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Categoría: Opinión

  • Lo posible entre dos imposibilidades

    Lo posible entre dos imposibilidades

    Boaventura de Sousa Santos*

    *Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Texto enviado a OtherNews por el autor, el 21.02.23

    No todo lo que aparentemente no tiene principio ni fin es infinito. Por ejemplo, un círculo, que es un espacio-tiempo confinado. Es precisamente en un círculo donde viven las sociedades contemporáneas debido a la globalización del capitalismo y a la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Pensar en un círculo implica la imposibilidad de pensar en un futuro distinto de lo que permite el círculo: lo posible autorizado. El futuro posible es una variante de lo que ya existe o encaja en el círculo. Como las variaciones son infinitas, el futuro imposible sólo puede pensarse como no-posible dentro de los límites del círculo. La inteligencia artificial es hoy el imposible más estimulante del mundo circular. Su conquista está siempre próxima y siempre incompleta.

    El círculo colonial y el círculo capitalista

    La imposibilidad de pensar y actuar fuera del círculo se convierte en un problema social existencial cuando vivir con dignidad dentro de él resulta imposible para amplios sectores de la población. En la era eurocéntrica moderna, el primer círculo fue el colonialismo. Dada la superioridad del colonizador, los pueblos colonizados fueron los primeros en experimentar una doble imposibilidad: la imposibilidad de vivir con dignidad bajo el dominio colonial y la imposibilidad de pensar en su liberación. Contrariamente a lo que muchos piensan, este círculo y esta doble imposibilidad continúan hoy en día, incluso después de la independencia política de las colonias europeas.

    Quienes viven esta realidad con mayor intensidad son lo que hoy llamamos el Sur Global. Dada la íntima relación entre colonialismo y capitalismo, el círculo colonial se hizo más violento y confinado a partir de finales del siglo XIX, cuando el capitalismo experimentó su auge, primero en Europa y luego en Norteamérica. Fue entonces cuando el círculo capitalista, el espacio-tiempo confinado de la reproducción del capitalismo, comenzó a formarse en las sociedades colonizadoras. Y aquí también la imposibilidad de pensar fuera del círculo fue acompañada de la dificultad existencial de vivir dignamente dentro del círculo para amplias capas de la población: las clases trabajadoras, los obreros, los campesinos, los inmigrantes, los grupos sociales racializados o sexualizados.

    La era eurocéntrica moderna se compone, pues, de dos círculos superpuestos, el círculo colonial y el círculo capitalista, y ambos convergen para imposibilitar una vida digna a amplios sectores de la población, al tiempo que imposibilitan pensar o actuar fuera del mundo circular. Esta doble circularidad ha evolucionado a lo largo de los años, ha sufrido muchas convulsiones, ha habido momentos en los que parecía deshacerse, sólo para reconstituirse en los momentos siguientes. Lo que caracteriza nuestro tiempo es que los dos círculos son simultáneamente más amplios y más intensos. Más amplios porque abarcan más ámbitos de la vida social, y más intensos porque nunca ha sido tan imposible para amplios sectores de la población vivir con dignidad dentro de ellos o imaginar la vida más allá. A grandes rasgos, la historia es la siguiente.

    Romper los círculos: la revolución y la guerra

    Sólo desconfinando el tiempo y el espacio del círculo es posible pensar en otros mundos posibles más dignos y en otros tipos de relaciones interpersonales más humanas más allá del círculo. Desconfinar significa romper y correr el riesgo de la liberación o del fracaso. En el pasado, este desconfinamiento tuvo lugar por dos vías: la revolución y la guerra. Dos caminos muy diferentes, casi siempre articulados, pero no siempre en la misma dirección: revolución para acabar con la guerra; guerra para hacer posible la revolución; guerra para acabar con la revolución. La liberación del círculo colonial comenzó en el siglo XVII con la huida de los esclavos, los quilombos en Brasil, y continuó casi hasta finales del siglo XX con las guerras de liberación por la independencia política de las colonias europeas (las colonias portuguesas fueron las últimas, 1974-76). Y no hay que olvidar los casos aún pendientes, especialmente la lucha del pueblo palestino y del pueblo saharaui.

    En el caso del círculo colonial, a menudo fue la guerra la que hizo posible la revolución y, con ella, lo que antes era imposible por estar fuera del círculo del pensamiento y la acción autorizados. Basta pensar en la guerra de independencia de Estados Unidos, Argelia, Vietnam, las guerras de liberación de las colonias portuguesas. En la historia de Haití o Cuba, la guerra tenía como objetivo poner fin a la revolución y la superposición entre ambas ha continuado hasta nuestros días. Cuando no hubo ni guerra ni revolución, como en el caso de Brasil, la ruptura del círculo colonial fue mucho más limitada, lo que sigue siendo evidente hoy en día.

    En el caso de la independencia política de las colonias españolas en América Latina a principios del siglo XIX, hubo guerra, pero no fue protagonizada por los pueblos originarios, sino por los descendientes de los colonizadores (como en EE. UU.), por lo que la ruptura del círculo colonial también fue muy limitada. En general, la liberación del círculo colonial fue muy parcial, ya que la independencia política no fue acompañada de la independencia económica porque el círculo capitalista lo impedía. Las clases que dominaban el círculo capitalista siempre tuvieron presente que no podía sobrevivir sin el círculo colonial. Hasta hoy.

    En el caso de las sociedades colonizadoras, lo que hoy se conoce como el Norte Global, la construcción del círculo capitalista fue mucho más contradictoria porque la integración del mundo de las relaciones no capitalistas, en el círculo capitalista, se encontró con la resistencia organizada de grandes masas de la población. Pero la dialéctica entre revolución y guerra estaba presente. Basta pensar en la Revolución Rusa, que surgió en el contexto de la Primera Guerra Mundial y en parte para ponerle fin, y en la Revolución China, que tuvo lugar en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Durante la primera mitad del siglo XX, el círculo capitalista, a pesar de dominar globalmente, no se cerró.

    El hecho es que la imposibilidad de vivir con dignidad en la sociedad capitalista para toda la población explotada y oprimida fue neutralizada en parte por una posibilidad realista de pensar y actuar fuera del círculo capitalista. Esta posibilidad había sido creada por la Revolución Rusa, es decir, la posibilidad de una sociedad socialista/comunista. La fuerza de esta posibilidad es uno de los hechos más notables del siglo XX, tanto más cuanto que sobrevivió a los crímenes de Stalin e incluso a la alternativa que parecía ofrecer la socialdemocracia después de 1945.

    Con el levantamiento de mayo del 68, esta posibilidad perdió gran parte de su poder encantador y se derrumbó con el fin de la Unión Soviética (1989-1991). El círculo capitalista se cerró definitivamente; pensar y actuar fuera de él se hizo prácticamente imposible. La crisis de la izquierda se deriva de esta imposibilidad.

    ¿Qué hacer?

    En un notable texto de 1917, Lenin escribe sobre la revolución y la guerra y sugiere que o la revolución detiene la guerra o la guerra será inevitable y hará posible la revolución, aunque después de mucha destrucción. Resulta que no estamos en 1917. Estamos en 2025 y nos enfrentamos a dos imposibilidades.

    Por un lado, es cada vez más evidente la imposibilidad de vivir dignamente en el círculo capitalista, imposibilidad que se agrava cada día con la extrema concentración de la riqueza, el colapso ecológico y la consiguiente calamidad de los refugiados ambientales, el crecimiento de la extrema derecha que pretende consolidar tanto el círculo capitalista como el círculo colonial (la cuestión de la inmigración y la xenofobia, el saqueo de los recursos naturales en el Sur global, y ahora también en Ucrania) y la complementariedad entre ambos y, por último, la propia amenaza de guerra fuera de toda dialéctica con la revolución: una guerra interimperial, contrarrevolucionaria, sin que haya peligro de revolución inminente. La palabra revolución ha desaparecido del mapa político (al igual que socialismo y comunismo) o ha sido apropiada por la extrema derecha.

    Por otra parte, está igualmente claro que es imposible pensar o actuar más allá de estos dos círculos. Por dos razones principales. Por un lado, cualquier intento de combatir esta imposibilidad es rápidamente neutralizado, silenciado y desacreditado. Por otro lado, el círculo colonial-capitalista se ha arraigado tanto en nuestro modo de vida, por indigno que sea, y en nuestra subjetividad, por degradada que esté, que pensar o actuar fuera del círculo es pensar fuera de nosotros, contra nosotros. Más allá del círculo sólo es pensable como extraterrestre. De ahí el retorno de la cosmología y la religión.

    Esta doble imposibilidad está corroyendo las relaciones sociales, creando subjetividades ególatras y narcisistas que practican el cinismo, el oportunismo, el odio y la traición como formas de supervivencia personal en una guerra que comenzó mucho antes de ser declarada. Un nuevo canibalismo emerge como condición de supervivencia en el doble círculo del capitalismo y el colonialismo. Esta condición convierte el miedo en forma de vida, y la esperanza en locura.

    ¿Será posible vivir mucho tiempo en sociedad sin alimentar posibilidades realistas más allá de estas dos imposibilidades? La respuesta es no.

    En términos de 2025, no de 1917, o habrá un cambio radical en nuestras formas de pensar y de vivir que evitará la guerra, o habrá una guerra, más destructiva que las anteriores, en cuyo caso los posibles supervivientes podrán beneficiarse de las posibilidades que ahora nos parecen bloqueadas. No creo que el pensamiento eurocéntrico, que tanto creó los dos grandes círculos que hoy nos asfixian como los criticó, dejándonos desarmados cuando fracasaron, tenga suficiente vitalidad para crear nuevas posibilidades con menos miedo y más esperanza.

    Hay muchos otros sistemas de conocimiento, pensamiento, formas de vida y sensibilidad disponibles en el mundo. Viven en la clandestinidad, en los márgenes, en los intersticios de los círculos capitalistas y coloniales, esperando su momento. Su tiempo será nuestro tiempo. ¿Antes o después de una guerra

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  • ¿Por qué es esencial adoptar unos principios propios en el Derecho Agrario?

    ¿Por qué es esencial adoptar unos principios propios en el Derecho Agrario?

    Mauricio Chamorro Rosero

    Abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Sociólogo y Especialista en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Nariño. Magister en Antropología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Magister en Derechos Fundamentales de la Universidad de Granada. Doctor en Sociología y Antropología de la Universidad Complutense de Madrid. Posdoctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Nariño. Profesor del Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário de la Universidade Federal de Goiás. Miembro del grupo de investigación La Minga. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades.

    Mauricio Chamorro Rosero*

    La Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia es una de las reformas más significativas que se han intentado implementar en el país en los últimos años. No sólo se trata de un ajuste técnico dentro del sistema judicial, sino de una deuda histórica con el campo colombiano, con el campesinado y con la paz. Sin embargo, las modificaciones al proyecto de ley, especialmente en lo referente a sus principios, dejan cierta incertidumbre sobre si realmente esta nueva jurisdicción logrará cumplir su propósito o si, por el contrario, se convertirá en una oportunidad perdida.

    Es preciso mencionar que el esfuerzo normativo por instaurar la Jurisdicción Agraria y Rural surgió a partir del Acuerdo de Paz del 2016, donde se reconoció que la justicia rural debía fortalecerse para dar respuesta a los conflictos sobre la tierra y garantizar los derechos de quienes históricamente han sido marginados. A través del Acto Legislativo 03 de 2023, el actual gobierno incorporó la Jurisdicción Agraria y Rural a la Constitución y, posteriormente, presentó dos proyectos de ley: uno estatutario, ya aprobado por el Congreso y en revisión por la Corte Constitucional; y otro ordinario, que sigue su curso en el legislativo y que busca determinar el funcionamiento, competencia y procedimiento especial agrario de la jurisdicción.

    La controversia más importante en el trámite del Proyecto de Ley Ordinaria ha girado en torno a la modificación y eliminación de algunos principios que le otorgarían identidad propia a la Jurisdicción Agraria y Rural. En particular, se han suprimido principios como el de bienestar y buen vivir, desarrollo integral y sostenible en el campo, así como el de permanencia agraria. Con esta decisión, la nueva jurisdicción podría disminuir su capacidad de diferenciarse tajantemente de otras ramas del derecho y de representar una herramienta autónoma para resolver los problemas del mundo rural.

    El debate sobre la autonomía del derecho agrario no es nuevo. Unos años después de su nacimiento, durante la tercera década del siglo pasado, en torno a este debate se organizaron dos posturas: una, encabezada por Giangastone Bolla, que defendió la autonomía de esta disciplina, y otra, representada por Ageo Arcangelli, que la consideró una especialización del derecho civil. En Colombia, pese la intención de concebir el derecho agrario desde una postura autonómica, la restructuración y supresión de algunos principios del Proyecto de Ley Ordinaria podría inclinar la balanza hacia la segunda postura, debilitando la posibilidad de construir un derecho agrario con principios propios, los cuales deben responder a la realidad del campo colombiano.

     

    Lo preocupante es que la existencia de principios propios no es un asunto menor. En el derecho, cuando no hay normas concretas para resolver un caso, los jueces recurren a los principios para interpretar y tomar decisiones. Si la Jurisdicción Agraria y Rural no cuenta con principios propios, sus jueces se verán obligados a aplicar normas de otras ramas del derecho, lo que podría generar sentencias que no respondan adecuadamente a las complejidades del mundo rural.

     

    La pregunta clave es: ¿qué tipo de justicia agraria necesita Colombia? ¿Una que adecue otras normas a la realidad del campo, o una que responda a las dinámicas, conflictos y necesidades de la ruralidad? La paz y la posibilidad de construir mejores condiciones de vida para muchos habitantes del país dependen, en gran medida, de esta respuesta. Si queremos construir una sociedad más justa, es fundamental garantizar que la Jurisdicción Agraria y Rural no sea un simple mecanismo burocrático, sino una verdadera herramienta de transformación social.

    El país tiene en sus manos la oportunidad de saldar una deuda histórica con el campesinado y avanzar hacia una justicia que realmente entienda y atienda las necesidades del campo. Es importante luchar por una jurisdicción autónoma, con principios propios y con una identidad agraria; este sería un aporte a la consolidación de la paz y la justicia social en Colombia.

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  • Más mujeres en la justicia: a propósito del Día Internacional de las Juezas

    Más mujeres en la justicia: a propósito del Día Internacional de las Juezas

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    La jurista Alicia Ruiz, Jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, advierte como ante las luchas de las mujeres orientadas a ocupar el espacio público y a ser reconocidas como sujetos de derecho y como ciudadanas, “los poderes judiciales no están a la altura de las interpelaciones que se les dirige”. En efecto, los sistemas judiciales mantienen prejuicios y estereotipos, pretenden ignorar el carácter social y político del juzgar, la fuerza prescriptiva del discurso jurídico, su efecto performativo y capacidad para instituir relaciones sociales; a través del derecho, magistrados y jueces aceptan acríticamente o reproducen los modelos hegemónicos legitimadores del poder, anuladores de identidades y de diferencias[1]. Ahora bien, una forma de revertir la situación expuesta es con la igualdad de género en la judicatura, la presencia de más mujeres en el sistema judicial es una necesidad urgente especialmente en nuestra América y en el país.

    En el informe Participación de la mujer en la administración de justicia el entonces Relator Especial sobre la independencia de los abogados y magistrados, Diego García-Sayán, si bien, reconoce el esfuerzo realizado por varios países para intentar garantizar la igualdad de género en el sistema judicial y fiscal, afirma que los resultados son aún insuficientes, por lo que los Estados deben redoblar esfuerzos, pues, “según el Foro Económico Mundial, al ritmo actual de cambio, se necesitará casi un siglo para lograr la igualdad”.

    La representación de las mujeres en el poder judicial de América Latina ha mostrado avances en las últimas décadas, pero persisten grandes desafíos para alcanzar la paridad a nivel regional. Efectivamente, las cifras disponibles indican que, a diciembre de 2021, las mujeres ocupaban sólo el 30,4% de los cargos en los máximos tribunales de justicia o cortes supremas de América Latina.

    La presencia de las mujeres en la justicia colombiana es más alta que la media regional: según datos de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, de más de seis mil jueces y magistrados en el país, el 46,87% son mujeres, mientras que el 53,13% son hombres. Lo anterior, no se ve reflejado en las altas cortes donde las cifras varían. Así, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, de 22 magistrados en ejercicio sólo 5 son mujeres, lo que representa únicamente el 22.7% del total; por su parte, en el Consejo de Estado, de 27 consejeros (hay 4 vacantes), tan solo 5 son mujeres, es decir apenas cuentan con un 18,5% de participación en el órgano de cierre de lo contencioso administrativo; en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, de 7 magistrados, 2 son mujeres (28,5% del total).

    Por otra parte, la Corte Constitucional está integrada por nueve magistrados, de los cuales cuatro son mujeres y cinco son hombres, lo que representa aproximadamente un 44,4 % de magistradas y un 55,6 % de magistrados. En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura, compuesto por seis magistrados, la composición es paritaria: tres hombres y tres mujeres. Por su parte, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la magistratura está conformada por 20 mujeres y 18 hombres. En el caso de la Corte Constitucional, en los próximos meses deberán elegirse tres nuevos integrantes, dado que finalizan su período las magistradas Cristina Pardo y Diana Fajardo, así como el magistrado José Fernando Reyes, cuyos reemplazos se espera que sean mujeres.

    Ante la necesidad de avanzar en la igualdad dentro de los sistemas de justicia, como una oportunidad para eliminar los obstáculos que enfrentan las juezas y como un llamado al empoderamiento de las mujeres, el 28 de abril de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, mediante la Resolución 75/274, proclamar el 10 de marzo de cada año como Día Internacional de las Juezas. Esta decisión se fundamentó, entre otras razones, en: (i) la observación del número relativamente reducido de mujeres que han ocupado cargos judiciales, en particular en posiciones directivas superiores dentro de la judicatura en todos los niveles; (ii) el reconocimiento de la labor de la Red Mundial de Integridad Judicial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para incorporar la perspectiva de género en los sistemas judiciales; (iii) la reafirmación de que la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas contribuyen de manera decisiva al progreso en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y (iv) la convicción de que la participación activa de las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, en todos los niveles de toma de decisiones, es indispensable para lograr la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y la democracia.

    Es imperativo que, en países como Colombia y en consonancia con lo expresado por el relator García-Sayán, se implementen acciones dirigidas a combatir la discriminación de género y garantizar la igualdad en el acceso de las mujeres al sistema judicial, especialmente a las altas cortes. Esto puede lograrse, por ejemplo, mediante políticas y medidas afirmativas que permitan superar barreras, el establecimiento de cuotas en la administración de justicia y el apoyo de la sociedad civil y de organizaciones defensoras de derechos humanos a la labor de juezas y magistradas. Todo lo anterior debe considerarse bajo la premisa de que “la representación equitativa de mujeres y hombres en el sistema de administración de justicia es tanto un objetivo en sí mismo como una condición esencial para la protección equitativa y efectiva de los derechos humanos y la igualdad sustantiva”, condición inicial para que el sistema judicial responda efectivamente a las interpelaciones que por derechos, igualdad sustantiva, nuevos modelos de ciudadanía y del sistema social desde las mujeres y el feminismo se le hacen.

    [1] Ruiz, Alicia E. C. De las mujeres y el derecho. En: Idas y vueltas. Por una teoría crítica del derecho. Buenos Aires: Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, 2001.

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  • Las trabajadoras del agro: feminización del sector y condiciones laborales

    Las trabajadoras del agro: feminización del sector y condiciones laborales

    Mauricio Chamorro Rosero

    Abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Sociólogo y Especialista en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Nariño. Magister en Antropología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Magister en Derechos Fundamentales de la Universidad de Granada. Doctor en Sociología y Antropología de la Universidad Complutense de Madrid. Posdoctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Nariño. Profesor del Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário de la Universidade Federal de Goiás. Miembro del grupo de investigación La Minga. Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO Trabajo agrario, desigualdades y ruralidades.

    Mauricio Chamorro Rosero*

    En las últimas décadas, la feminización del trabajo agrícola en el Sur Global ha sido un fenómeno cada vez más evidente. Investigaciones han demostrado que la demanda de mano de obra en la agricultura comercial ha ido en aumento, y con ello la incorporación de mujeres al mercado laboral agrícola. Sin embargo, esta participación no ha significado mejores condiciones de trabajo, ni una equiparación en derechos y oportunidades respecto a sus compañeros. Según información reportada por ONU Mujeres, en el sector agrícola las mujeres están sobrerrepresentadas en trabajos precarios, los cuales ofrecen un acceso limitado a la protección social, recibiendo, además, salarios inferiores a los de los hombres.[1]

    Es importante mencionar que, en la actualidad, las mujeres no solo han sido empleadas como obreras asalariadas en grandes agroempresas, sino también como jornaleras en pequeñas y medianas explotaciones agrícolas. Respecto de la vinculación de las mujeres en las agroempresas, uno de los aspectos más preocupantes es que los empleadores han diseñado un perfil ideal de trabajadora, lo que ha permitido ampliar las prácticas de explotación laboral. Se asume que, por sus condiciones particulares, ciertas trabajadoras son más responsables y menos conflictivas que los hombres, lo que facilita su explotación bajo condiciones precarias.

    Por su parte, el trabajo que las mujeres asumen como jornaleras en pequeñas y medianas explotaciones agrícolas se encuentra claramente diferenciado por las distintas formas de clasificación social, como el género, la raza, la etnicidad, la clase, la generación y su condición migratoria. Estas formas de clasificación social han organizado un mercado laboral agrícola diferenciado o segmentado, consolidado una jerarquización del trabajo en la que las mujeres ocupan los peldaños más bajos. A menudo, su labor es considerada una “ayuda” más que un empleo, lo que implica una desvalorización de sus habilidades y conocimientos.

    La preferencia por la mano de obra femenina se ha relacionado con las políticas neoliberales, las cuales han transformado la economía rural y han forzado a muchas familias a aumentar sus ingresos ante el encarecimiento de la vida en el campo. Colombia no ha sido ajena a este proceso de feminización del trabajo agrícola y, al igual que en el resto de los países del Sur Global, este fenómeno se ha intensificado con la necesidad de las mujeres rurales de insertarse en el mercado laboral para sostener a sus familias. Sin embargo, la mayoría de los trabajos agrícolas que desempeñan son informales, sin acceso a prestaciones sociales ni salarios justos. Incluso, cuando logran empleos formales en agroindustrias como la floricultura, los salarios son bajos, las jornadas extenuantes y su salud podría estar en riesgo.[2]

    Con todo, además de sus trabajos remunerados en la agricultura, muchas mujeres continúan siendo las principales responsables del hogar, lo que genera una sobrecarga de trabajo no remunerado. Pese a este panorama, en Colombia no se han desarrollado políticas efectivas de conciliación entre la vida laboral y familiar para las mujeres rurales. Aunque existen algunas medidas aisladas, no hay una estrategia sistemática para compatibilizar estos escenarios (familia y trabajo) que comparten cotidianamente las mujeres rurales en Colombia, lo cual permitiría mejorar su calidad de vida y garantizar su acceso a empleos dignos.

    En este sentido, más allá de los discursos de empoderamiento, en Colombia la feminización del trabajo agrícola es un reflejo de las profundas desigualdades de género que persisten en el mundo rural. Las mujeres han demostrado ser una pieza clave en el engranaje productivo del agro, pero su aporte sigue siendo subvalorado y precarizado. Es urgente que las políticas públicas reconozcan y atiendan esta realidad, promoviendo condiciones de trabajo justas y equitativas para todas las trabajadoras del campo.

    [1] Ver: https://www.unwomen.org/es/que-hacemos/empoderamiento-economico/hechos-y-cifras

    [2] Ver: https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/RGPS/21%20(2022)/54570443017/index.html

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  • José Carlos Mariátegui y la caracterización del fascismo en nuestra época

    José Carlos Mariátegui y la caracterización del fascismo en nuestra época

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    José Carlos Mariátegui, “el primer marxista de América”[1], dedicó parte de su prolífica obra al estudio del fascismo en Italia tras la Primera Guerra Mundial. Nació en Moquegua, Perú el 14 de junio del año 1894 y murió en Lima, el 16 de abril de 1930. En 1920 llega a Italia, en lo que fue una deportación eufemística del gobierno peruano por su militancia política, en donde estaría radicado hasta 1922, teniendo la posibilidad de interlocutar con personalidades socialistas, participar de eventos de la clase obrera, como el congreso fundacional del Partido Comunista de Italia, y observar el desarrollo del fascismo en ese país. Sería en su estancia en Italia donde Mariátegui se haría marxista.

    Este 2025 se cumplen 95 años de su fallecimiento, y su pensamiento, definido por Martín Bergel como socialismo cosmopolita[2] y descrito por Miguel Mazzeo como un ensamblaje de los elementos del socialismo práctico[3], sigue actual y relevante en esta época[4]. Su legado resulta clave para abordar los desafíos, tanto nuevos como persistentes, que en los escenarios locales como globales, enfrenta la izquierda en su heterogeneidad. Como afirman Jaime Ortega y Carlos Segura, es necesario “repensar nuestros actuales debates políticos a la luz de las discusiones todavía abiertas que evocan al pasado no como arqueología, sino como una tradición actuante”[5]. Uno de esos desafíos fundamentales que podemos repensar desde Mariátegui es el resurgimiento del fascismo y los debates que este suscita actualmente.

    Este texto presenta una síntesis de los planteamientos mariateguianos sobre el fascismo, abordando los principales elementos expuestos por el autor en los artículos que de manera central tratan el fascismo italiano, los cuales principalmente se encuentran incluidos en su libro La escena contemporánea (publicado en 1925), en el que se reúnen cinco escritos del Amauta, como parte de su interpretación de la época[6]. También fueron consultados algunos trabajos compilados en Cartas de Italia[7], libro que forma parte de sus obras completas.

    El fascismo se autoidentificó, señala Mariátegui, inicialmente como un movimiento, congregó una diversidad de categorías sociales y su dirigencia provenía de un amplio espectro político (disidentes del socialismo, excombatientes, literatos futuristas, exanarquistas, sindicalistas, republicanos, fiumanistas, monarquistas ortodoxos, etc), lo que evidenciaba, un confusionismo ideológico que se cubrió bajo la bandera de la patria, monopolizando el patriotismo en el escenario posguerra, encontrando cabida el discurso nacionalista principalmente en la clase media. Fue la burguesía, afirma el Amauta, la que “armó, abasteció y estimuló solícitamente al fascismo” y añade, “lo empujó a la persecución truculenta del socialismo, a la destrucción de los sindicatos y cooperativas revolucionarias, al quebramiento de huelgas e insurrecciones”, al uso del “revolver, el bastón y el aceite castor” contra el proletariado socialista, el fascismo fue, en síntesis, “una ofensiva de las clases burguesas contra la ascensión de las clases proletarias”. Así, llegó a ser una milicia civil antirevolucionaria más efectiva contra los revolucionarios que el Estado, aparato que inicialmente vio en este un aliado, en tanto movimiento de la clase que quiere conservarlo, logrando la reacción fascista alcanzar el poder con Mussolini para configurar un Estado recaudador y gendarme.

    Para el duce, indica Mariátegui, el fascismo no es un concepto, sino una emoción, de allí que sus discursos no fueran elaboraciones teóricas sino pasionales, y se tuviera un fenómeno político sin programa, solo con un plan de acción. Él no fue un socialista a pesar de haber militado en el socialismo, era un extremista, que se ruboriza de su pasado, que optó por el “conservatismo más extremo” no desde un ejercicio intelectual, sino desde la irracionalidad, apelando a los sentimientos y emociones, en tanto “no ha sido nunca cerebral”. En este orden,

    Mussolini no es el creador o artífice conceptual e ideológico del fascismo, sino el animador, el líder, el duce máximo, que atrajo a sus fasci di combattimento, a una clase media exaltada por los mitos patrióticos (principalmente los del escritor, poeta y dramaturgo Gabriele D’Annunzio) y hostil a la clase proletaria, a la revolución y al socialismo.

    A la par de lo expuesto, los orígenes del fascismo, Mariátegui, los ubica en la guerra contra Austria: “el fascismo fue una emanación de la guerra”, y refiere además a cómo la toma de Fiume en 1919, liderada por D’Annunzio, fue la hermana gemela de los fasci, sucumbiendo el fiumanismo ante el fascismo, que adoptó su lugar en la lucha de clases, contra los obreros. Así, el fascismo enroló y concentró a todos los elementos reaccionarios y conservadores, tomando de D’Annunzio el gesto, la pose y el acento, para no mostrarse brutal y carente de principios, existiendo entonces un idilio entre intelectualidad y violencia, que terminó porque el fascismo necesita de la cachiporra y puede prescindir del arte y la literatura. Esto no se dio como consecuencia de la renuncia al fascismo de la artecracia, fue la burguesía la que cambió de actitud ante el régimen, de allí que el Amauta señale que “La inteligencia es esencialmente oportunista: El rol de los intelectuales en la historia resulta, en realidad, muy modesto. Ni el arte ni la literatura, a pesar de su megalomanía, dirigen la política; dependen de ella, como otras tantas actividades menos exquisitas y menos ilustres. Los intelectuales forman la clientela del orden, de la tradición, del poder, de la fuerza, etc, y, en caso necesario, de la cachiporra y del aceite de ricino. Algunos espíritus superiores, algunas mentalidades creadoras escapan a esta regla; pero son espíritus y mentalidades de excepción”. 

    Por su parte, únicamente hasta después de la marcha sobre Roma y el inicio de la dictadura el fascismo se propuso una construcción de su ideario y la teoría, oscilando entre una visión extremista y una revisionista, imponiéndose la primera a la segunda, saliendo del partido las tendencias liberales y democráticas que, por miedo a la revolución socialista, se habían sumado y los sostuvieron, dejando al fascismo nuevamente en una táctica de guerra, odiando ferozmente a la democracia y al socialismo, sin diferenciarlos. De esta forma, el fascismo se sostiene en la guerra, es allí donde puede vencer, en la paz no tiene capacidad de actuación, en tanto su configuración es más de ejército que de partido: “Es un ejército contrarrevolucionario, movilizado contra la re­volución proletaria, en un instante de fiebre y de belicosidad, por los diversos grupos y clases conservadores”, afirma Mariátegui, y lo que le espera al fascismo en la paz es la debacle, la disolución, la liquidación.

    En el fascismo se encuentran una amalgama no homogénea de tendencias extremistas, reaccionarias y conservadoras, que invitan a liquidar el régimen parlamentario, deliran con el imperialismo, promueven el Estado fascista, junto a quienes paralelamente lo encarrilan en la legalidad burocrática, y promueven un nacionalismo de derecha liberal, estos últimos no son la mayor representación del fascismo, sino los reaccionarios. La burguesía que, expone Mariátegui, saluda al fascismo como un salvador y bate palmas “mientras la reacción se limita a decretar el ostracismo de la Libertad y a reprimir la Revolución”; cuando la reacción empezó a atacar los fundamentos de su poder y de su riqueza, sintió “la necesidad urgente de licenciar a sus bizarros defensores”. De esta forma, el liberalismo que se inclinó ante éste se le separa, pero ese aislamiento no lo debilitó, sino lo hace más beligerante, combativo e intransigente, queriendo configurar el Estado fascista, concentrado en una élite política y económica, pensado como un aparato sin políticas sociales y redistributivas, con mínimas funciones, principalmente políticas y jurídicas, al igual que ciertas actividades asociadas a la industria, y claro las militares y represivas; y también hacer del fascismo una religión. Eso hace que la democracia liberal, que ya no representa un mito, sea incapaz de hacer frente al misticismo reaccionario de los fascistas, lo que solo pueden lograr los comunistas, que sí tienen y configuran un mito, la revolución.

    Mariátegui nos presenta en su obra estos elementos para caracterizar nuestra época, en la que el patriotismo, el conservadurismo y la violencia acceden bajo configuraciones políticas, culturales y sociales fascistas al aparato estatal en diferentes países, con peligrosos alcances regionales y globales; y en la que el fascismo social y civilizatorio vuelve a constituirse en régimen político, exigiendo a las izquierdas, nuevamente, hacer frente a la reacción.

    [1] MELIS, Antonio (1980). Mariátegui, el primer marxista de América. En: J. Aricó (comp.). Cuadernos de Pasado y Presente, 60. Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano. México: Siglo XXI, pp. 201-225.

    [2] BERGEL, Martín (2021). José Carlos Mariátegui: un socialismo cosmopolita. En: J. Mariátegui. Antología. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 11-37.

    [3] MAZZEO, Miguel (2017). José Carlos Mariátegui y el socialismo de Nuestra América. Santiago: Quimantú; Tiempo robado.

    [4] Respecto a la vigencia del pensamiento de Mariátegui, se pueden consultar, entre otros: MAZZEO, Op. Cit., pp. 23-39; ALIMONDA, Héctor (2010). Presentación. La tarea americana de José Carlos Mariátegui. En: J. Mariátegui. La tarea americana. Buenos Aires: Clacso; Prometeo, pp. 11-28.

    [5] ORTEGA, Jaime; & SEGURA, Carlos (2024). Presentación a “Mariátegui y la revolución latinoamericana”. El ejercicio de pensar, 55, p. 6.

    [6] Estos conforman el primer apartado del libro, que se titula Biología del fascismo, e incluye los artículos: Mussolini y el fascismo; D’Annunzio y el fascismo; La inteligencia y el aceite de ricino; La teoría fascista; y Los nuevos aspectos de la batalla fascista. La edición revisada (Caracas: El perro y la rana, 2010), adiciona el artículo El fascismo y el monarquismo en Alemania, y presenta un capítulo complementario titulado El fascismo en Italia, ambos han sido igualmente revisados para este texto.

    [7] Obra publicada en 1969 por la editorial Amauta, de la que se consultaron los artículos: Las fuerzas socialistas italianas; Escenas de guerra civil; Algo sobre fascismo, ¿Qué es, qué quiere, qué se propone?; y La paz interna y el “fascismo”.

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  • El lobo dentro del rebaño: una advertencia a la izquierda brasileña y latinoamericana en general

    El lobo dentro del rebaño: una advertencia a la izquierda brasileña y latinoamericana en general

    Boaventura de Sousa Santos*

    *Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Texto enviado a OtherNews por el autor, el 21.02.23

    Mucho se ha escrito sobre el desconcierto de la izquierda, sobre su parálisis ante el avance de la extrema derecha, sobre sus decisiones internas que sólo la debilitan, sobre dispararse en el pie destruyendo aliados y alianzas, en fin, sobre su falta de alternativa.  No es momento de prolongadas reflexiones sobre cómo hemos llegado hasta aquí y cómo vamos a salir. Pero hay decisiones urgentes que tomar para demostrar al pueblo latinoamericano que las izquierdas siguen vivas y están del lado del pueblo martirizado por el costo de la vida y asfixiado por un sistema financiero depredador. Este momento ha llegado y es necesario tomar decisiones.

    Marco Rubio ha iniciado una gira por los países latinoamericanos. Todos le conocemos. Es un dirigente de ascendencia cubana que ha hecho carrera en la política con un único objetivo: destruir la esperanza que Fidel Castro trajo al pueblo cubano.  Tiene la misma idea de América Latina que la Doctrina Monroe en 1823: América Latina es un territorio bajo influencia estadounidense y en él no puede ocurrir nada que ponga en peligro los intereses de Estados Unidos en la región. En aquella época, el enemigo a mantener fuera de América Latina era Europa. Dos siglos después, el enemigo es China.

    La retórica oficial de la visita es bien conocida. Marco Rubio viene a explicar a los gobiernos latinoamericanos que la política de Trump, aunque rimbombante, es respetuosa con los tratados y la diplomacia y que serán posibles vías de acomodo con beneficios mutuos siempre que se respeten ciertas reglas que, al fin y al cabo, serán las de siempre. 

    Pero la realidad es bien distinta. Rubio viene a América Latina con tres objetivos. En primer lugar, dividir a los países latinoamericanos, impidiendo posiciones comunes que fortalezcan las negociaciones como el Big Brother. Los aranceles a la importación serán el principal instrumento para fragmentar América Latina. Sólo la división de los países permitirá la diplomacia entre desiguales que él propone. 

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado paradigmáticamente que está dispuesto a discutir «tu a tu» con EEUU, es decir, entre iguales. Es un noble deseo, pero será difícil que los países latinoamericanos lo consigan por sí solos, aunque todos lo deseen. 

    El segundo objetivo es neutralizar la influencia de China en el continente. Este es el objetivo más difícil porque EEUU no tiene nada que ofrecer que se compare con lo que China ha «ofrecido» para consolidar sus designios como imperio ascendente. 

    En tercer lugar, Rubio está iniciando el proceso de neutralización (y eventual destrucción) de los BRICS+, especialmente en términos financieros, ya que cualquier moneda alternativa al dólar (en el que los bancos centrales confían cada vez menos para sus reservas) precipitará el colapso económico de EEUU. En este tercer objetivo, Brasil es el gran blanco.

    No hace falta mucho análisis geoestratégico para concluir que, cualesquiera que sean las diferencias entre las izquierdas, ninguno de estos objetivos conviene a las izquierdas porque a largo plazo significará un mayor deterioro del nivel de vida de unas poblaciones ya demasiado vulnerables. La historia nos enseña que cuando los países latinoamericanos ganaron capacidad de maniobra o relativa autonomía frente a EEUU, fue cuando consiguieron atender mejor las necesidades de las clases sociales más vulnerables. La primera década del siglo XXI lo está demostrando.

    Por tanto, la izquierda tiene ahora la oportunidad de dejar de estar desconcertada y encontrar su «norte». Su norte es el enemigo de siempre, que ahora llega en la persona de Marco Rubio. Será el lobo entre el rebaño, o el lobo con piel de cordero. Elijan la fábula, pero la realidad no engaña.

    Por eso, la izquierda debe dejar que su Gobierno reciba diplomáticamente a un gobernante de otro país, pero debe salir a la calle para gritar alto y claro que ni Trump ni Rubio son bienvenidos en el continente. Porque cualquier acuerdo que satisfaga a Rubio será perjudicial para el pueblo latinoamericano. Las calles deben volver a ser de izquierdas y esta es una soberana oportunidad para reconquistarlas. Es un objetivo minimalista, pero por eso se puede organizar a corto plazo, puede ser masivo y tener un impacto político a corto y medio plazo. 

    Hay que recordar que en países como Brasil, Chile, Colombia, Bolivia hay elecciones el año que viene y Ecuador, este año. Es crucial no dejar que Rubio se normalice con un político amigo que incluso habla nuestro idioma. Des-Rubializar América Latina debe ser la consigna más importante. Si la izquierda no da ahora una señal fuerte de que existe, difícilmente lo hará cuando la gente se disponga a ir a las urnas después de un año de rubialización.

    Artículo enviado por el autor a Other News

    *Sociólogo. Profesor catedrático jubilado de la Facultad de Economía de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.)

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  • Trump: ¿la astucia del tigre de papel?

    Trump: ¿la astucia del tigre de papel?

    Boaventura de Sousa Santos*

    *Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Texto enviado a OtherNews por el autor, el 21.02.23

    Nunca se había escrito tanto en tan poco tiempo sobre la toma de posesión del presidente de un país y su primera semana en el cargo. Este frenesí se venía rumoreando desde hace tiempo. El espectáculo mediático de la toma de posesión del presidente Donald Trump sólo tiene parangón con el de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París el 26 de julio de 2024. Por un lado, la dramática celebración de la imposición unilateral de reglas a la humanidad; por otro, la dramática celebración de reglas consensuadamente aceptadas por toda la humanidad. Este contraste resume el momento de transición en el que se encuentra el mundo. ¿Qué significa Trump en esta transición? La metáfora del «tigre de papel» para caracterizar a Estados Unidos procede de Mao Zedong. Es una metáfora compleja porque designa a la vez la debilidad y la fuerza (fuerza para disimular su debilidad). ¿Cuál es la fuerza y la debilidad de EEUU bajo Trump?

    Como nos enseñó Immanuel Wallerstein, la economía-mundo moderna y el sistema interestatal de los últimos cinco siglos muestran múltiples signos de agotamiento. No es necesario estar completamente de acuerdo con los detalles de su análisis para darle crédito por señalar que algo profundamente perturbador está afectando fatalmente el funcionamiento de este conjunto sistémico (económico, social, político, cultural, epistémico) que llamamos modernidad eurocéntrica. Nadie sabe qué ocurrirá a continuación. Este sistema se ha caracterizado por la continua expansión del capitalismo y del colonialismo, impulsado por las siguientes creencias fundamentales: el crecimiento económico infinito, el progreso unilineal, la ciencia y la tecnología como racionalidades privilegiadas, la superioridad civilizatoria-racial-sexual de quienes tienen el poder de imponer unilateralmente su voluntad (lo que he llamado la línea abisal: la necesaria coexistencia de la humanidad con la infrahumanidad), el intercambio desigual entre países centrales y periféricos, la democracia política y el fascismo social como garantes del orden injusto con menos violencia, el creciente fortalecimiento del Estado como garante de la cohesión nacional. La tensión entre una economía cada vez más globalizada y un sistema de Estados basado en ideas tan integradoras como excluyentes (soberanía y ciudadanía) fue permanente. La paz y la guerra se convirtieron en hermanas gemelas.

    Las rivalidades imperiales se sucedieron hasta que, a partir de 1870, comenzó a construirse el dominio imperial de EE.UU., dominio que culminaría en 1945 tras la más reciente y larga «guerra de los treinta años» (1914-1918, 1939-1945). EEUU fue el único país central cuyas infraestructuras salieron indemnes (e incluso reforzadas) de la guerra. Entre 1945 y 1970, Estados Unidos no sólo fue el país dominante, sino también el hegemón. Por supuesto, existía el bloque soviético, que apuntaba a la bipolaridad. Pero había una contención recíproca entre el bloque socialista y el bloque capitalista en el plano político (bien ilustrada por la crisis de los misiles de Cuba en 1962), mientras que en el plano de la economía mundial Estados Unidos dominaba sin rivales. Cuando en 1955-1961 los países del Tercer Mundo (recién independizados del colonialismo histórico o todavía colonias) intentaron transformar la bipolaridad en tripolaridad, fueron rápidamente neutralizados.

    En aquel periodo, ser dominante tenía dos componentes: unilateralismo y hegemonía. El unilateralismo significa la capacidad de dictar las reglas del juego en las relaciones internacionales que mejor convengan al país dominante. Hegemonía significa la capacidad de hacerlo sin tener que recurrir a la fuerza, por mera presión política. El recurso a la guerra (fría o caliente, regular o híbrida) siempre estaba disponible y la superioridad del poder militar era un poderoso elemento disuasorio. De hecho, la metáfora de la guerra global siempre estuvo a la orden del día, pero como forma de reafirmar la hegemonía, y fue evolucionando con el tiempo: guerra contra el comunismo, guerra contra las drogas ilegales, guerra contra el terrorismo, guerra contra la corrupción.

    A partir de los años setenta, todo empezó a cambiar y la hegemonía estadounidense dejó de apoyar su unilateralismo. Surgió la rivalidad económica entre Europa Occidental (con su acercamiento a la Unión Soviética) y Japón, aunque siguieron siendo aliados políticos de EEUU, la primera crisis del petróleo en 1973, la derrota en Vietnam ese mismo año, la humillación del Irán de Jomeini en 1980. Es cierto que Japón se estancó a partir de los años noventa, pero mientras tanto, el «peligro amarillo» se renovó de una forma sin precedentes con el ascenso de China. Desde entonces, el unilateralismo estadounidense ha dejado de sustentarse en la hegemonía y, sin ella, el uso de la fuerza militar se ha convertido en el primer recurso político. La implicación militar en Oriente Medio y Ucrania son ejemplos de ello. El apoyo militar a Ucrania nunca tuvo como objetivo hacer posible su victoria, sino debilitar a Europa (para ser un aliado político tenía que dejar de ser un rival económico) y a Rusia, como aliado más importante de China. La alta tecnología de comunicaciones y de información y la industria del entretenimiento eran los dos últimos recursos para recuperar la hegemonía, pero el peligro amarillo ya se había apoderado también de ellos. Sin exclusividad no hay hegemonía, y el unilateralismo sin hegemonía sólo tiene un recurso a su disposición: la guerra. Pero en este caso, la guerra tendrá por primera vez territorio estadounidense como escenario bélico.

     ¿Un tigre de papel?

    ¿Cuál es el papel de Trump en todo esto? Su discurso de investidura pretendió transmitir el mensaje de que el unilateralismo ya no se basa en la hegemonía, sino en el excepcionalismo. Contiene todos los componentes del mito estadounidense: destino manifiesto, espíritu fronterizo (farwest, wilderness), conquista territorial, terra nullius (tierra de nadie, es decir, «nuestra»). A este mito añade un nuevo elemento: la dominación ha tenido un coste, el desarrollo de los últimos cien años ha sido la «carga del hombre blanco» estadounidense y, por tanto, el mundo le debe una reparación. Es la afirmación dramática de un unilateralismo defensivo, la confirmación de la decadencia disfrazada de retorno a la Edad de Oro. Los que se opongan a ella deben prepararse para el apocalipsis. El discurso es un tratado de política simbólica, pero la arrogancia política era tan hiperbólica que tuvo que traducirse en una avalancha inmediata de medidas ejecutivas. El frenesí de las palabras exigía conmoción y pavor (shock and awe, el nombre de la invasión militar de Irak en 2003) a nivel ejecutivo. Si hay un tigre de papel, la fuerza del disfraz de debilidad dominó en el primer momento. ¿Qué significará a nivel nacional e internacional?

    A nivel nacional

    En el ámbito nacional, se está aplicando radicalmente el principio de terra nullius institucional. El Estado estadounidense es ahora una Gaza institucional en potencia. La limpieza institucional es un reflejo de la limpieza étnica. Pero la similitud termina ahí, ya que la institucionalización estadounidense es menos débil en relación con Trump de lo que lo son los palestinos en relación con Israel. Va a ser un periodo largo, destructivo y desestabilizador de medición de fuerzas antes de llegar a un posible alto el fuego. El Estado como factor de cohesión social, propio del sistema mundial moderno, se convertirá en el principal factor de fractura nacional. El peligro de esta lucha institucional es que siempre estará al borde del caos, al borde de la lucha extrainstitucional.

    La estrategia de fractura es compleja porque se lleva a cabo en nombre de la verdadera cohesión, la cohesión étnico-racial. De ahí la rabia antiinmigrante. En otras palabras, el principio fundador de la cohesión nacional, la ciudadanía, se sustituye por el principio de comunidad. Se invierte el movimiento moderno de Gemeinschaft a Gesellschaft. Pero el fin de la ciudadanía y su sustitución por el neotribalismo comunitario formaban parte desde hacía tiempo de los planes del fin del laicismo y de la emergencia del esencialismo identitario. De las ruinas de la ciudadanía surgirán la pertenencia religiosa y el identitarismo excluyente.

    Por tanto, la terra nullius trumpista no implica una ruptura total con el pasado reciente. El trumpismo comenzó antes de Trump y continuará después de él. Las semillas de lo que estaba por venir, tanto en lo que se refiere al fin del laicismo como a la emergencia del esencialismo identitario, llevaban tiempo floreciendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las escuelas y en las universidades. Si se quiere, es posible remontarse mucho más atrás. Se ha dicho con verdad que con la administración Trump, el capital, que siempre ha dominado la política estadounidense, ya no confía en los políticos y ha decidido tomar el poder directamente. Trece multimillonarios en el equipo de gobierno. Pero después de todo, ¿no ha estado el Congreso dominado por el capital durante mucho tiempo? ¿No pertenecen la mayoría de los senadores y representantes al 1%? Por otra parte, el liberalismo reformista que se tradujo en políticas sociales, en la creación de clases medias y en una mejora general del nivel de vida (el Estado del bienestar) hacía tiempo que había llegado a su fin y el Partido Demócrata había sido el instrumento de esta destrucción, especialmente desde los años noventa.

    Aunque no constituya una ruptura, la acentuación dramática de ciertas tendencias promovidas por Trump será desestabilizadora; y no hay que olvidar las recientes encuestas que parecían indicar que la guerra civil era una posibilidad real para un porcentaje significativo de estadounidenses. Otra posibilidad es pensar que, después de todo, los partidarios de la guerra civil acaban de ganar electoralmente. Ahora exigirán que el Presidente convierta la contrarrevolución en sentido común, como él mismo dijo en su discurso de investidura. Si podrá hacerlo o no es una cuestión abierta. No se puede descartar que pronto se convierta en el chivo expiatorio. El declive de Estados Unidos es estructural y no puede detenerse con la retórica triunfalista de la demagogia.

    Internacionalmente

    Las dramáticas deportaciones tenían como objetivo señalar una convulsión total en el sistema interestatal. Sin embargo, no hay que subestimar las políticas reales que se aplicarán sin dramatismo. Cabe señalar, en primer lugar, que las políticas de proteccionismo, nacionalismo, imposición de aranceles, promoción de la (re)industrialización que ahora defiende Trump son las mismas políticas que los países periféricos y semiperiféricos del mundo trataron de seguir en los años setenta y ochenta y que por eso fueron severamente castigados por las instituciones multilaterales dominadas por Estados Unidos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estos castigos provocaron mucho sufrimiento social, el aumento de la pobreza y el hambre, la desindustrialización, la violencia urbana, la aparición del crimen organizado y la dictadura. ¿No es hora ya de proponer reparaciones, por ejemplo, anulando la deuda externa de estos países, algunos de los cuales siguen ahogados por ella? ¿Y pueden todos los demás países seguir a partir de ahora el mismo tipo de políticas propuestas por Trump para Estados Unidos? ¿O se trata de una manifestación más del unilateralismo basado en el excepcionalismo estadounidense? Ya está claro que la libertad económica y de expresión que los magnates de Trump propagandizan en todas las cajas de resonancia de la ultraderecha del mundo es libertad para sus ideas y represión y censura para las ideas de quienes se les oponen.

    El unilateralismo defensivo-agresivo de Trump pretende causar en el escenario internacional la misma destrucción institucional que está causando en el escenario doméstico. No sólo las instituciones vinculadas a la ONU están en el punto de mira, sino todas las alianzas entre países, tengan o no base regional. La preferencia por las relaciones bilaterales y el hecho de que los aranceles a la importación se determinen no por el tipo de producto, como hasta ahora, sino por el tipo de relaciones que el país productor mantiene con Estados Unidos tiene como objetivo destruir cualquier alianza interestatal que rivalice con Estados Unidos, ya sea la Unión Europea o los BRICS.

    También en política internacional las rupturas suelen disfrazar continuidades. Después de todo, dado que el criterio arancelario es el que he mencionado anteriormente, ¿cuál es la diferencia real entre aranceles y sanciones económicas? ¿No empezó ya la destrucción de la Unión Europea con el Brexit y luego con la guerra de Ucrania? En este terreno de rupturas/continuidades, quizá el ejemplo más cruel sea lo que pueda ocurrir con el martirizado pueblo de Palestina. La limpieza étnica que comenzó en 1948 con la creación del Estado de Israel está a punto de convertirse en la política oficial de Estados Unidos sobre Palestina. A la limpieza étnica de Gaza seguirá la de Cisjordania. Sin el drama de la deportación de inmigrantes, la brutal limpieza étnica se anuncia como una benévola acción humanitaria, como pareció decir Donald Trump, refiriéndose a la desolación de los escombros producida por los incesantes bombardeos israelíes.

    ¿Y ahora?

    Cuando la debilidad se disfraza de fuerza, puede conducir a resultados aún más catastróficos. El tigre de papel tiene fuerza para destruir, pero no para construir.  Hoy en día no hay lugar para el unilateralismo, y menos aún para el de Estados Unidos. Los retos globales a los que se enfrenta la humanidad exigen multilateralismo, civismo y respeto mutuo. Las dos grandes víctimas del tigre de papel son la democracia y la ecología. Los multimillonarios que rodean a Trump saben que las políticas que quieren imponer no pueden imponerse democráticamente. Por ahora, han decidido ocupar la democracia y convertirla en un fascismo con rostro humano. Como fascismo con rostro humano es un oxímoron, si se ven obligados a elegir, sabemos de antemano cuál será su elección. Si tenemos en cuenta que el inminente colapso ecológico sólo puede evitarse mediante una nueva hegemonía global: una gran convergencia de esfuerzos construida democráticamente entre los seres humanos para que pueda llevarse a cabo democráticamente entre los seres humanos y los seres no humanos, es fácil ver que el unilateralismo carente de hegemonía de Trump es el atajo tomado por las élites del capitalismo global para legitimar el fascismo 3.0[1]. La novedad de este fascismo es que es global e impone a todos los humanos lo que los humanos han impuesto a la naturaleza desde el siglo XVI. Ante esto, es difícil imaginar que alguien piense que no es necesario o urgente luchar, resistir y atreverse a ganar.

    [1]Me refiero al fascismo 3.0 porque caractericé el tipo de gobierno que Donald Trump proclamó en noviembre de 2020, en vísperas de perder las elecciones, como fascismo 2.0. El fascismo 2.0 se basaba en las siguientes premisas: no reconocer los resultados electorales desfavorables; convertir las mayorías en minorías; doble moral; nunca hablar ni gobernar para el país y siempre y sólo para su base social; la realidad no existe; el resentimiento es el recurso político más preciado; la política tradicional puede ser el mejor aliado sin saberlo; polarizar, siempre polarizar. El fascismo 3.0 extiende las premisas del fascismo 2.0 a escala global. https://www.brasildefato.com.br/2020/11/14/artigo-fascismo-2-0-como-usar-a-democracia-para-destruir

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  • El trabajo agrícola asalariado en el proyecto de ley de la reforma laboral: una deuda histórica pendiente por saldar

    El trabajo agrícola asalariado en el proyecto de ley de la reforma laboral: una deuda histórica pendiente por saldar

    Mauricio Chamorro Rosero

    Mauricio Chamorro Rosero*

    En agosto de 2023, el gobierno de Gustavo Petro, liderado por la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de reforma laboral con el objetivo de evitar la precarización y, así, mejorar las condiciones laborales en Colombia. La aprobación de esta reforma ha enfrentado numerosos obstáculos, especialmente por parte de una élite empresarial que considera que la reforma va en contra de sus intereses. No obstante, los acuerdos logrados por el gobierno en el Congreso permitieron que, el pasado 8 de octubre, se aprobaran 53 artículos del proyecto. Entre estos, se destaca la formalización del trabajo doméstico remunerado y el trabajo de las madres comunitarias y sustitutas. Es relevante señalar que, actualmente, estos trabajos están profundamente marcados por la precariedad laboral y carecen de una protección jurídica adecuada que resguarde sus derechos.

    Aunque la formalización del trabajo doméstico remunerado y el trabajo de las madres comunitarias y sustitutas representa una deuda histórica que finalmente se está saldando, el proyecto de reforma laboral también contemplaba la inclusión de otro grupo de trabajadores que aún carecen de la garantía de sus derechos: los trabajadores y trabajadoras agrícolas asalariadas. La reforma laboral originalmente contenía tres artículos específicos para mejorar las condiciones de estos trabajadores; sin embargo, estos artículos fueron eliminados durante el proceso legislativo en el Congreso.

    Los artículos eliminados, que buscaban proteger los derechos de los asalariados agrícolas, proponían la regulación del contrato laboral agropecuario (artículo 31), la formalización del trabajo a jornal (artículo 32) y la garantía de vivienda digna (artículo 33). En cuanto al contrato agropecuario, la reforma pretendía integrar al marco legal nacional los contratos de trabajo en sectores como la ganadería, agricultura, silvicultura, horticultura, acuicultura, apicultura, entre otros. Por otro lado, la formalización del trabajo a jornal tenía como objetivo asegurar un salario justo que cubriera las prestaciones sociales y beneficios legales, además de prohibir los salarios inferiores al mínimo legal vigente. Finalmente, la reforma también buscaba que el empleador garantizara una vivienda adecuada para los trabajadores agrícolas que residieran en el lugar de trabajo.

    Un análisis detallado de los artículos eliminados revela que los argumentos de los opositores, que votaron a favor de su eliminación, son infundados. Algunos congresistas argumentaron que la aprobación de estos artículos desincentivaría la oferta laboral agrícola y aumentaría el desempleo rural, además de perjudicar la producción agrícola del país. No obstante, estos argumentos ocultan una defensa del modelo agrícola tradicional que ha basado el aumento de sus beneficios en la explotación de la clase trabajadora.

    En Colombia, la explotación de la fuerza de trabajo ha sido uno de los factores que han permitido que el país se inserte y pueda competir en los mercados agroalimentarios globalizados. Debido a su desprotección jurídica, en muchos casos la remuneración del trabajo agrícola es inferior al salario mínimo legal y, además, este tipo de trabajo no cuenta con la protección social que gozan otros trabajos en el país; de ahí que gran parte del trabajo agrícola asalariado representa un empleo de estancamiento que reproduce la pobreza rural. Estas condiciones han ocasionado que algunos asalariados y asalariadas agrícolas busquen incorporarse constantemente a otros mercados de trabajo que les permitan obtener mayores ingresos económicos y un mejor nivel de vida. Así, desde hace varios años, un importante número de estos trabajadores y trabajadoras han preferido incorporarse a los mercados de trabajo no agrícola, migrando hacia los centros urbanos.

    Más allá de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz y en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, superar las complicadas condiciones que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras agrícolas asalariadas sigue siendo un desafío para un Gobierno que aboga por la justicia social. No obstante, en un contexto político como el colombiano, marcado por la presencia y la protección de los intereses económicos de la clase dominante, esta tarea es muy difícil. Por ahora, muchas empresas agrícolas podrán seguir acumulando capital a costa de la explotación laboral porque sus piezas en el Congreso de la República hicieron lo suyo: han favorecido los intereses de los grandes capitales. Por su parte, los asalariados y las asalariadas agrícolas tendrán que seguir padeciendo la invisibilización y continuar buscando otras formas de ganarse la vida.

    * Una versión más amplia sobre este tema fue publicado en: https://revistabordes.unpaz.edu.ar/pobres-entre-los-pobres-del-campo-el-trabajo-agricola-asalariado-en-colombia/

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  • El derecho de acceso a la justicia: necesidades en Colombia y posibilidades de un instrumento regional

    El derecho de acceso a la justicia: necesidades en Colombia y posibilidades de un instrumento regional

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    El jurista Carlos María Cárcova recuerda que el acceso a la justicia “ha estado presente en la agenda de las políticas de Estado, desde hace cuatro largas décadas”*, guarda relación con la exclusión económica y con la exclusión cultural, registrando “la pronunciada distancia que existe entre ciertas garantías de orden democrático y su efectiva realización práctica”*, esa falta de materialización significa que un gran número de individuos y colectivos, especialmente sujetos vulnerabilizados, no pueden acudir al amparo jurídico y a la justiciabilidad de sus derechos.

    En Colombia, la administración y acceso a la justicia está en la agenda político-legal: el pasado 9 de octubre se aprobó la Ley 2430, que reforma la ley estatutaria de administración de justicia; por otra parte, se tramitan en el Congreso los proyectos de ley 281/24S, que busca modificar la legislación penal para garantizar una administración de justicia penal pronta y eficaz, y 183/24S sobre las competencias de la jurisdicción agraria y rural; así mismo, está en revisión de la Corte Constitucional la propuesta de ley estatutaria por medio de la cual se determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural.

    Lo anterior debe leerse de la mano de las necesidades jurídicas de los colombianos, apreciables en la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana de 2022, la cual al tener un factor expansivo permite reportar que 4,5 millones de personas presentan por lo menos un problema legal. De la totalidad de cuestiones reportadas por los encuestados, las afectaciones, daños o perjuicios causados o derivados de delitos y la prestación de los servicios de salud, pensión o riesgos laborales, ocuparon los dos primeros lugares, con 47,4 % y 12,9 %, respectivamente. Frente a la totalidad de los asuntos reportados, el 46,9 % de los encuestados no hizo nada, mientras que el 37,8 % acudió a una institución o autoridad; pero de estos últimos, el 31,5 % afirmó que todavía no tiene respuesta y el 26,8 % expresó que la autoridad no actuó.

    Un estudio reciente sobre Necesidades y Satisfacción con la Justicia en Colombia 2024 evidencia que el 55 % de las personas encuestadas de 16 municipios de 9 departamentos, ha experimentado un problema legal o más, presentando las víctimas de desplazamiento forzado mayores problemas legales que las personas no desplazadas; la población vulnerable es la que más padece problemas relacionados con acceso a servicios estatales; y quienes tienen un mayor nivel educativo son más conscientes de experimentar problemas legales que quienes poseen pocos estudios.

    Así, la falta de solución judicial y las necesidades jurídicas insatisfechas reflejan una afectación a un derecho y la imposibilidad del pleno ejercicio de derechos que podrían ser garantizados mediante acciones judiciales efectivas, especialmente en grupos vulnerables.

    A nivel de la región, desde el año 2021 la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Secretaría General Iberoamericana y el Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia trabajan en un instrumento vinculante sobre acceso a la justicia, contándose ya con un borrador de convenio, el cual ha recibido comentarios, observaciones y sugerencias por parte de las organizaciones de la sociedad civil y está siendo socializado entre diversos actores por la COMJIB y por sectores interesados.

    El proyecto cuenta con 55 artículos, parte de indicar que su objetivo es “garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, con la finalidad de salvaguardar el pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, y a obtener soluciones a sus necesidades jurídicas a través de instituciones formales e informales, en conformidad con estándares de derechos humanos” (art. 1). Presenta como principios de la implementación del convenio la efectividad, la progresividad y no regresión, la integralidad, el enfoque de género, la interseccionalidad, la pluriculturalidad, la igualdad y no discriminación, la centralidad en las personas, y el enfoque de derechos humanos. Reconoce la necesidad de información y educación en derechos y en materia legal para poder acceder a la justicia, esto a partir de incorporar de forma única y novedosa el empoderamiento jurídico; y plantea que el uso del derecho por parte de las personas y comunidades es “un mecanismo democrático de transformación de sus realidades”.

    La propuesta de Convenio Iberoamericano es muy importante, pues será el primer tratado sobre el derecho de acceso a la justicia centrado en los derechos humanos y las personas vulnerabilizadas y que incorpore el empoderamiento legal; además, una vez entre en vigor, orientará los marcos legales que sobre justicia se discutan en el país; y, al concentrar las obligaciones estatales asociadas a la respuesta de las necesidades jurídicas insatisfechas de la población, puede contribuir a reducir las brechas entre las garantías de orden democrático y su materialización.

    Fuentes

    *CÁRCOVA, Carlos María. Acceso a la justicia: exclusión y aculturación. En: Las teorías jurídicas post positivistas. Buenos Aires: 2009.

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  • El reconocimiento a la labor de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada

    El reconocimiento a la labor de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    El pasado 23 de octubre se conmemoró por primera vez el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, una fecha que quedó establecida en la Ley 2364 del 18 de junio de 2024, en homenaje al aporte que estas hacen a la consecución de la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, la memoria histórica, los derechos humanos y a la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.

    En Colombia, según el tomo 4 del informe final Hay futuro si hay verdad de la Comisión de la Verdad 1, se estima que el universo de víctimas de desaparición forzada entre 1985 y 2016 es de 121.768 personas, pero pueden llegar a ser de 210.000, según la Comisión. El texto también reseña, citando al Centro Nacional de Memoria Histórica, cómo este crimen se desarrolló en 1.107 municipios del país, el 99 % de estas entidades político-administrativas. De otra parte, a nivel departamental, Antioquia presenta la mayor cantidad de casos de desaparición forzada entre 1985 y 2016 (23%), seguido del Valle del Cauca y Meta (7 %), y Bogotá (4 %). 

    El citado informe, presenta también una lectura temporal del delito. Así, señala que a finales de la década de 1970 hay un incremento en las desapariciones forzadas, como consecuencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia militar y la adopción del Estatuto de Seguridad por el gobierno de Julio César Turbay. Posteriormente, entre los años ochenta y noventa, la barbarie paramilitar implicó la desaparición forzada y asesinato de personas a través de prácticas que impedían el reconocimiento de las víctimas y el hallazgo de los cuerpos. Después de los hechos del Palacio de Justicia, entre 1985 y 1988, solo en Bogotá, los servicios de inteligencia desaparecieron a 259 personas, acusadas por estos de tener vínculos con grupos guerrilleros. Desde 1988, con la elección popular de alcaldes, se empezó a cometer este crimen como forma de eliminar a candidatos y a activistas de izquierda, consolidándose la desaparición forzada como una práctica contrainsurgente con participación de agentes estatales. Con la década de 1990 y la Estrategia Nacional contra la violencia del gobierno Gaviria, la expansión paramilitar de las ACCU y la conformación de las AUC, así como con el afianzamiento territorial de las guerrillas, el delito continuó implementándose, para finalmente encontrar dos picos en los años 2002 y 2007, durante la implementación de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez y en relación con la comisión de ejecuciones extrajudiciales; y tener hoy la continuidad de las desapariciones de la mano de los grupos armados surgidos con posterioridad a las AUC. 

    De acuerdo con la Comisión, el principal responsable de las desapariciones forzadas en el país ha sido el paramilitarismo, con 52 % de los 121.768 casos. Las víctimas abarcaron un universo muy amplio de personas: dirigentes y militantes de izquierda, integrantes de organizaciones guerrilleras, sindicalistas y líderes sociales y populares, población socialmente marginada, personas vulnerables y discriminadas, así como aquellas que no se adaptaban al orden impuesto por el actor armado; todos fueron desaparecidos, a todas y todos sus familiares los han estado buscando, ante una institucionalidad y una sociedad que durante mucho tiempo negó o invisibilizó estos crímenes.

    Quienes padecieron el ocultamiento y el rechazo fueron los familiares, aquellos que buscaban a sus desaparecidos en medio de un clima de discriminación, revictimización e impunidad, siendo la búsqueda una labor fundamentalmente desplegada por mujeres: de acuerdo con la Fundación Nydia Erika Bautista, el 95 % de los casos de los territorios que acompaña, son mujeres quienes asumen la búsqueda de sus desaparecidos, son ellas las buscadoras, las “portadoras de la memoria de sus muertos y desaparecidos, [quienes] evitan que el resto de la sociedad caiga anestesiada por el olvido”2. De acuerdo con esta Fundación las principales protagonistas de la búsqueda son madres (59 %), seguidas por las esposas o compañeras de las víctimas (14 %), las hermanas (13 %) y las hijas (4 %); mujeres que en este trasegar han soportado además violencia de género, indefensión, desconocimiento de sus derechos y despojo de sus proyectos de vida, como muy acertadamente recuerda la exposición de motivos de la iniciativa legislativa base de la Ley 2364; pero no por ello han desistido:

    El silencio y ocultamiento permanente y deliberado del paradero de las víctimas por los perpetradores durante años e incluso décadas, ha obligado a las madres, esposas, hermanas y otros familiares a «raspar la tierra» y «escarbar las orillas de ríos», con la esperanza de desenterrar la justicia. La vida cotidiana se transformó, ya no solo por los impactos de la desaparición forzada, sino por las exigencias diarias que implica buscar la verdad sobre los desaparecidos.3

    Por este padecimiento y revictimización, se reconoció en la Ley 2364 a las mujeres buscadoras como sujetos de especial protección constitucional, debiendo el Estado desplegar una serie de deberes y medidas para su cuidado integral. De igual forma, con la norma es ahora deber del Estado garantizar su participación efectiva en las políticas públicas de paz y de construcción de la verdad, sensibilizar a los servidores públicos que las atienden y a la sociedad en general, prevenir y responder a los casos de violencia basada en género y otros delitos que se cometan contra ellas, generar información y adelantar un registro único de mujeres buscadoras, así como solicitar el reconocimiento mundial de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada.

    El 23 de octubre es un día para que la sociedad colombiana, cada año, reconozca que las mujeres buscadoras han hecho del amor por sus desaparecidos una lucha contra la impunidad, una fuerza que les permite abrazar al otro, a la otra, a ese desaparecido de alguien más, y juntarse colectivamente para hacer memoria, para ser reclamo, para reafirmarse como buscadoras, construir una identidad y un lugar político, para persistir y resistir, para llenarse de esperanzas.

    Fuentes

    1. COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD. (2022). Hay futuro si hay verdad. Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tomo 4. Hasta la guerra tiene límites. Violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas. Bogotá: CEV.

    2. COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD. (2022). Hay futuro si hay verdad. Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tomo 7. Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado. Bogotá: CEV, p. 252.

    3. COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD. (2022). Hay futuro si hay verdad. Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tomo 5. Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistencias. Bogotá: CEV, p. 273.

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