#ComunicadoConjunto 📃 🗣 La paz no se construye con excepcionalidad ni militarización: rechazo al estado de conmoción interior
📣 Las Plataformas de DDHH rechazamos la Declaración de Estado de Conmoción Interior e instamos al Gobierno a implementar medidas ordinarias que transformen de manera real y sostenible los territorios y proteger y brindar garantías a las comunidades
*Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Texto enviado a OtherNews por el autor, el 21.02.23
Mucho se ha escrito sobre el desconcierto de la izquierda, sobre su parálisis ante el avance de la extrema derecha, sobre sus decisiones internas que sólo la debilitan, sobre dispararse en el pie destruyendo aliados y alianzas, en fin, sobre su falta de alternativa. No es momento de prolongadas reflexiones sobre cómo hemos llegado hasta aquí y cómo vamos a salir. Pero hay decisiones urgentes que tomar para demostrar al pueblo latinoamericano que las izquierdas siguen vivas y están del lado del pueblo martirizado por el costo de la vida y asfixiado por un sistema financiero depredador. Este momento ha llegado y es necesario tomar decisiones.
Marco Rubio ha iniciado una gira por los países latinoamericanos. Todos le conocemos. Es un dirigente de ascendencia cubana que ha hecho carrera en la política con un único objetivo: destruir la esperanza que Fidel Castro trajo al pueblo cubano. Tiene la misma idea de América Latina que la Doctrina Monroe en 1823: América Latina es un territorio bajo influencia estadounidense y en él no puede ocurrir nada que ponga en peligro los intereses de Estados Unidos en la región. En aquella época, el enemigo a mantener fuera de América Latina era Europa. Dos siglos después, el enemigo es China.
La retórica oficial de la visita es bien conocida. Marco Rubio viene a explicar a los gobiernos latinoamericanos que la política de Trump, aunque rimbombante, es respetuosa con los tratados y la diplomacia y que serán posibles vías de acomodo con beneficios mutuos siempre que se respeten ciertas reglas que, al fin y al cabo, serán las de siempre.
Pero la realidad es bien distinta. Rubio viene a América Latina con tres objetivos. En primer lugar, dividir a los países latinoamericanos, impidiendo posiciones comunes que fortalezcan las negociaciones como el Big Brother. Los aranceles a la importación serán el principal instrumento para fragmentar América Latina. Sólo la división de los países permitirá la diplomacia entre desiguales que él propone.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado paradigmáticamente que está dispuesto a discutir «tu a tu» con EEUU, es decir, entre iguales. Es un noble deseo, pero será difícil que los países latinoamericanos lo consigan por sí solos, aunque todos lo deseen.
El segundo objetivo es neutralizar la influencia de China en el continente. Este es el objetivo más difícil porque EEUU no tiene nada que ofrecer que se compare con lo que China ha «ofrecido» para consolidar sus designios como imperio ascendente.
En tercer lugar, Rubio está iniciando el proceso de neutralización (y eventual destrucción) de los BRICS+, especialmente en términos financieros, ya que cualquier moneda alternativa al dólar (en el que los bancos centrales confían cada vez menos para sus reservas) precipitará el colapso económico de EEUU. En este tercer objetivo, Brasil es el gran blanco.
No hace falta mucho análisis geoestratégico para concluir que, cualesquiera que sean las diferencias entre las izquierdas, ninguno de estos objetivos conviene a las izquierdas porque a largo plazo significará un mayor deterioro del nivel de vida de unas poblaciones ya demasiado vulnerables. La historia nos enseña que cuando los países latinoamericanos ganaron capacidad de maniobra o relativa autonomía frente a EEUU, fue cuando consiguieron atender mejor las necesidades de las clases sociales más vulnerables. La primera década del siglo XXI lo está demostrando.
Por tanto, la izquierda tiene ahora la oportunidad de dejar de estar desconcertada y encontrar su «norte». Su norte es el enemigo de siempre, que ahora llega en la persona de Marco Rubio. Será el lobo entre el rebaño, o el lobo con piel de cordero. Elijan la fábula, pero la realidad no engaña.
Por eso, la izquierda debe dejar que su Gobierno reciba diplomáticamente a un gobernante de otro país, pero debe salir a la calle para gritar alto y claro que ni Trump ni Rubio son bienvenidos en el continente. Porque cualquier acuerdo que satisfaga a Rubio será perjudicial para el pueblo latinoamericano. Las calles deben volver a ser de izquierdas y esta es una soberana oportunidad para reconquistarlas. Es un objetivo minimalista, pero por eso se puede organizar a corto plazo, puede ser masivo y tener un impacto político a corto y medio plazo.
Hay que recordar que en países como Brasil, Chile, Colombia, Bolivia hay elecciones el año que viene y Ecuador, este año. Es crucial no dejar que Rubio se normalice con un político amigo que incluso habla nuestro idioma. Des-Rubializar América Latina debe ser la consigna más importante. Si la izquierda no da ahora una señal fuerte de que existe, difícilmente lo hará cuando la gente se disponga a ir a las urnas después de un año de rubialización.
Artículo enviado por el autor a Other News
*Sociólogo. Profesor catedrático jubilado de la Facultad de Economía de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.)
*Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Texto enviado a OtherNews por el autor, el 21.02.23
Nunca se había escrito tanto en tan poco tiempo sobre la toma de posesión del presidente de un país y su primera semana en el cargo. Este frenesí se venía rumoreando desde hace tiempo. El espectáculo mediático de la toma de posesión del presidente Donald Trump sólo tiene parangón con el de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París el 26 de julio de 2024. Por un lado, la dramática celebración de la imposición unilateral de reglas a la humanidad; por otro, la dramática celebración de reglas consensuadamente aceptadas por toda la humanidad. Este contraste resume el momento de transición en el que se encuentra el mundo. ¿Qué significa Trump en esta transición? La metáfora del «tigre de papel» para caracterizar a Estados Unidos procede de Mao Zedong. Es una metáfora compleja porque designa a la vez la debilidad y la fuerza (fuerza para disimular su debilidad). ¿Cuál es la fuerza y la debilidad de EEUU bajo Trump?
Como nos enseñó Immanuel Wallerstein, la economía-mundo moderna y el sistema interestatal de los últimos cinco siglos muestran múltiples signos de agotamiento. No es necesario estar completamente de acuerdo con los detalles de su análisis para darle crédito por señalar que algo profundamente perturbador está afectando fatalmente el funcionamiento de este conjunto sistémico (económico, social, político, cultural, epistémico) que llamamos modernidad eurocéntrica. Nadie sabe qué ocurrirá a continuación. Este sistema se ha caracterizado por la continua expansión del capitalismo y del colonialismo, impulsado por las siguientes creencias fundamentales: el crecimiento económico infinito, el progreso unilineal, la ciencia y la tecnología como racionalidades privilegiadas, la superioridad civilizatoria-racial-sexual de quienes tienen el poder de imponer unilateralmente su voluntad (lo que he llamado la línea abisal: la necesaria coexistencia de la humanidad con la infrahumanidad), el intercambio desigual entre países centrales y periféricos, la democracia política y el fascismo social como garantes del orden injusto con menos violencia, el creciente fortalecimiento del Estado como garante de la cohesión nacional. La tensión entre una economía cada vez más globalizada y un sistema de Estados basado en ideas tan integradoras como excluyentes (soberanía y ciudadanía) fue permanente. La paz y la guerra se convirtieron en hermanas gemelas.
Las rivalidades imperiales se sucedieron hasta que, a partir de 1870, comenzó a construirse el dominio imperial de EE.UU., dominio que culminaría en 1945 tras la más reciente y larga «guerra de los treinta años» (1914-1918, 1939-1945). EEUU fue el único país central cuyas infraestructuras salieron indemnes (e incluso reforzadas) de la guerra. Entre 1945 y 1970, Estados Unidos no sólo fue el país dominante, sino también el hegemón. Por supuesto, existía el bloque soviético, que apuntaba a la bipolaridad. Pero había una contención recíproca entre el bloque socialista y el bloque capitalista en el plano político (bien ilustrada por la crisis de los misiles de Cuba en 1962), mientras que en el plano de la economía mundial Estados Unidos dominaba sin rivales. Cuando en 1955-1961 los países del Tercer Mundo (recién independizados del colonialismo histórico o todavía colonias) intentaron transformar la bipolaridad en tripolaridad, fueron rápidamente neutralizados.
En aquel periodo, ser dominante tenía dos componentes: unilateralismo y hegemonía. El unilateralismo significa la capacidad de dictar las reglas del juego en las relaciones internacionales que mejor convengan al país dominante. Hegemonía significa la capacidad de hacerlo sin tener que recurrir a la fuerza, por mera presión política. El recurso a la guerra (fría o caliente, regular o híbrida) siempre estaba disponible y la superioridad del poder militar era un poderoso elemento disuasorio. De hecho, la metáfora de la guerra global siempre estuvo a la orden del día, pero como forma de reafirmar la hegemonía, y fue evolucionando con el tiempo: guerra contra el comunismo, guerra contra las drogas ilegales, guerra contra el terrorismo, guerra contra la corrupción.
A partir de los años setenta, todo empezó a cambiar y la hegemonía estadounidense dejó de apoyar su unilateralismo. Surgió la rivalidad económica entre Europa Occidental (con su acercamiento a la Unión Soviética) y Japón, aunque siguieron siendo aliados políticos de EEUU, la primera crisis del petróleo en 1973, la derrota en Vietnam ese mismo año, la humillación del Irán de Jomeini en 1980. Es cierto que Japón se estancó a partir de los años noventa, pero mientras tanto, el «peligro amarillo» se renovó de una forma sin precedentes con el ascenso de China. Desde entonces, el unilateralismo estadounidense ha dejado de sustentarse en la hegemonía y, sin ella, el uso de la fuerza militar se ha convertido en el primer recurso político. La implicación militar en Oriente Medio y Ucrania son ejemplos de ello. El apoyo militar a Ucrania nunca tuvo como objetivo hacer posible su victoria, sino debilitar a Europa (para ser un aliado político tenía que dejar de ser un rival económico) y a Rusia, como aliado más importante de China. La alta tecnología de comunicaciones y de información y la industria del entretenimiento eran los dos últimos recursos para recuperar la hegemonía, pero el peligro amarillo ya se había apoderado también de ellos. Sin exclusividad no hay hegemonía, y el unilateralismo sin hegemonía sólo tiene un recurso a su disposición: la guerra. Pero en este caso, la guerra tendrá por primera vez territorio estadounidense como escenario bélico.
¿Un tigre de papel?
¿Cuál es el papel de Trump en todo esto? Su discurso de investidura pretendió transmitir el mensaje de que el unilateralismo ya no se basa en la hegemonía, sino en el excepcionalismo. Contiene todos los componentes del mito estadounidense: destino manifiesto, espíritu fronterizo (farwest, wilderness), conquista territorial, terra nullius (tierra de nadie, es decir, «nuestra»). A este mito añade un nuevo elemento: la dominación ha tenido un coste, el desarrollo de los últimos cien años ha sido la «carga del hombre blanco» estadounidense y, por tanto, el mundo le debe una reparación. Es la afirmación dramática de un unilateralismo defensivo, la confirmación de la decadencia disfrazada de retorno a la Edad de Oro. Los que se opongan a ella deben prepararse para el apocalipsis. El discurso es un tratado de política simbólica, pero la arrogancia política era tan hiperbólica que tuvo que traducirse en una avalancha inmediata de medidas ejecutivas. El frenesí de las palabras exigía conmoción y pavor (shock and awe, el nombre de la invasión militar de Irak en 2003) a nivel ejecutivo. Si hay un tigre de papel, la fuerza del disfraz de debilidad dominó en el primer momento. ¿Qué significará a nivel nacional e internacional?
A nivel nacional
En el ámbito nacional, se está aplicando radicalmente el principio de terra nullius institucional. El Estado estadounidense es ahora una Gaza institucional en potencia. La limpieza institucional es un reflejo de la limpieza étnica. Pero la similitud termina ahí, ya que la institucionalización estadounidense es menos débil en relación con Trump de lo que lo son los palestinos en relación con Israel. Va a ser un periodo largo, destructivo y desestabilizador de medición de fuerzas antes de llegar a un posible alto el fuego. El Estado como factor de cohesión social, propio del sistema mundial moderno, se convertirá en el principal factor de fractura nacional. El peligro de esta lucha institucional es que siempre estará al borde del caos, al borde de la lucha extrainstitucional.
La estrategia de fractura es compleja porque se lleva a cabo en nombre de la verdadera cohesión, la cohesión étnico-racial. De ahí la rabia antiinmigrante. En otras palabras, el principio fundador de la cohesión nacional, la ciudadanía, se sustituye por el principio de comunidad. Se invierte el movimiento moderno de Gemeinschaft a Gesellschaft. Pero el fin de la ciudadanía y su sustitución por el neotribalismo comunitario formaban parte desde hacía tiempo de los planes del fin del laicismo y de la emergencia del esencialismo identitario. De las ruinas de la ciudadanía surgirán la pertenencia religiosa y el identitarismo excluyente.
Por tanto, la terra nullius trumpista no implica una ruptura total con el pasado reciente. El trumpismo comenzó antes de Trump y continuará después de él. Las semillas de lo que estaba por venir, tanto en lo que se refiere al fin del laicismo como a la emergencia del esencialismo identitario, llevaban tiempo floreciendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las escuelas y en las universidades. Si se quiere, es posible remontarse mucho más atrás. Se ha dicho con verdad que con la administración Trump, el capital, que siempre ha dominado la política estadounidense, ya no confía en los políticos y ha decidido tomar el poder directamente. Trece multimillonarios en el equipo de gobierno. Pero después de todo, ¿no ha estado el Congreso dominado por el capital durante mucho tiempo? ¿No pertenecen la mayoría de los senadores y representantes al 1%? Por otra parte, el liberalismo reformista que se tradujo en políticas sociales, en la creación de clases medias y en una mejora general del nivel de vida (el Estado del bienestar) hacía tiempo que había llegado a su fin y el Partido Demócrata había sido el instrumento de esta destrucción, especialmente desde los años noventa.
Aunque no constituya una ruptura, la acentuación dramática de ciertas tendencias promovidas por Trump será desestabilizadora; y no hay que olvidar las recientes encuestas que parecían indicar que la guerra civil era una posibilidad real para un porcentaje significativo de estadounidenses. Otra posibilidad es pensar que, después de todo, los partidarios de la guerra civil acaban de ganar electoralmente. Ahora exigirán que el Presidente convierta la contrarrevolución en sentido común, como él mismo dijo en su discurso de investidura. Si podrá hacerlo o no es una cuestión abierta. No se puede descartar que pronto se convierta en el chivo expiatorio. El declive de Estados Unidos es estructural y no puede detenerse con la retórica triunfalista de la demagogia.
Internacionalmente
Las dramáticas deportaciones tenían como objetivo señalar una convulsión total en el sistema interestatal. Sin embargo, no hay que subestimar las políticas reales que se aplicarán sin dramatismo. Cabe señalar, en primer lugar, que las políticas de proteccionismo, nacionalismo, imposición de aranceles, promoción de la (re)industrialización que ahora defiende Trump son las mismas políticas que los países periféricos y semiperiféricos del mundo trataron de seguir en los años setenta y ochenta y que por eso fueron severamente castigados por las instituciones multilaterales dominadas por Estados Unidos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos castigos provocaron mucho sufrimiento social, el aumento de la pobreza y el hambre, la desindustrialización, la violencia urbana, la aparición del crimen organizado y la dictadura. ¿No es hora ya de proponer reparaciones, por ejemplo, anulando la deuda externa de estos países, algunos de los cuales siguen ahogados por ella? ¿Y pueden todos los demás países seguir a partir de ahora el mismo tipo de políticas propuestas por Trump para Estados Unidos? ¿O se trata de una manifestación más del unilateralismo basado en el excepcionalismo estadounidense? Ya está claro que la libertad económica y de expresión que los magnates de Trump propagandizan en todas las cajas de resonancia de la ultraderecha del mundo es libertad para sus ideas y represión y censura para las ideas de quienes se les oponen.
El unilateralismo defensivo-agresivo de Trump pretende causar en el escenario internacional la misma destrucción institucional que está causando en el escenario doméstico. No sólo las instituciones vinculadas a la ONU están en el punto de mira, sino todas las alianzas entre países, tengan o no base regional. La preferencia por las relaciones bilaterales y el hecho de que los aranceles a la importación se determinen no por el tipo de producto, como hasta ahora, sino por el tipo de relaciones que el país productor mantiene con Estados Unidos tiene como objetivo destruir cualquier alianza interestatal que rivalice con Estados Unidos, ya sea la Unión Europea o los BRICS.
También en política internacional las rupturas suelen disfrazar continuidades. Después de todo, dado que el criterio arancelario es el que he mencionado anteriormente, ¿cuál es la diferencia real entre aranceles y sanciones económicas? ¿No empezó ya la destrucción de la Unión Europea con el Brexit y luego con la guerra de Ucrania? En este terreno de rupturas/continuidades, quizá el ejemplo más cruel sea lo que pueda ocurrir con el martirizado pueblo de Palestina. La limpieza étnica que comenzó en 1948 con la creación del Estado de Israel está a punto de convertirse en la política oficial de Estados Unidos sobre Palestina. A la limpieza étnica de Gaza seguirá la de Cisjordania. Sin el drama de la deportación de inmigrantes, la brutal limpieza étnica se anuncia como una benévola acción humanitaria, como pareció decir Donald Trump, refiriéndose a la desolación de los escombros producida por los incesantes bombardeos israelíes.
¿Y ahora?
Cuando la debilidad se disfraza de fuerza, puede conducir a resultados aún más catastróficos. El tigre de papel tiene fuerza para destruir, pero no para construir. Hoy en día no hay lugar para el unilateralismo, y menos aún para el de Estados Unidos. Los retos globales a los que se enfrenta la humanidad exigen multilateralismo, civismo y respeto mutuo. Las dos grandes víctimas del tigre de papel son la democracia y la ecología. Los multimillonarios que rodean a Trump saben que las políticas que quieren imponer no pueden imponerse democráticamente. Por ahora, han decidido ocupar la democracia y convertirla en un fascismo con rostro humano. Como fascismo con rostro humano es un oxímoron, si se ven obligados a elegir, sabemos de antemano cuál será su elección. Si tenemos en cuenta que el inminente colapso ecológico sólo puede evitarse mediante una nueva hegemonía global: una gran convergencia de esfuerzos construida democráticamente entre los seres humanos para que pueda llevarse a cabo democráticamente entre los seres humanos y los seres no humanos, es fácil ver que el unilateralismo carente de hegemonía de Trump es el atajo tomado por las élites del capitalismo global para legitimar el fascismo 3.0[1]. La novedad de este fascismo es que es global e impone a todos los humanos lo que los humanos han impuesto a la naturaleza desde el siglo XVI. Ante esto, es difícil imaginar que alguien piense que no es necesario o urgente luchar, resistir y atreverse a ganar.
[1]Me refiero al fascismo 3.0 porque caractericé el tipo de gobierno que Donald Trump proclamó en noviembre de 2020, en vísperas de perder las elecciones, como fascismo 2.0. El fascismo 2.0 se basaba en las siguientes premisas: no reconocer los resultados electorales desfavorables; convertir las mayorías en minorías; doble moral; nunca hablar ni gobernar para el país y siempre y sólo para su base social; la realidad no existe; el resentimiento es el recurso político más preciado; la política tradicional puede ser el mejor aliado sin saberlo; polarizar, siempre polarizar. El fascismo 3.0 extiende las premisas del fascismo 2.0 a escala global. https://www.brasildefato.com.br/2020/11/14/artigo-fascismo-2-0-como-usar-a-democracia-para-destruir
En agosto de 2023, el gobierno de Gustavo Petro, liderado por la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de reforma laboral con el objetivo de evitar la precarización y, así, mejorar las condiciones laborales en Colombia. La aprobación de esta reforma ha enfrentado numerosos obstáculos, especialmente por parte de una élite empresarial que considera que la reforma va en contra de sus intereses. No obstante, los acuerdos logrados por el gobierno en el Congreso permitieron que, el pasado 8 de octubre, se aprobaran 53 artículos del proyecto. Entre estos, se destaca la formalización del trabajo doméstico remunerado y el trabajo de las madres comunitarias y sustitutas. Es relevante señalar que, actualmente, estos trabajos están profundamente marcados por la precariedad laboral y carecen de una protección jurídica adecuada que resguarde sus derechos.
Aunque la formalización del trabajo doméstico remunerado y el trabajo de las madres comunitarias y sustitutas representa una deuda histórica que finalmente se está saldando, el proyecto de reforma laboral también contemplaba la inclusión de otro grupo de trabajadores que aún carecen de la garantía de sus derechos: los trabajadores y trabajadoras agrícolas asalariadas. La reforma laboral originalmente contenía tres artículos específicos para mejorar las condiciones de estos trabajadores; sin embargo, estos artículos fueron eliminados durante el proceso legislativo en el Congreso.
Los artículos eliminados, que buscaban proteger los derechos de los asalariados agrícolas, proponían la regulación del contrato laboral agropecuario (artículo 31), la formalización del trabajo a jornal (artículo 32) y la garantía de vivienda digna (artículo 33). En cuanto al contrato agropecuario, la reforma pretendía integrar al marco legal nacional los contratos de trabajo en sectores como la ganadería, agricultura, silvicultura, horticultura, acuicultura, apicultura, entre otros. Por otro lado, la formalización del trabajo a jornal tenía como objetivo asegurar un salario justo que cubriera las prestaciones sociales y beneficios legales, además de prohibir los salarios inferiores al mínimo legal vigente. Finalmente, la reforma también buscaba que el empleador garantizara una vivienda adecuada para los trabajadores agrícolas que residieran en el lugar de trabajo.
Un análisis detallado de los artículos eliminados revela que los argumentos de los opositores, que votaron a favor de su eliminación, son infundados. Algunos congresistas argumentaron que la aprobación de estos artículos desincentivaría la oferta laboral agrícola y aumentaría el desempleo rural, además de perjudicar la producción agrícola del país. No obstante, estos argumentos ocultan una defensa del modelo agrícola tradicional que ha basado el aumento de sus beneficios en la explotación de la clase trabajadora.
En Colombia, la explotación de la fuerza de trabajo ha sido uno de los factores que han permitido que el país se inserte y pueda competir en los mercados agroalimentarios globalizados. Debido a su desprotección jurídica, en muchos casos la remuneración del trabajo agrícola es inferior al salario mínimo legal y, además, este tipo de trabajo no cuenta con la protección social que gozan otros trabajos en el país; de ahí que gran parte del trabajo agrícola asalariado representa un empleo de estancamiento que reproduce la pobreza rural. Estas condiciones han ocasionado que algunos asalariados y asalariadas agrícolas busquen incorporarse constantemente a otros mercados de trabajo que les permitan obtener mayores ingresos económicos y un mejor nivel de vida. Así, desde hace varios años, un importante número de estos trabajadores y trabajadoras han preferido incorporarse a los mercados de trabajo no agrícola, migrando hacia los centros urbanos.
Más allá de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz y en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, superar las complicadas condiciones que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras agrícolas asalariadas sigue siendo un desafío para un Gobierno que aboga por la justicia social. No obstante, en un contexto político como el colombiano, marcado por la presencia y la protección de los intereses económicos de la clase dominante, esta tarea es muy difícil. Por ahora, muchas empresas agrícolas podrán seguir acumulando capital a costa de la explotación laboral porque sus piezas en el Congreso de la República hicieron lo suyo: han favorecido los intereses de los grandes capitales. Por su parte, los asalariados y las asalariadas agrícolas tendrán que seguir padeciendo la invisibilización y continuar buscando otras formas de ganarse la vida.
Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez
Freddy Ordóñez Gómez*
El jurista Carlos María Cárcova recuerda que el acceso a la justicia “ha estado presente en la agenda de las políticas de Estado, desde hace cuatro largas décadas”*, guarda relación con la exclusión económica y con la exclusión cultural, registrando “la pronunciada distancia que existe entre ciertas garantías de orden democrático y su efectiva realización práctica”*, esa falta de materialización significa que un gran número de individuos y colectivos, especialmente sujetos vulnerabilizados, no pueden acudir al amparo jurídico y a la justiciabilidad de sus derechos.
En Colombia, la administración y acceso a la justicia está en la agenda político-legal: el pasado 9 de octubre se aprobó la Ley 2430, que reforma la ley estatutaria de administración de justicia; por otra parte, se tramitan en el Congreso los proyectos de ley 281/24S, que busca modificar la legislación penal para garantizar una administración de justicia penal pronta y eficaz, y 183/24S sobre las competencias de la jurisdicción agraria y rural; así mismo, está en revisión de la Corte Constitucional la propuesta de ley estatutaria por medio de la cual se determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural.
Lo anterior debe leerse de la mano de las necesidades jurídicas de los colombianos, apreciables en la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana de 2022, la cual al tener un factor expansivo permite reportar que 4,5 millones de personas presentan por lo menos un problema legal. De la totalidad de cuestiones reportadas por los encuestados, las afectaciones, daños o perjuicios causados o derivados de delitos y la prestación de los servicios de salud, pensión o riesgos laborales, ocuparon los dos primeros lugares, con 47,4 % y 12,9 %, respectivamente. Frente a la totalidad de los asuntos reportados, el 46,9 % de los encuestados no hizo nada, mientras que el 37,8 % acudió a una institución o autoridad; pero de estos últimos, el 31,5 % afirmó que todavía no tiene respuesta y el 26,8 % expresó que la autoridad no actuó.
Un estudio reciente sobre Necesidades y Satisfacción con la Justicia en Colombia 2024 evidencia que el 55 % de las personas encuestadas de 16 municipios de 9 departamentos, ha experimentado un problema legal o más, presentando las víctimas de desplazamiento forzado mayores problemas legales que las personas no desplazadas; la población vulnerable es la que más padece problemas relacionados con acceso a servicios estatales; y quienes tienen un mayor nivel educativo son más conscientes de experimentar problemas legales que quienes poseen pocos estudios.
Así, la falta de solución judicial y las necesidades jurídicas insatisfechas reflejan una afectación a un derecho y la imposibilidad del pleno ejercicio de derechos que podrían ser garantizados mediante acciones judiciales efectivas, especialmente en grupos vulnerables.
A nivel de la región, desde el año 2021 la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Secretaría General Iberoamericana y el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia trabajan en un instrumento vinculante sobre acceso a la justicia, contándose ya con un borrador de convenio, el cual ha recibido comentarios, observaciones y sugerencias por parte de las organizaciones de la sociedad civil y está siendo socializado entre diversos actores por la COMJIB y por sectores interesados.
El proyecto cuenta con 55 artículos, parte de indicar que su objetivo es “garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, con la finalidad de salvaguardar el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, y a obtener soluciones a sus necesidades jurídicas a través de instituciones formales e informales, en conformidad con estándares de derechos humanos” (art. 1). Presenta como principios de la implementación del convenio la efectividad, la progresividad y no regresión, la integralidad, el enfoque de género, la interseccionalidad, la pluriculturalidad, la igualdad y no discriminación, la centralidad en las personas, y el enfoque de derechos humanos. Reconoce la necesidad de información y educación en derechos y en materia legal para poder acceder a la justicia, esto a partir de incorporar de forma única y novedosa el empoderamiento jurídico; y plantea que el uso del derecho por parte de las personas y comunidades es “un mecanismo democrático de transformación de sus realidades”.
La propuesta de Convenio Iberoamericano es muy importante, pues será el primer tratado sobre el derecho de acceso a la justicia centrado en los derechos humanos y las personas vulnerabilizadas y que incorpore el empoderamiento legal; además, una vez entre en vigor, orientará los marcos legales que sobre justicia se discutan en el país; y, al concentrar las obligaciones estatales asociadas a la respuesta de las necesidades jurídicas insatisfechas de la población, puede contribuir a reducir las brechas entre las garantías de orden democrático y su materialización.
Fuentes
*CÁRCOVA, Carlos María. Acceso a la justicia: exclusión y aculturación. En: Las teorías jurídicas post positivistas. Buenos Aires: 2009.
Biodiversidad, Crisis climática y Derechos Humanos…
Desde ILSA estuvimos apoyando y participando en el panel Biodiversidad, Crisis climática y Derechos Humanos convocado por la PCDHDD. Es relevante mencionar que este espacio trajo a la COP-16 las voces de las organizaciones territoriales que no pudieron participar por falta de garantías, pero además provocó una deliberada conversación entre participantes indígenas y campesinos que se sumaron a la preocupación de que se logren mayores compromisos en la zona azul para que se cumplan las metas propuestas y este deje de ser un espacio global para mercantilizar la naturaleza.
Moderamos panel sobre ecosistemas y transiciones justas…
El pasado 23 de octubre en la COP 16 estuvimos moderando el panel La relación simbiótica de los bosques de robles, los páramos, la ciénaga y la biodiversidad: un aporte a las transiciones justas y la justicia climática, donde algunas de las panelistas fueron mujeres jóvenes del Páramo de Pisba y el Lago de Tota que hacen parte de los procesos territoriales que ILSA acompaña. De igual forma, estuvimos en esta jornada con nuestra coparte The Primate’s World Relief and Development Fund, PWRDF, y nuestra organización aliada ComunicArte.
Nuestra directora ejecutiva asistió a varios eventos sobre mujeres rurales y ambientalistas…
Nuestra directora ejecutiva, María Eugenia Ramírez Brisneda, ha asistido a varios conversatorios, foros y mesas de mujeres, al igual que al Encuentro Internacional ECOOVIDA 2024, eventos centrados en los aportes de las mujeres rurales, las defensoras ambientales, el liderazgo de las mujeres en el cuidado de la naturaleza, la construcción de paz, la justicia ambiental y el cuidado de la vida; espacios donde se ha destacado el ecofeminismo y sus apuestas políticas, los riesgos del liderazgo de las mujeres y su participación en los diálogos de paz.
“Han sido encuentros variados y diversos en los que tuvimos la oportunidad de compartir las experiencias y el trabajo de ILSA”, indicó María Eugenia para nuestro equipo de comunicaciones.
También hizo presencia en el conversatorio Hacia las agendas de paz: abordando los conflictos ambientales en el Bajo Atrato, organizado por el CINEP/PPP y la plataforma Vamos Por La Paz, de la que ILSA es parte.
En el año 1992, durante la Cumbre para la Tierra o Cumbre de Rio, se crea el Convenio sobre la Diversidad Biológica con el fin de construir un instrumento internacional que conduzca a un futuro sostenible y de acceso democrático a los beneficios derivados de los recursos genéticos. Actualmente este convenio está ratificado por 196 países y fue adoptado por Colombia a través de la Ley 165 de 1994. El 29 de octubre de 2010 en vista de los múltiples desafíos en términos del acceso justo a los beneficios de la diversidad biológica, se adopta como acuerdo complementario el Protocolo de Nagoya para la transparencia jurídica a proveedores y usuarios de recursos genéticos. El protocolo prioriza aspectos como el intercambio de información, la participación activa de comunidades indígenas y comunidades rurales, el consentimiento fundamentado previo, la educación ambiental y el acceso a la justicia. Colombia a la fecha no ha ratificado el protocolo, sin embargo, durante la COP 15, que se realizó en diciembre de 2022 en Canadá, la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, declaró públicamente que Colombia ratificará el protocolo para el fortalecimiento de la gobernanza de comunidades locales.
Según la normatividad colombiana, los recursos genéticos son material de naturaleza biológica con información genética, divididos en grupos de utilidad real o utilidad potencial, determinados especialmente en la Ley 165 de 1994. Estos recursos genéticos son hallados en múltiples dimensiones de la biodiversidad como genes, especies, ecosistemas, poblaciones, entre otros, y son recursos naturales de la nación. Los recursos genéticos tienen finalidades distintas: por un lado, está la investigación; y, por otro lado, está la comercialización de productos. También existen diferentes actores alrededor de su uso como centros de investigación, universidades, gobiernos y empresas privadas. Para la normatividad y sus instituciones, dichos recursos representan bienes y servicios que sirven de diferentes maneras a los seres humanos: alimentación, salud/medicina natural, materia prima, y de maneras más tecnológicas como materias primas ultra procesadas y transformadas, dichas tecnologías traen consigo el cubrimiento de necesidades, hoy catalogadas como básicas, y novedades en los mercados internacionales.
Las mujeres en el acceso justo a los recursos genéticos
Aunque en muchos países de América Latina y el Caribe existe un avance en cuanto a leyes y políticas para avanzar en el reconocimiento social y político de los conocimientos tradicionales, la propiedad intelectual y estrategias para un futuro sostenible, son pocos los esfuerzos que se han dado en la practicidad del asunto. Es decir, en el avance de recursos para dichos programas o el desarrollo de metodologías con participación ciudadana. La excepción son Costa Rica y Panamá que evidencian avances más específicos y adelantados en materia social respecto al uso de la biodiversidad. Aun así, con el desarrollo en normativas regionales y locales para estos temas, no existe una articulación visible con instrumentos, herramientas o enfoques que permitan evidenciar en materia de género cuales son los avances o barreras que existen en el acceso justo a los recursos genéticos, y en esa medida nace la pregunta por ¿Dónde están las apuestas y planteamientos de las agendas de mujeres sobre el aprovechamiento de la biodiversidad y los recursos genéticos? ¿Están las mujeres participando en la toma de decisiones sobre la disposición de los recursos genéticos? En caso de que la participación sea activa, ¿Cuáles son las mujeres que están participando? Entendiendo que la mayoría de las mujeres que utilizan los recursos genéticos de la biodiversidad y los reivindican de múltiples maneras son mujeres indígenas, afro y campesinas, en ese sentido ¿La participación parte de mecanismos y enfoques diferenciales/interseccionales y de un análisis de la matriz de dominación?
Las mujeres son reconocidas como usuarias de la biodiversidad, especialmente las mujeres campesinas, indígenas y afro; sin embargo, son también poseedoras y sabedoras de conocimientos tradicionales de la naturaleza que construyen a partir de las experiencias comunitarias, y que terminan recogiendo estrategias para combatir el hambre y la pobreza. Las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, a pesar de no contar con tierras a título propio, vienen trasmitiendo sus conocimientos ancestrales en cuanto a gestión y conservación de la biodiversidad, desde sus cultivos diversificados y fundamentados en la agroecología y la agricultura orgánica (la mayoría en pequeñas parcelas) y la conservación de semillas y medicinas ancestrales. Lo que sabemos hoy de las agendas internacionales sobre acceso democrático a los recursos genéticos es que las mujeres que habitan la ruralidad y quienes son las principales sabedoras de la biodiversidad no están siendo reconocidas en las políticas públicas, ni en el nivel de investigación científica, ni en las acciones vinculadas a programas y estrategias para conservación y acceso democrático. Una de las problemáticas más grandes, y que no ha sido contemplada a profundidad en las herramientas e instrumentos internacionales que velan por la conservación de la biodiversidad, es que las personas, especialmente mujeres, defensoras/protectoras de diferentes ecosistemas no tienen acceso a tierra ni a fuentes financieras, lo que impide que desarrollen sus apuestas por la soberanía, la seguridad y la autonomía alimentaria, pero además por la conservación de la biodiversidad con el manejo adecuado de recursos genéticos y los saberes ancestrales de las comunidades, lo que amplía la discusión al asunto del derecho al acceso a la tierra de las comunidades rurales para poder conservarla.
Retos de la COP 16
La COP 16 que se adelanta en Colombia pone sobre la mesa diferentes temas y paneles en la franja verde, con la finalidad de dar paso a la participación de las comunidades y organizaciones sociales, entre estos paneles se encuentra el de los recursos genéticos y género, abriendo la posibilidad de dialogar sobre cuestiones como la perspectiva femenina de paz con la naturaleza, ecoturismo en parques nacionales, plan nacional de semillas, combustibles alternativos, diversidad genética, acción climática, derechos ambientales y sociales, entre otros. Las discusiones anteriormente planteadas en este articulo traen consigo múltiples restos en el abordaje y participación de las mujeres y sus comunidades en cuanto a la concepción, aprovechamiento y conservación de recursos genéticos, la principal pregunta que nos atañe es ¿Cuáles serán las estrategias de articulación entre instrumentos internacionales, Estados y comunidades organizadas para el avance en asuntos de acceso justo y respetuoso a recursos genéticos que contengan perspectivas territoriales y de género?
El reto también converge en tres puntos que expone el Protocolo de Nagoya y que denomina fundamental para el papel que desempeñan las mujeres en el ejercicio de conservación de la biodiversidad, “(i) preservación del conocimiento tradicional (Art. 12); (ii) aumento de las capacidades de las mujeres (Art. 22); y (iii) el acceso a recursos financieros (Art 25).” (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbelt (GIZ) GmbH, 2018). Esta última es de vital urgencia para las organizaciones de mujeres en Colombia, porque, aunque existen múltiples agendas y estrategias para la conservación, el problema principal radica en el acceso a recursos económicos y el acceso a tierras.
Para finalizar, parte fundamental de la discusión, y que muchas veces no es tenida en cuenta en las agendas internacionales para la sostenibilidad, tiene que ver con que las mujeres que están cercanas a los recursos genéticos derivados de la biodiversidad, diferente a las visiones de las instituciones y los Estados, muchas veces no perciben a la naturaleza como recursos que les sirven a la humanidad, o como bienes que brindan servicios a las personas, puesto que su relación con la biodiversidad se construye a partir de la reciprocidad y de manera relacional no dualista, su interés principal no surge de la conservación por la supervivencia de la vida humana, sino de la conservación por reconocimiento y respeto a la naturaleza como el centro de la vida en el planeta. Ya bien lo han dicho múltiples naciones y pueblos indígenas, lo han ratificado las críticas a la colonialidad y la potencia extractivista y neoextractivista, y resuena hoy en día a través de los feminismos del Sur global: si las agendas internacionales no le apuestan al cuidado como centro de la vida, (un cuidado que reconoce a la naturaleza y la biodiversidad como sujeto de derechos y no como recurso) no es posible pensarse un futuro sostenible.
