ILSA

Categoría: Opinión

  • Una reflexión sobre Venezuela

    Una reflexión sobre Venezuela

    Boaventura de Sousa Santos*

    *Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Texto enviado a OtherNews por el autor, el 21.02.23

    No soy, ni he sido nunca, un chavista acérrimo. Hugo Chávez fue un benévolo meteorito político que sacudió el subcontinente latinoamericano y el mundo en la primera década del siglo XXI.

    En 2013, poco después de la muerte de Hugo Chávez, escribí un artículo titulado “Hugo Chávez: el legado y los desafíos“. En él identificaba algunos signos de autoritarismo y burocratización y terminaba el texto así: “Sin injerencias externas, estoy seguro de que Venezuela sabría encontrar una solución no violenta y democrática. Lamentablemente, lo que está ocurriendo es que se están utilizando todos los medios para poner a los pobres en contra del chavismo, la base social de la revolución bolivariana y los que más se han beneficiado de ella. Y, al mismo tiempo, para provocar una ruptura en las Fuerzas Armadas y el consiguiente golpe militar para derrocar a Maduro. La política exterior europea (si es que puede llamarse así) podría ser una fuerza moderadora si entretanto no hubiera perdido su alma.”[1]  He de reconocer que mi temor no se ha hecho realidad hasta la fecha, aunque no han faltado intentos para que así fuera. Creo que el momento actual es otro de esos intentos. De ahí la importancia de reflexionar sobre el clamor en los medios de comunicación occidentales sobre la posibilidad de fraude en las recientes elecciones en Venezuela y el consenso en la derecha e izquierda sobre la necesidad de auditar los resultados. Esto me deja muy perplejo y me obliga a reflexionar.

    1. El sistema electoral venezolano ha sido considerado unánimemente como uno de los más seguros y protegidos contra el fraude. Requiere cuatro fases de identificación: inscripción en el censo electoral, voto electrónico, extracción de la papeleta y huella dactilar del votante. Los números deben coincidir. Por supuesto, ningún sistema electoral es completamente inmune al fraude, pero si lo comparamos con los sistemas electorales de otros países (como Estados Unidos o Portugal), el sistema venezolano es más seguro. ¿Por qué es tan obvio para tanta gente que puede haber habido fraude?

    2. La oposición venía anunciando que sólo reconocería los resultados si ganaba las elecciones. En este sentido, seguía una práctica que se está generalizando entre las fuerzas de extrema derecha que se presentan a las elecciones (Trump en 2020, Bolsonaro en 2022, Milei en 2023). Esto debería llamar a cierta cautela a las fuerzas democráticas, no sea que su insistencia en la auditoría sirva de muleta a fuerzas políticas que, supuestamente en nombre de la democracia, quieren destruirla.

    3. Fuera de Venezuela, las fuerzas más vociferantes en defensa de la democracia venezolana son fuerzas políticas de extrema derecha que en sus propios países han propugnado o practicado golpes de Estado y fraudes electorales. En Brasil, con la colaboración activa de EEUU, Jair Bolsonaro y las fuerzas políticas y militares que le apoyaron protagonizaron el fraude electoral más clamoroso de la última década. Consiguieron inhabilitar y meter en la cárcel durante más de 500 días al candidato que con toda seguridad habría ganado las elecciones, Lula da Silva; manipularon fácilmente los medios de comunicación y los tribunales; y las elecciones de 2018 fueron declaradas válidas internacionalmente sin ningún tipo de reservas. Esto demuestra que el clamor mediático-político sobre la posibilidad de fraude y la necesidad de verificar los resultados no se basa, al contrario de lo que parece, en un arraigado amor a la democracia, sino en otras razones, que explicaré a continuación.

    4. El doble rasero va mucho más allá de las fuerzas de extrema derecha y del primitivismo de sus consideraciones. Los países europeos, que se precian de ser democracias impecables, fueron casi unánimes en reconocer como presidente legítimo de Venezuela a un señor que se había autoproclamado presidente en una plaza de Caracas. Me refiero a Juan Guaidó, el 23 de enero de 2019. ¿Cómo se explica que, en este caso, no se haya tenido ningún cuidado en verificar los procesos democráticos? Resulta aún más chocante si comparamos esta aparente negligencia con el celo de ahora, respecto a unas elecciones que contaron con más de 900 observadores de casi 100 países. Por cierto, en un aparte que aumenta la perplejidad, uno se pregunta por qué sólo en unos pocos países es tan crucial recurrir a observadores externos para dar credibilidad a los procesos electorales. Si siempre existe la posibilidad de fraude, la necesidad de observadores debería ser universal y supervisada por la ONU.

    5. No discuto las razones de la inhabilitación de María Corina Machado (es bien sabido que participó en varios intentos de golpe de Estado contra el gobierno bolivariano e incluso pidió una intervención militar extranjera), pero la forma en que se eligió a su sustituto, el ex diplomático Edmundo González Urrutia, es desconcertante. Hay algo inquietantemente caricaturesco en la oposición venezolana. Primero fue Juan Guaidó; ahora es un señor que parecía que acababa de salir de una residencia de ancianos para una actividad de ocio que resultó ser una candidatura presidencial. Si menciono esto es sólo porque las manos de Edmundo González pueden acabar manchadas de sangre. Entre 1981 y 1983 Edmundo González fue el primer secretario de la Embajada de Venezuela en El Salvador, cuyo embajador era Leopoldo Castillo, conocido como Matacuras. En esa época se ejecutaba en ese país el Plan Cóndor de contrainsurgencia, impulsado por Ronald Reagan, con el objetivo de impedir el avance de las fuerzas revolucionarias del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Este plan incluía la ejecución de la Operación Centauro, en la que participaban el ejército y escuadrones de la muerte y cuyo objetivo era asesinar a revolucionarios y, en particular, a miembros de comunidades religiosas basadas en la teología de la liberación. Un total de 13.194 personas fueron asesinadas, entre ellas Don Oscar Romero, hoy santo de la Iglesia Católica, cuatro monjas Maryknoll y cinco sacerdotes. Según datos de la CIA desclasificados en 2009, Leopoldo Castillo aparece como corresponsable de la coordinación y ejecución de la Operación Centauro. Edmundo González era el primer secretario de la Embajadade Venezuela. Los crímenes cometidos son de lesa humanidad y como tales son imprescriptibles[2].

    ¿Por qué tanto clamor sobre un posible fraude electoral?

    La respuesta corta a esta pregunta es la siguiente: Venezuela es el único país de América Latina donde dos recursos fundamentales no están controlados por EEUU: las fuerzas armadas y los recursos naturales (las mayores reservas de petróleo, tierras raras, oro, hierro, etc.). A lo largo del siglo XX, EEUU intervino repetidamente en las elecciones de Venezuela con el objetivo de garantizar su acceso a los recursos naturales. Siempre lo han hecho con la ayuda de un número muy reducido de familias oligárquicas, algunas de las cuales controlan la riqueza del país desde el siglo XVI y la época de las encomiendas. María Corina Machado pertenece a una de estas familias. Su programa electoral es muy similar al de Javier Milei y ya ha prometido en una entrevista que, si fuera presidenta, trasladaría la embajada venezolana de Tel Aviv a Jerusalén. Es un programa de extrema derecha que ha sido apoyado por EEUU y, últimamente, por el oligarca de oligarcas, Elon Musk.

    Como no controla los dos recursos que he mencionado, EEUU ha utilizado las dos estrategias que tiene a su disposición (además de la injerencia electoral y el apoyo a la oposición): la participación en golpes de Estado, que pueden incluir o no intentos de asesinato de los líderes a derribar; y las sanciones económicas. En estos momentos, Venezuela está siendo castigada con 930 sanciones impuestas desde hace casi dos décadas. Las sanciones han causado el empobrecimiento abrupto de Venezuela y han sido responsables de miles de muertes debido a la falta de medicamentos esenciales para la vida (por ejemplo, durante un periodo, insulina). Este empobrecimiento abrupto llevó a la suspensión de muchas de las políticas redistributivas del gobierno y, en última instancia, a la emigración. Más de siete millones de personas.

    No cabe duda de que un país con tantos millones de ciudadanos obligados a emigrar no puede ir bien. Y es comprensible que muchos de estos emigrantes vean en la derrota de Nicolás Maduro el fin de las sanciones y la esperanza de volver. En este contexto, es necesario hacer dos reflexiones. La primera es que Maduro ha liberalizado la economía en los últimos años, adoptando algunas medidas que difícilmente pueden considerarse socialistas o incluso de izquierdas. Se están firmando muchos acuerdos con grandes empresas estadounidenses y europeas, tanto en el sector petrolero como en otros. Hoy en día, la economía venezolana es una de las de mayor crecimiento de América Latina, pero obviamente esto viene después de un empobrecimiento brutal. Hasta qué punto este nuevo modelo económico (¿inspirado en China?) puede tener éxito es una cuestión abierta.

    La segunda reflexión es que, si observamos el panorama internacional de las migraciones y los refugiados, Venezuela es el único caso en el que la atención mediática se centra en el país del que salen los desplazados. En todos los demás casos, la atención se centra en los países “receptores” (lo que a menudo incluye la deportación). Una vez más, la razón parece ser ésta: la política de desestabilización y demonización del gobierno bolivariano y la creación de un consenso para activar la tercera arma estadounidense: el infame cambio de régimen. De hecho, creo que la agitación social que se está produciendo actualmente tiene como objetivo crear una Revolución Maidan diez años después. Me refiero al malestar social en Ucrania en 2014 que llevó a la huida del presidente democráticamente elegido, Víctor Yanukóvich, y, poco después, a la elección de Volodymyr Zelensky. La razón por la que es improbable que se produzca una “revolución de colores” en Venezuela es que Estados Unidos no cuenta con militares venezolanos formados en la Escuela de las Américas, donde se han fraguado tantos golpes de Estado. Las Fuerzas Armadas venezolanas ya han reconocido los resultados electorales.

    Pero seguro que habrá más intentos en el futuro, sobre todo porque Venezuela cuenta con tres grandes aliados: China, Rusia e Irán, tres enemigos de EEUU. Los dos primeros son miembros originales de los BRICS y el tercero pronto se unirá a ellos. Esto significa que, aunque la fachada discursiva sea sobre el fraude electoral y la democracia, lo que está en juego es la agitación geopolítica que está provocando la victoria de Maduro. Esto debería hacer reflexionar a los dirigentes de los países latinoamericanos, especialmente a Brasil. Tarde o temprano, Brasil tendrá que decidir de qué lado está en el nuevo horizonte geopolítico y geoestratégico mundial que está en marcha. Comprendo la cautela porque, después de todo, Estados Unidos interfirió recientemente de forma brutal en la política interna de Brasil. Pero, por otro lado, sólo defendiendo la soberanía de otros países podrá Brasil, o cualquier otro país, defender eficazmente su propia soberanía cuando llegue la tormenta imperial. En cualquier caso, es mejor actuar colectivamente que individualmente. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) debe ser más activa ahora que ha desaparecido la Unión de Naciones Latinoamericanas (UNASUR).

    [1]Pneumatóforo. Escritos políticos, 1981-2018. Coimbra: Almedina, 2018, p. 165-175

    [2] Puede consultar la información en: https://nlginternational.org/2024/07/national-lawyers-guild-report-election-monitoring-delegation-to-the-bolivarian-republic-of-venezuela/;  https://www.elperiodista.cl/2024/07/vinculan-a-candidato-opositor-en-venezuela-con-asesinatos-de-religiosos-en-el-salvador/

    Últimos artículos

    [wpdreams_ajaxsearchlite]

    Últimos artículos

    [wpdreams_ajaxsearchlite]

  • La elección de rector en la Universidad Nacional y la autonomía universitaria

    La elección de rector en la Universidad Nacional y la autonomía universitaria

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    La ilegítima, irregular y oscura designación y la autoposesión notarial del profesor Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia, han puesto nuevamente en el escenario público la autonomía universitaria (AU). Integrantes de partidos políticos, exrectores de la UN y hasta un exvicepresidente hablan del respeto a la autonomía de las universidades en respaldo a las actuaciones de Peña y sus aliados. Una contribución al debate es la revisión de los principales aspectos sobre la autonomía de las instituciones de educación superior definidos por la jurisprudencia constitucional.

    El artículo 69 de la Carta política garantiza la autonomía universitaria y tempranamente la Corte Constitucional indicó en la sentencia T-123 de 1993 que es un principio pedagógico universal y el derecho de cada universidad a ser lo que es, derecho que le permite autorregularse, “pero nunca en contradicción con la legalidad y la conveniencia generales”. Esta sentencia recuerda que el artículo 68 constitucional establece que “la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación”, participación que no implica que se pueda “implantar la decisión unilateral por imposición no razonada de un sector a otro”, lo que debe ser observado y reconocido incluso por las directivas (T-1308 de 2005).

    El alto tribunal ha señalado (entre otras, sentencias T-929 de 2011, T-141 de 2013, T-106 de 2019 y T-580 de 2019) que la AU es una garantía institucional, definiéndola como “la capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público de educación superior, sin injerencias indebidas del Estado o de los particulares”; presentándose así su concreción en dos grandes facultades: la primera, la definición de la dirección ideológica, la filosofía y principios axiológicos del centro educativo; y la segunda, la potestad de establecer su propia organización interna, administrativa y académica; guardando además la autonomía relaciones relevantes con diversos derechos, “que en ocasiones la complementan y en otras la limitan”, como el debido proceso, así como con otros principios constitucionales, como la buena fe y la confianza legítima, frente a los cuales puede presentar tensiones, por lo que la AU está sujeta a diversos límites y no puede ser entendida como arbitrariedad. Lo anterior, ha llevado a que desde 1999 (sentencia T-310) se tengan subreglas para solucionar tensiones y asegurar que el ejercicio de la autonomía no termine en arbitrariedad, entre otras: 1. “La discrecionalidad universitaria, propia de su autonomía, no es absoluta, como quiera que se encuentra limitada por el orden público, el interés general y el bien común”; 2. “La autonomía universitaria también se limita por la inspección y vigilancia de la educación que ejerce el Estado”; y 3. “El ejercicio de la autonomía universitaria y el respeto por el pluralismo ideológico, demuestran que los centros superiores tienen libertad para determinar sus normas internas, a través de los estatutos, las cuales no podrán ser contrarias a la ley ni a la Constitución”.

    La jurisprudencia también muestra los vínculos entre autonomía universitaria, construcción de ciudadanía, democracia y participación. Así, la Corte “ha indicado la necesaria y evidente concordancia que debe existir entre el ejercicio de la autonomía universitaria y el respeto del derecho de los miembros de dicha comunidad a la participación” (T-141 de 2013). La sentencia T-1010 de 2010, que discutió la vulneración de derechos que se dio en el marco de la elección del rector de una universidad privada, señaló que la reglamentación interna sobre la composición de los órganos directivos de las instituciones de educación superior, “no son simples normas de carácter administrativo que deben ser aplicadas y usadas como tantas otras disposiciones legales del sistema. En este caso, las reglas son también medios de construcción de ciudadanía”. La providencia advierte que “un uso estratégico de las reglas que definen el gobierno universitario, además de poder llegar a afectar el buen funcionamiento de la institución, transmiten un mensaje de enseñanza equivocado respecto a cómo actuar en democracia” y establece que se violan los derechos políticos a la educación y a la AU cuando en la elección de rector “se ha incurrido en una vulneración abierta, grave y grosera, de los principios propios de una sociedad democrática, entre los cuales, por lo menos, se encuentran (i) observar los reglamentos establecidos (las reglas del juego previa y legítimamente fijadas); (ii) actuar con publicidad y transparencia ante la comunidad universitaria; y (iii) permitiendo y no obstaculizando la deliberación de dicha comunidad”, e indica que el propósito de la autonomía también es evitar que la institución sea capturada y puesta “al servicio de intereses públicos o privados ilegítimamente, afectando así gravemente la autonomía universitaria, junto con todos los derechos y garantías constitucionales que de ella dependen”.

    Los elementos jurisprudenciales expuestos permiten un entendimiento no distorsionado de la autonomía universitaria y en favor de la comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia.

    Últimos artículos

    [wpdreams_ajaxsearchlite]

  • El no alineamiento hoy

    El no alineamiento hoy

    Boaventura de Sousa Santos*

    *Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Texto enviado a OtherNews por el autor, el 21.02.23

    El movimiento original de no alineación nació en 1961 tras la Conferencia de Bandung (Indonesia) celebrada en 1955, a la que asistieron 29 países, casi todos recién liberados del colonialismo europeo. Representaban el 54% de la población mundial, pero su peso en la economía mundial era casi nulo.

    En 1955, la no alineación significaba querer decidir el modelo de desarrollo nacional sin tener que adherirse a ninguno de los dos modelos rivales entonces vigentes: el bloque soviético (comunista) y el bloque occidental (capitalista). El concepto de Tercer Mundo nace de esta aspiración. Las rivalidades entre ambos empezaban a cristalizarse en la Guerra Fría. Las diferencias entre ambos modelos eran tan grandes que apuntaban a dos modelos de civilización. De hecho, la idea del «hombre nuevo» había surgido desde principios del siglo XX en Europa como una nueva idea civilizadora, tanto en la versión soviética como en las versiones fascista y nazi, y apuntaba a algo ideológicamente muy distinto de la norma capitalista que, después de 1918, dictaba cada vez más Estados Unidos. Las diferencias entre los participantes son bien conocidas. El uso de la fuerza y la guerra para resolver conflictos, que había dominado la política internacional desde el siglo XIX, fue la cuestión más unánime.
    El bloque soviético contaba con la ventaja comparativa ya que desde el Congreso de los Pueblos del Este celebrado en Bakú (Azerbaiyán) en 1920, había reconocido el papel de los movimientos de liberación colonial en la lucha contra el capitalismo y el imperialismo. El no alineamiento era ante todo un estado de ánimo, el espíritu de Bandung. El periodista afroamericano Richard Wright, que estuvo presente en Bandung, describe así el ambiente que se respiraba en Bandung: «Sólo los hombres morenos, negros y amarillos que, bajo los rigores de la dominación colonial, hacía tiempo que habían tomado conciencia de su raza y su religión, podían sentir la necesidad de una reunión así. Había algo extrapolítico, extrasocial, casi extrahumano; apestaba a maremoto, a fuerzas naturales. Y la convocatoria no se había hecho en términos ideológicos. El orden del día y el tema estaban escritos desde hacía siglos en la sangre y los huesos de los participantes. Las condiciones en las que vivían estos hombres se habían convertido en su tradición, su cultura, su razón de ser».
    Los entonces jóvenes países de lo que hoy se conoce como el Sur global querían hacer valer sus intereses nacionales mediante la cooperación para centrarse en ellos y no en los intereses que les dictaba el Norte global. Estos intereses incluían el anticolonialismo, el antirracismo, salir del subdesarrollo y ampliar las zonas de paz.
    Desde el principio, el Movimiento de Países No Alineados fue contestado por EEUU, ya que las ideas de neutralidad, neutralismo o no alineamiento eran anatema para EEUU, mientras que la URSS presionaba para intensificar su orientación antiimperialista. Como resultado, los desacuerdos aumentaron y el movimiento perdió relevancia, que se agravó con el final de la Guerra Fría.
    En 2024, la situación geopolítica y económica del mundo es muy diferente a la de 1955. ¿Qué sentido tiene hoy hablar de no alineamiento? ¿No alineamiento entre qué y para qué? Un breve repaso de la situación geopolítica actual nos ayudará a definir el posible contenido político del no alineamiento. Anticipo que el nuevo no alineamiento es tan necesario hoy como lo era en 1955, aunque con un contenido político e ideológico muy diferente.

    El contexto geopolítico

    Vivimos en un mundo multipolar (o incluso bipolar), aunque muy diferente del de 1955. Los dos polos de atracción geopolítica son Estados Unidos y China, y las rivalidades entre ellos se están intensificando. Está surgiendo una nueva Guerra Fría, muy diferente de la que existía entre la Unión Soviética y EEUU. Hay tres diferencias principales entre 1955 y 2024. 1.Mientras que en 1955 las diferencias entre los dos polos eran enormes, uno comunista y el otro socialista, hasta el punto de apuntar a opciones civilizatorias diferentes, hoy esas diferencias son mucho menores. Es cierto que los discursos y la autodescripción de los regímenes apuntan a realidades muy distintas, pero en realidad las diferencias se han atenuado considerablemente. Basta recordar que hasta hace muy poco China era considerada un socio estratégico de EEUU, algo que nunca ocurrió con la Unión Soviética. Aunque existe un debate sobre la naturaleza del régimen económico chino (¿comunismo, socialismo, capitalismo de Estado?), la evolución de China en los últimos treinta años y el papel que ha desempeñado en la globalización de la economía dejan cada vez más claro que se trata de dos variantes de un mismo modelo capitalista: por un lado, el capitalismo multinacional con capital financiero globalizado (EE.UU.) y, por otro, el capitalismo de Estado con control estatal del sector financiero (China). Visto desde esta perspectiva, los dos sistemas tienen más en común de lo que podría pensarse.
    Las diferencias son importantes, pero se producen dentro del mismo modelo de desarrollo económico capitalista. La opción socialista, tal como se concibió en 1955, ha desaparecido. Y con ella, su opuesto también ha desaparecido del léxico económico: hoy no se habla de capitalismo, sino de economía de mercado, como si los mercados, que siempre han existido, hubieran sido siempre capitalistas. Esta ocultación es tanto más grave cuanto que, como he argumentado, el capitalismo prevalece en la medida en que se articula con el colonialismo (que continuó bajo otras formas tras la independencia política de las colonias) y el patriarcado.
    2. La segunda diferencia respecto a 1955 es que entonces había una diferencia radical entre países democráticos (por ser multipartidistas) y países autocráticos (por ser unipartidistas), aunque estos últimos reclamaban para sí otro tipo de democracia: la democracia popular, la democracia desarrollista. Hoy las diferencias son mucho más tenues, dada la degradación de las democracias liberales en los últimos treinta años.  No es aventurado afirmar que, mientras China es una autocracia unipartidista, Estados Unidos es una autocracia bipartidista. De hecho, así lo afirmó con extraordinaria clarividencia el Presidente Julius Nyerere en 1991: «Estados Unidos es una democracia según algunas definiciones y no según otras. Es una plutocracia, pero los locales tienen derecho a voto, ¡así que es una democracia! Pero Estados Unidos tiene mucha suerte. Hay dos partidos, ¡pero en realidad son un solo partido! Ambos partidos están de acuerdo en los objetivos nacionales básicos. Internamente, ambos son altamente capitalistas. Externamente, ambos son imperialistas. Así que sus políticas no difieren mucho. No fue Kennedy quien planeó la Bahía de Cochinos. Fue planeada por Eisenhower y Kennedy la llevó a cabo, es decir, intentó llevarla a cabo. Así que básicamente están de acuerdo”.
    Obviamente, las diferencias en el régimen político entre EEUU y China son muy significativas, especialmente a nivel interno, pero en términos de geopolítica de la democracia se traducen en la diferencia entre una autocracia monolítica y una autocracia pluralista.
    3. La tercera diferencia con 1955 es la aparición de la cuestión ecológica. En aquella época, la cuestión no pasaba de ser una especulación filosófica en el Norte Global, y cuando los países del Sur Global se ocupaban de ella, la etiquetaban de otras maneras, como la lucha por la tierra, la reforma agraria o el control de las explotaciones mineras. La situación ha cambiado radicalmente desde entonces y hoy en día la China es responsable del segundo mayor porcentaje de emisiones de dióxido de carbono, después de Estados Unidos. Por su parte, los países del Sur global han centrado sus reivindicaciones en la responsabilidad histórica de los países del Norte global y si no se distinguen por ser más activos en los procesos de transición ecológica es porque a menudo son víctimas de estos procesos cuando son adoptados por el Norte global, el llamado colonialismo energético. En resumen, también en este ámbito los dos polos parecen más similares que diferentes. El no alineamiento entre los dos polos puede significar nada más que elegir entre la tormenta y la inundación. En vista de ello, el nuevo no alineamiento tiene hoy muchas dimensiones, todas ellas urgentes. Distingo dos principales, que denomino, a falta de un término mejor, no alineamiento débil y no alineamiento fuerte.

    No alineamiento débil

    Como he resumido anteriormente, el mundo multipolar actual es un sistema único con dos variantes principales. Entre ellas, el crecimiento de una Guerra Fría que, al no estar regulada (como ocurría con la anterior), puede deslizarse en cualquier momento hacia una guerra caliente. El no alineamiento débil tiene lugar dentro de este sistema sin cuestionarlo en su conjunto. Pero no pensemos que las opciones son débiles o no contienen riesgos, todo lo contrario. El no alineamiento débil o intrasistémico tiene dos características principales:
    Neutralidad activa. No apoyar y hacer todo lo posible para evitar el estallido de una guerra entre los dos bloques. No se trata sólo de mantenerse al margen de los conflictos de forma aislacionista y no intentar intervenir en ellos. Al contrario, implica políticas de intervención activa para promover soluciones pacíficas y evitar que se produzcan guerras. Dada la globalización y la interdependencia de la economía y del mundo, la neutralidad activa será más eficaz si se lleva a cabo a escala regional y no en nombre de países aislados.
    La neutralidad activa es asimétrica. Nadie en el Sur global cree que China quiera una guerra con Estados Unidos. La historia nos enseña que los imperios en ascenso avanzan creando zonas de influencia mediante beneficios desiguales pero recíprocos. La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) es hoy la afirmación más poderosa de esta idea. Nadie en el Sur global cree que Rusia sea un país militarmente expansionista. Al contrario, ha sido víctima del expansionismo europeo desde que fue invadida dos veces en el siglo XIX por dos potencias europeas, la Francia de Napoleón y la Alemania de Hitler. Rusia se defiende de una nueva forma de expansionismo, esta vez euro-norteamericano, la OTAN. De hecho, la guerra ruso-ucraniana, al igual que la guerra israelo-palestina, tiene el mismo objetivo de frenar al gran rival de Estados Unidos, China, neutralizando a sus aliados más importantes, ya sea Rusia o Irán. Los imperios en decadencia, como el estadounidense, se afirman mediante la guerra, cuando no son incluso dominados por la máquina de la guerra permanente alimentada por el complejo industrial-militar. Los Estados Unidos tienen hoy ochocientas bases militares dispersas en todo el mundo.
    La neutralidad activa exige no participar en pactos militares, ya sean promovidos por EEUU o por China. Requiere distanciarse militarmente de cualquiera de ellos y promover iniciativas pacíficas de mediación y negociación, especialmente desde una base regional, ya sea África o América Latina. El poder económico de algunos de los países del Sur global puede ser suficiente para tener algún impacto en la detención de la guerra que se avecina.
    No alineamiento activo. Este concepto ha sido acuñado recientemente en un libro de Carlos Fortin, Jorge Heine y Carlos Ominami, (Eds), Latin American Foreign Policies in the New World Order: The Active Non-Alignment Option (2023). En primer lugar, hay que señalar que neutralidad activa y no alineamiento activo son dos políticas interdependientes porque cuanto más intensa y tensa es la rivalidad militar entre EEUU y China, menor es el margen de maniobra de los países del Sur global para llevar a cabo políticas de no alineamiento activo.
    Tomando a América Latina como centro de su análisis, los autores señalan que el adjetivo “activo” tiene un fuerte significado porque implica la política de una región que hoy tiene un peso significativo en la economía mundial y fuertes relaciones tanto con China (principal inversor) como con EEUU. En línea con lo que estoy argumentando aquí, el no alineamiento activo forzaría a América Latina a salir de los acuerdos militares con EE.UU. porque éstos estarán cada vez más orientados a forzar a América Latina a un alineamiento activo con EE.UU. y en todos los ámbitos, militar, económico, instituciones internacionales, etc.
    Surgen dos cuestiones complejas. En el plano económico, la situación es dilemática porque mientras EEUU sigue defendiendo la pertinencia económica del neoliberalismo a pesar de todos sus fracasos y de la aparición de versiones extremistas (Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador, Nayib Bukele en El Salvador), China propone un capitalismo no neoliberal con fuerte intervención estatal y control estatal del capital financiero. En este ámbito, es difícil prever una tercera vía. En el plano político, Estados Unidos exige actualmente no sólo alineamiento, sino vasallaje, tanto en Europa como en América Latina. Además, después de Hugo Chávez, América Latina no ha vuelto a tener un líder interesado en una política autónoma para el continente. La esperanza reside ahora en Lula da Silva, Presidente de Brasil y Gustavo Petro, Presidente de Colombia. Pero Lula da Silva, sin duda uno de los líderes más respetados del mundo está obligado a centrarse en los problemas internos del país, dado el nivel de destrucción y degradación institucional durante el periodo Bolsonaro y el hecho de que tiene a la mayoría del legislativo en su contra y sólo una insincera tolerancia por parte de amplios sectores de las Fuerzas Armadas.
    Una articulación entre África y América Latina podría ser prometedora en este ámbito. Por su parte, India estará atenta a esta evolución y, si se implica activamente, la propuesta de no alineamiento activo (quizá combinada con la neutralidad activa) tendrá una fuerza diferente.
    El no alineamiento débil contiene una tensión que tenderá a aumentar con el tiempo. Al igual que en el no alineamiento original el bloque soviético ofrecía ventajas difíciles de rechazar, lo mismo ocurre ahora con China. De hecho, la idea de no alineamiento se asocia a menudo con el Sur Global y la organización más consistente de este espacio geopolítico es el BRICS+, que precisamente incluye a China y donde desempeña un papel principal. ¿Hasta qué punto es posible hablar de no alineamiento?  Hasta cierto punto, India, sin dejar de pertenecer a los BRICS, está mostrando una autonomía que podría ser seguida por otros países. En el terreno del no alineamiento débil, estamos avanzando hacia una solución asimétrica de mayor proximidad a China, pero manteniendo distancias determinadas por intereses nacionales o lealtades regionales. Si, en esencia, se trata de un alineamiento condicional, estoy seguro de que China lo aceptará. No ocurriría lo mismo con Estados Unidos, que hoy, más que nunca, exige un alineamiento incondicional.

    No alineamiento fuerte

    El no alineamiento fuerte se basa en la idea de que vivimos en una época de transición entre paradigmas civilizatorios, entre el paradigma de la civilización occidental cuyo dominio mundial comenzó con la expansión colonial europea y uno o varios paradigmas emergentes aún por determinar. Estamos, pues, en una época de interregno en el sentido que le da Antonio Gramsci: el viejo paradigma aún no ha muerto del todo y el nuevo aún no se ha manifestado de forma creíble, una época de monstruos o fenómenos morbosos, como añadía Gramsci. Desde esta perspectiva paradigmática, vivimos en una sociedad capitalista globalizada en la que las rivalidades oficialmente reconocidas pretenden perpetuar el sistema cambiando a los protagonistas. Los cambios son a largo plazo, seculares, pero también pueden ser el resultado de catástrofes que aceleren los procesos históricos.
    La especificidad del no alineamiento fuerte es la cuestión epistémica. Básicamente, se trata de saber qué tipo de conocimiento debe guiar la comprensión del paradigma actual y establecer los marcos para su transformación. El no alineamiento fuerte requiere nuevas epistemologías que he denominado epistemologías del Sur, donde el Sur no es geográfico ni siquiera geopolítico. Es ante todo epistémico y está presente en las luchas sociales que tienen lugar tanto en el Sur geográfico como en el Norte geográfico.  Muy brevemente, las epistemologías del Sur están constituidas por procesos de validación de saberes distintos del saber científico, saberes nacidos en las luchas contra la dominación occidental moderna -dominación capitalista, colonialista y patriarcal- por parte de los grupos sociales que más han sufrido esta dominación: trabajadores, pueblos colonizados, pueblos indígenas, campesinos, mujeres, etc. En sus luchas, siempre ha circulado una pluralidad de saberes, entre ellos los científicos, pero también los ancestrales, populares y vernáculos. Estos conocimientos no científicos han sido despreciados, suprimidos y prohibidos por las epistemologías del Norte global, lo que yo llamo epistemicidio. Las epistemologías del Sur consideran que la ciencia es un saber válido, pero que no es el único saber válido y que, por tanto, debe poder dialogar con otros saberes. Pretenden recuperar estos saberes en la medida en que pueden ayudar a pensar y legitimar el nuevo paradigma civilizatorio. No se trata de una adopción incondicional y romántica ni de celebrar una edad de oro del pasado. Se trata de hacer posible un futuro más justo en las relaciones entre los humanos y más equitativo entre los humanos y la naturaleza.

    Propuestas para una no alineación fuerte

    1. Tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia nos hace inferiores; tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza.
    2. No hay derechos sin deberes. Los deberes deben existir en proporción a la capacidad de impedir la violación de los derechos humanos y deben exigirse en proporción a las consecuencias que puedan derivarse de dicha violación. Los deberes no pueden limitarse a la esfera ética. Su cumplimiento debe ser exigido por los ordenamientos jurídicos existentes y futuros.
    3. Se reconocen los derechos de la naturaleza, entendida como el principio vital que sustenta la vida humana y no humana en el planeta. Los deberes correspondientes recaen sobre el Estado y los ciudadanos. Las violaciones más graves de estos derechos constituyen un nuevo crimen contra la humanidad/naturaleza: el ecocidio.
    4. El respeto a la vida y a la dignidad implica reconocer la infinita diversidad de formas de conocer y vivir (en) el mundo y concebir la vida, la dignidad, el buen vivir y el buen convivir.
    5. El derecho a la educación debe entenderse como el derecho a la diversidad de conocimientos sobre los derechos y deberes entre los seres humanos y en sus relaciones con la naturaleza. La educación, en general, y las universidades, en particular, deben reformarse para intervenir eficazmente en la disputa sobre las narrativas acerca de la transición paradigmática que se avecina.
    6. Los diferentes modelos de desarrollo, incluidos los modelos de desarrollo alternativo, deben dar paso a alternativas al desarrollo: desmercantilización, descolonización, despatriarcalización y democratización. Se prohíbe la obsolescencia programada de los productos industriales.
    7. Los bienes comunes son todos los bienes que deben ser compartidos por todos los seres humanos, hombres y mujeres, sin discriminación, ya que son esenciales para que florezca la vida y prevalezca la dignidad. Se reconoce el derecho al libre acceso a bienes comunes fundamentales como el agua, el aire, el espacio, los bosques, los ríos, los mares, las semillas, el espacio público, la cultura, la educación, la salud, la electricidad, la información, la comunicación e internet.
    8. La soberanía alimentaria debe ser uno de los principios rectores de la política agrícola. Los pueblos indígenas, los pueblos descendientes de esclavos, los campesinos, tienen derecho a sus territorios ancestrales y a su subsuelo.
    9. La renta básica universal es uno de los instrumentos importantes para combatir la creciente vulnerabilidad de los trabajadores y sus familias, especialmente ante el impacto de la inteligencia artificial en los procesos productivos.
    10. La salud es un bien público, no un negocio. Las vacunas son un bien común, público y universal. Deben producirse teniendo en cuenta los intereses de la población y estar disponibles para un acceso gratuito y universal.
    11. Hay que asegurar la localización industrial de los bienes necesarios para garantizar la protección de la vida en las emergencias recurrentes que probablemente caracterizarán las próximas décadas. Por la misma razón, las pequeñas empresas y las tiendas de barrio deben ser las principales formas de distribución de productos a los consumidores.
    12. Debido a su huella ecológica, la industria turística internacional debe ser cada vez menos importante en términos de creación de riqueza y empleo.
    13. El derecho a la urbanidad es tan válido como el derecho a la ruralidad. Urge un nuevo tipo de relación entre el campo y la ciudad. El campo no precede a la ciudad, ni la ciudad representa un estadio superior de convivencia que el campo. Hay que redimensionar y resignificar las ciudades.
    14. La deuda pública de los países periféricos debe anularse siempre que su peso les impida cumplir los objetivos anteriores. En cuanto se declare una pandemia o una emergencia de igual gravedad, se cancelarán todos los embargos y sanciones económicas que impidan a los países afectados proteger la vida de sus ciudadanos.

    Conclusión

    Sin un horizonte posoccidental, las luchas del no alineamiento no impedirán que el capitalismo sea cada vez más violento con los seres humanos y la naturaleza. Se trata de redistribuir más equitativamente el miedo y la esperanza. Hoy, grandes mayorías tienen demasiado miedo ante las vicisitudes de su vida cotidiana y muy poca esperanza de que las cosas mejoren, mientras que una ínfima minoría tiene demasiada esperanza de que el mundo siga garantizando sus privilegios y muy poco miedo de que no lo haga, porque están convencidos de que han eliminado o cooptado a sus enemigos. El no alineamiento fuerte supone que no será posible devolver la esperanza a las grandes mayorías sin infundir miedo a las minorías muy pequeñas.

    Últimos artículos

    [wpdreams_ajaxsearchlite]

    Últimos artículos

    [wpdreams_ajaxsearchlite]

  • Los integrantes de ONG defensoras de derechos humanos y la Constitución de 1991. Una mirada desde Pierre Bourdieu

    Los integrantes de ONG defensoras de derechos humanos y la Constitución de 1991. Una mirada desde Pierre Bourdieu

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    Pierre Bourdieu indica, en La fuerza del derecho[i], que el campo jurídico “es el lugar de concurrencia por el monopolio del derecho de decir el derecho” (p. 169), y como campo, en éste se enfrentan unos agentes especializados (magistrados, jueces, abogados, asesores legales, profesores, etc.) investidos de una competencia inseparablemente social y técnica, consistente en la facultad socialmente aceptada de interpretar el cuerpo normativo en el que se establece la visión adecuada del mundo social, lo que los diferencia radicalmente de los profanos. Nos recuerda el sociólogo cómo en el campo jurídico los profesionales, lawyers, juridifican problemas y conflictos ordinarios, lo que implica contar con un poder de construir aspiraciones jurídicas, definir derechos e injusticias, a partir de la producción de las necesidades de sus servicios, algo que está guiado por sus ambiciones financieras, por sus intereses más específicos, y “también por sus propias disposiciones éticas o políticas, principios de afinidades socialmente fundadas con sus clientes” (p. 195).

    A inicios de los años de 1970 empiezan a surgir en el país proyectos de servicios legales, organizaciones no gubernamentales, ONG, dedicadas a la defensa de los derechos humanos, como el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, en 1972; el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP, en 1973; la Asociación Interamericana de Servicios Legales, ILSA, en 1978; y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, en 1979, constituyéndose un número significativo de estas a partir de la década de 1980. Estas organizaciones se conformaron por profesionales que se reconocen como abogados populares y por académicos y cientistas sociales que configuraron a las ONG como intelectuales colectivos. 

    Los abogados e integrantes de estas organizaciones tuvieron un habitus jurídico diferente al de los profesionales con una posición dominante en el campo y al habitus de clase de estos. En efecto, si el habitus jurídico, siguiendo a Fortich y Moreno, “es la forma de asimilar lo que es el derecho y la forma de poner en práctica esos conocimientos asimilados, porque todos los hábitos se reflejan en la acción práctica”, las organizaciones de servicios legales y los abogados populares de la década de 1970, a diferencia de los agentes, especialistas y profesionales dominantes encargados de producir o de aplicar el derecho, no buscan el mantenimiento del orden social y sus intereses no corresponden con quienes ocupan posiciones dominantes en el campo político, sino que asimilan que el derecho (el discurso del derecho) esconde “bajo estrategias de universalización, las relaciones de dominación que traducen en formas jurídicas”[ii], planteaban un entendimiento y una práctica emancipatoria del derecho en el campo jurídico.

    Esta propuesta inicial parece haber cambiado con la Carta de 1991, la formulación del Estado social de derecho y el papel de la Corte Constitucional que aumentaron la esperanza en el derecho y en el alto tribunal como posibilidad de cambio social. Las promesas de la Constitución implicaron un mayor énfasis de las organizaciones de servicios legales en la promoción y exigencia de los derechos consagrados, siendo entonces la Carta un punto trascendental en los entendimientos y aproximaciones al derecho y a los derechos humanos por parte de miembros de las ONG, llegando así a transformar la mirada sobre su propia intervención y sus alcances, esto a pesar de que el nuevo marco constitucional no contribuyó a consolidar la paz, a cimentar un orden justo y a fortalecer una democracia abierta a la participación; y de la poca capacidad del tribunal constitucional para atacar los intereses de sectores dominantes y afectar la reproducción dentro de los diferentes campos.

    Muchos juristas y académicos, con un considerable capital social, cultural y jurídico, que estaban vinculados a las organizaciones no gubernamentales encontraron el cimiento del derecho mismo en la Constitución y siguiendo a Bourdieu (p. 172), vieron en ésta, “el fundamento trascendental a las formas históricas de la razón jurídica y a la creencia en la visión del orden social” que produce, gozando así de una muy importante eficacia simbólica. Contrario a lo anterior, abogados populares que todavía adelantan una práctica legal crítica postulan que la Carta política legitima la dominación, contribuye a perpetuar el orden social y a su reproducción, por lo que consideran que la lucha al interior de los diferentes campos (jurídico, político, social) está interrelacionada y debe incluir la superación de la dominación simbólica a través del actual texto constitucional, confrontando éste con la realidad social de los dominados, lo que desembocará necesariamente en un proceso constituyente. 

    [i] BOURDIEU, Pierre.  La fuerza del derecho. Elementos para una sociología del campo jurídico. En: Poder, Derecho y Clases sociales. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001. Las diferentes citas del sociólogo corresponden a esta publicación.

    [ii] GARCÍA, Andrés. Introducción. La razón del derecho: entre habitus y campo. En: Bourdieu, Pierre. Poder, Derecho y Clases sociales. Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001, p. 39.    

    Últimos artículos

    [wpdreams_ajaxsearchlite]

  • Los ofendidos

    Los ofendidos

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    Roque Dalton (San Salvador, 14 de mayo de 1935 – San Salvador, 10 de mayo de 1975) puede ser considerado el más nuestroamericano de los salvadoreños. Se recordará que José Martí, planteó en su célebre ensayo Nuestra América, la necesaria unión de Hispanoamérica (concebida de manera amplia, incluyendo a Las Antillas y la Guyana francesa, las islas caribeñas de los Países Bajos y a Brasil) a partir de lo que es una historia común, dolorosa, diversa y particular de sus pueblos; región cuyos países son mestizos, viven una fuerte opresión (especialmente los afrodescendientes, campesinos e indígenas), pero en los que también existe el anticolonialismo, el rechazo a la ambición imperialista norteamericana, y una apuesta emancipatoria, de salvación y de despertar como proyecto (Martí, 1987).

    El salvadoreño, intelectual, poeta, abogado y revolucionario, fue hijo de nuestra América, no sólo porque recorrió parte de la geografía de la región: además de su país natal, Roque trasegó por Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Cuba (de esta última, afirmaría: “Dos patrias tengo yo, Cuba y la mía”); ni porque su asesinato a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, fuera condenado por intelectuales, artistas y escritores de toda Latinoamérica, sino fundamentalmente porque su preocupación ética, “perseguir el bien de las mayorías a través de la acción política” (Alvarenga, 2016a, p. 130), desborda a El Salvador, cubriendo a nuestra América toda. Las mayorías fueron identificadas de forma muy general por Dalton como “clases explotadas (proletarios y campesinos, etcétera)” (Dalton et al., 2010, p. 198).

    Lo anterior, como indica su biógrafo Luis Alvarenga, “es el pilar que, a su juicio, legitima el hacer poético. Se proclama convencido de que él, en lo personal, no podría escribir poesía lejos del ámbito de la política revolucionaria. Puede decirse que concibe a la literatura como algo que tendrá legitimidad en la sola medida en que contribuya a un proyecto de liberación nacional” (Alvarenga, 2016a, p. 130), pensado en perspectiva de región: “hablamos desde y para Cuba, desde y para América Latina”, indicó en una mesa redonda sobre el intelectual y la sociedad (Dalton et al., 2010, p. 182).

    Dalton agencia un proyecto estético-político que, señala Luis Alvarenga, tiene elementos que pueden ser importantes para las luchas emancipatorias del presente cuando se está ante la desarticulación capitalista de la estética y la vida cotidiana, y el reconocimiento de la primera solo a través de la expresión artística (Alvarenga, 2016b, p. XLIX), siendo entonces importante recuperar o integrar la estética en la lucha emancipatoria para la construcción de una hegemonía alternativa (Alvarenga, 2016b, p. LI). Acá el salvadoreño nos aporta, de una parte, la crítica a la poesía, al lenguaje y al intelectual tradicional; y de otra, la posibilidad de identificación del sujeto de cambio, las clases explotadas referidas antes, como los ofendidos.

    Patricia Alvarenga adelanta un riguroso recorrido por la obra de Roque Dalton para buscar la representación de las subjetividades que hace el poeta, encontrando que existen “dos concepciones de la subjetividad que no dejan de ser contradictorias, e incluso, irreconciliables” (Alvarenga, 2012, p. 185). Una de ellas la ubica al servicio de la teorización marxista-leninista de su época, identificada básicamente como pueblo, que en el trabajo de Dalton se reconoce también con el sinónimo de masa; y la otra, que expresa su experiencia vital, su exploración en el mundo relacional que da la posibilidad de la libertad al individuo, deconstruyendo al sujeto unitario.

    Aunque la división propuesta por Alvarenga puede ser discutible (una mirada diferente tiene López, (2010)), nos interesa acá abordar la primera concepción de la subjetividad planteada por la autora, ya que ésta fue hacia donde el escritor dirigió sus principales preocupaciones acerca del rol del intelectual en la sociedad latinoamericana, dejando Dalton de lado la idea del pueblo como un actor homogéneo, para presentarlo más como un bloque social constituido por los oprimidos y los excluido: obreros, indígenas, campesinos, analfabetas, desocupados. Así, al cuestionar el accionar de los intelectuales, señala: escribimos “en un mundo en el que la mayoría no puede leer, no digamos periódicos, sino los letreros que indican que está prohibido continuar el camino porque ahí comienza otra propiedad privada. […] Realmente, en los hechos, ¿hemos escrito para los indios de Guatemala, Perú o Bolivia?, ¿para los obreros y los desocupados de México, Buenos Aires?” (Dalton et al., 2010, p. 185).

    El pueblo en Dalton, además de oprimido y excluido, también es ofendido: es golpeado, encarcelado, odiado, despreciado y silenciado (Dalton, 2015, p. 1). Leyendo hoy a Dalton desde Colombia, se identifica que el ofendido se auto reconoce como tal, y por tanto como clase para sí, se halla en las campesinas y campesinos, los pueblos étnicos, las niñas y las mujeres, la población LGBTIQ+, las víctimas del conflicto armado interno, las madres de los ejecutados extrajudicialmente, los militantes de izquierda, los trabajadores urbanos informales y precarizados, los pobres, los migrantes, los estudiantes universitarios, los jóvenes que protestan en los barrios de las periferias de las grandes ciudades; todas y todos estos son quienes hoy deben llevar a cabo la obra de liberación en nombre las generaciones vencidas, de las generaciones ofendidas. El perseguir el bien de las mayorías a través de la acción política, en el marco de un proyecto de cambio, crítico y transformador de las construcciones coloniales, culturales, sociales, políticas, jurídicas y económicas, un proyecto superador de la opresión y de la exclusión en el país y en nuestra América, implica que ha llegado el turno del ofendido, del por años silencioso a pesar de los gritos.

    Fuentes

    ALVARENGA, L. (2016a). El ciervo perseguido. Vida y obra de Roque Dalton. Tegueste (España): Baile del Sol.

    ALVARENGA, L. (2016b). Prólogo. Roque Dalton. Estética y revolución. En: R. Dalton. Poesía escogida. Antología personal (IX-LI). Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho.  

    ALVARENGA, P. (2012). El sujeto revolucionario en Roque Dalton. Cuadernos Intercambio. año 9, n. 10, 183-211.

    DALTON, R. (2015). El turno del ofendido. China: Ocean Sur.

    DALTON, R.; FERNÁNDEZ, R.; DEPESTRE, R.; DENOES, E.; FORNET, A.; GUTIÉRREZ, C. (2010). Diez años de revolución: el intelectual y la sociedad (conversatorio en el estudio de Mariano). En: A. Alonso y S. Valmaña (selección). Materiales de la revista Casa de las Américas de/sobre Roque Dalton (180-228). La Habana: Fondo editorial Casa de las Américas.

    LÓPEZ, E. (2010). La liberación es el turno del ofendido. En: A. Alonso y S. Valmaña (selección). Materiales de la revista Casa de las Américas de/sobre Roque Dalton (311-333). La Habana: Fondo editorial Casa de las Américas.

    MARTÍ, J. (1987). Nuestra América. En VV.AA. Temas de filosofía política latinoamericana (108-118). Bogotá: El Buho.

    Últimos artículos

    [wpdreams_ajaxsearchlite]

  • REDD+ y derechos de los pueblos indígenas

    REDD+ y derechos de los pueblos indígenas

    Freddy Ordóñez Gómez

    Investigador y presidente de ILSA. Integrante del Centro de Pensamiento Amazonias (CEPAM) Twitter: @Freddy_Ordonez

    Freddy Ordóñez Gómez*

    Un tema que está en la discusión mediática, política y jurídica, a nivel nacional e internacional, es la forma en cómo los proyectos de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (REDD+) amenazan y vulneran la seguridad territorial y los derechos de los pueblos indígenas. Veamos.

    Se ha conocido a través de fuentes periodísticas cómo en el resguardo indígena del Gran Cumbal (Nariño), un proyecto de bonos de carbono (Pachamama Cumbal) se está llevando a cabo de espaldas a la comunidad, por lo que un juez amparó los derechos del pueblo indígena a través de una acción de tutela. Según un informe del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, “ni el gobernador del resguardo ni las empresas que lo desarrollan, la mexicana Global Consulting and Assessment Services S.A. de C.V. y su filial colombiana SPV Business S.A.S., lo socializaron con su comunidad en Cumbal”. El proyecto, se señala, fue registrado en la plataforma del estándar de certificación colombiano (CoICX) desde el 25 de mayo de 2022, aglutina a otros tres resguardos indígenas (Chiles, Mayasquer y Panán) y ya vendió 849.000 bonos de carbono a la petrolera estadounidense Chevron, sin que la comunidad sepa el destino de los recursos generados en la transacción. Se recordará que la empresa compradora, Chevron, ha sido condenada judicialmente por violar los derechos de pueblos indígenas y habitantes de la Amazonia ecuatoriana. Frente a esto último el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay, ha llamado la atención sobre la necesidad de la transparencia en la información sobre el comprador final de los créditos, ya que “en muchos casos, estos se utilizan para compensar las emisiones de empresas cuyas actividades ponen en peligro los territorios de los Pueblos Indígenas”.

    Por otra parte, las denuncias en medios también apuntan a señalar que en los proyectos se da trato injusto a las comunidades por la empresa desarrolladora, que grupos étnicos son excluidos por la empresa promotora de los acuerdos hechos en los territorios, que se traslapan proyectos y existe doble venta de los bonos, entre otras irregularidades y afectaciones.

    Las amenazas y violaciones a derechos y territorios de pueblos indígenas por la implementación de proyectos REDD+ fueron trabajadas por el señor Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en Financiación verde, una transición justa para defender los derechos de los pueblos indígenas, informe en el que el señor Relator enfatiza en cómo se ha dado un alto interés en los mercados internacionales de carbono, lo que constituye una amenaza para la seguridad territorial de los pueblos indígenas, ya que el creciente valor económico del carbono capturado en tierras indígenas atrae la apropiación de éstas por los sectores público y privado. Destaca el informe la presencia en la región amazónica de piratas del carbono que se aprovechan de los pueblos indígenas. Encontrándose en la cuenca amazónica, “operaciones opacas con derechos de emisión que pueden tener una vigencia de hasta un siglo, plasmadas en contratos muy extensos redactados en inglés y que tienen como consecuencia la expulsión de las comunidades de sus tierras para la ejecución de los proyectos”. También es necesario reseñar cómo, expone el señor Relator, en tan solo una cuarta parte de los países que tienen en su territorio casi el 70 % de los bosques tropicales del mundo, se ha “reconocido explícitamente los derechos de las comunidades a administrar los derechos de emisiones de carbono y beneficiarse de ellos”.

    De este informe es importante referirse igualmente a la advertencia hecha sobre el cómo “las normas, directrices y mecanismos de reclamación del sector privado no se ajustan con frecuencia a las normas internacionales de derechos humanos con respecto a los Pueblos Indígenas” y al llamado que se hace sobre la obligación por parte de los interesados en la financiación de los créditos de carbono del deber de adoptar enfoques basados en derechos y de alta integridad para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y sus recursos, adoptar salvaguardias de los derechos humanos, “incluido el consentimiento libre, previo e informado, y velar por su participación en los proyectos desde el diseño inicial hasta la ejecución, la supervisión y la presentación de informes”; al igual que el deber de “incrementar el apoyo financiero a iniciativas dirigida por la comunidad”, y la participación de los Pueblos Indígenas en el mercado voluntario de carbono, ya que esto permite reforzar su autonomía y sus derechos colectivos, para lo que el señor Relator recomienda “canalizar un flujo financiero directo a los Pueblos Indígenas creando o rediseñando mecanismos de financiación flexibles que simplifiquen los procedimientos de solicitud y los requisitos de presentación de informes de las iniciativas y los proyectos” de los pueblos.

    Igualmente, las afectaciones a los pueblos indígenas y comunidades locales de la Amazonia han sido expuestas en el sistema interamericano de protección. En efecto, el pasado 28 de febrero, se celebró una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde once organizaciones expusieron la situación en la región amazónica solicitando a la CIDH: (i) Desarrollar estándares y políticas específicas sobre acceso a la información, transparencia y participación -que tengan como base el Acuerdo de Escazú y otros tratados internacionales- para regular la certificación y registro de las transacciones de bonos de carbono; (ii) Desarrollar una línea de trabajo específica sobre el impacto del mercado de bonos de carbono en los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales; (iii) Incorporar este fenómeno en el monitoreo de la situación de derechos humanos que se presenta en los informes anuales de las relatorías de la CIDH; (iv) Que los Estados de la región adopten marcos regulatorios efectivos para la certificación, registro y comercialización de bonos de carbono; y (v) Establecer una guía que garantice la autonomía de las comunidades locales y el derecho al consentimiento previo, libre e informado, antes de iniciar un proyecto de bonos de carbono, con el fin de evitar conflictos interétnicos e intraculturales. De otra parte, ante la solicitud de Opinión Consultiva presentada por la República de Chile y la República de Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre emergencia climática y derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas abordaron los proyectos de REDD+ en sus observaciones.

    En la Amazonía colombiana, el Instituto amazónico de investigaciones científicas, SINCHI, indicó que existen a julio de 2022, 51 proyectos REDD+ registrados en RENARE (plataforma actualmente suspendida) ubicados en la región, de los cuales tres empresas concentran 25 de los registros. El SINCHI también señala en la misma fuente que 33 proyectos identificados y caracterizados según los documentos de diseño de proyecto disponibles en las plataformas de certificación están localizados en 59 resguardos indígenas.

    Uno de los casos más importantes hoy en Colombia y en general en la región amazónica lo constituye el del Territorio indígena del río Pirá Paraná, en donde la Corporación para el Manejo Sostenible (Masbosques) formuló, implementó y comercializó el proyecto “Baka Rokarire ⁓iatir+⁓dito”, sin la autorización o el consentimiento del gobierno indígena del territorio, el Consejo Indígena, y que prevé diferentes compromisos contrarios al sistema de conocimiento y la soberanía alimentaria del territorio. El caso está documentado en la publicación Problemas y oportunidades de REDD+. Una mirada desde los territorios indígenas de la Amazonia de la Fundación Gaia Amazonas. En el documento se expone cómo, para adelantar el proyecto, la empresa suscribió un contrato de mandato con un indígena que no representaba legalmente al territorio ni contaba con la capacidad jurídica para suscribir contratos a su nombre, vulnerando así los derechos de las comunidades.

    Masbosques, el 22 de diciembre de 2021, con el apoyo técnico de Soluciones Proambiente S.A.S., formuló y registró el proyecto, el cual fue validado y verificado por la firma extranjera Ruby Canyon Enviromental como OVV, el 10 de febrero de 2022, y obtuvo certificación por parte de Cercarbono el 11 de febrero de 2022, en certificado que fue expedido a nombre de Masbosques como titular del proyecto y no del territorio indígena. Contrario a esto, desde el año 2019 el consejo indígena del territorio indígena del río Pirá Paraná decidió construir una estrategia diversificada de sostenibilidad financiera para fortalecer la puesta en marcha del territorio indígena como entidad territorial. En el marco de esto, el consejo propuso la elaboración de un proyecto REDD+ de manera autónoma y sin intermediaciones, construido por el territorio y para el territorio, lo que implicaría que la formulación, implementación, titularidad y beneficios del proyecto estarían definidos y liderados por el territorio y no por agentes externos a este, se lee en el documento.

    Ahora bien, en la investigación se expone cómo el accionar de Masbosques, de Soluciones Proambiente S.A.S., Ruby Canyon Environmental y Cercarbono, así como las omisiones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se han traducido en la vulneración de los derechos a la libre determinación, al gobierno propio y a la integridad territorial. El accionar de las interesadas en el proyecto amenaza con fragmentar el territorio, poniendo en riesgo la pervivencia cultural del Pirá Paraná y su sistema de conocimiento fundado en la integridad y la unidad. Las violaciones presentadas a los derechos de los pueblos indígenas llevaron a que la autoridad territorial, el Consejo Indígena del Territorio Pirá Paraná, a entablar una acción de tutela la cual actualmente se encuentra en revisión en la Corte Constitucional.

    Del fallo, el consejo indígena espera que el amparo de sus derechos lleve a la Corte a establecer reglas jurisprudenciales claras sobre el papel central que deben jugar los pueblos indígenas y sus autoridades en la implementación de proyectos REDD+ en sus territorios, en tanto son autoridades político-administrativas de sus entidades territoriales; al igual que aborde la importancia de la reglamentación de los proyectos, de la observancia y cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales.

    El desconocimiento, afectación y amenaza a los derechos de los pueblos indígenas amazónicos y sus territorios está en el centro del debate, la trascendencia del caso bajo revisión en la Corte no puede llevar a una orden de consulta (previa) posterior, validadora de accionares y omisiones que comprometieron la garantía de derechos de comunidades; por el contrario, debe ser un fallo que desde el principio de la progresividad de los derechos y el reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural del país, ampare y genere un precedente que contribuya a superar el trato colonial que, desde el Estado, el Derecho y el empresariado se ejerce contra los pueblos indígenas en la implementación de los proyectos REDD+.

    Últimos artículos

    [wpdreams_ajaxsearchlite]

  • Os Povos da Terra e o medo que provocam

    Os Povos da Terra e o medo que provocam

    Carlos Frederico Marés
    Carlos Frederico Marés

    A CPI do MST e a aprovação do PL 490 na Câmara dos Deputados revelam a hegemonia de uma direita agrária que atira desesperadamente para manter os privilégios que sentem escorrer por entre dedos gordos e impotentes.

    Olhemos de perto essas duas caricatas iniciativas. A direita sempre anunciou, com repercussão dos grandes jornais e redes de televisão, que o MST tinha como única finalidade ocupar terras, invadir propriedades privadas e atacar e empobrecer o próspero agronegócio. A acusação era de que os assentamentos do MST eram improdutivos e apenas se fazia política. Ocupar terras era o objetivo final. Nunca admitiram que após as ocupações, naturalmente, se inicia a produção de alimentos, a terra é ocupada para ser usada, para prover as necessidades dos ocupantes. Se nunca admitiram o segundo passo, que se dirá do terceiro: produzir excedentes, ou, dito de forma mais clara: produzir comida para as gentes das cidades.

    Essa narrativa fantasiosa, em que a terra seria um fetiche para ocupar, começou a esboroar na pandemia quando o MST distribuiu alimentos grátis aos necessitados das cidades (Alimento e Solidariedade: AQUI). Dois outros acontecimentos chamaram a atenção para essa produção. O primeiro, quando Lula, em plena rede Globo, afirmou que o MST era o maior produtor de arroz orgânico da América Latina e foi prontamente contestado pelos entrevistadores. Lula reafirmou e desafiou a que apurassem. A rede Globo apurou e, para seu desespero, era verdade. Contra fatos não há argumentos, dizem. Mas a direita argumentou.

    Xico Graziano escreveu uma nota desmerecendo a produção e fazendo a crítica de que os produtores de arroz do MST continuavam pobres e a produtividade era menor do que a do arroz produzido com agrotóxicos (AQUI). Comparou coisas diferentes, é claro. Será mesmo que os assentados da Reforma Agrária produtores de arroz orgânico são mais pobres do que os trabalhadores assalariados? Certamente têm menos riquezas acumuladas do que os donos de muita terra e empregadores, mas não têm renda menor que os assalariados do campo. Além disso, comparar produtividade não é razoável, são duas agriculturas diferentes e duas variedades de arroz diferentes.

    O segundo e vergonhoso fato se deu quando grandes vinícolas foram pegas produzindo em regime de trabalho escravo. É fácil entender que trabalho escravo enriquece qualquer produtor. Na contrapartida o MST produz suco de uva orgânico e com o trabalho da agricultura familiar, gente não só livre como consciente e pronta para lutar por direitos.

    As marcas “Terra Livre”, “Raízes do Campo” e “Campo Vivo” estão no mercado, livres de agrotóxicos e competindo em preço com as não orgânicas, mas os Supermercados relutam em vender, os concorrentes não permitem. Essa produção resiste há mais de duas décadas e aumenta a cada dia, é realizada por famílias de agricultores e garante conforto e bom sustento para elas.

    As marcas “Terra Livre”, “Raízes do Campo” e “Campo Vivo” estão no mercado, livres de agrotóxicos e competindo em preço com as não orgânicas, mas os Supermercados relutam em vender, os concorrentes não permitem. Essa produção resiste há mais de duas décadas e aumenta a cada dia, é realizada por famílias de agricultores e garante conforto e bom sustento para elas.

    Últimos artículos

    [wpdreams_ajaxsearchlite]

  • Povos negados

    Povos negados

    Carlos Frederico Marés
    Carlos Frederico Marés

    A arrogância dominante não gosta de outros povos. Talvez porque sempre que olham os outros se envergonham dos próprios defeitos e ridículas atitudes e, por gostarem tanto de si ou ter que afirmar sempre que gostam, odeiam ver reveladas suas maldades, inconsistências e contradições. Não importa as razões, o fato é que um ódio surdo, corrosivo, sem limites, se estabelece na arrogância dominante cada vez que um coletivo fraterno expressa um sorriso pacífico, um olhar de devoção ou um singelo sinal de inteligência humana.

    É verdade que a ganância se associa à arrogância, mas a ganância só explica parte desse ódio mortal a outros povos, ou explica o começo, ou a razão última, a ignorância também se associa, e com força. O ódio arrogante está necessariamente em quem lucra com a morte ou despojamento dos povos, os dominantes senhores do capital. Mas está, também, nos que querem ser iguais aos dominantes, nos que imitam e nos que sonham ser identificados com a supremacia. O colonizado querendo ser colonizador, se identificando com ele apesar do desprezo com que é recebido, diria Frantz Fanon.

    A arrogância que nega a existência de outros povos começa por negar o direito a um território, um espaço onde possam sobreviver como gente, como coletivo de gente.

    As vezes a arrogância dominante consegue se esconder um pouco e os imitadores ficam menos agressivos, outras vezes se exacerba e os imitadores se tornam radiciais, os dominantes gostam dos imitadores, os incentivam. Os usam e os desprezam. Vivemos tempos assim, de arrogância exacerbada. Tempos confusos, difíceis de entender, difícil de identificar que corações são imersos em ódios verdadeiros movidos por interesses inconfessáveis ou ódios forjados na desinformação ou no erro. Confusos ou não, tempos tristes, nebulosos, instáveis, tempos de guerra. Talvez indicando um final de tempo.

    A arrogância que nega a existência de outros povos começa por negar o direito a um território, um espaço onde possam sobreviver como gente, como coletivo de gente. Todo coletivo de gente, todo povo, precisa de um espaço físico onde possam conviver com a lembrança de seus ancestrais, encontrando seus encantados, anjos, demônios e a poética mistura dos dois e a promoção da vida e de seu modo de viver. Os povos carecem de território.

    É difícil para a arrogância afirmar que um povo não existe, ainda assim, muitas vezes afirma e proclama. É mais fácil negar o território. Embora pareça diferente negar a existência ou um lugar para existir, é a mesma coisa. Reparem a Faixa de Gaza, ninguém tem coragem de dizer que o povo palestino não existe, mas lhe negam um lugar para viver em paz e em paz enterrar seus mortos, há mais de setenta anos vêm negando esse direito ainda que o reconheçam como povo e com direito à autodeterminação. As vezes negar o direito a um lugar não é bastante e a arrogância precisa exterminar quem reivindica o lugar. A bala, fogo e bomba. Faixa de Gaza é o exemplo de hoje.

    Tantas vezes esse estratagema foi repetido na história recente da humanidade, e do colonialismo, que o ser humano deveria estar acostumado. Mas, felizmente, não se acostuma com tanta maldade e um resto de dignidade sempre ressurge no coração dos homens e mulheres que derramam lágrimas pela mortandade e a indignação supera o costume. Não são só os povos injustiçados que reagem, a humanidade o faz. Fuente Ovejuna lo hizo, proclamava Lope de Vega.

    Mas nem é necessário atravessar o oceano para ver como a arrogância dominante age na tentativa de destruir os povos promovendo o continuado genocídio da modernidade. O Congresso Nacional aprovou uma “tese” chamada de marco temporal, para reconhecer o lugar de existência dos povos indígenas, visivelmente inconstitucional por anular direitos expressos na constituição e criminosa por gerar, manter e continuar o surdo genocídio de nosso tempo. A “tese” foi vetada pelo Poder Executivo, mas o Congresso Nacional supriu o veto com a determinação de diminuir direitos à vida indígena. A “tese” nega território a povos que existem. É o mesmo ódio que mata palestinos em Gaza. A matança está autorizada. É claro que haverá resistência, os povos aqui e lá, sempre resistem.

    Mas a pergunta que fica aqui e lá é por quê? Por que o ódio à existência de outros povos? Usurpar território, seria a primeira resposta. Embora verdadeira é incompleta. É verdadeira para os usurpadores, grileiros, garimpeiros clandestinos, mineradoras irresponsáveis (haverá mineradoras responsáveis? Difícil dizer ao olhar para Brasken, Brumadino e Mariana). Mas nem todos que apoiam, votam e defendem o genocídio se beneficiam dele. Ao contrário, a devastação que o ódio provoca impacta nos que tiram proveito e nos seguidores de máscara branca (mais uma vez Fanon) que perdem tudo na seca e na enchente e não recolhem sequer um dividendo ao ano.

    O marco temporal, ao contrário do que alegam, não trata de tempo, trata de reconhecer a existência do povo. Se o povo existe, tem que ter um lugar para existir. Se existe, tem uma cultura de existir diferente da cultura hegemônica e, por isso, precisa de um lugar diferente, não demarcado segundo as regras do Código Civil, mas segundo as exigências da vida coletiva.

    O marco temporal é uma invenção engenhosa. Sempre há intelectuais de máscara branca para inventar essas coisas, quem pode esquecer os critérios de indianidade ou a emancipação decretada pela engenhosidade repressiva da ditadura? É sempre assim, o primeiro movimento é imaginar meios de não reconhecer os direitos à existência, sem dizer que não reconhece os direitos à existência, imaginar uma fórmula, uma tese jurídica ou sociológica, de preferência com um nome pomposo, enigmático, sujeito à interpretações e correlação com outras teorias. Eis a engenhosidade. Daí, é só ser repetida por gente togada, engravatada ou de microfone nas mãos e câmera instalada. Pronto, as máscaras brancas votarão a favor e dirão que estão defendendo a sociedade, a família e a segurança jurídica. Segurança jurídica de quem? Certamente não é a dos povos que tem o jurídico direito de existir.

    O marco temporal, ao contrário do que alegam, não trata de tempo, trata de reconhecer a existência do povo. Se o povo existe, tem que ter um lugar para existir. Se existe, tem uma cultura de existir diferente da cultura hegemônica e, por isso, precisa de um lugar diferente, não demarcado segundo as regras do Código Civil, mas segundo as exigências da vida coletiva. Se trata de vida, que inclui a terra. Se o direito reconhecido fosse o de moradia de cada pessoa integrante do povo, qualquer terreno de periferia serviria, mas não, trata-se do direito de existir, coletivo, é o direito de ser povo. Para ser povo é necessário um território que o mantenha física e culturalmente. Disso se trata. Assim como o marco temporal não trata de tempo, na Palestina não se trata de guerra, ambos podem tomar o nome de genocídio.

    Negar o direito à territorialidade de um povo é matá-lo. É genocídio, ou etnocídio se for o caso de manter vivos e separados os integrantes de um povo. E o que a humanidade ganha com isso? Uma dose cada vez maior de desumanidade, um planeta cada vez pior para viver, uma convivência cada mais difícil. No caso do marco temporal se aprofunda junto com a negação dos direitos das culturas, a destruição da natureza. E a destruição da natureza afeta o clima, a água, as chuvas, afeta a vida da humanidade. Por isso, ações como a destruição do povo da Palestina e dos povos indígenas brasileiros com o marco temporal são passos de negação de humanidade e retumbante grito de suicídio universal. Uns são mortos pelo ódio dos outros e os outros morrem pelo próprio veneno que destilam pelo ódio.

    Últimos artículos

    [wpdreams_ajaxsearchlite]

  • O protagonismo indígena

    O protagonismo indígena

    Carlos Frederico Marés
    Carlos Frederico Marés

    Quem de fora olha talvez não entenda porque a Constituição de 1988 estabeleceu um artigo 231 reconhecendo direitos coletivos dos povos indígenas. O artigo não nasceu da boa vontade dos constituintes, muito ao contrário. Não havia boa vontade com indígenas, quilombolas, povos tradicionais e camponeses. Já foi dito, por teóricos afoitos, que os constituintes cochilaram e deixaram passar os direitos indígenas e quilombolas. Ninguém cochilou, os conservadores anti-indígenas, ruralistas, foram derrotados e nunca aceitaram a derrota e, as vezes, justificam como se tivesse sido um cochilo e tentam desfazer o bem feito.

    Tudo começou no massacre patrocinado e incentivado pela ditadura. O massacre, genocídio ou assassinato coletivo, faz parte da história do Brasil, mas no período de expansão econômica do século XX ficou explícito e se transformou em política proclamada. O século XX ficou marcado por macabros exemplos. Não pode ser esquecido o massacre do paralelo 11, chamado de a maior chacina indígena contemporânea, foram 3.100 cinta-largas, assim era chamado o povo, assassinados por tiros, bombas e faconazos. Atrapalhavam o uso da terra fértil que poderia servir de boa pastagem para bois. A terra, manchada de sangue, foi transformada em Fazenda de propriedade dos assassinos. A Comissão da Verdade apurou oito mil indígenas assassinados no período. A começar a conta pelos cinta-larga, se pode imaginar que o número é conservador. A lista de massacres é longa, Kokleng, Xetá, Cinta-Larga, Nambikwara, Guarany, Panará e muito mais. As formas de extermínio também foram variadas, roupa contaminada, envenenamentos, bombas, tiros, transferências forçadas, torturas, prisões coletivas e tudo o que a doentia imaginação da ganância pode conceber. A ditadura já patrocinava a mortandade antes de se instalar, afinal, a questão e a agência indigenista sempre fora coisa de militares.

    Os antropólogos do continente (havia uma única antropóloga na reunião, Nelly Arvelo Jiménez) se reuniram em Barbados,em 1971, e lançaram uma declaração pela Libertação dos Indígenas. As escolas de antropologia, assustadas com a matança e com as propostas de institucionalização do fim dos indígenas por meio de medidas legais como a chamada tentativa de criar critérios de indianidade e a consequente emancipação das pessoas indígenas, entenderam que não era razoável nem bastava descrever a cultura e os povos como se fazia antes, mas era imperioso agir para reverter a situação e apoiar os indígenas na resistência. Antropologia urgente foi o nome que alguns deram a essa nova visão da ciência. Ninguém queria repetir o drama do médico, antropólogo e humanista José Loureiro Fernandes, da Universidade Federal do Paraná que, junto com o fotógrafo Vladimir Kozák e o linguista Aryon Rodrigues, descreveu, fotografou e catalogou a língua do povo Xetá e não pode mais que se indignar e derramar seu pranto quanto a frente de expansão empresarial na Serra de Dourados, em nome do Estado, exterminou o povo do Centro Oeste do Paraná e colonizou suas terras.

    Articulador da Associação Brasileira de Antropologia no final dos anos 70 e começo de 80, o antropólogo Sílvio Coelho dos Santos, um dos integrantes da Declaração de Barbados, havia descrito e estudado o povo Xokleng que vivia a ameaça de um genocídio final, entendeu que era necessário, e urgente, que a antropologia se juntasse ao direito para reagir ao massacre, denunciar o genocídio e apoiar os indígenas na luta por direitos. Mas Sílvio não era o único, começavam a surgir as ANAIs, Associações Nacionais de Apoio ao Índio, CPIs,- Comissões Pro Índio e outras entidades de apoio, em geral de dentro para fora das Universidades. Foi então que Sílvio Coelho dos Santos organizou em Florianópolis, na UFSC, o Primeiro Encontro entre Antropólogos e Advogados.

    Paralelamente a isso, mas que logo se juntaria ao movimento, um grupo de intelectuais indígenas buscava encontrar caminhos de superação das políticas genocidas do Estado brasileiro. Entre eles, Ailton Krenak, Marcos Terena, Álvaro Tucano e grandes lideranças de seus povos como Raoni Caiapó e Davi Kopenawa Yanomami. Longe do centro urbano e universitário, lideranças indígenas da América Latina se organizavam para intervir no Direito e na sociedade envolvente e foi assim criada a COICA, Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazônica, e em sua esteira, a COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira que reunia organizações como a FOIRN, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Todas elas estruturadas nos modelos, formato e legalidade ocidental, mas ancoradas nas organizações tradicionais dos diversos povos, daí a importância de Raoni e Davi estarem sentados na mesma mesa que Ailton e Marcos. O movimento indígena não pode existir sem legitimidade tradicional, mas precisava conhecer a sociedade envolvente para transformá-la e agir dentro dela.

    A antropologia urgente e a consistente mobilização indígena impediram que a ditadura impusesse a normatização do genocídio com a emancipação forçada e os critérios de indianidade.

    Enquanto a articulação prática dos povos indígenas avançava, Sílvio defendia duas teses que viriam ser essenciais nas futuras conquistas: os Estados Latino-americanos eram plurinacionais e precisavam se reconhecer como tais; o direito dos povos indígenas sobre seus territórios tem que ser autodeterminado. Era fundamental que as propostas dos povos indígenas fosse lastreada em um profundo conhecimento da sociedade hegemônica. Era fundamental que se conhecesse o Direito para propor a sua transformação. O caminho estava traçado e sendo trilhado.

    A antropologia urgente e a consistente mobilização indígena impediram que a ditadura impusesse a normatização do genocídio com a emancipação forçada e os critérios de indianidade. A tentativa dos militares foi deixada de lado, mas não esquecida pelos ruralistas que a recuperaram com nova roupagem na recente discussão do marco temporal. O fim da ditadura abriu as portas para uma discussão sobre uma Constituição Política para o Brasil democrático, era oportunidade certa para as organizações indígenas e seus apoiadores atuarem. A antropologia urgente se aplicaria na prática jurídico-constitucional.

    A autoridade e representatividade de cada indígena que subiu à tribuna popular da Assembleia Nacional Constituinte ficou garantida e, por isso, o texto do artigo 231 da Constituição de 1988 saiu do jeito que saiu, os conservadores anti-indígenas não puderam fazer diferente.

    As discussões que começaram no I Encontro de Antropólogos e Advogados, em Florianópolis se espalharam por todo o Brasil, saíram das Universidades e ganharam as aldeias. O papel da antropologia ganhou uma dimensão inusitada e os termos da Constituição e os direitos dos povos indígenas passou a ser matéria obrigatória nas discussões constituintes. Foi em uma reunião ao cair da tarde, na Aldeia de Maturuca, em que anciãos e tuxauas tradicionais macuxis discutiam e aprendiam o que era e porque os povos deveriam discutir a Constituição, que um velho, depois de discutir muito em sua própria língua com os demais presentes, dirigiu-se, em português, aos assessores, professores e apoiadores brancos, dizendo que todos tuxauas tinham entendido o que era a Constituição, e que era coisa boa porque iria reconhecer os direitos indígenas e que eles mesmo deveriam fazer uma constituição para o seu território em que ficasse claro quem, como, se e porque os não indígenas poderiam entrar e permanecer nele. As aldeias entenderam o momento e os conceitos, entenderam o mundo branco e ganharam consciência da necessidade de transformá-lo.

    A autoridade e representatividade de cada indígena que subiu à tribuna popular da Assembleia Nacional Constituinte ficou garantida e, por isso, o texto do artigo 231 da Constituição de 1988 saiu do jeito que saiu, os conservadores anti-indígenas não puderam fazer diferente. Enquanto isso, as organizações latino-americanas estavam empenhadas, na OIT, em modificar o conceito de trabalho indígena e garantir que os povos fossem reconhecidos como tais e não como futuros trabalhadores individuais assalariados, isto é, fosse reconhecida a coletividade, com sua cultura e território, sem obrigação de se integrar individualmente na sociedade hegemônica como trabalhadores pobres. Um ano depois da Constituição brasileira a OIT aprovava a Convenção que garantiria direito aos povos indígenas e tribais, a de nº 169.

     

    Os termos da Constituição brasileira, das demais constituições latino-americanas, da Convenção 169 da OIT, foram, assim, conquistados pelos povos organizados e conscientes com muita disputa e muita contrariedade de todos quantos os queriam mortos e extintos. Por isso, tanto tempo depois desses episódios, ainda é tão difícil pôr em prática textos claros, aprovados com discussões precisas e com intenções de albergar as coletividades. A insistência dos anti-indígenas continua muito forte como ficou claro com a aprovação da inconstitucional Lei nº 14.701/23 e a derrubada dos vetos do Presidente da República. Hoje, com isso há uma que nega direitos aos povos indígenas e a Constituição junto com normas internacionais que reconhecem os direitos sobre a organização social e sobre as terras, e o Estado Brasileiro está obrigado a afirmá-los, reconhecê-los e demarcar as terras.

    A luta, portanto, continua e o protagonismo, indígena!

    Últimos artículos

    [wpdreams_ajaxsearchlite]

  • ¿Por qué crece el fascismo? ¿Cómo podemos detenerlo?

    ¿Por qué crece el fascismo? ¿Cómo podemos detenerlo?

    Boaventura de Sousa Santos*

    *Académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial. Texto enviado a OtherNews por el autor, el 21.02.23

    Traducción de Bryan Vargas Reyes

    Para entender la aparición y el crecimiento de los partidos de extrema derecha en todo el mundo, y especialmente en Europa, tenemos que remontarnos al final de la Primera Guerra Mundial y analizar el turbulento curso de la democracia liberal desde entonces. La democracia liberal salió triunfante de la Primera Guerra Mundial, pero el triunfo duró poco. La fuerza de la izquierda se vio fatalmente afectada por la escisión entre socialistas y comunistas; la disolución por Lenin de la asamblea constituyente rusa en 1918, a pesar de que el partido bolchevique era minoría, puso fin a las esperanzas de una democracia no capitalista (la gran amargura de Rosa Luxemburgo). A finales de los años veinte, los debates políticos estaban dominados por la derecha, una derecha que desde 1918 siempre había sido más anticomunista que democrática. A ello contribuyeron la preeminencia y la división de los parlamentos, la inestabilidad política y la incapacidad de hacer efectivos los nuevos derechos sociales frente a la ideología económica liberal dominante, el dominio de los grandes financieros privados y la persistente crisis económica. Si el poder real residía en la patronal y los sindicatos, la conclusión popular era que los parlamentos servían de poco.

    Tras el gran trauma de la guerra, la población quería paz, seguridad y mejores condiciones de vida; los campesinos querían una reforma agraria. Pero la democracia liberal había traído sobre todo la polarización social. La democracia estaba siendo abandonada, tanto por aquellos que no veían en ella una contribución a la mejora de sus vidas como por aquellos, especialmente los jóvenes, para quienes el liberalismo había perdido el contacto con el mundo contemporáneo. En 1934, el dictador portugués António Salazar (que sólo conservaba un vestigio de parlamentarismo) afirmaba que dentro de veinte años no habría asambleas legislativas liberales en Europa. Dos propuestas rivales despertaron entusiasmo: el comunismo y el fascismo/nazismo (este último combinado a veces con un catolicismo conservador cuyo colectivismo consistía en la defensa de la familia). Ambos proponían un «Nuevo Orden» y un «Hombre Nuevo». Pero su atracción procedía sobre todo del fracaso de la democracia, de la debilidad del Estado liberal y del aparente suicidio del capitalismo (hiperinflación, desempleo, Gran Depresión). Las propuestas ultraliberales (más tarde llamadas neoliberales) de los economistas austriacos Friedrich Hayek y Ludwig von Mises fueron muy minoritarias e incluso ridiculizadas, y sólo serían rehabilitadas cuarenta años más tarde, en el Chile de Pinochet (1973), convirtiéndose desde entonces en la ortodoxia económica dominante. En los años treinta, el liberalismo glorificaba el individualismo egoísta y descuidaba el sentimiento de comunidad y las exigencias de una nueva era colectivista. Un ambiente autoritario dominaba Europa y se decía que la era de la democracia había terminado, un tema recurrente.

    Al final de la Segunda Guerra Mundial, la democracia volvió triunfante, aunque ahora en una Europa dividida, en el contexto de la Guerra Fría, entre el bloque capitalista occidental y el bloque comunista soviético. Conviene recordar que la desnazificación fue mucho más eficaz en el bloque soviético que en el occidental, y que los gobiernos conservadores occidentales fueron mucho más duros con la extrema izquierda (algunos partidos comunistas fueron ilegalizados y todos vigilados) que con la extrema derecha (los partidos neonazis fueron ilegalizados, pero muchos nazis, sobre todo técnicos, se integraron en los nuevos gobiernos alemanes o fueron contratados por agencias estadounidenses). Mientras, la democracia era ahora diferente: orientada al bienestar de los ciudadanos (Estado de Bienestar), con fuerte intervención del Estado en la economía, tributación alta y progresiva, negociación colectiva, crecimiento económico y prosperidad como palabras clave para hacer desaparecer la lucha de clases. La nueva sociedad de consumo representaba una cierta americanización de Europa, pero la intervención del Estado en la economía y los derechos sociales distinguían al capitalismo europeo del estadounidense. Obviamente, ambos eran colonialistas.

    A partir de los años setenta, todo empezó a cambiar. El laissez faire, que parecía enterrado en la Primera Guerra Mundial, y el dúo Hayek-Mises volvieron para quedarse, la lucha de clases se reavivó, pero esta vez como una lucha de los ricos contra los pobres y las clases medias. Surgió el anti-estatismo, combinado con una mentalidad autoritaria (del Estado protector al Estado represor), la derecha empezó a dominar la opinión pública y a fomentar la polarización social, y la democracia volvió a entrar en crisis. Este es el contexto en el que nos encontramos.

    La historia nunca se repite. Hay muchas diferencias importantes en Europa en comparación con el mundo de hace cien años y estas diferencias tienen diferentes repercusiones en el Sur global, especialmente en el Sur que es más dependiente política y culturalmente del Norte global.

    El fin de la alternativa comunismo-fascismo/nazismo

    La primera diferencia es que de las dos alternativas que entusiasmaron a la juventud de los años 20 y 30 –el comunismo y el fascismo/nazismo– sólo la segunda parece estar en la agenda política de los deseos. Esta diferencia tiene un enorme significado. No significa que no existan hoy alternativas al capitalismo en nombre de las democracias más transformadoras que la democracia liberal. Pero tales alternativas aún no son capaces de formulaciones sintéticas y agregadoras, ni de movilizar a grandes masas de jóvenes, excepto quizás en el tema ecológico.

    A lo largo del siglo XX, la extrema derecha siempre ha tenido dos versiones distintas. En los años 20 y 30, la más importante con diferencia fue el fascismo propiamente dicho, basado en líderes carismáticos, nacionalistas, racistas, a veces combinado con el cristianismo conservador (el valor de la familia), impulsado por un populismo de destrucción dirigido contra el individualismo y la debilidad del Estado, una extrema derecha que quería adquirir la dinámica de un partido de masas. Era un populismo distinto del actual, pero igual de orientado a la destrucción. Las versiones de hoy son, por ejemplo, el «antisistema» en EE UU, el «antiinmigración» en España y otros países del Norte Global, la «limpieza» en Portugal, o la «motosierra» en Argentina. El populismo de la construcción era más abstracto y vago, el «Nuevo Orden» de Mussolini o Hitler impuesto por un Estado autoritario como el actual, el «Make America Great Again» de Trump, o el «Hacer a España grande otra vez» del partido Vox.

    La segunda versión de la extrema derecha, aunque muy minoritaria en las primeras décadas del siglo XX, proponía sustituir la fuerza del Estado por la fuerza del mercado. Era una ultraderecha hiperliberal, transcrita de las propuestas neoliberales del dúo Hayek-Mises, que veía al Estado como un coste a minimizar, a los impuestos como un robo y a la privatización como la solución para todo aquello que pueda generar beneficios; era una ultraderecha internacionalista, anti-carismática, individualista, hipermoderna y elitista, que veía la pobreza como una cuestión individual que nada tenía que ver con el empobrecimiento derivado de las políticas económicas y sociales. Mientras que la primera versión se reivindicaba social (nacionalsocialismo) y quería un Estado fuerte, la segunda, aunque residual, estaba presente, era hipercapitalista y quería hacer del mercado el principal regulador de las relaciones económicas y sociales, es decir, quería un Estado mínimo centrado en mantener el orden.

    Estas dos versiones tenían el mismo objetivo: utilizar el descontento popular ante la ineficacia de la democracia como estrategia de poder y afirmación del capitalismo frente al comunismo. El fascismo tradicional utilizó la democracia para llegar al poder, pero una vez en el poder, ni lo ejerció democráticamente ni lo abandonó democráticamente. Esto es tan cierto de Adolf Hitler como de Jair Bolsonaro (Brasil) o Donald Trump (EEUU). La versión neoliberal de la extrema derecha admitió el colapso de la democracia como daño colateral de sus políticas económicas, cuya aplicación fue, con mucho, la más importante. Hayek, por ejemplo, escribió al diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung en 1977 para protestar por las injustas críticas del periódico al régimen de Pinochet en Chile; consideraba que el Chile de Pinochet era un milagro político y económico y arremetía contra Amnistía Internacional por considerarla «un arma para la difamación de la política internacional»1.

    Consciente de sus intereses, el gran capital siempre se ha sentido atraído por las propuestas de la extrema derecha, y en este terreno las cosas no han cambiado mucho en los últimos cien años. La gran diferencia es que en los años 20 y 30 la amenaza del comunismo era real y las dos versiones de la extrema derecha se consideraban antídotos eficaces contra lo que entonces se veía como el suicidio del capitalismo ante la crisis y la protesta social alimentada por la atracción del comunismo. Ahora que el comunismo no está en la agenda política, las fuerzas de extrema derecha tienen que inventarlo, considerando comunismo toda intervención del Estado para reducir las desigualdades sociales. Para ello construyen la ideología del anticomunismo basada en dos pilares: el control casi absoluto de los medios de comunicación corporativos y las redes sociales; y la religión política conservadora, principalmente evangélica, pero también católica y sionista, que una vez más construye el apocalipsis en torno al comunismo y lo convierte en el anticristo. Esta diferencia con respecto a principios del siglo pasado hace que el futuro de la democracia sea aún más problemático.

    La normalización del fascismo

    La segunda diferencia respecto a los años 20 y 30 es la capacidad del fascismo para normalizarse como alternativa democrática, no teniendo ya que recurrir a golpes de Estado (como ocurrió con Hitler, Mussolini, Salazar y Franco). El caso paradigmático contemporáneo es el actual gobierno italiano liderado por Georgia Meloni. Presidenta desde 2014 del partido neofascista Fratelli d’Italia, Meloni dirige un país cuya Constitución prohíbe hacer apología del fascismo. Tal apología, sin embargo, se hizo de la manera más frontal durante la conferencia anual de su partido (Atreju, 2023). Cientos de camisas negras se reunieron en formación militar frente a la sede del partido neofascista surgido tras la guerra (Movimiento Social Italiano), haciendo el saludo fascista. Meloni impidió cualquier represión de esta manifestación. Básicamente, la normalización se deriva del acercamiento entre las políticas de derecha y extrema derecha en Europa. En el caso de las políticas contra la inmigración y las minorías, por ejemplo, no hay diferencias entre las posiciones de Meloni y Rishi Sunak, Primer Ministro del Reino Unido. La normalización es a veces el resultado de una propaganda subliminal. Por ejemplo, el eslogan fundamentalmente de izquierda del «orgullo gay» se utiliza ahora para promover el «orgullo italiano». La normalización presupone el apoyo de los medios de comunicación corporativos, que no le ha faltado a Meloni, como tampoco a Berlusconi (son los mismos canales de televisión) e incluye la criminalización de periodistas y políticos disidentes, sin hacer saltar ninguna alarma. Roberto Saviano, el gran luchador contra las mafias ha sido objeto de una persecución criminal. La normalización alcanza un nuevo nivel cuando va más allá de la clase política y se convierte en parte de la vida cotidiana, por ejemplo cuando un restaurante imprime la cara del Duce en la factura.

    El Estado de Bienestar

    La tercera diferencia entre las dos épocas parece, por otra parte, alejar de momento el peligro del fascismo. En el caso de Europa, las condiciones son ahora muy diferentes y no parecen favorecer el extremismo. El Estado de bienestar que se construyó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y en Portugal, España y Grecia tras las transiciones democráticas de los años setenta, ha demostrado cierta robustez a pesar de todas sus crisis y ha gozado del apoyo popular. Margaret Thatcher intentó destruirlo en el Reino Unido y fracasó. El Estado del bienestar ha contribuido a crear amplias clases medias poco propensas al extremismo. No sorprende, pues, que la extrema derecha europea no invierta hoy directamente contra las políticas sociales (sólo en Estados Unidos la extrema derecha ve en estas políticas el fantasma del comunismo). Invierte contra los impuestos que las financian y la corrupción del Estado (a veces real), esperando así alcanzar insidiosamente sus objetivos con mayor facilidad. En la medida en que las fuerzas políticas progresistas consientan la destrucción del Estado del bienestar, por ejemplo mediante la privatización de la sanidad, la educación o el sistema de pensiones, estarán allanando el camino al fascismo del siglo XXI. Aún más peligrosas son las privatizaciones encubiertas, como las asociaciones público-privadas en la sanidad, los vales escolares en el caso de la educación o la limitación del sistema de pensiones.

    Internet y las redes sociales

    La cuarta diferencia entre las dos épocas es más ambivalente cuando se trata del futuro de la democracia. Me refiero a las redes sociales e internet, que no existían hace cien años. Los medios de comunicación corporativos están perdiendo el control de la opinión pública en favor de las redes sociales y esta pérdida representa una división generacional. Actualmente existe el consenso de que las fuerzas conservadoras saben utilizar mejor las redes sociales que las fuerzas progresistas, entre otras razones porque disponen de grandes cantidades de financiación que las fuerzas progresistas no tienen. Pero las redes sociales crean lealtades volátiles y no sostienen mitos durante mucho tiempo. De hecho, pueden provocar cambios bruscos de dirección, tanto de izquierda a derecha (véase el caso de Brasil en 2013, desde la demanda de transporte gratuito hasta el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff) como de derecha a izquierda (en el caso de Colombia, desde el plebiscito de 2016 que la derecha, usando fake news, ganó contra los acuerdos de paz, hasta el movimiento estudiantil y luego otros movimientos sociales, indígenas, de mujeres y sindicales que llevaron a Gustavo Petro al poder en 2022). Obviamente, los dos movimientos no tienen el mismo peso, dado el carácter propietario (privado) de las redes y la falta de regulación democrática. No hay más que ver cómo el cambio en la propiedad de Twitter determinó inmediatamente el cambio hacia el candidato presidencial estadounidense Donald Trump. La ambivalencia de las redes radica en que son más útiles para asaltar el poder que para sostenerlo.

    Movimientos sociales

    La quinta diferencia con respecto a los años 20-30 es la aparición de movimientos sociales poscolonialistas (indígenas y antirracistas), feministas y ecologistas. Se trata también de una diferencia ambivalente para el futuro de la democracia. Justo después de la Primera Guerra Mundial, el movimiento obrero era un actor político gigantesco y la cuestión de la reforma política estaba en el orden del día. A la democracia liberal, llamada entonces democracia burguesa, se oponía la democracia obrera. Los conflictos entre socialistas y comunistas y la represión estatal (policial y judicial) contra los partidarios de la democracia obrera debilitaron el movimiento obrero, y lo que quedó de él fue destruido por las dictaduras que siguieron.

    Los movimientos sociales actuales aceptan más o menos acríticamente la idea de que sólo existe un tipo de democracia, la democracia liberal, una idea que, hasta los años 70, distaba mucho de ser consensuada. Con esta limitación, los movimientos sociales actuales son generalmente una garantía de preservación de la democracia e incluso de su profundización, ya que luchan para que los derechos individuales y colectivos se amplíen y se cumplan efectivamente. Estos movimientos son generalmente acosados por la extrema derecha, pero en su lucha se han utilizado estrategias que pueden neutralizar el potencial democratizador de los movimientos sociales.

    En el caso del movimiento feminista, la estrategia de la extrema derecha ha consistido en tratar con condescendencia (a veces apoyando activamente) las agendas de los feminismos blancos de clase media porque no cuestionan el orden capitalista. El identitarismo, es decir, la identidad de género (o racial) concebida como objetivo principal y exclusivo de la lucha social, aísla las reivindicaciones de estos movimientos de las luchas por la redistribución de la riqueza y la justicia social. Al aislarse y no cuestionar el contenido de clase de la dominación capitalista moderna, estos movimientos ven neutralizado su potencial transformador, y a veces acaban en el mismo bando que las luchas lideradas por la extrema derecha. Los feminismos del Sur global (feminismo negro, indígena, árabe), cuando se manifiestan en las metrópolis del Norte global a través de inmigrantes, a veces nacionales de dos generaciones, cuestionan el orden capitalista y por ello son abiertamente acosados, no sólo por la extrema derecha, sino también por otras fuerzas políticas conservadoras.

    En el caso de los movimientos antirracistas, la extrema derecha es abiertamente hostil y a veces violenta. El racismo está en el corazón de la extrema derecha, aunque hoy se manifieste de forma indirecta, por ejemplo en la lucha contra la inmigración, en el carácter altamente represivo del control de fronteras, en el punitivismo desproporcionado con el que ataca a individuos, comunidades y públicos racializados, en la defensa privilegiada de las reivindicaciones de las fuerzas policiales y en la banalización de la brutalidad policial.

    En cuanto al movimiento ecologista, la estrategia de la extrema derecha es el negacionismo. La crisis ecológica es vista como una invención de la izquierda para impedir el desarrollo del capitalismo. El movimiento ecologista, aunque muy diverso, tiene hoy el potencial de cuestionar la triple dimensión de la dominación capitalista moderna -clase, raza y género- y, en este sentido, de hacer propuestas antisistémicas en sus múltiples dimensiones (económica, social, política y cultural). En la medida en que emprendan este tipo de lucha, estarán defendiendo la democracia en su sentido más amplio, incluyendo en la democratización de la vida la democratización de las relaciones entre la vida humana y no humana. Sin duda serán hostilizados, no sólo por la extrema derecha, sino por todas las fuerzas políticas institucionales.

    En conclusión

    El fascismo está en auge a) porque las políticas sociales del estado de bienestar han sido cada vez menos financiadas, lo que ha provocado un aumento de las desigualdades sociales y de la polarización social a la que pueden dar lugar, a lo que el estado sólo responde con políticas represivas; b) porque los movimientos sociales, al no cuestionar el capitalismo (injusticia social, lucha de clases), han contribuido a normalizar y banalizar las desigualdades sociales más grotescas como si no fueran antidemocráticas; c) porque el fascismo se disfraza de lucha por la democracia con el apoyo de los medios de comunicación corporativos, que le son generalmente favorables, en particular amplificando las reivindicaciones fascistas contra la inmigración, la xenofobia, la promoción de la policía, la corrupción del Estado del bienestar y los recortes fiscales; d) porque las demás fuerzas políticas, tanto de derechas como de izquierdas, no han sido capaces de desobedecer la ortodoxia neoliberal vigente que impide la expansión de las políticas sociales, lo que a largo plazo convertirá la democracia en una política de malestar que no merece el enorme coste de mantenerla en vigor; e) porque el fascismo tradicional parece hoy formar parte de una amplísima familia hiperconservadora, que incluye la religión ultraconservadora, especialmente evangélica, sionista e islamista; f) porque la guerra legal (lawfare) de un sistema judicial conservador contra las políticas y los políticos progresistas, al aumentar la inestabilidad social, ha sido una palanca eficaz (porque no es política en apariencia) para promover la extrema derecha; g) por último, el fascismo está creciendo porque el consumismo y las redes sociales han transferido las preocupaciones de los individuos de la vida pública a la privada; la justificación de la apatía hacia la democracia (no vale la pena votar porque las políticas son siempre las mismas) se transforma rápidamente en la justificación entusiasta de los antisistema.

    En vista de ello, frenar el avance del fascismo –un imperativo para todos los demócratas– es una tarea política compleja y difícil, sobre todo porque debe llevarse a cabo en varios niveles y en diferentes esferas de la vida social y no sólo en la esfera política. Sin embargo, es posible porque nada está determinado de antemano. La madre de todas las condiciones es que la democracia tenga un contenido material concreto, un impacto positivo en la vida de las clases trabajadoras (individuos, familias y comunidades) que les devuelva la esperanza en la posibilidad de una vida más digna, una sociedad más justa y una mayor igualdad con la naturaleza. Para que esto sea posible, la condición previa a corto plazo es que las políticas sociales públicas se mantengan, diversifiquen, amplíen y articulen con las prácticas de solidaridad, reciprocidad y cuidado que existen en la sociedad y en las comunidades. Sólo así será posible evitar la profundización de las desigualdades y discriminaciones sociales en sociedades cada vez más complejas y culturalmente diversas. Ante la deriva fascista en curso, creo que sólo alianzas amplias y pragmáticas entre las diferentes fuerzas políticas de izquierda pueden garantizar la supervivencia de la democracia a medio plazo.

    ¿Y Portugal, actualmente en periodo electoral?

    Portugal y España son los países europeos con mayor experiencia dictatorial fascista. La Primera República Portuguesa fue un periodo de extrema inestabilidad, fuertemente condicionado por la Primera Guerra Mundial. Entre 1910 y 1925 hubo ocho presidentes, muchos gobiernos y varios intentos de golpe de Estado. Siguieron cuarenta y ocho años de dictadura – convencionalmente dividida en dos periodos: dictadura militar (1926-1933) y Estado Novo (1933-1974) – a la que puso fin la Revolución del 25 de abril de 1974. Este año celebramos el 50 aniversario del 25 de abril.

    A la luz del análisis anterior de la dinámica del fascismo en los años 20 y 30, podemos decir que, como partido político, la extrema derecha fascista o fascistizante tradicional renace en Portugal con el partido Chega en 2019. Así lo considera el prestigioso GPAHE (Global Project Against Hate and Extremism), que añade que la organización juvenil del partido (Chega Juventude) es aún más extremista que el propio partido. Chega corresponde a lo que llamamos extrema derecha tradicional, basada en líderes carismáticos, un partido nacionalista, racista, xenófobo, impulsado por cierto cristianismo conservador (el valor de la familia) y con aspiraciones de ser un partido de masas. También mencioné que junto a esta extrema derecha existía otra, poco más que residual, que, inspirada en Hayek-Mises, quería sustituir al Estado por el mercado como gran regulador social. Esta ultraderecha se reclama democrática, pero, como vimos en las declaraciones de Hayek sobre el Chile de Pinochet, admite la ocurrencia de la dictadura como daño colateral. Ahora, en las condiciones actuales, proponer la privatización de las políticas sociales públicas (la destrucción del Estado de bienestar), que ya tiene un arraigo muy débil en el contexto europeo, como está haciendo el partido Iniciativa Liberal, significa tener que convivir con la posibilidad de que la convivencia democrática se haga imposible a largo plazo.

    Esto es tanto más grave para la democracia cuanto que la derecha tradicional y moderada ha perdido brillo y color (PSD, Alianza Democrática). Si este partido de derechas se ve en la tesitura de querer llegar al poder ahora y a toda costa (confiando en que los portugueses se olviden de la Troika), tendrá que concluir que sólo puede llegar al poder con dos palos antidemocráticos (Chega e IL). Si acepta seguir este camino, deberá darse cuenta de que será un camino sin retorno. La «limpieza» empezará en casa.

    En cuanto a las fuerzas políticas de izquierda, he estado teorizando y analizando las virtudes y los límites de las alianzas entre partidos de izquierda. He argumentado que, en las condiciones portuguesas, sólo las alianzas entre fuerzas políticas de izquierda pueden garantizar la supervivencia de la democracia a medio plazo. Creo que la alianza que tuvo lugar entre 2016 y 2019 (conocida como «geringonça») fue una experiencia muy positiva, a pesar de su lento y degradante final que se consumó con la desaprobación del presupuesto estatal para 2022. La tragedia secular que persigue al país, de estar en tiempos y lugares fuera del tiempo y del lugar, puede significar que en el momento en que las voluntades políticas de la izquierda están más dispuestas a renovar sus alianzas, el tiempo para ellas ya ha pasado. Debemos esperar pacientemente y, cuando surja la oportunidad, no desaprovecharla. La unidad de la izquierda es la única garantía de que los portugueses del futuro celebren el centenario del 25 de abril en democracia.

    1 https://jacobin.com/2023/09/neoliberalism-human-rights-democracy-dictatorship-chile-chicago-hayek-friedman-pinochet

    Últimos artículos

    [wpdreams_ajaxsearchlite]

    Últimos artículos

    [wpdreams_ajaxsearchlite]