Esta colección de ILSA es el producto del trabajo de un grupo de expertos y expertas investigadores/as del tema agrario en Colombia, en sus diferentes problemáticas. La colección ha coadyuvado a renovar los debates académicos y políticos sobre las políticas agrarias del país para superar una de las causas estructurales del conflicto armado en el país: el tema de la tierra, el derecho a la tierra y los derechos humanos del campesinado.
Con esta colección ILSA busca difundir información relativa a conflictos socio-territoriales y ambientales emblemáticos que ocurren en diferentes regiones de Colombia. Se trata de informes que presentan las problemáticas que originan diferentes proyectos de mega-desarrollo que afectan la vida, los recursos ambientales y la economía campesina. Estas investigaciones participativas surgen desde los territorios con la gente que los habita, y procura sistematizar sus procesos de resistencia y sus propuestas de ordenamiento territorial alternativo. Se han documentado casos en las regiones del Sumapaz, las Hermosas y el Páramo de Pisba.
Con esta colección de bolsi-libros, ILSA busca sensibilizar a abogados, abogadas, jueces, doctrinantes del derecho, estudiantes y operadores jurídicos en general sobre temas centrales de las relaciones entre justicia, democracia y el derecho. La propuesta teórica se centra en impulsar un movimiento de judicatura democrática en el país, que a partir de obras y ensayos clásicos de influyentes autores/as del derecho.
Esta colección fue construida con las comunidades víctimas del conflicto armado en sus territorios. Muestra varias experiencias relacionadas con el despojo de tierras y la defensa de los territorios, con el tema de retornos de comunidades a los lugares de donde fueron desplazadas y avanza en propuestas de cómo construir metodologías comunitarias para la reparación colectiva.
El derrotero fundamental del campo solución política, posacuerdo y construcción de paz es promover el debate público sobre las rutas necesarias para alcanzar una solución política al conflicto social-armado de Colombia, en especial mediante acciones de investigación, formación, acompañamiento e incidencia. Los actuales diálogos entre un sector de la insurgencia y el Gobierno colombiano son sólo una de las piezas del rompecabezas asociado con el proceso amplio de construcción de escenarios de paz con justicia social. De prosperar la alternativa de una solución política y la suscripción de un acuerdo entre todos los sectores involucrados en el conflicto, es indiscutible que se asistiría a un nuevo ciclo de disputas en los marcos que proporciona la política y se desplegarían una serie de oportunidades para avanzar decididamente hacia las transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que requiere el país. Asimismo, se generarían condiciones para suscitar el debate nacional a propósito de las causas y los mecanismos que derivarían en la resolución de las violencias persistentes durante más de cincuenta años, asunto que -desde luego- desborda su entendimiento estrecho y sesgado como simples confrontaciones bélicas.
En el trasfondo se halla una discusión sobre profundas desigualdades económicas y sociales, la histórica situación de exclusión política, el despojo territorial, el desplazamiento forzado, las raíces de la violencia estatal y paramilitar, la necesaria democratización de la sociedad, la construcción de una nueva cultura política basada en principios de paz, la reorganización del régimen político y la redefinición de un funesto modelo económico basado en la expoliación intensiva y extensiva de recursos minero- energéticos, la producción de agro-combustibles, la mayor presencia de empresas transnacionales, la mercantilización de los bienes comunes y la precarización del trabajo.
La renovada dinámica de organización, lucha y vigor constituyente de los movimientos sociales, populares y, en general, de los sectores subalternos víctimas del conflicto social/armado ha atizado dicha discusión. Allí radica la demostración de una fecunda tradición de protesta y resistencia pero también de una vocación de poder cristalizada mediante la politización, la movilización, la apropiación de agendas y la formulación de propuestas de paz, de soberanía y autonomía comunitaria, de producción alternativa y popular del territorio y la territorialidad, de defensa, exigibilidad y justiciabilidad de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y territoriales que, en conjunto, expresan legítimas aspiraciones de mujeres, campesinos, estudiantes, trabajadores, indígenas, afro-descendientes y gentes del común, no resueltas ni tramitadas adecuadamente a través del ordenamiento constitucional vigente.
Es precisamente en ese complejo escenario donde ILSA adelantará su labor contribuyendo con un entendimiento amplio de las rutas para consolidar la alternativa de la solución política y apoyando procesos de construcción de paz a partir de una perspectiva de derechos humanos y enfoques interculturales/intersectoriales, de género/generación y de diversidad local/regional.
La corrupción se ha posicionado como asunto central del debate político-jurídico en el marco del proceso electoral presidencial del 2018, centralidad que se refleja, por ejemplo, en las campañas que aluden a la “mermelada”, al costo de la corrupción o al escándalo Odebrecht. También en la postulación de candidaturas por firmas para distanciarse de partidos políticos envueltos en casos de corrupción y en la propuesta de consultas populares, lo anterior, para solo citar los casos, temas o propuestas que más se han difundido en medios y redes sociales.
Si bien se considera la corrupción y la lucha contra esta un asunto importante de la actualidad política y social del país, sostengo que este no es el drama nacional, ni la gran prioridad tras finalizar el conflicto armado, mucho menos, el tema sobre el que debe concentrarse y definirse el debate político-jurídico de cara a las elecciones presidenciales del 2018. Contrariando a quienes plantean ello, creo que la injusticia social es el tema que debería tener mayor relevancia en las campañas presidenciales, que el énfasis en la corrupción sirve para ocultar y perpetuar la desigualdad y que es falso (o al menos discutible) indicar que la desigualdad social es consecuencia de la alta corrupción.
El más reciente informe sobre desarrollo humano publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que Colombia es el octavo país más desigual por coeficiente de Gini de ingreso entre 188 países, con un Gini de 53,5, superado solo por Lesotho (54,2), Zambia (55,6), República Centroafricana (56,2), Botswana (60,5), Haití (60,8), Namibia (61,0) y Sudáfrica (63,4). Con relación al Índice de Desarrollo Humano, Colombia se encuentra en el puesto 95, muy por debajo de 11 países de la región: Chile (38), Argentina (45), Uruguay (54), Panamá (60), Costa Rica (66), Cuba (68), Venezuela (71), México (77), Brasil (79), Perú (87) y Ecuador (89).
Ahora bien, recientemente se difundió el informe Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, realizado por Transparency International. En este, el 30 % de los colombianos encuestados por la organización afirma haber pagado un soborno para acceder a un servicio básico, cifra inferior a la que se presenta en 7 de los 20 países de la región abarcados en el estudio, presentándose el mayor porcentaje en México (51 %). Los colombianos consultados también afirman que aumentaron las situaciones en las que debieron pagar sobornos en los últimos 12 meses. Las cifras del estudio sirven como elemento aproximativo a la corrupción en el país, pero debe aclararse que el trabajo enfatiza en el espacio público, mas no indaga por el sector privado (de 9 instituciones o grupos sociales por los que se pregunta su grado de corrupción, solo 2, ejecutivos de empresas e iglesias, son del sector privado).
Si se cruzan las cifras del Índice de Desarrollo Humano y del coeficiente de Gini del PNUD con los resultados del informe de Transparency International, se observa cómo la mayoría de los países donde se pagan más sobornos en la región (México, Panamá, Perú y Venezuela) no coinciden necesariamente con los países que presentan altos índices de desigualdad o bajo desarrollo humano. Lo que permite sostener que es equivocado indicar que la desigualdad social es consecuencia de la alta corrupción y, por el contrario, se puede afirmar que concentrarse en la corrupción es una forma de ocultar la desigualdad y la injusticia social existentes.
Esta última tesis fue sostenida por Henrique Napoleão Alves, en un texto publicado en la revista Direito, Estado e Sociedade. En su artículo, el doctor Alves, siguiendo a Jessé Souza, sostiene cómo en Brasil, “el énfasis en la corrupción estatal como el mayor de nuestros males sociales cumple una función central en la perpetuación de las desigualdades”. Este énfasis en la corrupción estatal se enmarca, señala, en una lectura del Estado como ineficiente y corrupto mientras que el mercado (el sector privado) es visto como eficiente y técnico. Así, por una parte, se concentra la discusión y las medidas por implementar sobre el corrupto (público, estatal) y se desvía la atención sobre el corruptor (privado, empresarial), y, de otra parte, se encubren conflictos sociales reales y se anestesia o se cambia el foco de indignación de los sectores subalternos.
Lo expuesto permite concluir que los planes, políticas, programas, proyectos normativos y diseños institucionales que se propongan en el debate político-jurídico de la elección presidencial deberán tener un fuerte énfasis en la superación de la desigualdad social y en el cumplimiento de los postulados constitucionales sobre justicia social. Herramientas para ello pueden encontrarse en los contenidos del Acuerdo de La Habana, que se orientan a la garantía efectiva de los derechos económicos y sociales de los habitantes del campo.
En el contexto de las luchas entre el rey y el parlamento, se ubica el surgimiento moderno de la expresión “la voz del pueblo es expresión de la de Dios”. La misma correspondía a la que por aquellos momentos era la inevitable legitimación divina del poder, de forma tal que frente a la sustentación divina del monarca, se oponía ahora el enarbolar la idea de representación popular, pero en cuanto mandato divino. La inversión del sujeto soberano, pero en ambos casos por voluntad divina. Obviamente, en ambas situaciones, la idea del soberano se ve anulada en cuanto acepta que por encima de él estaría un ente superior, Dios, el cual tiende a considerarse omnisciente, omnipresente y todo poderoso, entre otros.Como parte del anterior contexto y de muchos otros que ayudaron a construir la idea de la soberanía popular se lograría aquilatar la reivindicación de lo que sería una organización política democrática, ello a pesar de que, por siglos, al menos en Occidente, la forma de gobierno de este tipo siempre fue considerada entre las peores posibles. Obviamente, la idea de soberanía popular en cuanto fundamento de la democracia se acomodó paulatinamente vía inicialmente democracias censitarias, que luego se universalizaron al menos bajo la idea de la ciudadanía ligada con la edad, al margen, entonces, del género, la religión, la raza, la riqueza, etc.
Con todo, esta soberanía fue aceptada fundamentalmente en cuanto una gran ficción jurídica que fundamenta la legitimidad de origen del orden jurídico y del mismo Estado, pero que, en la práctica, no permite expresiones más allá de la participación periódica en elecciones, ciertos arreglos de democracia directa como la revocatoria del mandato, iniciativas legislativas o de referéndum, en el mejor de los casos. Por tanto, son funcionarios políticos y burocráticos los que terminan tomando decisiones a nombre del soberano, aún sin contar con el aval mayoritario del mismo en buena parte de los casos. Esta paradoja de un soberano popular o nacional que no ejerce la soberanía está detrás de la crisis actual de las democracias.
Ahora bien, sea como ficción o como realidad siempre precaria, la idea de soberanía transmite la connotación de que debe existir un poder supremo (que no admite órdenes de nadie por encima de él), originario (que se autocrea) y autodeterminado (capaz de producir regulaciones para sí y por sí mismo al margen de otros poderes internos o externos). Visto de esta manera, la voz del pueblo no solo es la voz de Dios, sino que la soberanía misma es la traslación de la idea de Dios, pero pasada al abstracto pueblo. En efecto, así como Dios no admite a nadie por encima de él, se autogenera y autorregula (esto de alguna forma), la idea del pueblo soberano transmite lo mismo.
Con base en lo anterior y en el actual auge populista que recorre al orbe, para muchos la democracia es lo que quiere el pueblo, especialmente a través de líderes que directamente lo interpretan y/ o encarnan y, por tanto, el mayoritarismo y la voluntad cambiante de quien sabe leer la voluntad popular serían, pues, la máxima expresión de una política democrática. Todo esto se resume en la frase manida, pero impertinente de que la democracia es la voz del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Sin embargo, las enseñanzas sobre los abusos de la mayoría, que fungen de dioses sin serlo, entre otros por que bajo la idea de pueblo se esconden muchos pueblos, múltiples sentidos de lo público, importante cantidad de intereses corporativos, a diferencia de Dios que aparentemente es solo uno, nos dicen que la democracia tiene que ver con una soberanía popular limitada. Esto quiere decir que tanto el soberano en los pocos casos que puede actuar directamente como en aquellos que actúa a través de sus mandatarios, debe aceptar límites de forma a la hora de tomar decisiones (deliberación, debido proceso, etc.) y, de fondo, expresados en derechos humanos, prohibiciones internacionales, etc. Es lo que conocemos como democracia constitucional la que busca entre otros, ciertos equilibrios de poder en la medida en que este en realidad está difuminado social y no es algo detentado per se por los Estados.
En suma, hoy, esto que es claro para el mundo del Derecho, en la vida política se hace más complicado en la medida misma que algunos de estos actores pugnan a favor de una idea teológica de soberanía donde a nombre de un pueblo todo poderoso, sus líderes asumen que no hay límites para la numerosa cantidad de intereses endilgables como populares. El problema es que muchos dentro del pueblo así lo creen, como punto claro está de creencia, a la manera de cualquier fe teológica indiscutible. Esto, obviamente, no puede ser el fundamento de ninguna democracia.
El pasado 2 de octubre, los colombianos acudieron a las urnas para lo que fue, en palabras de la Corte Constitucional (Sentencia C-379 del 2016), un asunto de la mayor importancia en la historia de la democracia constitucional en el país: la refrendación popular del Acuerdo Final. Los resultados, ya conocidos, son el 50,21 % de los votos por el No y el 49,78 % por el Sí. Ahora bien, la participación en la jornada fue de apenas el 37,43 %, 13.066.047 de 34.899.945 aptos para votar; esto significa que el 62,57 % de las personas habilitadas no acudió a las urnas. Aunque el porcentaje de gente que no sufragó es elevado, no debe perderse de vista que los procesos electorales han estado marcados por una baja participación; prueba de ello son las últimas elecciones nacionales en las cuales el número de votantes no llegó al 50 % del censo electoral.
Se ha especulado sobre el porqué de la poca participación. Se dice, por ejemplo, que hay un “abstencionismo estructural”; se afirma, también, que quienes no votan son ciudadanos silenciosos, apáticos, indiferentes o que están desconcertados, gente insensible con las víctimas; otros hablan de la desconfianza en las instituciones (que lleva a no votar) y de la falta de maquinaria política en el plebiscito. La Corte Constitucional ha señalado que se puede estar ante personas que se abstienen como una decisión política, consciente y deliberada, o frente a ciudadanos apáticos, desinteresados o desinformados.
Roberto Gargarella, en Crisis de representación y constituciones contramayoritarias, al igual que en Las virtudes de la democracia según Lujambio, expone cómo el modelo institucional vigente, la democracia representativa, tuvo como objetivo separar a los representantes de los representados, distanciando a la ciudadanía de la clase dirigente, esta última una minoría –the selected few, the rich and well-born–, por lo que se estableció un sistema contramayoritario. Esto llevó a desalentar la discusión colectiva y terminó por remplazar la democracia directa. Gargarella toma las bases del modelo constitucional de Estados Unidos y sus instituciones, e indica que, aun cuando con variaciones, en términos generales estas siguen presentes en la democracia actual, especialmente en América Latina, región marcada por tener democracias representativas y contramayoritarias.
Ahora bien, se puede argumentar, como lo hace la Corte Constitucional en la Sentencia C-379 del 2016, que la democracia colombiana no es una democracia representativa, sino participativa. Lo anterior, a partir del establecimiento en la Carta del 91 de la democracia participativa como un valor, un principio fundamental y un derecho-deber. Participación que, según el alto tribunal, se produce en dos sentidos: por la elección de sus representantes y por la participación activa en la toma de decisiones colectivas sobre asuntos de interés nacional mediante los mecanismos de participación ciudadana. Pese a la estipulación constitucional, la democracia participativa no se ha desarrollado ni desplegado en el país, por lo que lo único que ha operado es el sistema representativo elitista; para evidenciarlo, basta mirar cuántos de los mecanismos consagrados en el artículo 103 se han implementado en los 25 años de vigencia de la Carta.
Ante una democracia participativa no materializada, lo que se ha tenido en Colombia es una democracia representativa contramayoritaria, que ha implicado, entre otras cosas, un alto nivel de abstencionismo, una cultura política construida por los medios y por las redes sociales, la confianza de los ciudadanos en “gerentes” para administrar lo público, y un ejercicio de la política en el que los partidos no promueven la participación, no se preocupan por los no votantes y, por el contrario, aspiran a obtener la cantidad de sufragios requeridos para acceder a sus representaciones, invirtiendo poco dinero. Es un ejercicio de la política que se apoya en el ocultamiento y la tergiversación, en la competencia propia del sistema económico.
En el caso del plebiscito el diseño institucional contramayoritario jugó en contra de la élite política. En efecto, cuando les pidieron a los ciudadanos que opinaran sobre un tema de las dimensiones del fin de la guerra, estos respondieron con abstencionismo. Curiosamente, con el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” se busca ir más allá de esa democracia contramayoritaria impulsando la participación colectiva y la deliberación sobre asuntos públicos.
Quienes promovieron la votación por el No en el plebiscito usan su derecho a la participación democrática (y el triunfo del 2 de octubre) para negar este derecho a otros. Así, quieren impedir la participación a quienes han estado históricamente ausentes del poder, cerrando espacios e impidiendo la ampliación de la democracia, por ejemplo, limitando las consultas a comunidades, como lo propuso el Centro Democrático, o pidiendo que se eliminen las circunscripciones territoriales especiales de paz, con el fin de preservar la actual democracia restringida que les favorece.