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición presentó Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombiavolumen étnico del Informe Final Hay futuro si hay verdad. En el documento donde se exponen tanto las violencias históricas como las padecidas por los pueblos étnicos y sus territorios en el marco del conflicto, se indica que “[e]n el proceso de independencia y creación de la República, el nuevo Estado reprodujo el modelo colonial y racial en su relación con los pueblos étnicos, al elaborar leyes y normas que no respondieron a sus necesidades particulares ni al reconocimiento de sus derechos ciudadanos, lo que ha facilitado el despojo de sus territorios” (pág. 27); y concluye además, que después de una reseña histórica de diferentes marcos legales, “es posible observar [que] el trato colonial y el racismo estructural se expresan en la normatividad colombiana desde el periodo colonial hasta la actualidad” (pág. 35).

    Lo hallado por la CEV puede ser incluido dentro del concepto de colonialidad jurídica que se apoya en planteamientos como los de Aníbal Quijano, quien afirma que: “extinguido el colonialismo como sistema político formal, el poder social está aún constituido sobre criterios originados en la relación colonial”, idea que apunta a mostrar como se ha utilizado el derecho como un componente específico y central del poder y la dominación.

    En el informe, la Comisión hizo referencia a una de las expresiones del trato colonial y el racismo estructural: la falta de legislación orgánica de ordenamiento territorial para la conformación y delimitación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), después de la promulgación de la Constitución de 1991 y que incumple lo establecido en el artículo 329 , de la misma.

    Una de las formas de corroborar esta tesis, es a través de un contraste entre el marco regulatorio de la ETI y el de las demás entidades territoriales, estipulado en el artículo 286 de la Constitución.

    Respecto de la regulación de las Entidades Territoriales Indígenas, en 2011 se expidió la Ley 1454 de ordenamiento territorial que debía incluir disposiciones para su conformación, delimitación, competencia, administración y otros aspectos que fueron excluidos del trámite del proyecto legislativo sin que se diera una explicación suficiente, justificada y objetiva. Dicha Ley sólo establecía que en los diez meses siguientes a su entrada en vigor el Gobierno Nacional debía presentar un proyecto para reglamentar las ETI, lo cual tampoco pasó. Vacío y omisión que, por un lado, establecía una desigualdad negativa para las ETI y por otro, un incumplimiento del legislativo de un deber impuesto por el constituyente.

    Tanto es así, que la Corte Constitucional en la Sentencia C-489 del año 2012 exhortó al Gobierno y al Congreso para que expidieran un proyecto de ley especial que reglamentara lo relativo a la conformación de estas entidades. Sugerencia que no se acató.

    Mientras tanto, el marco regulatorio de las demás entidades territoriales es considerablemente más robusto. En la Constitución del 91, el Artículo 328 hace referencia al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Sin embargo, en años posteriores la organización y constitución de Distritos de distinta índole ha sido significativa. En 1993 se organizó como Distrito a la ciudad de Barranquilla; en 2007, mediante el Acto Legislativo 2, a Buenaventura, Tumaco, Popayán, Tunja, Turbo y Cúcuta; aunque en 2009, a través de la sentencia C-033 de la Corte Constitucional, se declaró la inexequibilidad de varios artículos de este acto legislativo y se dejó sólo a la organización de la ciudad de Buenaventura como distrito.

    En 2015, la Ley 1766 le otorgó a Riohacha la categoría de Distrito. Dos años después, en el 2017, La Ley 1875 hizo lo mismo con el municipio de Santa Cruz de Mompox (Bolívar). Al año siguiente, en 2018, la Ley 1883 otorgó nuevamente la categoría al municipio a Turbo (Antioquia), y el Acto Legislativo 02 de 2018 volvió a organizar a Tumaco como distrito. En 2019, la Ley 1933 le concedió dicha categoría a Santiago de Cali, y el Artículo 2 del Acto Legislativo 1, hizo lo propio con Barrancabermeja, Santander. En 2020 se modificó el artículo 325 de la Constitución para crear la Región Metropolitana Bogotá, Cundinamarca como entidad administrativa de asociatividad regional de régimen especial, como parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Distrital y en 2021 el Artículo 2 del Acto Legislativo 1, dispuso la organización de Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

    Adicionalmente, en 2013 ya se había promulgado la Ley 1617, mediante la que se expidió el Régimen para los Distritos Especiales; en 2019, la Ley 1962, que dicta las normas orgánicas para el fortalecimiento de la región administrativa de planificación, establece las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial y dicta otras disposiciones, en desarrollo de los artículos 306 y 307 de la C. P.”; y en 2022, la Ley 2200 que dicta las normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos.

    Lo expuesto evidencia el interés que ha existido en el Gobierno y en el Congreso por desarrollar los instrumentos normativos especiales para las entidades territoriales; también la inclinación por el despliegue y organización de las que están creadas en la Carta Política; así como por dar el carácter y convertir en entidad territorial a figuras de planificación, organización y ejecución, todo esto enmarcado “en una visión del desarrollo hacia la descentralización y la autonomía territorial, con el fin de fortalecer; el desarrollo nacional” (art. 2° Ley 1962 de 2019), pero que excluye o niega a las Entidades Territoriales Indígenas, e incumple un mandato Superior y viola los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución.

    Ahora bien, la no legislación en materia de entidades territoriales indígenas se debe entender no solamente como una omisión de las autoridades o una violación de derechos, sino como parte del racismo jurídico y epistemológico presente en el discurso jurídico moderno, como parte de la colonialidad jurídica, destacándose en el tema bajo análisis cómo las aspiraciones políticas hegemónicas en cuanto a la organización territorial han disuelto el proyecto constitucional original pluriétnico y multicultural, esto porque el impulso constituyente y lo incorporado en la Carta Política han quedado sumidos en la inercia del poder constituido.

    Por lo tanto, se espera que el actual mandatario -que se comprometió a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y que incluyó en su programa de gobierno el compromiso de poner en marcha las Entidades Territoriales Indígenas- no solo garantice el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, sino que también avance en la ruptura de la colonialidad jurídica instalada en la sociedad, el Estado y el Derecho.

    *Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM).

  • El nuevo gobierno y las expectativas de protección de los derechos humanos

    El nuevo gobierno y las expectativas de protección de los derechos humanos

    Consuelo Quattrocchi

    Las últimas elecciones presidenciales vieron la victoria de Gustavo Petro Urrego, economista, Senador, exalcalde de Bogotá y excombatiente del grupo guerrillero M-19, quien ejercerá su mandato en el período 2022 – 2026. Su triunfo acompañado de la vicepresidencia de Francia Márquez Mina, abogada, activista, feminista y afrodescendiente, que en 2018 ganó el prestigioso premio Goldman de medio ambiente, fue especialmente deseada por los colombianos que la recibieron con numerosas manifestaciones, en calles y plazas, de júbilo y alegría, algo inédito en una elección presidencial en el país. Las expectativas son muy altas y contienen toda la esperanza de una Colombia que confía en el cambio. Muchos de los temas a revisar conciernen precisamente al sector de la protección de los derechos humanos. A continuación, se plantean algunos.

    En materia de justicia, hay al menos tres temas de primer orden en los cuales trabajar.

    Desde el punto de vista socioeconómico, será importante retomar el tema de la tributación de las bebidas azucaradas y el de la equidad alimentaria para garantizar estándares de calidad de vida y salud que respeten la dignidad humana.

    En cuanto al sector tributario, es primordial que los recursos públicos estén regulados por políticas de transparencia y sostenibilidad.

    Finalmente, es fundamental que la justicia transicional asegure que quienes cometen delitos sean llevados ante los tribunales y que se protejan los derechos de las víctimas. Esto es clave en un proceso de construcción de paz y justicia en el que será necesario garantizar la convivencia pacífica dentro del territorio mediante la implementación de políticas dirigidas a escuchar a las comunidades locales.

    Será importante dar seguimiento a la reforma rural integral y aplicar las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales que llama a los estados a “respetar, proteger y satisfacer los derechos de los campesinos y otros trabajadores en las zonas rurales [e] intervenir a nivel legislativo, administrativo y otros ámbitos con el fin de lograr progresivamente la plena realización de derechos contenidos en la Declaración que usted no se puede garantizar de inmediato”. Los pueblos indígenas y las comunidades locales que trabajan la tierra también entran en esta categoría. Estrechamente relacionado con este tema está la gestión, protección y sostenibilidad del medio ambiente, que es objeto de numerosos acuerdos internacionales. La mencionada declaración, por ejemplo, establece en el artículo 5:

    1)  Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienenderecho a acceder a los recursos naturales presentes en su comunidad que seannecesarios para gozar de condiciones de vida adecuadas, y a utilizarlos de manera sostenible, de conformidad con el artículo 28 de la presente Declaración. También tienen derecho a participar en la gestión de esos recursos.

    2) Los Estados adoptarán medidas para que toda explotación que afecte a losrecursos naturales que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonasrurales mantengan o utilicen tradicionalmente solo sea autorizada si, como mínimo:

    a) Se ha realizado una evaluación del impacto social y ambiental;

    b) Se han celebrado consultas de buena fe de conformidad con el artículo 2,párrafo 3, de la presente Declaración;

    c) Se han establecido las modalidades para repartir de manera justa y equitativalos beneficios de la explotación de común acuerdo entre quienes explotan los recursosnaturales y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

    Además, en septiembre de 2021 se identificó la ambiciosa agenda sobre medio ambiente, cambio climático, resiliencia y biodiversidad como una de las cinco prioridades en el memorando de entendimiento acordado con la Unión Europea.

    Evidentemente, la protección de la mujer no puede quedar excluida de la protección de los derechos humanos. La tutela y protección de la mujer es un tema muy complejo y delicado ya que en él conviven diferentes problemáticas. De hecho, incluye la cuestión de la igualdad de género a la que se vincula el problema de la representación igualitaria en los puestos y roles definitivos clave. Luego está el grave e importante problema ligado al tema de la violencia intrafamiliar, una plaga que azota a todo el mundo, pero en particular a Colombia. A pesar de algunas intervenciones importantes como la creación de las Casas de Justicia, es primordial fortalecer estas intervenciones también experimentando con nuevos modelos extrajudiciales importados de algunos contextos legales europeos como el austriaco.

    Habrá que abordar también la cuestión relativa al problema de las drogas ilícitas. La política debe apoyar la jurisprudencia creada sobre el tema por la Corte Constitucional, dirigiéndose a la contención de daños y a la promoción de la sustitución, en lugar de a la erradicación de cultivos ilícitos por aspersión aérea o manual de glifosato. La Corte Constitucional con una decisión histórica en efecto ha precisado que: “se desconoció el derecho a la participación de las comunidades campesinas residentes en los municipios donde eventualmente se implementará el programa” y ordenó a la Policía y al Ministerio del Interior “abrir un juicio de consulta previa con las comunidades étnicas”.

    Se tendrá que dar seguimiento y vigilancia a lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz sobre la defensa de la seguridad de la vida humana, especialmente en lo que se refiere a los líderes y lideresas sociales, quienes han padecido el recrudecimiento de la violencia. Se recordará, por ejemplo, el asesinato que conmocionó a la opinión pública colombiana hace unos meses de Breiner David Cucuñame, un activista ambiental de 14 años perteneciente a la comunidad indígena Nasa. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2021, “documentó homicidios y ataques de defensores en 28 de los 32 departamentos del país”. Por su parte, el informe de Global Witness del pasado mes de septiembre, según el cual las víctimas más frecuentes de los enfrentamientos entre movimientos armados y civiles son principalmente líderes sociales y medioambientales. Los datos reportados en el informe aclaran que en 2020 Colombia fue el país con mayor número de asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente, muchas veces víctimas también de delitos como desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y amenazas. Los activistas son en su mayoría exponentes de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, quienes siempre se han comprometido a proteger los territorios que habitan de las incursiones de grupos armados de diversa procedencia. Obviamente, esto tiende a hacer más vulnerables a estas categorías, lo cual es fundamental tener en cuenta al analizar el panorama colombiano y las violaciones a los derechos humanos que afectan al país desde hace mucho tiempo. Por ello es muy importante trabajar en la superación de las discriminaciones y desigualdades étnico-sociales y en la consolidación material de la autonomía territorial de los pueblos indígenas, especialmente en la conformación de las entidades territoriales indígenas como entidades político-administrativas, según lo establecido en la Constitución.

    También será una prioridad combatir la corrupción con transparencia.

    Este mandato dado a Gustavo Petro y Francia Márquez es un hecho inédito en la democracia y la historia republicana del país, y, sobre todo, traza un camino de esperanza en el corazón de los colombianos y se espera que represente un nuevo punto de partida para la protección de los derechos humanos.

  • La contracción de occidente

    Boaventura de Sousa Santos

    Traducción de Bryan Vargas Reyes

    Lo que los occidentales llaman Occidente o civilización occidental es un espacio geopolítico que surgió en el siglo XVI y se expandió de manera continuada hasta el siglo XX. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, alrededor del 90% del globo terrestre era occidental o estaba dominado por Occidente: Europa, Rusia, las Américas, África, Oceanía y gran parte de Asia (con excepciones parciales de Japón y China). A partir de entonces Occidente comenzó a contraerse: primero con la Revolución rusa de 1917 y el surgimiento del bloque soviético; luego, a partir de mediados de siglo, con la Revolución china y los movimientos de descolonización. El espacio terrestre (y poco después, el extraterrestre) se convirtió en un campo de intensa disputa. Entretanto, lo que los occidentales entendían por Occidente se fue modificando. Comenzó como cristianismo, colonialismo, luego capitalismo e imperialismo, para irse metamorfoseando en democracia, derechos humanos, descolonización, autodeterminación, “relaciones internacionales basadas en reglas” –siempre dejando claro que las reglas las establecía Occidente y solo se cumplían cuando servían a sus intereses– y, finalmente, en globalización.

    A mediados del siglo pasado, Occidente se había reducido tanto que un conjunto de países recién independizados tomó la decisión de no alinearse ni con Occidente ni con el bloque que había surgido como su rival, el bloque soviético. Así, de 1955 a 1961, se creó el Movimiento de Países No Alineados. Con el fin del bloque soviético en 1991, Occidente pareció atravesar un periodo de entusiasta expansión. Fue el tiempo de Gorbachov y su deseo de que Rusia pasara a formar parte de la “casa común” de Europa, con el apoyo del presidente Bush padre, un deseo reafirmado por Putin cuando asumió el poder. Fue un periodo histórico corto, y los acontecimientos recientes muestran que, sin embargo, el “tamaño” de Occidente ha sufrido una drástica contracción. A raíz de la guerra de Ucrania, Occidente, por iniciativa propia, decidió que solo serían occidentales quienes aplicaran sanciones a Rusia. Actualmente son alrededor del 21% de los países miembros de la ONU, que es menos del 15% de la población mundial. Si continúa por este camino, Occidente podría incluso desaparecer. Surgen varias preguntas.

    ¿La contracción es decadencia? Se puede pensar que la contracción de Occidente le favorece porque le permite centrarse en objetivos más realistas con más intensidad. Una lectura atenta de los estrategas del país hegemónico de Occidente, Estados Unidos, muestra, por el contrario, que, sin darse cuenta aparentemente de la flagrante contracción, manifiesta una ambición ilimitada. Con la misma facilidad con la que esperan poder reducir a Rusia (la mayor potencia nuclear) a una ruina o a un Estado vasallo, esperan neutralizar a China (en camino de ser la primera economía mundial) y provocar pronto una guerra en Taiwán (similar a la de Ucrania) con ese propósito. Por otro lado, la historia de los imperios muestra que la contracción va de la mano con la decadencia y que esta es irreversible e implica mucho sufrimiento humano.

    En la etapa actual, las manifestaciones de debilidad son paralelas a las de la fuerza, lo que vuelve el análisis muy difícil. Dos ejemplos en contraste. Estados Unidos es la mayor potencia militar mundial (aunque no ha ganado ninguna guerra desde 1945), con bases militares en, al menos, 80 países.  Un caso extremo de dominación es su presencia en Ghana donde, por acuerdos establecidos en 2018, Estados Unidos utiliza el aeropuerto de Acra sin ningún tipo de control o inspección, los soldados estadounidenses ni siquiera necesitan pasaporte para entrar en el país y gozan de inmunidad extraterritorial, es decir, si cometieran algún crimen, por grave que sea, no pueden ser juzgados por los tribunales de Ghana. Por el contrario, las miles de sanciones a Rusia están, por ahora, haciendo más daño en el mundo occidental que en el espacio geopolítico que Occidente está construyendo como no occidental. Las monedas de los que parecen estar ganando la guerra son las que están más devaluadas. La inflación y la recesión que se avecina llevan al CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, a decir que se aproxima un huracán.

    ¿Es la contracción una pérdida de cohesión interna? La contracción en realidad puede significar más cohesión, y esto es claramente visible. El liderazgo de la Unión Europea, es decir, la Comisión, ha estado en los últimos veinte años mucho más alineado con los Estados Unidos que los países que forman la Unión. Se vio con el giro neoliberal y el apoyo entusiasta a la invasión de Irak por parte de Durão Barroso y lo vemos ahora con Ursula von der Leyen transformada en subsecretaria de defensa de Estados Unidos. Lo cierto es que esta cohesión, si es eficaz en la producción de políticas, puede ser desastrosa en la gestión de sus consecuencias. Europa es un espacio geopolítico que desde el siglo XVI vive de los recursos de otros países que directa o indirectamente domina y a los que impone un intercambio desigual. Nada de esto es posible cuando el socio es Estados Unidos o sus aliados. Además, la cohesión está hecha de incoherencias: al fin y al cabo, ¿Rusia es el país con un PIB inferior al de muchos países europeos, o es una potencia que quiere invadir Europa, una amenaza global que solo se puede frenar con una inversión que ya ronda los 10 mil millones de dólares en armas y seguridad por parte de Estados Unidos en un país lejano del cual quedará poco si la guerra continúa por mucho tiempo?

    ¿La contracción ocurre por razones internas o externas? La literatura sobre la decadencia y el fin de los imperios muestra que, salvo casos excepcionales en los que los imperios son destruidos por fuerzas externas –como los imperios azteca e inca con la llegada de los conquistadores españoles–, generalmente dominan los factores internos, aunque el declive pueda ser precipitado por factores externos. Es difícil desentrañar lo interno de lo externo, y la identificación específica es siempre más ideológica que otra cosa. Por ejemplo, en 1964 el conocido filósofo conservador estadounidense James Burnham publicó un libro titulado El suicidio de Occidente. Según él, el liberalismo, entonces dominante en Estados Unidos, fue la ideología de este declive. Para los liberales de la época, el liberalismo era, por el contrario, la ideología que permitiría una nueva hegemonía mundial a Occidente, más pacífica y más justa. Hoy, el liberalismo murió en Estados Unidos (domina el neoliberalismo, que es su opuesto) e incluso los conservadores de la vieja guardia han sido totalmente superados por los neoconservadores. Es por eso que Henry Kissinger (para muchos, un criminal de guerra) incomodó a los prosélitos antirrusos al pedir conversaciones de paz en Davos. Sea como fuere, la guerra de Ucrania es el gran acelerador de la contracción de Occidente. Está surgiendo una nueva generación de países no alineados, de hecho alineados con la potencia que Occidente quiere aislar: China. Los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, el Foro Económico Euroasiático son, entre otras, las nuevas caras de no-Occidente.

    ¿Qué viene después? No lo sabemos. Tan difícil es imaginar Occidente como un espacio subalterno en el contexto mundial como imaginarlo en una relación igualitaria y pacífica con otros espacios geopolíticos. Sólo sabemos que para quienes gobiernan Occidente cualquiera de estas hipótesis es imposible o, si cabe, apocalíptica. Por ello se han multiplicado las reuniones en los últimos meses, desde el Foro Económico de Davos (mayo) hasta la más reciente reunión del grupo Bilderberg (junio). En esta última, de los 14 temas, siete tuvieron que ver directamente con los rivales de Occidente. Descubriremos lo que discutieron y decidieron siguiendo de cerca las portadas de The Economist durante los próximos meses. 

    Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez. Texto enviado a Other News por la oficina del autor

    ………………………………..

    *Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial.

  • Revisitando la consulta y el consentimiento libre, previo e informado

    Freddy Ordóñez Gómez

    Freddy Ordóñez Gómez

    Presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM)

    Twitter: @Freddy_Ordonez

    En Colombia, un país con 115 pueblos indígenas, entre enero del 2019 y noviembre del 2021, se demandó el derecho a la consulta previa en 355 acciones de tutela. Aunque sobre este derecho y el consentimiento libre, previo e informado se han escrito importantes textos académicos y herramientas pedagógicas, es necesario volver a abordarlo y hacer algunas exposiciones que puedan contribuir con elementos para su garantía y para superar el colonialismo jurídico, por lo que se presentan, a continuación, tres puntos para la discusión.
    En primer lugar, sobre la consulta previa se ha reafirmado su condición de derecho fundamental de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas con fuente en el Convenio 169 de la OIT, así como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá es imperativo recordar que este derecho y el consentimiento libre, previo e informado tienen las fuentes indicadas, pero también instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como son pactos, resoluciones, declaraciones, jurisprudencia y doctrina internacional autorizada, que tiene como punto de partida, según Victoria Tauli Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (2014-2020), “la evaluación de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas que estarían en juego”. Al ser un tema de derechos, no puede entenderse la consulta como una acción puntual o un trámite parte de un checklist, sino que debe comprenderse como un proceso continuo, que, en algunos casos debido al impacto en derechos, demanda la necesidad, subraya la Relatora, de “celebrar consultas y obtener el consentimiento en diferentes etapas que van desde la evaluación del impacto hasta la exploración, la producción y el cierre del proyecto”.
    Al ser la consulta un derecho fundamental y el consentimiento libre, previo e informado una norma de derechos humanos, en su garantía se deben considerar los principios de progresividad y prohibición de regresividad, por lo que, de acuerdo con Tauli Corpuz, “la obtención del consentimiento libre, previo e informado debe entenderse como el objetivo de las consultas y como una obligación en los casos de repercusiones importantes en los derechos de los pueblos indígenas”.
    En segundo lugar, hay una fuerte tendencia en el escenario nacional a relacionar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado con el derecho a la participación, reduciendo la trascendencia que en su base tienen otros derechos. Por ejemplo, en la Sentencia SU-123 de 2018 de la Corte Constitucional, se expone la escala de participación de los pueblos a partir del grado de afectación: “La participación de la colectividad en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos, el derecho a la consulta previa o la necesidad de la obtención del consentimiento previo libre e informado”, según corresponda a una afectación indirecta, una afectación directa o a una directa intensa.
    Si bien es interesante la configuración desde la afectación y la participación, es importante reconocer la raíz que tiene en los derechos a la libre determinación y a no ser objeto de discriminación racial, tal como lo reseña el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para el cual los principios del derecho a la libre determinación se hallan “en el movimiento de descolonización, [y obedecen] al propósito de que las naciones y los pueblos subyugados pudiesen recuperar su autonomía, decidir su propio destino, tomar decisiones por sí mismos y controlar sus recursos”. Así, el consentimiento libre, previo e informado es la posibilidad de llevar a la práctica “el derecho a la libre determinación teniendo en cuenta la situación histórica, cultural y social especial de los pueblos indígenas”, buscando desmantelar las bases estructurales y sistémicas de la discriminación racial contra estos pueblos. De allí que el consentimiento libre, previo e informado no debe ser reducido a una forma participativa excepcional y debe permitir el rechazo a las iniciativas consultadas.
    Y, en tercer lugar, que las consultas se adelanten a través de instituciones representativas y de conformidad con sus propios procedimientos, lleva a pensar en la necesidad de fortalecer los protocolos comunitarios de consulta y consentimiento libre, previo e informado, los cuales son instrumentos creados por los propios pueblos en los que se establece cómo, cuándo, dónde, por qué y con quién se deben adelantar los procesos bilaterales de consulta. En este orden, es expresión de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno, a sus propias instituciones y a participar plenamente.
    Entender la consulta y el consentimiento libre, previo e informado desde el discurso de los derechos, incluyendo los principios de efectividad progresiva y no regresión; cuya base se encuentra en múltiples derechos, como la libre determinación y no discriminación, y potenciar los protocolos comunitarios, son aspectos que pueden contribuir a superar las miradas limitadas y coloniales sobre la consulta y los derechos de los pueblos indígenas.

  • Petro, Francia y la esperanza

    Boaventura de Sousa Santos

    Traducción de Bryan Vargas Reyes

    Por primera vez en la historia de Colombia, un candidato de izquierda ganó las elecciones presidenciales. Por primera vez, una mujer negra y de clase trabajadora (minera y empleada doméstica) fue elegida vicepresidenta. El continente latinoamericano nunca deja de sorprendernos y si las sorpresas a veces nos deprimen, otras veces nos llenan de esperanza. Y en este caso la esperanza es decisiva porque la alternativa, tanto en Colombia como en el continente, sería la desesperación y el posible colapso de la ya frágil democracia. Por lo tanto, es importante analizar las causas de esta victoria y lo que significa.

    En este país de 49 millones de personas donde una cuarta parte de los votantes tienen 28 años o menos, la gran mayoría de los jóvenes votaron por Gustavo Petro y Francia Márquez (especialmente los de entre 18 y 24 años).  Es en la juventud donde la necesidad de cambio es más vívida. Fue una de las principales fuerzas de la movilización nacional que en 2021 detuvo al país para exigir el fin de las políticas de austeridad neoliberal. Fue el famoso Paro Nacional el que resultó en 46 muertos en enfrentamientos con la policía y el ejército. La energía inconformista que el Paro generó se canalizó con éxito en estas elecciones. Dos factores contribuyeron decisivamente a ello: el uso persistente y competente de las redes sociales que sedujo a la generación TikTok y desmanteló la argumentación fraudulenta, elitista, misógina y racista del candidato de derecha y expuso los “esqueletos en el armario” de muchos (incluidos periodistas) que la apoyaron; la movilización de artistas e intelectuales que convirtieron la elección de Petro y Francia en un acto de cultura contra la barbarie.

    Las principales reformas estructurales propuestas por Petro y Francia son las siguientes: movilizar a la sociedad colombiana como una sociedad solidaria que reconozca y recompense el trabajo de cuidado de las mujeres; una nueva relación entre sociedad y naturaleza que priorice la defensa de la vida por encima de los intereses económicos, promueva la transición energética y democratice el conocimiento medioambiental; pasar de una economía extractiva a una economía productiva que reduzca la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra a través de la reforma agraria y el acceso y uso del agua y transforme el mundo rural colombiano en una parte clave de la justicia social y ambiental; asegurar el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016 mediante la promoción de un nuevo contrato social que garantice los derechos fundamentales, en particular los derechos de las víctimas de los conflictos armados, y una política de coexistencia pacífica y reconciliación.

    Es la primera vez en el continente que una agenda feminista centrada en el cuidado tiene tanta prioridad. No se trata de un feminismo de clase media tan a menudo falsamente radical y políticamente equivocado (por ejemplo, en el caso del golpe de 2019 contra Evo Morales), sino de un feminismo negro consciente de la multiplicidad de opresiones (sexistas, racistas, clasistas) siguiendo a Angela Davis. También es la primera vez que la agenda ambiental asume tal prioridad en un programa de gobierno. En cualquiera de estos casos no se trata de improvisaciones de última hora, sino de políticas y convicciones construidas a lo largo de los años y probadas en la práctica de la actividad política anterior tanto de Petro como de Francia.

    Estas elecciones tendrán un impacto en el continente. Sin duda, ayudarán a fortalecer el momento de soberanía y autonomía hacia los Estados Unidos que vive el continente en vísperas del endurecimiento de las relaciones entre los Estados Unidos y China y la lucha por el control de los recursos naturales y el comercio internacional que tendrá lugar allí. A partir de hoy, los presidentes de México y Bolivia se sentirán menos solos (e incluso recompensados) en la lucha que recientemente libraron contra la farsa de la última Cumbre de las Américas convocada por EEUU, con sus habituales exclusiones unilaterales.

    Además, la democracia colombiana puede ayudar a desarmar los golpes antidemocráticos que se están preparando en el continente. Es tranquilizador ver que el candidato perdedor, que se había afirmado como antisistema, se apresura a reconocer los resultados electorales y felicitar al candidato ganador. Y lo mismo puede decirse del  actual presidente Iván Duque, con su llamada telefónica a Petro, convocándolo a reuniones en los próximos días con el fin de garantizar una transición suave y transparente. Por otro lado, las elecciones en Colombia muestran la fragilidad de los candidatos de la derecha antisistema. La obsesión de Rodolfo Hernández con la corrupción solo pretendía ocultar que él mismo fue acusado de corrupción. Quizás la obsesión de Bolsonaro con la posibilidad de un fraude electoral solo pretende ocultar que el fraude es él mismo.

    El impacto real de estas elecciones en Colombia dependerá de muchos factores. Por ahora, la paz se ha vuelto a respirar, lo que no sucedía desde 2018. A finales de mes, la Comisión de la Verdad entregará su informe final. Sin duda será un documento importante con recomendaciones que el nuevo equipo político no dejará de tener en cuenta. Llega en un momento de esperanza y estoy seguro de que ayudará a fortalecerla y darle consistencia. No será, como se temía, un documento a contracorriente. Será un documento que empujará la corriente. Enterrado el peso del plomo de la guerra, la navegación será más ligera.

  • O discurso que não fiz

    Carlos Frederico Marés

    Recebi o Título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Goiás dia 29 de abril. Nunca havia imaginado, nem nos meus melhores sonhos, ser agraciado com tão grande e honrosa homenagem. Quando, no final de outubro de 2021, a Professora Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega e o Professor Eriberto Francisco Bevilaqua Marin me chamaram a uma reunião eu não tinha a menor ideia do que seria, mas imaginava ser mais um dos importantes trabalhos que a Universidade promove em defesa dos povos indígenas, quilombolas e da natureza e que as vezes pedem para ouvir meus palpites. Qual não foi minha surpresa quando o professor Eriberto revelou que o Conselho Universitário havia aprovado a concessão do Título. Primeiro, não acreditei e talvez tenha sido até grosseiro com o professor ao imaginar que se tratava de uma brincadeira. Não era brincadeira, o Conselho tinha aprovado por unanimidade a honraria.

    Passada a emoção, passei a pensar no que diria numa sessão de entrega de Título. Comecei a preparar um discurso substantivo, desses que se publica e se cita. Não sei se o discurso que preparei seria um dia publicado ou citado, mas jamais foi proferido. Não que não tenha sido realizada a sessão de entrega, mas o discurso foi outro, tudo o que havia sido traçado em linhas solenes e pensadamente elegantes ficou frio como gelo, gravado no papel e esquecido num canto da memória. 

    Marcada a data e anunciado o evento, com o discurso preparado e muito feliz, aguardei tranquilo a emocionante viagem e não tive a perspicácia de analisar o local onde ocorreria. Não notei que não seria no salão nobre, aquele de poltronas de veludo, almofadadas e com leve cheiro a mofo onde as vetustas Universidades proclamam títulos. Se eu tivesse lido com cuidado o convite teria me dado conta que o local era o Núcleo Takinahakỹ, no mesmo campus onde fica a Reitoria, mas completamente diferente. O Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena é uma parte da Universidade dedicada aos povos indígenas e formado por construções pensadas e discutidas com a arquitetura originária. O salão de eventos do Núcleo é uma construção aberta, muito parecida com uma oca sem paredes. Eu conhecia o local, mas nunca o tinha associado a passagens de minha vida. Quando cheguei na condição de homenageado, o discurso começou a se desmanchar. Não fazia nenhum sentido palavras elegantes, de efeito e solenes, racionalmente escolhidas. A realidade e a emoção foram tomando conta do ambiente, e a emoção, má conselheira como sempre, mandou enfiar o preparado discurso no mais fundo bolso do paletó surrado. Obedeci.

    É que no começo da década de 90, logo após a promulgação da Constituição federal, um grupo de indígenas e intelectuais criaram o Núcleo de Direitos Indígenas. Um deles era Ailton Krenak que já mantinha o Núcleo de Cultura Indígena com a função de difundir e preservar a cultura indígena e aproximar os indígenas dos conhecimentos da sociedade hegemônica. O Núcleo de Direitos Indígenas, com sede em Brasília e o de Cultura em Goiânia, desenvolviam juntos uma importante luta pela formação jurídica de indígenas na clara intenção de que seriam eles mesmos a defender seus direitos. Houve, então, uma longa discussão com a Universidade Federal de Goiás para que ela admitisse, num sistema de cotas, ainda que sem esse nome, meia dúzia de indígenas no curso de Direito. A negação foi peremptória e apenas um dos seis pode ingressar e ser mantido a duríssimas custas no curso de Direito, não da Federal, mas na Católica de Goiás. Os dois núcleos mantinham assistência periódica ao estudante que se formou em 1996 como o primeiro indígena bacharel em Direito do Brasil, Paulo Pankararu. Eu era o diretor técnico do Núcleo de Direitos.

    Aquela fora uma luta sofrida e aparentemente derrotada nos anos 90. Nem cotas, nem cursos, nem direitos. Mas no século XXI, já encerradas as atividades do NDI, a mesma Universidade que havia negado ingresso aos seis indígenas reabriu seu Curso de Mestrado em Direito Agrário com forte ênfase ao uso da terra com sua função de provedora das sociedades humanas e da natureza, com estreita ligação com quilombolas e indígenas. Em abril de 2007 abrigaria a primeira turma especial de Direito financiado pelo Pronera (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), no Campus da Cidade de Goiás, para filhas e filhos de assentados e moradores do campo enfrentando uma disputa judicial com Ministério Público que achava que Direito não tem nada a ver com Reforma Agrária. Em 2006 abrira o curso de licenciatura em Educação Intercultural e em 2014 inaugurou o prédio que abriga o Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena (NTFSI), com a oca onde seria realizada a cerimônia. Nada disso estava no discurso solene que havia preparado e tudo tinha relação com minha vida e, certamente, com a homenagem que estava sendo prestada.

    Mas a vida é estranha e bela. No longo e elogioso parecer emitido pela comissão encarregada pelo egrégio Conselho Universitário da UFG para analisar a concessão do Título não constam essas coincidências, e nem poderiam constar. O parecer descobriu histórias que eu mesmo não lembrava, como um elogio público que me foi dirigido por Paulo Freire em conferência que proferiu em Curitiba, logo ele que foi detentor de pelo menos 35 Títulos de Doutor Honoris Causa concedidos por Universidades do mundo todo. Mas não constava do parecer essa minha ligação e frustração com Goiás e a Universidade que depois redimiria todas as lutas. Mas os pareceristas não poderiam saber daquelas informações que não existiam no mundo duro da razão, não estavam documentadas e expostas, habitavam o mundo da emoção, do sentir, do saber de algumas pessoas que a tinham vivido e que talvez não lembrassem nem mesmo numa roda de conversa descontraída. E a emoção, embora despertada pelo anúncio da concessão do Título, só brotou para essas lembranças no exato momento em que vi a oca do Núcleo Takinahakỹ e com o começo da cerimônia envolvida num turbilhão emotivo convulsionando os neurônios, a razão e a ordem. A emoção não me permitia ler o discurso, não só porque as lágrimas poderiam turvar a vista, mas porque já não fazia sentido a razão e o discurso era razão. Naquele momento o mundo era pura emoção.

    Não há palavras para descrever o que ocorreu. As pessoas presentes representavam aquela vida, não a do relatório, do curriculum, mas das emoções, das lutas, das conquistas, da vida vivida sem catálogo, sem lenço e sem documento. Ali estavam a cantora com canções para emocionar, as alunas que vieram de longe para ouvir o discurso que nunca foi proferido, rostos gentis de bacharéis do Pronera, representante da Pastoral da Terra, indígenas e sua arquitetura e amigas e amigos. Ali, naquele local, naquele portal de saberes, a razão estava submissa aos encantados e a vida fluía sem precisar de explicações.

    O discurso falaria da Universidade, sua importância, sua necessária ação junto aos povos. Trataria do Direito Agrário, da terra e da natureza. Trataria também da onça e do tamanduá, das abelhas e dos insetos. Mas trataria de gentes, sobretudo de gentes. Talvez a audiência gostasse, aplaudisse e elogiasse. Mas não foi esse o discurso proferido, quem ouviu, ouviu apenas o relato da emoção de descobrir trinta anos depois que as sementes plantadas haviam gerado sombras e frutos. E ouviram a emoção não de um homenageado, mas de quem tinha, naquele momento, a plena consciência de que apenas representava, emprestava o nome e o curriculum, àquelas e àqueles que trinta anos antes davam continuidade a uma longa e interminável luta por direitos e plantavam uma semente na Universidade.

    O não discurso proferido foi um canto de vitória emitido como uma pequena pausa para o recomeço da luta. E as palmas aos jovens de trinta anos atrás!

  • POR UM PUNHADO DE OURO

    Carlos Frederico Marés

    Quanto custa aquela barra reluzente de ouro que o pastor ostentou na cafeteria do Hotel? Ele tinha boas relações no Ministério de Educação e achava que ‘educação vale ouro’, por isso exibia a esplendorosa barra de um quilo, pesada demais para guardar na algibeira. Só para fazer vista! Mas quanto custa? Um jornalista, desses que fazem contas, respondeu bate pronto: 300 mil. 300 mil? De fato, não é valor para se levar no bolso, ainda que o Hotel seja de luxo, com seguranças e outras garantias, mas se não mostrasse ficaria escondido e de que vale ter uma barra tão valiosa que não se pode exibir aos incrédulos? A cena é muito mais triste do que aparenta. Dizem que a barra de ouro exibida era a moeda de troca para um município pobre receber grosso dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para empreitadas corrompidas como comprar robôs inúteis. O Município pobre só recebe o dinheiro, não desenvolve a educação. Uma barra de ouro para um, uma de prata para outro e uma terceira, de bronze, para alguém, o resto para o negociante de robôs, que no fundo nem robôs entregou, pra quê? Nem escola havia.

    Trezentos mil reais equivalem a mais que 35 mil quilos de feijão. 35 toneladas de feijão! Saber quanto tempo quantas pessoas são alimentadas com uma toneladas de feijão já não é conta para qualquer aritmético, muito menos saber quantas merendas escolares cabem no bolso do pastor exibido. Essa é uma conta para gente que trabalha, que cozinha, quem sabe a resposta é a merendeira, perguntem-lhe se faz falta 35 toneladas de feijão, foi da despensa da escola que saiu a barra de ouro, não em ouro, é claro. Alguém revelou a conversa do ministro da educação com os prefeitos dizendo que dinheiro do FNDE só seria repassado por indicação dos pastores ali presentes. E um dos pastores pedia que a contrapartida fosse em barras de ouro. E exibia, dizem. É mais uma desastrosa história da educação neste governo, mas poderia ser da saúde, da cultura ou dos transportes.

    Mas porque alguém deseja levar uma barra de ouro no bolso? Com uma nota de cem já é complicado comprar feijão no mercadinho, faltará troco. É estranha essa sociedade de homens brancos, tementes a deus, que se curvam submissos, mas sem temor, à adoração de um pedaço de minério incomível, imbebível e inolfatável, o bezerro de ouro. Mas atenção, o ouro não é indolor. Ao contrário, causa muita dor, não só pela ausência do feijão na escola e na merenda, que já muito seria, mas até chegar ao bolso do pastor o caminho percorrido foi manchado de sangue, enfermidades, poluição, trapaças, violências, fraudes. Tudo para, depois de exibir orgulhoso na cafeteria, guardar bem guardado num cofre de sete segredos.

    O ouro tem que ser desenterrado ou separado dos seixos nos rios. É nesse primeiro esconderijo que deveria ficar para sempre, insiste Kopenawa.

    O ouro estava escondido debaixo da terra. Quem o colocou lá? Pergunta Davi Kopenawa, o iluminado xamã yanomami. Ele mesmo responde: quem fez a terra e tudo que nela há. E porque colocou bem escondidinho? Para que fique lá, responde mais uma vez. Por que a sociedade da mercadoria (Davi chama a sociedade hegemônica, branca, de sociedade da mercadoria) tem tanta ânsia de tirar de lá só para deixar guardado depois? Davi e seu povo sabe que não é bom mexer com o ouro, causa doenças, destrói amizades, corrompe, a mina mata. A história do pastor foi apenas um elo na corrente de maldição do ouro que começa escondido entre terra e cascalho e termina escondido no cofre.

    O ouro tem que ser desenterrado ou separado dos seixos nos rios. É nesse primeiro esconderijo que deveria ficar para sempre, insiste Kopenawa. O garimpo ou a mineração do ouro é mortal na acepção literal da palavra. Carta Capital traz uma matéria sobre como uma mineradora canadense de nome Aurizona depois de poluir os rios de Godofredo Viana (Maranhão) fornece água contaminada para a população. As áreas de mineração, não só do ouro, embora movimentem imensos capitais não geram riqueza para as gentes da região explorada, ao contrário. Mas extrair riqueza e semear pobreza absoluta não é o maior problema da extração do ouro.

    A Fiocruz desenvolveu um estudo minucioso sobre o impacto do garimpo do ouro em aldeias do povo Munduruku que margeia o Rio Tapajós, no Pará (veja aqui). O garimpo utiliza mercúrio para amalgamar o ouro e separá-lo do cascalho e seixos do rio. O mercúrio, aquele mesmo que era usado nos termômetros, proibido porque a gotinha prateada e escorregadia causava danos à saúde dos usuários, amalgama o ouro e escorre pelo rio, chega aos peixes, ao solo, às plantas e em tudo quanto deles se alimenta. Vai se acumulando no organismo das pessoas e afeta os rins, fígado, aparelho digestivo e o sistema nervoso central. O estudo mostra a contaminação praticamente irreversível da população local, indígena. Mostra como ela se espalha a quem consumir os peixes e a quem consumir o que consumiu os peixes. A poluição do mercúrio tem braços longos.

    A conveniente memória fraca do pastor que exibiu a barra de ouro em Brasília e todos quantos o antecederam e sucederam na corrente da maldição, desde os pobres garimpeiro aos ricos compradores do Canadá, Itália e Reino Unido, faz esquecer o Desastre de Minamata, no Japão, em 1952. A contaminação por mercúrio foi brutal e de graves consequências. A tal ponto que foi aprovada a Convenção de Minamata cujo nome não é um trocadilho macabro, apenas uma homenagem aos mais de mil mortos da região japonesa. A Convenção tem o objetivo de diminuir o uso de mercúrio no mundo impondo restrições ao mercado, mas esbarra no ardil do garimpo. A maior parte da atividade garimpeira é ilegal portanto não tem muita importância que os insumos também o sejam. São conhecidos os garimpos ilegais nas terras indígenas causando mortes e corrupção. Contava-se que altos funcionários recebiam latas de leite ninho cheias de pepitas apenas para não agir em relação aos garimpeiros da Terra Indígena Yanomami.

    No dia 11 de abril de 2022 a Hutukara Associação Yanomami lançou em Roraima um relatório impactante sobre o aumento do garimpo e a destruição da natureza, da cultura, da integridade física e da dignidade do povo e muito especialmente das mulheres yanomami (veja aqui). Os danos não são só causados pelo mercúrio na saúde das pessoas, destroem os rios, os peixes e as culturas, indígenas ou não. É ilegal, mas o pastor não está preocupado com a ilegalidade da origem, afinal, sua aquisição também foi ilegal assim como a transferência do recurso para o Município. A ilegalidade é a normalidade do ouro.

    O Instituto Escolhas apresentou um contundente estudo onde demonstra que metade do ouro produzido no Brasil tem fortes indícios de ilegalidade que é maquiada pela frágil e condescendente legislação e fiscalização (veja aqui). É ilegal e não pode ser declarado o ouro extraído em terras indígenas, em unidades de conservação e em quantidade excedente à permissão, mas é das três ilegalidades que sai metade do ouro produzido no Brasil. Todo o estudo foi feito sobre dados oficiais, o que significa que deve ser só a ponta do iceberg. Apesar da quantidade ilegal, o sistema jurídico permi
    ssivo impede a fiscalização. Os grandes compradores sabem da origem e continuam comprando. Como o pastor, sabem da ilegalidade e se vangloriam dos resultados.

    Enquanto isso a destruição continua, a natureza e os povos são intoxicados pelo mercúrio, as mulheres violentadas nos garimpos, os alimentos destruídos e contaminados, a paisagem devastada, as prateleiras de merendas escolares e os cofres da República esvaziados. E o ouro volta a ser escondido, agora em imponentes e elegantes cofres de cidades distantes. Até quando?

  • La inconveniente complejidad

    Boaventura de Sousa Santos

    Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

    En el eje comunicacional del Atlántico Norte vivimos en una guerra de información sin precedentes. La conocí en Estados Unidos durante dos períodos. El primero, durante la guerra de Vietnam, que viví en su momento de crisis final (1969-1971), culminaría con la publicación de los papeles del Pentágono en 1971. El segundo momento fue la guerra de Irak, que comenzó en 2003, y la saga de las armas de destrucción masiva, un engaño político del que resultarían muchos crímenes de guerra. Sin embargo, en Europa nunca había asistido a este tipo de guerra de información, al menos no con la magnitud actual. Se caracteriza por la erosión casi total entre hechos y manipulación de las emociones y las percepciones, entre hipótesis o conjeturas y verdades incuestionables.

    En el caso específico de la guerra de Ucrania, la manipulación pretende evitar que la opinión pública y los responsables políticos piensen y decidan sin demasiada presión en la única medida que ahora se requiere: la búsqueda de una paz duradera en Ucrania y en la región para poner fin al sufrimiento del pueblo ucraniano, un pueblo que en estos días comparte el trágico destino de los pueblos palestino, yemení, sirio, saharaui y afgano, a pesar de que sobre estos últimos pese el más profundo silencio. La guerra de la información pretende continuar la guerra de las armas mientras convenga a quienes la promueven. En estas condiciones, no es fácil luchar con los hechos y la experiencia histórica porque, desde el punto de vista de la guerra de información, explicar es justificar, entender es perdonar, contextualizar es relativizar. Aún así, vamos a intentarlo.

    1. Para demonizar al enemigo es crucial deshumanizarlo, es decir, imaginarlo como si hubiera actuado criminalmente y sin provocación. Ahora bien, la condena firme e incondicional de la invasión ilegal de Ucrania (en la que vengo insistiendo desde mi primer artículo sobre el tema) no implica tener que ignorar cómo se ha llegado a esta situación. En este caso, aconsejo leer el libro publicado en 2019, War with Russia?, del profesor emérito de la Universidad de Princeton, Stephen Cohen, recientemente fallecido. Tras examinar con detalle las relaciones entre Estados Unidos y Rusia desde el final de la Unión Soviética y, en el caso de Ucrania, sobre todo desde 2013, Stephen Cohen concluye de este modo: «Las proxy wars [guerras en las que los adversarios utilizan terceros países para perseguir sus objetivos de confrontación bélica] son una característica de la vieja Guerra Fría, son pequeñas guerras en el llamado “Tercer Mundo”. […] Rara vez involucraron personal militar soviético o estadounidense, casi siempre solo dinero y armas. Hoy, las proxy wars entre Estados Unidos y Rusia son diferentes, están ubicadas en el centro de la geopolítica y acompañadas por demasiados instructores y posiblemente combatientes estadounidenses y rusos. Ya han estallado dos: en Georgia en 2008, donde las fuerzas rusas se enfrentaron a un ejército georgiano financiado y entrenado con fondos y personal estadounidenses; y en Siria, donde muchos rusos fueron asesinados por las fuerzas anti-Assad respaldadas por Estados Unidos. Moscú no tomó represalias, pero prometió hacerlo cuando hubiera “una próxima vez”. Si eso sucede, implicará una guerra entre Rusia y Estados Unidos. El riesgo de un conflicto tan directo sigue creciendo en Ucrania». Así se pronosticó en 2019 la guerra que actualmente martiriza al pueblo ucraniano.
    2. Democracia y autocracia. En el lenguaje de Estados Unidos el mundo se divide en dos: democracias (nosotros) y autocracias (ellos). Hace tan solo unos años la división era entre democracias y dictaduras. Autocracia es un término mucho más vago que puede utilizarse para considerar autócrata a un gobierno democrático percibido como hostil, aunque la hostilidad no se derive de las características del régimen. Por ejemplo, en la cumbre por la democracia celebrada en diciembre de 2021, a iniciativa del presidente Biden, no se invitó a países como Argentina y Bolivia, que habían experimentado recientemente vibrantes procesos democráticos, pero que son menos receptivos a los intereses económicos y geoestratégicos de Estados Unidos. En contraste, se invitó a tres países que la Casa Blanca reconoció como democracias problemáticas (el término utilizado fue flawed democracies), con corrupción endémica y abusos de los derechos humanos, pero con interés estratégico para Estados Unidos: Filipinas, para contrarrestar la influencia de China, Pakistán, por su relevancia en la lucha contra el terrorismo, y Ucrania, por su resistencia a la incursión de Rusia. Las reservas en el caso de Ucrania eran comprensibles, ya que unos meses antes los papeles de Pandora habían dado detalles sobre las sociedades offshore del presidente Zelenski, de su esposa y sus asociados. Ahora, Ucrania representa la lucha de la democracia contra la autocracia rusa (que, a escala nacional, debe estar a la par con Ucrania en términos de corrupción y abusos de los derechos humanos). El concepto de democracia pierde, así, buena parte de su contenido político y se convierte en un arma arrojadiza para promover cambios de gobierno que favorezcan los intereses globales de Estados Unidos.
    3. Amenazas. Según expertos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en 2020, el 40% de las fuerzas militares de Ucrania (un total de 102.000 miembros) eran milicias paramilitares de extrema derecha, armadas, financiadas y entrenadas por Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Francia y Suiza, con miembros de diecinueve nacionalidades. Desde que comenzó la guerra se les han sumado más elementos, algunos provenientes de Medio Oriente, y recibieron más armamento de todos los países de la OTAN. Por lo tanto, Europa corre el riesgo de tener en su seno un nutrido nazi-yihadismo, y no hay garantía de que su alcance se limite a Ucrania. En 1998, el exasesor de seguridad del presidente Carter, Zbigniew Brzezinski, declaró en una entrevista con el Nouvel Observateur: “En 1979, aumentamos la probabilidad de que la URSS invadiera Afganistán… y creamos la oportunidad de darles su Vietnam”. No me sorprendería que este playbook de la CIA se esté aplicando ahora en Ucrania. Las recientes declaraciones del secretario general de la OTAN de que “la guerra en Ucrania podría durar meses o incluso años”, combinadas con la noticia de Reuters (12 de abril) de que el Pentágono se iba a reunir con los ocho mayores productores de armas para discutir la capacidad de la industria para satisfacer las necesidades de Ucrania “si la guerra con Rusia dura años”, deberían haber causado alarma entre los líderes políticos europeos, pero aparentemente solo los motivó a una carrera armamentista. Las consecuencias de un segundo Vietnam ruso serían fatales para Ucrania y para Europa. Rusia (que es parte de Europa) solo será una amenaza para Europa si esta se convierte en una enorme base militar estadounidense. La expansión de la OTAN es, por tanto, la verdadera amenaza para Europa, como dijo hace veinte años el insospechado Henry Kissinger.
    4. Doble criterio. La Unión Europea, transformada en caja de resonancia de las decisiones estratégicas de Estados Unidos, defiende como expresión legítima de valores universales (europeos, pero no menos universalizables) el derecho de Ucrania a unirse a la OTAN, mientras Estados Unidos intensifica la integración (véase la US-Ukraine Strategic Defense Partnership, firmada el 31 de agosto de 2021), negando al mismo tiempo que sea inminente. Ciertamente, los líderes europeos no saben que Estados Unidos niega a otros países el derecho reconocido a Ucrania a unirse a un pacto militar; y si lo supieran, no habría ninguna diferencia, tal es el estado de letargo militari
      sta en el que se encuentran. Por ejemplo, las pequeñas Islas Salomón del Océano Pacífico aprobaron un borrador de pacto de seguridad con China en 2021. Estados Unidos reaccionó de inmediato y con alarma ante ese proyecto y envió a altos funcionarios de seguridad a la región para detener la “intensificación de la competencia de seguridad en el Pacífico”.
    5. La verdad llega demasiado tarde. La guerra de información se basa siempre en una mezcla de verdades selectivas, medias verdades y mentiras puras y duras (las llamadas false flags) organizadas para justificar la acción militar de quienes la promueven. Estoy seguro de que en este momento está en curso una guerra de información tanto en el lado ruso como en el estadounidense/ucraniano, aunque, debido a la censura que nos fue impuesta, sabemos menos sobre lo que sucede en el lado ruso. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. La tragedia es que siempre llegará demasiado tarde. En este convulso comienzo de siglo tenemos una ventaja: el mundo perdió su inocencia. Julian Assange, por ejemplo, está pagando un altísimo precio por habernos ayudado en este proceso. A los que todavía no han renunciado a pensar con cierta autonomía, les recomiendo la lectura del capítulo de Hannah Arendt, titulado “La mentira en política”, del libro Crisis de la República publicado en 1971. Es una brillante reflexión sobre los papeles del Pentágono, una recopilación exhaustiva de datos (entre ellos, muchos crímenes de guerra y muchas mentiras) sobre la guerra de Vietnam, recopilación realizada por iniciativa de uno de los máximos responsables de esa guerra, Robert McNamara.
    6. La pregunta que nadie hace. Cuando los conflictos armados son en África o en Oriente Medio, los líderes europeos son los primeros en pedir el cese de las hostilidades y la urgencia de las negociaciones de paz. ¿Por qué cuando la guerra está en Europa los tambores de guerra suenan sin cesar y ningún líder pide que se callen y se escuche la voz de la paz?
  • El derecho humano al agua y al saneamiento en la ruralidad colombiana

    Freddy Ordóñez Gómez

    Caserío de La Suprema, del municipio de Maríalabaja (Bolívar).
    Abasto comunitario. Corregimiento de Caribia (Necoclí).
    Municipio de Carmen de Bolívar.

















    Fotos: ILSA

    El derecho humano al agua y al saneamiento en la ruralidad colombiana 

     

    Freddy Ordóñez Gómez

    Presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM)

    Twitter: @Freddy_Ordonez

    El pasado 22 de marzo se celebró el día mundial del agua. La propuesta surgió hace 30 años, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro realizada en 1992. Fue ese mismo año que la Asamblea General de la ONU estableció el día en una resolución (47/193) que todavía consideraba al agua como un recurso que contribuye a la productividad económica cuya escasez limita el desarrollo económico, y no como un derecho indispensable para vivir dignamente y condición previa para la realización de otros derechos humanos, lo cual se estipuló en el 2002 en la Observación General No. 15 del PIDESC. Posteriormente, la Asamblea General mediante la Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010, reconocería explícitamente el derecho humano al agua y el saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

    Para quienes habitan contextos urbanos en grandes ciudades el acceder al agua potable no parece tener mayor dificultad, pero disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico, en las áreas rurales es todavía una cuestión pendiente de la que no se ve una pronta y real solución.

    Frente al tema, lo primero que se debe señalar es que la Constitución y los marcos legales y reglamentarios sobre la garantía del acceso al agua potable y el saneamiento se orientan a descargar la mayor responsabilidad sobre estos derechos en los municipios. Por ejemplo, el Decreto 1898 de 2016 estipula que “es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que los centros poblados rurales cuenten con la infraestructura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo”. También a nivel legal y reglamentario no hay elementos que permitan mayor certeza de la responsabilidad estatal y de compromiso institucional con relación al avance en la calidad del agua y de la continuidad del suministro. Al respecto, debe advertirse que estos componentes del derecho al agua potable y al saneamiento no pueden ser tratados solo en protocolos y lineamientos e incorporados en resoluciones o directivas.

    Aunque, para adelantar acciones se requiere información, y el problema es que sobre agua y saneamiento en las zonas rurales del país no hay. Como se indica en el Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural, plan que se desprende del Acuerdo de La Habana y elaborado el año pasado, “el país aún no dispone de información confiable para la planeación de inversiones en agua y saneamiento básico para zonas rurales”, careciendo de datos sobre el 81 % de las comunidades rurales en el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Sin estas referencias no es posible desplegar acciones que permitan el cumplimiento de las obligaciones estatales con relación a los derechos al agua potable y al saneamiento. Ahora bien, preocupa que, al priorizarse la aplicación del Plan en 170 municipios del país, entre el 2021 y el 2031, no se tiene certeza y existe un vacío en las medidas que se adoptarán en las otras 932 entidades municipales y en las áreas no municipalizadas, especialmente en aquellas entidades que se encuentran en la categoría sexta, la más baja. El Plan también deja por fuera a los pueblos y territorios indígenas de la Amazonía oriental colombiana.

    De otro lado, las medidas que se implementaron para hacer frente a la COVID-19 asociadas con el acceso a los servicios de agua y saneamiento fueron de carácter transitorio en el marco de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica. Además, orientadas principalmente a centros urbanos.

    La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que, si bien el agua potable tiene la connotación de servicio público, también tiene el carácter de derecho fundamental cuando “se utiliza para el consumo humano”, constituyéndose el acceso al agua potable en “un verdadero y autónomo derecho fundamental de las personas”. Los fallos del alto tribunal sobre el agua como derecho y como parte del ambiente han sido precedentes judiciales que han permitido el reconocimiento de diferentes ríos del país como sujetos de derecho y la protección de los derechos de las generaciones futuras al agua y al ambiente sano.

    Pero, lo expuesto al ser resultados de amparos judiciales solo refiere a casos específicos. El disfrute de estos derechos en las zonas rurales del país presenta diferentes retos, por ejemplo, la dificultad para acceder a información; la presencia de grandes poderes empresariales y políticos detrás de proyectos que afectan el agua; los intereses de los actores armados ilegales; la necesidad de capacitación comunitaria; y urgentes modificaciones políticas, normativas e institucionales. Lo anterior, partiendo de un enfoque socioambiental y situacional de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

  • Los silencios: de Ucrania a Boric

    Boaventura de Sousa Santos

    Traducción de José Luis Exeni Rodríguez

    Todavía no ha alcanzado los niveles de censura y represión política basados en acusaciones de traición y subversión por supuestas simpatías con el comunismo que caracterizaron ese período, pero es de presumir que pudiéramos llegar allí. Las señales son perturbadoras. La bestia salvaje ahora no es el comunismo, sino Putin y la rusofilia. Y quien no sea lo suficientemente enfático en defender los “valores occidentales” es un rusófilo. La histeria instalada por el bombardeo mediático es tal que no es posible contraargumentar, contextualizar, presentar información que contradiga la narrativa instalada. De alguna manera, la lógica unanimista y automultiplicadora de las fake news que circulan en las redes sociales se ha generalizado a los medios de comunicación hegemónicos. No es que las noticias sean necesariamente falsas; es simplemente imposible introducir noticias o análisis que contrasten o solo contextualicen. Tampoco es posible informar sobre otros temas relevantes que nos ayuden a ver que, por importante y trágico que sea lo que está pasando en Ucrania, no es el único hecho importante y trágico o digno de noticia que está pasando en el mundo. Solo decir esto en un momento de pánico moral es ser candidato a la acusación de relativismo. Algunos ejemplos de mi experiencia personal pueden ayudar a ilustrar la situación.
    Sobre la complejidad y la polarización
    La primera gran ausencia producida por la extrema polarización es la complejidad de los análisis. Sobre la crisis en Ucrania he escrito hasta ahora los siguientes textos que pueden consultarse porque están en línea: “La ONU en la encrucijada” (https://iree.org.br/a-onu-na-encruzilhada/); “Cómo hemos llegado hasta aquí” (https://blogs.publico.es/espejos-extranos/2022/02/25/como-hemos-llegado-hasta-aqui/); “¿Todavía es posible pensar con complejidad?” (https://blogs.publico.es/espejos-extranos/2022/03/05/todavia-es-posible-pensar-con-complejidad/); y, “Para una autocrítica de Europa” (https://blogs.publico.es/espejos-extranos/2022/03/09/por-una-autocritica-de-europa/). En todos los textos traté de contextualizar lo que está sucediendo y brindar informaciones menos accesibles pero muy relevantes para comprender los hechos. En conjunto, mis análisis apuntaron a evitar el simplismo de los buenos y los malos, y proporcionar instrumentos para evaluaciones más cuidadosas y menos propicias a justificar aventuras belicistas donde las poblaciones civiles inocentes son siempre las grandes víctimas. El último texto, publicado el 10 de marzo en el diario Público de Portugal, uno de los principales diarios de referencia del país, mereció un ataque injusto, injurioso, violento y descontrolado por parte del director del diario.
    Estos momentos de histeria colectiva y de extrema polarización, que imposibilitan la complejidad o el pensamiento contracorriente, son cada vez más frecuentes. En mi larga vida ya pasé por tres de esos momentos, en los que pagué un precio por insistir en pensar con complejidad e independencia. El primero fue justo después de la Revolución del 25 de abril de 1974, que devolvió la democracia a los portugueses y allanó el camino para la independencia de las colonias portuguesas en África y Oceanía. En ese momento hubo un giro repentino y radical a la izquierda, y el que no estuviese con nosotros estaba contra nosotros. En tal altura, ser de izquierda era pertenecer al Partido Comunista o a uno de los partidos de extrema izquierda (leninista, estalinista, maoísta, trotskista, etc.). Creo que en ese momento fui el único director de una Facultad de Economía en Portugal que no estaba afiliado al PCP o a un partido de extrema izquierda. Simpatizaba con el MES (Movimiento de Izquierda Socialista), inspirado en Rosa Luxemburg. Me acusaron públicamente de ser agente de la CIA (quizás porque acababa de terminar mi doctorado en la Universidad de Yale). Los estudiantes me ayudaron al elegirme (no sabían si yo era de la CIA, pero al menos sabían que yo era el único profesor que les enseñó Karl Marx antes de la revolución de abril).
    El segundo momento fue el 11 de septiembre de 2001. Estaba en Estados Unidos (donde en los últimos 35 años viví casi la mitad de cada año, afiliado a la Universidad de Wisconsin-Madison) y participaba en un debate en la Universidad de Columbia, Nueva York, sobre derechos humanos. Debido a que, en mi intervención, a pesar de haber condenado enérgicamente el atentado a las Torres Gemelas, me atreví a hablar de la necesidad de respetar los derechos humanos en todas las circunstancias y no renunciar a continuar el diálogo intercultural con el mundo islámico que, en su amplia mayoría, era amante de la paz, mis colegas de Harvard me vituperaron con saña y casi me consideraron un filoterrorista. En años posteriores, estos colegas justificarían la tortura y cosas peores contra la Constitución de los Estados Unidos.
    El tercer momento, hace unos días, fue el ya mencionado ataque personal del director del diario Público en reacción a un artículo mío.
    Estamos en un nuevo tiempo de extrema polarización. No la vi en la invasión y destrucción de Irak ni en otras (muchas) situaciones. Para mantener la capacidad de pensar incluso en momentos de peligro, como nos enseñó Walter Benjamin, nunca es saludable llegar a este nivel de polarización. Así como no es aceptable guardar silencio ante la violencia de las atrocidades cuando ocurren más lejos de nosotros y no movilizan a nuestros medios de comunicación. La vida humana para mí tiene un valor incondicional. El sufrimiento de los ucranianos, que querían la guerra tan poco como cualquiera de nosotros, es terrible. Pero me duelen igualmente las muertes injustas ocurridas en los mismos días en otras guerras en otras regiones del mundo. Ninguna muerte injusta puede relativizar o justificar cualquier otra muerte injusta. Según una conocida organización que registra las muertes de guerra en todo el mundo, estas son las estadísticas del período inicial de la invasión de Ucrania (20 de febrero al 4 de marzo): 114 (Ucrania), 23 (Irak), 511 (Yemen), 187 (Siria), 192 (Malí), 527 (Nigeria), 155 (República Democrática del Congo), 180 (Somalia), 112 (Burkina Faso). Y si incluimos los conflictos internos, algunos de los cuales son equiparables a la guerra civil, hay que sumar: 258 (México), 242 (Brasil), 81 (Colombia), 124 (Myanmar), 38 (Afganistán) (ACLED. Accesible en https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard). El hecho de que ninguna de las otras tragedias haya merecido atención mediática no tiene para mí otro sentido ni interés que el de permitirme conocer los mecanismos sociológicos de la formación del pánico moral y de la indignación pública.
    Los silencios como sociología de las ausencias
    Las situaciones de extrema polarización y concentración mediática unidimensional crean dos tipos de silencios: el primero está relacionado con aspectos de fenómenos hipernarrados o afines que, al no corresponder con el guion impuesto, son activamente ignorados en las noticias; el segundo tipo de silencio se refiere a otros hechos ajenos al láser mediático y que sólo por esa razón son considerados indignos de ser noticiables.
    El silencio del racismo y del colonialismo
    En cuanto al primer tipo de silencio, elijo la forma en que, en momentos de emergencia y polarización, los prejuicios y las prácticas racistas y colonialistas son activados con una virulencia agravada provocando mucho sufrimiento injusto que no llega a las pantallas ni a las páginas de los noticieros. La histeria mediática sobre Ucrania alcanzó principalmente al eje del Atlántico Norte, que también incluye a Australia, Japón y Brasil. En otras regiones del mundo, la crisis de Ucrania fue de algún modo relativizada porque tiene relación con agresiones armadas (invasiones, bombardeos, muertes de civiles inocentes) de las que han sido víctimas reiteradamente; o porque en la actualidad se enfrentan a otros problemas que les parecen más graves o, al menos, más próximos (hambre, falta de agua y de vacunas, violencia yihadista). Pero cuando la crisis de Ucrania adquirió cierto dramatismo en las noticias de estos países, fueron abordados temas silenciados casi por completo en los medios del eje del Atlántico Norte. El 28 de febrero, la Unión Africana emitió una declaración vehemente contra el comportamiento “escandalosamente racista” de las autoridades fronterizas entre Ucrania y Polonia, que discriminaron a ciudadanos africanos que viven en Ucrania y trataban de huir de la guerra, sometiéndolos a un trato desigual debido a su color (www.theeastafrican.co.ke/tea/news/east-africa/african-union-ukraine-war-3732862?view=htmlamp). Básicamente, se trataba de ponerlos al final de todas las colas, ya sea para acceder al transporte, cruzar la frontera y recibir acogida. Mientras tanto, diez días después, la respetada red Jewish Voice for Peace anunció que Israel estaba instalando a los refugiados ucranianos, que había decidido acoger, en los territorios palestinos que ocupa ilegalmente en el Valle del Jordán y Naqab. Solidaridad internacional a costa de la opresión colonial de los verdaderos poseedores de la tierra.
    El silencio de la innovación democrática
    El segundo tipo de silencio se refiere a hechos no relacionados con la orgía mediática y que apuntan a la diversidad del mundo. En Europa, la toma de posesión de Gabriel Boric como nuevo presidente de Chile pasó casi totalmente desapercibida. Y, sin embargo, es a todas luces un evento importante. Se trata de la elección democrática del presidente más joven de América Latina (36 años), proveniente de los movimientos sociales (exdirigente estudiantil) que lucharon en los últimos años por la democratización profunda de Chile, una lucha donde las mujeres y los pueblos originarios (a saber, los mapuches), tuvieron un papel protagónico. Es el país de Salvador Allende, asesinado durante el golpe militar de 1973 que abrió camino a una de las dictaduras más sangrientas del siglo pasado. En un acto de gran simbolismo, el presidente Boric, mientras se dirigía al Palacio de La Moneda, sede de la presidencia de Chile, rompió el protocolo, salió de la alfombra roja y saludó a la estatua de Allende que se erige frente al recinto. Es igualmente significativo que una de sus ministras sea nieta de Allende y, además, ministra de Defensa.
    El primer discurso de Boric como presidente de Chile es un documento histórico. En un país fracturado por la desigualdad económica, la discriminación étnico-racial y el conflicto social, Boric hizo un vibrante llamado a la unión con justicia social. En un país minado por el etnocentrismo, resaltó la diversidad de los pueblos que conforman el Estado chileno, es decir, los pueblos indígenas con derecho a que se respete su identidad cultural y territorial. En un país con una violenta tradición de Estado represivo, Boric llamó al fortalecimiento de un Estado social, protector de las clases sociales más vulnerabilizadas por el neoliberalismo depredador que atravesó el país en las últimas décadas. En un país que tiene una Convención Constitucional en curso, de la que puede surgir una de las constituciones más progresistas del mundo, Boric prometió pleno apoyo al proceso constituyente en curso y al plebiscito que seguirá para aprobar la nueva Constitución. Nada de esto mereció la atención de los medios. Pero fue aquí donde se sembró una nueva esperanza democrática para Chile, para América Latina y para el mundo.

    *Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Articulo enviado a Other News por la oficina del autor, el 17.03.22