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Categoría: Opinión

  • Gustavo Petro: los políticos del futuro y los bloqueos del presente

    Gustavo Petro: los políticos del futuro y los bloqueos del presente

    Boaventura de Sousa Santos*

    *Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Texto enviado a OtherNews por el autor, el 21.02.23

    os últimos tiempos han dado muchos motivos para el pesimismo. Han sido muchas y muy fuertes las amenazas a tres fuentes de estabilidad y civilidad en las relaciones sociales: la democracia, la paz y la garantía mínima de sostenibilidad ecológica. El espíritu del tiempo, al tiempo que degrada las instituciones, las relaciones entre los ciudadanos y el Estado y las relaciones entre los Estados, degrada también las relaciones entre las personas en los lugares de trabajo, las comunidades y las familias y, por último, degrada las relaciones entre la vida humana y la vida no humana, que comúnmente llamamos naturaleza, como lo demuestran los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes y extremos.

    Pero como es propio de los humanos, en medio de la tormenta hay señales de calma, en el túnel más profundo de la angustia hay esperanza en la luz al final del túnel, en medio de la opresión siempre hay alguien que resiste, en medio del conformismo siempre hay alguien que dice no, como nos cantaba el fallecido cantante de la resistencia antifascista en Portugal, Adriano Correia de Oliveira. En «tiempos oscuros», título de un libro de Hannah Arendt, necesitamos valorar todo lo que pueda rescatar la dignidad de la vida humana. Al fin y al cabo, el gran enigma es que existimos en lugar de no existir. En un universo en el que han tenido que coincidir tantas cosas para que surjan seres particularmente conscientes, seres que son conscientes de la existencia de su propia conciencia y reflexionan sobre ella.

    En política, el mundo ha sido parco en proporcionarnos líderes que despierten nuestra particular admiración. La pequeña política de los negocios y de las crisis actuales y permanentes invita a la aparición de políticos pequeños, a veces muy pequeños. Esta tercera década del milenio ha sido especialmente parca y, por ello, merecen especial atención los líderes que destacan.

    En el contexto actual, hay dos tipos posibles de políticos competentes. El primer tipo se refiere a los políticos que gestionan de la mejor manera posible la política actual que les imponen las fuerzas políticas nacionales e internacionales. Esta debería ser la obligación de cualquier buen dirigente político en los tiempos que corren. Por poner algunos ejemplos, creo que el mejor ejemplo a nivel nacional, que yo sepa, es el Presidente Lula da Silva de Brasil, sobre todo porque lo está haciendo en las peores condiciones posibles (hegemonía social y mediática de la derecha y un Congreso mayoritariamente de derechas). En materia de política internacional, dos líderes políticos portugueses competentes entran en esta categoría: António Guterres, Secretario General de la ONU, y António Costa, Presidente electo del Consejo Europeo. Cualquiera de estos políticos (sólo podemos especular sobre António Costa) puede considerarse un líder competente dentro del campo de maniobra autorizado que se les ha otorgado. Son líderes competentes en la gestión del pasado porque presiden formas de institucionalización nacional o internacional que, como he dicho, muestran signos de estar al borde del colapso, ya sea el colapso de la democracia o el colapso de la paz. Corren el riesgo de ser los sepultureros de las instituciones que fueron elegidos para salvar.

    Por esta razón, la atención debe centrarse en el otro tipo de políticos, los buenos políticos del futuro, los políticos que se atreven a comprometerse públicamente con cuestiones que van más allá del campo de maniobra que las fuerzas políticas nacionales e internacionales quieren imponerles. Son los políticos que utilizan su posición para ampliar el estrecho margen de las libertades autorizadas. Estos políticos corren graves riesgos precisamente por la desobediencia civil y política que conlleva su práctica.

    Para mí, el líder político más distinguido del mundo es Gustavo Petro, Presidente de Colombia. Conozco al Presidente Petro desde hace muchos años, pero tengo que decir que me sorprendió cuando leí su primer discurso en la primera Asamblea General de la ONU a la que asistió. Era la primera vez que oía al presidente de un país hablar con tanta competencia técnica y convicción política sobre el gran problema tabú de nuestro tiempo: la probabilidad de la sexta extinción, la extinción de la especie humana debido a la catástrofe ecológica que se avecina. Demostró claramente que si no dejamos de consumir gas, petróleo y carbón, la humanidad corre el riesgo de extinguirse.

    Podemos imaginar la amenaza que esto supone para todos los intereses económicos, políticos y financieros y para los poderes que los representan. Este es el tema más radicalmente vetado por las fuerzas políticas internacionales que controlan la agenda política mundial (y por tanto la de la ONU) sobre el cambio climático y su rosario de COPs periódicas e inútiles. Es el tema que por excelencia va más allá de las libertades autorizadas porque desafía el (des)orden capitalista y neocolonialista dominante. Fue uno de los discursos más importantes pronunciados en el gran auditorio de la ONU desde su fundación.

    A partir de ese momento, sentí que Petro era un político marcado por los poderes dominantes del mundo, un blanco a abatir. Le dieron un poco más de tiempo, esperando que su discurso fuera una manifestación fugaz, una vanidad pasajera de un político nuevo en la escena internacional con ganas de hacerse un nombre. Lo cierto es que Gustavo Petro ha mantenido el mismo discurso en todas las reuniones internacionales a las que ha asistido, y lo ha hecho cada vez con mayor habilidad y vehemencia. Como consecuencia, ha tenido algunos momentos de fricción con algunos de sus aliados continentales más importantes, en particular con Lula da Silva.

    Su más reciente e incisivo discurso tuvo lugar el 27 de septiembre en el congreso organizado por la corte constitucional en la ciudad de Manizales. Es un discurso antológico. Cito un paso especialmente importante:

    “En la reunión de Davos (Suiza) de hace dos años, donde me invitaron la gente que llegaba allí, que dicen ser los ricos del mundo, súper ricos, le llaman ahora, billonarios, con ‘b’ larga, por la enorme cantidad de dinero que han acumulado, expresaban en sus propias palabras que la humanidad estaba viviendo una pluricrisis, fue el nombre que se inventó: la pluricrisis. Varias crisis al mismo tiempo.

    Recién pasábamos el covid, la enfermedad, existía en ese momento, como lo sufrimos aquí en Colombia, una escasez alimentaria que llevó a un crecimiento del hambre en todo el mundo por el precio de los insumos y de los alimentos mismos a escala mundial, originó la inflación en Colombia en el traspaso del gobierno, vivíamos la guerra que comenzaba Ucrania, vivíamos el colapso climático, lo vivimos aún, lo colocaban como una más de las crisis y el estancamiento económico. Las cinco crisis que dilucidaron en medio de su club social, que a través de medios de comunicación se expresan como ideas de la gente que más ha acumulado capital en el mundo hacia la humanidad.

    Cinco crisis al mismo tiempo que, en mi opinión, están relacionadas y que ameritan un análisis pormenorizado de cada una de ellas, que no podríamos ahora, sino el por qué están interrelacionadas, ¿Por qué la guerra? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la pobreza y la desigualdad social que conlleva? ¿Por qué el estancamiento económico? Se correlacionan con el colapso climático que ya no llamo crisis.

    Colapso climático

    Ha cambiado el nombre, porque hace unos años se llamaba el cambio climático, no daba la noción de lo que significaba un simple cambio de clima que cualquier colombiano experimenta en un día, simplemente yéndose de viaje en su propio país, hacia el concepto de crisis climática mucho más descriptivo de lo que pasa.

    Pero, a partir del comienzo de la quema de la selva amazónica en este mes, el concepto hay que desplazarlo de crisis a colapso, porque la quema de la selva amazónica, en la ciencia, es uno de los puntos de no retorno, concepto que ellos han construido, que nunca debimos haber alcanzado y ya lo estamos viviendo.

    Este tema no lo pone en discusión la política, no es en el debate político, ni derechas ni izquierdas, que aparece el problema del colapso climático en la discusión humana.

    Lo pone la ciencia y cuando la ciencia es la que inicia un debate es porque en realidad la política y los sistemas de ideas alrededor de la política, de la discusión política, se han quedado atrás completamente, han sido desfasadas. Yo le agregaría a la política la economía, mi profesión, porque es la economía la que genera la crisis o el colapso climático.

    Y esto, digamos, es el punto central de este tema, no es como en las pasadas cinco extinciones de la vida en el planeta, que llevamos cinco, todas por razones climáticas, todas. Algún tipo de especie se salva y sobre esa se reproduce el siguiente ciclo vital hasta que llega un nuevo choque climático, desaparece y algo hace que aparezca una nueva especie, un nuevo sistema vital. Ha cambiado cinco y está la sexta vez en el planeta Tierra”.

    Mientras el presidente Petro hablaba del punto de no retorno del colapso ecológico, sus enemigos políticos pensaban en otro punto de no retorno: acabar con su mandato presidencial mediante un golpe de Estado institucional, del tipo de los que derrocaron o inhabilitaron a otros presidentes progresistas en América Latina a partir de 2009: Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012), Dilma Rousseff (2016) y Lula da Silva en Brasil (2018), Evo Morales en Bolivia (2019), Rafael Correa en Ecuador (2020). Poco más de una semana después del discurso de Gustavo Petro en Manizales, el Consejo Nacional Electoral acusó al presidente Petro de fraude en la financiación de su campaña electoral de 2022, una acusación que podría llevar a la pérdida de su mandato presidencial por parte de la Camara de Representantes.

    Hay muchas razones nacionales para esta movilización de los enemigos políticos de Petro, pero que no quepa duda de que a la lawfare o guerra jurídica que ahora comienza (o se manifiesta porque se viene anunciando desde hace tiempo) le seguirá la mediafare o guerra informativa y que la repercusión internacional que se le dará obedece a la necesidad de acallar una voz que estaba ganando demasiada credibilidad ante demasiada gente. Una voz y un mensaje que el capitalismo ha entendido mejor que nadie: la propuesta de Petro implica el fin del capitalismo y del neocolonialismo tal y como los conocemos hoy.

    El capital internacional tiene una notable experiencia histórica en saber cómo engañar y dividir a la izquierda, y lo hará en este caso. Pero la experiencia histórica también nos demuestra que es mucho más difícil engañar al pueblo. Y en este caso, el pueblo colombiano conoce por experiencia propia, en sus comunidades, en sus bosques, en sus ríos, las consecuencias catastróficas de las que habla Petro. Si el pueblo colombiano se levanta en apoyo a Petro, el golpe fracasará. ¡No Pasarán!

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  • El mito y las clases populares en la Colombia de hoy

    El mito y las clases populares en la Colombia de hoy

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    Antonio Gramsci en su texto Maquiavelo y el moderno príncipe, indica que el texto del florentino fusiona la ideología política y la ciencia política en la forma dramática del mito, indicando que este puede ser leído desde George Sorel como “una ideología política que no se presenta como fría utopía ni como racionalidad doctrinaria, sino como una creación de fantasía concreta que actúa sobre un pueblo disperso y pulverizado para despertar y organizar la voluntad colectiva” (Gramsci, 2019, p. 257). 

    En este lado del Atlántico, José Carlos Mariátegui (2014), abordando también la construcción soreliana, señala que el mito tiene la capacidad de llenar el yo profundo, de mover al hombre en la historia, sintiendo el hombre contemporáneo la perentoria necesidad de éste, de una verdad que sea absoluta y suprema. Afirma Mariátegui que la civilización burguesa carece de un mito, de una fe, de una esperanza, de una acción. Ésta sacrificó los mitos de la revolución liberal: la libertad, la democracia y la paz; y, por el contrario, la clase antagónica, el proletariado, sí tiene uno: la revolución social, el cual es cuestionado por la inteligencia burguesa, que se explaya “en una crítica racionalista del método, de la teoría, de la técnica de los revolucionarios”, lo que es una completa incomprensión, pues “la fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia; está en su fe, en su pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, espiritual. Es la fuerza del mito”. 

    En Colombia, el presidente Gustavo Petro propuso al pueblo que se exprese como poder constituyente. Esto se entendió como el llamado a un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente inmediata. Si bien el mandatario no fue claro en su exposición inicial, ha ido ajustando su planteamiento, describiéndolo y detallándolo, al punto que hoy se expone como la búsqueda de un acuerdo nacional que permita convocar a futuro una asamblea nacional constituyente bajo los parámetros de la actual Carta. Desde el comienzo hubo un cierre de filas de generadores de opinión, de grupos de juristas y académicos, así como de sectores políticos frente a una posible modificación de la Constitución del 91, a partir de plantear, entre otros aspectos, que ésta tiene un carácter unificador de la sociedad, sosteniendo que la Constitución Política une a una dividida Colombia. Se plantea y se impone desde estos a los sectores históricamente excluidos del Estado, el derecho y la institucionalidad, la defensa de la actual constitución como su mito. Surgiendo entonces la pregunta ¿puede la Constitución de 1991 ser considerada el mito de las clases subalternas del país? 

    Para Mariátegui el mito y la acción deben tener el atributo de verdad absoluta y suprema para que sea apropiada por las clases subalternas. La Carta Política no tiene esa propiedad: ha sido notoria la sujeción de esta a los poderes políticos y económicos, su interpretación, despliegue y modificaciones condicionadas a intereses e ideologías diferentes a los de los ofendidos, teniendo una condición de verdad relativa. De otra parte, no llega la Constitución a permitir una intuición propia del país, leer la Colombia de hoy de la mano del texto del 91 no alimenta la idea de futuro de los sectores populares, ni tampoco permite a estos “moverse con una fe vehemente y activa”.  A finales de la década de 1980 se esperaba lograr la paz y resolver los conflictos a través de la convocatoria a la constituyente, pero al final, al momento de la votación para elegir los delegados constituyentes, el 9 de diciembre de 1990, la participación fue muy baja, lo que “sencillamente le restaba credibilidad y legitimidad a la Asamblea ya que denotaba una ausencia de interés popular por el proyecto” (Lemaitre, 2016, p. 135), por lo que, para dar un manto de legitimidad popular a la naciente Carta se hizo uso desde sectores gubernamentales y académicos de la alta votación de mayo de ese año, para las elecciones presidenciales, y de la pluralidad de los elegidos como delegados. Así, quienes defienden la idea de la Constitución de 1991 como verdad, son los integrantes de “una generación pragmática, que aprendió a negociar y a aceptar triunfos a medias y las transformaciones postergadas” (Lemaitre, 2016, p. 157), su planteamiento como mito se aproxima más a lo que Mariátegui considera es el ejercicio de resucitar mitos pretéritos, operación que resulta destinada al fracaso. Es imperativo señalar que, en la Colombia de hoy, la derecha carece de un mito, al punto de querer resucitar o trasplantar algunos de cara al proceso electoral de 2026. En esta tarea cuentan con un gran aparato mediático.

    Finalmente, no está de más recordar que Mariátegui afirma que serán las multitudes quienes encontrarán el camino del mito, resaltando el rol de los jóvenes en la edificación de una sociedad nueva, al carecer estos de apegos y anclajes al orden establecido, al ser una generación con las disposiciones necesarias para organizar, dirigir y defender el orden nuevo. No serán intelectuales, políticos y periodistas, quienes ante el vacío que se presenta con la posibilidad del cambio, retroceden y asumen posiciones conservadoras, los que definan el mito de los oprimidos. No será la verdad de los ofendidos en Colombia aquella que desde esos sectores se establezca, pues estos todavía la están buscando.

    Fuentes

    • GRAMSCI, A. (2019). Escritos. Antología. Madrid: Alianza. 
    • LEMAITRE, J. (2016). El derecho como conjuro. Fetichismo legal, violencia y movimientos sociales. Bogotá: Siglo del Hombre; Universidad de Los Andes.
    • MARIÁTEGUI, J.C. (2014). El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy. Rosario: Ediciones del Sertão.
    • MARIÁTEGUI, J.C. (1989). Invitación a la vida heroica. Lima: Instituto de Apoyo Agrario.

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  • El río Ranchería como sujeto de derechos

    El río Ranchería como sujeto de derechos


    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter (X): @Freddy_Ordonez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    El pasado 8 de agosto se promulgó la Ley 2415 de 2024 “Por medio de la cual se reconoce al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos y se dictan otras disposiciones”, primera ley en el país que establece derechos a un río.

    El proyecto legislativo que dio origen a la norma indica que este río tiene relación directa con más del 22% de la población de La Guajira. Desde su nacimiento en la Sierra Nevada de Santa Marta, en sus 248 kilómetros de recorrido el Ranchería pasa por 8 municipios, su importancia social y económica a lo largo de la historia es indiscutible, así como la trascendencia cultural y espiritual para los pueblos indígenas, afrodescendientes y la población departamental no perteneciente a grupos étnicos. Este río y sus afluentes han sufrido impactos muy fuertes con la extracción de carbón en la mina a cielo abierto más grande del mundo: el Cerrejón. De igual forma, las comunidades y poblaciones que habitan sus márgenes han padecido afectaciones socioambientales, culturales y económicas como consecuencia de la actividad minera.

    Dentro de la exposición de motivos del proyecto de ley se destaca la referencia a la existencia de seis providencias de la Corte Constitucional que indirectamente se orientan a la protección del río Ranchería, amparo que se ha dado desde una aproximación a este como un recurso natural desde el discurso medioambiental y desde la conexidad que su protección representa para derechos de grupos étnicos. La conclusión de la exposición es que a pesar de las providencias se presenta un déficit de protección jurídica del río Ranchería, de allí la necesidad de la declaratoria.

    La Ley 2415 reconoce tres derechos al río Ranchería, a cargo del Estado: conservación, mantenimiento y restauración (art. 1°). Establece el articulado aprobado la conformación de una Comisión de Guardianes integrada por instituciones estatales, representantes de las juntas de acción comunal, de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como de las cámaras de comercio con jurisdicción de cada municipio de la cuenca (art. 2), definiendo ella misma su forma de funcionamiento y toma de decisiones (art. 4). Esta Comisión elegirá un equipo asesor, con el cual elaborarán el Plan de Acción del Río Ranchería (art. 3), que tendrá una vigencia de 10 años. La elaboración y ejecución del plan será financiado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el departamento de La Guajira y Corpoguajira y deberá ser consultado (al igual que sus reformas) con las comunidades étnicas que ejerzan derechos territoriales en la cuenca del río.

    De la lectura de la Ley, se destaca que vinculado al reconocimiento de los tres derechos antes referidos al río se establece también el derecho a la participación efectiva de las comunidades de la Guajira que habitan en el área de influencia de éste. El Plan de Acción permite ver qué al hablar de los derechos a la conservación y al mantenimiento se debe considerar la protección, evitando daños adicionales; y que al garantizar el derecho a la restauración se debe pensar en descontaminar, recuperar, rehabilitar y restablecer como elementos asociados a este, así como la garantía del derecho al acceso al agua a las comunidades.

    Ahora bien, preocupa la falta en el articulado de definiciones frente a la forma en que se apoyará desde la institucionalidad los procesos de elección de las representaciones poblacionales y las garantías para que estas representaciones puedan cumplir su papel en la Comisión de Guardianes, ya que son quienes de una forma más clara y decidida pueden posicionar acciones y estrategias que hagan frente a la principal problemática que tienen el río y las comunidades: la explotación de carbón dentro de las dinámicas y la forma de producción propias del sistema económico dominante. En esta misma línea, se debió en la norma incorporar una construcción discursiva de los ecosistemas —en este caso, el río Ranchería— como sujetos de derechos que dificulte el uso y dominación de esta novedosa estipulación legal en el país a sectores políticos y empresariales que propugnan por una naturaleza sometida y al servicio del modelo económico hegemónico. Esto debido a que, en la actualidad, de seis proyectos de ley en trámite en el Congreso orientados a reconocer derechos a diferentes ríos, un par de estos son propuestos desde partidos políticos de derecha, en los que se excluye a las comunidades que habitan las cuencas y se monetiza la protección de los ecosistemas.

    Con la Ley 2415 de 2024 se inicia el reconocimiento legal de ríos como sujetos de derechos en el país, siendo un cambio en el abordaje de lo ambiental y de la naturaleza en la legislación que se puede llegar a sumar a las rupturas recientes que desde nuestra América se han dado con el derecho ambiental mayoritario, en perspectiva contrahegemónica.

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  • Una reflexión sobre Venezuela

    Una reflexión sobre Venezuela

    Boaventura de Sousa Santos*

    *Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Texto enviado a OtherNews por el autor, el 21.02.23

    No soy, ni he sido nunca, un chavista acérrimo. Hugo Chávez fue un benévolo meteorito político que sacudió el subcontinente latinoamericano y el mundo en la primera década del siglo XXI.

    En 2013, poco después de la muerte de Hugo Chávez, escribí un artículo titulado “Hugo Chávez: el legado y los desafíos“. En él identificaba algunos signos de autoritarismo y burocratización y terminaba el texto así: “Sin injerencias externas, estoy seguro de que Venezuela sabría encontrar una solución no violenta y democrática. Lamentablemente, lo que está ocurriendo es que se están utilizando todos los medios para poner a los pobres en contra del chavismo, la base social de la revolución bolivariana y los que más se han beneficiado de ella. Y, al mismo tiempo, para provocar una ruptura en las Fuerzas Armadas y el consiguiente golpe militar para derrocar a Maduro. La política exterior europea (si es que puede llamarse así) podría ser una fuerza moderadora si entretanto no hubiera perdido su alma.”[1]  He de reconocer que mi temor no se ha hecho realidad hasta la fecha, aunque no han faltado intentos para que así fuera. Creo que el momento actual es otro de esos intentos. De ahí la importancia de reflexionar sobre el clamor en los medios de comunicación occidentales sobre la posibilidad de fraude en las recientes elecciones en Venezuela y el consenso en la derecha e izquierda sobre la necesidad de auditar los resultados. Esto me deja muy perplejo y me obliga a reflexionar.

    1. El sistema electoral venezolano ha sido considerado unánimemente como uno de los más seguros y protegidos contra el fraude. Requiere cuatro fases de identificación: inscripción en el censo electoral, voto electrónico, extracción de la papeleta y huella dactilar del votante. Los números deben coincidir. Por supuesto, ningún sistema electoral es completamente inmune al fraude, pero si lo comparamos con los sistemas electorales de otros países (como Estados Unidos o Portugal), el sistema venezolano es más seguro. ¿Por qué es tan obvio para tanta gente que puede haber habido fraude?

    2. La oposición venía anunciando que sólo reconocería los resultados si ganaba las elecciones. En este sentido, seguía una práctica que se está generalizando entre las fuerzas de extrema derecha que se presentan a las elecciones (Trump en 2020, Bolsonaro en 2022, Milei en 2023). Esto debería llamar a cierta cautela a las fuerzas democráticas, no sea que su insistencia en la auditoría sirva de muleta a fuerzas políticas que, supuestamente en nombre de la democracia, quieren destruirla.

    3. Fuera de Venezuela, las fuerzas más vociferantes en defensa de la democracia venezolana son fuerzas políticas de extrema derecha que en sus propios países han propugnado o practicado golpes de Estado y fraudes electorales. En Brasil, con la colaboración activa de EEUU, Jair Bolsonaro y las fuerzas políticas y militares que le apoyaron protagonizaron el fraude electoral más clamoroso de la última década. Consiguieron inhabilitar y meter en la cárcel durante más de 500 días al candidato que con toda seguridad habría ganado las elecciones, Lula da Silva; manipularon fácilmente los medios de comunicación y los tribunales; y las elecciones de 2018 fueron declaradas válidas internacionalmente sin ningún tipo de reservas. Esto demuestra que el clamor mediático-político sobre la posibilidad de fraude y la necesidad de verificar los resultados no se basa, al contrario de lo que parece, en un arraigado amor a la democracia, sino en otras razones, que explicaré a continuación.

    4. El doble rasero va mucho más allá de las fuerzas de extrema derecha y del primitivismo de sus consideraciones. Los países europeos, que se precian de ser democracias impecables, fueron casi unánimes en reconocer como presidente legítimo de Venezuela a un señor que se había autoproclamado presidente en una plaza de Caracas. Me refiero a Juan Guaidó, el 23 de enero de 2019. ¿Cómo se explica que, en este caso, no se haya tenido ningún cuidado en verificar los procesos democráticos? Resulta aún más chocante si comparamos esta aparente negligencia con el celo de ahora, respecto a unas elecciones que contaron con más de 900 observadores de casi 100 países. Por cierto, en un aparte que aumenta la perplejidad, uno se pregunta por qué sólo en unos pocos países es tan crucial recurrir a observadores externos para dar credibilidad a los procesos electorales. Si siempre existe la posibilidad de fraude, la necesidad de observadores debería ser universal y supervisada por la ONU.

    5. No discuto las razones de la inhabilitación de María Corina Machado (es bien sabido que participó en varios intentos de golpe de Estado contra el gobierno bolivariano e incluso pidió una intervención militar extranjera), pero la forma en que se eligió a su sustituto, el ex diplomático Edmundo González Urrutia, es desconcertante. Hay algo inquietantemente caricaturesco en la oposición venezolana. Primero fue Juan Guaidó; ahora es un señor que parecía que acababa de salir de una residencia de ancianos para una actividad de ocio que resultó ser una candidatura presidencial. Si menciono esto es sólo porque las manos de Edmundo González pueden acabar manchadas de sangre. Entre 1981 y 1983 Edmundo González fue el primer secretario de la Embajada de Venezuela en El Salvador, cuyo embajador era Leopoldo Castillo, conocido como Matacuras. En esa época se ejecutaba en ese país el Plan Cóndor de contrainsurgencia, impulsado por Ronald Reagan, con el objetivo de impedir el avance de las fuerzas revolucionarias del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Este plan incluía la ejecución de la Operación Centauro, en la que participaban el ejército y escuadrones de la muerte y cuyo objetivo era asesinar a revolucionarios y, en particular, a miembros de comunidades religiosas basadas en la teología de la liberación. Un total de 13.194 personas fueron asesinadas, entre ellas Don Oscar Romero, hoy santo de la Iglesia Católica, cuatro monjas Maryknoll y cinco sacerdotes. Según datos de la CIA desclasificados en 2009, Leopoldo Castillo aparece como corresponsable de la coordinación y ejecución de la Operación Centauro. Edmundo González era el primer secretario de la Embajadade Venezuela. Los crímenes cometidos son de lesa humanidad y como tales son imprescriptibles[2].

    ¿Por qué tanto clamor sobre un posible fraude electoral?

    La respuesta corta a esta pregunta es la siguiente: Venezuela es el único país de América Latina donde dos recursos fundamentales no están controlados por EEUU: las fuerzas armadas y los recursos naturales (las mayores reservas de petróleo, tierras raras, oro, hierro, etc.). A lo largo del siglo XX, EEUU intervino repetidamente en las elecciones de Venezuela con el objetivo de garantizar su acceso a los recursos naturales. Siempre lo han hecho con la ayuda de un número muy reducido de familias oligárquicas, algunas de las cuales controlan la riqueza del país desde el siglo XVI y la época de las encomiendas. María Corina Machado pertenece a una de estas familias. Su programa electoral es muy similar al de Javier Milei y ya ha prometido en una entrevista que, si fuera presidenta, trasladaría la embajada venezolana de Tel Aviv a Jerusalén. Es un programa de extrema derecha que ha sido apoyado por EEUU y, últimamente, por el oligarca de oligarcas, Elon Musk.

    Como no controla los dos recursos que he mencionado, EEUU ha utilizado las dos estrategias que tiene a su disposición (además de la injerencia electoral y el apoyo a la oposición): la participación en golpes de Estado, que pueden incluir o no intentos de asesinato de los líderes a derribar; y las sanciones económicas. En estos momentos, Venezuela está siendo castigada con 930 sanciones impuestas desde hace casi dos décadas. Las sanciones han causado el empobrecimiento abrupto de Venezuela y han sido responsables de miles de muertes debido a la falta de medicamentos esenciales para la vida (por ejemplo, durante un periodo, insulina). Este empobrecimiento abrupto llevó a la suspensión de muchas de las políticas redistributivas del gobierno y, en última instancia, a la emigración. Más de siete millones de personas.

    No cabe duda de que un país con tantos millones de ciudadanos obligados a emigrar no puede ir bien. Y es comprensible que muchos de estos emigrantes vean en la derrota de Nicolás Maduro el fin de las sanciones y la esperanza de volver. En este contexto, es necesario hacer dos reflexiones. La primera es que Maduro ha liberalizado la economía en los últimos años, adoptando algunas medidas que difícilmente pueden considerarse socialistas o incluso de izquierdas. Se están firmando muchos acuerdos con grandes empresas estadounidenses y europeas, tanto en el sector petrolero como en otros. Hoy en día, la economía venezolana es una de las de mayor crecimiento de América Latina, pero obviamente esto viene después de un empobrecimiento brutal. Hasta qué punto este nuevo modelo económico (¿inspirado en China?) puede tener éxito es una cuestión abierta.

    La segunda reflexión es que, si observamos el panorama internacional de las migraciones y los refugiados, Venezuela es el único caso en el que la atención mediática se centra en el país del que salen los desplazados. En todos los demás casos, la atención se centra en los países “receptores” (lo que a menudo incluye la deportación). Una vez más, la razón parece ser ésta: la política de desestabilización y demonización del gobierno bolivariano y la creación de un consenso para activar la tercera arma estadounidense: el infame cambio de régimen. De hecho, creo que la agitación social que se está produciendo actualmente tiene como objetivo crear una Revolución Maidan diez años después. Me refiero al malestar social en Ucrania en 2014 que llevó a la huida del presidente democráticamente elegido, Víctor Yanukóvich, y, poco después, a la elección de Volodymyr Zelensky. La razón por la que es improbable que se produzca una “revolución de colores” en Venezuela es que Estados Unidos no cuenta con militares venezolanos formados en la Escuela de las Américas, donde se han fraguado tantos golpes de Estado. Las Fuerzas Armadas venezolanas ya han reconocido los resultados electorales.

    Pero seguro que habrá más intentos en el futuro, sobre todo porque Venezuela cuenta con tres grandes aliados: China, Rusia e Irán, tres enemigos de EEUU. Los dos primeros son miembros originales de los BRICS y el tercero pronto se unirá a ellos. Esto significa que, aunque la fachada discursiva sea sobre el fraude electoral y la democracia, lo que está en juego es la agitación geopolítica que está provocando la victoria de Maduro. Esto debería hacer reflexionar a los dirigentes de los países latinoamericanos, especialmente a Brasil. Tarde o temprano, Brasil tendrá que decidir de qué lado está en el nuevo horizonte geopolítico y geoestratégico mundial que está en marcha. Comprendo la cautela porque, después de todo, Estados Unidos interfirió recientemente de forma brutal en la política interna de Brasil. Pero, por otro lado, sólo defendiendo la soberanía de otros países podrá Brasil, o cualquier otro país, defender eficazmente su propia soberanía cuando llegue la tormenta imperial. En cualquier caso, es mejor actuar colectivamente que individualmente. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) debe ser más activa ahora que ha desaparecido la Unión de Naciones Latinoamericanas (UNASUR).

    [1]Pneumatóforo. Escritos políticos, 1981-2018. Coimbra: Almedina, 2018, p. 165-175

    [2] Puede consultar la información en: https://nlginternational.org/2024/07/national-lawyers-guild-report-election-monitoring-delegation-to-the-bolivarian-republic-of-venezuela/;  https://www.elperiodista.cl/2024/07/vinculan-a-candidato-opositor-en-venezuela-con-asesinatos-de-religiosos-en-el-salvador/

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  • La elección de rector en la Universidad Nacional y la autonomía universitaria

    La elección de rector en la Universidad Nacional y la autonomía universitaria

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    La ilegítima, irregular y oscura designación y la autoposesión notarial del profesor Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia, han puesto nuevamente en el escenario público la autonomía universitaria (AU). Integrantes de partidos políticos, exrectores de la UN y hasta un exvicepresidente hablan del respeto a la autonomía de las universidades en respaldo a las actuaciones de Peña y sus aliados. Una contribución al debate es la revisión de los principales aspectos sobre la autonomía de las instituciones de educación superior definidos por la jurisprudencia constitucional.

    El artículo 69 de la Carta política garantiza la autonomía universitaria y tempranamente la Corte Constitucional indicó en la sentencia T-123 de 1993 que es un principio pedagógico universal y el derecho de cada universidad a ser lo que es, derecho que le permite autorregularse, “pero nunca en contradicción con la legalidad y la conveniencia generales”. Esta sentencia recuerda que el artículo 68 constitucional establece que “la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación”, participación que no implica que se pueda “implantar la decisión unilateral por imposición no razonada de un sector a otro”, lo que debe ser observado y reconocido incluso por las directivas (T-1308 de 2005).

    El alto tribunal ha señalado (entre otras, sentencias T-929 de 2011, T-141 de 2013, T-106 de 2019 y T-580 de 2019) que la AU es una garantía institucional, definiéndola como “la capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público de educación superior, sin injerencias indebidas del Estado o de los particulares”; presentándose así su concreción en dos grandes facultades: la primera, la definición de la dirección ideológica, la filosofía y principios axiológicos del centro educativo; y la segunda, la potestad de establecer su propia organización interna, administrativa y académica; guardando además la autonomía relaciones relevantes con diversos derechos, “que en ocasiones la complementan y en otras la limitan”, como el debido proceso, así como con otros principios constitucionales, como la buena fe y la confianza legítima, frente a los cuales puede presentar tensiones, por lo que la AU está sujeta a diversos límites y no puede ser entendida como arbitrariedad. Lo anterior, ha llevado a que desde 1999 (sentencia T-310) se tengan subreglas para solucionar tensiones y asegurar que el ejercicio de la autonomía no termine en arbitrariedad, entre otras: 1. “La discrecionalidad universitaria, propia de su autonomía, no es absoluta, como quiera que se encuentra limitada por el orden público, el interés general y el bien común”; 2. “La autonomía universitaria también se limita por la inspección y vigilancia de la educación que ejerce el Estado”; y 3. “El ejercicio de la autonomía universitaria y el respeto por el pluralismo ideológico, demuestran que los centros superiores tienen libertad para determinar sus normas internas, a través de los estatutos, las cuales no podrán ser contrarias a la ley ni a la Constitución”.

    La jurisprudencia también muestra los vínculos entre autonomía universitaria, construcción de ciudadanía, democracia y participación. Así, la Corte “ha indicado la necesaria y evidente concordancia que debe existir entre el ejercicio de la autonomía universitaria y el respeto del derecho de los miembros de dicha comunidad a la participación” (T-141 de 2013). La sentencia T-1010 de 2010, que discutió la vulneración de derechos que se dio en el marco de la elección del rector de una universidad privada, señaló que la reglamentación interna sobre la composición de los órganos directivos de las instituciones de educación superior, “no son simples normas de carácter administrativo que deben ser aplicadas y usadas como tantas otras disposiciones legales del sistema. En este caso, las reglas son también medios de construcción de ciudadanía”. La providencia advierte que “un uso estratégico de las reglas que definen el gobierno universitario, además de poder llegar a afectar el buen funcionamiento de la institución, transmiten un mensaje de enseñanza equivocado respecto a cómo actuar en democracia” y establece que se violan los derechos políticos a la educación y a la AU cuando en la elección de rector “se ha incurrido en una vulneración abierta, grave y grosera, de los principios propios de una sociedad democrática, entre los cuales, por lo menos, se encuentran (i) observar los reglamentos establecidos (las reglas del juego previa y legítimamente fijadas); (ii) actuar con publicidad y transparencia ante la comunidad universitaria; y (iii) permitiendo y no obstaculizando la deliberación de dicha comunidad”, e indica que el propósito de la autonomía también es evitar que la institución sea capturada y puesta “al servicio de intereses públicos o privados ilegítimamente, afectando así gravemente la autonomía universitaria, junto con todos los derechos y garantías constitucionales que de ella dependen”.

    Los elementos jurisprudenciales expuestos permiten un entendimiento no distorsionado de la autonomía universitaria y en favor de la comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia.

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  • El no alineamiento hoy

    El no alineamiento hoy

    Boaventura de Sousa Santos*

    *Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Texto enviado a OtherNews por el autor, el 21.02.23

    El movimiento original de no alineación nació en 1961 tras la Conferencia de Bandung (Indonesia) celebrada en 1955, a la que asistieron 29 países, casi todos recién liberados del colonialismo europeo. Representaban el 54% de la población mundial, pero su peso en la economía mundial era casi nulo.

    En 1955, la no alineación significaba querer decidir el modelo de desarrollo nacional sin tener que adherirse a ninguno de los dos modelos rivales entonces vigentes: el bloque soviético (comunista) y el bloque occidental (capitalista). El concepto de Tercer Mundo nace de esta aspiración. Las rivalidades entre ambos empezaban a cristalizarse en la Guerra Fría. Las diferencias entre ambos modelos eran tan grandes que apuntaban a dos modelos de civilización. De hecho, la idea del «hombre nuevo» había surgido desde principios del siglo XX en Europa como una nueva idea civilizadora, tanto en la versión soviética como en las versiones fascista y nazi, y apuntaba a algo ideológicamente muy distinto de la norma capitalista que, después de 1918, dictaba cada vez más Estados Unidos. Las diferencias entre los participantes son bien conocidas. El uso de la fuerza y la guerra para resolver conflictos, que había dominado la política internacional desde el siglo XIX, fue la cuestión más unánime.
    El bloque soviético contaba con la ventaja comparativa ya que desde el Congreso de los Pueblos del Este celebrado en Bakú (Azerbaiyán) en 1920, había reconocido el papel de los movimientos de liberación colonial en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo. El no alineamiento era ante todo un estado de ánimo, el espíritu de Bandung. El periodista afroamericano Richard Wright, que estuvo presente en Bandung, describe así el ambiente que se respiraba en Bandung: «Sólo los hombres morenos, negros y amarillos que, bajo los rigores de la dominación colonial, hacía tiempo que habían tomado conciencia de su raza y su religión, podían sentir la necesidad de una reunión así. Había algo extrapolítico, extrasocial, casi extrahumano; apestaba a maremoto, a fuerzas naturales. Y la convocatoria no se había hecho en términos ideológicos. El orden del día y el tema estaban escritos desde hacía siglos en la sangre y los huesos de los participantes. Las condiciones en las que vivían estos hombres se habían convertido en su tradición, su cultura, su razón de ser».
    Los entonces jóvenes países de lo que hoy se conoce como el Sur global querían hacer valer sus intereses nacionales mediante la cooperación para centrarse en ellos y no en los intereses que les dictaba el Norte global. Estos intereses incluían el anticolonialismo, el antirracismo, salir del subdesarrollo y ampliar las zonas de paz.
    Desde el principio, el Movimiento de Países No Alineados fue contestado por EEUU, ya que las ideas de neutralidad, neutralismo o no alineamiento eran anatema para EEUU, mientras que la URSS presionaba para intensificar su orientación antiimperialista. Como resultado, los desacuerdos aumentaron y el movimiento perdió relevancia, que se agravó con el final de la Guerra Fría.
    En 2024, la situación geopolítica y económica del mundo es muy diferente a la de 1955. ¿Qué sentido tiene hoy hablar de no alineamiento? ¿No alineamiento entre qué y para qué? Un breve repaso de la situación geopolítica actual nos ayudará a definir el posible contenido político del no alineamiento. Anticipo que el nuevo no alineamiento es tan necesario hoy como lo era en 1955, aunque con un contenido político e ideológico muy diferente.

    El contexto geopolítico

    Vivimos en un mundo multipolar (o incluso bipolar), aunque muy diferente del de 1955. Los dos polos de atracción geopolítica son Estados Unidos y China, y las rivalidades entre ellos se están intensificando. Está surgiendo una nueva Guerra Fría, muy diferente de la que existía entre la Unión Soviética y EEUU. Hay tres diferencias principales entre 1955 y 2024. 1.Mientras que en 1955 las diferencias entre los dos polos eran enormes, uno comunista y el otro socialista, hasta el punto de apuntar a opciones civilizatorias diferentes, hoy esas diferencias son mucho menores. Es cierto que los discursos y la autodescripción de los regímenes apuntan a realidades muy distintas, pero en realidad las diferencias se han atenuado considerablemente. Basta recordar que hasta hace muy poco China era considerada un socio estratégico de EEUU, algo que nunca ocurrió con la Unión Soviética. Aunque existe un debate sobre la naturaleza del régimen económico chino (¿comunismo, socialismo, capitalismo de Estado?), la evolución de China en los últimos treinta años y el papel que ha desempeñado en la globalización de la economía dejan cada vez más claro que se trata de dos variantes de un mismo modelo capitalista: por un lado, el capitalismo multinacional con capital financiero globalizado (EE.UU.) y, por otro, el capitalismo de Estado con control estatal del sector financiero (China). Visto desde esta perspectiva, los dos sistemas tienen más en común de lo que podría pensarse.
    Las diferencias son importantes, pero se producen dentro del mismo modelo de desarrollo económico capitalista. La opción socialista, tal como se concibió en 1955, ha desaparecido. Y con ella, su opuesto también ha desaparecido del léxico económico: hoy no se habla de capitalismo, sino de economía de mercado, como si los mercados, que siempre han existido, hubieran sido siempre capitalistas. Esta ocultación es tanto más grave cuanto que, como he argumentado, el capitalismo prevalece en la medida en que se articula con el colonialismo (que continuó bajo otras formas tras la independencia política de las colonias) y el patriarcado.
    2. La segunda diferencia respecto a 1955 es que entonces había una diferencia radical entre países democráticos (por ser multipartidistas) y países autocráticos (por ser unipartidistas), aunque estos últimos reclamaban para sí otro tipo de democracia: la democracia popular, la democracia desarrollista. Hoy las diferencias son mucho más tenues, dada la degradación de las democracias liberales en los últimos treinta años.  No es aventurado afirmar que, mientras China es una autocracia unipartidista, Estados Unidos es una autocracia bipartidista. De hecho, así lo afirmó con extraordinaria clarividencia el Presidente Julius Nyerere en 1991: «Estados Unidos es una democracia según algunas definiciones y no según otras. Es una plutocracia, pero los locales tienen derecho a voto, ¡así que es una democracia! Pero Estados Unidos tiene mucha suerte. Hay dos partidos, ¡pero en realidad son un solo partido! Ambos partidos están de acuerdo en los objetivos nacionales básicos. Internamente, ambos son altamente capitalistas. Externamente, ambos son imperialistas. Así que sus políticas no difieren mucho. No fue Kennedy quien planeó la Bahía de Cochinos. Fue planeada por Eisenhower y Kennedy la llevó a cabo, es decir, intentó llevarla a cabo. Así que básicamente están de acuerdo”.
    Obviamente, las diferencias en el régimen político entre EEUU y China son muy significativas, especialmente a nivel interno, pero en términos de geopolítica de la democracia se traducen en la diferencia entre una autocracia monolítica y una autocracia pluralista.
    3. La tercera diferencia con 1955 es la aparición de la cuestión ecológica. En aquella época, la cuestión no pasaba de ser una especulación filosófica en el Norte Global, y cuando los países del Sur Global se ocupaban de ella, la etiquetaban de otras maneras, como la lucha por la tierra, la reforma agraria o el control de las explotaciones mineras. La situación ha cambiado radicalmente desde entonces y hoy en día la China es responsable del segundo mayor porcentaje de emisiones de dióxido de carbono, después de Estados Unidos. Por su parte, los países del Sur global han centrado sus reivindicaciones en la responsabilidad histórica de los países del Norte global y si no se distinguen por ser más activos en los procesos de transición ecológica es porque a menudo son víctimas de estos procesos cuando son adoptados por el Norte global, el llamado colonialismo energético. En resumen, también en este ámbito los dos polos parecen más similares que diferentes. El no alineamiento entre los dos polos puede significar nada más que elegir entre la tormenta y la inundación. En vista de ello, el nuevo no alineamiento tiene hoy muchas dimensiones, todas ellas urgentes. Distingo dos principales, que denomino, a falta de un término mejor, no alineamiento débil y no alineamiento fuerte.

    No alineamiento débil

    Como he resumido anteriormente, el mundo multipolar actual es un sistema único con dos variantes principales. Entre ellas, el crecimiento de una Guerra Fría que, al no estar regulada (como ocurría con la anterior), puede deslizarse en cualquier momento hacia una guerra caliente. El no alineamiento débil tiene lugar dentro de este sistema sin cuestionarlo en su conjunto. Pero no pensemos que las opciones son débiles o no contienen riesgos, todo lo contrario. El no alineamiento débil o intrasistémico tiene dos características principales:
    Neutralidad activa. No apoyar y hacer todo lo posible para evitar el estallido de una guerra entre los dos bloques. No se trata sólo de mantenerse al margen de los conflictos de forma aislacionista y no intentar intervenir en ellos. Al contrario, implica políticas de intervención activa para promover soluciones pacíficas y evitar que se produzcan guerras. Dada la globalización y la interdependencia de la economía y del mundo, la neutralidad activa será más eficaz si se lleva a cabo a escala regional y no en nombre de países aislados.
    La neutralidad activa es asimétrica. Nadie en el Sur global cree que China quiera una guerra con Estados Unidos. La historia nos enseña que los imperios en ascenso avanzan creando zonas de influencia mediante beneficios desiguales pero recíprocos. La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) es hoy la afirmación más poderosa de esta idea. Nadie en el Sur global cree que Rusia sea un país militarmente expansionista. Al contrario, ha sido víctima del expansionismo europeo desde que fue invadida dos veces en el siglo XIX por dos potencias europeas, la Francia de Napoleón y la Alemania de Hitler. Rusia se defiende de una nueva forma de expansionismo, esta vez euro-norteamericano, la OTAN. De hecho, la guerra ruso-ucraniana, al igual que la guerra israelo-palestina, tiene el mismo objetivo de frenar al gran rival de Estados Unidos, China, neutralizando a sus aliados más importantes, ya sea Rusia o Irán. Los imperios en decadencia, como el estadounidense, se afirman mediante la guerra, cuando no son incluso dominados por la máquina de la guerra permanente alimentada por el complejo industrial-militar. Los Estados Unidos tienen hoy ochocientas bases militares dispersas en todo el mundo.
    La neutralidad activa exige no participar en pactos militares, ya sean promovidos por EEUU o por China. Requiere distanciarse militarmente de cualquiera de ellos y promover iniciativas pacíficas de mediación y negociación, especialmente desde una base regional, ya sea África o América Latina. El poder económico de algunos de los países del Sur global puede ser suficiente para tener algún impacto en la detención de la guerra que se avecina.
    No alineamiento activo. Este concepto ha sido acuñado recientemente en un libro de Carlos Fortin, Jorge Heine y Carlos Ominami, (Eds), Latin American Foreign Policies in the New World Order: The Active Non-Alignment Option (2023). En primer lugar, hay que señalar que neutralidad activa y no alineamiento activo son dos políticas interdependientes porque cuanto más intensa y tensa es la rivalidad militar entre EEUU y China, menor es el margen de maniobra de los países del Sur global para llevar a cabo políticas de no alineamiento activo.
    Tomando a América Latina como centro de su análisis, los autores señalan que el adjetivo “activo” tiene un fuerte significado porque implica la política de una región que hoy tiene un peso significativo en la economía mundial y fuertes relaciones tanto con China (principal inversor) como con EEUU. En línea con lo que estoy argumentando aquí, el no alineamiento activo forzaría a América Latina a salir de los acuerdos militares con EE.UU. porque éstos estarán cada vez más orientados a forzar a América Latina a un alineamiento activo con EE.UU. y en todos los ámbitos, militar, económico, instituciones internacionales, etc.
    Surgen dos cuestiones complejas. En el plano económico, la situación es dilemática porque mientras EEUU sigue defendiendo la pertinencia económica del neoliberalismo a pesar de todos sus fracasos y de la aparición de versiones extremistas (Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador, Nayib Bukele en El Salvador), China propone un capitalismo no neoliberal con fuerte intervención estatal y control estatal del capital financiero. En este ámbito, es difícil prever una tercera vía. En el plano político, Estados Unidos exige actualmente no sólo alineamiento, sino vasallaje, tanto en Europa como en América Latina. Además, después de Hugo Chávez, América Latina no ha vuelto a tener un líder interesado en una política autónoma para el continente. La esperanza reside ahora en Lula da Silva, Presidente de Brasil y Gustavo Petro, Presidente de Colombia. Pero Lula da Silva, sin duda uno de los líderes más respetados del mundo está obligado a centrarse en los problemas internos del país, dado el nivel de destrucción y degradación institucional durante el periodo Bolsonaro y el hecho de que tiene a la mayoría del legislativo en su contra y sólo una insincera tolerancia por parte de amplios sectores de las Fuerzas Armadas.
    Una articulación entre África y América Latina podría ser prometedora en este ámbito. Por su parte, India estará atenta a esta evolución y, si se implica activamente, la propuesta de no alineamiento activo (quizá combinada con la neutralidad activa) tendrá una fuerza diferente.
    El no alineamiento débil contiene una tensión que tenderá a aumentar con el tiempo. Al igual que en el no alineamiento original el bloque soviético ofrecía ventajas difíciles de rechazar, lo mismo ocurre ahora con China. De hecho, la idea de no alineamiento se asocia a menudo con el Sur Global y la organización más consistente de este espacio geopolítico es el BRICS+, que precisamente incluye a China y donde desempeña un papel principal. ¿Hasta qué punto es posible hablar de no alineamiento?  Hasta cierto punto, India, sin dejar de pertenecer a los BRICS, está mostrando una autonomía que podría ser seguida por otros países. En el terreno del no alineamiento débil, estamos avanzando hacia una solución asimétrica de mayor proximidad a China, pero manteniendo distancias determinadas por intereses nacionales o lealtades regionales. Si, en esencia, se trata de un alineamiento condicional, estoy seguro de que China lo aceptará. No ocurriría lo mismo con Estados Unidos, que hoy, más que nunca, exige un alineamiento incondicional.

    No alineamiento fuerte

    El no alineamiento fuerte se basa en la idea de que vivimos en una época de transición entre paradigmas civilizatorios, entre el paradigma de la civilización occidental cuyo dominio mundial comenzó con la expansión colonial europea y uno o varios paradigmas emergentes aún por determinar. Estamos, pues, en una época de interregno en el sentido que le da Antonio Gramsci: el viejo paradigma aún no ha muerto del todo y el nuevo aún no se ha manifestado de forma creíble, una época de monstruos o fenómenos morbosos, como añadía Gramsci. Desde esta perspectiva paradigmática, vivimos en una sociedad capitalista globalizada en la que las rivalidades oficialmente reconocidas pretenden perpetuar el sistema cambiando a los protagonistas. Los cambios son a largo plazo, seculares, pero también pueden ser el resultado de catástrofes que aceleren los procesos históricos.
    La especificidad del no alineamiento fuerte es la cuestión epistémica. Básicamente, se trata de saber qué tipo de conocimiento debe guiar la comprensión del paradigma actual y establecer los marcos para su transformación. El no alineamiento fuerte requiere nuevas epistemologías que he denominado epistemologías del Sur, donde el Sur no es geográfico ni siquiera geopolítico. Es ante todo epistémico y está presente en las luchas sociales que tienen lugar tanto en el Sur geográfico como en el Norte geográfico.  Muy brevemente, las epistemologías del Sur están constituidas por procesos de validación de saberes distintos del saber científico, saberes nacidos en las luchas contra la dominación occidental moderna -dominación capitalista, colonialista y patriarcal- por parte de los grupos sociales que más han sufrido esta dominación: trabajadores, pueblos colonizados, pueblos indígenas, campesinos, mujeres, etc. En sus luchas, siempre ha circulado una pluralidad de saberes, entre ellos los científicos, pero también los ancestrales, populares y vernáculos. Estos conocimientos no científicos han sido despreciados, suprimidos y prohibidos por las epistemologías del Norte global, lo que yo llamo epistemicidio. Las epistemologías del Sur consideran que la ciencia es un saber válido, pero que no es el único saber válido y que, por tanto, debe poder dialogar con otros saberes. Pretenden recuperar estos saberes en la medida en que pueden ayudar a pensar y legitimar el nuevo paradigma civilizatorio. No se trata de una adopción incondicional y romántica ni de celebrar una edad de oro del pasado. Se trata de hacer posible un futuro más justo en las relaciones entre los humanos y más equitativo entre los humanos y la naturaleza.

    Propuestas para una no alineación fuerte

    1. Tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia nos hace inferiores; tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza.
    2. No hay derechos sin deberes. Los deberes deben existir en proporción a la capacidad de impedir la violación de los derechos humanos y deben exigirse en proporción a las consecuencias que puedan derivarse de dicha violación. Los deberes no pueden limitarse a la esfera ética. Su cumplimiento debe ser exigido por los ordenamientos jurídicos existentes y futuros.
    3. Se reconocen los derechos de la naturaleza, entendida como el principio vital que sustenta la vida humana y no humana en el planeta. Los deberes correspondientes recaen sobre el Estado y los ciudadanos. Las violaciones más graves de estos derechos constituyen un nuevo crimen contra la humanidad/naturaleza: el ecocidio.
    4. El respeto a la vida y a la dignidad implica reconocer la infinita diversidad de formas de conocer y vivir (en) el mundo y concebir la vida, la dignidad, el buen vivir y el buen convivir.
    5. El derecho a la educación debe entenderse como el derecho a la diversidad de conocimientos sobre los derechos y deberes entre los seres humanos y en sus relaciones con la naturaleza. La educación, en general, y las universidades, en particular, deben reformarse para intervenir eficazmente en la disputa sobre las narrativas acerca de la transición paradigmática que se avecina.
    6. Los diferentes modelos de desarrollo, incluidos los modelos de desarrollo alternativo, deben dar paso a alternativas al desarrollo: desmercantilización, descolonización, despatriarcalización y democratización. Se prohíbe la obsolescencia programada de los productos industriales.
    7. Los bienes comunes son todos los bienes que deben ser compartidos por todos los seres humanos, hombres y mujeres, sin discriminación, ya que son esenciales para que florezca la vida y prevalezca la dignidad. Se reconoce el derecho al libre acceso a bienes comunes fundamentales como el agua, el aire, el espacio, los bosques, los ríos, los mares, las semillas, el espacio público, la cultura, la educación, la salud, la electricidad, la información, la comunicación e internet.
    8. La soberanía alimentaria debe ser uno de los principios rectores de la política agrícola. Los pueblos indígenas, los pueblos descendientes de esclavos, los campesinos, tienen derecho a sus territorios ancestrales y a su subsuelo.
    9. La renta básica universal es uno de los instrumentos importantes para combatir la creciente vulnerabilidad de los trabajadores y sus familias, especialmente ante el impacto de la inteligencia artificial en los procesos productivos.
    10. La salud es un bien público, no un negocio. Las vacunas son un bien común, público y universal. Deben producirse teniendo en cuenta los intereses de la población y estar disponibles para un acceso gratuito y universal.
    11. Hay que asegurar la localización industrial de los bienes necesarios para garantizar la protección de la vida en las emergencias recurrentes que probablemente caracterizarán las próximas décadas. Por la misma razón, las pequeñas empresas y las tiendas de barrio deben ser las principales formas de distribución de productos a los consumidores.
    12. Debido a su huella ecológica, la industria turística internacional debe ser cada vez menos importante en términos de creación de riqueza y empleo.
    13. El derecho a la urbanidad es tan válido como el derecho a la ruralidad. Urge un nuevo tipo de relación entre el campo y la ciudad. El campo no precede a la ciudad, ni la ciudad representa un estadio superior de convivencia que el campo. Hay que redimensionar y resignificar las ciudades.
    14. La deuda pública de los países periféricos debe anularse siempre que su peso les impida cumplir los objetivos anteriores. En cuanto se declare una pandemia o una emergencia de igual gravedad, se cancelarán todos los embargos y sanciones económicas que impidan a los países afectados proteger la vida de sus ciudadanos.

    Conclusión

    Sin un horizonte posoccidental, las luchas del no alineamiento no impedirán que el capitalismo sea cada vez más violento con los seres humanos y la naturaleza. Se trata de redistribuir más equitativamente el miedo y la esperanza. Hoy, grandes mayorías tienen demasiado miedo ante las vicisitudes de su vida cotidiana y muy poca esperanza de que las cosas mejoren, mientras que una ínfima minoría tiene demasiada esperanza de que el mundo siga garantizando sus privilegios y muy poco miedo de que no lo haga, porque están convencidos de que han eliminado o cooptado a sus enemigos. El no alineamiento fuerte supone que no será posible devolver la esperanza a las grandes mayorías sin infundir miedo a las minorías muy pequeñas.

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  • Los integrantes de ONG defensoras de derechos humanos y la Constitución de 1991. Una mirada desde Pierre Bourdieu

    Los integrantes de ONG defensoras de derechos humanos y la Constitución de 1991. Una mirada desde Pierre Bourdieu

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    Pierre Bourdieu indica, en La fuerza del derecho[i], que el campo jurídico “es el lugar de concurrencia por el monopolio del derecho de decir el derecho” (p. 169), y como campo, en éste se enfrentan unos agentes especializados (magistrados, jueces, abogados, asesores legales, profesores, etc.) investidos de una competencia inseparablemente social y técnica, consistente en la facultad socialmente aceptada de interpretar el cuerpo normativo en el que se establece la visión adecuada del mundo social, lo que los diferencia radicalmente de los profanos. Nos recuerda el sociólogo cómo en el campo jurídico los profesionales, lawyers, juridifican problemas y conflictos ordinarios, lo que implica contar con un poder de construir aspiraciones jurídicas, definir derechos e injusticias, a partir de la producción de las necesidades de sus servicios, algo que está guiado por sus ambiciones financieras, por sus intereses más específicos, y “también por sus propias disposiciones éticas o políticas, principios de afinidades socialmente fundadas con sus clientes” (p. 195).

    A inicios de los años de 1970 empiezan a surgir en el país proyectos de servicios legales, organizaciones no gubernamentales, ONG, dedicadas a la defensa de los derechos humanos, como el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, en 1972; el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP, en 1973; la Asociación Interamericana de Servicios Legales, ILSA, en 1978; y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, en 1979, constituyéndose un número significativo de estas a partir de la década de 1980. Estas organizaciones se conformaron por profesionales que se reconocen como abogados populares y por académicos y cientistas sociales que configuraron a las ONG como intelectuales colectivos. 

    Los abogados e integrantes de estas organizaciones tuvieron un habitus jurídico diferente al de los profesionales con una posición dominante en el campo y al habitus de clase de estos. En efecto, si el habitus jurídico, siguiendo a Fortich y Moreno, “es la forma de asimilar lo que es el derecho y la forma de poner en práctica esos conocimientos asimilados, porque todos los hábitos se reflejan en la acción práctica”, las organizaciones de servicios legales y los abogados populares de la década de 1970, a diferencia de los agentes, especialistas y profesionales dominantes encargados de producir o de aplicar el derecho, no buscan el mantenimiento del orden social y sus intereses no corresponden con quienes ocupan posiciones dominantes en el campo político, sino que asimilan que el derecho (el discurso del derecho) esconde “bajo estrategias de universalización, las relaciones de dominación que traducen en formas jurídicas”[ii], planteaban un entendimiento y una práctica emancipatoria del derecho en el campo jurídico.

    Esta propuesta inicial parece haber cambiado con la Carta de 1991, la formulación del Estado social de derecho y el papel de la Corte Constitucional que aumentaron la esperanza en el derecho y en el alto tribunal como posibilidad de cambio social. Las promesas de la Constitución implicaron un mayor énfasis de las organizaciones de servicios legales en la promoción y exigencia de los derechos consagrados, siendo entonces la Carta un punto trascendental en los entendimientos y aproximaciones al derecho y a los derechos humanos por parte de miembros de las ONG, llegando así a transformar la mirada sobre su propia intervención y sus alcances, esto a pesar de que el nuevo marco constitucional no contribuyó a consolidar la paz, a cimentar un orden justo y a fortalecer una democracia abierta a la participación; y de la poca capacidad del tribunal constitucional para atacar los intereses de sectores dominantes y afectar la reproducción dentro de los diferentes campos.

    Muchos juristas y académicos, con un considerable capital social, cultural y jurídico, que estaban vinculados a las organizaciones no gubernamentales encontraron el cimiento del derecho mismo en la Constitución y siguiendo a Bourdieu (p. 172), vieron en ésta, “el fundamento trascendental a las formas históricas de la razón jurídica y a la creencia en la visión del orden social” que produce, gozando así de una muy importante eficacia simbólica. Contrario a lo anterior, abogados populares que todavía adelantan una práctica legal crítica postulan que la Carta política legitima la dominación, contribuye a perpetuar el orden social y a su reproducción, por lo que consideran que la lucha al interior de los diferentes campos (jurídico, político, social) está interrelacionada y debe incluir la superación de la dominación simbólica a través del actual texto constitucional, confrontando éste con la realidad social de los dominados, lo que desembocará necesariamente en un proceso constituyente. 

    [i] BOURDIEU, Pierre.  La fuerza del derecho. Elementos para una sociología del campo jurídico. En: Poder, Derecho y Clases sociales. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001. Las diferentes citas del sociólogo corresponden a esta publicación.

    [ii] GARCÍA, Andrés. Introducción. La razón del derecho: entre habitus y campo. En: Bourdieu, Pierre. Poder, Derecho y Clases sociales. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001, p. 39.    

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  • Los ofendidos

    Los ofendidos

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    Roque Dalton (San Salvador, 14 de mayo de 1935 – San Salvador, 10 de mayo de 1975) puede ser considerado el más nuestroamericano de los salvadoreños. Se recordará que José Martí, planteó en su célebre ensayo Nuestra América, la necesaria unión de Hispanoamérica (concebida de manera amplia, incluyendo a Las Antillas y la Guyana francesa, las islas caribeñas de los Países Bajos y a Brasil) a partir de lo que es una historia común, dolorosa, diversa y particular de sus pueblos; región cuyos países son mestizos, viven una fuerte opresión (especialmente los afrodescendientes, campesinos e indígenas), pero en los que también existe el anticolonialismo, el rechazo a la ambición imperialista norteamericana, y una apuesta emancipatoria, de salvación y de despertar como proyecto (Martí, 1987).

    El salvadoreño, intelectual, poeta, abogado y revolucionario, fue hijo de nuestra América, no sólo porque recorrió parte de la geografía de la región: además de su país natal, Roque trasegó por Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Cuba (de esta última, afirmaría: “Dos patrias tengo yo, Cuba y la mía”); ni porque su asesinato a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, fuera condenado por intelectuales, artistas y escritores de toda Latinoamérica, sino fundamentalmente porque su preocupación ética, “perseguir el bien de las mayorías a través de la acción política” (Alvarenga, 2016a, p. 130), desborda a El Salvador, cubriendo a nuestra América toda. Las mayorías fueron identificadas de forma muy general por Dalton como “clases explotadas (proletarios y campesinos, etcétera)” (Dalton et al., 2010, p. 198).

    Lo anterior, como indica su biógrafo Luis Alvarenga, “es el pilar que, a su juicio, legitima el hacer poético. Se proclama convencido de que él, en lo personal, no podría escribir poesía lejos del ámbito de la política revolucionaria. Puede decirse que concibe a la literatura como algo que tendrá legitimidad en la sola medida en que contribuya a un proyecto de liberación nacional” (Alvarenga, 2016a, p. 130), pensado en perspectiva de región: “hablamos desde y para Cuba, desde y para América Latina”, indicó en una mesa redonda sobre el intelectual y la sociedad (Dalton et al., 2010, p. 182).

    Dalton agencia un proyecto estético-político que, señala Luis Alvarenga, tiene elementos que pueden ser importantes para las luchas emancipatorias del presente cuando se está ante la desarticulación capitalista de la estética y la vida cotidiana, y el reconocimiento de la primera solo a través de la expresión artística (Alvarenga, 2016b, p. XLIX), siendo entonces importante recuperar o integrar la estética en la lucha emancipatoria para la construcción de una hegemonía alternativa (Alvarenga, 2016b, p. LI). Acá el salvadoreño nos aporta, de una parte, la crítica a la poesía, al lenguaje y al intelectual tradicional; y de otra, la posibilidad de identificación del sujeto de cambio, las clases explotadas referidas antes, como los ofendidos.

    Patricia Alvarenga adelanta un riguroso recorrido por la obra de Roque Dalton para buscar la representación de las subjetividades que hace el poeta, encontrando que existen “dos concepciones de la subjetividad que no dejan de ser contradictorias, e incluso, irreconciliables” (Alvarenga, 2012, p. 185). Una de ellas la ubica al servicio de la teorización marxista-leninista de su época, identificada básicamente como pueblo, que en el trabajo de Dalton se reconoce también con el sinónimo de masa; y la otra, que expresa su experiencia vital, su exploración en el mundo relacional que da la posibilidad de la libertad al individuo, deconstruyendo al sujeto unitario.

    Aunque la división propuesta por Alvarenga puede ser discutible (una mirada diferente tiene López, (2010)), nos interesa acá abordar la primera concepción de la subjetividad planteada por la autora, ya que ésta fue hacia donde el escritor dirigió sus principales preocupaciones acerca del rol del intelectual en la sociedad latinoamericana, dejando Dalton de lado la idea del pueblo como un actor homogéneo, para presentarlo más como un bloque social constituido por los oprimidos y los excluido: obreros, indígenas, campesinos, analfabetas, desocupados. Así, al cuestionar el accionar de los intelectuales, señala: escribimos “en un mundo en el que la mayoría no puede leer, no digamos periódicos, sino los letreros que indican que está prohibido continuar el camino porque ahí comienza otra propiedad privada. […] Realmente, en los hechos, ¿hemos escrito para los indios de Guatemala, Perú o Bolivia?, ¿para los obreros y los desocupados de México, Buenos Aires?” (Dalton et al., 2010, p. 185).

    El pueblo en Dalton, además de oprimido y excluido, también es ofendido: es golpeado, encarcelado, odiado, despreciado y silenciado (Dalton, 2015, p. 1). Leyendo hoy a Dalton desde Colombia, se identifica que el ofendido se auto reconoce como tal, y por tanto como clase para sí, se halla en las campesinas y campesinos, los pueblos étnicos, las niñas y las mujeres, la población LGBTIQ+, las víctimas del conflicto armado interno, las madres de los ejecutados extrajudicialmente, los militantes de izquierda, los trabajadores urbanos informales y precarizados, los pobres, los migrantes, los estudiantes universitarios, los jóvenes que protestan en los barrios de las periferias de las grandes ciudades; todas y todos estos son quienes hoy deben llevar a cabo la obra de liberación en nombre las generaciones vencidas, de las generaciones ofendidas. El perseguir el bien de las mayorías a través de la acción política, en el marco de un proyecto de cambio, crítico y transformador de las construcciones coloniales, culturales, sociales, políticas, jurídicas y económicas, un proyecto superador de la opresión y de la exclusión en el país y en nuestra América, implica que ha llegado el turno del ofendido, del por años silencioso a pesar de los gritos.

    Fuentes

    ALVARENGA, L. (2016a). El ciervo perseguido. Vida y obra de Roque Dalton. Tegueste (España): Baile del Sol.

    ALVARENGA, L. (2016b). Prólogo. Roque Dalton. Estética y revolución. En: R. Dalton. Poesía escogida. Antología personal (IX-LI). Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho.  

    ALVARENGA, P. (2012). El sujeto revolucionario en Roque Dalton. Cuadernos Intercambio. año 9, n. 10, 183-211.

    DALTON, R. (2015). El turno del ofendido. China: Ocean Sur.

    DALTON, R.; FERNÁNDEZ, R.; DEPESTRE, R.; DENOES, E.; FORNET, A.; GUTIÉRREZ, C. (2010). Diez años de revolución: el intelectual y la sociedad (conversatorio en el estudio de Mariano). En: A. Alonso y S. Valmaña (selección). Materiales de la revista Casa de las Américas de/sobre Roque Dalton (180-228). La Habana: Fondo editorial Casa de las Américas.

    LÓPEZ, E. (2010). La liberación es el turno del ofendido. En: A. Alonso y S. Valmaña (selección). Materiales de la revista Casa de las Américas de/sobre Roque Dalton (311-333). La Habana: Fondo editorial Casa de las Américas.

    MARTÍ, J. (1987). Nuestra América. En VV.AA. Temas de filosofía política latinoamericana (108-118). Bogotá: El Buho.

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  • REDD+ y derechos de los pueblos indígenas

    REDD+ y derechos de los pueblos indígenas

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    Un tema que está en la discusión mediática, política y jurídica, a nivel nacional e internacional, es la forma en cómo los proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (REDD+) amenazan y vulneran la seguridad territorial y los derechos de los pueblos indígenas. Veamos.

    Se ha conocido a través de fuentes periodísticas cómo en el resguardo indígena del Gran Cumbal (Nariño), un proyecto de bonos de carbono (Pachamama Cumbal) se está llevando a cabo de espaldas a la comunidad, por lo que un juez amparó los derechos del pueblo indígena a través de una acción de tutela. Según un informe del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, “ni el gobernador del resguardo ni las empresas que lo desarrollan, la mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. y su filial colombiana SPV Business S.A.S., lo socializaron con su comunidad en Cumbal”. El proyecto, se señala, fue registrado en la plataforma del estándar de certificación colombiano (CoICX) desde el 25 de mayo de 2022, aglutina a otros tres resguardos indígenas (Chiles, Mayasquer y Panán) y ya vendió 849.000 bonos de carbono a la petrolera estadounidense Chevron, sin que la comunidad sepa el destino de los recursos generados en la transacción. Se recordará que la empresa compradora, Chevron, ha sido condenada judicialmente por violar los derechos de pueblos indígenas y habitantes de la Amazonia ecuatoriana. Frente a esto último el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay, ha llamado la atención sobre la necesidad de la transparencia en la información sobre el comprador final de los créditos, ya que “en muchos casos, estos se utilizan para compensar las emisiones de empresas cuyas actividades ponen en peligro los territorios de los Pueblos Indígenas”.

    Por otra parte, las denuncias en medios también apuntan a señalar que en los proyectos se da trato injusto a las comunidades por la empresa desarrolladora, que grupos étnicos son excluidos por la empresa promotora de los acuerdos hechos en los territorios, que se traslapan proyectos y existe doble venta de los bonos, entre otras irregularidades y afectaciones.

    Las amenazas y violaciones a derechos y territorios de pueblos indígenas por la implementación de proyectos REDD+ fueron trabajadas por el señor Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en Financiación verde, una transición justa para defender los derechos de los pueblos indígenas, informe en el que el señor Relator enfatiza en cómo se ha dado un alto interés en los mercados internacionales de carbono, lo que constituye una amenaza para la seguridad territorial de los pueblos indígenas, ya que el creciente valor económico del carbono capturado en tierras indígenas atrae la apropiación de éstas por los sectores público y privado. Destaca el informe la presencia en la región amazónica de piratas del carbono que se aprovechan de los pueblos indígenas. Encontrándose en la cuenca amazónica, “operaciones opacas con derechos de emisión que pueden tener una vigencia de hasta un siglo, plasmadas en contratos muy extensos redactados en inglés y que tienen como consecuencia la expulsión de las comunidades de sus tierras para la ejecución de los proyectos”. También es necesario reseñar cómo, expone el señor Relator, en tan solo una cuarta parte de los países que tienen en su territorio casi el 70 % de los bosques tropicales del mundo, se ha “reconocido explícitamente los derechos de las comunidades a administrar los derechos de emisiones de carbono y beneficiarse de ellos”.

    De este informe es importante referirse igualmente a la advertencia hecha sobre el cómo “las normas, directrices y mecanismos de reclamación del sector privado no se ajustan con frecuencia a las normas internacionales de derechos humanos con respecto a los Pueblos Indígenas” y al llamado que se hace sobre la obligación por parte de los interesados en la financiación de los créditos de carbono del deber de adoptar enfoques basados en derechos y de alta integridad para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y sus recursos, adoptar salvaguardias de los derechos humanos, “incluido el consentimiento libre, previo e informado, y velar por su participación en los proyectos desde el diseño inicial hasta la ejecución, la supervisión y la presentación de informes”; al igual que el deber de “incrementar el apoyo financiero a iniciativas dirigida por la comunidad”, y la participación de los Pueblos Indígenas en el mercado voluntario de carbono, ya que esto permite reforzar su autonomía y sus derechos colectivos, para lo que el señor Relator recomienda “canalizar un flujo financiero directo a los Pueblos Indígenas creando o rediseñando mecanismos de financiación flexibles que simplifiquen los procedimientos de solicitud y los requisitos de presentación de informes de las iniciativas y los proyectos” de los pueblos.

    Igualmente, las afectaciones a los pueblos indígenas y comunidades locales de la Amazonia han sido expuestas en el sistema interamericano de protección. En efecto, el pasado 28 de febrero, se celebró una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde once organizaciones expusieron la situación en la región amazónica solicitando a la CIDH: (i) Desarrollar estándares y políticas específicas sobre acceso a la información, transparencia y participación -que tengan como base el Acuerdo de Escazú y otros tratados internacionales- para regular la certificación y registro de las transacciones de bonos de carbono; (ii) Desarrollar una línea de trabajo específica sobre el impacto del mercado de bonos de carbono en los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales; (iii) Incorporar este fenómeno en el monitoreo de la situación de derechos humanos que se presenta en los informes anuales de las relatorías de la CIDH; (iv) Que los Estados de la región adopten marcos regulatorios efectivos para la certificación, registro y comercialización de bonos de carbono; y (v) Establecer una guía que garantice la autonomía de las comunidades locales y el derecho al consentimiento previo, libre e informado, antes de iniciar un proyecto de bonos de carbono, con el fin de evitar conflictos interétnicos e intraculturales. De otra parte, ante la solicitud de Opinión Consultiva presentada por la República de Chile y la República de Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre emergencia climática y derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas abordaron los proyectos de REDD+ en sus observaciones.

    En la Amazonía colombiana, el Instituto amazónico de investigaciones científicas, SINCHI, indicó que existen a julio de 2022, 51 proyectos REDD+ registrados en RENARE (plataforma actualmente suspendida) ubicados en la región, de los cuales tres empresas concentran 25 de los registros. El SINCHI también señala en la misma fuente que 33 proyectos identificados y caracterizados según los documentos de diseño de proyecto disponibles en las plataformas de certificación están localizados en 59 resguardos indígenas.

    Uno de los casos más importantes hoy en Colombia y en general en la región amazónica lo constituye el del Territorio indígena del río Pirá Paraná, en donde la Corporación para el Manejo Sostenible (Masbosques) formuló, implementó y comercializó el proyecto “Baka Rokarire ⁓iatir+⁓dito”, sin la autorización o el consentimiento del gobierno indígena del territorio, el Consejo Indígena, y que prevé diferentes compromisos contrarios al sistema de conocimiento y la soberanía alimentaria del territorio. El caso está documentado en la publicación Problemas y oportunidades de REDD+. Una mirada desde los territorios indígenas de la Amazonia de la Fundación Gaia Amazonas. En el documento se expone cómo, para adelantar el proyecto, la empresa suscribió un contrato de mandato con un indígena que no representaba legalmente al territorio ni contaba con la capacidad jurídica para suscribir contratos a su nombre, vulnerando así los derechos de las comunidades.

    Masbosques, el 22 de diciembre de 2021, con el apoyo técnico de Soluciones Proambiente S.A.S., formuló y registró el proyecto, el cual fue validado y verificado por la firma extranjera Ruby Canyon Enviromental como OVV, el 10 de febrero de 2022, y obtuvo certificación por parte de Cercarbono el 11 de febrero de 2022, en certificado que fue expedido a nombre de Masbosques como titular del proyecto y no del territorio indígena. Contrario a esto, desde el año 2019 el consejo indígena del territorio indígena del río Pirá Paraná decidió construir una estrategia diversificada de sostenibilidad financiera para fortalecer la puesta en marcha del territorio indígena como entidad territorial. En el marco de esto, el consejo propuso la elaboración de un proyecto REDD+ de manera autónoma y sin intermediaciones, construido por el territorio y para el territorio, lo que implicaría que la formulación, implementación, titularidad y beneficios del proyecto estarían definidos y liderados por el territorio y no por agentes externos a este, se lee en el documento.

    Ahora bien, en la investigación se expone cómo el accionar de Masbosques, de Soluciones Proambiente S.A.S., Ruby Canyon Environmental y Cercarbono, así como las omisiones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se han traducido en la vulneración de los derechos a la libre determinación, al gobierno propio y a la integridad territorial. El accionar de las interesadas en el proyecto amenaza con fragmentar el territorio, poniendo en riesgo la pervivencia cultural del Pirá Paraná y su sistema de conocimiento fundado en la integridad y la unidad. Las violaciones presentadas a los derechos de los pueblos indígenas llevaron a que la autoridad territorial, el Consejo Indígena del Territorio Pirá Paraná, a entablar una acción de tutela la cual actualmente se encuentra en revisión en la Corte Constitucional.

    Del fallo, el consejo indígena espera que el amparo de sus derechos lleve a la Corte a establecer reglas jurisprudenciales claras sobre el papel central que deben jugar los pueblos indígenas y sus autoridades en la implementación de proyectos REDD+ en sus territorios, en tanto son autoridades político-administrativas de sus entidades territoriales; al igual que aborde la importancia de la reglamentación de los proyectos, de la observancia y cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales.

    El desconocimiento, afectación y amenaza a los derechos de los pueblos indígenas amazónicos y sus territorios está en el centro del debate, la trascendencia del caso bajo revisión en la Corte no puede llevar a una orden de consulta (previa) posterior, validadora de accionares y omisiones que comprometieron la garantía de derechos de comunidades; por el contrario, debe ser un fallo que desde el principio de la progresividad de los derechos y el reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural del país, ampare y genere un precedente que contribuya a superar el trato colonial que, desde el Estado, el Derecho y el empresariado se ejerce contra los pueblos indígenas en la implementación de los proyectos REDD+.

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  • Os Povos da Terra e o medo que provocam

    Os Povos da Terra e o medo que provocam

    Carlos Frederico Marés
    Carlos Frederico Marés

    A CPI do MST e a aprovação do PL 490 na Câmara dos Deputados revelam a hegemonia de uma direita agrária que atira desesperadamente para manter os privilégios que sentem escorrer por entre dedos gordos e impotentes.

    Olhemos de perto essas duas caricatas iniciativas. A direita sempre anunciou, com repercussão dos grandes jornais e redes de televisão, que o MST tinha como única finalidade ocupar terras, invadir propriedades privadas e atacar e empobrecer o próspero agronegócio. A acusação era de que os assentamentos do MST eram improdutivos e apenas se fazia política. Ocupar terras era o objetivo final. Nunca admitiram que após as ocupações, naturalmente, se inicia a produção de alimentos, a terra é ocupada para ser usada, para prover as necessidades dos ocupantes. Se nunca admitiram o segundo passo, que se dirá do terceiro: produzir excedentes, ou, dito de forma mais clara: produzir comida para as gentes das cidades.

    Essa narrativa fantasiosa, em que a terra seria um fetiche para ocupar, começou a esboroar na pandemia quando o MST distribuiu alimentos grátis aos necessitados das cidades (Alimento e Solidariedade: AQUI). Dois outros acontecimentos chamaram a atenção para essa produção. O primeiro, quando Lula, em plena rede Globo, afirmou que o MST era o maior produtor de arroz orgânico da América Latina e foi prontamente contestado pelos entrevistadores. Lula reafirmou e desafiou a que apurassem. A rede Globo apurou e, para seu desespero, era verdade. Contra fatos não há argumentos, dizem. Mas a direita argumentou.

    Xico Graziano escreveu uma nota desmerecendo a produção e fazendo a crítica de que os produtores de arroz do MST continuavam pobres e a produtividade era menor do que a do arroz produzido com agrotóxicos (AQUI). Comparou coisas diferentes, é claro. Será mesmo que os assentados da Reforma Agrária produtores de arroz orgânico são mais pobres do que os trabalhadores assalariados? Certamente têm menos riquezas acumuladas do que os donos de muita terra e empregadores, mas não têm renda menor que os assalariados do campo. Além disso, comparar produtividade não é razoável, são duas agriculturas diferentes e duas variedades de arroz diferentes.

    O segundo e vergonhoso fato se deu quando grandes vinícolas foram pegas produzindo em regime de trabalho escravo. É fácil entender que trabalho escravo enriquece qualquer produtor. Na contrapartida o MST produz suco de uva orgânico e com o trabalho da agricultura familiar, gente não só livre como consciente e pronta para lutar por direitos.

    As marcas “Terra Livre”, “Raízes do Campo” e “Campo Vivo” estão no mercado, livres de agrotóxicos e competindo em preço com as não orgânicas, mas os Supermercados relutam em vender, os concorrentes não permitem. Essa produção resiste há mais de duas décadas e aumenta a cada dia, é realizada por famílias de agricultores e garante conforto e bom sustento para elas.

    As marcas “Terra Livre”, “Raízes do Campo” e “Campo Vivo” estão no mercado, livres de agrotóxicos e competindo em preço com as não orgânicas, mas os Supermercados relutam em vender, os concorrentes não permitem. Essa produção resiste há mais de duas décadas e aumenta a cada dia, é realizada por famílias de agricultores e garante conforto e bom sustento para elas.

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