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Autor: ILSA

  • El reconocimiento a la labor de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada

    El reconocimiento a la labor de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    El pasado 23 de octubre se conmemoró por primera vez el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, una fecha que quedó establecida en la Ley 2364 del 18 de junio de 2024, en homenaje al aporte que estas hacen a la consecución de la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, la memoria histórica, los derechos humanos y a la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.

    En Colombia, según el tomo 4 del informe final Hay futuro si hay verdad de la Comisión de la Verdad 1, se estima que el universo de víctimas de desaparición forzada entre 1985 y 2016 es de 121.768 personas, pero pueden llegar a ser de 210.000, según la Comisión. El texto también reseña, citando al Centro Nacional de Memoria Histórica, cómo este crimen se desarrolló en 1.107 municipios del país, el 99 % de estas entidades político-administrativas. De otra parte, a nivel departamental, Antioquia presenta la mayor cantidad de casos de desaparición forzada entre 1985 y 2016 (23%), seguido del Valle del Cauca y Meta (7 %), y Bogotá (4 %). 

    El citado informe, presenta también una lectura temporal del delito. Así, señala que a finales de la década de 1970 hay un incremento en las desapariciones forzadas, como consecuencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, el fortalecimiento de la inteligencia militar y la adopción del Estatuto de Seguridad por el gobierno de Julio César Turbay. Posteriormente, entre los años ochenta y noventa, la barbarie paramilitar implicó la desaparición forzada y asesinato de personas a través de prácticas que impedían el reconocimiento de las víctimas y el hallazgo de los cuerpos. Después de los hechos del Palacio de Justicia, entre 1985 y 1988, solo en Bogotá, los servicios de inteligencia desaparecieron a 259 personas, acusadas por estos de tener vínculos con grupos guerrilleros. Desde 1988, con la elección popular de alcaldes, se empezó a cometer este crimen como forma de eliminar a candidatos y a activistas de izquierda, consolidándose la desaparición forzada como una práctica contrainsurgente con participación de agentes estatales. Con la década de 1990 y la Estrategia Nacional contra la violencia del gobierno Gaviria, la expansión paramilitar de las ACCU y la conformación de las AUC, así como con el afianzamiento territorial de las guerrillas, el delito continuó implementándose, para finalmente encontrar dos picos en los años 2002 y 2007, durante la implementación de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez y en relación con la comisión de ejecuciones extrajudiciales; y tener hoy la continuidad de las desapariciones de la mano de los grupos armados surgidos con posterioridad a las AUC. 

    De acuerdo con la Comisión, el principal responsable de las desapariciones forzadas en el país ha sido el paramilitarismo, con 52 % de los 121.768 casos. Las víctimas abarcaron un universo muy amplio de personas: dirigentes y militantes de izquierda, integrantes de organizaciones guerrilleras, sindicalistas y líderes sociales y populares, población socialmente marginada, personas vulnerables y discriminadas, así como aquellas que no se adaptaban al orden impuesto por el actor armado; todos fueron desaparecidos, a todas y todos sus familiares los han estado buscando, ante una institucionalidad y una sociedad que durante mucho tiempo negó o invisibilizó estos crímenes.

    Quienes padecieron el ocultamiento y el rechazo fueron los familiares, aquellos que buscaban a sus desaparecidos en medio de un clima de discriminación, revictimización e impunidad, siendo la búsqueda una labor fundamentalmente desplegada por mujeres: de acuerdo con la Fundación Nydia Erika Bautista, el 95 % de los casos de los territorios que acompaña, son mujeres quienes asumen la búsqueda de sus desaparecidos, son ellas las buscadoras, las “portadoras de la memoria de sus muertos y desaparecidos, [quienes] evitan que el resto de la sociedad caiga anestesiada por el olvido”2. De acuerdo con esta Fundación las principales protagonistas de la búsqueda son madres (59 %), seguidas por las esposas o compañeras de las víctimas (14 %), las hermanas (13 %) y las hijas (4 %); mujeres que en este trasegar han soportado además violencia de género, indefensión, desconocimiento de sus derechos y despojo de sus proyectos de vida, como muy acertadamente recuerda la exposición de motivos de la iniciativa legislativa base de la Ley 2364; pero no por ello han desistido:

    El silencio y ocultamiento permanente y deliberado del paradero de las víctimas por los perpetradores durante años e incluso décadas, ha obligado a las madres, esposas, hermanas y otros familiares a «raspar la tierra» y «escarbar las orillas de ríos», con la esperanza de desenterrar la justicia. La vida cotidiana se transformó, ya no solo por los impactos de la desaparición forzada, sino por las exigencias diarias que implica buscar la verdad sobre los desaparecidos.3

    Por este padecimiento y revictimización, se reconoció en la Ley 2364 a las mujeres buscadoras como sujetos de especial protección constitucional, debiendo el Estado desplegar una serie de deberes y medidas para su cuidado integral. De igual forma, con la norma es ahora deber del Estado garantizar su participación efectiva en las políticas públicas de paz y de construcción de la verdad, sensibilizar a los servidores públicos que las atienden y a la sociedad en general, prevenir y responder a los casos de violencia basada en género y otros delitos que se cometan contra ellas, generar información y adelantar un registro único de mujeres buscadoras, así como solicitar el reconocimiento mundial de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada.

    El 23 de octubre es un día para que la sociedad colombiana, cada año, reconozca que las mujeres buscadoras han hecho del amor por sus desaparecidos una lucha contra la impunidad, una fuerza que les permite abrazar al otro, a la otra, a ese desaparecido de alguien más, y juntarse colectivamente para hacer memoria, para ser reclamo, para reafirmarse como buscadoras, construir una identidad y un lugar político, para persistir y resistir, para llenarse de esperanzas.

    Fuentes

    1. COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD. (2022). Hay futuro si hay verdad. Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tomo 4. Hasta la guerra tiene límites. Violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas. Bogotá: CEV.

    2. COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD. (2022). Hay futuro si hay verdad. Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tomo 7. Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado. Bogotá: CEV, p. 252.

    3. COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD. (2022). Hay futuro si hay verdad. Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tomo 5. Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistencias. Bogotá: CEV, p. 273.

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    ILSA en la COP 16

    ILSA en la COP 16

    En ILSA nos sumamos a la COP 16, por eso, integrantes de nuestro equipo de investigadoras e investigadores, así como delegaciones de las comunidades y procesos organizativos de mujeres con los que trabajamos, ya nos encontramos en Cali para participar de las diferentes actividades que desde la sociedad civil se adelantan en el marco de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica en su decimosexta reunión.
    Son de especial interés de ILSA las conclusiones que en esta conferencia se lleguen sobre la forma de alcanzar una Paz con la Naturaleza, así como el balance que se haga y las medidas que se adopten para la consecución de las Metas de actuación Kunming – Montreal para 2030, especialmente con relación a las metas:

    Metas de especial interés para ILSA

    • Meta 1: Planificar y gestionar todas las zonas para reducir la pérdida de biodiversidad
    • Meta 3: Conservar el 30% de las tierras, aguas continentales y marinas
    • Meta 7: Reducir la contaminación a niveles que no sean perjudiciales para la biodiversidad
    • Meta 8: Minimizar el impacto del cambio climático en la biodiversidad y aumentar su resiliencia
    • Meta 10: Mejorar la biodiversidad y la sostenibilidad en la agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura
    • Meta 11: Restaurar, mantener y mejorar las contribuciones de la naturaleza a las personas
    • Meta 14: Integrar la biodiversidad en la toma de decisiones a todos los niveles
    • Meta 19: Aumentar considerable y progresivamente, de modo eficaz y oportuno, y con fácil acceso a fin de ejecutar las estrategias y planes de acción nacionales en torno a la diversidad biológica, Reforzando el papel de las acciones colectivas, incluidas las de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las actuaciones centradas en la Madre Tierra y los planteamientos basados en criterios no mercantiles
    • Meta 21: Garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los conocimientos para orientar las acciones en materia de biodiversidad
    • Meta 22: Garantizar la participación de todos en la toma de decisiones y el acceso a la justicia y a la información relacionada con la biodiversidad
    • Meta 23: Garantizar la igualdad de género y un enfoque con perspectiva de género en las acciones en materia de biodiversidad

    Nuestro plan de trabajo institucional tendrá presente los balances, conclusiones, agendas, marcos de acción y medidas que se adopten en la COP 16, así como los compromisos que adquiera el gobierno colombiano para garantizar la participación de las comunidades locales, pueblos indígenas y afrocolombianos en la gestión y gobernanza de la biodiversidad, al iguql que en las orientaciones hacia un modelo económico que no priorice la extracción, sobreexplotación y contaminación de la naturalez.

    Nuestra Agenda COP16

    21 de octubre

    Panel: Biodiversidad, crisis climática y derechos humanos

    Hora: 12:30 PM

    Lugar: Banco de occidente- Salón Café (Cra 3 #8-13 San Pedro)

    Desde la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), de la que formamos parte, se organiza este panel en el que exponen Claudia Naranjo, del Grupo Guillermo Fergusson, y Luis Orlando Orozco, de Apopesca. Acompañamos a quienes exponen y a la plataforma en esta actividad.

    23 de octubre

    Panel: Relación simbiótica con el bosque de robles y su biodiversidad como aporte a las transiciones justas y la justicia climática

    Hora: 3:30 PM

    Lugar: Banco de la República – Sala de música (Cll. l7 #4-69 San Pedro)

    En este panel, nuestra integrante del equipo de investigación, Mayerli Díaz, moderará un diálogo entre mujeres defensoras de derechos socioambientales, territoriales y ecofeministas, que contará además con la participación de dos mujeres jóvenes de los procesos acompañados por ILSA.

    23 de octubre

    Panel: Hacia las agendas de paz: abordando los conflictos ambientales en el Bajo Atrato

    Hora: 12:30 PM – 1:15 PM

    Lugar: Banco de la República, sala de música. Cali, Colombia

    Desde la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), de la que formamos parte, se organiza este panel en el que exponen Claudia Naranjo, del Grupo Guillermo Fergusson, y Luis Orlando Orozco, de Apopesca. Acompañamos a quienes exponen y a la plataforma en esta actividad.

    25 al 27 de octubre

    Estaremos participando del Encuentro Nacional Ambiental. Territorio, autonomía y biodiversidad. Evento que convocamos junto con diferentes procesos organizativos de la sociedad civil, para dialogar sobre las problemáticas ambientales del orden global y regional, sobre los espacios vitales y las luchas que desarrollan las comunidades y organizaciones en los territorios. LSA participa en la COP 16 en Cali, enfocándose en metas de biodiversidad y organizando eventos sobre crisis climática y derechos humanos.

    COPsulas

    Asistimos a panel sobre Biodiversidad, Crisis climática y Derechos Humanos…

    Desde ILSA estuvimos apoyando y participando en el panel Biodiversidad, Crisis climática y Derechos Humanos convocado por la PCDHDD. Es relevante mencionar que este espacio trajo a la COP-16 las voces de las organizaciones territoriales que no pudieron participar por falta de garantías, pero además provocó una deliberada conversación entre participantes indígenas y campesinos que se sumaron a la preocupación de que se logren mayores compromisos en la zona azul para que se cumplan las metas propuestas y este deje de ser un espacio global para mercantilizar la naturaleza.

    Moderamos panel sobre ecosistemas y transiciones justas…

    El pasado 23 de octubre en la COP 16 estuvimos moderando el panel La relación simbiótica de los bosques de robles, los páramos, la ciénaga y la biodiversidad: un aporte a las transiciones justas y la justicia climática, donde algunas de las panelistas fueron mujeres jóvenes del Páramo de Pisba y el Lago de Tota que hacen parte de los procesos territoriales que ILSA acompaña. De igual forma, estuvimos en esta jornada con nuestra coparte The Primate’s World Relief and Development Fund, PWRDF, y nuestra organización aliada ComunicArte.

    Nuestra directora ejecutiva asistió a varios eventos sobre mujeres rurales y ambientalistas…

    Nuestra directora ejecutiva, María Eugenia Ramírez Brisneda, ha asistido a varios conversatorios, foros y mesas de mujeres, al igual que al Encuentro Internacional ECOOVIDA 2024, eventos centrados en los aportes de las mujeres rurales, las defensoras ambientales, el liderazgo de las mujeres en el cuidado de la naturaleza, la construcción de paz, la justicia ambiental y el cuidado de la vida; espacios donde se ha destacado el ecofeminismo y sus apuestas políticas, los riesgos del liderazgo de las mujeres y su participación en los diálogos de paz.

    “Han sido encuentros variados y diversos en los que tuvimos la oportunidad de compartir las experiencias y el trabajo de ILSA”, indicó María Eugenia para nuestro equipo de comunicaciones.

    También hizo presencia en el conversatorio Hacia las agendas de paz: abordando los conflictos ambientales en el Bajo Atrato, organizado por el CINEP/PPP y la plataforma Vamos Por La Paz, de la que ILSA es parte.

  • Gustavo Petro: los políticos del futuro y los bloqueos del presente

    Gustavo Petro: los políticos del futuro y los bloqueos del presente

    Boaventura de Sousa Santos*

    *Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Texto enviado a OtherNews por el autor, el 21.02.23

    os últimos tiempos han dado muchos motivos para el pesimismo. Han sido muchas y muy fuertes las amenazas a tres fuentes de estabilidad y civilidad en las relaciones sociales: la democracia, la paz y la garantía mínima de sostenibilidad ecológica. El espíritu del tiempo, al tiempo que degrada las instituciones, las relaciones entre los ciudadanos y el Estado y las relaciones entre los Estados, degrada también las relaciones entre las personas en los lugares de trabajo, las comunidades y las familias y, por último, degrada las relaciones entre la vida humana y la vida no humana, que comúnmente llamamos naturaleza, como lo demuestran los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes y extremos.

    Pero como es propio de los humanos, en medio de la tormenta hay señales de calma, en el túnel más profundo de la angustia hay esperanza en la luz al final del túnel, en medio de la opresión siempre hay alguien que resiste, en medio del conformismo siempre hay alguien que dice no, como nos cantaba el fallecido cantante de la resistencia antifascista en Portugal, Adriano Correia de Oliveira. En «tiempos oscuros», título de un libro de Hannah Arendt, necesitamos valorar todo lo que pueda rescatar la dignidad de la vida humana. Al fin y al cabo, el gran enigma es que existimos en lugar de no existir. En un universo en el que han tenido que coincidir tantas cosas para que surjan seres particularmente conscientes, seres que son conscientes de la existencia de su propia conciencia y reflexionan sobre ella.

    En política, el mundo ha sido parco en proporcionarnos líderes que despierten nuestra particular admiración. La pequeña política de los negocios y de las crisis actuales y permanentes invita a la aparición de políticos pequeños, a veces muy pequeños. Esta tercera década del milenio ha sido especialmente parca y, por ello, merecen especial atención los líderes que destacan.

    En el contexto actual, hay dos tipos posibles de políticos competentes. El primer tipo se refiere a los políticos que gestionan de la mejor manera posible la política actual que les imponen las fuerzas políticas nacionales e internacionales. Esta debería ser la obligación de cualquier buen dirigente político en los tiempos que corren. Por poner algunos ejemplos, creo que el mejor ejemplo a nivel nacional, que yo sepa, es el Presidente Lula da Silva de Brasil, sobre todo porque lo está haciendo en las peores condiciones posibles (hegemonía social y mediática de la derecha y un Congreso mayoritariamente de derechas). En materia de política internacional, dos líderes políticos portugueses competentes entran en esta categoría: António Guterres, Secretario General de la ONU, y António Costa, Presidente electo del Consejo Europeo. Cualquiera de estos políticos (sólo podemos especular sobre António Costa) puede considerarse un líder competente dentro del campo de maniobra autorizado que se les ha otorgado. Son líderes competentes en la gestión del pasado porque presiden formas de institucionalización nacional o internacional que, como he dicho, muestran signos de estar al borde del colapso, ya sea el colapso de la democracia o el colapso de la paz. Corren el riesgo de ser los sepultureros de las instituciones que fueron elegidos para salvar.

    Por esta razón, la atención debe centrarse en el otro tipo de políticos, los buenos políticos del futuro, los políticos que se atreven a comprometerse públicamente con cuestiones que van más allá del campo de maniobra que las fuerzas políticas nacionales e internacionales quieren imponerles. Son los políticos que utilizan su posición para ampliar el estrecho margen de las libertades autorizadas. Estos políticos corren graves riesgos precisamente por la desobediencia civil y política que conlleva su práctica.

    Para mí, el líder político más distinguido del mundo es Gustavo Petro, Presidente de Colombia. Conozco al Presidente Petro desde hace muchos años, pero tengo que decir que me sorprendió cuando leí su primer discurso en la primera Asamblea General de la ONU a la que asistió. Era la primera vez que oía al presidente de un país hablar con tanta competencia técnica y convicción política sobre el gran problema tabú de nuestro tiempo: la probabilidad de la sexta extinción, la extinción de la especie humana debido a la catástrofe ecológica que se avecina. Demostró claramente que si no dejamos de consumir gas, petróleo y carbón, la humanidad corre el riesgo de extinguirse.

    Podemos imaginar la amenaza que esto supone para todos los intereses económicos, políticos y financieros y para los poderes que los representan. Este es el tema más radicalmente vetado por las fuerzas políticas internacionales que controlan la agenda política mundial (y por tanto la de la ONU) sobre el cambio climático y su rosario de COPs periódicas e inútiles. Es el tema que por excelencia va más allá de las libertades autorizadas porque desafía el (des)orden capitalista y neocolonialista dominante. Fue uno de los discursos más importantes pronunciados en el gran auditorio de la ONU desde su fundación.

    A partir de ese momento, sentí que Petro era un político marcado por los poderes dominantes del mundo, un blanco a abatir. Le dieron un poco más de tiempo, esperando que su discurso fuera una manifestación fugaz, una vanidad pasajera de un político nuevo en la escena internacional con ganas de hacerse un nombre. Lo cierto es que Gustavo Petro ha mantenido el mismo discurso en todas las reuniones internacionales a las que ha asistido, y lo ha hecho cada vez con mayor habilidad y vehemencia. Como consecuencia, ha tenido algunos momentos de fricción con algunos de sus aliados continentales más importantes, en particular con Lula da Silva.

    Su más reciente e incisivo discurso tuvo lugar el 27 de septiembre en el congreso organizado por la corte constitucional en la ciudad de Manizales. Es un discurso antológico. Cito un paso especialmente importante:

    “En la reunión de Davos (Suiza) de hace dos años, donde me invitaron la gente que llegaba allí, que dicen ser los ricos del mundo, súper ricos, le llaman ahora, billonarios, con ‘b’ larga, por la enorme cantidad de dinero que han acumulado, expresaban en sus propias palabras que la humanidad estaba viviendo una pluricrisis, fue el nombre que se inventó: la pluricrisis. Varias crisis al mismo tiempo.

    Recién pasábamos el covid, la enfermedad, existía en ese momento, como lo sufrimos aquí en Colombia, una escasez alimentaria que llevó a un crecimiento del hambre en todo el mundo por el precio de los insumos y de los alimentos mismos a escala mundial, originó la inflación en Colombia en el traspaso del gobierno, vivíamos la guerra que comenzaba Ucrania, vivíamos el colapso climático, lo vivimos aún, lo colocaban como una más de las crisis y el estancamiento económico. Las cinco crisis que dilucidaron en medio de su club social, que a través de medios de comunicación se expresan como ideas de la gente que más ha acumulado capital en el mundo hacia la humanidad.

    Cinco crisis al mismo tiempo que, en mi opinión, están relacionadas y que ameritan un análisis pormenorizado de cada una de ellas, que no podríamos ahora, sino el por qué están interrelacionadas, ¿Por qué la guerra? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la pobreza y la desigualdad social que conlleva? ¿Por qué el estancamiento económico? Se correlacionan con el colapso climático que ya no llamo crisis.

    Colapso climático

    Ha cambiado el nombre, porque hace unos años se llamaba el cambio climático, no daba la noción de lo que significaba un simple cambio de clima que cualquier colombiano experimenta en un día, simplemente yéndose de viaje en su propio país, hacia el concepto de crisis climática mucho más descriptivo de lo que pasa.

    Pero, a partir del comienzo de la quema de la selva amazónica en este mes, el concepto hay que desplazarlo de crisis a colapso, porque la quema de la selva amazónica, en la ciencia, es uno de los puntos de no retorno, concepto que ellos han construido, que nunca debimos haber alcanzado y ya lo estamos viviendo.

    Este tema no lo pone en discusión la política, no es en el debate político, ni derechas ni izquierdas, que aparece el problema del colapso climático en la discusión humana.

    Lo pone la ciencia y cuando la ciencia es la que inicia un debate es porque en realidad la política y los sistemas de ideas alrededor de la política, de la discusión política, se han quedado atrás completamente, han sido desfasadas. Yo le agregaría a la política la economía, mi profesión, porque es la economía la que genera la crisis o el colapso climático.

    Y esto, digamos, es el punto central de este tema, no es como en las pasadas cinco extinciones de la vida en el planeta, que llevamos cinco, todas por razones climáticas, todas. Algún tipo de especie se salva y sobre esa se reproduce el siguiente ciclo vital hasta que llega un nuevo choque climático, desaparece y algo hace que aparezca una nueva especie, un nuevo sistema vital. Ha cambiado cinco y está la sexta vez en el planeta Tierra”.

    Mientras el presidente Petro hablaba del punto de no retorno del colapso ecológico, sus enemigos políticos pensaban en otro punto de no retorno: acabar con su mandato presidencial mediante un golpe de Estado institucional, del tipo de los que derrocaron o inhabilitaron a otros presidentes progresistas en América Latina a partir de 2009: Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012), Dilma Rousseff (2016) y Lula da Silva en Brasil (2018), Evo Morales en Bolivia (2019), Rafael Correa en Ecuador (2020). Poco más de una semana después del discurso de Gustavo Petro en Manizales, el Consejo Nacional Electoral acusó al presidente Petro de fraude en la financiación de su campaña electoral de 2022, una acusación que podría llevar a la pérdida de su mandato presidencial por parte de la Camara de Representantes.

    Hay muchas razones nacionales para esta movilización de los enemigos políticos de Petro, pero que no quepa duda de que a la lawfare o guerra jurídica que ahora comienza (o se manifiesta porque se viene anunciando desde hace tiempo) le seguirá la mediafare o guerra informativa y que la repercusión internacional que se le dará obedece a la necesidad de acallar una voz que estaba ganando demasiada credibilidad ante demasiada gente. Una voz y un mensaje que el capitalismo ha entendido mejor que nadie: la propuesta de Petro implica el fin del capitalismo y del neocolonialismo tal y como los conocemos hoy.

    El capital internacional tiene una notable experiencia histórica en saber cómo engañar y dividir a la izquierda, y lo hará en este caso. Pero la experiencia histórica también nos demuestra que es mucho más difícil engañar al pueblo. Y en este caso, el pueblo colombiano conoce por experiencia propia, en sus comunidades, en sus bosques, en sus ríos, las consecuencias catastróficas de las que habla Petro. Si el pueblo colombiano se levanta en apoyo a Petro, el golpe fracasará. ¡No Pasarán!

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    El mito y las clases populares en la Colombia de hoy

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    Antonio Gramsci en su texto Maquiavelo y el moderno príncipe, indica que el texto del florentino fusiona la ideología política y la ciencia política en la forma dramática del mito, indicando que este puede ser leído desde George Sorel como “una ideología política que no se presenta como fría utopía ni como racionalidad doctrinaria, sino como una creación de fantasía concreta que actúa sobre un pueblo disperso y pulverizado para despertar y organizar la voluntad colectiva” (Gramsci, 2019, p. 257). 

    En este lado del Atlántico, José Carlos Mariátegui (2014), abordando también la construcción soreliana, señala que el mito tiene la capacidad de llenar el yo profundo, de mover al hombre en la historia, sintiendo el hombre contemporáneo la perentoria necesidad de éste, de una verdad que sea absoluta y suprema. Afirma Mariátegui que la civilización burguesa carece de un mito, de una fe, de una esperanza, de una acción. Ésta sacrificó los mitos de la revolución liberal: la libertad, la democracia y la paz; y, por el contrario, la clase antagónica, el proletariado, sí tiene uno: la revolución social, el cual es cuestionado por la inteligencia burguesa, que se explaya “en una crítica racionalista del método, de la teoría, de la técnica de los revolucionarios”, lo que es una completa incomprensión, pues “la fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia; está en su fe, en su pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, espiritual. Es la fuerza del mito”. 

    En Colombia, el presidente Gustavo Petro propuso al pueblo que se exprese como poder constituyente. Esto se entendió como el llamado a un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente inmediata. Si bien el mandatario no fue claro en su exposición inicial, ha ido ajustando su planteamiento, describiéndolo y detallándolo, al punto que hoy se expone como la búsqueda de un acuerdo nacional que permita convocar a futuro una asamblea nacional constituyente bajo los parámetros de la actual Carta. Desde el comienzo hubo un cierre de filas de generadores de opinión, de grupos de juristas y académicos, así como de sectores políticos frente a una posible modificación de la Constitución del 91, a partir de plantear, entre otros aspectos, que ésta tiene un carácter unificador de la sociedad, sosteniendo que la Constitución Política une a una dividida Colombia. Se plantea y se impone desde estos a los sectores históricamente excluidos del Estado, el derecho y la institucionalidad, la defensa de la actual constitución como su mito. Surgiendo entonces la pregunta ¿puede la Constitución de 1991 ser considerada el mito de las clases subalternas del país? 

    Para Mariátegui el mito y la acción deben tener el atributo de verdad absoluta y suprema para que sea apropiada por las clases subalternas. La Carta Política no tiene esa propiedad: ha sido notoria la sujeción de esta a los poderes políticos y económicos, su interpretación, despliegue y modificaciones condicionadas a intereses e ideologías diferentes a los de los ofendidos, teniendo una condición de verdad relativa. De otra parte, no llega la Constitución a permitir una intuición propia del país, leer la Colombia de hoy de la mano del texto del 91 no alimenta la idea de futuro de los sectores populares, ni tampoco permite a estos “moverse con una fe vehemente y activa”.  A finales de la década de 1980 se esperaba lograr la paz y resolver los conflictos a través de la convocatoria a la constituyente, pero al final, al momento de la votación para elegir los delegados constituyentes, el 9 de diciembre de 1990, la participación fue muy baja, lo que “sencillamente le restaba credibilidad y legitimidad a la Asamblea ya que denotaba una ausencia de interés popular por el proyecto” (Lemaitre, 2016, p. 135), por lo que, para dar un manto de legitimidad popular a la naciente Carta se hizo uso desde sectores gubernamentales y académicos de la alta votación de mayo de ese año, para las elecciones presidenciales, y de la pluralidad de los elegidos como delegados. Así, quienes defienden la idea de la Constitución de 1991 como verdad, son los integrantes de “una generación pragmática, que aprendió a negociar y a aceptar triunfos a medias y las transformaciones postergadas” (Lemaitre, 2016, p. 157), su planteamiento como mito se aproxima más a lo que Mariátegui considera es el ejercicio de resucitar mitos pretéritos, operación que resulta destinada al fracaso. Es imperativo señalar que, en la Colombia de hoy, la derecha carece de un mito, al punto de querer resucitar o trasplantar algunos de cara al proceso electoral de 2026. En esta tarea cuentan con un gran aparato mediático.

    Finalmente, no está de más recordar que Mariátegui afirma que serán las multitudes quienes encontrarán el camino del mito, resaltando el rol de los jóvenes en la edificación de una sociedad nueva, al carecer estos de apegos y anclajes al orden establecido, al ser una generación con las disposiciones necesarias para organizar, dirigir y defender el orden nuevo. No serán intelectuales, políticos y periodistas, quienes ante el vacío que se presenta con la posibilidad del cambio, retroceden y asumen posiciones conservadoras, los que definan el mito de los oprimidos. No será la verdad de los ofendidos en Colombia aquella que desde esos sectores se establezca, pues estos todavía la están buscando.

    Fuentes

    • GRAMSCI, A. (2019). Escritos. Antología. Madrid: Alianza. 
    • LEMAITRE, J. (2016). El derecho como conjuro. Fetichismo legal, violencia y movimientos sociales. Bogotá: Siglo del Hombre; Universidad de Los Andes.
    • MARIÁTEGUI, J.C. (2014). El alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy. Rosario: Ediciones del Sertão.
    • MARIÁTEGUI, J.C. (1989). Invitación a la vida heroica. Lima: Instituto de Apoyo Agrario.

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  • El río Ranchería como sujeto de derechos

    El río Ranchería como sujeto de derechos


    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter (X): @Freddy_Ordonez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    El pasado 8 de agosto se promulgó la Ley 2415 de 2024 “Por medio de la cual se reconoce al río Ranchería, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos y se dictan otras disposiciones”, primera ley en el país que establece derechos a un río.

    El proyecto legislativo que dio origen a la norma indica que este río tiene relación directa con más del 22% de la población de La Guajira. Desde su nacimiento en la Sierra Nevada de Santa Marta, en sus 248 kilómetros de recorrido el Ranchería pasa por 8 municipios, su importancia social y económica a lo largo de la historia es indiscutible, así como la trascendencia cultural y espiritual para los pueblos indígenas, afrodescendientes y la población departamental no perteneciente a grupos étnicos. Este río y sus afluentes han sufrido impactos muy fuertes con la extracción de carbón en la mina a cielo abierto más grande del mundo: el Cerrejón. De igual forma, las comunidades y poblaciones que habitan sus márgenes han padecido afectaciones socioambientales, culturales y económicas como consecuencia de la actividad minera.

    Dentro de la exposición de motivos del proyecto de ley se destaca la referencia a la existencia de seis providencias de la Corte Constitucional que indirectamente se orientan a la protección del río Ranchería, amparo que se ha dado desde una aproximación a este como un recurso natural desde el discurso medioambiental y desde la conexidad que su protección representa para derechos de grupos étnicos. La conclusión de la exposición es que a pesar de las providencias se presenta un déficit de protección jurídica del río Ranchería, de allí la necesidad de la declaratoria.

    La Ley 2415 reconoce tres derechos al río Ranchería, a cargo del Estado: conservación, mantenimiento y restauración (art. 1°). Establece el articulado aprobado la conformación de una Comisión de Guardianes integrada por instituciones estatales, representantes de las juntas de acción comunal, de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como de las cámaras de comercio con jurisdicción de cada municipio de la cuenca (art. 2), definiendo ella misma su forma de funcionamiento y toma de decisiones (art. 4). Esta Comisión elegirá un equipo asesor, con el cual elaborarán el Plan de Acción del Río Ranchería (art. 3), que tendrá una vigencia de 10 años. La elaboración y ejecución del plan será financiado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el departamento de La Guajira y Corpoguajira y deberá ser consultado (al igual que sus reformas) con las comunidades étnicas que ejerzan derechos territoriales en la cuenca del río.

    De la lectura de la Ley, se destaca que vinculado al reconocimiento de los tres derechos antes referidos al río se establece también el derecho a la participación efectiva de las comunidades de la Guajira que habitan en el área de influencia de éste. El Plan de Acción permite ver qué al hablar de los derechos a la conservación y al mantenimiento se debe considerar la protección, evitando daños adicionales; y que al garantizar el derecho a la restauración se debe pensar en descontaminar, recuperar, rehabilitar y restablecer como elementos asociados a este, así como la garantía del derecho al acceso al agua a las comunidades.

    Ahora bien, preocupa la falta en el articulado de definiciones frente a la forma en que se apoyará desde la institucionalidad los procesos de elección de las representaciones poblacionales y las garantías para que estas representaciones puedan cumplir su papel en la Comisión de Guardianes, ya que son quienes de una forma más clara y decidida pueden posicionar acciones y estrategias que hagan frente a la principal problemática que tienen el río y las comunidades: la explotación de carbón dentro de las dinámicas y la forma de producción propias del sistema económico dominante. En esta misma línea, se debió en la norma incorporar una construcción discursiva de los ecosistemas —en este caso, el río Ranchería— como sujetos de derechos que dificulte el uso y dominación de esta novedosa estipulación legal en el país a sectores políticos y empresariales que propugnan por una naturaleza sometida y al servicio del modelo económico hegemónico. Esto debido a que, en la actualidad, de seis proyectos de ley en trámite en el Congreso orientados a reconocer derechos a diferentes ríos, un par de estos son propuestos desde partidos políticos de derecha, en los que se excluye a las comunidades que habitan las cuencas y se monetiza la protección de los ecosistemas.

    Con la Ley 2415 de 2024 se inicia el reconocimiento legal de ríos como sujetos de derechos en el país, siendo un cambio en el abordaje de lo ambiental y de la naturaleza en la legislación que se puede llegar a sumar a las rupturas recientes que desde nuestra América se han dado con el derecho ambiental mayoritario, en perspectiva contrahegemónica.

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  • Una reflexión sobre Venezuela

    Una reflexión sobre Venezuela

    Boaventura de Sousa Santos*

    *Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Texto enviado a OtherNews por el autor, el 21.02.23

    No soy, ni he sido nunca, un chavista acérrimo. Hugo Chávez fue un benévolo meteorito político que sacudió el subcontinente latinoamericano y el mundo en la primera década del siglo XXI.

    En 2013, poco después de la muerte de Hugo Chávez, escribí un artículo titulado “Hugo Chávez: el legado y los desafíos“. En él identificaba algunos signos de autoritarismo y burocratización y terminaba el texto así: “Sin injerencias externas, estoy seguro de que Venezuela sabría encontrar una solución no violenta y democrática. Lamentablemente, lo que está ocurriendo es que se están utilizando todos los medios para poner a los pobres en contra del chavismo, la base social de la revolución bolivariana y los que más se han beneficiado de ella. Y, al mismo tiempo, para provocar una ruptura en las Fuerzas Armadas y el consiguiente golpe militar para derrocar a Maduro. La política exterior europea (si es que puede llamarse así) podría ser una fuerza moderadora si entretanto no hubiera perdido su alma.”[1]  He de reconocer que mi temor no se ha hecho realidad hasta la fecha, aunque no han faltado intentos para que así fuera. Creo que el momento actual es otro de esos intentos. De ahí la importancia de reflexionar sobre el clamor en los medios de comunicación occidentales sobre la posibilidad de fraude en las recientes elecciones en Venezuela y el consenso en la derecha e izquierda sobre la necesidad de auditar los resultados. Esto me deja muy perplejo y me obliga a reflexionar.

    1. El sistema electoral venezolano ha sido considerado unánimemente como uno de los más seguros y protegidos contra el fraude. Requiere cuatro fases de identificación: inscripción en el censo electoral, voto electrónico, extracción de la papeleta y huella dactilar del votante. Los números deben coincidir. Por supuesto, ningún sistema electoral es completamente inmune al fraude, pero si lo comparamos con los sistemas electorales de otros países (como Estados Unidos o Portugal), el sistema venezolano es más seguro. ¿Por qué es tan obvio para tanta gente que puede haber habido fraude?

    2. La oposición venía anunciando que sólo reconocería los resultados si ganaba las elecciones. En este sentido, seguía una práctica que se está generalizando entre las fuerzas de extrema derecha que se presentan a las elecciones (Trump en 2020, Bolsonaro en 2022, Milei en 2023). Esto debería llamar a cierta cautela a las fuerzas democráticas, no sea que su insistencia en la auditoría sirva de muleta a fuerzas políticas que, supuestamente en nombre de la democracia, quieren destruirla.

    3. Fuera de Venezuela, las fuerzas más vociferantes en defensa de la democracia venezolana son fuerzas políticas de extrema derecha que en sus propios países han propugnado o practicado golpes de Estado y fraudes electorales. En Brasil, con la colaboración activa de EEUU, Jair Bolsonaro y las fuerzas políticas y militares que le apoyaron protagonizaron el fraude electoral más clamoroso de la última década. Consiguieron inhabilitar y meter en la cárcel durante más de 500 días al candidato que con toda seguridad habría ganado las elecciones, Lula da Silva; manipularon fácilmente los medios de comunicación y los tribunales; y las elecciones de 2018 fueron declaradas válidas internacionalmente sin ningún tipo de reservas. Esto demuestra que el clamor mediático-político sobre la posibilidad de fraude y la necesidad de verificar los resultados no se basa, al contrario de lo que parece, en un arraigado amor a la democracia, sino en otras razones, que explicaré a continuación.

    4. El doble rasero va mucho más allá de las fuerzas de extrema derecha y del primitivismo de sus consideraciones. Los países europeos, que se precian de ser democracias impecables, fueron casi unánimes en reconocer como presidente legítimo de Venezuela a un señor que se había autoproclamado presidente en una plaza de Caracas. Me refiero a Juan Guaidó, el 23 de enero de 2019. ¿Cómo se explica que, en este caso, no se haya tenido ningún cuidado en verificar los procesos democráticos? Resulta aún más chocante si comparamos esta aparente negligencia con el celo de ahora, respecto a unas elecciones que contaron con más de 900 observadores de casi 100 países. Por cierto, en un aparte que aumenta la perplejidad, uno se pregunta por qué sólo en unos pocos países es tan crucial recurrir a observadores externos para dar credibilidad a los procesos electorales. Si siempre existe la posibilidad de fraude, la necesidad de observadores debería ser universal y supervisada por la ONU.

    5. No discuto las razones de la inhabilitación de María Corina Machado (es bien sabido que participó en varios intentos de golpe de Estado contra el gobierno bolivariano e incluso pidió una intervención militar extranjera), pero la forma en que se eligió a su sustituto, el ex diplomático Edmundo González Urrutia, es desconcertante. Hay algo inquietantemente caricaturesco en la oposición venezolana. Primero fue Juan Guaidó; ahora es un señor que parecía que acababa de salir de una residencia de ancianos para una actividad de ocio que resultó ser una candidatura presidencial. Si menciono esto es sólo porque las manos de Edmundo González pueden acabar manchadas de sangre. Entre 1981 y 1983 Edmundo González fue el primer secretario de la Embajada de Venezuela en El Salvador, cuyo embajador era Leopoldo Castillo, conocido como Matacuras. En esa época se ejecutaba en ese país el Plan Cóndor de contrainsurgencia, impulsado por Ronald Reagan, con el objetivo de impedir el avance de las fuerzas revolucionarias del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Este plan incluía la ejecución de la Operación Centauro, en la que participaban el ejército y escuadrones de la muerte y cuyo objetivo era asesinar a revolucionarios y, en particular, a miembros de comunidades religiosas basadas en la teología de la liberación. Un total de 13.194 personas fueron asesinadas, entre ellas Don Oscar Romero, hoy santo de la Iglesia Católica, cuatro monjas Maryknoll y cinco sacerdotes. Según datos de la CIA desclasificados en 2009, Leopoldo Castillo aparece como corresponsable de la coordinación y ejecución de la Operación Centauro. Edmundo González era el primer secretario de la Embajadade Venezuela. Los crímenes cometidos son de lesa humanidad y como tales son imprescriptibles[2].

    ¿Por qué tanto clamor sobre un posible fraude electoral?

    La respuesta corta a esta pregunta es la siguiente: Venezuela es el único país de América Latina donde dos recursos fundamentales no están controlados por EEUU: las fuerzas armadas y los recursos naturales (las mayores reservas de petróleo, tierras raras, oro, hierro, etc.). A lo largo del siglo XX, EEUU intervino repetidamente en las elecciones de Venezuela con el objetivo de garantizar su acceso a los recursos naturales. Siempre lo han hecho con la ayuda de un número muy reducido de familias oligárquicas, algunas de las cuales controlan la riqueza del país desde el siglo XVI y la época de las encomiendas. María Corina Machado pertenece a una de estas familias. Su programa electoral es muy similar al de Javier Milei y ya ha prometido en una entrevista que, si fuera presidenta, trasladaría la embajada venezolana de Tel Aviv a Jerusalén. Es un programa de extrema derecha que ha sido apoyado por EEUU y, últimamente, por el oligarca de oligarcas, Elon Musk.

    Como no controla los dos recursos que he mencionado, EEUU ha utilizado las dos estrategias que tiene a su disposición (además de la injerencia electoral y el apoyo a la oposición): la participación en golpes de Estado, que pueden incluir o no intentos de asesinato de los líderes a derribar; y las sanciones económicas. En estos momentos, Venezuela está siendo castigada con 930 sanciones impuestas desde hace casi dos décadas. Las sanciones han causado el empobrecimiento abrupto de Venezuela y han sido responsables de miles de muertes debido a la falta de medicamentos esenciales para la vida (por ejemplo, durante un periodo, insulina). Este empobrecimiento abrupto llevó a la suspensión de muchas de las políticas redistributivas del gobierno y, en última instancia, a la emigración. Más de siete millones de personas.

    No cabe duda de que un país con tantos millones de ciudadanos obligados a emigrar no puede ir bien. Y es comprensible que muchos de estos emigrantes vean en la derrota de Nicolás Maduro el fin de las sanciones y la esperanza de volver. En este contexto, es necesario hacer dos reflexiones. La primera es que Maduro ha liberalizado la economía en los últimos años, adoptando algunas medidas que difícilmente pueden considerarse socialistas o incluso de izquierdas. Se están firmando muchos acuerdos con grandes empresas estadounidenses y europeas, tanto en el sector petrolero como en otros. Hoy en día, la economía venezolana es una de las de mayor crecimiento de América Latina, pero obviamente esto viene después de un empobrecimiento brutal. Hasta qué punto este nuevo modelo económico (¿inspirado en China?) puede tener éxito es una cuestión abierta.

    La segunda reflexión es que, si observamos el panorama internacional de las migraciones y los refugiados, Venezuela es el único caso en el que la atención mediática se centra en el país del que salen los desplazados. En todos los demás casos, la atención se centra en los países “receptores” (lo que a menudo incluye la deportación). Una vez más, la razón parece ser ésta: la política de desestabilización y demonización del gobierno bolivariano y la creación de un consenso para activar la tercera arma estadounidense: el infame cambio de régimen. De hecho, creo que la agitación social que se está produciendo actualmente tiene como objetivo crear una Revolución Maidan diez años después. Me refiero al malestar social en Ucrania en 2014 que llevó a la huida del presidente democráticamente elegido, Víctor Yanukóvich, y, poco después, a la elección de Volodymyr Zelensky. La razón por la que es improbable que se produzca una “revolución de colores” en Venezuela es que Estados Unidos no cuenta con militares venezolanos formados en la Escuela de las Américas, donde se han fraguado tantos golpes de Estado. Las Fuerzas Armadas venezolanas ya han reconocido los resultados electorales.

    Pero seguro que habrá más intentos en el futuro, sobre todo porque Venezuela cuenta con tres grandes aliados: China, Rusia e Irán, tres enemigos de EEUU. Los dos primeros son miembros originales de los BRICS y el tercero pronto se unirá a ellos. Esto significa que, aunque la fachada discursiva sea sobre el fraude electoral y la democracia, lo que está en juego es la agitación geopolítica que está provocando la victoria de Maduro. Esto debería hacer reflexionar a los dirigentes de los países latinoamericanos, especialmente a Brasil. Tarde o temprano, Brasil tendrá que decidir de qué lado está en el nuevo horizonte geopolítico y geoestratégico mundial que está en marcha. Comprendo la cautela porque, después de todo, Estados Unidos interfirió recientemente de forma brutal en la política interna de Brasil. Pero, por otro lado, sólo defendiendo la soberanía de otros países podrá Brasil, o cualquier otro país, defender eficazmente su propia soberanía cuando llegue la tormenta imperial. En cualquier caso, es mejor actuar colectivamente que individualmente. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) debe ser más activa ahora que ha desaparecido la Unión de Naciones Latinoamericanas (UNASUR).

    [1]Pneumatóforo. Escritos políticos, 1981-2018. Coimbra: Almedina, 2018, p. 165-175

    [2] Puede consultar la información en: https://nlginternational.org/2024/07/national-lawyers-guild-report-election-monitoring-delegation-to-the-bolivarian-republic-of-venezuela/;  https://www.elperiodista.cl/2024/07/vinculan-a-candidato-opositor-en-venezuela-con-asesinatos-de-religiosos-en-el-salvador/

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