Autor: ILSA

El campo de acción Globalización y derecho tiene como propósito principal analizar las tendencias del capitalismo actual, enfatizando en algunas de sus expresiones económicas, políticas y socio-ambientales. Se trata, de una parte, de examinar críticamente la introducción de regímenes económicos de alcance supranacional, las dinámicas de los flujos de capital, específicamente de la inversión extranjera directa, el papel de las instituciones financieras internacionales, sobre todo de la banca multilateral, la implantación de proyectos político-económicos de reprimarización de las economías, basados en la mercantilización extrema, la explotación de los recursos naturales, y en relaciones destructivas y depredadoras frente a la naturaleza.

Todo ello, analizando la irrupción y el fortalecimiento, así como los diseños específicos de un derecho protector de los inversionistas, que se blinda tanto en el espacio nacional, como en instancias internacionales y globales. De otra parte, se trata de dilucidar los impactos de estos procesos sobre la situación de los DESCA, así como de contribuir a concebir respuestas desde abajo, en defensa de esos derechos, teniendo en cuenta las opciones que brinda el sistema internacional y global de administración de justicia, como la proyección de instancias y mecanismos alternativos.

El campo tiene como propósito la elaboración de una mirada institucional acerca de las tendencias recientes de la producción del territorio, considerando sus impactos sobre la situación de los DESCA. Durante la última década la cuestión de la tierra y territorio ha adquirido un lugar central en nuestro país. La tendencia histórica de la acumulación no sólo ha redefinido de manera significativa el modelo económico con la consolidación de un proyecto político económico basado en la explotación intensiva de los recursos naturales, en la producción de agro-combustibles, y la inserción profunda en las dinámicas transnacionales de la financiarización; también se ha acompañado de nuevas configuraciones autoritarias, criminales y mafiosas del régimen político. Igualmente se ha sustentado en una profunda reorganización y en un alistamiento violento del territorio, basado en el ejercicio de la violencia estatal y paramilitar, en el desplazamiento forzado y el despojo, conducente a la generación de nuevas dinámicas de intensificación y de expansión geográfica del proyecto de acumulación. Casi la mitad del territorio colombiano está concebida como fuente de valorización de las inversiones de poderosas empresas transnacionales y de grupo económicos locales.

Todo indica que en los años venideros asistiremos a una exacerbación de los conflictos por la tierra y el territorio, y a una continua y agudizada vulneración de los derechos humanos, en general, y de los DESCA en particular. Las políticas gubernamentales de restitución de tierras y de reparación de víctimas, al Plan Nacional de Desarrollo, el proyecto de ley general agraria y de desarrollo rural, así como otros marcos normativos, demuestran un encuadre y reforzamiento de la estrategia de acumulación señalada. La caracterización de dichos procesos, el análisis crítico de las políticas gubernamentales y la concepción de escenarios de respuesta frente a las vulneraciones de los derechos humanos constituyen preocupaciones principales de este campo de acción.

El campo está pensado como un mecanismo de respuesta institucional frente a las graves violaciones de los derechos que afectan a mujeres, niños, niñas, jóvenes, grupos étnicos y campesinos, producidas por la guerra, la pobreza, el modelo económico y el orden de “democracia neoliberal”.

Aunque el discurso de los derechos humanos fue incorporado durante la década anterior en las agendas del movimiento popular, las demandas sociales basadas en derechos se han encontrado con dos fuertes obstáculos: por un lado, la tendencia hacia formas autoritarias del Estado; y, por el otro, las reformas neoliberales que han restringido las posibilidades del bienestar colectivo. En ese sentido, el campo de acción representa una respuesta a las tendencias conservadoras que restringen las responsabilidades públicas frente al cumplimiento de los derechos. La exigibilidad de los derechos humanos integrales – desde la perspectiva del análisis, monitoreo, cabildeo e impulso de políticas públicas– se vuelve relevante. Las políticas públicas entendidas como los instrumentos a través de los cuales se realizan los derechos, son un campo para las luchas sociales y para el fortalecimiento de ciudadanías sociales capaces de promover nuevas realidades democráticas.

De manera específica, el campo se ocupa de las posibilidades y límites ofrecidos por los diseños institucionales en materia de planeación y presupuesto, así como de la promoción de formas de participación y autogestión democráticas, tendientes a la materialización de los derechos humanos, en general, y de los DESCA en participar.