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Categoría: Opinión

  • Democracia en peligro

    Boaventura de Sousa Santos

    Traducción de Bryan Vargas Reyes

    Cada vez que la democracia entra en el imaginario popular como instrumento para luchar contra la injusticia social, se convierte en blanco de fuerzas antidemocráticas, una amplia gama de fuerzas nacionales e internacionales con diferentes matices políticos que van desde los nuevos movimientos fascistas y neonazis hasta los sectores capitalistas y las élites más retrógradas de los países. Esta es la conclusión que se puede extraer (una vez más) de los acontecimientos más recientes en América Latina. El 1 de septiembre, la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue víctima de un intento de asesinato por parte de un individuo neonazi. El día 4, el borrador de la nueva constitución de Chile fue rechazado por el 61,86% de los votos contra el 38,14% después de un campo dominado por la política del odio, las noticias falsas y una burda manipulación mediática por parte de las fuerzas que se oponían al nuevo texto constitucional.

     

    Estos dos acontecimientos ilustran dos de los cuatro instrumentos principales que las fuerzas antidemocráticas utilizarán en un futuro próximo para neutralizar el movimiento democrático que surge de las clases populares contra la injusticia y la discriminación social tanto en América Latina como en el resto del mundo. Los otros dos instrumentos son, por un lado, la neutralización político-judicial de los líderes políticos o de las medidas políticas a través de lo que se llama convencionalmente lawfare, guerra legal, y, por otro lado, el fraude electoral. Estos cuatro instrumentos merecen una atención detallada. Hay que entender que no son instrumentos separados por algún desacuerdo ideológico entre las fuerzas antidemocráticas. Cualquiera de estos instrumentos puede ser utilizado por las mismas fuerzas y la decisión de utilizarlos depende únicamente del cálculo de su eficacia. Por ejemplo, cuando la aspiración democrática de las clases populares se condensa en una figura política que por su trayectoria política o su fuerza carismática da a las fuerzas que le siguen una ventaja que no puede ser neutralizada por la manipulación de la opinión pública o por la persecución político-judicial, la liquidación física se convierte en el instrumento privilegiado, especialmente si el fraude electoral es difícil de realizar. Cuando, por el contrario, no se trata de personalidades políticas concretas, sino de medidas o políticas que, mediante legislación o referéndum, pueden poner en peligro los intereses o privilegios de clases o grupos poderosos, tanto a nivel nacional como internacional, los instrumentos preferidos son la neutralización político-judicial, la manipulación de la opinión pública o el fraude electoral. Por ello, las fuerzas democráticas deben estar preparadas para estos cuatro tipos de ataque. Para ello es bueno que conozcan un poco más en detalle su funcionamiento. En este texto me centraré en los dos instrumentos de mayor actualidad política en Estados Unidos: el asesinato de líderes y activistas políticos y la manipulación de la opinión pública.

    El asesinato de líderes políticos y activistas. Este instrumento es el más antiguo e incluso se puede decir que siempre existió. Su uso depende de muchos factores y parece oscilar según una lógica de olas. Además, cuando se instala una atmosfera de elevada polarización política y sobre todo de violencia política es posible que el asesinato sea utilizado tanto en contra políticos de izquierda como políticos de derecha. La verdad es que en tiempos recientes los políticos de izquierda han sido de lejos los blancos de la violencia política.

    Todo nos lleva a creer que estamos entrando en una nueva ola. Durante el siglo pasado, el asesinato se ha producido ya sea para impedir la profundización democrática (medidas que mejoran las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables o ponen en riesgo los intereses de las élites nacionales o de potencias extranjeras) o, más radicalmente, para allanar el camino a la dictadura. La mayoría de los asesinatos e intentos de asesinato nunca se ha aclarado completamente ni sobre quién mató ni, mucho menos, sobre quién mandó a matar. Durante las décadas de 1960 y 1970, varios políticos y sindicalistas africanos fueron asesinados o murieron en circunstancias misteriosas (accidentes, por ejemplo) que nunca se aclararon. En el momento de los hechos se consideraron actos aislados y sólo mucho más tarde se supo de la participación de los servicios secretos belgas, franceses y estadounidenses. En América Latina, es necesario recordar la Operación Cóndor, la campaña secreta promovida por Estados Unidos y dictadores de América Latina desde 1975 para asesinar a los políticos de izquierda. Algunas estimaciones indican 60.000 muertos, 30.000 de ellos en Argentina.

    En tiempos más recientes, los asesinatos, consumados o no, tienen tres características. En primer lugar, en tiempos de redes sociales y noticias falsas, el asesinato siempre está precedido por un discurso de odio promovido por las mismas fuerzas antidemocráticas con el objetivo de trivializar simbólicamente el acto de matar. En los últimos tiempos, la consigna “muerte a Cristina” ha sido frecuente en las manifestaciones de la derecha argentina. Es muy perturbador que en democracia se cree un ambiente de política abismal: o nosotros o el abismo. En estas condiciones, quien tenga temor del “candidato del abismo” puede ser tentado a matar para impedir que ese candidato llegue al poder.

    En segundo lugar, el uso del asesinato es más probable cuando la neutralización político-judicial no puede activarse a tiempo para evitar la manipulación electoral y mediática y el fraude electoral no garantiza la eficacia frente a la fuerte tradición de movilización popular en las calles, una tradición que, como sabemos, es muy fuerte en Argentina. Finalmente, el perpetrador es un ser despreciable con posibles vínculos extremistas, pero que fácilmente puede considerarse que ha actuado solo. Obviamente que en situaciones de polarización elevada el acto solitario es bien probable, pero debe advertirse que este tipo de agente ha sido utilizado en el pasado como estratagema elegida para desalentar la investigación sobre cualquier vínculo más amplio, nacional o internacional, con el crimen.

    El intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner ha provocado, por sus propias características, otro efecto todavía más insólito: el intento de dar crédito a la idea de que este hecho haya sido un show montado por los seguidores de la vicepresidenta para promover su capital político. Cuando se llega a este bajo nivel, lo que parece estar en causa es la despolitización y banalización total de la vida humana en cuanto recurso político. Si aceptamos esto, llegaríamos al grado cero de la democracia.

    La manipulación mediática de la opinión pública. No es este el lugar para evaluar los méritos y posibles defectos del proyecto de la Constitución de Chile. Para que no haya duda sobre mi opinión, estoy muy orgulloso de haber sido invitado como consultor de la Convención Constituyente para los temas de la plurinacionalidad y del pluralismo jurídico, dos temas muy importantes para los pueblos indígenas de Chile. También estoy consciente que el contexto político que llevó a la elección de la Convención Constituyente cambió significativamente en los tiempos posteriores como se ha visto en las últimas elecciones presidenciales. Debe añadirse que la calidad política del desempeño del presidente Gabriel Boric en los últimos meses no fue de lo mejor y no hay duda de que su presidencia estaba muy identificada con la nueva Constitución. Por último, debe considerarse que después de cuarenta años de una de la Constituciones más conservadoras del mundo (la Constitución en tiempos del dictador Pinochet) no sería fácil pasar a una de las Constituciones más progresistas del mundo. 

    Pero nada de esto está en discusión en este texto. Lo que discuto es el hecho de que el proceso electoral que condujo al rechazo a la nueva constitución de Chile es un ejemplo extremo de manipulación de la opinión pública para condicionar el sentido del voto. Él es ciertamente responsable por la pesada derrota del proyecto. Los instrumentos que se movilizaron para embriagar a la opinión pública con falsedades sobre el texto de la nueva Constitución fueron utilizados anteriormente en la campaña del Brexit en Inglaterra (2016), en la campaña contra el referéndum de los acuerdos de paz en Colombia (2016) y en las campañas electorales de Donald Trump en EEUU (2016 y 2020) y Jair Bolsonaro en Brasil (2018), en la campaña contra Evo Morales en Bolivia (2019) y en un intento de impedir que Pedro Castillo asuma la presidencia en Perú (2021). Pero fueron utilizados en Chile con tal virulencia que merecen la atención especial de los demócratas de todo el mundo y especialmente de los latinoamericanos. Las características principales son las siguientes.

    En primer lugar, se benefician del beneficio de las fuerzas conservadoras internacionales que, con algún aviso previo, enumeran las razones para rechazar al candidato o la medida política (por ejemplo, el acuerdo de paz o la nueva constitución). Crean un aura de respetabilidad a la posición que defienden. Por ejemplo, durante el último año The Economist ha recomendado encarecidamente el rechazo de la nueva Constitución.

    En segundo lugar, la manipulación de la opinión pública se basa en un bombardeo intenso y dirigido de mensajes falsos cuyo patrón tiene como objetivo inducir el miedo de la manera más efectiva que aumenta la inseguridad del votante y su familia. En Chile, un activista de derecha arrepentido denunció un enorme conjunto de redes de WhatsApp que diariamente se combinaban para hacer un trending (una tendencia en redes sociales) contra alguien o alguna medida. El contenido concreto de los mensajes falsos varía de un país a otro. Por ejemplo, en el caso de Chile, aquí hay algunos seleccionados de una inmensa cloaca de basura informativa: si votas sí, serás un ciudadano de segunda clase; el nombre de tu país cambiará y la bandera también cambiará; dividirá el país en varios; no habrá policía que te proteja de los inmigrantes y los indígenas que tomarán el poder; las mujeres podrán abortar horas antes de dar a luz; las mujeres no podrán ir al parque a dar un paseo porque tienen miedo de los inmigrantes que pueden violarlas; no se podrá comprar agua embotellada ni hielo; no habrá educación privada ni salud privada; no habrá propiedad privada en general; nos quitarán nuestras casas y nuestra tierra; prohibirán la religión; hay que votar no a la Constitución, pero todavía están tratando de hacer fraude electoral; van a llevar a venezolanos y haitianos a votar sí; si eso no es suficiente, harán que las personas muertas y desaparecidas voten; eso está pasando en el registro electoral.

    En tercer lugar, hay una organización internacional en red detrás de la desinformación masiva. En el caso de Chile, fue muy importante una vasta red de organizaciones, fundaciones, institutos, think tanks, que involucran a políticos, influencers y periodistas de derecha y extrema derecha, todos pertenecientes al Atlas Network ( Red Atlas). Una vasta organización financiada originalmente por los hermanos Koch en los Estados Unidos, industriales petroleros bien conocidos por su ideología de extrema derecha. Según su propia descripción, es una organización no gubernamental con sede en los Estados Unidos que proporciona capacitación, contactos, redes y fondos a grupos libertarios y de libre mercado en todo el mundo. Cuenta con 500 organizaciones asociadas en casi 100 países. Sus cuadros se forman en EEUU y la ideología es muy homogénea y corresponde enteramente a la de la escuela de Chicago a la cual el dictador Pinochet entregó la conducta económica del país en 1973 (el neoliberalismo extremo con el desmantelamiento del Social Estado, la privatización de las políticas públicas, la minimización fiscal, el libre mercado como regulador de las relaciones económicas y sociales). La Red Atlas es un intermediario entre quienes tienen dinero y quienes tienen el talento para difundir las ideas que defienden. Está bien presente en Brasil y sin duda será muy activo en el actual proceso electoral.

    Tanto los asesinatos de activistas y líderes políticos como la manipulación de la opinión pública requieren hoy en día un vasto ecosistema digital que convierte a los adversarios políticos en enemigos, torne a las víctima contra las víctimas como medio para ocultar a los verdaderos opresores, alimente el discurso del odio e incite los instintos de venganza y cree indiferencia ante la injusticia social. A la larga, convertirá a los ciudadanos en súbditos y destruirá la democracia.

  • La protección constitucional al campesinado

    Freddy Ordóñez Gómez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    El Gobierno nacional radicó el 17 de agosto en el Senado el proyecto de acto legislativo que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección, que establece el deber estatal con sus derechos individuales y colectivos, incluyendo los consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, que, según se indica en el proyecto, forma parte del bloque de constitucionalidad.

    Lo primero que debe ser señalado es que en el proceso de formulación de la Constitución de 1991 el campesinado estuvo ausente, ya que no tuvo representantes dentro de la Asamblea. Los delegatarios discutieron una iniciativa sobre Derechos Agrarios que terminó reducida a tres artículos en el texto final (64, 65 y 66), algo que equivocadamente ha sido denominado Constitución Agraria. La Carta Política no le garantizó protección especial ni una estipulación diferenciada de sus derechos a los campesinos, solo el artículo 64 de la Carta hace referencia al campesino*, pero este trata de limitar al sujeto al equipararlo con los trabajadores agrarios. De igual manera, en el apartado señalado no se contempla al campesino como sujeto de derechos, sino como beneficiario de ‘servicios’ cuya satisfacción promoverá el Estado.

    La falta de protección constitucional del sujeto campesino ha sido presentada dentro de la exposición de motivos del proyecto como un déficit de reconocimiento jurídico, lo que es interesante, pero limitado. A mi juicio, lo reseñado va más allá de una falla de reconocimiento o un déficit de ciudadanía y refleja, como señala Enrique Dussel, la exclusión y el ocultamiento de sujetos históricos, oprimidos, en la construcción del mito de la modernidad, al igual que del Estado nación y su derecho en nuestra América;  proceso en el que se presenta la negación de siete rostros que son la otra cara de la modernidad. Uno de estos rostros es el de los campesinos, quienes –afirma Dussel– han vivido arrinconados y explotados por terratenientes y latifundistas, y ante el avance ‘modernizador’ son expulsados hacia las ciudades para convertirse en obreros o marginales. En su gran mayoría, los marcos legales en Colombia se han orientado a una falsa empresarización y hacia su proletarización, es decir, hacia su conversión en otro sujeto, un sujeto no campesino, lo que en últimas es un desprendimiento de la exclusión del campesinado en el actual orden constitucional y, por ende, del proyecto social, nacional y estatal vigente en el país.

    La ausencia de los campesinos ha presentado algunos ajustes mediante los fallos que reconocen o protegen sus derechos, como bien señala la iniciativa de Acto Legislativo, algo que es importante y muy relevante, pero que tiene alcances limitados, en tanto están asociados a acciones legales, a interpretación de los operadores de justicia, al cumplimiento de órdenes, etc. por lo que debe necesariamente modificarse la Carta Política. El inciso que se propone agregar al artículo 64, que establece “El campesinado es sujeto de especial protección. El Estado velará en forma especial por la protección y garantía de sus derechos individuales y colectivos, incluidos aquellos reconocidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales”, es una fórmula que puede llegar a tener efectos sobre la actual exclusión, y en la que habría que incluir que el Estado también debe velar en forma especial por el respeto de estos derechos.

    La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018 y, como señalamos en otra parte, fue un paso de primer orden para la protección de los derechos existentes en el marco normativo internacional actual, pero también como forma de garantizar otros derechos que hoy no están consagrados en instrumentos internacionales, regionales y en la Constitución: la tierra y el territorio, la soberanía alimentaria, el acceso a los recursos naturales, las semillas, la protección contra los transgénicos, los sistemas de comercialización comunitarios, entre otros.

    El proyecto de acto legislativo estipula en la modificación propuesta al artículo 64, que la Declaración “hace parte del bloque de constitucionalidad”, lo cual, sumado a la ya mención a los derechos reconocidos en la Declaración, se presenta como un blindaje que no solamente beneficia al campesinado frente al proyecto de acto, sino que de ser aprobado permite que en el futuro otros instrumentos que estipulen derechos, sin tener la fuerza vinculante de tratados y convenios, puedan también ser incluidos dentro de esta figura a través de reforma constitucional. Así, esta modificación del bloque de constitucionalidad podría llevar a que el día de mañana, haciendo uso de esta figura, el Estado colombiano deba respetar, proteger y garantizar derechos de Otros de los excluidos y negados de la sociedad, el Estado y el derecho, como en esta ocasión se espera por fin ocurra con el campesinado.

    *Esto, claro está, sin considerar el artículo transitorio 57, que tenía una vigencia de 180 días.

    * Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM)

    Tomado de: https://revistaraya.com/freddy-ordonez-gomez/65-la-proteccion-constitucional-al-campesinado.html

  • Colonialidad jurídica y ordenamiento territorial

    Freddy Ordóñez Gómez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    Recientemente, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición presentó Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia, volumen étnico del Informe Final Hay futuro si hay verdad. En el documento donde se exponen tanto las violencias históricas como las padecidas por los pueblos étnicos y sus territorios en el marco del conflicto, se indica que “[e]n el proceso de independencia y creación de la República, el nuevo Estado reprodujo el modelo colonial y racial en su relación con los pueblos étnicos, al elaborar leyes y normas que no respondieron a sus necesidades particulares ni al reconocimiento de sus derechos ciudadanos, lo que ha facilitado el despojo de sus territorios” (pág. 27); y concluye además, que después de una reseña histórica de diferentes marcos legales, “es posible observar [que] el trato colonial y el racismo estructural se expresan en la normatividad colombiana desde el periodo colonial hasta la actualidad” (pág. 35).

    Lo hallado por la CEV puede ser incluido dentro del concepto de colonialidad jurídica que se apoya en planteamientos como los de Aníbal Quijano, quien afirma que: “extinguido el colonialismo como sistema político formal, el poder social está aún constituido sobre criterios originados en la relación colonial”, idea que apunta a mostrar como se ha utilizado el derecho como un componente específico y central del poder y la dominación.

    En el informe, la Comisión hizo referencia a una de las expresiones del trato colonial y el racismo estructural: la falta de legislación orgánica de ordenamiento territorial para la conformación y delimitación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), después de la promulgación de la Constitución de 1991 y que incumple lo establecido en el artículo 329 , de la misma.

    Una de las formas de corroborar esta tesis, es a través de un contraste entre el marco regulatorio de la ETI y el de las demás entidades territoriales, estipulado en el artículo 286 de la Constitución.

    Respecto de la regulación de las Entidades Territoriales Indígenas, en 2011 se expidió la Ley 1454 de ordenamiento territorial que debía incluir disposiciones para su conformación, delimitación, competencia, administración y otros aspectos que fueron excluidos del trámite del proyecto legislativo sin que se diera una explicación suficiente, justificada y objetiva. Dicha Ley sólo establecía que en los diez meses siguientes a su entrada en vigor el Gobierno Nacional debía presentar un proyecto para reglamentar las ETI, lo cual tampoco pasó. Vacío y omisión que, por un lado, establecía una desigualdad negativa para las ETI y por otro, un incumplimiento del legislativo de un deber impuesto por el constituyente.

    Tanto es así, que la Corte Constitucional en la Sentencia C-489 del año 2012 exhortó al Gobierno y al Congreso para que expidieran un proyecto de ley especial que reglamentara lo relativo a la conformación de estas entidades. Sugerencia que no se acató.

    Mientras tanto, el marco regulatorio de las demás entidades territoriales es considerablemente más robusto. En la Constitución del 91, el Artículo 328 hace referencia al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Sin embargo, en años posteriores la organización y constitución de Distritos de distinta índole ha sido significativa. En 1993 se organizó como Distrito a la ciudad de Barranquilla; en 2007, mediante el Acto Legislativo 2, a Buenaventura, Tumaco, Popayán, Tunja, Turbo y Cúcuta; aunque en 2009, a través de la sentencia C-033 de la Corte Constitucional, se declaró la inexequibilidad de varios artículos de este acto legislativo y se dejó sólo a la organización de la ciudad de Buenaventura como distrito.

    En 2015, la Ley 1766 le otorgó a Riohacha la categoría de Distrito. Dos años después, en el 2017, La Ley 1875 hizo lo mismo con el municipio de Santa Cruz de Mompox (Bolívar). Al año siguiente, en 2018, la Ley 1883 otorgó nuevamente la categoría al municipio a Turbo (Antioquia), y el Acto Legislativo 02 de 2018 volvió a organizar a Tumaco como distrito. En 2019, la Ley 1933 le concedió dicha categoría a Santiago de Cali, y el Artículo 2 del Acto Legislativo 1, hizo lo propio con Barrancabermeja, Santander. En 2020 se modificó el artículo 325 de la Constitución para crear la Región Metropolitana Bogotá, Cundinamarca como entidad administrativa de asociatividad regional de régimen especial, como parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Distrital y en 2021 el Artículo 2 del Acto Legislativo 1, dispuso la organización de Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

    Adicionalmente, en 2013 ya se había promulgado la Ley 1617, mediante la que se expidió el Régimen para los Distritos Especiales; en 2019, la Ley 1962, que dicta las normas orgánicas para el fortalecimiento de la región administrativa de planificación, establece las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial y dicta otras disposiciones, en desarrollo de los artículos 306 y 307 de la C. P.”; y en 2022, la Ley 2200 que dicta las normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos.

    Lo expuesto evidencia el interés que ha existido en el Gobierno y en el Congreso por desarrollar los instrumentos normativos especiales para las entidades territoriales; también la inclinación por el despliegue y organización de las que están creadas en la Carta Política; así como por dar el carácter y convertir en entidad territorial a figuras de planificación, organización y ejecución, todo esto enmarcado “en una visión del desarrollo hacia la descentralización y la autonomía territorial, con el fin de fortalecer; el desarrollo nacional” (art. 2° Ley 1962 de 2019), pero que excluye o niega a las Entidades Territoriales Indígenas, e incumple un mandato Superior y viola los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución.

    Ahora bien, la no legislación en materia de entidades territoriales indígenas se debe entender no solamente como una omisión de las autoridades o una violación de derechos, sino como parte del racismo jurídico y epistemológico presente en el discurso jurídico moderno, como parte de la colonialidad jurídica, destacándose en el tema bajo análisis cómo las aspiraciones políticas hegemónicas en cuanto a la organización territorial han disuelto el proyecto constitucional original pluriétnico y multicultural, esto porque el impulso constituyente y lo incorporado en la Carta Política han quedado sumidos en la inercia del poder constituido.

    Por lo tanto, se espera que el actual mandatario -que se comprometió a cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y que incluyó en su programa de gobierno el compromiso de poner en marcha las Entidades Territoriales Indígenas- no solo garantice el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, sino que también avance en la ruptura de la colonialidad jurídica instalada en la sociedad, el Estado y el Derecho.

    *Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM).

  • El nuevo gobierno y las expectativas de protección de los derechos humanos

    El nuevo gobierno y las expectativas de protección de los derechos humanos

    Consuelo Quattrocchi

    Las últimas elecciones presidenciales vieron la victoria de Gustavo Petro Urrego, economista, Senador, exalcalde de Bogotá y excombatiente del grupo guerrillero M-19, quien ejercerá su mandato en el período 2022 – 2026. Su triunfo acompañado de la vicepresidencia de Francia Márquez Mina, abogada, activista, feminista y afrodescendiente, que en 2018 ganó el prestigioso premio Goldman de medio ambiente, fue especialmente deseada por los colombianos que la recibieron con numerosas manifestaciones, en calles y plazas, de júbilo y alegría, algo inédito en una elección presidencial en el país. Las expectativas son muy altas y contienen toda la esperanza de una Colombia que confía en el cambio. Muchos de los temas a revisar conciernen precisamente al sector de la protección de los derechos humanos. A continuación, se plantean algunos.

    En materia de justicia, hay al menos tres temas de primer orden en los cuales trabajar.

    Desde el punto de vista socioeconómico, será importante retomar el tema de la tributación de las bebidas azucaradas y el de la equidad alimentaria para garantizar estándares de calidad de vida y salud que respeten la dignidad humana.

    En cuanto al sector tributario, es primordial que los recursos públicos estén regulados por políticas de transparencia y sostenibilidad.

    Finalmente, es fundamental que la justicia transicional asegure que quienes cometen delitos sean llevados ante los tribunales y que se protejan los derechos de las víctimas. Esto es clave en un proceso de construcción de paz y justicia en el que será necesario garantizar la convivencia pacífica dentro del territorio mediante la implementación de políticas dirigidas a escuchar a las comunidades locales.

    Será importante dar seguimiento a la reforma rural integral y aplicar las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales que llama a los estados a “respetar, proteger y satisfacer los derechos de los campesinos y otros trabajadores en las zonas rurales [e] intervenir a nivel legislativo, administrativo y otros ámbitos con el fin de lograr progresivamente la plena realización de derechos contenidos en la Declaración que usted no se puede garantizar de inmediato”. Los pueblos indígenas y las comunidades locales que trabajan la tierra también entran en esta categoría. Estrechamente relacionado con este tema está la gestión, protección y sostenibilidad del medio ambiente, que es objeto de numerosos acuerdos internacionales. La mencionada declaración, por ejemplo, establece en el artículo 5:

    1)  Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienenderecho a acceder a los recursos naturales presentes en su comunidad que seannecesarios para gozar de condiciones de vida adecuadas, y a utilizarlos de manera sostenible, de conformidad con el artículo 28 de la presente Declaración. También tienen derecho a participar en la gestión de esos recursos.

    2) Los Estados adoptarán medidas para que toda explotación que afecte a losrecursos naturales que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonasrurales mantengan o utilicen tradicionalmente solo sea autorizada si, como mínimo:

    a) Se ha realizado una evaluación del impacto social y ambiental;

    b) Se han celebrado consultas de buena fe de conformidad con el artículo 2,párrafo 3, de la presente Declaración;

    c) Se han establecido las modalidades para repartir de manera justa y equitativalos beneficios de la explotación de común acuerdo entre quienes explotan los recursosnaturales y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

    Además, en septiembre de 2021 se identificó la ambiciosa agenda sobre medio ambiente, cambio climático, resiliencia y biodiversidad como una de las cinco prioridades en el memorando de entendimiento acordado con la Unión Europea.

    Evidentemente, la protección de la mujer no puede quedar excluida de la protección de los derechos humanos. La tutela y protección de la mujer es un tema muy complejo y delicado ya que en él conviven diferentes problemáticas. De hecho, incluye la cuestión de la igualdad de género a la que se vincula el problema de la representación igualitaria en los puestos y roles definitivos clave. Luego está el grave e importante problema ligado al tema de la violencia intrafamiliar, una plaga que azota a todo el mundo, pero en particular a Colombia. A pesar de algunas intervenciones importantes como la creación de las Casas de Justicia, es primordial fortalecer estas intervenciones también experimentando con nuevos modelos extrajudiciales importados de algunos contextos legales europeos como el austriaco.

    Habrá que abordar también la cuestión relativa al problema de las drogas ilícitas. La política debe apoyar la jurisprudencia creada sobre el tema por la Corte Constitucional, dirigiéndose a la contención de daños y a la promoción de la sustitución, en lugar de a la erradicación de cultivos ilícitos por aspersión aérea o manual de glifosato. La Corte Constitucional con una decisión histórica en efecto ha precisado que: “se desconoció el derecho a la participación de las comunidades campesinas residentes en los municipios donde eventualmente se implementará el programa” y ordenó a la Policía y al Ministerio del Interior “abrir un juicio de consulta previa con las comunidades étnicas”.

    Se tendrá que dar seguimiento y vigilancia a lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz sobre la defensa de la seguridad de la vida humana, especialmente en lo que se refiere a los líderes y lideresas sociales, quienes han padecido el recrudecimiento de la violencia. Se recordará, por ejemplo, el asesinato que conmocionó a la opinión pública colombiana hace unos meses de Breiner David Cucuñame, un activista ambiental de 14 años perteneciente a la comunidad indígena Nasa. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2021, “documentó homicidios y ataques de defensores en 28 de los 32 departamentos del país”. Por su parte, el informe de Global Witness del pasado mes de septiembre, según el cual las víctimas más frecuentes de los enfrentamientos entre movimientos armados y civiles son principalmente líderes sociales y medioambientales. Los datos reportados en el informe aclaran que en 2020 Colombia fue el país con mayor número de asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente, muchas veces víctimas también de delitos como desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y amenazas. Los activistas son en su mayoría exponentes de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, quienes siempre se han comprometido a proteger los territorios que habitan de las incursiones de grupos armados de diversa procedencia. Obviamente, esto tiende a hacer más vulnerables a estas categorías, lo cual es fundamental tener en cuenta al analizar el panorama colombiano y las violaciones a los derechos humanos que afectan al país desde hace mucho tiempo. Por ello es muy importante trabajar en la superación de las discriminaciones y desigualdades étnico-sociales y en la consolidación material de la autonomía territorial de los pueblos indígenas, especialmente en la conformación de las entidades territoriales indígenas como entidades político-administrativas, según lo establecido en la Constitución.

    También será una prioridad combatir la corrupción con transparencia.

    Este mandato dado a Gustavo Petro y Francia Márquez es un hecho inédito en la democracia y la historia republicana del país, y, sobre todo, traza un camino de esperanza en el corazón de los colombianos y se espera que represente un nuevo punto de partida para la protección de los derechos humanos.

  • La contracción de occidente

    Boaventura de Sousa Santos

    Traducción de Bryan Vargas Reyes

    Lo que los occidentales llaman Occidente o civilización occidental es un espacio geopolítico que surgió en el siglo XVI y se expandió de manera continuada hasta el siglo XX. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, alrededor del 90% del globo terrestre era occidental o estaba dominado por Occidente: Europa, Rusia, las Américas, África, Oceanía y gran parte de Asia (con excepciones parciales de Japón y China). A partir de entonces Occidente comenzó a contraerse: primero con la Revolución rusa de 1917 y el surgimiento del bloque soviético; luego, a partir de mediados de siglo, con la Revolución china y los movimientos de descolonización. El espacio terrestre (y poco después, el extraterrestre) se convirtió en un campo de intensa disputa. Entretanto, lo que los occidentales entendían por Occidente se fue modificando. Comenzó como cristianismo, colonialismo, luego capitalismo e imperialismo, para irse metamorfoseando en democracia, derechos humanos, descolonización, autodeterminación, “relaciones internacionales basadas en reglas” –siempre dejando claro que las reglas las establecía Occidente y solo se cumplían cuando servían a sus intereses– y, finalmente, en globalización.

    A mediados del siglo pasado, Occidente se había reducido tanto que un conjunto de países recién independizados tomó la decisión de no alinearse ni con Occidente ni con el bloque que había surgido como su rival, el bloque soviético. Así, de 1955 a 1961, se creó el Movimiento de Países No Alineados. Con el fin del bloque soviético en 1991, Occidente pareció atravesar un periodo de entusiasta expansión. Fue el tiempo de Gorbachov y su deseo de que Rusia pasara a formar parte de la “casa común” de Europa, con el apoyo del presidente Bush padre, un deseo reafirmado por Putin cuando asumió el poder. Fue un periodo histórico corto, y los acontecimientos recientes muestran que, sin embargo, el “tamaño” de Occidente ha sufrido una drástica contracción. A raíz de la guerra de Ucrania, Occidente, por iniciativa propia, decidió que solo serían occidentales quienes aplicaran sanciones a Rusia. Actualmente son alrededor del 21% de los países miembros de la ONU, que es menos del 15% de la población mundial. Si continúa por este camino, Occidente podría incluso desaparecer. Surgen varias preguntas.

    ¿La contracción es decadencia? Se puede pensar que la contracción de Occidente le favorece porque le permite centrarse en objetivos más realistas con más intensidad. Una lectura atenta de los estrategas del país hegemónico de Occidente, Estados Unidos, muestra, por el contrario, que, sin darse cuenta aparentemente de la flagrante contracción, manifiesta una ambición ilimitada. Con la misma facilidad con la que esperan poder reducir a Rusia (la mayor potencia nuclear) a una ruina o a un Estado vasallo, esperan neutralizar a China (en camino de ser la primera economía mundial) y provocar pronto una guerra en Taiwán (similar a la de Ucrania) con ese propósito. Por otro lado, la historia de los imperios muestra que la contracción va de la mano con la decadencia y que esta es irreversible e implica mucho sufrimiento humano.

    En la etapa actual, las manifestaciones de debilidad son paralelas a las de la fuerza, lo que vuelve el análisis muy difícil. Dos ejemplos en contraste. Estados Unidos es la mayor potencia militar mundial (aunque no ha ganado ninguna guerra desde 1945), con bases militares en, al menos, 80 países.  Un caso extremo de dominación es su presencia en Ghana donde, por acuerdos establecidos en 2018, Estados Unidos utiliza el aeropuerto de Acra sin ningún tipo de control o inspección, los soldados estadounidenses ni siquiera necesitan pasaporte para entrar en el país y gozan de inmunidad extraterritorial, es decir, si cometieran algún crimen, por grave que sea, no pueden ser juzgados por los tribunales de Ghana. Por el contrario, las miles de sanciones a Rusia están, por ahora, haciendo más daño en el mundo occidental que en el espacio geopolítico que Occidente está construyendo como no occidental. Las monedas de los que parecen estar ganando la guerra son las que están más devaluadas. La inflación y la recesión que se avecina llevan al CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, a decir que se aproxima un huracán.

    ¿Es la contracción una pérdida de cohesión interna? La contracción en realidad puede significar más cohesión, y esto es claramente visible. El liderazgo de la Unión Europea, es decir, la Comisión, ha estado en los últimos veinte años mucho más alineado con los Estados Unidos que los países que forman la Unión. Se vio con el giro neoliberal y el apoyo entusiasta a la invasión de Irak por parte de Durão Barroso y lo vemos ahora con Ursula von der Leyen transformada en subsecretaria de defensa de Estados Unidos. Lo cierto es que esta cohesión, si es eficaz en la producción de políticas, puede ser desastrosa en la gestión de sus consecuencias. Europa es un espacio geopolítico que desde el siglo XVI vive de los recursos de otros países que directa o indirectamente domina y a los que impone un intercambio desigual. Nada de esto es posible cuando el socio es Estados Unidos o sus aliados. Además, la cohesión está hecha de incoherencias: al fin y al cabo, ¿Rusia es el país con un PIB inferior al de muchos países europeos, o es una potencia que quiere invadir Europa, una amenaza global que solo se puede frenar con una inversión que ya ronda los 10 mil millones de dólares en armas y seguridad por parte de Estados Unidos en un país lejano del cual quedará poco si la guerra continúa por mucho tiempo?

    ¿La contracción ocurre por razones internas o externas? La literatura sobre la decadencia y el fin de los imperios muestra que, salvo casos excepcionales en los que los imperios son destruidos por fuerzas externas –como los imperios azteca e inca con la llegada de los conquistadores españoles–, generalmente dominan los factores internos, aunque el declive pueda ser precipitado por factores externos. Es difícil desentrañar lo interno de lo externo, y la identificación específica es siempre más ideológica que otra cosa. Por ejemplo, en 1964 el conocido filósofo conservador estadounidense James Burnham publicó un libro titulado El suicidio de Occidente. Según él, el liberalismo, entonces dominante en Estados Unidos, fue la ideología de este declive. Para los liberales de la época, el liberalismo era, por el contrario, la ideología que permitiría una nueva hegemonía mundial a Occidente, más pacífica y más justa. Hoy, el liberalismo murió en Estados Unidos (domina el neoliberalismo, que es su opuesto) e incluso los conservadores de la vieja guardia han sido totalmente superados por los neoconservadores. Es por eso que Henry Kissinger (para muchos, un criminal de guerra) incomodó a los prosélitos antirrusos al pedir conversaciones de paz en Davos. Sea como fuere, la guerra de Ucrania es el gran acelerador de la contracción de Occidente. Está surgiendo una nueva generación de países no alineados, de hecho alineados con la potencia que Occidente quiere aislar: China. Los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, el Foro Económico Euroasiático son, entre otras, las nuevas caras de no-Occidente.

    ¿Qué viene después? No lo sabemos. Tan difícil es imaginar Occidente como un espacio subalterno en el contexto mundial como imaginarlo en una relación igualitaria y pacífica con otros espacios geopolíticos. Sólo sabemos que para quienes gobiernan Occidente cualquiera de estas hipótesis es imposible o, si cabe, apocalíptica. Por ello se han multiplicado las reuniones en los últimos meses, desde el Foro Económico de Davos (mayo) hasta la más reciente reunión del grupo Bilderberg (junio). En esta última, de los 14 temas, siete tuvieron que ver directamente con los rivales de Occidente. Descubriremos lo que discutieron y decidieron siguiendo de cerca las portadas de The Economist durante los próximos meses. 

    Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez. Texto enviado a Other News por la oficina del autor

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    *Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial.

  • Revisitando la consulta y el consentimiento libre, previo e informado

    Freddy Ordóñez Gómez

    Freddy Ordóñez Gómez

    Presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM)

    Twitter: @Freddy_Ordonez

    En Colombia, un país con 115 pueblos indígenas, entre enero del 2019 y noviembre del 2021, se demandó el derecho a la consulta previa en 355 acciones de tutela. Aunque sobre este derecho y el consentimiento libre, previo e informado se han escrito importantes textos académicos y herramientas pedagógicas, es necesario volver a abordarlo y hacer algunas exposiciones que puedan contribuir con elementos para su garantía y para superar el colonialismo jurídico, por lo que se presentan, a continuación, tres puntos para la discusión.
    En primer lugar, sobre la consulta previa se ha reafirmado su condición de derecho fundamental de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas con fuente en el Convenio 169 de la OIT, así como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá es imperativo recordar que este derecho y el consentimiento libre, previo e informado tienen las fuentes indicadas, pero también instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como son pactos, resoluciones, declaraciones, jurisprudencia y doctrina internacional autorizada, que tiene como punto de partida, según Victoria Tauli Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (2014-2020), “la evaluación de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas que estarían en juego”. Al ser un tema de derechos, no puede entenderse la consulta como una acción puntual o un trámite parte de un checklist, sino que debe comprenderse como un proceso continuo, que, en algunos casos debido al impacto en derechos, demanda la necesidad, subraya la Relatora, de “celebrar consultas y obtener el consentimiento en diferentes etapas que van desde la evaluación del impacto hasta la exploración, la producción y el cierre del proyecto”.
    Al ser la consulta un derecho fundamental y el consentimiento libre, previo e informado una norma de derechos humanos, en su garantía se deben considerar los principios de progresividad y prohibición de regresividad, por lo que, de acuerdo con Tauli Corpuz, “la obtención del consentimiento libre, previo e informado debe entenderse como el objetivo de las consultas y como una obligación en los casos de repercusiones importantes en los derechos de los pueblos indígenas”.
    En segundo lugar, hay una fuerte tendencia en el escenario nacional a relacionar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado con el derecho a la participación, reduciendo la trascendencia que en su base tienen otros derechos. Por ejemplo, en la Sentencia SU-123 de 2018 de la Corte Constitucional, se expone la escala de participación de los pueblos a partir del grado de afectación: “La participación de la colectividad en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos, el derecho a la consulta previa o la necesidad de la obtención del consentimiento previo libre e informado”, según corresponda a una afectación indirecta, una afectación directa o a una directa intensa.
    Si bien es interesante la configuración desde la afectación y la participación, es importante reconocer la raíz que tiene en los derechos a la libre determinación y a no ser objeto de discriminación racial, tal como lo reseña el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para el cual los principios del derecho a la libre determinación se hallan “en el movimiento de descolonización, [y obedecen] al propósito de que las naciones y los pueblos subyugados pudiesen recuperar su autonomía, decidir su propio destino, tomar decisiones por sí mismos y controlar sus recursos”. Así, el consentimiento libre, previo e informado es la posibilidad de llevar a la práctica “el derecho a la libre determinación teniendo en cuenta la situación histórica, cultural y social especial de los pueblos indígenas”, buscando desmantelar las bases estructurales y sistémicas de la discriminación racial contra estos pueblos. De allí que el consentimiento libre, previo e informado no debe ser reducido a una forma participativa excepcional y debe permitir el rechazo a las iniciativas consultadas.
    Y, en tercer lugar, que las consultas se adelanten a través de instituciones representativas y de conformidad con sus propios procedimientos, lleva a pensar en la necesidad de fortalecer los protocolos comunitarios de consulta y consentimiento libre, previo e informado, los cuales son instrumentos creados por los propios pueblos en los que se establece cómo, cuándo, dónde, por qué y con quién se deben adelantar los procesos bilaterales de consulta. En este orden, es expresión de los derechos a la libre determinación, a la autonomía y al autogobierno, a sus propias instituciones y a participar plenamente.
    Entender la consulta y el consentimiento libre, previo e informado desde el discurso de los derechos, incluyendo los principios de efectividad progresiva y no regresión; cuya base se encuentra en múltiples derechos, como la libre determinación y no discriminación, y potenciar los protocolos comunitarios, son aspectos que pueden contribuir a superar las miradas limitadas y coloniales sobre la consulta y los derechos de los pueblos indígenas.

  • Petro, Francia y la esperanza

    Boaventura de Sousa Santos

    Traducción de Bryan Vargas Reyes

    Por primera vez en la historia de Colombia, un candidato de izquierda ganó las elecciones presidenciales. Por primera vez, una mujer negra y de clase trabajadora (minera y empleada doméstica) fue elegida vicepresidenta. El continente latinoamericano nunca deja de sorprendernos y si las sorpresas a veces nos deprimen, otras veces nos llenan de esperanza. Y en este caso la esperanza es decisiva porque la alternativa, tanto en Colombia como en el continente, sería la desesperación y el posible colapso de la ya frágil democracia. Por lo tanto, es importante analizar las causas de esta victoria y lo que significa.

    En este país de 49 millones de personas donde una cuarta parte de los votantes tienen 28 años o menos, la gran mayoría de los jóvenes votaron por Gustavo Petro y Francia Márquez (especialmente los de entre 18 y 24 años).  Es en la juventud donde la necesidad de cambio es más vívida. Fue una de las principales fuerzas de la movilización nacional que en 2021 detuvo al país para exigir el fin de las políticas de austeridad neoliberal. Fue el famoso Paro Nacional el que resultó en 46 muertos en enfrentamientos con la policía y el ejército. La energía inconformista que el Paro generó se canalizó con éxito en estas elecciones. Dos factores contribuyeron decisivamente a ello: el uso persistente y competente de las redes sociales que sedujo a la generación TikTok y desmanteló la argumentación fraudulenta, elitista, misógina y racista del candidato de derecha y expuso los “esqueletos en el armario” de muchos (incluidos periodistas) que la apoyaron; la movilización de artistas e intelectuales que convirtieron la elección de Petro y Francia en un acto de cultura contra la barbarie.

    Las principales reformas estructurales propuestas por Petro y Francia son las siguientes: movilizar a la sociedad colombiana como una sociedad solidaria que reconozca y recompense el trabajo de cuidado de las mujeres; una nueva relación entre sociedad y naturaleza que priorice la defensa de la vida por encima de los intereses económicos, promueva la transición energética y democratice el conocimiento medioambiental; pasar de una economía extractiva a una economía productiva que reduzca la desigualdad en la propiedad y el uso de la tierra a través de la reforma agraria y el acceso y uso del agua y transforme el mundo rural colombiano en una parte clave de la justicia social y ambiental; asegurar el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016 mediante la promoción de un nuevo contrato social que garantice los derechos fundamentales, en particular los derechos de las víctimas de los conflictos armados, y una política de coexistencia pacífica y reconciliación.

    Es la primera vez en el continente que una agenda feminista centrada en el cuidado tiene tanta prioridad. No se trata de un feminismo de clase media tan a menudo falsamente radical y políticamente equivocado (por ejemplo, en el caso del golpe de 2019 contra Evo Morales), sino de un feminismo negro consciente de la multiplicidad de opresiones (sexistas, racistas, clasistas) siguiendo a Angela Davis. También es la primera vez que la agenda ambiental asume tal prioridad en un programa de gobierno. En cualquiera de estos casos no se trata de improvisaciones de última hora, sino de políticas y convicciones construidas a lo largo de los años y probadas en la práctica de la actividad política anterior tanto de Petro como de Francia.

    Estas elecciones tendrán un impacto en el continente. Sin duda, ayudarán a fortalecer el momento de soberanía y autonomía hacia los Estados Unidos que vive el continente en vísperas del endurecimiento de las relaciones entre los Estados Unidos y China y la lucha por el control de los recursos naturales y el comercio internacional que tendrá lugar allí. A partir de hoy, los presidentes de México y Bolivia se sentirán menos solos (e incluso recompensados) en la lucha que recientemente libraron contra la farsa de la última Cumbre de las Américas convocada por EEUU, con sus habituales exclusiones unilaterales.

    Además, la democracia colombiana puede ayudar a desarmar los golpes antidemocráticos que se están preparando en el continente. Es tranquilizador ver que el candidato perdedor, que se había afirmado como antisistema, se apresura a reconocer los resultados electorales y felicitar al candidato ganador. Y lo mismo puede decirse del  actual presidente Iván Duque, con su llamada telefónica a Petro, convocándolo a reuniones en los próximos días con el fin de garantizar una transición suave y transparente. Por otro lado, las elecciones en Colombia muestran la fragilidad de los candidatos de la derecha antisistema. La obsesión de Rodolfo Hernández con la corrupción solo pretendía ocultar que él mismo fue acusado de corrupción. Quizás la obsesión de Bolsonaro con la posibilidad de un fraude electoral solo pretende ocultar que el fraude es él mismo.

    El impacto real de estas elecciones en Colombia dependerá de muchos factores. Por ahora, la paz se ha vuelto a respirar, lo que no sucedía desde 2018. A finales de mes, la Comisión de la Verdad entregará su informe final. Sin duda será un documento importante con recomendaciones que el nuevo equipo político no dejará de tener en cuenta. Llega en un momento de esperanza y estoy seguro de que ayudará a fortalecerla y darle consistencia. No será, como se temía, un documento a contracorriente. Será un documento que empujará la corriente. Enterrado el peso del plomo de la guerra, la navegación será más ligera.

  • O discurso que não fiz

    Carlos Frederico Marés

    Recebi o Título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Goiás dia 29 de abril. Nunca havia imaginado, nem nos meus melhores sonhos, ser agraciado com tão grande e honrosa homenagem. Quando, no final de outubro de 2021, a Professora Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega e o Professor Eriberto Francisco Bevilaqua Marin me chamaram a uma reunião eu não tinha a menor ideia do que seria, mas imaginava ser mais um dos importantes trabalhos que a Universidade promove em defesa dos povos indígenas, quilombolas e da natureza e que as vezes pedem para ouvir meus palpites. Qual não foi minha surpresa quando o professor Eriberto revelou que o Conselho Universitário havia aprovado a concessão do Título. Primeiro, não acreditei e talvez tenha sido até grosseiro com o professor ao imaginar que se tratava de uma brincadeira. Não era brincadeira, o Conselho tinha aprovado por unanimidade a honraria.

    Passada a emoção, passei a pensar no que diria numa sessão de entrega de Título. Comecei a preparar um discurso substantivo, desses que se publica e se cita. Não sei se o discurso que preparei seria um dia publicado ou citado, mas jamais foi proferido. Não que não tenha sido realizada a sessão de entrega, mas o discurso foi outro, tudo o que havia sido traçado em linhas solenes e pensadamente elegantes ficou frio como gelo, gravado no papel e esquecido num canto da memória. 

    Marcada a data e anunciado o evento, com o discurso preparado e muito feliz, aguardei tranquilo a emocionante viagem e não tive a perspicácia de analisar o local onde ocorreria. Não notei que não seria no salão nobre, aquele de poltronas de veludo, almofadadas e com leve cheiro a mofo onde as vetustas Universidades proclamam títulos. Se eu tivesse lido com cuidado o convite teria me dado conta que o local era o Núcleo Takinahakỹ, no mesmo campus onde fica a Reitoria, mas completamente diferente. O Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena é uma parte da Universidade dedicada aos povos indígenas e formado por construções pensadas e discutidas com a arquitetura originária. O salão de eventos do Núcleo é uma construção aberta, muito parecida com uma oca sem paredes. Eu conhecia o local, mas nunca o tinha associado a passagens de minha vida. Quando cheguei na condição de homenageado, o discurso começou a se desmanchar. Não fazia nenhum sentido palavras elegantes, de efeito e solenes, racionalmente escolhidas. A realidade e a emoção foram tomando conta do ambiente, e a emoção, má conselheira como sempre, mandou enfiar o preparado discurso no mais fundo bolso do paletó surrado. Obedeci.

    É que no começo da década de 90, logo após a promulgação da Constituição federal, um grupo de indígenas e intelectuais criaram o Núcleo de Direitos Indígenas. Um deles era Ailton Krenak que já mantinha o Núcleo de Cultura Indígena com a função de difundir e preservar a cultura indígena e aproximar os indígenas dos conhecimentos da sociedade hegemônica. O Núcleo de Direitos Indígenas, com sede em Brasília e o de Cultura em Goiânia, desenvolviam juntos uma importante luta pela formação jurídica de indígenas na clara intenção de que seriam eles mesmos a defender seus direitos. Houve, então, uma longa discussão com a Universidade Federal de Goiás para que ela admitisse, num sistema de cotas, ainda que sem esse nome, meia dúzia de indígenas no curso de Direito. A negação foi peremptória e apenas um dos seis pode ingressar e ser mantido a duríssimas custas no curso de Direito, não da Federal, mas na Católica de Goiás. Os dois núcleos mantinham assistência periódica ao estudante que se formou em 1996 como o primeiro indígena bacharel em Direito do Brasil, Paulo Pankararu. Eu era o diretor técnico do Núcleo de Direitos.

    Aquela fora uma luta sofrida e aparentemente derrotada nos anos 90. Nem cotas, nem cursos, nem direitos. Mas no século XXI, já encerradas as atividades do NDI, a mesma Universidade que havia negado ingresso aos seis indígenas reabriu seu Curso de Mestrado em Direito Agrário com forte ênfase ao uso da terra com sua função de provedora das sociedades humanas e da natureza, com estreita ligação com quilombolas e indígenas. Em abril de 2007 abrigaria a primeira turma especial de Direito financiado pelo Pronera (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária), no Campus da Cidade de Goiás, para filhas e filhos de assentados e moradores do campo enfrentando uma disputa judicial com Ministério Público que achava que Direito não tem nada a ver com Reforma Agrária. Em 2006 abrira o curso de licenciatura em Educação Intercultural e em 2014 inaugurou o prédio que abriga o Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena (NTFSI), com a oca onde seria realizada a cerimônia. Nada disso estava no discurso solene que havia preparado e tudo tinha relação com minha vida e, certamente, com a homenagem que estava sendo prestada.

    Mas a vida é estranha e bela. No longo e elogioso parecer emitido pela comissão encarregada pelo egrégio Conselho Universitário da UFG para analisar a concessão do Título não constam essas coincidências, e nem poderiam constar. O parecer descobriu histórias que eu mesmo não lembrava, como um elogio público que me foi dirigido por Paulo Freire em conferência que proferiu em Curitiba, logo ele que foi detentor de pelo menos 35 Títulos de Doutor Honoris Causa concedidos por Universidades do mundo todo. Mas não constava do parecer essa minha ligação e frustração com Goiás e a Universidade que depois redimiria todas as lutas. Mas os pareceristas não poderiam saber daquelas informações que não existiam no mundo duro da razão, não estavam documentadas e expostas, habitavam o mundo da emoção, do sentir, do saber de algumas pessoas que a tinham vivido e que talvez não lembrassem nem mesmo numa roda de conversa descontraída. E a emoção, embora despertada pelo anúncio da concessão do Título, só brotou para essas lembranças no exato momento em que vi a oca do Núcleo Takinahakỹ e com o começo da cerimônia envolvida num turbilhão emotivo convulsionando os neurônios, a razão e a ordem. A emoção não me permitia ler o discurso, não só porque as lágrimas poderiam turvar a vista, mas porque já não fazia sentido a razão e o discurso era razão. Naquele momento o mundo era pura emoção.

    Não há palavras para descrever o que ocorreu. As pessoas presentes representavam aquela vida, não a do relatório, do curriculum, mas das emoções, das lutas, das conquistas, da vida vivida sem catálogo, sem lenço e sem documento. Ali estavam a cantora com canções para emocionar, as alunas que vieram de longe para ouvir o discurso que nunca foi proferido, rostos gentis de bacharéis do Pronera, representante da Pastoral da Terra, indígenas e sua arquitetura e amigas e amigos. Ali, naquele local, naquele portal de saberes, a razão estava submissa aos encantados e a vida fluía sem precisar de explicações.

    O discurso falaria da Universidade, sua importância, sua necessária ação junto aos povos. Trataria do Direito Agrário, da terra e da natureza. Trataria também da onça e do tamanduá, das abelhas e dos insetos. Mas trataria de gentes, sobretudo de gentes. Talvez a audiência gostasse, aplaudisse e elogiasse. Mas não foi esse o discurso proferido, quem ouviu, ouviu apenas o relato da emoção de descobrir trinta anos depois que as sementes plantadas haviam gerado sombras e frutos. E ouviram a emoção não de um homenageado, mas de quem tinha, naquele momento, a plena consciência de que apenas representava, emprestava o nome e o curriculum, àquelas e àqueles que trinta anos antes davam continuidade a uma longa e interminável luta por direitos e plantavam uma semente na Universidade.

    O não discurso proferido foi um canto de vitória emitido como uma pequena pausa para o recomeço da luta. E as palmas aos jovens de trinta anos atrás!

  • POR UM PUNHADO DE OURO

    Carlos Frederico Marés

    Quanto custa aquela barra reluzente de ouro que o pastor ostentou na cafeteria do Hotel? Ele tinha boas relações no Ministério de Educação e achava que ‘educação vale ouro’, por isso exibia a esplendorosa barra de um quilo, pesada demais para guardar na algibeira. Só para fazer vista! Mas quanto custa? Um jornalista, desses que fazem contas, respondeu bate pronto: 300 mil. 300 mil? De fato, não é valor para se levar no bolso, ainda que o Hotel seja de luxo, com seguranças e outras garantias, mas se não mostrasse ficaria escondido e de que vale ter uma barra tão valiosa que não se pode exibir aos incrédulos? A cena é muito mais triste do que aparenta. Dizem que a barra de ouro exibida era a moeda de troca para um município pobre receber grosso dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para empreitadas corrompidas como comprar robôs inúteis. O Município pobre só recebe o dinheiro, não desenvolve a educação. Uma barra de ouro para um, uma de prata para outro e uma terceira, de bronze, para alguém, o resto para o negociante de robôs, que no fundo nem robôs entregou, pra quê? Nem escola havia.

    Trezentos mil reais equivalem a mais que 35 mil quilos de feijão. 35 toneladas de feijão! Saber quanto tempo quantas pessoas são alimentadas com uma toneladas de feijão já não é conta para qualquer aritmético, muito menos saber quantas merendas escolares cabem no bolso do pastor exibido. Essa é uma conta para gente que trabalha, que cozinha, quem sabe a resposta é a merendeira, perguntem-lhe se faz falta 35 toneladas de feijão, foi da despensa da escola que saiu a barra de ouro, não em ouro, é claro. Alguém revelou a conversa do ministro da educação com os prefeitos dizendo que dinheiro do FNDE só seria repassado por indicação dos pastores ali presentes. E um dos pastores pedia que a contrapartida fosse em barras de ouro. E exibia, dizem. É mais uma desastrosa história da educação neste governo, mas poderia ser da saúde, da cultura ou dos transportes.

    Mas porque alguém deseja levar uma barra de ouro no bolso? Com uma nota de cem já é complicado comprar feijão no mercadinho, faltará troco. É estranha essa sociedade de homens brancos, tementes a deus, que se curvam submissos, mas sem temor, à adoração de um pedaço de minério incomível, imbebível e inolfatável, o bezerro de ouro. Mas atenção, o ouro não é indolor. Ao contrário, causa muita dor, não só pela ausência do feijão na escola e na merenda, que já muito seria, mas até chegar ao bolso do pastor o caminho percorrido foi manchado de sangue, enfermidades, poluição, trapaças, violências, fraudes. Tudo para, depois de exibir orgulhoso na cafeteria, guardar bem guardado num cofre de sete segredos.

    O ouro tem que ser desenterrado ou separado dos seixos nos rios. É nesse primeiro esconderijo que deveria ficar para sempre, insiste Kopenawa.

    O ouro estava escondido debaixo da terra. Quem o colocou lá? Pergunta Davi Kopenawa, o iluminado xamã yanomami. Ele mesmo responde: quem fez a terra e tudo que nela há. E porque colocou bem escondidinho? Para que fique lá, responde mais uma vez. Por que a sociedade da mercadoria (Davi chama a sociedade hegemônica, branca, de sociedade da mercadoria) tem tanta ânsia de tirar de lá só para deixar guardado depois? Davi e seu povo sabe que não é bom mexer com o ouro, causa doenças, destrói amizades, corrompe, a mina mata. A história do pastor foi apenas um elo na corrente de maldição do ouro que começa escondido entre terra e cascalho e termina escondido no cofre.

    O ouro tem que ser desenterrado ou separado dos seixos nos rios. É nesse primeiro esconderijo que deveria ficar para sempre, insiste Kopenawa. O garimpo ou a mineração do ouro é mortal na acepção literal da palavra. Carta Capital traz uma matéria sobre como uma mineradora canadense de nome Aurizona depois de poluir os rios de Godofredo Viana (Maranhão) fornece água contaminada para a população. As áreas de mineração, não só do ouro, embora movimentem imensos capitais não geram riqueza para as gentes da região explorada, ao contrário. Mas extrair riqueza e semear pobreza absoluta não é o maior problema da extração do ouro.

    A Fiocruz desenvolveu um estudo minucioso sobre o impacto do garimpo do ouro em aldeias do povo Munduruku que margeia o Rio Tapajós, no Pará (veja aqui). O garimpo utiliza mercúrio para amalgamar o ouro e separá-lo do cascalho e seixos do rio. O mercúrio, aquele mesmo que era usado nos termômetros, proibido porque a gotinha prateada e escorregadia causava danos à saúde dos usuários, amalgama o ouro e escorre pelo rio, chega aos peixes, ao solo, às plantas e em tudo quanto deles se alimenta. Vai se acumulando no organismo das pessoas e afeta os rins, fígado, aparelho digestivo e o sistema nervoso central. O estudo mostra a contaminação praticamente irreversível da população local, indígena. Mostra como ela se espalha a quem consumir os peixes e a quem consumir o que consumiu os peixes. A poluição do mercúrio tem braços longos.

    A conveniente memória fraca do pastor que exibiu a barra de ouro em Brasília e todos quantos o antecederam e sucederam na corrente da maldição, desde os pobres garimpeiro aos ricos compradores do Canadá, Itália e Reino Unido, faz esquecer o Desastre de Minamata, no Japão, em 1952. A contaminação por mercúrio foi brutal e de graves consequências. A tal ponto que foi aprovada a Convenção de Minamata cujo nome não é um trocadilho macabro, apenas uma homenagem aos mais de mil mortos da região japonesa. A Convenção tem o objetivo de diminuir o uso de mercúrio no mundo impondo restrições ao mercado, mas esbarra no ardil do garimpo. A maior parte da atividade garimpeira é ilegal portanto não tem muita importância que os insumos também o sejam. São conhecidos os garimpos ilegais nas terras indígenas causando mortes e corrupção. Contava-se que altos funcionários recebiam latas de leite ninho cheias de pepitas apenas para não agir em relação aos garimpeiros da Terra Indígena Yanomami.

    No dia 11 de abril de 2022 a Hutukara Associação Yanomami lançou em Roraima um relatório impactante sobre o aumento do garimpo e a destruição da natureza, da cultura, da integridade física e da dignidade do povo e muito especialmente das mulheres yanomami (veja aqui). Os danos não são só causados pelo mercúrio na saúde das pessoas, destroem os rios, os peixes e as culturas, indígenas ou não. É ilegal, mas o pastor não está preocupado com a ilegalidade da origem, afinal, sua aquisição também foi ilegal assim como a transferência do recurso para o Município. A ilegalidade é a normalidade do ouro.

    O Instituto Escolhas apresentou um contundente estudo onde demonstra que metade do ouro produzido no Brasil tem fortes indícios de ilegalidade que é maquiada pela frágil e condescendente legislação e fiscalização (veja aqui). É ilegal e não pode ser declarado o ouro extraído em terras indígenas, em unidades de conservação e em quantidade excedente à permissão, mas é das três ilegalidades que sai metade do ouro produzido no Brasil. Todo o estudo foi feito sobre dados oficiais, o que significa que deve ser só a ponta do iceberg. Apesar da quantidade ilegal, o sistema jurídico permi
    ssivo impede a fiscalização. Os grandes compradores sabem da origem e continuam comprando. Como o pastor, sabem da ilegalidade e se vangloriam dos resultados.

    Enquanto isso a destruição continua, a natureza e os povos são intoxicados pelo mercúrio, as mulheres violentadas nos garimpos, os alimentos destruídos e contaminados, a paisagem devastada, as prateleiras de merendas escolares e os cofres da República esvaziados. E o ouro volta a ser escondido, agora em imponentes e elegantes cofres de cidades distantes. Até quando?

  • La inconveniente complejidad

    Boaventura de Sousa Santos

    Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

    En el eje comunicacional del Atlántico Norte vivimos en una guerra de información sin precedentes. La conocí en Estados Unidos durante dos períodos. El primero, durante la guerra de Vietnam, que viví en su momento de crisis final (1969-1971), culminaría con la publicación de los papeles del Pentágono en 1971. El segundo momento fue la guerra de Irak, que comenzó en 2003, y la saga de las armas de destrucción masiva, un engaño político del que resultarían muchos crímenes de guerra. Sin embargo, en Europa nunca había asistido a este tipo de guerra de información, al menos no con la magnitud actual. Se caracteriza por la erosión casi total entre hechos y manipulación de las emociones y las percepciones, entre hipótesis o conjeturas y verdades incuestionables.

    En el caso específico de la guerra de Ucrania, la manipulación pretende evitar que la opinión pública y los responsables políticos piensen y decidan sin demasiada presión en la única medida que ahora se requiere: la búsqueda de una paz duradera en Ucrania y en la región para poner fin al sufrimiento del pueblo ucraniano, un pueblo que en estos días comparte el trágico destino de los pueblos palestino, yemení, sirio, saharaui y afgano, a pesar de que sobre estos últimos pese el más profundo silencio. La guerra de la información pretende continuar la guerra de las armas mientras convenga a quienes la promueven. En estas condiciones, no es fácil luchar con los hechos y la experiencia histórica porque, desde el punto de vista de la guerra de información, explicar es justificar, entender es perdonar, contextualizar es relativizar. Aún así, vamos a intentarlo.

    1. Para demonizar al enemigo es crucial deshumanizarlo, es decir, imaginarlo como si hubiera actuado criminalmente y sin provocación. Ahora bien, la condena firme e incondicional de la invasión ilegal de Ucrania (en la que vengo insistiendo desde mi primer artículo sobre el tema) no implica tener que ignorar cómo se ha llegado a esta situación. En este caso, aconsejo leer el libro publicado en 2019, War with Russia?, del profesor emérito de la Universidad de Princeton, Stephen Cohen, recientemente fallecido. Tras examinar con detalle las relaciones entre Estados Unidos y Rusia desde el final de la Unión Soviética y, en el caso de Ucrania, sobre todo desde 2013, Stephen Cohen concluye de este modo: «Las proxy wars [guerras en las que los adversarios utilizan terceros países para perseguir sus objetivos de confrontación bélica] son una característica de la vieja Guerra Fría, son pequeñas guerras en el llamado “Tercer Mundo”. […] Rara vez involucraron personal militar soviético o estadounidense, casi siempre solo dinero y armas. Hoy, las proxy wars entre Estados Unidos y Rusia son diferentes, están ubicadas en el centro de la geopolítica y acompañadas por demasiados instructores y posiblemente combatientes estadounidenses y rusos. Ya han estallado dos: en Georgia en 2008, donde las fuerzas rusas se enfrentaron a un ejército georgiano financiado y entrenado con fondos y personal estadounidenses; y en Siria, donde muchos rusos fueron asesinados por las fuerzas anti-Assad respaldadas por Estados Unidos. Moscú no tomó represalias, pero prometió hacerlo cuando hubiera “una próxima vez”. Si eso sucede, implicará una guerra entre Rusia y Estados Unidos. El riesgo de un conflicto tan directo sigue creciendo en Ucrania». Así se pronosticó en 2019 la guerra que actualmente martiriza al pueblo ucraniano.
    2. Democracia y autocracia. En el lenguaje de Estados Unidos el mundo se divide en dos: democracias (nosotros) y autocracias (ellos). Hace tan solo unos años la división era entre democracias y dictaduras. Autocracia es un término mucho más vago que puede utilizarse para considerar autócrata a un gobierno democrático percibido como hostil, aunque la hostilidad no se derive de las características del régimen. Por ejemplo, en la cumbre por la democracia celebrada en diciembre de 2021, a iniciativa del presidente Biden, no se invitó a países como Argentina y Bolivia, que habían experimentado recientemente vibrantes procesos democráticos, pero que son menos receptivos a los intereses económicos y geoestratégicos de Estados Unidos. En contraste, se invitó a tres países que la Casa Blanca reconoció como democracias problemáticas (el término utilizado fue flawed democracies), con corrupción endémica y abusos de los derechos humanos, pero con interés estratégico para Estados Unidos: Filipinas, para contrarrestar la influencia de China, Pakistán, por su relevancia en la lucha contra el terrorismo, y Ucrania, por su resistencia a la incursión de Rusia. Las reservas en el caso de Ucrania eran comprensibles, ya que unos meses antes los papeles de Pandora habían dado detalles sobre las sociedades offshore del presidente Zelenski, de su esposa y sus asociados. Ahora, Ucrania representa la lucha de la democracia contra la autocracia rusa (que, a escala nacional, debe estar a la par con Ucrania en términos de corrupción y abusos de los derechos humanos). El concepto de democracia pierde, así, buena parte de su contenido político y se convierte en un arma arrojadiza para promover cambios de gobierno que favorezcan los intereses globales de Estados Unidos.
    3. Amenazas. Según expertos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en 2020, el 40% de las fuerzas militares de Ucrania (un total de 102.000 miembros) eran milicias paramilitares de extrema derecha, armadas, financiadas y entrenadas por Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Francia y Suiza, con miembros de diecinueve nacionalidades. Desde que comenzó la guerra se les han sumado más elementos, algunos provenientes de Medio Oriente, y recibieron más armamento de todos los países de la OTAN. Por lo tanto, Europa corre el riesgo de tener en su seno un nutrido nazi-yihadismo, y no hay garantía de que su alcance se limite a Ucrania. En 1998, el exasesor de seguridad del presidente Carter, Zbigniew Brzezinski, declaró en una entrevista con el Nouvel Observateur: “En 1979, aumentamos la probabilidad de que la URSS invadiera Afganistán… y creamos la oportunidad de darles su Vietnam”. No me sorprendería que este playbook de la CIA se esté aplicando ahora en Ucrania. Las recientes declaraciones del secretario general de la OTAN de que “la guerra en Ucrania podría durar meses o incluso años”, combinadas con la noticia de Reuters (12 de abril) de que el Pentágono se iba a reunir con los ocho mayores productores de armas para discutir la capacidad de la industria para satisfacer las necesidades de Ucrania “si la guerra con Rusia dura años”, deberían haber causado alarma entre los líderes políticos europeos, pero aparentemente solo los motivó a una carrera armamentista. Las consecuencias de un segundo Vietnam ruso serían fatales para Ucrania y para Europa. Rusia (que es parte de Europa) solo será una amenaza para Europa si esta se convierte en una enorme base militar estadounidense. La expansión de la OTAN es, por tanto, la verdadera amenaza para Europa, como dijo hace veinte años el insospechado Henry Kissinger.
    4. Doble criterio. La Unión Europea, transformada en caja de resonancia de las decisiones estratégicas de Estados Unidos, defiende como expresión legítima de valores universales (europeos, pero no menos universalizables) el derecho de Ucrania a unirse a la OTAN, mientras Estados Unidos intensifica la integración (véase la US-Ukraine Strategic Defense Partnership, firmada el 31 de agosto de 2021), negando al mismo tiempo que sea inminente. Ciertamente, los líderes europeos no saben que Estados Unidos niega a otros países el derecho reconocido a Ucrania a unirse a un pacto militar; y si lo supieran, no habría ninguna diferencia, tal es el estado de letargo militari
      sta en el que se encuentran. Por ejemplo, las pequeñas Islas Salomón del Océano Pacífico aprobaron un borrador de pacto de seguridad con China en 2021. Estados Unidos reaccionó de inmediato y con alarma ante ese proyecto y envió a altos funcionarios de seguridad a la región para detener la “intensificación de la competencia de seguridad en el Pacífico”.
    5. La verdad llega demasiado tarde. La guerra de información se basa siempre en una mezcla de verdades selectivas, medias verdades y mentiras puras y duras (las llamadas false flags) organizadas para justificar la acción militar de quienes la promueven. Estoy seguro de que en este momento está en curso una guerra de información tanto en el lado ruso como en el estadounidense/ucraniano, aunque, debido a la censura que nos fue impuesta, sabemos menos sobre lo que sucede en el lado ruso. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. La tragedia es que siempre llegará demasiado tarde. En este convulso comienzo de siglo tenemos una ventaja: el mundo perdió su inocencia. Julian Assange, por ejemplo, está pagando un altísimo precio por habernos ayudado en este proceso. A los que todavía no han renunciado a pensar con cierta autonomía, les recomiendo la lectura del capítulo de Hannah Arendt, titulado “La mentira en política”, del libro Crisis de la República publicado en 1971. Es una brillante reflexión sobre los papeles del Pentágono, una recopilación exhaustiva de datos (entre ellos, muchos crímenes de guerra y muchas mentiras) sobre la guerra de Vietnam, recopilación realizada por iniciativa de uno de los máximos responsables de esa guerra, Robert McNamara.
    6. La pregunta que nadie hace. Cuando los conflictos armados son en África o en Oriente Medio, los líderes europeos son los primeros en pedir el cese de las hostilidades y la urgencia de las negociaciones de paz. ¿Por qué cuando la guerra está en Europa los tambores de guerra suenan sin cesar y ningún líder pide que se callen y se escuche la voz de la paz?