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Categoría: Opinión

  • El trabajo agrícola asalariado y la consulta popular: un nuevo intento de dignificación del trabajo en el campo

    El trabajo agrícola asalariado y la consulta popular: un nuevo intento de dignificación del trabajo en el campo

    Mauricio Chamorro Rosero

    Abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Sociólogo y Especialista en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Nariño. Magister en Antropología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Magister en Derechos Fundamentales de la Universidad de Granada. Doctor en Sociología y Antropología de la Universidad Complutense de Madrid. Posdoctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Nariño. Profesor del Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário de la Universidade Federal de Goiás. Miembro del grupo de investigación La Minga. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades.

    Mauricio Chamorro Rosero*

    La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló en un informe del año 1996, las condiciones lamentables en las que se encontraba el trabajo agrícola asalariado en el mundo. Las conclusiones a las que había llegado este informe, extraídas del análisis de las condiciones de los asalariados y las asalariadas agrícolas de más de setenta países, fueron contundentes: la mayor parte de estas personas acceden a empleos ocasionales, trabajan en condiciones altamente precarias y disponen de una protección social mínima o carecen absolutamente de ella. 

    Ya han transcurrido cerca de treinta años desde que el informe de la OIT alertó sobre las condiciones del trabajo agrícola asalariado en el mundo; sin embargo, en el caso de Colombia está situación no parece mejorar. Según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del 2022, el 16% de la población ocupada trabaja en el sector agrícola, de los cuales cerca del 40% podrían ser considerados trabajadores y trabajadoras agrícolas asalariadas. De ellos, la inmensa mayoría lo hace en condiciones de informalidad, una cifra que alcanza el 86% en el campo, duplicando los niveles urbanos.

    La extrema informalidad laboral, sumado a las condiciones de pobreza y violencia en las que se encuentra inmerso el trabajo agrícola asalariado en el país, propició que, en el marco del Acuerdo de Paz del 2016, el Estado colombiano se comprometiera con su dignificación. La Reforma Rural Integral, incluida en el Acuerdo de Paz, contiene medidas claras, entre las que se encuentran la adjudicación de tierras, subsidios y acceso a créditos especiales. Sin embargo, los avances han sido limitados.

    Aunque a partir de la firma del Acuerdo de Paz se han presentado algunos avances, el intento más consistente de formalización y mejora de las condiciones del trabajo agrícola asalariado fue su inclusión en el proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno de Gustavo Petro en el año 2023. Este proyecto proponía medidas concretas: regulación del contrato agropecuario, formalización del jornal y garantía de vivienda digna para los asalariados y las asalariadas agrícolas. A pesar de su relevancia, tras los debates en la Cámara de Representantes, el 8 de octubre de 2024 los artículos que protegían directamente los derechos de estos trabajadores fueron eliminados. Más adelante, el 18 de marzo del presente año, toda la reforma sería archivada por la Comisión Séptima del Senado de la República. 

    Esta nueva frustración ha llevado al gobierno a convocar una consulta popular, una herramienta democrática para insistir en la necesidad de reformas estructurales que incluyan, entre otras cosas, la protección de los asalariados y las asalariadas agrícolas. En un país donde la explotación de la fuerza laboral ha sido la base de su inserción en los mercados agroalimentarios globales, garantizar derechos laborales dignos para quienes trabajan la tierra no solo es un imperativo de justicia social, sino también un paso fundamental hacia una paz verdadera y duradera.

    En la consulta popular propuesta por el gobierno, el presidente ha convocado al pueblo para que se pronuncie acerca de aspectos importantes relacionados con la reforma laboral. Concretamente, la consulta se compone de doce preguntas, dos de ellas relacionadas directamente con la dignificación de las personas que trabajan en el campo. La pregunta número 8 de la consulta busca la aprobación de un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios. Por su parte, la pregunta 12 pretende la construcción de un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y las campesinas.

    Así las cosas, la consulta popular no debe verse como un simple mecanismo político; representa una oportunidad histórica para que la sociedad colombiana decida si quiere seguir perpetuando la marginalidad rural o dar un salto hacia una nueva ruralidad basada en la dignidad, la equidad y el respeto por quienes alimentan al país. Ignorar esta oportunidad sería darle la espalda a una deuda histórica que no admite más aplazamientos.

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  • La verdad, las víctimas y la construcción de paz

    La verdad, las víctimas y la construcción de paz

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    El 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, una fecha que a nivel global se estableció por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010, en homenaje a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba misa en la Capilla del Hospital de la Divina Providencia en San Salvador. El crimen fue cometido por un escuadrón de la muerte conformado por exmilitares, de orden impartida por el exmayor Roberto D’Aubuisson, tal como se puede leer en el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador. Días después en Colombia, el pasado 9 de abril, se rindió homenaje a las víctimas con la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, establecido en el artículo 142 de la Ley 1448 de 2011. Con ocasión de las fechas indicadas, quisiera abordar dos elementos, la verdad y la memoria, desde lo que ha sido su planteamiento en las más recientes contribuciones de la justicia transicional colombiana, aquellas derivadas del Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las FARC-EP.

    Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (2018 – 2024), publicó en julio de 2024 su informe de la visita a Colombia adelantada del 19 al 29 de septiembre de 2023. En este, analiza las medidas de justicia transicional implementadas en el país, a partir de los cinco pilares de su mandato (verdad, justicia, reparación, memorialización y garantías de no repetición). En cuanto al primer pilar, destaca el gran trabajo realizado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, indicando que su informe final, “es un avance trascendental para el esclarecimiento y el reconocimiento de la verdad de las violaciones cometidas durante el conflicto armado, y para la garantía de los derechos de las víctimas, incluidos los pueblos étnicos y las víctimas de violencia basada en género”. Seguidamente, llama la atención en las dificultades para la implementación de las recomendaciones de la Comisión, incluyendo los inconvenientes que ha tenido el Comité de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones, así como los obstáculos que se presentaron en el Congreso para que normativamente existiera un deber de acogerlas progresivamente. Con relación a la verdad el sr. Relator también abordó la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, los avances en la materia y las dificultades de articulación institucional.

    En cuanto a memorialización, el informe resalta que Colombia no tiene una política pública nacional de memorialización, que se han producido numerosos informes especialmente por parte del Grupo de Memoria Histórica (bajo la Ley 975 de 2005) y por el Centro Nacional de Memoria Histórica, una vez se estableció la Ley 1448 de 2011. Destaca también la estipulación del 9 de abril como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. En sus recomendaciones, el Relator presenta propuestas orientadas a superar las dificultades presentadas por el Comité, la desarticulación institucional y la carencia de una política de memoria, entre otros.

    Ahora bien, tal como lo expresó el relator Salvioli, el Informe Final Hay Futuro si hay verdad, de la Comisión de la Verdad (CEV) representa avances loables, para “la identificación de las raíces, circunstancias, características, estructuras y responsabilidades que conllevaron las violaciones cometidas en el marco del conflicto”. De las lecturas realizadas de este informe, quisiera destacar algunos de sus hallazgos más significativos.

    En primer lugar, las dimensiones de la tragedia. En Colombia, de acuerdo con la CEV, “no ha existido una sola generación que haya vivido en un país en paz”. El conflicto armado “supone una afectación directa al menos para el 20 % de la población colombiana que resultó víctima”. Una guerra en la que más del 90 % de los afectados pertenecen a la población civil y en la que en “el 42 % de los casos recogidos por la Comisión, las personas fueron víctimas de distintos hechos en varios momentos e, incluso, por diferentes grupos armados”. El 75 % de las víctimas del conflicto armado, según los registros oficiales, se generaron entre los años 1996 y 2008 y si se guardara un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto, el país permanecería silenciado durante 17 años.

    Como segundo aspecto, se destaca que la guerra tuvo impactos diferenciados en grupos poblacionales específicos. El campesinado fue la principal víctima de la guerra: de los más de 10 millones de hechos victimizantes reconocidos en el Registro Único de Víctimas, más de cuatro millones, el 45,5 %, afectaron a campesinas o campesinos. Los pueblos indígenas y grupos étnicos, así como sus territorios, han padecido un contínuum de violencias relacionadas con el trato colonial y el racismo estructural presentes en la sociedad, el Estado y el Derecho colombianos, los cuales se acentuaron y agravaron con las formas de violencia sufridas con la guerra, destacándose la identificación de corredores del conflicto armado en diecisiete macroterritorios étnicos. Las mujeres también padecen un contínuum de violencias a lo largo de sus vidas, de diferente tipo e interconectadas: económica, social, política, cultural, etc., existiendo también continuidad histórica y territorial, siendo estas violencias rasgos del machismo y del patriarcado, violencias que exacerbaron y fueron exacerbadas con el conflicto armado: diferentes tipos de acciones en la confrontación fueron dirigidas contra las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres. En este orden, “los impactos del conflicto armado en las mujeres fueron desproporcionados justamente por la existencia previa del patriarcado en la sociedad y en la cultura”.

    Finalmente, un tercer elemento, es la multiplicidad de partícipes de la guerra más allá de los combatientes, resaltándose que “Esta guerra no ha sido solo entre grupos armados, sino de entramados y aparatos políticos y económicos, donde se incluyen actores no armados, como civiles, sectores de la sociedad y grupos que participaron en la guerra, dinámicas del poder y en la disputa por la tierra”. Esa multiplicidad de actores: agentes e instituciones estatales, estructuras paramilitares, organizaciones guerrilleras, civiles individual y colectivamente considerados, tuvieron “diferentes tipos y grados de responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos y de graves infracciones al DIH”, que padecieron diferencialmente los sujetos anteriormente mencionados y en las dimensiones de la tragedia descrita.

    Estos elementos presentados corresponden a algunos aspectos del informe asociados específicamente a las víctimas, pero otros relacionados con el entendimiento complejo de la verdad, al régimen político, a la configuración sociocultural y territorial del país, y a las dimensiones económicas deberán igualmente ser revisados, buscando entender sus alcances y limitaciones, así como las ausencias y silencios frente a otros aspectos de necesario abordaje de cara a la construcción de una paz total y de la paz en los territorios, si realmente se quiere algo más que procesos de paz fragmentados, frustrados y pospuestos.


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    Columna de opinión publicada en Ámbito Jurídico

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  • Incidente na Serra do Mar

    Incidente na Serra do Mar

    Carlos Frederico Marés
    Carlos Frederico Marés

    A chuva persistente não permitia saber a hora exata daquele dia quente de outubro. O ano, isso sim se sabia, era 1842. A autoridade eclesiástica descia a pequena rampa de madeira que ligava o barco à terra firme com muito cuidado e levantando discretamente a barra da batina. O corpo avantajado e o sapato de cetim dificultavam o andar sobre a prancha. Um grande guarda chuva colorido protegia Sua Eminência que se apoiava num homem forte mas não muito acostumado em oferecer essas gentilezas. Conduzido em segurança, mas sem poder evitar respingos na batina e o emporcalhamento dos sapatos,  foi acomodado numa improvisada carruagem que na realidade era uma carroça de carga com um toldo feito às pressas, com uma espécie de poltrona como assento.

    Não era um bispo, descobriu-se depois, mas parecia e fazia questão que assim o considerassem. Era um vaga autoridade eclesiástica que vinha fazer uma misteriosa inspeção nas paróquias de Curitiba. A carruagem o levou direto à casa do mais rico comerciante de Porto de Cima, teria ainda uma longa viagem pela Serra do Mar, a pé, não estava disponível estrada carroçável. A subida, por exigência do próprio bispo, deveria ser feita em liteira, apoiado nos ombros fortes quatro escravos. Como ele mesmo não dispunha de escravos, nem de liteira e, embora levasse suas burras cheias, não pretendia usar os recursos próprios, pediria emprestado aos fiéis. 

    O comerciante o recebeu com exageradas mesuras acompanhado de toda família usando roupas feitas para a ocasião, talvez com exagerados degotes, como imaginavam que se usaria na metrópole, mas o bispo não repreendeu ninguém por isso. Estava cansado e depois de tomar um chá com bolachas recém assadas recolheu-se. O quarto era simples, mas havia sido cuidadosamente arrumado, tecidos, cortinas, poltronas, espaldar da cama, mesinhas de cabeceiras, tudo muito asseado e digno de um bispo, pelo menos assim imaginava o comerciante, que atribuiu a ausência de elogios ao fato do bispo estar acostumado com esses luxos.

    O bispo, porém, dormiu até o outro dia. A chuva havia dado uma trégua e o sol já se levantava alto. No café da manhã mostrou a razão de sua corpulência, comeu todas iguarias e não apenas um bocado.

    O comerciante e a família faziam planos enquanto o bispo descansava. Quem sabe o casamento da filha, quem sabe o batizado de um sobrinho de Antonina, tinham que aproveitar e promover uma festa local, ninguém poderia imaginar quando outro bispo passaria por ali. O bispo, porém, dormiu até o outro dia. A chuva havia dado uma trégua e o sol já se levantava alto. No café da manhã mostrou a razão de sua corpulência, comeu todas iguarias e não apenas um bocado. Ficou encantado com o bolinho de chuva, encharcado de graxa e melado de açúcar recém produzido. Deu duas notícias nos intervalos da comilança, primeiro, que não faria primeira comunhão, casamento ou batizado, tudo tarefa do pároco local, disse apontando para o jovem e magro padre de Antonina que estava a um canto e tinha vindo especialmente para saudá-lo. Segundo, anunciou que partiria para Curitiba dentro de uma semana, mas primeiro precisava conseguir uma liteira, acompanhantes, de preferência religiosos, disse olhando mais uma vez o padre, e escravos que carregassem a liteira e a bagagem, sabia que a subida era demorada e penosa.

    A extravagante caravana de nove homens partiu para Curitiba com certo alívio, mas razoável prejuízo, do comerciante que não obteve sequer o benzimento de seus estabelecimentos.

    As providências foram sendo tomadas. A liteira o comerciante conseguiu emprestado com um político de Paranaguá, que por sua vez tinha adquirido com dinheiro público e a usava em privado.  Quem sabe emprestando a liteira tivesse seus pecados redimidos. O padre de Antonina foi buscar uns diáconos também em Paranaguá, entre eles um que conhecia o caminho e serviria de guia, iam armados, por se acaso encontrassem bandidos, índios ou bichos, explicou o padre. Faltavam os escravos para carregar a liteira. Relutante, mas temendo a ira divina, o comerciante cedeu quatro trabalhadores seus, negros fortes e resistentes e que seriam trazidos de volta pelos diáconos junto com a liteira, no prazo de um mês. Não teve coragem de insinuar ao bispo um valor, ainda que simbólico. O bispo, bom negociante, ainda levou de graça farnel para uma semana de viagem. Como precisava de quatro escravos para carregar a liteira, o excesso de bagagem que não pode ser acomodado com o bispo teve que ser carregado pelos quatro diáconos.

    A partida aconteceu dez dias depois da chegada do bispo em Porto de Cima. A extravagante caravana de nove homens partiu para Curitiba com certo alívio, mas razoável prejuízo, do comerciante que não obteve sequer o benzimento de seus estabelecimentos. Os primeiros quilômetros foram quase um passeio, especialmente para o bispo. Margeando o Nhundiaquara a subida era leve e a paisagem deslumbrante, o rumor das águas, as pedras, os pássaros, a vegetação exuberante, tudo quase perfeito à exceção dos mosquitos e do sufocante calor que já se sentia apesar de tão cedo. Mas de repente, sem anúncio,  a subida da Serra começou. Desapareceu o rio, mudou a posição da liteira que se inclinou para trás,  causando um desconforto a mais para o já incomodado bispo. A trilha não permitia conduzir a liteira de lado, que talvez fosse mais confortável e o peso para os de trás aumentava. Os escravos escorregavam e proferiam palavras curtas e ininteligíveis, os diáconos praguejam, o bispo ia tenso, mas fingia que não ouvia. A marcha passou a ser muito lenta e o bispo começou a xingar os carregadores, a cor da pele foi o adjetivo mais gentil dentre os usados.

    Não havia mais remédio, o bispo, talvez a contragosto, tirou do embornal, que carregava sempre junto de si, um delicado, mas efetivo relho, desses pensados para martírio humano, com pequenas contas de pérolas engastadas nas pontas de couro bem curtido. Com meio corpo para fora da liteira batia nas pernas dos escravos, primeiro de um lado, depois do outro, à frente e atrás e ameaçava mudar a parte do corpo e a força da mão se não andassem mais depressa e sem escorregar. O efeito das chicotadas era mais lentidão e mais escorregão. O diácono mais velho tentou alertar o bispo da inconveniência do método, mas não foi ouvido e, ao contrário, foi ameaçado com o relho e xingado.

    A jornada continuou. Já tinham subido bastante apesar da lentidão. Uma pequena pausa para almoço ao lado de uma fonte imaculada de água que brotava da pedra e escorria farta. O descanso foi breve e os oito acompanhantes comeram pouco e com avidez enquanto o bispo foi comedido, afinal, vinha beliscando o farnel desde a saída. O reinício da caminhada se deu sob ameaça de farta distribuição de relhadas. A retomada foi revelando uma trilha cada vez mais difícil, a subida da Serra do Mar ia ao meio, faltava outro tanto para chegar ao primeiro planalto. A trilha ia ficando mais íngreme, mais escorregadia, mais perigosa. O guia pediu que parassem, não estava certo que o caminho fosse aquele. O bispo, vermelho de cólera, já não se continha no uso do relho, batia nos escravos, nos diáconos e só poupava a si mesmo em autocomiseração. O mais castigado dos escravos era o da direita da frente, em quem os golpes eram mais certeiros e mais fortes pela facilidade que tinha o agressor. Era o mais fraco dos quatro.

    Com medo da reação do bispo, os quatro diáconos decidiram continuar por essa trilha que estava subindo e chegaria ao planalto de qualquer forma. Quando três quartos da subida já havia sido vencida, imaginava o diácono guia, numa curva fechada em pedra resvaladiça apareceu à frente ao lado direito uma escarpada pedra muito alta e do esquerdo um penhasco com pedras soltas e muita vegetação entre a qual se adivinhava um precipício sem fim. No exato momento em que o bispo aplicou uma chicotada forte na nuca do escravo da frente da direita, ele pisou em falso e escorregou. O escorregão, o movimento para se esquivar do golpe e o cansaço o fez perder o equilíbrio e cair soltando a liteira que foi ao chão derrubando os outros carregadores e tombando, rolando dois metros abaixo sobre uma grande pedra e suportado por uma desajeitada arvorezinha, parando na beira do abismo. Enquanto a liteira rolava com o bispo, o desafortunado escravo  caia e batia a cabeça com força em uma pedra, deixando um rastro de sangue e, assim como a liteira, ficou pendurado num pequeno arbusto de frente para o precipício, agarrando-se à vida com as últimas forças.

    Os diáconos correram para ajudar o bispo sair da liteira em péssimas condições, todo dolorido, rasgado, sujo, com o relho na mão e um pequeno corte na  testa, o que lhe dava um ar ainda mais sinistro. Na subida de volta à trilha viu o escravo pendurado e, num gesto  mais rápido do que poderia supor seu estado, o empurrou para a morte. Não se ouviu o grito, mas o baque seco de seu corpo primeiro nas pedras, depois nos galhos e, finalmente, muito distante, na terra. Estarrecidos, os sete acompanhantes restantes ficaram paralisados de horror e, já na trilha, primeiro ouviram um ranger, depois viram a liteira se mover devagar, girar sobre si mesma e despencar no desfiladeiro. O silêncio então se fez.

    Passado o susto, os cinco religiosos trocaram olhares e descobriram que estavam sós. Os três negros haviam sumido no mato, nunca se soube como, e já não se ouvia qualquer ruído. Estranho, mas efetivo modo de conquistar a liberdade, comentaram, ninguém saberia ou poderia ir atrás. E agora? Perguntou o bispo com desespero e ódio no olhar, mantendo o relho na mão. Num impulso avançou para o diácono mais próximo e desfechou uma chicotada em pleno rosto, empurrando-o ao precipício ao gritos de sua culpa, sua culpa! O diácono, na tentativa de se defender dos golpes agarrou a mão do bispo, desequilibrou-se e ambos rolaram entre pedras e plantas. Dessa vez sim, se ouviu gritos, berros altíssimos que novamente terminaram em baques secos e depois em absoluto silêncio.

    Muito tempo depois, tendo como únicas testemunhas os três diáconos de Paranaguá e quando o comerciante já havia perdido as esperanças de ter de volta seus escravos e o político sua liteira, e já estava em tratativas com um advogado para demandar a Igreja pelos prejuízos, chegou a Porto de Cima uma carta de Curitiba, assinada pelo pároco da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, perguntando se tinham notícias do representante do Santo Ofício que viria inspecionar o Além Serra e que nunca tinha chegado à Curitiba, apesar de anunciado.

    2024

    Explicação desnecessária: Essa história me foi contada por um rato de arquivos que, vasculhando os porões do Tribunal de Justiça do Paraná, entre muitos fardos de processos, encontrou a demanda do comerciante de Porto de Cima contra a Igreja. Teria lido a peça introdutória, mas não conseguiu mais localizar o velho processo quando solicitado por mim. Ficou apenas a memória daquela leitura, que me contou escandalizado.

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  • A geração ceifada

    A geração ceifada

    Carlos Frederico Marés
    Carlos Frederico Marés

    Todo jovem caminhando pelas ruas de Montevidéu no início dos anos de 1970 era suspeito. Os brasileiros exilados, em sua maioria, eram da geração dos políticos cassados em 1964, já não eram jovens. Os oriundos do movimento estudantil eram poucos e sua aparência, modo de vestir e caminhar, os confundia com os integrantes da mais temida e ousada resistência urbana da América Latina, os Tupamaros. Eram suspeitos!

    Caminhar no centro de Montevidéu, então, era atividade de risco, todo guarda da esquina sonhava em prender um tupamaro distraído, o que nunca acontecia, mas a obsessão continuava e bastava ver um estudante caminhando para se apressar em abordá-lo. Não era incomum em um trajeto de dez quadras ser parado três vezes. De cada dez abordagens uma ou duas resultava em condução à delegacia mais próxima. Na maior parte das vezes, o guarda não entendia o estranho documento que o Uruguai expedia aos exilados políticos. Era uma folha de papel com timbres, selos e brasões e um longo arrazoado, começando por elencar as razões políticas da perseguição no Brasil e, finalmente, concedendo asilo político. O guarda da esquina não entendia, lia as difíceis palavras entremeadas de acusações e levava o incauto para a delegacia, o delegado lia atentamente e, com sorte, entendia e soltava sem muitas gentilezas. Lá se ia a manhã ou a tarde do jovem exilado. 

    Nem sempre o delegado entendia, porém. As vezes o palavreado ou a lógica da proteção não era captada e o caminhante mantido preso até novas averiguações. O pobre exilado não tinha mais remédio que chamar um advogado, invariavelmente um exilado da geração mais velha. As vezes, depois de várias leituras do insólito documento, de conversas sussurradas, os policiais chegavam a conclusão de que o preso deveria ser devolvido ao Brasil. O problema era como fazer, teriam que aguardar ordens superiores que poderiam levar dias, ainda que certamente resultasse na soltura do custodiado, a  espera era angustiante. 

    Depois da difícil conversa com o delegado, a pergunta libertadora: “Mas, você tem um advogado?” “Claro, é o Ministro Amauri Silva e este é o telefone”, era a pronta resposta acompanhada da entrega do cartãozinho escrito à máquina, sempre disponível no bolso, bem guardado e bem legível.

    Depois da difícil conversa com o delegado, a pergunta libertadora: “Mas, você tem um advogado?” “Claro, é o Ministro Amauri Silva e este é o telefone”, era a pronta resposta acompanhada da entrega do cartãozinho escrito à máquina, sempre disponível no bolso, bem guardado e bem legível. Raras vezes Amauri tinha que vir à delegacia assinar um novo papel que envelheceria na gaveta, a conversa do responsável com o Ministro, pelo telefone, em geral era suficiente. Às vezes Amauri precisava ligar para uma autoridade local, às vezes vinha até o posto policial pessoalmente resgatar o jovem preso, sempre com um sorriso conformado. 

    Amauri era o advogado geral dos exilados jovens em Montevidéu. Mas era muito mais do que isso. Era também o anjo da guarda que cuidava de tudo, do frio à fome. Tinha um restaurante numa das praias mais badaladas de Montevidéu, Pocitos, todo envidraçado e de frente para o Rio de La Plata, se chamava Cangaceiro, era caro e sofisticado demais para os exilados jovens, mas Amauri aceitava como pagamento uma boa conversa e uma troca de opinião sobre o teatro ou o filme em cartaz na semana. Então, fornecia uma refeição especial com ingredientes menos valorizados pela clientela de elite, como as asas de frango que naquele tempo tinham que ser comprados inteiros. O mágico cozinheiro do Cangaceiro transformava as asas no maravilhoso “força aérea” que era devorado com a voracidade própria dos 20 anos.

    Mas ainda não era só isso. Amauri financiava pequenos investimentos para os exilados proverem a vida, como uma pequena banca de frutas ou revenda de linguiças, além, é claro, de conseguir aqui e ali um emprego decente. Se alguém estivesse com frio, logo surgiria uma ceroula grossa e nova como um presente a mais. Amauri não tinha fortuna pessoal para bancar tudo isso, e todos sabiam que ele sempre contava com a generosidade oculta de Jango que era visto, muitas vezes, jantando com Maria Thereza numa discreta mesa do Cangaceiro. Nessas oportunidades Jango e Amauri conversavam longamente e os devoradores da “força aérea” recebiam apenas um gentil cumprimento de cabeça do ex-presidente.

    Amauri Silva, na época, tinha menos de cinquenta anos, completara quarenta no ano do golpe, em 1964, e só voltou à vida pública em 1983, com a eleição de José Richa para o governo do Paraná. Teve a vida política ceifada pela ditadura como tantos outros de sua geração. Quando do golpe de estado Amauri era Ministro do Trabalho e Previdência Social. Sua trajetória política e atuação brilhante como Ministro indicava um destacado futuro como liderança nacional. O golpe que estragou o Brasil, como dizia Paulo Freire, também estragou histórias de vida e interrompeu e enfraqueceu a construção de lideranças populares como Amauri. Aliás, o mundo brasileiro em Montevidéu, na época era povoado de homens pertencentes à geração ceifada. 

    Embora fosse do sul do Paraná, nasceu em Rio Negro, sua base política e profissional foi Londrina. Contava histórias sobre seus primeiros passos na advocacia, com o piso do escritório mais ou menos improvisado manchado de barro vermelho na defesa de causas populares. Ria contando os casos. Londrina tinha pouco mais de 20 anos de fundação e muito conflito social. Foi eleito Deputado e Senador pelo Paraná numa coligação de esquerda, pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) de Jango e Brizola. Dedicado e cortês era engajado nas lutas populares.

    João Goulart o convidou para assumir o Ministério do Trabalho e lá se empenhou em regulamentar e implementar a sindicalização dos trabalhadores rurais, realidade que conhecia muito bem da experiência de sua advocacia em Londrina e que fez com grande competência, mudou a realidade sindical rural nos poucos meses de Ministério. Foi ele, também, que negociou a libertação dos marinheiros entrincheirados no Sindicato dos Metalúrgicos e convenceu Jango a lhes conceder anistia. Com isso ganharia o ódio mortal dos militares e dos latifundiários que apoiariam o golpe de 1964. Já havia assumido a liderança trabalhista, de esquerda, aberta pela morte de Souza Naves em 1959, no Paraná, e estava ganhando rapidamente foro nacional. Era um líder popular em ascensão. 

    No dia do golpe foi até Porto Alegre conversar com Jango e estava disposto a resistir. Mesmo com Jango ainda no Brasil, o Congresso declarou vago o governo e permitiu que as baionetas decidissem o futuro. O golpe estava consumado. Jango pediu a Amauri que voltasse ao Rio de Janeiro e assumisse sua cadeira no Senado, afinal seria importante ter senadores ativos que defendessem a democracia violada. Amauri voltou e no dia seguinte sairia a primeira lista de políticos cassados. Amauri era o número um. O golpe foi dado para reprimir o movimento camponês e Amauri tinha sido o responsável por sua sindicalização e fortalecimento. Passou a ser um dos políticos mais perseguidos pela Ditadura que não permitiu a nenhum país que lhe desse asilo em suas embaixadas no Rio de Janeiro, o que o obrigou a sair clandestino para o Uruguai.

    Como Bolívar em Bogotá, Amauri teve que pular uma janela para sair do país que estava ajudando a libertar. Era, ao lado de Jango e Brizola, uma das maiores autoridades brasileiras no exílio uruguaio. Culto e amável, com uma simplicidade séria e sorridente, não havia quem não o quisesse bem e respeitasse, não importando as eventuais divergências que na época dividiam a esquerda brasileira, não perguntava a filiação política dos presos para prover sua liberdade, não por amor à advocacia, por humanidade. 

    Todos esses atributos davam a Amauri a qualidade de conciliador e sua proximidade com Jango o transformava em intérprete privilegiado do ex-presidente com os exilados de todas as gerações. Teve sua vida política ceifada. Quando voltou a atividade política, já com 60 anos, seu tempo havia passado e o Paraná e o Brasil perdiam uma expressiva liderança popular. Fez parte de uma geração ceifada pela violência da Ditadura. Os melhores quadros, os mais promissores, os mais decididos tiveram sua atividade anulada. Como Amauri, Djalma Maranhão, Neiva Moreira, João Goulart, Francisco Julião e muitos outros foram impedidos de continuar a luta junto ao povo. É incrível imaginar como um país destrói uma geração pela força da arrogância militar, instalando uma ditadura para impedir avanços e melhorias sociais. E é mais incrível ainda pensar que há movimentos para reimplantá-la.

    Ditadura, Nunca Mais!

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  • O direito de acesso à justiça: rumo a um instrumento ibero-americano

    O direito de acesso à justiça: rumo a um instrumento ibero-americano

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    Ao final de 2024, realizou-se em Santiago do Chile o Encontro regional Avançando Rumo a uma Convenção Ibero-americana de Acesso à Justiça, um espaço organizado pela COMJIB, o PNUD e o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos do Chile. O encontro promoveu o debate público entre ministros e delegados dos ministérios da Justiça da Ibero-América, organismos internacionais, sociedade civil e comunidade acadêmica, que compartilharam ideias em torno do projeto de instrumento regional, sobre o qual, como mencionei em outro artigo de opinião, se trabalha desde 2021 e que apresenta grande importância por pelo menos três razões, as quais apresento a seguir.

    Em primeiro lugar, o projeto apresenta o acesso à justiça como um direito que possibilita a garantia de outros direitos. As discussões levaram à definição do acesso à justiça como o direito de “conhecer e exercer seus direitos, e de contar com recursos e serviços de apoio jurídico eficazes, bem como com instâncias judiciais, administrativas e informais adequadas para obter soluções justas para suas necessidades jurídicas”, em conformidade com as estipulações de direitos humanos, sendo titulares desse direito tanto indivíduos quanto coletividades. A definição e as disposições do articulado superam o entendimento limitado do acesso à justiça como mera parte do devido processo judicial; conferem prioridade ao direito material e à realização efetiva de direitos, à obtenção de soluções justas, substanciais, de implementação rápida, integral e eficaz. Não se limitam ao sistema judicial estatal e incluem instâncias administrativas e outras formas de justiça.

    Em segundo lugar, a proposta de instrumento inclui o empoderamento jurídico, definido como “a promoção do conhecimento e uso dos direitos, das leis e do sistema jurídico por parte de pessoas e comunidades, com o objetivo de encontrar soluções jurídicas e institucionais adequadas para visibilizar e resolver suas necessidades jurídicas”. Estabelece-se que o empoderamento deve ser favorecido por medidas de informação e educação em direitos que os Estados devem adotar como parte de seus compromissos, por meio de entre outras, políticas públicas de formação em direitos e de divulgação do direito de acesso à justiça e dos procedimentos para sua efetivação. A finalidade da educação jurídica é possibilitar a ação das pessoas frente aos obstáculos e barreiras que impedem o gozo efetivo dos direitos e a superação da injustiça. Trata-se, portanto, de uma educação jurídica orientada ao empoderamento jurídica, abordagem que, numa apropriação contra-hegemônica e a partir de uma prática jurídica crítica, tem sido definida como “o esforço para garantir que as pessoas possam conhecer, usar e transformar o direito para alcançar justiça”, transformações essas que podem incluir transformações sistêmicas. A importância do empoderamento jurídico é evidenciada por pesquisas acadêmicas publicadas recentemente e por sua incorporação nos relatórios da Relatora Especial sobre a independência de juízes e advogados, Margaret Satterthwaite.

    Por fim, como terceira razão, o articulado evidencia a necessidade de garantir o direito de acesso à justiça para pessoas em situação de vulnerabilidade. O projeto de Convenção apresenta a centralidade nas pessoas como um princípio de interpretação e implementação, e também são princípios a perspectiva de gênero, a interseccionalidade, a pluriculturalidade, a igualdade e a não discriminação. Isso está articulado com a identificação de pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade como aqueles que, por razões físicas, socioeconômicas, culturais, entre outras, “enfrentam dificuldades especiais para exercer plenamente no sistema de justiça os direitos reconhecidos pelo sistema jurídico”. No caso nacional, a Corte Constitucional identificou, em 2021, um total de 27 grupos populacionais vulneráveis. Para esses grupos, com a Convenção, deverão ser adotadas medidas eficazes e necessárias para garantir o acesso igualitário à justiça. Da mesma forma, deverá haver formação e sensibilização em direitos humanos para os funcionários e demais pessoas relacionadas na resolução de conflitos.

    Na Colômbia, recentemente têm ocorrido avanços importantes em matéria de acesso à justiça, que aprofundam e ampliam o estabelecido na Constituição Política e estão em consonância com os três elementos destacados do projeto de Convenção Ibero-americana. Entre esses avanços estão: a estipulação constitucional da jurisdição agrária e rural; o projeto de lei que modifica o Código da Infância e Adolescência, para incluir e aprofundar mecanismos de justiça restaurativa e terapêutica no sistema de responsabilidade penal para adolescentes (PL 416/25S); assim como o projeto normativo que estabelece a coordenação e articulação entre a Jurisdição Especial Indígena e o sistema judicial nacional (PL 287/24S), ambos de iniciativa do atual Ministério da Justiça e do Direito.

    Saudamos a estipulação de um instrumento ibero-americano sobre o direito de acesso à justiça centrado nas pessoas em situação de vulnerabilidade, que poderiam ter na Convenção uma ferramenta importante para a garantia de seus direitos, pois, como afirmamos desde a sociedade civil, “Só é justiça se você puder acessá-la”.


    Versão em espanhol


    Coluna de opinião publicada no Ámbito Jurídico

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  • El derecho de Acceso a la Justicia: camino a un instrumento iberoamericano

    El derecho de Acceso a la Justicia: camino a un instrumento iberoamericano

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    Al finalizar el 2024, se realizó en Santiago de Chile el Encuentro Regional Avanzando Hacia un Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, un espacio organizado por la COMJIB, PNUD y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile. El encuentro promovió el debate público entre ministros y delegados de ministerios de justicia de Iberoamérica, organismos internacionales, sociedad civil y academia, quienes intercambiaron alrededor del proyecto de instrumento regional, sobre el cual, como señalé en otra columna, se trabaja desde el 2021, y presenta una gran importancia por al menos tres razones, las cuales presento a continuación.

    En primer lugar, el proyecto presenta el acceso a la justicia como un derecho que permite la garantía de otros derechos. Las conversaciones han llevado a definir el acceso a la justicia como el derecho a “conocer y ejercer sus derechos, y a contar con recursos y servicios de apoyo legal efectivos, así como instancias judiciales, administrativas e informales adecuadas para obtener resoluciones justas a sus necesidades jurídicas”, de acuerdo con los estándares de derechos humanos, siendo el titular de este derecho individuos y colectivos de personas. La definición y las estipulaciones en el articulado se salen del entendimiento limitado del acceso a la justicia como parte del debido proceso judicial, dan prevalencia al derecho sustancial y a la realización efectiva de derechos, a la obtención de soluciones justas, de fondo, de implementación pronta, cumplida y eficaz, va más allá del sistema judicial estatal, e incluye instancias administrativas y Otras justicias.

    En segundo término, la propuesta de instrumento incluye el empoderamiento jurídico, definido como “la promoción del conocimiento y uso de los derechos, las leyes y el sistema jurídico por parte de las personas y comunidades a fin de encontrar soluciones jurídicas e institucionales idóneas para visibilizar y resolver sus necesidades jurídicas”. Se estipula que el empoderamiento debe verse favorecido por las medidas de información y educación en derechos que deben ser adoptadas por los Estados como parte de sus compromisos, esto es, entre otras, por las políticas públicas de formación en derechos y de divulgación del derecho de acceso a la justicia y los procedimientos para su efectividad. La finalidad de la educación legal es el posibilitar el accionar de las personas sobre los obstáculos y barreras que impiden el goce efectivo de derechos y la superación de la injusticia, a partir de lo que se tiene una educación legal orientada al empoderamiento jurídico, enfoque que, en una apropiación contrahegemónica y desde una práctica legal crítica, ha sido definido como “el esfuerzo por garantizar que las personas puedan conocer, usar y transformar el derecho para lograr justicia”, transformaciones que pueden incorporar cambios sistémicos. La importancia del empoderamiento jurídico se evidencia en investigaciones académicas publicadas recientemente y en su abordaje por la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite.

    Finalmente, como tercera razón, el articulado evidencia la necesidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia para las personas vulnerables. El proyecto de Convenio presenta la centralidad en las personas como un principio de interpretación e implementación, al igual que lo son el enfoque de género, la interseccionalidad, la pluriculturalidad, la igualdad y no discriminación. Lo anterior, va de la mano con la identificación de personas y grupos en situación de vulnerabilidad como aquellos que, por razones físicas, socioeconómicas, culturales, entre otras, “encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”. Para el caso nacional, la Corte Constitucional identificó en 2021 un total de 27 grupos de población vulnerable. Para ellos, con el Convenio, deberán adoptarse medidas eficaces y necesarias para garantizar el acceso igualitario a la justicia, así mismo, deberá formarse y sensibilizarse en derechos humanos a funcionarios y personas partícipe de la resolución de conflictos.

    En Colombia, recientemente se tienen avances importantes en materia de acceso a la justicia, que profundizan y amplían lo establecido en la Carta Política y van en línea con los tres elementos reseñados del proyecto de Convenio Iberoamericano, como lo son la estipulación constitucional de la jurisdicción agraria y rural; el proyecto de ley (PL 416/25S) modificatorio del Código de la Infancia y Adolescencia, para incluir y profundizar mecanismos de justicias restaurativa y terapéutica en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes; al igual que el proyecto normativo para establecer la coordinación y articulación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el sistema judicial nacional (PL 287/24S), estos dos, iniciativa del actual Ministerio de Justicia y del Derecho.

    Saludamos la estipulación de un instrumento iberoamericano sobre el derecho de acceso a la justicia centrado en las personas en situación de vulnerabilidad, quienes podrían tener en el Convenio una herramienta vinculante para la garantía de sus derechos, porque, como afirmamos desde la sociedad civil, solo es justicia si puedes acceder.


    Versão em português


    Columna de opinión publicada en Ámbito Jurídico

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  • 8 de abril, día Internacional de Oposición a los Alimentos Transgénicos

    8 de abril, día Internacional de Oposición a los Alimentos Transgénicos

    El Día Internacional de Oposición a los Alimentos Transgénicos se creó el 8 de abril de 2006, por iniciativa organizativa de cien organizaciones internacionales ubicadas en más de 40 países, con el propósito de visibilizar la imposición y la desinformación acerca de los riesgos y desventajas de los alimentos transgénicos o también conocidos como Organismos Genéticamente Modificados (OGM), en la salud de personas, animales y en el ambiente, incentivando la agricultura sostenible y la producción de alimentos libres de transgénicos.

    Actualmente en Colombia se moviliza el Proyecto de Acto legislativo No 515 de 2025 radicado en la Cámara de Representantes, con el cual se pretende modificar el artículo 81 de la Constitución colombiana para prohibir el ingreso, importación, producción, comercialización, exportación y liberación de semillas transgénicas; proteger el derecho a sistemas alimentarios soberanos y autónomos; preservar diferentes ecosistemas, el suelo y el agua; garantizar modelos económicos y de comercialización justos y soberanos; amparar el derecho de las poblaciones rurales a cultivar la diversidad de semillas criollas, y defender la permanencia de las comunidades rurales en sus territorios.

    El proyecto de modificación constitucional se suma a, por una parte, el reconocimiento como sujeto de derechos y de especial protección del campesinado mediante el Acto Legislativo 01 de 2023, que reconoció a las campesinas y campesinos de Colombia el derecho a la protección, respeto y garantía del acceso e intercambio de semillas y a la diversidad biológica, así como base fundamental de la producción de alimentos de estos. La importación y producción de alimentos transgénicos contraría el principio y derecho a la soberanía alimentaria, por lo que su prohibición en la Carta política es necesaria. De otra, a la garantía estatal del derecho humano a la alimentación adecuada, establecida a través del Acto Legislativo 01 de 2025, a partir de la cual la alimentación adecuada adquiere rango de derecho constitucional, se otorga prioridad al desarrollo sostenible y se establece el deber estatal de proteger y salvaguardar la biodiversidad.

    En esta importante fecha compartimos con nuestras y nuestros lectores algunas voces de lideresas de procesos sociales rurales que acompaña ILSA:

    Adelina Córdoba, MEPEMA, Chita, Boyacá.

    «Los alimentos transgénicos son dañinos tanto para nuestra salud, como para nuestra madre tierra, acaban con nuestras semillas nativas y criollas, con nuestra identidad y con nuestra economía local al estar obligados a comparar los paquetes tecnológicos de las grandes multinacionales.

    Debemos volver a cultivar ancestralmente, con prácticas como la agroecología, la permacultura etc., y cultivar para el auto sostenimiento desde nuestras casas sin agroquímicos y fortaleciendo el comercio local. Consumiendo alimentos sanos de nuestros   territorios».

    Blanca Ochoa, MEPEMA, Chita, Boyacá.

    «Nos oponemos porque desde nuestras colectividades hablamos de cuidados y la producción de alimentos transgénicos destruye la espiral del cuidado, pues esta conlleva la alteración a la tierra y un gran daño a los ecosistemas, no podremos hablar de cuidado si lo que le damos a nuestros cuerpos no es natural y está genéticamente modificado.

    Las comunidades tenemos la oportunidad de organizarnos, para resistir; rescatando y compartiendo nuestras semillas propias y limpias, sembrando con amor por la tierra y cuidado hacia todos los tipos de vida, educadonos, compartiendo experiencias y construyendo saberes juntxs».

    Julieth Trujillo, ECOCUENCA LAGO DE TOTA. Tota, Boyacá.

    «Los alimentos transgénicos son considerados de calidad inferior a los que se producen localmente, y su producción obliga a los productores a asumir técnicas y procedimientos agrícolas que no están adaptados a nuestro territorio, teniendo en cuenta que estos son introducidos por guías internacionales (Europa – EEUU) que se usan adaptados a sus estaciones, estaciones que no tenemos aquí, por lo tanto, terminan alterando los procesos en los ecosistemas.

    Cuando se produce y consume local se toma como una medida de adaptación al cambio climático pues consumir local evita desgastes económicos y Ambientales ya que no hay necesidad de usar transporte (gran generador de emisiones) y entre otros».

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  • Lo posible entre dos imposibilidades

    Lo posible entre dos imposibilidades

    Boaventura de Sousa Santos*

    *Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Texto enviado a OtherNews por el autor, el 21.02.23

    No todo lo que aparentemente no tiene principio ni fin es infinito. Por ejemplo, un círculo, que es un espacio-tiempo confinado. Es precisamente en un círculo donde viven las sociedades contemporáneas debido a la globalización del capitalismo y a la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Pensar en un círculo implica la imposibilidad de pensar en un futuro distinto de lo que permite el círculo: lo posible autorizado. El futuro posible es una variante de lo que ya existe o encaja en el círculo. Como las variaciones son infinitas, el futuro imposible sólo puede pensarse como no-posible dentro de los límites del círculo. La inteligencia artificial es hoy el imposible más estimulante del mundo circular. Su conquista está siempre próxima y siempre incompleta.

    El círculo colonial y el círculo capitalista

    La imposibilidad de pensar y actuar fuera del círculo se convierte en un problema social existencial cuando vivir con dignidad dentro de él resulta imposible para amplios sectores de la población. En la era eurocéntrica moderna, el primer círculo fue el colonialismo. Dada la superioridad del colonizador, los pueblos colonizados fueron los primeros en experimentar una doble imposibilidad: la imposibilidad de vivir con dignidad bajo el dominio colonial y la imposibilidad de pensar en su liberación. Contrariamente a lo que muchos piensan, este círculo y esta doble imposibilidad continúan hoy en día, incluso después de la independencia política de las colonias europeas.

    Quienes viven esta realidad con mayor intensidad son lo que hoy llamamos el Sur Global. Dada la íntima relación entre colonialismo y capitalismo, el círculo colonial se hizo más violento y confinado a partir de finales del siglo XIX, cuando el capitalismo experimentó su auge, primero en Europa y luego en Norteamérica. Fue entonces cuando el círculo capitalista, el espacio-tiempo confinado de la reproducción del capitalismo, comenzó a formarse en las sociedades colonizadoras. Y aquí también la imposibilidad de pensar fuera del círculo fue acompañada de la dificultad existencial de vivir dignamente dentro del círculo para amplias capas de la población: las clases trabajadoras, los obreros, los campesinos, los inmigrantes, los grupos sociales racializados o sexualizados.

    La era eurocéntrica moderna se compone, pues, de dos círculos superpuestos, el círculo colonial y el círculo capitalista, y ambos convergen para imposibilitar una vida digna a amplios sectores de la población, al tiempo que imposibilitan pensar o actuar fuera del mundo circular. Esta doble circularidad ha evolucionado a lo largo de los años, ha sufrido muchas convulsiones, ha habido momentos en los que parecía deshacerse, sólo para reconstituirse en los momentos siguientes. Lo que caracteriza nuestro tiempo es que los dos círculos son simultáneamente más amplios y más intensos. Más amplios porque abarcan más ámbitos de la vida social, y más intensos porque nunca ha sido tan imposible para amplios sectores de la población vivir con dignidad dentro de ellos o imaginar la vida más allá. A grandes rasgos, la historia es la siguiente.

    Romper los círculos: la revolución y la guerra

    Sólo desconfinando el tiempo y el espacio del círculo es posible pensar en otros mundos posibles más dignos y en otros tipos de relaciones interpersonales más humanas más allá del círculo. Desconfinar significa romper y correr el riesgo de la liberación o del fracaso. En el pasado, este desconfinamiento tuvo lugar por dos vías: la revolución y la guerra. Dos caminos muy diferentes, casi siempre articulados, pero no siempre en la misma dirección: revolución para acabar con la guerra; guerra para hacer posible la revolución; guerra para acabar con la revolución. La liberación del círculo colonial comenzó en el siglo XVII con la huida de los esclavos, los quilombos en Brasil, y continuó casi hasta finales del siglo XX con las guerras de liberación por la independencia política de las colonias europeas (las colonias portuguesas fueron las últimas, 1974-76). Y no hay que olvidar los casos aún pendientes, especialmente la lucha del pueblo palestino y del pueblo saharaui.

    En el caso del círculo colonial, a menudo fue la guerra la que hizo posible la revolución y, con ella, lo que antes era imposible por estar fuera del círculo del pensamiento y la acción autorizados. Basta pensar en la guerra de independencia de Estados Unidos, Argelia, Vietnam, las guerras de liberación de las colonias portuguesas. En la historia de Haití o Cuba, la guerra tenía como objetivo poner fin a la revolución y la superposición entre ambas ha continuado hasta nuestros días. Cuando no hubo ni guerra ni revolución, como en el caso de Brasil, la ruptura del círculo colonial fue mucho más limitada, lo que sigue siendo evidente hoy en día.

    En el caso de la independencia política de las colonias españolas en América Latina a principios del siglo XIX, hubo guerra, pero no fue protagonizada por los pueblos originarios, sino por los descendientes de los colonizadores (como en EE. UU.), por lo que la ruptura del círculo colonial también fue muy limitada. En general, la liberación del círculo colonial fue muy parcial, ya que la independencia política no fue acompañada de la independencia económica porque el círculo capitalista lo impedía. Las clases que dominaban el círculo capitalista siempre tuvieron presente que no podía sobrevivir sin el círculo colonial. Hasta hoy.

    En el caso de las sociedades colonizadoras, lo que hoy se conoce como el Norte Global, la construcción del círculo capitalista fue mucho más contradictoria porque la integración del mundo de las relaciones no capitalistas, en el círculo capitalista, se encontró con la resistencia organizada de grandes masas de la población. Pero la dialéctica entre revolución y guerra estaba presente. Basta pensar en la Revolución Rusa, que surgió en el contexto de la Primera Guerra Mundial y en parte para ponerle fin, y en la Revolución China, que tuvo lugar en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Durante la primera mitad del siglo XX, el círculo capitalista, a pesar de dominar globalmente, no se cerró.

    El hecho es que la imposibilidad de vivir con dignidad en la sociedad capitalista para toda la población explotada y oprimida fue neutralizada en parte por una posibilidad realista de pensar y actuar fuera del círculo capitalista. Esta posibilidad había sido creada por la Revolución Rusa, es decir, la posibilidad de una sociedad socialista/comunista. La fuerza de esta posibilidad es uno de los hechos más notables del siglo XX, tanto más cuanto que sobrevivió a los crímenes de Stalin e incluso a la alternativa que parecía ofrecer la socialdemocracia después de 1945.

    Con el levantamiento de mayo del 68, esta posibilidad perdió gran parte de su poder encantador y se derrumbó con el fin de la Unión Soviética (1989-1991). El círculo capitalista se cerró definitivamente; pensar y actuar fuera de él se hizo prácticamente imposible. La crisis de la izquierda se deriva de esta imposibilidad.

    ¿Qué hacer?

    En un notable texto de 1917, Lenin escribe sobre la revolución y la guerra y sugiere que o la revolución detiene la guerra o la guerra será inevitable y hará posible la revolución, aunque después de mucha destrucción. Resulta que no estamos en 1917. Estamos en 2025 y nos enfrentamos a dos imposibilidades.

    Por un lado, es cada vez más evidente la imposibilidad de vivir dignamente en el círculo capitalista, imposibilidad que se agrava cada día con la extrema concentración de la riqueza, el colapso ecológico y la consiguiente calamidad de los refugiados ambientales, el crecimiento de la extrema derecha que pretende consolidar tanto el círculo capitalista como el círculo colonial (la cuestión de la inmigración y la xenofobia, el saqueo de los recursos naturales en el Sur global, y ahora también en Ucrania) y la complementariedad entre ambos y, por último, la propia amenaza de guerra fuera de toda dialéctica con la revolución: una guerra interimperial, contrarrevolucionaria, sin que haya peligro de revolución inminente. La palabra revolución ha desaparecido del mapa político (al igual que socialismo y comunismo) o ha sido apropiada por la extrema derecha.

    Por otra parte, está igualmente claro que es imposible pensar o actuar más allá de estos dos círculos. Por dos razones principales. Por un lado, cualquier intento de combatir esta imposibilidad es rápidamente neutralizado, silenciado y desacreditado. Por otro lado, el círculo colonial-capitalista se ha arraigado tanto en nuestro modo de vida, por indigno que sea, y en nuestra subjetividad, por degradada que esté, que pensar o actuar fuera del círculo es pensar fuera de nosotros, contra nosotros. Más allá del círculo sólo es pensable como extraterrestre. De ahí el retorno de la cosmología y la religión.

    Esta doble imposibilidad está corroyendo las relaciones sociales, creando subjetividades ególatras y narcisistas que practican el cinismo, el oportunismo, el odio y la traición como formas de supervivencia personal en una guerra que comenzó mucho antes de ser declarada. Un nuevo canibalismo emerge como condición de supervivencia en el doble círculo del capitalismo y el colonialismo. Esta condición convierte el miedo en forma de vida, y la esperanza en locura.

    ¿Será posible vivir mucho tiempo en sociedad sin alimentar posibilidades realistas más allá de estas dos imposibilidades? La respuesta es no.

    En términos de 2025, no de 1917, o habrá un cambio radical en nuestras formas de pensar y de vivir que evitará la guerra, o habrá una guerra, más destructiva que las anteriores, en cuyo caso los posibles supervivientes podrán beneficiarse de las posibilidades que ahora nos parecen bloqueadas. No creo que el pensamiento eurocéntrico, que tanto creó los dos grandes círculos que hoy nos asfixian como los criticó, dejándonos desarmados cuando fracasaron, tenga suficiente vitalidad para crear nuevas posibilidades con menos miedo y más esperanza.

    Hay muchos otros sistemas de conocimiento, pensamiento, formas de vida y sensibilidad disponibles en el mundo. Viven en la clandestinidad, en los márgenes, en los intersticios de los círculos capitalistas y coloniales, esperando su momento. Su tiempo será nuestro tiempo. ¿Antes o después de una guerra

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  • ¿Por qué es esencial adoptar unos principios propios en el Derecho Agrario?

    ¿Por qué es esencial adoptar unos principios propios en el Derecho Agrario?

    Mauricio Chamorro Rosero

    Abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Sociólogo y Especialista en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Nariño. Magister en Antropología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Magister en Derechos Fundamentales de la Universidad de Granada. Doctor en Sociología y Antropología de la Universidad Complutense de Madrid. Posdoctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Nariño. Profesor del Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário de la Universidade Federal de Goiás. Miembro del grupo de investigación La Minga. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades.

    Mauricio Chamorro Rosero*

    La Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia es una de las reformas más significativas que se han intentado implementar en el país en los últimos años. No sólo se trata de un ajuste técnico dentro del sistema judicial, sino de una deuda histórica con el campo colombiano, con el campesinado y con la paz. Sin embargo, las modificaciones al proyecto de ley, especialmente en lo referente a sus principios, dejan cierta incertidumbre sobre si realmente esta nueva jurisdicción logrará cumplir su propósito o si, por el contrario, se convertirá en una oportunidad perdida.

    Es preciso mencionar que el esfuerzo normativo por instaurar la Jurisdicción Agraria y Rural surgió a partir del Acuerdo de Paz del 2016, donde se reconoció que la justicia rural debía fortalecerse para dar respuesta a los conflictos sobre la tierra y garantizar los derechos de quienes históricamente han sido marginados. A través del Acto Legislativo 03 de 2023, el actual gobierno incorporó la Jurisdicción Agraria y Rural a la Constitución y, posteriormente, presentó dos proyectos de ley: uno estatutario, ya aprobado por el Congreso y en revisión por la Corte Constitucional; y otro ordinario, que sigue su curso en el legislativo y que busca determinar el funcionamiento, competencia y procedimiento especial agrario de la jurisdicción.

    La controversia más importante en el trámite del Proyecto de Ley Ordinaria ha girado en torno a la modificación y eliminación de algunos principios que le otorgarían identidad propia a la Jurisdicción Agraria y Rural. En particular, se han suprimido principios como el de bienestar y buen vivir, desarrollo integral y sostenible en el campo, así como el de permanencia agraria. Con esta decisión, la nueva jurisdicción podría disminuir su capacidad de diferenciarse tajantemente de otras ramas del derecho y de representar una herramienta autónoma para resolver los problemas del mundo rural.

    El debate sobre la autonomía del derecho agrario no es nuevo. Unos años después de su nacimiento, durante la tercera década del siglo pasado, en torno a este debate se organizaron dos posturas: una, encabezada por Giangastone Bolla, que defendió la autonomía de esta disciplina, y otra, representada por Ageo Arcangelli, que la consideró una especialización del derecho civil. En Colombia, pese la intención de concebir el derecho agrario desde una postura autonómica, la restructuración y supresión de algunos principios del Proyecto de Ley Ordinaria podría inclinar la balanza hacia la segunda postura, debilitando la posibilidad de construir un derecho agrario con principios propios, los cuales deben responder a la realidad del campo colombiano.

     

    Lo preocupante es que la existencia de principios propios no es un asunto menor. En el derecho, cuando no hay normas concretas para resolver un caso, los jueces recurren a los principios para interpretar y tomar decisiones. Si la Jurisdicción Agraria y Rural no cuenta con principios propios, sus jueces se verán obligados a aplicar normas de otras ramas del derecho, lo que podría generar sentencias que no respondan adecuadamente a las complejidades del mundo rural.

     

    La pregunta clave es: ¿qué tipo de justicia agraria necesita Colombia? ¿Una que adecue otras normas a la realidad del campo, o una que responda a las dinámicas, conflictos y necesidades de la ruralidad? La paz y la posibilidad de construir mejores condiciones de vida para muchos habitantes del país dependen, en gran medida, de esta respuesta. Si queremos construir una sociedad más justa, es fundamental garantizar que la Jurisdicción Agraria y Rural no sea un simple mecanismo burocrático, sino una verdadera herramienta de transformación social.

    El país tiene en sus manos la oportunidad de saldar una deuda histórica con el campesinado y avanzar hacia una justicia que realmente entienda y atienda las necesidades del campo. Es importante luchar por una jurisdicción autónoma, con principios propios y con una identidad agraria; este sería un aporte a la consolidación de la paz y la justicia social en Colombia.

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  • Más mujeres en la justicia: a propósito del Día Internacional de las Juezas

    Más mujeres en la justicia: a propósito del Día Internacional de las Juezas

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    La jurista Alicia Ruiz, Jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, advierte como ante las luchas de las mujeres orientadas a ocupar el espacio público y a ser reconocidas como sujetos de derecho y como ciudadanas, “los poderes judiciales no están a la altura de las interpelaciones que se les dirige”. En efecto, los sistemas judiciales mantienen prejuicios y estereotipos, pretenden ignorar el carácter social y político del juzgar, la fuerza prescriptiva del discurso jurídico, su efecto performativo y capacidad para instituir relaciones sociales; a través del derecho, magistrados y jueces aceptan acríticamente o reproducen los modelos hegemónicos legitimadores del poder, anuladores de identidades y de diferencias[1]. Ahora bien, una forma de revertir la situación expuesta es con la igualdad de género en la judicatura, la presencia de más mujeres en el sistema judicial es una necesidad urgente especialmente en nuestra América y en el país.

    En el informe Participación de la mujer en la administración de justicia el entonces Relator Especial sobre la independencia de los abogados y magistrados, Diego García-Sayán, si bien, reconoce el esfuerzo realizado por varios países para intentar garantizar la igualdad de género en el sistema judicial y fiscal, afirma que los resultados son aún insuficientes, por lo que los Estados deben redoblar esfuerzos, pues, “según el Foro Económico Mundial, al ritmo actual de cambio, se necesitará casi un siglo para lograr la igualdad”.

    La representación de las mujeres en el poder judicial de América Latina ha mostrado avances en las últimas décadas, pero persisten grandes desafíos para alcanzar la paridad a nivel regional. Efectivamente, las cifras disponibles indican que, a diciembre de 2021, las mujeres ocupaban sólo el 30,4% de los cargos en los máximos tribunales de justicia o cortes supremas de América Latina.

    La presencia de las mujeres en la justicia colombiana es más alta que la media regional: según datos de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, de más de seis mil jueces y magistrados en el país, el 46,87% son mujeres, mientras que el 53,13% son hombres. Lo anterior, no se ve reflejado en las altas cortes donde las cifras varían. Así, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, de 22 magistrados en ejercicio sólo 5 son mujeres, lo que representa únicamente el 22.7% del total; por su parte, en el Consejo de Estado, de 27 consejeros (hay 4 vacantes), tan solo 5 son mujeres, es decir apenas cuentan con un 18,5% de participación en el órgano de cierre de lo contencioso administrativo; en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de 7 magistrados, 2 son mujeres (28,5% del total).

    Por otra parte, la Corte Constitucional está integrada por nueve magistrados, de los cuales cuatro son mujeres y cinco son hombres, lo que representa aproximadamente un 44,4 % de magistradas y un 55,6 % de magistrados. En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura, compuesto por seis magistrados, la composición es paritaria: tres hombres y tres mujeres. Por su parte, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la magistratura está conformada por 20 mujeres y 18 hombres. En el caso de la Corte Constitucional, en los próximos meses deberán elegirse tres nuevos integrantes, dado que finalizan su período las magistradas Cristina Pardo y Diana Fajardo, así como el magistrado José Fernando Reyes, cuyos reemplazos se espera que sean mujeres.

    Ante la necesidad de avanzar en la igualdad dentro de los sistemas de justicia, como una oportunidad para eliminar los obstáculos que enfrentan las juezas y como un llamado al empoderamiento de las mujeres, el 28 de abril de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, mediante la Resolución 75/274, proclamar el 10 de marzo de cada año como Día Internacional de las Juezas. Esta decisión se fundamentó, entre otras razones, en: (i) la observación del número relativamente reducido de mujeres que han ocupado cargos judiciales, en particular en posiciones directivas superiores dentro de la judicatura en todos los niveles; (ii) el reconocimiento de la labor de la Red Mundial de Integridad Judicial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para incorporar la perspectiva de género en los sistemas judiciales; (iii) la reafirmación de que la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas contribuyen de manera decisiva al progreso en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y (iv) la convicción de que la participación activa de las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, en todos los niveles de toma de decisiones, es indispensable para lograr la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia.

    Es imperativo que, en países como Colombia y en consonancia con lo expresado por el relator García-Sayán, se implementen acciones dirigidas a combatir la discriminación de género y garantizar la igualdad en el acceso de las mujeres al sistema judicial, especialmente a las altas cortes. Esto puede lograrse, por ejemplo, mediante políticas y medidas afirmativas que permitan superar barreras, el establecimiento de cuotas en la administración de justicia y el apoyo de la sociedad civil y de organizaciones defensoras de derechos humanos a la labor de juezas y magistradas. Todo lo anterior debe considerarse bajo la premisa de que “la representación equitativa de mujeres y hombres en el sistema de administración de justicia es tanto un objetivo en sí mismo como una condición esencial para la protección equitativa y efectiva de los derechos humanos y la igualdad sustantiva”, condición inicial para que el sistema judicial responda efectivamente a las interpelaciones que por derechos, igualdad sustantiva, nuevos modelos de ciudadanía y del sistema social desde las mujeres y el feminismo se le hacen.

    [1] Ruiz, Alicia E. C. De las mujeres y el derecho. En: Idas y vueltas. Por una teoría crítica del derecho. Buenos Aires: Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 2001.

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