Por: Gonzalo Galindo Delgado[1]
La Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente democráticamente electo de Venezuela ha despertado agrias reacciones de los opositores nacionales e internacionales al gobierno venezolano. Donald Trump amenazó a Venezuela con sanciones económicas en caso de llevarla a cabo y cumplió[2], Juan Manuel Santos pidió su desmonte y sentenció que no reconocería sus resultados[3], Álvaro Uribe acompañó a la oposición en sus súplicas a las Fuerzas Armadas de Venezuela para desenfundar las armas y ejecutar un golpe de Estado[4], los medios de comunicación, ni hablar… es difícil pensar en cualquier otra votación en la historia reciente que haya concitado una reacción tan feroz y tan bien articulada, en lo temporal, en lo narrativo y en lo político. Ni siquiera actos flagrantemente antidemocráticos como, por ejemplo, el golpe de Estado que la clase política corrupta brasileña dio a Dilma Rousseff han generado semejante reacción.
Mediante una carta pública[5], prestigiosos abogados y sociólogos del derecho colombianos se suman al clamor contra la constituyente y terminan de escorarse hacia el lado de la oposición venezolana – capítulo Colombia. No veo en ello nada de malo, me parece legítimo, el problema es que sus argumentos generan enormes disonancias pues, basados en pulsiones esencialmente políticas, pretenden fundarse en razones de tipo jurídico respaldadas por la autoridad que les confiere el ser “investigadores y profesores de derecho constitucional así como exmagistrados de la Corte Constitucional de la República de Colombia”. La cuestión se torna más contradictoria si se considera que muchos de ellos han sido defensores a ultranza del proceso constituyente de 1991 que, como tantos procesos constituyentes en la historia de la humanidad, digámoslo sin ambages, fue abiertamente ilegal y quebrantó la institucionalidad en ese entonces vigente en Colombia. Y felizmente fue así, pues aunque les pese a los normativistas conservadores, para defenestrar la ultramontana Constitución de 1886, “las vías legales estaban agotadas”[6].
La afirmación principal: la constituyente es ilegal
En la sentencia número 138 de 1990 la Corte Suprema de Justicia de Colombia[7] estudió la constitucionalidad del decreto 1926 de 1990[8], mediante el cual el presidente César Gaviria, amparado en las facultades derivadas de un Estado de Sitio que sumaba 6 años consecutivos, convocaba la votación por los delegados que harían parte de la Asamblea Nacional Constitucional. La Sentencia 378 de 2017 del Tribunal Supremo de Venezuela[9], 27 años después, haría lo propio con el decreto 2830 de 2017[10], proferido con los mismos propósitos por Nicolás Maduro, aunque no en Estado de Sitio, sino en el marco de sus facultades constitucionales ordinarias. Ambas, profundamente políticas, declararían la constitucionalidad de los decretos respectivos. La de Colombia, por ejemplo, acudiría a argumentos como “el contenido axiológico del derecho”, “la paz”, o la “naturaleza incontenible del poder constituyente primario”: política pura y dura. Los que salvaron voto pusieron el grito en el cielo: que la institucionalidad, que el Estado de Derecho, que la separación entre derecho y política, que patatí, que patatá… Más política, pero más encubierta.
El paralelismo es interesante y daría para mucho más, por ejemplo, para señalar que tal votación en Colombia convocó a 3.710.557 electores de un universo poblacional de 34.13 millones[11] de habitantes, mientras que en Venezuela convocó a 8.089.320 electores de un total poblacional de 31.57 millones. Ambas cifras emitidas por las autoridades electorales de los países respectivos que, mínimo, son igual de confiables –por lo alto o por lo bajo-[12]. Sin embargo, por lo pronto, con él solo pretendo señalar la inconsistencia del argumento que encabeza la carta en cuestión.
En efecto, los profesores, tan obsecuentes con las decisiones de la Corte Constitucional colombiana, le muestran los dientes al Tribunal Supremo Venezolano[13] y aseguran que la convocatoria del presidente Nicolás Maduro viola los artículos 5, 70, 347 y 348 de la Constitución Bolivariana de 1999 y que, por tanto, la Asamblea tendría un “vicio de origen que resulta insubsanable”. Supongo que, si este es un criterio jurídico y no político, como desean presentarlo, muchos de ellos, por las razones señaladas, tendrán que predicar el mismo “vicio de origen que resulta insubsanable” respecto de la Asamblea Nacional Constituyente colombiana de 1991 – ¿y de la aclamada Constitución de 1991 también?-. ¿Y entonces cuál sería la consecuencia de ese pecado original? ¿La autorización -que no defendieron en su momento para Colombia- de desconocer los poderes públicos?
El origen “espurio” de la constituyente venezolana del que habla Santos, y que los profesores constitucionalistas del 91 pretenden fundamentar jurídicamente (aunque, por ahora, sólo ofrezcan enunciados y prestigio) es, en el peor de los casos, el mismo origen “espurio” de la constituyente colombiana. Pero el problema, según mi análisis, no es esa mancha pecaminosa, el problema es el enfoque con el que se la analiza y los raseros variables que se utilizan para estudiar situaciones análogas.
Los firmantes, a pesar de ser tantos, no le conceden ni una sola línea a la discusión de los artículos reseñados ni a la argumentación del Tribunal Supremo de Venezuela en su sentencia. Y aunque los silencios hablan, un ejercicio de esa naturaleza no hubiese ayudado, pues lo que pretendo evidenciar es precisamente que el derecho, pero con mayor razón el derecho constitucional y con mucha mayor razón los procesos constituyentes, se desarrollan a través de acciones y movimientos tácticos que rebasan la lógica jurídico-formal, en la cual, por lo demás, la frontera entre lo lícito y lo ilícito nunca es del todo clara, pues está delineada por un lenguaje que soporta nuestros deseos, intereses, pasiones e historia en su inestimable vaguedad. O si no ¿qué es el artículo 5° de la Constitución Bolivariana de Venezuela que ellos declaran transgredido? “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo…”
Si a discusión de código[14] nos vamos, podríamos encontrar y construir muy buenos argumentos jurídico-formales para respaldar una u otra posición. A esto se dedican los dogmáticos bajo la quimera de encontrar decisiones “correctas” en el derecho. Pero los procesos constituyentes no se analizan con código, y pretender ocultar con el código los deseos propios sobre la organización social y la distribución del poder, es decir, sobre la política, es una vía epistémicamente falaz.
Las afirmaciones subsidiarias
Adicionalmente, los firmantes suscriben un par de afirmaciones según las cuales el mecanismo de la convocatoria carece de legitimidad popular, y la composición sectorial de la Asamblea es antidemocrática. Ambas, pasando por alto la dificultad de que las razones en que se fundamentan no aparecen, son discutibles.
En primer lugar porque si se consideran comparativamente los votos que hubo en la Constituyente con los que obtuvo el chavismo, tanto en las elecciones presidenciales (7.587.579), como en las parlamentarias en las cuales salió derrotado (5.622.844), parecería existir un continuum o una base social suficientemente amplia como para, legítimamente, poner una discusión de reforma constitucional sobre la mesa. Es por tanto lamentable que la oposición se haya negado a concurrir a las urnas, disparándose en el pie como cuando no quisieron participar en las elecciones parlamentarias de 2005 (cuestión que después tuvieron que rectificar); y más lamentable aún, como lo señaló el Papa Francisco[15] en su rol de mediador, que parte de ella se haya negado al diálogo[16], lo que hubiese permitido construir conjuntamente una salida alternativa o con rasgos diversos, antes de llegar a la Constituyente en los términos en que se llegó.
En segundo lugar, porque la democracia y la representación suponen la posibilidad de que los organismos con capacidad de tomar decisiones que afecten a la población en general, cuenten con una participación tan diversa como la población afectada misma. Esto evitaría, por ejemplo, que en un país de 30 personas en el que 16 personas son señores ejecutivos y 14 son mujeres campesinas, gobernado por un consejo de 15 notables elegidos por mayorías, los 16 ejecutivos puedan imponer en el consejo a 15 hombres ejecutivos, lo cual no sería representativo de la población gobernada. Se trata de una discusión compleja, pues la representatividad puede ser generacional, territorial, sectorial y de tantos grupos como puedan imaginarse, pero lo que se señala es que, la idea en sí misma, no es contraria a la democracia. Así, por ejemplo, funciona una de las cámaras que conforman el Congreso colombiano y a nadie se le ha ocurrido decir que por eso el Congreso colombiano sea antidemocrático.
Finalmente, los profesores constitucionalistas terminan la carta con dos especulaciones sobre el futuro, a las cuales no me voy a referir, por no ser este el lugar.
El doble estándar de un formalismo liberal que ha abjurado de su credo
En mi criterio, el problema de fondo, muy bien retratado por las inconsistencias en las que incurren profesionales que intentan argumentar la política a partir del derecho, pero que implica también a los ‘opinadores’ sobre la cuestión venezolana en general (medios, élites políticas y económicas, figuras públicas), es que todos ellos se están yendo en contra de sus esquemas clásicos de comprensión y de análisis de los problemas jurídico-políticos y, haciéndolo, quedan en evidencia.
La institucionalidad venezolana se ha venido desconociendo abiertamente, en primer lugar, por la oposición de ese país, y en segundo lugar por sus replicantes internacionales. No así por el chavismo pues este, a punta de mayorías, la diseñó a su gusto, y a punta de mayorías, la controla, gústenos o no. Y tal desconocimiento es, cuando menos, curioso, pues todos ellos, arropados por el sentido común liberal, han predicado siempre un respeto irrestricto por la institucionalidad, que en su lenguaje equivale a democracia: la separación de los poderes, el respeto por las decisiones de los jueces, el respeto por los resultados electorales, la valoración positiva de las elecciones y las urnas, el respeto por los asuntos internos de los demás países…
Pero ahora algo ha cambiado. La Asamblea Nacional venezolana se declara en desacato frente a las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela y ellos celebran o callan (imagínense un Congreso uribista declarándose en desacato frente a decisiones, por ejemplo de la JEP o de la Corte Constitucional, por “estar cooptadas por castrochavistas”, ¿dirían algo los profes de derecho constitucional?); el TSJ, máxima autoridad judicial de Venezuela, avala la convocatoria a la constituyente y se dice que no, que mentira, que eso es ilegal (¿qué dirían los profes de derecho constitucional si, por ejemplo, los uribistas se levantan y llaman a la rebelión y el desconocimiento colectivo de las elecciones en que se apliquen por primera vez las Circunscripciones de Paz?); se celebran elecciones y se responde apriorísticamente denunciado fraude por encima de lo que diga el poder electoral (¿y si los uribistas denuncian fraude al salir elegidos representantes de organizaciones sociales por esas circunscripciones y argumentan que el Consejo Nacional Electoral colombiano está tomado por el castro-chavismo?), la oposición llama a las Fuerzas Armadas a ejecutar un golpe de Estado y la actitud es la misma (¿y si los uribistas hacen lo propio con sus generales amigos?); presidentes del mundo amenazan al mandatario de Venezuela si no hace lo que ellos consideran correcto y nada pasa. En fin, nada de esto merece comunicados públicos ni de profesores, ni de mandatarios, empresarios o medios de comunicación, todos tan defensores del constitucionalismo liberal.
Los liberales han abjurado de su credo. Ahora ellos, acostumbrados a definir lo democrático a partir de la observancia de reglas formales, se encuentren haciendo análisis materiales para negar el carácter democrático de la Revolución Bolivariana. Ahora dicen que aunque en Venezuela haya formalmente separación de poderes, instituciones, elecciones, procedimientos y mecanismos jurídicos operantes, en la realidad, desde el punto de vista sustancial, tal separación de poderes, tales instituciones, elecciones y procedimientos no existen ¡Qué bueno que se hayan iniciado en el análisis materialista y socio-político de las instituciones democráticas! ¡Esperemos que no tarden mucho en aplicarlo sobre sus propias realidades nacionales!
Pensar Venezuela con la solidaridad crítica como instrumento de lucha
Una buena parte de los profesores que firman la carta son autores de algunas de las sentencias y libros con los que nos educan en Colombia a los abogados en formación. En particular, dentro de ellos, los que se ocupan de la aproximación interdisciplinaria al derecho, han sido autores de notables investigaciones sobre la justicia y la sociedad en Colombia. Uno de sus referentes intelectuales, con quien han escrito libros y dictan conferencias, es Boaventura de Sousa Santos, uno de los sociólogos del derecho más importantes del mundo. Creo que es justamente él quien mejor ha entendido la actitud con la cual afrontar la situación del país vecino: la solidaridad crítica como instrumento de lucha.
En su más reciente libro, Democracia y transformación social, el profesor portugués argumenta que uno de los mayores problemas de los intelectuales latinoamericanos comprometidos con la emancipación social, ha sido renunciar a la crítica de los procesos progresistas, bien por dogmatismo o bien por considerar que la crítica es funcional a la “derecha imperial”, “perdiendo así la oportunidad de transformar la solidaridad crítica en instrumento de lucha”. Basta con leer a Atilio Borón o con husmear un poco el portal de telesur para darse cuenta de ello.
Aunque la matriz de opinión hegemónica haya cambiado de principios, superando su formalismo escuálido para pasar a hacer escrutinios estrictos y sustanciales al gobierno venezolano, en muchas cosas creo que tienen razón. Su posición política ha quedado desnuda, pero su diagnóstico, aunque parcial y sesgado, no es del todo infundado.
En Venezuela hay graves problemas. El primero, la crisis económica derivada de un rentismo petrolero que no soporta la caída internacional de precios y que ha dado lugar a una crisis social y humanitaria que nadie puede negar y a todos debe dolernos: en Colombia, yo he visto venezolanos vendiendo dulces en los buses, incluso, en ciudades del interior como Medellín o Bogotá. Este es el marco que da cobertura a la agudización de la lucha política (recordemos que en 1989, otro momento de crisis económica, en “El Caracazo”, cuando gobernaban los que hoy son oposición, no fueron 100 muertos en 4 meses sino más de 2000 en menos de un mes).
Y tal marco, como explica Boaventura en su más reciente artículo de opinión, En defensa de Venezuela[17], y en el libro referido, al coincidir con la muerte del “líder político democrático más carismático de las últimas décadas”, fue leído como un contexto de oportunidad excepcional por la derecha venezolana, desde siempre apoyada por Estados Unidos, hoy con Donald Trump a la cabeza. El mismo que, como Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Alejandro Ordoñez (¡nada más ni nada menos!) sale en fotos con Lilian Tintori y, yendo más allá que Santos, no sólo amenaza sino que directamente sanciona al presidente electo de Venezuela por adelantar unas votaciones en su país.
Desde ahí comenzó la ofensiva desarrollada en todos los planos: político, diplomático, económico, mediático, callejero: combinación de todas las formas de lucha contra un Gobierno que no se ha quedado corto: que ejerce presión política y penal sobre la oposición y que responde en el campo de la lucha violenta, utilizando los medios que tiene a su alcance –la ‘bobadita’ del aparataje estatal-. Yo, así como he visto a los famosos “guarimberos” quemar personas vivas por ser chavistas[18], he visto miembros de la Guardia Nacional, no sólo reprimiendo sino también asesinando manifestantes[19]. Hay algunos que sólo ven lo primero y otros que sólo ven lo segundo[20]… pero comunicados públicos contra la sevicia guarimbera y su respaldo internacional… no los conozco. Al contrario, se está construyendo un relato en virtud del cual son “rebeldes” o conforman “el frente de la resistencia” (cual partisanos combatiendo el fascismo italo-alemán), o peor aún, según leí en una columna del profesor César Rodríguez[21], constituyen una “rebelión del siglo XXI” comparable a la de la Primavera Árabe o los Indignados de Europa. ¡Hágame el favor!
No parece que la Constituyente vaya a solucionar nada. La derecha nacional e internacional ha avanzado enormemente en el terreno de la protesta callejera y de la construcción de relatos, tiene un importante apoyo internacional y un descomunal respaldo mediático; y no va a aceptar nada distinto a que Maduro renuncie al mandato democrático-electoral del 2013 y se someta a elecciones anticipadas. Y el Gobierno, detentando el poder político y cabalgando sobre símbolos sagrados (“la Gran Patria de Bolívar”, “la soberanía e independencia de los pueblos latinoamericanos”, “el legado de Chávez”, “la Revolución Bolivariana”) hará lo propio y sacrificará lo que sea necesario. Quienes como Boaventura de Sousa Santos, Pepe Mujica, o William Ospina -¡faros éticos e intelectuales de América Latina!- somos críticamente solidarios con la Revolución Bolivariana, esperamos que esa democracia vibrante que los dirigentes de hoy heredaron de Hugo Chávez Frías, y que cojea, pero sigue vigente, no sea uno de los sacrificios que estén dispuestos a asumir.
Se trata de que los venezolanos que eligieron la vía del socialismo y que la han ratificado sucesivamente a lo largo de las últimas dos décadas, puedan transitarla, recrearla en paz y con absoluta soberanía e independencia –como no pudieron, por sólo poner dos ejemplos, La Cuba bloqueada de Fidel Castro, o el Chile mancillado de Salvador Allende, sobra explicar gracias a quién- porque, siguiendo con Boaventura, “el socialismo no es otra cosa que la democracia sin fin”, y la democracia “la transformación de relaciones desiguales de poder en relaciones de autoridad compartida”, es decir, la desestructuración de los ejes de dominación capitalista, colonial y patriarcal, de modo que el ser humano y la naturaleza potencien y maximicen sus posibilidades existenciales.
No más subterfugios jurídico-formales: somos abogados y somos políticos, y debemos serlo en la Colombia de la transición
Y todo este escrito se debe al contenido ideológico oculto de aquella carta, deliberadamente ocultado en nombre del derecho constitucional, por quienes han sido, indirectamente, profesores de muchos de nosotros…
El ocultamiento de la relación entre el derecho y la política no resiste más. Colombia, más ahora que nunca, con un proceso de transición en ciernes, precisa juristas que asuman este reto y que articulen estas dos dimensiones de la acción social en una franca confrontación por la transformación y democratización radical del país. Vienen la JEP, la Comisión de la Verdad, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, las Circunscripciones Especiales de Paz, e innumerables reformas en las más diversas materias. Para que todas estas normas, políticas públicas, planes, programas y proyectos funcionen, no sólo necesitamos, en el campo del derecho, de nuevas instituciones, también necesitamos de nuevos sujetos, que asuman el derecho en toda su complejidad epistemológica y que ambicionen en el terreno político “la democracia sin fin” de la que habla Boaventura, un intelectual orgánico comprometido con las luchas por la democracia de alta intensidad. Sin duda, como lo consideran los sociólogos del derecho firmantes de la carta: un referente.
[1] Investigador del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA) y abogado, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, adscrito al Semillero de Sociología del Derecho y Teorías Jurídicas Críticas de dicha institución. Interesado en el campo de estudios en derecho y sociedad desde una perspectiva crítica de las instituciones jurídico-políticas. Correo electrónico: [email protected]
[2] Véase: http://www.dw.com/es/trump-sanciona-a-maduro-tras-la-elección-de-la-constituyente/a-39913438
[3] “Esa Asamblea Constituyente tiene un origen espurio y, por consiguiente, sus resultados, tampoco podremos reconocerlos”. En: https://noticias.caracoltv.com/colombia/colombia-no-reconocera-resultados-de-constituyente-en-venezuela-santos
[4] “Ojalá las Fuerzas Armadas de Venezuela obliguen al dictador Maduro a hacerse a un lado…”. En: http://www.hispantv.com/noticias/colombia/348811/uribe-fuerzas-armadas-derrocar-maduro
[5] Puede consultarse en: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/07/Comunicado_Venezuela.pdf
[6] Por disposición del artículo 218 de la Constitución de 1886 concordado con el 13 del Plebiscito del 01 de diciembre de 1958, esta sólo podía ser reformada mediante acto legislativo, o sea, a través del Congreso de la República y no mediante plebiscitos o referendos como se pretendía hacer en el momento.
[7] Véase: http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30014406#ver_30014412
[8] Véase: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1371701#
[9] Puede consultarse en: http://gacetaoficial-ve.blogspot.com.co/2017/06/sentencia-n-378-de-la-sala.html
[10] Véase: http://www.vicepresidencia.gob.ve/index.php/2017/05/03/gaceta-oficial-decreto-n-2-830-de-convocatoria-a-una-asamblea-nacional-constituyente/
[11] Por esto es que es muy fácil encontrarse en Colombia, por ejemplo, en una vereda o en el barrio de una gran ciudad, con personas que ni siquiera saben qué es eso de la Constitución de 1991. No obstante, lo que nos enseñan a los abogados en los cursos de derecho constitucional es que el proceso constituyente de 1991 se trató de un gran movimiento político y social, con jóvenes y estudiantes como vanguardia, que conmovió las bases jurídicas, políticas y axiológicas de la nación. Cuando uno se deja hipnotizar de esa narrativa, casi que queda con la certeza de que el mayo francés se le queda en pañales a la séptima papeleta colombiana.
[12] Digo “mínimo” para establecer un baremo que permita el diálogo franco, pues si vamos a ser más sutiles tendríamos que considerar los argumentos de diversos analistas que señalan que el sistema electoral venezolano es más confiable que el colombiano, no sólo por haber implementado hace ya mucho tiempo el voto electrónico y automático, sino por haber sido certificado como uno de los más fiables del mundo por organismos especializados como el Carter Center. De hecho, su cabeza, el ex-presidente estadounidense Jimmy Carter ha sentenciado: “El sistema electoral venezolano es el mejor del mundo”. Otros criterios respaldan esta afirmación, por ejemplo, la estricta regulación que existe en el vecino país sobre la financiación de las campañas electorales. Pero no entremos en aguas turbias, quedémonos en el “mínimo”.
[13] ¿O cuándo salen a decir que tal o cual cosa es “ilegal” después de que la Corte colombiana ya la ha declarado “legal”? Una obediencia que se entiende por la doctrina que reproducen en las aulas: “entre la Constitución y la Corte no se interpone ni una hoja de papel”. Pero no la aplican para Venezuela, ¿por qué? La respuesta, prefabricada, ya todos la sabemos: -Porque el TSJ está tomado por magistrados chavistas que no son independientes. Pero las disonancias regresan, ¿entonces los uniandinos, externaristas y rosaristas elegidos por el Congreso colombiano sí lo son? ¿Como el externadista Carlos Bernal Pulido, elegido por el Centro Democrático y Cambio Radical con campaña de Viviane Morales? ¿O como la uniandina Diana Fajardo, a quien según las imágenes reveladas por Noticias Uno, se le vio en los pasillos del Congreso repartiendo volantes cual político en campaña? ¿O como la rosarista Cristina Pardo a quien el presidente, después de tenerla como secretaria 7 años, decidió trasladar a la Corte? Y esto por sólo hablar de las nuevas incorporaciones… ¿independientes de qué? ¿independientes de quién? Intuyo la respuesta impotente: -Por lo menos más independientes que los chavistas sí son. Y a mí, ante esas peticiones de principio, no me queda más que reírme a lo whatsapp: jejeje.
[14] Me refiero al librito plagado de artículos, incisos, literales, numerales, títulos y capítulos que nos acompaña a los abogados desde nuestra formación.
[15] Ver: http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/04/30/papa-francisco-responsabiliza-a-oposicion-venezolana-por-fracaso-de-dialogo-politico/
[16] Henrique Capriles respondió diciendo que el Papa mentía: “No es verdad, (Francisco) habla como si unos quisieran dialogar y otros no”. Y la Mesa de Unidad Democrática, en carta abierta, respondió también a las declaraciones del pontífice: “El único diálogo posible hoy en Venezuela es el de los votos”. Parece que la oposición no entendió, o no quiso deliberadamente entender, que para que una forma de votación pudiera satisfacer a ambas partes, antes, tenían que dialogar. Todo conduce, lógicamente, a concluir que lo único que van a aceptar es una salida de Nicolás Maduro sin que cumpla el período por el cual fue democráticamente electo. El mensaje que transmiten es que quieren golpe de Estado: armado, militar, blando, consentido o parlamentario, la modalidad da igual.[17] Véase: http://questiondigital.com/boaventura-de-sousa-santos-en-defensa-de-venezuela/
[18] Ejemplo: http://www.hispantv.com/noticias/venezuela/347893/oposicion-quema-hombres-protestas-maduro-constituyente
[19] Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=sF9zaiRjt2s
[20] Para conocer un trabajo periodístico serio, exhaustivo, documentado e imparcial sobre las 120 muertes en Venezuela asociadas con el ciclo de protestas que comenzó en abril (sus autores, víctimas y circunstancias), en nada comparable con los informes y reportajes de los grandes medios de comunicación, véase el impresionante trabajo del equipo de Alba Ciudad: http://albaciudad.org/2017/07/lista-fallecidos-protestas-venezuela-abril-2017/
[21] Véase: http://www.elespectador.com/opinion/socialismo-dictadura-o-rebelion-del-siglo-xxi-columna-696479. En el otro extremo, con un razonamiento igualmente desproporcionado, el periodista e investigador Julián Aguirre compara a la oposición venezolana, no con la Primavera Árabe sino con el Terrorismo Islámico: https://actualidad.rt.com/actualidad/245870-comparacion-isis-grupos-violentos-venezuela.
